La frontera se nos cae a pedazos

A2Por Juan Bolívar Diaz

            Cada vez que he podido caminar por las provincias fronterizas tengo la misma sensación de descubrir un mundo realmente macondiano, donde no alcanzan los adjetivos para describir el inmenso drama de pobreza y abandono, de donde huyen todos los que pueden, relevantemente la población más joven que escucha decir que este ya es un país de clase media, lo que por cierto se traduce en reducción de los programas asistenciales internacionales.

Llego siempre a la misma conclusión: que los políticos, comentaristas y  periodistas viven muy alejados de la realidad nacional, y lo vacío que es el discurso antihaitiano, y los ímpetus ultranacionalistas que buscan tras la frontera explicaciones pueriles a nuestras carencias, irresponsabilidades y hasta miserias y que pretenden que la contención de la inmigración es asunto de arengas radiofónicas y televisivas.

La República se nos está derrumbando en la zona fronteriza, más parecida a Haití que a las prosperas regiones del Cibao y, desde luego, muy distante del Nueva York chiquito del polígono central de Santo Domingo. Quien quiera comprobar la enorme disparidad tiene que darse un viaje por el tramo fronterizo que integran Pedernales, Independencia, Bahoruco y Elias Piña, donde muchos pueblos y parajes parecen arrancados de la madre patria Africa.

Entre el 30 de abril y el 7 de mayo la exquisita periodista Leonora Ramírez publicó una serie de reportajes sobre las provincias fronterizas, que seguramente pasó desapercibida para gran proporción de los lectores de este diario HOY, y otros no lograron hacerse una clara representación de sus alcances.

Las cifras oficiales establecen que en la provincia Elías Piña el 83% de la población vive en la pobreza, la mitad en pobreza extrema, con 63 % desocupados, y que tiene municipios como Guananico y Juan Santiago, donde 9 de cada 10 habitantes viven bajo el agobio de la pobreza. En Bahoruco y Pedernales los niveles de pobreza con del 75%, y del 73% en Independencia, con poblaciones como Boca de Cachón con 80% de pobres, o Cabeza del Toro donde el 62% vive en extrema pobreza.

Escapa un poco a esos niveles de miseria la provincia de Dajabón, dónde “sólo la mitad de la población es pobre”, por tener el mayor mercado fronterizo, ese que algunos desaprensivos gritan que deben cerrar cada vez que se presenta algún incidente con los vecinos. A lo largo de la franja fronteriza el intercambio binacional es fundamental, tanto que en Pedernales hubo que apresurare a levantar el cierre del mercado binacional hace par de meses tras graves incidentes.

Pero las cifras no son suficientes. El que quiera conocer la honda y golpeante realidad tiene que caminar por esos poblados fronterizos, más allá de las cinco o seis grandes poblaciones, para ver cómo se le caen las alas del alma. Los colmaditos con algunos productos imprescindibles, sin energía eléctrica la mayor parte del tiempo, sin que les llegue agua potable, y las escuelitas casi deshabitadas.

Viendo ese submundo se puede explicar que los jóvenes lo abandonen y lo dejen dependiendo de la mano de obra haitiana para cualquier pequeño o mediano emplazamiento agrícola, casi de subsistencia todos. En Oviedo hace 8 años levantaron un liceo secundario que no ha podido ser utilizado porque sus vicios de construcción no garantizan seguridad. Nadie ha salido responsable ni parece que haya prisa en sustituirlo. Total, que la mayoría de sus potenciales alumnos ya levantaron vuelo hacia la civilización.

En Boca de Cachón el actual gobierno desarrolló un proyecto habitacional modelo para albergar a 600 familias damnificadas de la crecida del Lago Enriquillo, pero no les han entregado  las tierras y animales para producir, lejos de las otras poblaciones, sobreviven en sus estanques de miseria, con viviendas de bloques y edificaciones comunitarias, pasando hambre, sin energía ni agua potable, a la buena de Dios y por obra y gracia del Espíritu Santo.

A la frontera alguna vez el verdadero nacionalismo, la racionalidad y la sensibilidad tendrán que echarle una mirada, cuando dejemos de pasarnos la vida discutiendo miserias políticas y exhibiendo impúdicamente las carencias institucionales. Ojalá que sea pronto que dejemos de hablar tantas pendejadas y nos ocupemos de los problemas fundamentales.-

La JCE debe esclarecer el nuevo padrón


Por Juan Bolivar Diaz

 

La Junta Central Electoral (JCE) debería hacer un esfuerzo para responder algunas inconsistencias registradas en el crecimiento del padrón electoral a regir en las elecciones generales de mayo próximo, que se consignan en el segundo informe de observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana del pasado día 8.

No se encuentran explicaciones a la abrupta caída del crecimiento del total de los empadronados y en especial de los nuevos electores, en relación a los tres cuatrienios anteriores, como tampoco a la categoría de “ciudadanos con biométricos validados” que la JCE cifra en 207 mil 977.

