La regularización sí, desnacionalización no

Por Juan Bolívar Díaz

28_06_2015 HOY_DOMINGO_280615_ El País13 A

La renovada oleada de críticas y condenas internacionales al país no cuestionan el derecho a regular la masiva inmigración haitiana, sino que siguen referidas a la sentencia del Tribunal Constitucional que privó de la nacionalidad a decenas de miles de personas, y a los temores de que puedan ser deportadas.

Asumiendo esa realidad la estrategia comunicativa del Gobierno debe privilegiar la información de que por fin se dispuso la validación de las actas de nacimiento de 55 mil descendientes de haitianos nacidos en el país y que ninguno, aún los que no habían sido registrados, será deportado del territorio nacional.

Gran oleada de críticas. Al vencerse al plazo para que los inmigrantes indocumentados se acogieran al Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes (PNRE) se desató la más alta oleada de críticas desde la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de septiembre del 2013 que privó de la nacionalidad dominicana a miles de descendientes de haitianos nacidos en el país en ocho décadas, lo que ha obtenido el rechazo casi unánime de la comunidad internacional.

Periódicos tan importantes como The New York Times y Washington Post en Estados Unidos y El País de Madrid y cadenas de televisión como CNN, Univisión, BBC-Mundo o Al Jazzira, y múltiples canales locales de Estados Unidos y Canadá recogieron las incidencias de los atropellados e inhumanos registros de los extranjeros al final del plazo oficial y de la huida hacia Haití de algunos miles que preferían salir por voluntad propia llevándose sus pertenencias, a ser deportados perdiéndolo todo. El Washington Post publicó reportajes toda esta semana, uno con foto a 4 columnas en primera página edición impresa.

Decenas de periodistas de múltiples nacionalidades y representantes de organismos como Amnistía Internacional llegaron al país atraídos por innumerables anuncios de funcionarios de que al concluir el plazo de inscripción de los extranjeros se iniciarían las deportaciones de quienes no se registraran.

La atropellada afluencia de multitudes de hombres, mujeres y niños en los últimos días, cuando se flexibilizó la inscripción, durmiendo a la intemperie y contenidos por guardias armados, terminaron por atraer la atención informativa mundial.

Aquí se montó el espectáculo televisivo del mes a nivel internacional, con imágenes degradantes de la condición humana, incluyendo a los canales nacionales.

Hasta el Papa Francisco. Es significativo que las advertencias y temores que se expresaron en artículos y editoriales de los periódicos y en declaraciones de organismos internacionales, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la unión de estados caribeños Caricom o de Amnistía Internacional, tenían en común la preocupación de que pudieran ser convertidos en apátridas miles de domínico-haitianos desnacionalizados o que nunca fueron inscritos en el Registro Civil.

Las expresiones del alcalde de Nueva York, donde no hubo un llamado a boicotear el turismo dominicano como se ha dicho, y las recriminaciones del alcalde de Montreal, que dispararon la alarma nacional, tampoco rechazaban el derecho a regular la inmigración al territorio dominicano, sino a la desnacionalización, tema que movilizó marchas y debates académicos en Nueva York y Miami.

De repente resurgió con más fuerza la oleada de críticas que recibió el país a finales del 2013 y el año pasado por la anulación de registros civiles retroactiva al 1929.

La reacción del Gobierno y de la opinión pública nacional se ha fundado en un pretendido interés internacional por dañar la imagen del país, restando legitimidad hasta a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tratando de ignorar voces tan insospechadas como la del Papa Francisco, quien casi recriminó a los obispos dominicanos cuando le visitaron en Roma el 28 de mayo pasado, al decirles que “la atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia”.

El Papa se refirió al conflicto por los desnacionalizados al exhortar a los obispos a “seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”.

Los 55 mil restituidos. El pecado original que ha manchado el legítimo esfuerzo por regularizar los inmigrantes para establecer controles, fue haberlo emprendido después de la desnacionalización rechazada por más de la mitad de los dominicanos, según las encuestas y unánimemente en el exterior. En vez de haberse reglamentado e implementado el plan de regularización de los inmigrantes dispuesto por la Ley de Migración del 2004, pasaron diez años de persecución de sus descendientes nacidos en el país.

En mayo del año pasado la Ley 169-14 dispuso restituir la nacionalidad a quienes fueron privados de ella por la sentencia 168/13, pero costó 13 meses implementarla. La Junta Central Electoral, que había iniciado en el 2007 la negación de la documentación de los descendientes de haitianos, ignoró el mandato de la ley hasta concluir un inventario del Registro Civil dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Coincidiendo con el final del plazo para la regularización fue que la JCE dispuso que las 165 oficialías del Estado Civil validen las actas de nacimiento de 55 mil personas a quienes se les tenían suspendidas, publicando los listados el viernes 26. También se ordenó restituir las cédulas de identidad, con sus mismos números, a quienes se les había cancelado. Eso a su vez permitirá a esa población declarar a sus hijos como dominicanos, lo que ya hizo con sus cuatro hijos Juliana Deguís, la domínico-haitiana por la que el Tribunal Constitucional dictó su sentencia 168/13.

Revisar la estrategia oficial. La estrategia gubernamental debería centrarse en difundir internacionalmente la decisión de devolver la ciudadanía a esas 55 mil personas y sus descendientes, lo que mejoraría radicalmente el clima para proseguir la regularización de los inmigrantes, especialmente en el ámbito internacional, incluyendo a Haití.

Sería fundamental restringir los requisitos a lo fundamental, como la identidad, y las certificaciones de buena conducta, de empleo y vivienda, así como del arraigo y de haber ingresado al país antes del 2011, como establece el decreto. Eso debería acompañarse de presión para que los empleadores otorguen los certificados de empleo.

Ayudaría mucho un esfuerzo por combatir el tráfico de turnos y el picoteo que ha encarecido el proceso, al grado que el promedio de gastos de los que han tratado de cumplir los requerimientos, ronda los 10 mil pesos, según abogados y dirigentes sociales que les han dado asistencia.

Lo de más sería mantener firme la voluntad y el compromiso de no deportar, ni por error, a ninguno de los nacidos en el país. Demasiado pesada sería de por sí la repatriación de más de 200 mil extranjeros, incluidos los llegados en los tres últimos años después de la encuesta que para el 2012 los estimó en 458 mil.

Improvisada ofensiva

Preocupado por la fuerte oleada de críticas y temiendo que pudiera llegar a afectar la economía nacional, cuando se difundió sin base objetiva que, como represalia, Haití había suspendido la importación de 35 productos nacionales, el Gobierno lanzó una improvisada ofensiva internacional, que abarcaría a las principales ciudades de Estados Unidos, a la Unión Europea, América Central y reuniones de la OEA, SICA y Naciones Unidas y con los diplomáticos acreditados en el país y en Puerto Príncipe.

La estrategia gubernamental se basa en los avances logrados en el PNRE, sobre todo cuando en los últimos días liberalizó los requisitos, aceptando inscripciones hasta completar 288 mil, aunque apenas 4,308 habían logrado completar los minuciosos requisitos, muchos de ellos difíciles de alcanzar para una población pobre y marginal.

Las autoridades decidieron otorgar estatus provisional de uno a dos años para que quienes llegaron a inscribirse puedan completar los requerimientos, anunciaron que darán oportunidad de concluir la regularización a unos 20-25 mil haitianos pendientes de recibir la documentación que han solicitado a su embajada en Santo Domingo, y estatus de inmigrantes definitivos a 2,835 pensionados tras décadas de trabajo en el antiguo Consejo Estatal del Azúcar.

