Correlación entre corrupción, relajo institucional y pobreza

Por Juan Bolívar Díaz
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La alarma se disparó esta semana cuando se conoció el último informe de la prestigiosa Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que deja al país con la mayor tasa regional de indigencia (20 por ciento) y 41 por ciento en la pobreza, pese a figurar entre los de más alto crecimiento económico de las últimas décadas.

Sin embargo, está diagnosticado, y lo ratificó aquí esta semana el experto internacional Daniel Kauffmann, que hay una estrecha correlación entre los niveles de pobreza, corrupción e impunidad que por demás se reproducen en la delincuencia de todo género y nivel, incluyendo el narcotráfico.

Liderando la indigencia. En realidad las tasas de pobreza e indigencia en RD que presenta el documento “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado el lunes 26, se mantienen similares al anterior, la diferencia es que el país aparece como líder porque otros, como Paraguay, registraron avances significativos, y no se midió a Haití, Guatemala y Honduras, con los que competimos históricamente. Sólo registran datos de 12 países de AL, sin los de Argentina y México, siempre mejor situados, ni los de Bolivia, donde el informe anterior había reducido la pobreza e indigencia a tasas de 36 y 19 por ciento.

El problema no es sólo que RD aparece liderando la pobreza y la indigencia, con tasas de 40.7 y 20.2, sino que supera con mucho el promedio latinoamericano, de 28.1 y 11.7 por ciento.

El resultado objetivo es que la pobreza nacional supera el promedio en 45 por ciento y la indigencia casi en 73 por ciento. Paraguay está casi empatado con tasas de 40.7 y 19.2, pero con notable avance positivo, ya que en el informe anterior registraba 49.6 y 28 por ciento de pobreza e indigencia. Otro que recibe crédito es El Salvador, donde la pobreza cayó del de 45 a 41 y la indigencia de13.5 a 12.5 por ciento.

La CEPAL, un organismo del sistema de Naciones Unidas, tiene prestigio en la región desde los años sesenta. Pero su diagnóstico no difiere de los que en el último año ofrecieron otras instituciones internacionales como el Banco Mundial y Oxfam-Intermón, y en años anteriores el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Una grave contradicción. Lo que más llama la atención de los analistas es que el país mantenga tales niveles de pobreza e indigencia, pese al alto crecimiento económico que registra en los últimos 60 años, como han venido diagnosticando estudios nacionales e internacionales. Lo hizo el PNUD hace justo una década, cuando sostuvo que RD era de los países del mundo de mayor crecimiento en el anterior medio siglo, pero al mismo tiempo el que más lo había desaprovechado para traducirlo en desarrollo humano.

Baste señalar el contraste del nuevo informe de la CEPAL con el ofrecido pocos días antes por el Banco Central dominicano, que estimó en 7.5 por ciento la tasa de crecimiento del PIB en 2014, cuando el promedio latinoamericano del organismo regional fue apenas de 2.7 por ciento, casi la tercera parte.

El crecimiento económico dominicano de la última década es estimado en 5.5. En ambos casos liderando la región.

La generalidad de los análisis escarban en la distribución del ingreso, pero habría que buscar también en la artificialidad del crecimiento económico, basado en gran proporción en endeudamiento estatal, nacional e internacional, sector financiero y no financiero, que se multiplicó seis veces en lo que va de siglo, con un derroche enorme, y gasto corriente que ya consume el 85 por ciento. Con una deuda estatal consolidada de unos 34 mil millones de dólares, que incluye la del Banco Central, cada dominicano que nace ya debe 3 mil 400 dólares, más de 150 mil pesos.

Los diagnósticos nacionales. La unidad nacional del PNUD, diagnosticó suficientemente la pobreza y la desigualdad prevalecientes, pero también lo han hecho instituciones públicas. El mejor indicador, de los recientes, es la Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera, presentada en noviembre por el Banco Central, donde se registra que casi tres quintas partes de los hogares dominicanos tiene ingresos mensuales menores de 18 mil pesos, con un ingreso promedio nacional de 19 mil 409 pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar nacional se estima en 27 mil 887, y en 36 mil 697 a nivel de la capital.