Padrón con último ajuste. Al cierre del padrón electoral el pasado 16 de enero para los comicios de mayo, la JCE reportó un total de 6 millones 765 mil 136 inscritos, ajustados en otro informe del 11 de febrero, cuando suprimió 63 casos de doble inscripción, por lo que queda definitivamente en 6 millones 765 mil 073 electores, con ligera predominancia de las mujeres, el 50.84 por ciento, quedando los hombres en 49.16 por ciento.

Los electores dominicanos están registrados para votar en 15 mil 339 colegios o mesas electorales, ubicadas en 4 mil 158 recintos. Geográficamente hay una gran concentración, el 41.83 por ciento, en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago. Y alcanza a las dos terceras partes, 67.25 por ciento, cuando se le adicionan los 5.68 por ciento del exterior del país, el 5.52 y el 4.22 por ciento de las provincias San Cristóbal y La Vega. La mayor jurisdicción provincial es Santo Domingo que con 1 millón 397 mil 104 electores, el 20.85 casi duplica el DN, que tiene el 10.84 y a Santiago con el 10.34 por ciento, con 733 mil 486 y 699 mil 424 respectivamente.

Por municipios el mayor es el DN con sus 733 mil 486 electores, seguido de Santo Domingo Este con 592 mil 660 y Santiago que registra 489 mil 670. En orden descendiente siguen los Santo Domingo Norte y Oeste, La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos y San Pedro de Macorís.

El 5.68 por ciento del padrón correspondiente a 26 países, se concentra en 71 por ciento en Estados Unidos y el 17 por ciento en España, seguidos de las Antillas Menores, Italia, Panamá, Suiza, Venezuela y Holanda, que registran el 11 por ciento, y los restantes 18 países no llegan entre todos al 2 por ciento.

Caídas en crecimientos. Ya lo habíamos advertido el 17 de enero en el artículo “El padrón electoral queda corto”, pero Participación Ciudadana lo contextualizó y formuló interrogantes: el crecimiento se redujo en términos significativos, tanto del total de habilitados para votar, como de los nuevos electores.

El total del padrón del 2016 sólo supera al del 2012, que fue de 6 millones 502 mil 968 electores, en 262 mil 168, es decir, en apenas 4.03 por ciento, cuando el incremento fue del 12.81 para el 2012, de16.02 en el 2008 y de 16.87 por ciento en el 2004, en todos los casos en relación a los cuatrienios anteriores, cuando fue de 717 mil, 796 mil y 738 mil electores adicionados.

Con sólo un 11 por ciento de crecimiento en el último cuatrienio, el padrón del 2016 hubiese tenido un incremento cercano a los anteriores, más de 715 mil, para totalizar sobre los 7 millones 218 mil electores, una diferencia sobre 511 mil.

Lo que más llama la atención es que los nuevos electores que registra la JCE apenas sumen esta vez 351 mil 044, menos de la mitad de los que se registraron en cada uno de los tres cuatrienios anteriores. Esta cifra se complica cuando un informe de la JCE del 28 de abril del 2015 ya registraba 662 mil 313 “nuevos electores”, lo que implica que se incrementaban en promedio de 220 mil por año, proporción congruente con los registros de los 12 años anteriores, lo que debió llevar los nuevos a unos 882 mil en mayo del 2016. El déficit en relación al actual sería entonces de 531mil.

Un renglón fantasma. El balance del padrón se complica todavía más porque en los informes de este año la JCE ha incluido un nuevo renglón, “ciudadanos con biométricos validados”, que suman 207 mil 977, y que no ha sido posible esclarecer. Dos miembros titulares de la JCE no han podido explicarlo y su dirección de comunicaciones de la JCE no ha respondido llamadas.

Se dijo que podrían ser parte del déficit de los nuevos electores, o de los que quisieron renovarla, y les tomaron las huellas y fotografía, pero no han vuelto a retirar las cédulas, en lugares donde no se entregaban de inmediato. Pero están contados en el padrón y la JCE había dicho que quedarían excluidos del mismo quienes no renovaran la cédula antes del cierre del plazo que venció el 16 de enero. Si así era con los que ya tenían cédula, con más razón deberían excluir a los nuevos solicitantes, o dejar a los otros también.

Por demás, se supone que a todo el que se otorgó una cédula, nueva o renovada, se le validaron previamente sus datos biométricos, razón por la que el renglón debería explicarse por sí mismo, sobre todo cuando esos más de 207 mil representan el 60 por ciento de los 351mil que figuran como “nuevos inscritos mayores de edad”. Y no es razonable que 6 de cada 10 jóvenes que solicitaron la cédula por primera vez se hayan desentendido de buscarla.

Se buscan explicaciones. Se ignora si alguno de los partidos ha registrado las abruptas reducciones del crecimiento del padrón electoral en general, y de los nuevos electores en particular, y si han pedido explicaciones a la JCE. El coordinador de Participación Ciudadana dijo que sí lo hicieron, pero hasta el viernes no habían recibido respuesta.

No hay razón demográfica que explique una reducción tan brusca de los nuevos electores. La tasa de crecimiento poblacional dominicana ha disminuido casi a la mitad en las últimas décadas, pero progresivamente, y como quiera aumentaba el padrón entre 13 y 17 por ciento en cada cuatrienio.

