Informe crítico de la OEA incentiva reformas electorales

Fue oportuna la presentación ante el Consejo Permanente de la OEA de un informe crítico de las elecciones nacionales de mayo, que urge una “reforma estructural profunda” del marco electoral para promover la equidad y la transparencia

Por Juan Bolívar Díaz

            El crítico informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) sobre las últimas elecciones nacionales, presentado esta semana a su Consejo Permanente, llegó en un momento oportuno para incentivar las reclamadas  reformas electorales y políticas que apuntalen la institucionalidad democrática.

            El contenido del informe documenta las serias deficiencias del arbitraje de la Junta Central Electoral (JCE), el autoritarismo con que actuó frente a los partidos de oposición, el fracaso por la atropellada imposición de nuevas tecnologías y “altos niveles” de inequidad en el financiamiento y en el acceso a los medios de comunicación.

Fuertes críticas a la JCE

            El informe final de la MOE/OEA mantiene la línea crítica que ya adelantó en un balance preliminar dos días después de la votación del 15 de mayo, pero la novedad es que fue conocido y comentado por varios embajadores ante el Consejo Permanente de esa institución en Washington. Para observadores calificados es fuertemente crítico dentro del lenguaje diplomático que se estila cuando se trata de un Estado miembro.

            La misión que encabezó el expresidente colombiano Andrés Pastrana fue particularmente crítica de la gestión de la JCE, que “asumió atribuciones que son tradicionalmente legislativas”, que impuso un proceso de escrutinio “no estipulado” en el artículo 127 de la ley electoral, que la llevó a “desacuerdos graves con los partidos de oposición”. Lamenta que en ningún momento la JCE se reunió a dialogar con los partidos, aunque “la comunicación fluida, permanente y formal entre autoridad, partidos y ciudadanía es fundamental para el desarrollo exitoso de todo proceso eleccionario”.

            Sostuvo que cuatro resoluciones e instructivos diferentes en los días previos a la votación derivaron “en una clara falta de certeza en una etapa clave del proceso” y que la principal fragilidad estuvo en el uso de una nueva tecnología, al punto que “la modalidad manual, contemplada en la ley, pero interpretada inicialmente como contingente por la JCE. terminó siendo indispensable” para el escrutinio. “La consecuencia más visible” fue el retraso en la emisión de los resultados, hasta 13 días después de la votación.

            El informe señala el fracaso en el uso de la automatización que debe ser paulatina y “tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”, y quejas por la pérdida de confianza en las autoridades electorales.

Diseño para la inequidad

            La MOE/OEA fue también crítica de un sistema “que genera muchos vacíos legales y falta de claridad para la nueva realidad Dominicana”, que el modelo de financiamiento público de partidos y campañas “no está diseñado para generar condiciones de equidad”, que pudo observar “altos niveles de inequidad en el acceso a los medios de comunicación”.

            Coincide con las críticas nacionales a un régimen que “no regula el acceso a los medios de comunicación privados ni establece límites de contratación en las campañas partidistas. Y plantea que “es deseable una coordinación interinstitucional entre las dependencias gubernamentales involucradas en el manejo y fiscalización de los recursos, incluyendo la Cámara de Cuentas, JCE, los bancos y el Ministerio de Hacienda.

            El informe consigna vicios del sistema político dominicano como la realización de proselitismo hasta en el interior de los colegios de votación, aglomeraciones en los recintos y denuncias de compras de votos y cédulas, y deploró la muerte de seis personas en los incidentes que siguieron al cierre de la votación y durante el lento cómputo.

            En lo que la MOE/OEA se queda corta es en la  consignación de los abusos de los recursos estatales, de la publicidad gubernamental, de la participación de casi todos los altos funcionarios en la  campaña electoral, que no pudo verificar porque llegó al final, lo mismo que se fue sin que concluyera el cómputo, por los pocos recursos financieros con que contó, por donaciones de Estados Unidos, Bolivia, Perú, España, Israel y Luxemburgo.