En otro gesto de buena voluntad se acordó otorgar visas gratis a 7,986 haitianos que estudian en universidades dominicanas.

Un hecho que pudo ser positivo, como el regreso voluntario a Haití de más de 17 mil migrantes, tuvo efectos negativos por las caravanas y las declaraciones de muchos que parecían huir de una inminente batida que los dejaría sin sus ajuares. Muy pocos aceptaron viajar en autobuses del Gobierno, porque no incluía el transporte de sus bienes.

 

En la hora de los hornos

Por Juan Bolívar Díaz
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Concluido el plazo formal para que los inmigrantes irregulares se acogieran al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el Gobierno y la sociedad dominicana se enfrentan a la hora de los hornos, en la que habrá que decidir si continúa por el rumbo equivocado de la emocionalidad y el patrioterismo o si enfrenta con racionalidad, inteligencia y sabiduría el problema de la masiva y excesiva inmigración haitiana.

Tras el cierre del plazo, el ministro de Interior informó que 288 mil 466 personas lograron iniciar el difícil proceso de la regularización, que en sus últimas dos semanas se degradó a lo indigno con tráfico y abusos contra pobres e indigentes que acudieron en tropel cuando se anunció que sólo atenderían a nuevos solicitantes y que se otorgarían plazos adicionales para que pudieran reunir los requisitos. En ese total se ha incluido a unos 20-25 mil pendientes de que el gobierno de Haití les provea documentos solicitados.

Después de un año las autoridades se convencieron de que tenían que flexibilizar las exigencias, cuando al comienzo de junio apenas el 1.8 por ciento (4 mil 308) de 239 mil 368 solicitantes habían podido llenar todos los requisitos. Al pasar balance se dieron cuenta que el 93 por ciento (222 mil 73) habían presentado documentos de identidad validados confirmando exactamente la proporción que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2012 dijo tener documentación.

Eso demuestra, contrario a lo pregonado, que la documentación no ha sido de los mayores obstáculos al PNRE, sino requisitos como constancia de vecinos y de empleo y pruebas de pagos de salarios que a pocos les han expedido; o contratos de alquiler, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, matrícula de vehículos y facturas de bienes muebles que nunca han tenido. Otra barrera ha sido el costo de certificaciones notarizadas, del transporte en promedio de diez visitas a las oficinas de registro y del tráfico con los turnos, lo que ha implicado un promedio de 8 mil pesos, que gran proporción no ha podido reunir.

A la hora de los hornos, tras meses anunciándose deportaciones con el entusiasmo del que prepara un festival, habrá que pasar balance para saber cuántos son los que serán devueltos para Haití. No serán el millón que calculan los más entusiastas, pero se logra una aproximación si se acepta el rigor profesional de la ENI realizada por la Oficina Nacional de Estadística, la cual arrojó 524 mil extranjeros, 458 mil 233 nacidos en Haití.

Pero eso era sólo hasta el 2012. Como la misma encuesta establecía que el 38.6 por ciento había llegado entre 2010 y 2012, el flujo crecía casi al 20 por ciento anual. A la mitad de esa tasa, conservadoramente, entre el 2012 y 2015 el total se habría incrementado en 30 por ciento, 137 mil 470 personas, para totalizar ahora 595 mil 703. Los inscritos al PNRE serían el 48 por ciento. Los “deportables”, que nadie discute el derecho soberano, los restantes 307 mil 237, el 52 por ciento del total, una cifra bastante respetable para las capacidades nacionales, para la producción agrícola, la construcción pública y privada y el servicio doméstico, y con potencial para constituirse en una inmensa crisis humanitaria generadora de disturbios que podrían descarrilar el frágil proceso electoral en que se encuentra la nación vecina. Menos estabilidad en Haití es un círculo vicioso que redunda en nuevos flujos de inmigrantes para República Dominicana.

El problema luce más complejo que el festival de deportaciones que algunos entusiastas han promovido. Y eso sin incluir los descendientes de los inmigrantes haitianos nacidos en el país durante cerca de un siglo, que según la misma encuesta serían otros 209 mil 912 personas. Convendría que a estos los dejaran en paz, para no generar apatridia y complicar más la situación a nivel internacional, porque en cuanto a estos sí se discute el derecho soberano a la deportación, sobre todo los que tenían registro de ciudadanía, beneficiados por la Ley 169-14, pero a quienes todavía no se les restituye su documentación.

Por demás urge revisar el PNRE para ver si todos sus requisitos son realistas y podrán ser cumplidos en los plazos de hasta dos años que se otorgará a los que iniciaron el proceso, según el acta de la reunión de los cancilleres de RD-Haití del 6 de junio. Si no se regulariza siquiera dos terceras partes de esos inmigrantes, será difícil revocar los excedentes y controlar nuevos flujos.

 

El Gobierno flexibiliza el Plan de Regularización

Por Juan Bolívar Díaz

14_06_2015 HOY_DOMINGO_140615_ El País13 A

Al término del plazo para registrarse en el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el Gobierno ha dispuesto otorgar un estatus migratorio regular al 1.8 por ciento de los que lo han solicitado, y provisional al 93 por ciento que habiendo presentado documento de identidad no ha podido completar los demás requisitos.

Otras flexibilizaciones que permitirían registrar unos 260 mil inmigrantes irregulares, alrededor del 50 por ciento de más de medio millón estimado, son aceptar como solicitantes del registro a entre 20 y 25 mil que esperan ser documentados por el Gobierno de Haití y beneficiar como inmigrantes regulares a 2,835 cañeros pensionados.

Armónica reunión en Haití. Durante una armónica reunión en Puerto Príncipe el sábado 6 de junio entre una delegación dominicana, encabezada por el canciller Andrés Navarro, y su homólogo haitiano Lener Renaud, se informó sobre la marcha del PNRE y las decisiones del Gobierno dominicano, que según el acta oficial dominicana fueron:

Hasta el día anterior, los inscritos en el plan totalizaban 239,368, más del 96 por ciento haitianos; 86,953 con pasaporte (36%), 78,425 con actas de nacimiento (33%) y 56,695 con cédula (24%). El total de los poseedores de por lo menos uno de los documentos de identidad requeridos para la regularización es de 222 mil, el 93 por ciento.

Se precisa que “únicamente el 1.8% de los extranjeros ha cumplido al presente con todos los requerimientos del Decreto 327-13″, a los cuales se les dará el estatus migratorio regular. Al resto, o sea el 98.2 %, “el Gobierno ha decidido otorgar diversos períodos de gracia para completar dicho proceso”.

A los que presentaron actas o cédula se les dará un permiso de estadía de un año, y a los que se registraron con pasaporte un permiso de dos años.

A unos 20-25 mil a quienes el Gobierno haitiano no ha entregado la documentación solicitada, se les reconocerá como iniciados en el plan si presentan el recibo provisional de solicitud expedido por la embajada de Haití con fecha de entrada al país.

El Gobierno anunció “estatus migratorio regular” para 2,835 nacionales haitianos pensionados tras décadas de trabajar en el país “a pesar de que no habían podido tener el documento de identidad regular de su país de origen”, y que a 7,986 haitianos que estudian en el país no se les cobrará la visa, ni impuestos de entrada o salida del país.

Verdadero círculo vicioso. Más allá del discurso nacionalista, está la realidad de si el país tiene capacidad para identificar y deportar a 300 mil personas, sin incurrir en graves violaciones de derechos y generar un tráfico no solo de ida, sino también de alta proporción que intentará retornar.