Es posible que una parte del déficit sea debido a un subregistro de los fallecimientos, que deberían ser más de los 26 mil 677 que excluyó la JCE del padrón desde el 2012. Los difuntos no podían renovar su cédula.

Otro factor que pudiera haber reducido las renovaciones de la cédula sería la emigración, pero esta no parece haber sido mayor que en los cuatrienios anteriores. Y por cierto que los empadronados fuera del país pasaron de 328 mil 649 a 384 mil 522, es decir con incremento de 55 mil 873, justo el 17 por ciento.

Excluidos y auto-excluidos.
Una parte del déficit del padrón pudiera constituirlo la población de origen haitiano a la que se ha privado de documentación, que no pudieron renovar la vieja cédula ni obtenerla al llegar a la edad reglamentaria en los últimos dos cuatrienio. La exclusión por parte de la JCE comenzó en el 2007.

Esa sería una razón para que el organismo no tenga interés en transparentar todo lo concerniente al padrón electoral, para reducir el escándalo internacional. Hace ya varios meses que se atribuye a un interés electoral la dilación en restituir la documentación a los 55 mil que la propia JCE identificó como beneficiarios de la ley 169-14 que enmienda parcialmente la sentencia que privó de la nacionalidad a decenas de miles de dominico-haitianos. Tanto el embajador norteamericano como el sistema de las Naciones Unidas habrían expresado preocupación al respecto, ante el presidente de la República y al de la JCE.

Parte del déficit sería la recurrente autoexclusión de una parte de la población dominicana indigente, alejada de las actividades ciudadanas y sin interés por obtener o renovar cédula de identidad, pero no puede ser mayor que en los cuatrienios anteriores.

Pero por encima de todo, lo que más urge aclaración de la JCE es la tremenda incongruencia entre su informe de abril del 2015 que cuantificaba los “nuevos electores” en 662 mil 313 y el último de este febrero que dice que los “nuevos inscritos mayores de edad” son 351 mil 044. Mucho ha avanzado el organismo rector de los comicios en la organización del registro electoral para que ahora deje sombras que pudieran generar conflictos y dudas.-

¡Cuánta irresponsabilidad en Haití!

Por Juan Bolívar Díaz
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Causa profunda pena comprobar una vez más que Haití, la primera nación que se liberó de la esclavitud en el mundo y la primera en alcanzar la independencia en América Latina, sigue dando tumbos sin encontrar siquiera un camino de mínima estabilidad institucional, manteniendo una fragmentación propia de la época tribal, que ha tenido su última expresión en el fracasado proceso electoral que debió culminar en la instalación de un nuevo gobierno el próximo 7 de febrero.

Con algún esfuerzo puede entenderse que esa sociedad, originaria en gran medida de un continente que todavía hoy tiene escasas expresiones de instituciones democráticas, no haya podido encontrar el camino de la más elemental concertación en aras de los principios de la libertad, la fraternidad y la igualdad de los seres humanas legados por la revolución francesa que incentivó la emancipación haitiana a finales del siglo 18.

 Es cierto que toda América Latina, incluyendo relevantemente a la República Dominicana, ha dado mil tumbos, entre dictaduras, intervenciones militares y políticas externas y acendrados caudillismos tiránicos, y que todavía apenas la mitad pasaría una rigurosa prueba de institucionalidad democrática. Pero lo de Haití parece ser una desgracia infinita y sin tregua.

Sólo evaluar que cuando se convocó el recién frustrado proceso electoral se registró más de un centenar de partidos y 52 candidatos a la presidencia genera asombro e incredulidad. Porque a la minoría gobernante se le ocurrió establecer que bastaba el respaldo de una veintena de ciudadanos para registrar un partido. Fue una apuesta a la mayor fragmentación posible para reinar en medio del caos político-social.

La historia de Haití es una crónica de incapacidades y primitivismo político, pero también de graves irresponsabilidades y abusos de poderes transnacionales, como el de Estados Unidos que intervino militarmente tres veces ese país durante el siglo pasado, auspiciando tiranías a la medida de sus intereses. Y cada vez que el pueblo pareció recuperar el protagonismo, apareció el gendarme para restaurar la imposición.
Esa etapa ha venido siendo superada en la región, pero no en Haití, donde hace 22 años se produjo el último desembarco de tropas norteamericanas, y hace doce años opera una Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (MINUSTAH), creada por la Resolución 1542 del Consejo de Seguridad de la ONU, con la encomienda de ayudar a reestructurar la Policía Nacional, prestar asistencia mediante programas integrales y a largo plazo de desarme y reinserción, contribuir a mantener el estado de derecho y la seguridad pública, apoyar el proceso político y constitucional en la tarea de organizar, supervisar, y llevar a cabo elecciones municipales, parlamentarias y presidenciales libres y limpias, y proteger los derechos humanos.

Sería injusto pretender que no ha habido algunos logros, pero la MINUSTAH ha tenido que ser prorrogada en seis ocasiones, con más de ocho mil funcionarios militares, policiales y civiles de 14 países latinoamericanos y de otras 34 naciones de cuatro continentes, incluyendo a Estados Unidos, Canadá, Francia, España y Rusia.