Las recomendaciones

            Las recomendaciones con que concluye el informe se pueden resumir en “la importancia de que se realice una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral. Que se defina con mayor claridad el proceso de escrutinio, que las nuevas tecnologías se implementen paulatinamente. También “que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público y un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas, como de la ciudadanía a estar bien informada.

            Propugna porque se establezcan límites al financiamiento político proveniente del sector privado, y se fortalezca la  capacidad de fiscalización, control y sanciones para las violaciones de las normativas vigentes, mediante la coordinación interinstitucional de los organismos estatales relacionados con la rendición de cuentas.

            Así  mismo, sugiere un sistema de medios de impugnación integral que contemple mecanismos de justicia electoral que oportunos para garantizar los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, “para avanzar en el respeto al estado de derecho que debe primar en el proceso electoral”, desvincular la elección del senador y los diputados y efectivas  garantías para la participación electoral y política de las mujeres. Reformas fundamentales            

            Las recomendaciones de la misión de la OEA hace tiempo que aparecen en los múltiples consensos alcanzados por los partidos y organizaciones sociales, a partir de los promovidos en 1993-94 por la Fundación Siglo 21, luego por el Diálogo Nacional, la Comisión para Reforma del Estado y en el Consejo Nacional de Reforma del Estado y otros que consigna una cronología de la Iniciativa por la institucionalidad Democrática.

            Diversos proyectos de ley de partidos han sido introducidos al Congreso en unas ocho legislaturas, uno de ellos elaborado por una misión técnica de la OEA, que también consensuó otro para adaptar el régimen electoral a la Constitución del 2010, ambos  sometidos a las cámaras legislativas por la JCE en tres ocasiones. Pero ha faltado voluntad política para adecuar la legislación electoral a los avances de la democracia contemporánea. Estudios internacionales indican que la República Dominicana  Haití y Honduras son los más atrasados en regulaciones para garantizar elecciones democráticas.

            Dirigentes del PLD, como el expresidente Leonel Fernández, privilegian la ley de partidos, centrando las diferencias que han impedido su aprobación en si las elecciones primarias serían por voto universal abierto o de los miembros, si simultáneas en  todos los partidos, o si por convenciones. Cualquiera de esas modalidades podría ser válida si se adoptan garantías de que operen los principios democráticos.

            Las trabas reales son las regulaciones para transparentar el financiamiento privado, la equidad y rendición de cuentas sobre la contribución pública, los límites del gasto y la extensión de las campañas primarias y nacionales, la equidad en los medios de comunicación, el control de los abusos del Estado, del presidencialismo, el clientelismo, el rentismo y el transfuguismo, y las sanciones eficientes de los delitos electorales.

La nueva concertación

            Se debería esperar que el informe de la MOE/OEA tenga repercusión en el nuevo intento de concertación que modera monseñor Agripino Núñez Collado, por encargo del presidente Danilo Medina, que esta semana abrió las puertas a la participación de la sociedad civil interesada, la cual ha planteado la necesidad de un amplio pacto político, que implique no sólo las leyes de partido y del régimen electoral, sino también otra de responsabilidad fiscal. Y también la elección por consenso de profesionales sin militancia partidista para integrar los organismos electorales, las altas cortes y la Cámara de Cuentas.

            La oposición política, con una decena de partidos, mantiene posición coincidente con la de la sociedad civil, y específicamente el Partido Reformista Social Cristiano propuso una “ruta crítica” para la búsqueda de consenso sobre esas leyes y la elección de los integrantes de los organismos de control, incluyendo el perfil que deben tener. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática también entregó un perfil de competencias.

            Aunque el partido de gobierno, que al principio se oponía a la participación de la sociedad civil en el concertó, se abrió a escucharla, habrá que definir en qué dimensión. La demanda es de participar en los consensos, como ocurrió en cuestiones tan diversas y trascendentes, como la Constitución, la ley de seguridad social, la Estrategia Nacional de Desarrollo, o los pactos educativo, eléctrico y fiscal. Y en  las reformas políticas y electorales y elección de la Suprema Corte y de la JCE en los años noventa.-

La OEA puede ayudar a disipar equívocos

Por Juan Bolívar Díaz

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La visita de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser aprovechada para empezar a revertir la generalizada condena internacional originada por la desnacionalización que afectó a decenas de miles de descendientes de haitianos nacidos en el país y para justificar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Persistir en explotar el sentimiento nacionalista podría ser políticamente rentable, pero es riesgoso pretender extenderlo hasta las elecciones del año próximo con un escenario internacional tan adverso que podría traducirse en daños al comercio y la economía, como ya advierten sectores empresariales.