Sería un negocio redondo para los traficantes de personas de ambos lados de la frontera.

Hay dos grandes interrogantes, la primera si los sectores productivos dominicanos, -agropecuario, construcción y servicios- podrían soportar tal extracción de recursos laborales, y segundo, si la precaria estabilidad económico-política de Haití podría asimilar una deportación tan elevada sin graves sacudimientos políticos-sociales que generarían nuevos flujos migratorios hacia la República Dominicana.

A la vez el Gobierno está preso del discurso de deportación, que aunque ha bajado desde que “los Vinchos” se alejaron del presidente Danilo Medina, ha calado en su partido y buena proporción de la sociedad, que esperan su materialización sin tener a manos suficientes elementos de ponderación, que no los ofrece públicamente el Gobierno.

La falta de cooperación. Durante años “El Tema de hoy” reclamó el dilatado Reglamento de la Ley de Migración del 2004.

El 27 de octubre 2013, con el título “Han preferido el desorden para explotar inmigrantes”, se detallaron los numerosos fracasos en iniciar la regularización dispuesta por el Decreto 417 de 1990 y luego por la Ley 285 promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 15 de agosto del 2004.

Al ponderar el inicio del PRNE, el 15 de junio del 2014, el Tema titulaba “El Plan de Regularización ha arrancado con éxito”.

Pero ya el pasado 30 de noviembre advertía que “Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros”, y el 24 de mayo del 2015 se adelantaba que “El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización”, que es lo que ha hecho ahora con la flexibilización anunciada. Con esos títulos y mediante cualquier buscador de Internet, se accede a los textos.

Durante todo el proceso se centraron las explicaciones de sus problemas en la falta de cooperación del Gobierno haitiano, lo que es cierto solo en parte, como lo demuestra el acta de la reunión de cancilleres al consignar que la embajada de Haití tiene pendiente de responder entre 20 y 25 mil solicitudes de documentos, 5 por ciento del total de inmigrantes.

Si únicamente el 1.8% de los solicitantes ha podido completar los requerimientos y el 93 por ciento ha presentado documentos de identidad válidos, es obvio que los tropiezos fundamentales hay que buscarlos en la falta de apoyo que ha tenido el PNRE por la incomprensión de que para que sea exitoso debería abarcar una alta proporción del universo, para hacer posible identificar y deportar los excedentes.

La escasa respuesta está determinada básicamente por exceso de requerimientos, la negativa de los empleadores a dar certificaciones de empleo, que la Procuraduría General, en contradicción con el decreto, reclamó hasta el mes pasado el pasaporte para emitir certificados de buena conducta, y por los elevados costos de las notarizaciones, del tráfico hasta con los turnos y de los 7 viajes de promedio que han tenido que realizar los que lograron inscribirse.

El pecado original. Es difícil encontrar quien niegue el derecho dominicano a limitar la abrumadora inmigración haitiana, por lo que el PNRE ha sido de unánime aprobación, nacional e internacional.

El problema es el pecado original: que después de décadas amenazando establecer controles, pasaron 9 años antes de que se pusiera en vigencia, la nueva Ley de Migración, que preveía la regularización.

Las autoridades prefirieron desatar una venganza sobre los que habían nacido en el país, primero negándoles administrativamente sus documentos y luego despojándoselos por la retroactiva y colectiva sentencia 168/13.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes, con una muestra de 68,146 viviendas, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, y avalada por el Gobierno, indica que el 80 por ciento de los extranjeros dijeron haber llegado al país en el período 2000-12, y el 62 por ciento entre el 2005 y 2012, justo mientras se libraba el combate contra los que habían nacido aquí durante décadas y habían sido reconocidos como dominicanos.

Es significativo que ese enorme flujo ocurriera justo cuando el grupo más nacionalista controlaba la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras e influía sobre el Ministerio de Interior, la Junta Central Electoral y hasta en la Presidencia de la nación. No hubiera sido lo mismo iniciar la regularización con 300 mil inmigrantes que ahora con alrededor de 600 mil.

Todo el que quiera que alguna vez se inicie un control de la inmigración debería apoyar el esfuerzo que hace el Gobierno al flexibilizar el plan, y reclamar que se extendiera otros 60 días, ahora que ya no se exige el pasaporte para el papel de buena conducta, lo que permitiría alcanzar una proporción mayor que viabilizara los controles.

Y centrarse en las mayores causas del limitado resultado, sobre todo en reclamar la cooperación de los empleadores que, en su mayoría, prefieren mano de obra excedente y sin derecho alguno.

Sobre las deportaciones

En la reunión, dice la relatoría, las autoridades dominicanas informaron que procederán a deportar después del 17 de junio a quienes no se acogieran al PNRE, “en función de las disposiciones legales del país y los compromisos internacionales en materia de los DDHH y la dignidad de cada persona”, en coordinación con la OIM y la ONU.

Se detallaron seis lugares de acogida y el protocolo de procedimiento. El canciller haitiano reconoció la soberanía dominicana, aunque expresó temor de que un alto volumen pueda sobrepasar la limitada capacidad de su país para asimilarlos y generar conflictos.

El problema es sumamente complejo si, atendiendo a los estimados, los sujetos a deportación podrían superar los 300 mil e implicar a nacidos en el país, incluso de los 53 mil que la Junta Central Electoral ya anunció que serán documentados como dominicanos, según la Ley 169-14, pero aún sin ejecución. Se añade un número indeterminado de los descendientes que estos no han podido declarar.

Se asume que la Encuesta Nacional de Inmigrantes del Gobierno dominicano 2012 arrojó 524 mil extranjeros, que de esos un 10% serían inmigrantes regulares, por lo que los indocumentados se reducirían a 472 mil. Pero si se les suma el flujo 2012-15 pueden alcanzar los 600 mil, ya que la encuesta dice que entre 2010-12 creció 36.8%.

 

¿Cómo resarcir tanto dolor?

Por Juan Bolívar Díaz
31_05_2015 HOY_DOMINGO_310515_ Opinión13 A

Los “Resultados de la Auditoría al Registro Civil en los años 1929-2007″ presentados el martes 26 de mayo por la Junta Central Electoral (JCE), constituyen una confesión de la magnitud de la injusticia, de la iniquidad y crueldad desatada desde el 2007 contra decenas de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera, en alto porcentaje de origen haitiano.

Es seguro que en medio de la crisis del partido de Gobierno ha pasado desapercibido un informe tan revelador de la magnitud y la injusticia del genocidio civil que puso en marcha la propia JCE a partir del 2007 cuando comenzó a negar la expedición de copias de las actas de nacimiento y la emisión de cédulas de identidad a miles de personas por su origen extranjero, por simple resolución administrativa y en flagrante violación de la Ley del Registro Civil, que restringe tal decisión a un dictamen judicial y en casos individuales.

El informe presentado por el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se puede resumir en que atendiendo a la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional “inventariamos 116,506 libros, que tienen 1 millones 748,568 folios”… “De todas las especificaciones de actas, encontramos que 53,827 libros, que a su vez recogen 10 millones 321,799 folios, dieron lugar a expedientes de personas a revisar”, por lo que “Al final se pudo comprobar que del total de folios auditados, los hallazgos en el Registro Civil, que identificaban los expedientes, o las actas con posibles irregularidades, en el período establecido (1929-2007), apenas representaron el 0.58%, en tanto que el resto, el 99.42% no evidenció la inconsistencia de estos últimos”.