Un indicador indiscutible es el de la Tesorería de la Seguridad Social, que registra el 70 por ciento de los afiliados con salarios mensuales menores de 20 mil pesos. Y hay que tomar en cuenta que los asegurados son los trabajadores formales, con mayor nivel promedio de ingresos. En 2013 el FMI diagnosticó que el salario real se había reducido en 27 por ciento desde comienzo del siglo. Otro indicador de pobreza es que todavía el 45 por ciento de los asalariados estatales ganan el salario mínimo público de 5,117 pesos, suma que recibe también el 85 por ciento de los pensionados.

Con todos esos datos y un 26 por ciento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, la pobreza real puede ser todavía mayor que la diagnosticada por la CEPAL. Y si no es así, hay que atribuirlo a que una proporción considerable de los dominicanos y dominicanas tienen dos o más empleos o actividades económicas para sobrevivir, lo que se traduce en jornadas laborales de 12 y 14 horas. Así se “estabiliza” la pobreza, al reducirse la capacidad de estudio y entrenamiento, de esparcimiento y de convivencia familiar y social.

Corrosión institucional. Esta misma semana, durante una charla en el aniversario del telediario El Día, el experto internacional Daniel Kaufmann presentó un mapa continental de la corrupción, proyectado en pantalla gigante en el auditorio del Banco Central, en el que aparecían cuatro países teñidos de rojo, por su alto nivel de corrupción: RD, Venezuela, Paraguay y El Salvador. El orador sostiene que en “algunas naciones de la región la corrupción se ha convertido en sistémica o endémica”.

Kaufmann resaltó la necesidad de la transparencia, pero precisando que no es suficiente si no hay voluntad política, sanciones y participación social y si las instituciones no funcionan. En realidad el proceso de la corrupción termina en la corrosión de la justicia, el Congreso, los organismos de control, partidos políticos y otros sectores, que es lo que viene ocurriendo en el país. El reparto clientelar se expande por el cuerpo social anestesiándolo, y junto al rentismo consumen una proporción de lo que Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y hasta Bolivia vienen invirtiendo en los últimos años.

Con la impunidad se minan las instituciones y el efecto demostración reproduce hacia todos los sectores la corrupción que se ejerce desde el gobierno del Estado. La justificación de la riqueza fácil lleva a todo género de delincuencia y al narcotráfico que termina penetrando Fuerzas Armadas, cuerpos policiales y la política misma, convirtiendo a RD en uno de los mayores puentes del narcotráfico internacional. El círculo vicioso concluye en el deterioro democrático que diagnosticó en diciembre un estudio de la Fundación Konrad Adenauer.

 

 

 

El dramático informe de Amnistía Internacional

Por Juan Bolívar Díaz
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El reciente informe de Amnistía Internacional (AI) es una dramática documentación de graves violaciones a los derechos humanos en la política de seguridad pública del Estado dominicano que deja al país muy mal parado ante el concierto mundial.

El amplio documento aborda la descomposición de la Policía Nacional desde múltiples visiones y contiene serias recomendaciones de reformas que deberían ser ponderadas por las autoridades y la opinión pública, en vez de responder con chovinismo patriotero divorciado de la globalización.

Cállate o te matamos.  Recogido en un libro de 69 páginas, de impecable edición, y sintetizado en un video testimonial de cinco minutos, el informe de AI lleva un título dramático: “Cállate si no quieres que te matemos” y el subtítulo “Violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en República Dominicana”. Su capítulo cuarto, referido a los abusos policiales, está subtitulado con el lema “¡Policía, no me mate, que yo me paro!”, difundido el año pasado en las redes sociales después de varios asesinatos de personas que no se detuvieron cuando agentes del orden se lo ordenaron en lugares inapropiados.