Bienvenida a la OEA. El Gobierno hizo lo correcto al recibir la misión de investigación que dispuso la OEA, tras dos sesiones donde quedó patente una fuerte confrontación entre las dos naciones que comparten la isla. Solo fanáticos pueden pretender que la nación se cierre al escrutinio internacional en el mundo globalizado. Y si no hay nada que ocultar con más razón debe darse la bienvenida a los comisionados, como hizo el viernes el canciller Andrés Navarro.

Es un craso error asumir que todo el mundo forma parte de una siniestra conjura contra la República Dominicana, de la que no escapa “ni siquiera el Papa Francisco, porque hasta la instancia máxima de la iglesia Católica ha sido permeada”, según escribió esta semana el embajador César Medina. Tampoco se puede creer que “No hay oídos atentos ni sensatos que escuchen nuestras razones, sino un prejuicio generalizado…” ni que “le estamos hablando a un mundo que ha cerrado sus ojos y sus oídos a nuestros argumentos”, como proclamó el influyente Listín Diario en su editorial del miércoles 8 de julio.

Más allá de las arengas nacionalistas hay suficientes argumentos para explicar a la misión de la OEA que la nación decidió ordenar la inmigración, mediante un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y de seguro que esos diplomáticos y expertos no van a cuestionar un derecho que asumen con responsabilidad la mayoría de las naciones del mundo contemporáneo. Incluso comprenderán que se deporte a quienes no hayan calificado para obtener un permiso de permanencia en el país, si se realiza acorde con los protocolos internacionales, derecho soberano que ni siquiera las autoridades haitianas han podido negar, como ningún organismo, medio de comunicación o personalidad internacional.

Bajar la tensión binacional. Objetivo fundamental de la misión de la OEA, una institución de la que el Estado dominicano es parte desde su fundación hace seis décadas y media, es contribuir a reducir las tensiones entre estados miembros, allanando caminos al entendimiento en sus diferendos. A ello contribuirán, seguramente los reiterados compromisos dominicanos de que no habrá deportaciones masivas.

Se podrá deplorar las circunstancias en que se produjo la precipitada salida de 36,593 ciudadanos haitianos que cruzaron la frontera en los 18 días siguientes al vencimiento del plazo para la regularización, huyendo del temor a ser deportados sin mayores consideraciones, tras incontables advertencias de que serían expulsados. Muchos dominicanos razonables no aprobarían que en Puerto Rico, por ejemplo, sometido ahora a graves apremios económicos, se creara un clima de amenazas que implicara el retorno abrupto de decenas de miles de los compatriotas que allí viven sin documentación legal.

Una de las razones por las que se estigmatiza a los dominicanos en el exterior es por un discurso de desprecio y poco reconocimiento al trabajo y derecho de los inmigrantes haitianos, en contradicción con el hecho de que el país ha exportado más de millón y medio de nacionales que han saturado algunos mercados y se han extendido por todo el mundo.

Sin renunciar al reclamo de que las autoridades haitianas no exageren ni hagan política mezquina con el antidominicanismo, las nacionales tienen que dar ejemplo de ponderación en el plano interno y por encima de toda circunstancia mantener el discurso diplomático y el empeño en buscar la cooperación de los vecinos, sin la cual se complicará infinitamente la convivencia en la isla.

El escenario internacional. No hay duda de que la posición internacional de República Dominicana se ha complicado excesivamente, como ha quedado patente en la multiplicación de artículos, editoriales y reportajes en los principales periódicos de Estados Unidos, España y otros países, así como en la televisión internacional.