Con alborozo, el informe consigna que “El hecho de que alrededor de 53 mil expedientes que identifican personas hayan sido autorizados en su expedición y en su transcripción, de conformidad con la ley, demuestra el nivel de profesionalidad con que se manejó el personal de la JCE, libre de prejuicio y comprometido solo con el deber”. Se anuncia que a partir de esta misma semana esperaban completar el procedimiento burocrático para poner las actas a disposición de los afectados.

Para no dejar la menor duda de la barbaridad, el informe precisa que “apenas 132 expedientes de los trabajados darán lugar a un apoderamiento de la justicia”, porque no se correspondían con la ley o que son fruto de falsedad o alteración documental, como efectivamente instituye la Ley 659 del Registro Civil.

Todo lo indicado quiere decir que durante los últimos ocho años se les negó sus documentos a unas 53 mil personas bajo sospecha de que no les correspondía, a causa del fraude de 132. Es decir que la inconsistencia o ilegalidad del 0.58 por ciento privó durante tanto tiempo al 99.42 por ciento de los “sospechosos” de derechos tan fundamentales como a obtener actas de nacimiento, cédula de identidad y electoral, pasaporte para viajar fuera del país, a casarse o divorciarse, inscribirse en una universidad, realizar transacciones inmobiliarias y financieras y muchos otros actos de la vida civil.

Pero no vayan a creer que los afectados son solo esos 53 mil, porque un porcentaje de estos han tenido hijos que no han podido registrar en el lapso de 8 años. Nadie puede precisar cuántos serán, pero con dos per cápita ya estaríamos hablando de 159 mil personas afectadas, con la agravante de que ahora habrá que rescatar a los hijos de las listas de los “deportables” por no haber sido nunca inscritos como dominicanos, o del registro de extranjeros si se acogieron al Plan de Naturalización. A no ser que pretendamos dejar a los padres como dominicanos y a los hijos como extranjeros, lo que ya ha sido denunciado por muchos de los discriminados.

A cualquiera se le ocurriría preguntar por qué la JCE ignoró la Ley 169-14 y no fue transcribiendo las 53 mil actas en la medida en que comprobaba su procedencia, y esperó concluir el último folio, con miles de personas clamando por sus documentos. ¿Cómo ha sido posible tanta desidia y crueldad? ¿Por qué no se siguió el mandato de la Ley 659, lo que implicaba investigar primero y sancionar después a quienes procediera? ¿Cómo y quién resarcirá o indemnizará este inmenso dolor, daño, perjuicio y agravio colectivo?

 

El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización

Por Juan Bolívar Díaz
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Para salvar del fracaso su Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) el Gobierno se propone otorgar una estatus de “inmigrante regular provisional” a unos 220 mil que habrán iniciado el proceso al término del plazo el 16 de junio próximo, pero que no han podido cumplir los requerimientos económicos por renuencia de sus empleadores.

Atrapado en contradicciones y discursos xenofóbicos, el Gobierno se enfrentará al hecho de que más de la mitad de los inmigrantes indocumentados ni siquiera han podido iniciar su regularización, estimándose en más de 300 mil los que quedarían sujetos a la deportación muchas veces anunciada pero difícil de ejecutar en tan alta proporción.

Llegarían a unos 220 mil. Al iniciarse esta semana la cuenta regresiva del mes para cerrar las inscripciones al PNRE, 207 mil 424 inmigrantes habían acudido a 24 centros de registro para iniciar el proceso, complicado por sus múltiples requerimientos, y son apenas centenares los que han sido acreditados con un carnet, tan pocos que las autoridades han dejado de dar el dato.

El doctor Washington González, viceministro de Interior y Policía encargado del Plan, confía que al 16 de junio sumarán entre 215 y 220 mil personas en gran parte haitianas, lo que representaría 42 por ciento de los 530 mil estimados en la Encuesta Nacional de Inmigrantes concluida en el 2012, de los cuales 458 mil 233, el 87 por ciento, provenían de Haití. A estos habría que agregarle algunas decenas de miles más que llegaron después de la encuesta, y que a partir de octubre del 2011 no califican para ser regularizados, por lo que los “deportables” pudieran andar sobre los 350 mil.

Aunque se establecieron 24 centros de atención, el grueso ha acudido a los del gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, de acuerdo a los datos que ofreció el funcionario por Teleantillas. Complicado, porque en estos centros se establecían cuotas por día y había que acudir de madrugada para conseguir turnos, que en muchas ocasiones tenían que comprar a traficantes. Otra limitación ha sido que al no llevar todos los documentos requeridos, el promedio ha tenido que acudir unas 5-6 veces. La falta de información a una población dispersa, con poco acceso a los medios de comunicación y escasos niveles de instrucción también ha complicado el proceso. Y aunque el Gobierno no cobra nada, los inmigrantes tienen que notarizar hasta las facturas de compras de electrodomésticos, y en muchos casos han tenido que “dar contribuciones”.

Pocos llenan los requisitos. El viceministro González reconoce que muy pocos de los solicitantes han podido completar los requisitos, especialmente las condiciones laborales y socio-económicas, que incluyen certificaciones de empleo, propiedades o contratos de alquiler de muebles o inmuebles y hasta cuentas bancarias. El 95 por ciento presentó por lo menos un documento de identidad, acta de nacimiento cédula o pasaporte, como establece el plan. Pero esa misma proporción no ha podido completar los requerimientos socio-económicos.

El problema principal ha sido la poca colaboración de los empleadores. Lo reconoció el funcionario, quien dijo que apenas en las últimas dos semanas los grandes empleadores agropecuarios y de la construcción habían mostrado interés en ayudar a regularizar sus empleados. Una excepción había sido el grupo Vicini, con dos ingenios en operación, que hasta contrató abogados para ayudar a sus trabajadores haitianos.

Desde que se abrieron las inscripciones en junio del año pasado, se viene advirtiendo que los empleadores agrícolas, de la construcción y hasta domésticos, se han negado a emitir constancia salarial. Pretextan que son trabajadores temporales, sin contratos laborales y por tanto de mucha movilidad.

Otro factor que ha dificultado el proceso es la cantidad de requisitos, por ejemplo cuentas bancarias que muy pocos braceros haitianos, de la construcción o domésticos podía abrir por carecer de documentación o por sus condiciones socio-económicas y hasta por desconocimiento de la lengua nacional.

Estatus provisional salvador. “Hay que buscar una solución” proclamó el viceministro González, consciente del bajo porcentaje de inmigrantes que ha podido presentar todo lo que se le demanda. Numerosos casos, como el de Iván Saint Fleur, presentado en la misma entrevista de Uno+Uno, son indicativos del exceso de requisitos. Testimonió que comenzó el proceso el año pasado con pasaporte y visa, acreditación de su empleador doméstico, testigos de su arraigo en el país, papel de buena conducta, contrato de alquiler de vivienda y otros menores, todo notarizado, y no ha podido ser acreditado después de siete viajes de madrugada a un centro de atención capitalino. Es obvio que la gran mayoría de los inmigrantes haitianos no pueden reunir todas esas condiciones.