 ¡Qué mala suerte la de Haití! Todos esos poderes y las Naciones Unidas no han podido todavía conseguir siquiera la conformación de una comisión electoral independiente del gobierno y las ambiciones continuistas que garantice la organización y celebración de unas elecciones mínimamente legítimas, frente a un gobierno que no tiene ejército, encabezado por alguien que hasta hace cuatro años era un cantante con la virtud de enseñar el trasero.

Ahora que las masas vuelven a adueñarse de las calles y se ha desintegrado la comisión electoral que auspició otro fraude electoral, los poderes interventores, incluyendo a las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, se rasgan las vestiduras y apelan a una sensatez soñada. ¡Ojalá que algún día logren siquiera una elección transparente. O que la impongan! En este caso sería un mal menor. !Qué pena que los dominicanos no podamos ayudar a esta tarea, que tanto nos convendría!

Se imponen los esfuerzos de concertación con Haití

Por Juan Bolívar Díaz
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El diálogo dominico-haitiano reiniciado esta semana con la reunión en Barahona de los dos presidentes de la isla se corresponde con una creciente convicción de que no hay mejor alternativa para solucionar los diferendos que afectan las relaciones entre las dos naciones de la isla.

Se requieren mayores esfuerzos para evitar que los radicales sembradores de odios y confrontaciones aborten la decisión del presidente Danilo Medina de reabrir el diálogo binacional, alentado en los últimos días por sectores empresariales, sociales y religiosos convencidos de que se impone la racionalidad en las relaciones binacionales.

Inicio de la distensión. La reunión del pasado martes 13 de los presidentes Danilo Medina y Michel Martelly marca el inicio de la distensión diez semanas después que el Gobierno dominicano rechazara la mediación de la Organización de Estados Americanos en los diferendos migratorios entre los dos países.

La tensión se agravó a mediados de septiembre cuando el Gobierno haitiano dispuso que 23 productos de exportación dominicanos solo entren a su territorio por vía marítima o aérea.

La reunión se extendió por cerca de cuatro horas, durante las cuales se acordó la normalización de las relaciones diplomáticas. Haití nombrará nuevo embajador y el dominicano, Rubén Silié, retornará a Puerto Príncipe. Se pactó también abordar las relaciones comerciales en un plazo de 15 días, dentro del cual habría una reunión de ministros y directores de aduanas. El Presidente dominicano quedó invitado a Puerto Príncipe, dependiendo del avance en las negociaciones.

Los más radicales se han alarmado porque en ese primer encuentro no se lograra el levantamiento de la restricción a las exportaciones dominicanas por tierra, algo muy difícil que ocurra antes de las elecciones presidenciales haitianas programadas para el próximo domingo 25, ya que allá, como aquí, la confrontación no está despojada de intencionalidad de lograr cohesión interna y apoyo político. Podría depender de cómo le vaya al candidato que apoya el presidente Martelly y si hay segunda votación el 27 de diciembre.

Habrá que negociar. Los haitianos están conscientes de haber tocado un punto sensible para los dominicanos, como es el comercio, en el cual ellos solo pueden aspirar a reducir desventajas, poniendo en vigencia un acuerdo previo sobre cuestiones aduanales, al que se comprometieron, o buscando mayores recaudaciones de unas exportaciones dominicanas que en lo formal montaron a unos 1,400 millones de dólares el año pasado, y otros tres o cuatrocientos millones más en la informalidad de los mercados binacionales.

Los empresarios de Haití han dado firme apoyo a las restricciones al comercio dominicano, por un lado alentados por intereses propios de importaciones de otros mercados y por interés de que los dominicanos compensen la enorme disparidad, pues ellos solo vendieron al país el año pasado por unos 10 millones de dólares en el mercado formal. Se conocen quejas por restricciones a productos haitianos como rones y cervezas que podrían tener mercado en el país, en particular entre los inmigrantes haitianos.

Tampoco se puede ignorar que entre las peticiones haitianas acogidas en la reunión del martes 13 figuró la de una “mayor ponderación” en las repatriaciones de inmigrantes. Han reclamado la revisión de un protocolo para las deportaciones acordado en 1991, lo que ha rechazado el Gobierno dominicano, atado al discurso soberanista, adoptado por gran parte de los funcionarios y el partido de Gobierno y de la opinión pública nacional.

En cualquier caso era iluso pretender que la restricción a las exportaciones fuera levantada tan simplemente en una reunión cumbre, sin previas negociaciones, aunque el mandatario haitiano deleitara a los concurrentes con su histrionismo de cantante popular.

No pelear con buen cliente. Recientemente Juan Vicini Lluberes, uno de los promotores del Consejo Económico Binacional Quisqueya, que planifica multimillonarias inversiones en la frontera, lanzó la toalla a las autoridades de Haití, al expresar su comprensión de que ellas pretendan mayores recaudaciones de un comercio tan favorable a los dominicanos. Y esta semana otro gran empresario, Pepín Corripio, advirtió que “no es inteligente pelearse con un buen cliente”.

Aunque visualiza las limitaciones políticas, y considera desafortunada la restricción haitiana, Corripio plantea que “la única solución, para no ser utópico, a pesar de que hay oposición a ello, es seguir hablando con el Gobierno haitiano para que nos digan qué es lo que verdaderamente quieren”, consciente de que en toda negociación hay concesiones.