En realidad el informe no es novedoso para los dominicanos bien informados, porque está integrado por denuncias que han sido recogidas por los medios de comunicación en las últimas décadas, aunque al ser avaladas por una prestigiosa institución internacional se constituyen en un dramático documento llamado a causar alarma y estupor en los ámbitos transnacionales preocupados por los derechos humanos y el estado de derecho.

Para mostrar la barbarie policial hubiesen bastado las estadísticas de  los muertos y heridos por la Policía Nacional en los últimos años, pero el informe se extiende en redadas masivas para extorsión, torturas y otros abusos. Consigna 2,367 homicidios policiales en los últimos seis años, para un promedio anual de 395, más de uno por día, según las propias cuentas de la PN, y 2,138, de acuerdo al conteo de la Procuraduría General de la República. Los heridos por los agentes policiales en los últimos cuatro años ascienden a 4,354, promediando 1,088 por año y tres por día.

AI denuncia los alegados intercambios de disparos como frecuentes ejecuciones, llamándolos “homicidios ilegítimos”, indicando que las muertes a manos de la PN representan un promedio del 15 por ciento de los homicidios ocurridos en el país entre el 2005 y el 2010. Esa cantidad de muertos representa anualmente entre 3 y 5 puntos de  la tasa nacional de homicidios, que ha girado en la última década entre 22 y 26 por cien mil habitantes.

Dramáticos testimonios.  El libro de AI contiene numerosos testimonios de víctimas y de testigos presenciales de abusos policiales, recogidos por delegaciones de esa institución en los meses de octubre del 2009 y 2010 y en marzo del 2011. Documenta asesinatos múltiples ejecutados por policías, como el de cinco choferes acribillados en el parque Mirador Sur el 30 de diciembre del 2008, en lo que inicialmente se informó como “intercambio de disparos”, para luego tener que admitirse que se trató de una ejecución múltiple. Lo mismo documenta la ejecución de un hombre y dos mujeres en Pueblo Nuevo, Santiago, el 20 de marzo del 2006. En ambos casos se llegó a condenas judiciales, pero se sostiene que la mayoría de los homicidios policiales quedan en la impunidad.

El párrafo que inicia las conclusiones del informe indica que la  PN  “comete violaciones graves de derechos humanos y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia. El control es inadecuado y las reformas han estado viciadas, por lo que no han puesto fin a estos abusos. Así mismo, los indicios señalan que, en vez de contribuir a combatir la delincuencia, los métodos policiales de mano dura propician el aumento de la violencia y la criminalidad”.

A continuación se señala que “Debido principalmente a la falta de voluntad política, no se emprenden reformas eficaces y no se garantiza la función policial efectiva que precisa la población dominicana. Quienes están en el poder no se han enfrentado a las personas interesadas en mantener el sistema actual en el que la corrupción está profundamente arraigada y los abusos policiales contra los derechos humanos son omnipresentes”.

Amnistía denuncia la tortura como método investigativo y sostiene que “la conducta ilegítima y poco profesional de muchos agentes de policía contribuye a aumentar la delincuencia y la violencia en República Dominicana. La corrupción generalizada de la Policía, las actuaciones policiales agresivas y la participación de agentes del orden público en actividades delictivas socavan la capacidad del Estado de proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad pública”.

Un documento abarcador.  Contrario a lo que algunos argumentaron para descalificarlo, el informe es abarcador, enfocando los desafíos de la creciente delincuencia, el costo en muertes de agentes policiales y sus pésimas condiciones salariales y de vida. Recoge la cifra oficial de 354 policías muertos en los últimos 6 años, promediando 59 por año. No lo señala, pero esa estadística de la PN no se refiere sólo a las víctimas de los delincuentes, sino que incluye los que perecen en riñas personales.

El documento señala que la PN “opera en un entorno difícil y peligroso. En el último decenio, los índices de delitos violentos han aumentado vertiginosamente, en gran parte debido al aumento del tráfico de drogas, la proliferación de armas de fuego y la creciente desigualdad social”. Indica cómo la tasa de homicidios pasó del 13 por 100 mil en 1991 al 26.41 en el 2005 y el 25 por cien mil en el 2010.