Pero después de año y medio trabajando en el plan, habría que considerar un fracaso la mínima cantidad de inmigrantes que han completado el proceso, y no por falta de documentación, como se repite buscando un “chivo expiatorio”. De ahí la solución del carnet provisional, que tendrá una duración de dos años “para que completen requisitos”. Será una manera de prolongar el período original, sin admitirlo formalmente. Habrá que esperar para ver si los empleadores son obligados a colaborar. Es obvio que una gran mayoría prefiere la informalidad de una mano de obra abundante que, por indocumentada, carece de posibilidades de reclamar derechos y condiciones laborales, como horario, pago de horas extra, salarios mínimos, seguridad social y prestaciones.

No será suficiente. Además del estatus provisional a los 220 mil inscritos para que completen los requisitos, el Gobierno tendrá que ponderar qué hacer con unos 350 mil que ni siquiera pudieron comenzar. Seguirán culpando a las autoridades haitianas que no han podido responder todas las demandas de documentos. La embajada haitiana tenía pendiente unas 15 mil, pero entre los otros más de 300 mil puede haber de todo. La encuesta de Inmigrantes dijo que el 92 por ciento tiene algún documento. En los últimos meses estaban pidiéndoles hasta pasaporte, cuando el plan valida también actas de nacimiento y cédulas.

En esa inmensa mayoría predominan los jornaleros agrícolas, chiriperos y trabajadores domésticos que carecen de los miles de pesos que cuestan las notarizaciones de documentos, que no tienen un empleador fijo, y con esposas e hijos más difíciles de demostrar su arraigo en el país.

Haber dejado pasar tanto tiempo para regularizar los inmigrantes, lo que dispuso la ley de migración del 2004 del presidente Hipólito Mejía, fue una grave irresponsabilidad, pero mucho peor pudiera ser el autoengaño y no reconocer la complejidad del problema. Ninguna regulación de inmigrantes en el mundo ha implicado deportar más de la mitad.

 

Encuentro domínico-haitiano

Por Juan Bolívar Díaz
17_05_2015 HOY_DOMINGO_170515_ Opinión9 A

Fue bien fructífero y reconfortante el encuentro sostenido el pasado fin de semana en Puerto Príncipe por dos docenas de periodistas de las dos naciones que comparten la isla, demostrativo de que es posible abonar el terreno del entendimiento, la fraternidad y la solidaridad que deben caracterizar las relaciones de dos pueblos vecinos, hermanados para siempre por la geografía insular y por orígenes, procesos y destinos comunes.

La iniciativa fue de una docena de dominicanos y dominicanas, que quisimos comprobar si en Haití había también comunicadores en capacidad de superar los prejuicios y los resentimientos para poner en primer plano las cosas que nos unen y rechazar el discurso del odio. Tuvimos el estímulo de diplomáticos y empresarios dominicanos que comparten la necesidad de mejorar el clima de la comunicación entre los dos pueblos.

Se trataba de proseguir ensayos periodísticos bilaterales, a nivel gremial y académico, el último hace apenas un par de años cuando la Unesco y la Universidad Católica Madre y Maestra auspiciaron un programa con periodistas de los dos países para promover la cobertura de temas de interés común.

Quisimos iniciar con un pequeño núcleo, sin crear muchas expectativas, sin anuncios previos, en parte porque no sabíamos con certeza cómo sería acogida la iniciativa. Desde el primer contacto comprobamos que los colegas haitianos a quienes invitamos nos recibieron con calidez y alegría, como si hace tiempo hubiesen estado esperándonos.

La diversidad de lenguas que nos impusieron los colonizadores de la isla implicaba limitaciones pero no fue un obstáculo. Dos de los nuestros y tres de ellos hicieron el papel de traductores. Comprobamos que los periodistas haitianos nos llevan una ventaja, muchos de ellos entienden bastante nuestra lengua, y entre nosotros pocos dominamos la de ellos. Leen nuestros periódicos digitales, escuchan emisoras y se interesan por nuestros asuntos.

No costó mucho esfuerzo ponernos de acuerdo para una declaración conjunta enteramente positiva y constructiva que se escribió en español y francés. Nadie objetó nada ni intentó colar el mínimo prejuicio o resentimiento. Se recogieron numerosas propuestas de intercambio, incluyendo de pasantías, de colaboración en el trabajo periodístico, de promoción de corresponsalías y aprendizaje de los dos idiomas. Nos constituimos en comisión bilateral para incorporar a muchos otros colegas a este empeño solidario, y acordamos un próximo encuentro en Santo Domingo.

La declaración conjunta proclama que “Los medios de comunicación y los periodistas deben jugar un papel fundamental en la promoción de una cultura de respeto, de tolerancia y de entendimiento entre los dos países de la isla, en la promoción de la verdad y la objetividad en las informaciones”. Indica que “como pueblos y como naciones tenemos particularidades, pero también raíces y expectativas comunes que debemos reconocer y reivindicar”.

Advierten “la sensibilidad del tema de las migraciones, de la necesidad de su ordenamiento y limitaciones, pero también de que se reconozca el aporte de los inmigrantes a la producción y se les brinde en toda circunstancia el trato que corresponde a su dignidad humana en el marco de los derechos universalmente reconocidos y de los convenios internacionales”.

Ponderan las iniciativas gubernamentales, de grupos empresariales y de la sociedad civil de ambos países que promueven el entendimiento y proyectos de desarrollo, pero también piden que se asuma con mayor voluntad la misión encomendada a la Comisión Mixta Bilateral para concretar acuerdos y cooperación en los ámbitos de la migración, el comercio, inversiones, protección del medio ambiente, seguridad, educación y salud.

Fue alentadora la presencia en algunas de la sesiones de Suzy Castor y Evelyn Margrón, viudas de dos ilustres haitianos que persistieron hasta su temprana muerte en sembrar la semilla del entendimiento entre haitianos y dominicanos, Gerard Pierre Charles y Guy Alexandre. Sus espíritus indomables inspiraron el encuentro.

Agradecimiento al embajador Fisher

Por Juan Bolívar Díaz
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Los que no han leído el discurso del embajador del Reino Unido, Steven Fisher, en el desayuno de la Cámara de Comercio Británica el 28 de abril, deberían procurarlo en Internet. Seguro que algunos caerán en la reacción tradicional de rechazar esa “injerencia en nuestros asuntos internos”, pero la gran mayoría de las personas honradas terminarán agradeciéndole porque implica una invitación a reflexionar, proveniente de alguien que muestra mucho aprecio por el país, después de cinco años acompañándonos.

El texto tiene una redacción excelente, con perfiladas de buen humor, como cuando da cuenta de mensajes intercambiados por la embajada británica y su cancillería en los primeros días de la revolución constitucionalista, en uno de los cuales se cuestiona a las clases dominantes por su insensibilidad social y falta de visión, a lo que se atribuye aquel estallido socio-político, para concluir en la esperanza de que se hayan aprendido las lecciones. El entonces embajador Stafford Campbell consideraba que la injusticia social y la corrupción estaban frenando al país.

Tras ello el embajador actual se refiere a lo que ha crecido económicamente el país en los 50 años posteriores a la Revolución Constitucionalista, para preguntar si se ha abordado adecuadamente el tema de la desigualdad social, para responder que desde 1965 hemos tenido el mayor crecimiento económico de toda América Latina, pero con la menor reducción de la pobreza. Se fundamenta en un informe del Banco Mundial, según el cual en los últimos 20 años la pobreza disminuyó del 44 al 28 por ciento en América Latina, especialmente entre el 2006 y 2013, pero en el país sólo bajó del 44 al 41 por ciento. Ejemplificó: en Chile se redujo del 29 al 14 y en Perú del 49 al 25 por ciento.