Fuentes bien informadas aseguran que el presidente Medina entiende la necesidad de retomar el diálogo con Haití por encima de la algarabía de los radicales nacionalistas que pregonan la confrontación. El escenario internacional también lo recomienda. La próxima semana la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) celebra aquí un evento sobre integración regional, sin que garantizaran la participación de la Comunidad de Estados Caribeños (CARICOM) que reúne 14 países, incluyendo a Haití.

Para tener éxito cuando en enero el país asuma la presidencia de la CELAC, habrá que mejorar las relaciones con el bloque caribeño, lo que pasa por un diálogo constructivo con Haití. Más porque en mayo sesionará aquí la Asamblea de la Organización de Estados Americanos.

La Iglesia alienta el diálogo. Inspirados en la exhortación que les hizo el Papa Francisco en su reunión de mayo pasado, los obispos dominicanos vienen asumiendo la defensa del diálogo y la solidaridad entre los dos países de la isla. Primero lo hizo la Comisión de Pastoral Migratoria de la Conferencia del Episcopado Dominicano, luego los obispos de Santiago, San Francisco de Macorís y San Juan de la Maguana, Freddy Bretón, Fausto Mejía y José Dolores Grullón.

Esta misma semana se produjo un encuentro de dos días entre los obispos dominicanos y haitianos de las diócesis fronterizas, tres de cada lado y sus responsables de pastoral migratoria, que concluyó bendiciendo la reunión de los presidentes Medina y Martelly, “aguardando extenderles el saludo a medida que los dos países fructifiquen en el justo diálogo bilateral con respeto mutuo y sin injerencia foránea”.

El editorial del periódico católico Camino de este domingo extendió un manto de amparo a la cumbre presidencial del martes, proclamando que “llega en un momento oportuno, para evitar que sigamos alimentando el desencuentro y el odio, cuando lo esencial es aprender a convivir con respeto buscando alternativas que permitan a cada nación crecer…”. Con relación al encuentro de los obispos fronterizos, el periódico del Episcopado expresó su esperanza de que “sirva de ejemplo” a los sectores políticos binacionales “para que comprendan que juntos podemos encontrar salidas esperanzadoras a los problemas que padecen ambas naciones”.

Mientras tanto entre consorcios de organizaciones sociales e intelectuales de ambos países se encaminan esfuerzos buscando aislar la confrontación para que predomine el entendimiento entre las dos naciones de la isla.

Urge recuperar la racionalidad

 Por Juan Bolívar Díaz

Ante el país más pobre en términos económicos sociales y el más atrasado en la institucionalidad democrática del continente, los dominicanos nos comportamos con la mayor prepotencia, como si fuéramos la Suiza caribeña, a pesar de nuestras carencias que en los mismos órdenes están muy por encima del promedio americano. Como si quisiéramos compensar y ocultar nuestras debilidades.

El anti haitianismo alcanza dimensiones tan altas que nos mostramos incapaces de adoptar posiciones racionales ni siquiera cuando están en juego intereses vitales, como unas relaciones comerciales con un desbalance a nuestro favor sin parangón en el mundo contemporáneo. El Ministro de Industria y Comercio dijo que el año pasado la balanza comercial formal con Haití fue de 1,400 millones de dólares exportados contra 10 millones de importaciones, desproporción difícil de igualar en el mundo. Es probable que en el intercambio comercial informal a través de los mercados fronterizos, el desbalance no sea tan pronunciado, pero sigue siendo de mucho a poco a favor de los productores y exportadores dominicanos, con estimados de otros tres o cuatrocientos millones de dólares.

Como el avestruz nos empeñamos en ocultar la cabeza en la arena para no ver ni interpretar los signos del vecino, a quien subestimamos hasta el grado de creer que no tienen capacidad para reaccionar ante nuestra prepotencia, a nombre de una soberanía que las relaciones internacionales han reducido no sólo en materia de derechos humanos, sino   también de comercio, medio ambiente, derechos de autor y muchos otros ámbitos.

No hay dudas que la última decisión del gobierno haitiano que impide el ingreso de 23 renglones industriales dominicanos a través de la frontera terrestre, estableciendo que tendrán que llegar por aire o mar, obedece a intereses políticos y económicos, y a una contraofensiva por nuestro manejo migratorio, favorecida por la prepotencia con que se ejecutó el reciente paro de los transportistas dominicanos, como si nos hicieran un favor al permitirnos venderles nuestros productos.

Es una decisión basada en intereses políticos, a semanas de una elección presidencial tan indefinida que Estados Unidos ha pedido que no sea postergada. El anti dominicanismo se ha utilizado políticamente en Haití para enfrentar al “enemigo externo”, como el anti haitianismo aquí.

El respaldo que han dado los empresarios haitianos a la limitación al transporte de las mercancías implica también que hay intereses económicos de por medio. Se ha dado cuenta hasta de soborno al propio presidente Martelly. Pudieran estar abriendo espacio a negocios propios, más de importación que de producción, o ambos a la vez. Aunque en lo inmediato puedan ocasionar perjuicios a sus consumidores. Los más pobres terminarán pagando la ambición empresarial y política.