Acredita a la PN “un enfoque de tolerancia cero” contra la corrupción interna, al cifrar en 12 mil los agentes policiales destituidos entre el 2007 y 2010. Se refiere también a las precariedades salariales que impiden a la mayoría de los policías y sus familiares el disfrute de una vida digna y que los obliga al pluriempleo, en detrimento de su vida familiar y personal, y de su efectividad y motivación laboral. Especifica que el 45 por ciento de los policías tienen salarios mensuales de unos 5 mil 300 pesos, unos 140 dólares, cifra que considera “extremadamente baja” y que contrasta con el salario mínimo de 8 mil 356 pesos en las empresas de seguridad privada. Entre las recomendaciones del informe se incluye el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de todos los agentes del orden.

Créditos al presidente Fernández

Por Juan Bolívar Díaz
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El programa de ahorro energético, promoción de energías alternativas  y austeridad anunciado esta semana por el presidente Leonel Fernández es, en sentido general,  positivo y contentivo de aspectos fundamentales, aunque en su mayor parte sea repetición de propuestas anteriores que no pasaron del discurso o apenas fueron intentadas.

Como el gobierno pasa por una crisis de credibilidad es natural que muchos pongan en dudas el programa anunciado. Ya el informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la nación encabezada por el reputado economista francés Jacques Attalí por encargo del propio presidente Fernández, diagnosticó como primer desafío del gobierno el devolver la confianza de la población en las instituciones.

El informe se refiere al proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo, recién enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo y por lo cual hay que dar créditos, sosteniendo que “su implementación inmediata tiene que provocar un sobresalto de confianza en la población dominicana” y que “debe ser acompañada de mensajes fuertes mostrando la voluntad de cambiar de paradigma y adoptar un modelo justo, duradero y ambicioso”.

Es evidente que en el programa anunciado el jueves por el primer mandatario hay dosis de populismo y demagogia, cuando son de dominio público las dificultades por las que atraviesa el gobierno para cumplir las reducciones de déficits fiscal y subsidio energético contempladas en el acuerdo con  el Fondo Monetario Internacional. Incluso la reducción del gasto público en 12 por ciento podría ser mayor, ya que en el 2007, en situación similar, se estableció en 20 por ciento.

Pero ninguna de las críticas válidas debe impedir una ponderación positiva de muchas otras ni restarle apoyo, por ejemplo al programa de incentivo agropecuario y al esfuerzo por ofrecer alimentos a precios más bajos a la población más necesitada. Tampoco a las medidas encaminadas a la reducción del consumo de combustibles público y privado.

Es lamentable que una propuesta como la circulación interdiaria de los vehículos del transporte público y la congelación de su número sea rechazada sin ninguna ponderación. Esa disposición se ha implementado en otros tiempos y dado el excesivo número de carros y minibuses que circulan con escasos pasajeros, pudiera representar un gran ahorro de energía y depreciación de los mismos. Por efecto indirecto reduciría los tapones en la circulación lo que se traduce en mayor ahorro de combustibles. En los días que trabajen sus operarios podrían producir el doble y disponer de los días libres para nuevas iniciativas productivas.

Varias decisiones de las últimas semanas parecen indicar alguna disposición a rectificar el camino que ha seguido el gobierno, como la sustitución de numerosos altos funcionarios, lo que revierte la creencia de que los cargos son patrimonio político  personal. Mejor aún por la destitución de por lo menos uno, el director del Fondo de Promoción de la Pequeña y Mediana Empresa, apenas horas después de ser evidenciado como malversador de los recursos puestos a su cargo.

También habría que incluir entre los aspectos positivos el envío al Congreso Nacional de un proyecto de reforma de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que merece una profunda, seria y hasta atrevida  ponderación, por parte de los legisladores y de toda la opinión pública.

Hay que dar créditos al presidente Leonel Fernández con la esperanza de que produzca una mayor renovación de su gobierno en el último tramo de su período y para que enfrente con éxito los desafíos económicos nacionales e internacionales.