Fisher recoge la impresión de turistas de que hay dos República Dominicana y aborda con delicadeza una serie de carencias nacionales que dificultan las inversiones, especialmente la corrupción, el narcotráfico y un sistema judicial que considera “lento, frustrante e injusto”. Pasa a “desenmascarar dos mitos”, primero el del supuesto complot internacional para fusionar las dos naciones de la isla, lo cual calificó de “totalmente falso”, agregando que “Nadie -Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido- ha considerado, ni por un segundo, promover una política tan absurda”. El segundo: que la comunidad internacional quiere que República Dominicana cargue con la carga de rescatar a Haití, lo que también estima absurdo. Reconoce los aportes dominicanos a Haití y los derechos a establecer su política inmigratoria y a deportar indocumentados, pero advirtiendo que con respeto de los derechos humanos.

El embajador británico anunció su próxima partida, que le gustaría que República Dominicana “siga siendo el único, especial y hermoso país que siempre ha sido”, que espera volver en el futuro y que le gustaría encontrar una sociedad integrada, con acceso justo y asequible a la justicia y sin impunidad, que el narcotráfico haya sido derrotado y los crímenes violentos, incluyendo el feminicidio, reducidos dramáticamente.

Espera que al volver la pobreza extrema y la otra pobreza hayan sido radicalmente erradicadas, que la mayoría tenga empleo y los salarios reales hayan aumentado, que los niños no mendiguen en las calles y castigados sus traficantes, que los discapacitados sean cuidados e integrados. También que no haya que recordar el día de inicio de clases, que la Policía esté bien pagada y sea eficiente y respetada, y que los inmigrantes sean bien tratados, sin abusos, sin deportaciones arbitrarias y sin ser forzados a pagar “peajes” para cruzar la frontera y que como trabajadores estén protegidos por el Estado y la ley.

Quienes hemos tratado al embajador Fisher lo reconocemos un diplomático profesional, discreto y propositivo, que reconoce los esfuerzos de las autoridades y de diversos sectores sociales. Pero su conferencia mostró también un ser humano sensible que quiso hacer un gesto de franqueza y compartir sus preocupaciones por nosotros. Confiemos que la mayoría de su auditorio lo haya escuchado y le ponga atención.

Ofensiva de radicales haitianos abona el odio y la confrontación

Por Juan Bolívar Díaz
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Las autoridades e instituciones nacionales y haitianas tienen que esforzarse en reducir el clima de confrontación que se viene incubando en la isla y que podría agravarse en las campañas electorales que ya tienen curso en las dos naciones donde históricamente caudillos y grupos políticos medran con la estigmatización del vecino.

En el país hace tiempo que se viene advirtiendo que el discurso del odio y la exclusión contra los inmigrantes haitianos y sus descendientes, que ya incluye a autoridades y comunicadores, generará violencia que hará imposible la cooperación a que están condenados dos países que comparten una pequeña isla.

Condena unánime y rápida. Como era de esperarse, la sociedad dominicana ha condenado rápida y unánimemente la agresiva y provocativa acción del núcleo vandálico que violó la jurisdicción del consulado dominicano en Puerto Príncipe, trepando a su techo y arriando la bandera nacional, que también fue quemada. Tal acción no sólo fue una ofensa a la nación dominicana, sino también un atropello al derecho internacional.

Por fortuna, las autoridades, el principal diario haitiano y los organizadores de una marcha pacífica que había precedido el vandalismo, condenaron de inmediato la acción, sin buscar ningún pretexto. Aunque queda establecer por qué no se previó mayor protección al consulado como se hizo con la embajada, en la circunstancia de una marcha que protestaba acciones dominicanas en perjuicio de haitianos. Esa escena de cuatro individuos, posando para fotógrafos sobre el techo del consulado, como si hubiesen escalado el monte Everest, parece una acción premeditada para agravar las relaciones bilaterales.

La marcha fue convocada por grupos de la sociedad civil haitiana que abogan por el entendimiento, y proclamaba la paz entre los dos pueblos, incluyendo el grupo 4 de diciembre, último esfuerzo en que se involucró el exembajador Guy Alexandre, poco antes de morir hace un año, en su papel de pregonero de la cooperación y la amistad en la isla. Entre los convocantes había personalidades reconocidas que fueron recibidas por el embajador dominicano Rubén Silié, con quien tuvieron un diálogo respetuoso y constructivo. Fue después de dispersada la marcha que un pequeño grupo montó la provocación en el consulado, como a un kilómetro de distancia.

El caso Henry Claude Jean. Lo ocurrido en Puerto Príncipe el 16 de febrero no sorprendió a quienes venían advirtiendo que el discurso del odio germinaría en grupos anti dominicanos del otro lado de la frontera. La marcha a la embajada dominicana era para pedir explicación sobre acontecimientos que les ofendían como el presumible linchamiento del joven haitiano Henry Claude Jean, ocurrida en Santiago el 11 de febrero, al día siguiente de que un grupo de encapuchados, entre gritos de guerra, quemara allí la bandera haitiana, lo que no fue condenado por ninguna autoridad. Allí también fue que un grupúsculo proclamó la necesidad de matar a 4 periodistas que consideran traidores a la patria por defender derechos de inmigrantes y sus descendientes.

El caso del limpiabotas Henry se convirtió en paradigmático, por las características de un crimen de odio y terror. Lo amarraron de pies y manos, le dieron muerte a palos y lo llevaron al parque Ercilia Pepín, donde lo colgaron de un árbol, frente al principal hospital regional y por donde pasa una ruta de transporte, lo que implica también un atrevido desafío. Por ello 150 personalidades haitianas escribieron al presidente del partido gobernante, Leonel Fernández, considerándolo principal beneficiario del anti haitianismo, pidiéndole que condenara el presunto linchamiento. Y 62 académicos y activistas dominicanos residentes en el exterior pidieron lo mismo al presidente de la República.

Desde el primer día la policía de Santiago “descubrió”, sin la menor evidencia, que Henry había sido víctima de otros dos haitianos para robarle, porque se había ganado dos mil pesos en una banca de apuestas, sin identificación ni testigo. Con eso la policía y varios periódicos pretendieron cerrar el caso, pero como eso era insostenible y hubo muchas repercusiones internacionales, la siguiente semana el Jefe de la Policía Nacional se trasladó a Santiago para asumir personalmente la investigación, de la que 18 días después no se publican resultados. No ha habido un rechazo firme de las autoridades al discurso del odio, la estigmatización y amenazas de muerte.

Ofensiva de año nuevo. Ha habido toda una ofensiva anti haitiana desde que arrancó el 2015, que incluye otro crimen por aclararse, el de Lujis Jhoset el 18 de febrero en Comendador, Elías Piña, y para colmo los dos policías, un militar y dos civiles que asaltaron la residencia del embajador de Haití en Santo Domingo el 5 de febrero, fueron libertados de inmediato por decisión de una jueza, pese a los agravantes de uso fraudulento de uniformes de una empresa estatal, porte de armas de fuego, golpes y amarre del único guardián, amordazamiento de la empleada doméstica y robo de dos cajas fuertes, luego incautadas por la policía, sin los 18 mil dólares que contenía. Ese hecho desbordó el ánimo del embajador Fritz Cineas y determinó su dimisión, sintiéndose acosado.