Pero en cualquier caso, el meta mensaje de los haitianos es que ellos también pueden ejercer soberanía, aunque lesionen principios del comercio internacional. Y están diciéndonos que ambos pueblos pueden perder si predomina la confrontación.

Los acontecimientos aconsejan que recuperemos la racionalidad en las relaciones binacionales, que nunca abandonemos la conversación y nos convenzamos de que es la única forma de afrontar las diferencias y conflictos, por más complicados que parezcan. Los presidentes de Colombia y Venezuela acaban de dar ejemplo de concertación, apenas un mes después de disposiciones migratorias y una dura confrontación verbal.

El mercado haitiano es vital para la producción nacional, industrial y agropecuaria, lo que implica miles de empleos de dominicanos. La racionalidad obliga a negociaciones para reservarlo, sobre todo cuando Haití está mejorando su infraestructura portuaria y aeronáutica, lo que le abriría posibilidades de diversificar sus proveedores. Ojalá que no perdamos la mayor ventaja que tenemos frente a la pobreza haitiana para quedarnos solo con la carga migratoria, que siempre será difícil, como en todas las fronteras del mundo.-

El Consejo Binacional Quisqueya

Por Juan Bolívar Díaz

23_08_2015 HOY_DOMINGO_230815_ Opinión9 A

En medio del océano de incomprensiones, descalificaciones y exclusiones que en los últimos dos años han caracterizado las relaciones domínico-haitianas, lo más reconfortante y positivo ha sido el lanzamiento del Consejo Económico Binacional Quisqueya, un ambicioso proyecto de inversiones que tiene como meta la creación de decenas de miles de empleos en la línea fronteriza.

Es satisfactorio escuchar el entusiasmo con que grandes inversionistas dominicanos, asociados con colegas haitianos, han emprendido este proyecto, convencidos de la urgente necesidad de reordenar las relaciones bilaterales y de que no hay mejor forma que invirtiendo para producir bienes y generar empleos.

Desde el comienzo se trata de una alianza entre grandes empresarios de las dos naciones, abierta a la participación de todo el que quiera generar riqueza. No se trata de una obra de beneficencia, sino de importantes inversiones para generar beneficios económicos, sociales y políticos. Legítimas ganancias para los inversionistas, pero generando desarrollo social llamado a estabilizar instituciones.

En cuatro áreas de las comunidades fronterizas de ambos lados se proyectan inversiones para industrias, turismo, generación eléctrica y producción agropecuaria y artesanal y para infraestructuras portuarias. Se proyectan inversiones por etapas de miles de millones de dólares, aprovechando, en parte, incentivos que ha acordado Estados Unidos para ayudar al desarrollo de Haití y que ya ha favorecido instalaciones industriales de zona franca en Juana Méndez, promovidas por el Grupo M que preside Fernando Capellán.

La positividad y el éxito económico social de Juana Méndez está a la vista de todo el que quiere ver, con la transformación de esa comunidad haitiana por efecto de la creación de unos 7 mil empleos, y el consiguiente incremento del comercio y la cooperación bilateral. También ha sido muy positivo el proyecto agrícola promovido por Manuel Castillo en la zona fronteriza de Elías Piña, donde miles de hectáreas han sido reforestadas con la siembra de aguacates para exportación, generando un millar de empleos.

La creación de empleos y de oportunidades de vida es fundamental para estabilizar la frontera, donde la miseria de enseñorea en poblados fantasmas sin electricidad ni agua potable y escuelas apenas elementales, de donde huye aceleradamente cualquier joven que tenga mínimas expectativas de progreso.

Todavía hace poco más de un año nos quejábamos de que los empresarios dominicanos no tuvieran relaciones de cooperación y entendimiento con sus colegas haitianos. Una iniciativa universitaria de Miami los reunió y en poco tiempo se ha comprobado su alta positividad.

No habría que recordar lo que todos sabemos de sobra; la pobreza material e institucional de Haití es mucho mayor que la nuestra. El comercio bilateral que envuelve formalmente poco más de mil millones de dólares anuales y otros 500 millones en la informalidad, beneficia a los dominicanos en proporción de 10 a uno. Miles de dominicanos viven de la producción que se exporta hacia Haití en un mercado que deben desarrollar y conservar. Las inversiones dominicanas han penetrado profundamente hasta ciudades de la vecina nación. Empresas constructoras hacen también buenos negocios allí.

El Consejo Binacional Quisqueya cuenta con la cooperación de los dos gobiernos y está llamado a abrir puertas al entendimiento. Como estaremos en la isla para siempre, lo mejor que puede ocurrirles es la cooperación y la solidaridad. Hay que felicitar a los promotores del proyecto, en la esperanza de que no se dejen chantajear por radicalismos, ni se atemoricen por la confusión o el odio que tanto abundan por estos predios de Dios.