Comunicados de organizaciones y declaraciones de personalidades persisten en rechazar el “genocidio civil” que suspendió la nacionalidad dominicana a decenas de miles de descendientes de haitianos.

Debe llamar la atención que las críticas hayan incluido a los alcaldes de Nueva York, Miami, Boston y Toronto, ciudades con fuerte presencia de emigrantes dominicanos, que en su mayoría llegaron ilegalmente. También que grupos de presión estén planificando acciones contra la nación dominicana, incluyendo que abrieran un sitio en Internet induciendo a boicotear el turismo dominicano. Ya esta semana el principal vocero de la Cámara Americana de Comercio en el país advirtió sobre la necesidad de trabajar para evitar daños a la economía dominicana y hasta a la de Haití.

Es evidente el error de persistir en negar la masiva exclusión que hubiese constituido un gueto en la sociedad dominicana, cuando el pasado 26 de junio se publicó una lista de 55 mil personas a quienes se restituye su documentación como dominicanas. Lo procedente es difundir lo más posible esa rectificación, como hizo el canciller Navarro al dar la bienvenida a la misión de la OEA, explicándole los alcances de la Ley 169-14, aprobada de urgencia para enmendar la desnacionalización masiva y cuyo cumplimiento inexplicablemente fue dilatado 13 meses.

Y debe aclararse que implica a otras decenas de miles de sus descendientes que ahora podrán ser registrados como ciudadanos.

Los pendientes de amparo. Urge disipar la confusión entre la desnacionalización que todo el mundo exterior rechaza, ya reparada en gran parte, y la regularización de los inmigrantes. Hay que persistir en que no se extrañará del país a ninguno de los nacidos aquí que no fueron declarados como ciudadanos (grupo B de la Ley 169-14), y en instituir un mecanismo que les garantice a estos, no a los inmigrantes, por lo menos un estatus de residentes permanentes.

Se estima que los nacidos en el país que no pudieron cumplir los exigentes requisitos para acogerse a la vía de la naturalización, son mucho menos que los 55 mil a quienes se devolvió la nacionalidad.

No se puede ignorar que la deportación que de antemano se rechaza es la que podría afectar a este segmento. Si hay que apelar a una nueva ley para proteger a los del grupo B, sería no solo justo, sino también conveniente para disipar los temores de apatridia, que es lo que determina las fuertes objeciones internacionales. Fue una injusticia que a ese segmento se les obligara a inscribirse como extranjeros y se les diera apenas 90 días, prorrogados luego a 180, cuando a los inmigrantes se les daba año y medio para regularizarse. Incluso a esos nacidos en el país, presumidos en extrema pobreza, debería dejarse abierta la puerta permanentemente para que puedan reunir los requisitos para su naturalización.

Los responsables del descrédito

Hace muchos años que había consenso en la sociedad dominicana sobre la necesidad de limitar la inmigración haitiana, lo que quedó manifiesto en un extenso debate que concluyó en la Ley General de Migración 285-04 promulgada el 15 de agosto del 2004 por el presidente Hipólito Mejía, la que disponía el Plan de Regularización de Inmigrantes y un reglamento en el plazo de seis meses. Pero fue más de 7 años después, en noviembre del 2011, que se dictó el Reglamento 631-11.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes de la Oficina Nacional de Estadística, realizada en 2012, demuestra que el 62 por ciento de los 524,632 extranjeros que habría en el país (87 por ciento haitianos), habían ingresado entre 2005 y 2012, justo el período en que los ultranacionalistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Frontera.

Mientras el país se llenaba de haitianos, la Junta Central Electoral se dedicó, a partir del 2007, a perseguir a los ciudadanos dominicanos descendientes de inmigrantes, negándoles administrativamente sus actas de nacimiento. Eso fue legitimado por la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13, de septiembre del 2013, de forma retroactiva hasta el 1929. Y es la propia sentencia que los cuantifica en los 209,912 que estimó la Encuesta. Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la anulación de la desnacionalización masiva, el Constitucional dominicano “descubrió” que el país no había llenado los requisitos para adscribirse a esa jurisdicción. Así se constituyó el escándalo internacional que afecta al país.