En enero hubo un grave incidente cuando pescadores haitianos desbordados apedrearon el consulado dominicano en Anse-APitre, cerca de Pedernales, después que militares dominicanos le incautaran embarcaciones, lo que se denunció como secuestro del personal dominicano, porque este cerró las puertas hasta que intervinieron autoridades. El Gobierno supo que no hubo secuestro y que el incidente fue en aguas haitianas, según confidencia de un funcionario y del senador por Pedernales. Esos pescadores denuncian frecuente extorsión por autoridades nacionales que les incautan hasta los motores de sus botes. Eso dejó claro que se aproximaban agresiones del otro lado de la frontera.

La vocería anti haitiana creció con la versión de que se habían construido viviendas para “un asentamiento de inmigrantes haitianos” en Sosúa, Puerto Plata, pero a más de un mes todavía se espera el informe de la Comisión del ministerio de Interior y del Congreso que fue a investigar el infundio. La realidad es que desde los años ochenta un ministerio evangélico ha construido 1,200 casitas para sustituir las barracas de los bateyes azucareros, en beneficio de los que allí vivían por décadas, dominicanos, dominico-haitianos y haitianos. Durante semanas estos inventos generaron un incremento de la prédica anti haitiana en los medios de comunicación, donde se pedía energía al Gobierno.

Hubo pruebas de deportaciones masivas de haitianos que buscaban acogerse a la regularización, en violación del decreto que la instituyó, como el centenar que eran llevados por monjas al centro de registro de San Juan de la Maguana. La valentía de las religiosas y del obispo Sergio Grullón, determinaron que al día siguiente se les dejara volver al país.

Chantajean al gobierno. Los grupos ultranacionalistas, que han ganado cada vez más espacio como aliados del PLD, no solo estigmatizan a los comunicadores que los contradicen, sino hasta al propio presidente Danilo Medina, a quien colocaron en la galería de “traidores a la patria” exhibida el viernes, Día de la Independencia, en el Altar de la Patria, donde acosaron y empujaron a defensores de derechos humanos. Ya el Día de Duarte, 26 de enero, se habían escuchado allí mismo gritos de “Danilo traidor”.

Es significativo que esos gritos salen de grupos en los que abundan empleados públicos, como en Santiago, y desde un grupo político aliado que acusa a funcionarios del Gobierno de servir al interés extranjero. Los ataques han sido más virulentos contra el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo y su equipo técnico, después que éste proclamara en una reunión bilateral con Haití el 10 de julio pasado, el comienzo de una nueva era en las relaciones bilaterales, considerando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.-

Fue positivo que el presidente Medina no buscara beneficio político con lo del consulado en su discurso del viernes, pero tendrá que hacer esfuerzos para frenar “lo que se aproxima”. Por ejemplo, impidiendo que en medio del vendaval su ministro de Interior y Policía piropeara a los vecinos diciendo que Haití es un estado fallido. Aunque lo fuera.

A ese esfuerzo tendrán que concurrir los periódicos y empresarios dominicanos que deben abandonar hipocresías y reconocer que no pueden prescindir de la mano de obra haitiana, aunque bajo regulaciones, y que los últimos datos disponibles indican que en la primera mitad del 2014 sus exportaciones formales hacia Haití sumaron 560 millones de dólares, y las importaciones 68.7 millones de dólares.-

No pienso morder silencio

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN BOLIVAR

Debo advertir que no pienso morder el silencio que me aconsejan, algunos de buena fe, para escapar del cerco de acoso, estigmatizaciones y amenazas en que me encuentro junto a otros colegas, por denunciar la corrupción y le iniquidad, por defender derechos humanos y promover relaciones de buena vecindad con los hermanos haitianos. Aunque confieso que por momentos quisiera largarme para la Patagonia, allá bien al sur del continente, donde vacacioné una vez y quedé con la ilusión de pasar unos meses, entre lagos y nevados infinitamente hermosos.

A veces la emoción me conduce a un bote salva vida individual. Pero la razón me dice que es un poco tarde con casi medio siglo en este angustioso oficio. Ya una vez lo abordé por un año, tras dos atentados que procuraban mi silencio eterno. Pero de eso van a cumplirse 45 años y entonces, en 1970, el terrorismo de Estado cobraba una víctima cada 28 horas. Ahora es diferente y albergo la esperanza de que no llegaremos al extremo del asesinato, aunque cada vez es más preocupante la necrófila consigna de “muerte a los traidores”, que grupos extremistas, algunos pagados por entidades gubernamentales, proclaman en plazas públicas y medios de comunicación.

Ya esta semana otro grupito, esta vez en San Francisco de Macorís, duplicó la lista de “traidores disfrazados de periodistas”, merecedores de la muerte. Además de este articulista y de Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada, sumaron a Marino Zapete, Alicia Ortega, Fernando Hasbún y Edith Febles. Hay que relevar la responsabilidad de los dirigentes del Colegio de Periodistas y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de esa ciudad que impidieron el uso de su local para pregonar exterminio.

El asesinato a golpes de un joven haitiano, posteriormente colgado en el parque Ercilia Pepín de Santiago, al día siguiente de que fanáticos encapuchados quemaran allí una bandera de Haití, profundiza las preocupaciones sobre las consecuencias de la siembra de odio y estigmatizaciones. Sin siquiera haber identificado a la víctima, ni a sus presuntos victimarios, la Policía atribuyó el crimen a otros dos haitianos con la supuesta intención de robarle. El Centro de Formación Agraria de Santiago (CEFASA), una institución religiosa, fue más rápida que la policía al identificar a la víctima el jueves como Claude Jean Harris, un pacífico limpiabotas de 22 años, que según su esposa se llevaba bien con todo el mundo.

Hay razones para temer que estemos ante la primera víctima mortal del discurso del odio puesto en marcha en las últimas semanas. Si era para robarle, no se explica que lo ataran de pies y manos y que luego de matarlo a golpes lo colgaran en una plaza pública, frente al principal hospital de Santiago, en una zona de mucho tráfico. Las preocupaciones son tan lógicas que el Jefe de la Policía Nacional acudió al escenario el jueves y dispuso que una comisión especial investigue a fondo.

El general Manuel Castro Castillo ya llevaba una semana investigando personalmente el asalto a la residencia del embajador de Haití, Fritz Cineas, ejecutado a media mañana, cuando un grupo de cinco personas golpeó al guardián, amordazó a la trabajadora doméstica y cargó con dos cajas fuertes. No se puede descartar el robo como móvil, pero vale la pregunta de si un solo policía es suficiente para esa residencia.

Debe asumirse que la actuación personal del jefe policial partió de la instancia superior del Gobierno. También porque el canciller Andrés Navarro dijo el jueves que aparentemente hay sectores empeñados en dañar las relaciones con Haití, cuando hace unos meses el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo proclamó una nueva era en los vínculos bilaterales. Y es posible que haya fragmentos sociales empeñados en marchitarlos.

Mientras los investigadores policiales esclarecen suficientemente esos acontecimientos recientes, sigue siendo un imperativo que toda la sociedad, dominicana, encabezada por sus máximas autoridades, y por sus orientadores espirituales, reclame con firmeza un alto al discurso necrófilo, de odios, estigmatizaciones y exclusiones.

 

Un llamado a parar la siembra de odios

Por Juan Bolívar Díaz
08_02_2015 HOY_DOMINGO_080215_ El País12 A

Más que por temor a perder la vida, la denuncia de cuatro periodistas sobre incitaciones a matarlos, expresadas en plazas públicas y por medios de comunicación, es una apelación al Gobierno y a los sectores responsables para concertar un esfuerzo que detenga la siembra de odios y estigmatizaciones que podría generar una gran tragedia.