 

“De las tensiones a la concordia”

Por Juan Bolívar Díaz

09_08_2015 HOY_DOMINGO_090815_ Opinión9 A

Como tuvo escasa difusión el documento emitido el 31 de julio por la Comisión Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que encabeza el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, vale reproducir sus párrafos fundamentales, asumiendo este llamado a la cordura como consecuencia de la exhortación del Papa Francisco a los obispos dominicanos para que sean solidarios con los sufrimientos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes en el país, en especial de “quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”:

“En el espectro actual de las tensiones Haití-RD convergen factores bilaterales y peligrosos factores extra-insulares. Sin obviar las responsabilidades propias de los dos (2) países que comparten la isla, la Comisión Nacional de Pastoral de Migrantes hace un llamado a la concordia, para que se retome el diálogo, en un clima de transparencia y respeto mutuo, ejerciendo la voluntad política de Estado que permita avanzar en el proceso iniciado con el PNRE=Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y para dirimir cualquier dificultad que pudiera obstruir las relaciones de convivencia pacífica.

“Felicitamos los esfuerzos que han coadyuvado a la inscripción de 288,466 solicitudes de irregulares, 55,000 actas revalidadas que le devuelve su condición de dominicano y dominicana a igual número de nacidos y nacidas en RD. Nos congratulamos con el hecho de haberle concedido a una parte considerable de los cañeros su documento de residencia, y con la entrega de los carnets a los del PNRE.

“Reiteramos nuestra preocupación por la suerte de los miles -hijos e hijas de ascendencia haitiana-, nacidos y nacidas en RD, clasificados como grupo B (acorde a la Ley RD de Naturalización #169-14). Esta gente vulnerable, indefensa, empobrecida e indocumentada, espera por una solución justa, que le identifique como personas documentadas para la garantía de sus prerrogativas, con pleno ejercicio de ciudadanía.

“No se felicita la negligencia, indolencia e indiferencia de autoridades, sean estas haitianas o dominicanas, que dilatan y obstruyen el proceso de documentación para con los migrantes desprovistos de recursos y que confrontan dolorosos obstáculos, al momento de diligenciar sus papeles para inscribirse y completar sus expedientes.

“Ante el espectro crítico de las actuales tensiones entre los dos países (Haití-RD), a la luz de la palabra bíblico-profética del Profeta Baruc (Ba. 2,12-13; 3,9-11.14.20; 4,2-4) exhortamos y advertimos:

“1-Dotarse de Sabiduría para no encadenarse en prisiones estúpidas, saliendo de las tinieblas y caminar hacia la claridad de la luz, para que resplandezca la justicia social en toda la isla.

“2-Adoptar la prudencia que nos hace generosos en la buena vecindad, cuidando de no dejarnos provocar por intereses inconfesos de fuerzas foráneas que apuestan por la conflictividad y la enemistad de nuestros pueblos caribeños-hermanos.

“3-Evitar que una ceguera alienada ensordecida nos lleve a aventurar la ruta tenebrosa de una situación conflictiva bilateral de consecuencias imprevisibles (Pretexto-Caldo de Cultivo para los USA, que manipulan y saben usar crisis= los USA conflictos, los USA haitianos, los USA dominicanos, los USA Caribe…).

“4-Discernir, para aprender dónde está la fuerza y la inteligencia, de manera que en Haití y en Dominicana se llegue a proclamar: una nueva generación gozará de la luz del día y poblará la tierra, porque, de una vez por todas, recreados en la justicia social, todos los habitantes de la isla, con sus respectivos ordenamientos jurídicos justos, habrán alcanzado el ejercicio pleno de su dignidad. Así, entonces, toda persona migrante o no migrante, podrá saberse hijo e hija del Dios Padre que nos quiere vecinos-hermanos en nuestros respectivos países.

“5-Reinsistimos en retomar el diálogo bilateral fundado en la verdad y la justicia, no así, en falacias y mentiras. Y sobre todo, con auténtica voluntad política de Estado hacia la solución jurídica definitiva para los migrantes irregulares y los indocumentados nacidos en RD. Ejercer el diálogo comporta respeto corresponsable y capacidad soberana de autodeterminación. Así, a cada uno le toca ordenar su propia casa (sin injerencia foránea ni tutela externa).

 

El interés nacional exige racionalidad ante la crisis

Por Juan Bolívar Díaz
26_07_2015 HOY_DOMINGO_260715_ El País14 A

La crisis en las relaciones domínico-haitianas alcanzó el nivel máximo antes de la ruptura diplomática que complicaría excesivamente el panorama, justo cuando el Gobierno dominicano debería iniciar la deportación de un excedente de inmigrantes que superaría las 300 mil personas, lo que podría abortar el proceso electoral en Haití.

Con un escenario internacional que sigue siendo muy desfavorable para el país, el interés nacional obliga a la mayor ponderación para buscar salidas diplomáticas, por encima de los grupos extremistas y de los intereses electorales, para evitar mayores daños a la imagen y los intereses de la República Dominicana

¿Podremos deportar 300 mil? El domingo 2 de agosto concluye el plazo de 45 días para iniciar las deportaciones de los inmigrantes que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), lo que se supone comenzaría el lunes 3, en medio de un escenario internacional muy desfavorable por el rechazo a la desnacionalización de descendientes de haitianos nacidos en el país.