Es alentadora la respuesta de innumerables instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que han enfrentado a minorías fanatizadas, planteando que lo que está en juego es el respeto a derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a los principios básicos del orden democrático, pero preocupa el silencio de las autoridades.

Ofensiva sin precedente. El periódico HOY lo planteó en su editorial del martes: “Nunca en este país, ni siquiera en épocas de oscurantismo, el fanatismo había llegado al extremo de llamar pública y abiertamente a matar periodistas por estos defender sus criterios con el derecho y la libertad que les garantiza la Constitución”.

La incitación a matar a “los Huchi Lora, Roberto Cavada y Juan Bolívar Díaz”, pronunciada ante cámaras de televisión y en un acto público en ocasión de la festividad del natalicio del fundador de la República, fue una expresión más del fanatismo que se está cultivando a nombre de un extremo nacionalismo, que podría llevar a personas desequilibradas a actos que pueden desembocar no solo en agresiones y asesinatos sino en tragedia de graves repercusiones internacionales.

La agresiva campaña comenzó para la festividad de la Restauración de la República en 2013, cuando ante el Altar de la Patria un grupo encabezado por el escritor Manuel Núñez y la comentarista Consuelo Despradel gritó la consigna de “muerte a los traidores”, identificando a varios de los periodistas que han defendido derechos humanos.

Tres meses después se ordenó la impresión de tres millones de volantes en los que se caricaturizaba a Lora y Díaz, como supuestos traidores a la patria, los que una editora se negó a imprimir.

Se presentó a las autoridades judiciales copias de los volantes que serían lanzados desde el aire y la orden de impresión por 390 mil pesos de la empresa RB Publicidad.

Lo que motivó la denuncia del lunes 2 fue el paso que dieron los promotores de muerte al acosar a los periodistas Amelia Deschamps y Roberto Cavada, a quienes individuos siguieron en dos supermercados diferentes, insultándolos y advirtiéndole que los matarían lo mismo que a Huchi y Juan Bolívar.

Los verdaderos ideólogos. El principal ideólogo de la campaña de muerte es la Fuerza Nacional Progresista, un partido aliado al Gobierno que en la última elección le aportó 0.62 por ciento de los votos, en especial su diputado por herencia Vinicio Castillo Semán, quien a través de un programa diario de televisión, en un periódico digital y por las redes electrónicas difunde calumnias y estigmas contra los que consideran traidores a la patria.

Los Castillo son promotores de una denominada Red por la Defensa de la Soberanía Nacional y una Fundación por la Soberanía, cuyo fervor nacionalista se ha reproducido en algunos núcleos en el interior del país, como el Movimiento Patriótico Independiente (MPI), que convocó la manifestación del 25 de enero en un parque de Santiago a la que asistió una veintena de personas.

En un volante distribuido el viernes en Santiago cuando la procuradora fiscal interrogaba a Díaz Estrella, se sostiene que “la nación está siendo agredida con la complicidad del Gobierno traidor, cobarde y boschista de Danilo Medina”.

Formulan una mezcolanza, afirmando que el Gobierno está “guiado por los imperialismos yanqui y europeo, por la Iglesia Católica-Vaticano y demás sectas religiosas, y los gobiernos cubano, venezolano y argentino”, junto a los comunicadores dominicanos traidores a la patria.

También ante el Altar de la Patria el Día de Duarte, se escucharon gritos de “Danilo traidor a la patria” y de “muerte a los traidores”.

Díaz Estrella, quien arrastra una condena por homicidio involuntario en ejercicio de la medicina, es un viejo militante del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo) al igual que uno de sus abogados, Jorge Mora, y varios de sus miembros. Ese grupo político generó confrontaciones con otros de la izquierda con balance de varios muertos en la década del setenta.

Pero es significativo y preocupante que jerarcas de la categoría del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y el arzobispo cardenal López Rodríguez coincidan con los núcleos nacionalistas en denunciar una supuesta conspiración contra la soberanía nacional, como hicieron el Día de Duarte.

No al discurso del odio. Decenas de organismos nacionales e internacionales, partidos y dirigentes políticos, de periodistas, de derechos humanos, sindicales, religiosas y sociales de todo género se han manifestado en solidaridad con los periodistas amenazados, pero llama la atención el silencio de las autoridades y del partido de Gobierno y sus dirigentes.

El presidente Medina instruyó al Jefe de la Policía Nacional para investigar la denuncia y envió al ministro de Interior y policía y al titular de la Dirección Nacional de Investigaciones a ofrecer protección a los denunciantes.

El periodista Díaz agradeció ambos gestos, pero dijo que prefería ver al Presidente desautorizando y condenando las incitaciones públicas a matar y el discurso del odio, como han hecho recientemente la premier alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Francois Hollande, antes y después del grave atentado terrorista de enero en París, rechazando firmemente los discursos del odio tanto de los fundamentalistas como de grupos ultranacionalistas que promueven la xenofobia.

Al igual que el Papa Francisco, esos mandatarios han defendido los derechos de los inmigrantes y sus descendientes y los aportes que hacen a sus economías. Merkel fue tan lejos como encabezar, junto al presidente alemán, Joachim Gauck, una manifestación contra los odios y exclusiones en la histórica Puerta de Brandeburgo el 13 de enero.

Enlutado por la docena de muertos en París, Hollande, empero, proclamó que “los musulmanes son las primeras víctimas del fanatismo”, desligándolos de responsabilidad en el terrorismo yihadista.

Entre las múltiples muestras de condenas a la incitación a matar periodistas dominicanos, resalta la del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que gastó cientos de miles de pesos para publicar un enérgico comunicado en todos los diarios nacionales dándose por conmocionado por las incitaciones a matar periodistas.

Formuló un “llamado de alerta a las autoridades y la clase política para que pongan en marcha acciones que promuevan la concordia, la unión, la tolerancia y la fraternidad en nuestra sociedad, así como a interponer sus buenos oficios para que se depongan actitudes extremas”.

La fobia antihaitiana

La denuncia de los cuatro periodistas, Deschamps, Lora, Cavada y Díaz advierte de una ofensiva encaminada a callarlos y contra la libertad de prensa, promovida por un grupo político cuyos intereses y negocios ellos han afectado con denuncias como la frustrada estafa de terrenos estatales en Bahía de las Aguilas, los fraudes bancarios y el oneroso contrato de los rayos X para los puertos.

Pero no hay dudas que la fobia antihaitiana es una de sus más fuertes motivaciones, y de ahí los ataques a todos los periodistas, articulistas y dirigentes sociales que han rechazado la desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares que habían sido registrados como dominicanos. En las últimas semanas han puesto en Internet una “galería de mercenarios”, con las fotografías de diez de los dirigentes del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas. Ahí también aparece Díaz y la antropóloga y comentarista de televisión Ana Selman, el director del Centro Bonó, Roque Félix, los economistas Miguel Ceara Hatton y Pavel Isa, el sacerdote Mario Serrano, el artista Víctor Víctor, la sindicalista Eulogia Familia, el sociólogo Wilfredo Lozano y el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez.

En un artículo publicado esta semana titulado “El masacre se pasa a pie; la masacre no”, Melvin Mañón rememora la matanza dominicana de haitianos en 1937 y sostiene que la fobia antihaitiana está promoviendo otra con una serie de acciones y saturación de odio a través de medios de comunicación. Y justo esta misma semana un guardián disparó hiriendo a seis haitianos que reclamaban salarios vencidos en una construcción estatal.