Nadie puede asegurar cuántos quedan sujetos a la deportación, aunque el Gobierno los cifra en unos 133 mil, partiendo de los 458 mil venidos de Haití, que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), del 2012 vivían entonces en el país. Les descuenta un estimado de 8 por ciento que tendrían algún estatus regular y los reduce a 421 mil. Les resta los 288 mil que lograron iniciar la regularización y a quienes se dará una residencia provisional, aunque solo el 1.8 por ciento de ellos (unos 5 mil) llenaron todos los requisitos.

Pero el estimado oficial no toma en cuenta los que ingresaron entre el 2012 y 2015, que ningún estudio ha cuantificado, aunque se pueden hacer estimados partiendo de la misma ENI y de los resultados de los censos nacionales de población y otros estudios de la Oficina Nacional de Estadística, como se puede ver en el cuadro anexo, elaborado con informaciones proporcionadas por el director de Censos, doctor Francisco Cáceres.

En el Censo Nacional de Población 2010, los inmigrantes totalizaban 395,791, y la ENI dice que en 2012 eran 524,632, cifra conservadora si se toma en cuenta que en los dos años anteriores se habían incrementado en 39.1 por ciento. Si esa proporción (154,754) se suma a los del censo, serían 550,545, cinco por ciento más. A un crecimiento sobre el 16 por ciento anual, entre 2012 y 2015, habría que adicionarle 49 por ciento (256,072) a los 524 mil, para totalizar 780,704. Si se asume, de forma conservadora, que el incremento se redujo a la mitad, el 25 por ciento, en esos tres años, entonces los inmigrantes ahora serían 131,158 más, para totalizar 655,790. Si se le restan 10 por ciento con estatus regular anterior y los 288 mil admitidos ahora, quedarían como irregulares deportables 414 mil en el primer escenario y 302 mil en el conservador.

Acuerdo mínimo con Haití. Es difícil asumir que el país tenga capacidad para deportar entre 300 y 400 mil haitianos indocumentados, aún restándole unos 40 mil que ya se fueron más o menos voluntariamente, sin un protocolo negociado con el vecino, que no solo garantice estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, sino que guarden una progresividad asimilable para que no se produzca un temido estado de calamidad humana. Y si se equivocan deportando nacidos en el país, lo que el Gobierno ha dicho que no hará, la complicación sería mucho mayor.

Tampoco luce razonable una deportación tan masiva y en corto plazo, después de que en la última década los mismos gobernantes permitieron un incremento de la inmigración del 63 por ciento. Con la agravante de que en el mismo periodo se dedicaron a despojar de la nacionalidad a decenas de miles de los descendientes de inmigrantes que habiendo nacido en el país habían sido registrados como dominicanos.

El Gobierno dominicano ha quedado preso de las mil advertencias de deportación que se han formulado tras el inicio del PNRE y de la exacerbación del nacionalismo, pero está consciente, como lo recogió una consulta de la Cancillería dominicana realizada en junio, de los riesgos que implica para Haití en medio de un proceso electoral que tiene después para elegir nuevo presidente. Si el panorama se descompuso con las salidas voluntarias, se complicaría mucho más con las deportaciones sin el amparo de un protocolo negociado, que podría lograrse validando el acordado en el año 1999.

De hecho, las extremas resistencias manifestadas por Haití en las últimas semanas tienen que ver con la campaña electoral en curso, y se teme que grupos de poder pudieran abortar el proceso, pretextando la necesidad de unirse en torno al gobernante para “enfrentar la agresión dominicana”.

El escenario internacional. A la espera del informe de la comisión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó las dos naciones en conflicto, el escenario internacional sigue siendo bien adverso para el país, por el daño ocasionado por el pecado original de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que es lo que se sigue cuestionando en amplios segmentos del mundo. Aunque la diplomacia dominicana ha hecho esfuerzos, no ha podido disipar las impugnaciones internacionales.

No ha contribuido a despejar el veto externo la lentitud con que se ha implementado la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los desnacionalizados, aún después que se publicara la lista de 55 mil revalidados. Los defensores de los afectados testimoniaron a la misión de la OEA que apenas el 10 por ciento de los que aparecían en la lista estaban logrando sus documentos. El que solo pudieran acogerse a la regularización 8 mil de los del Grupo B de la Ley 169-14, es decir los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país y que nunca fueron reconocidos, quedando la mayoría en riesgo de deportación, es de los elementos básicos que mantiene vivo el rechazo internacional.

Tampoco ha ayudado el encendido discurso nacionalista y de soberanía a ultranza que desconoce tratados internacionales y menos aún que cuatro ministros del Gobierno, incluidos los de la Presidencia y el de Relaciones Exteriores, impugnaran al secretario general de la OEA en base a una tergiversación de declaraciones para presentarlo como favorable al invento de un pretendido plan de fusión de las dos naciones de la isla, cuando en realidad expresaba interés de contribuir al entendimiento entre dos países ubicados en una pequeña isla, pero dijo que “con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes”.

Esta semana siguieron apareciendo editoriales en periódicos como el New York Post y una carta dirigida al presidente Barak Obama firmada por 108 profesores de leyes de unas 80 universidades y academias norteamericanas, requiriéndole que intervenga para hacer valer los derechos de los desnacionalizados en el país.

Crecientes preocupaciones

El agravamiento de las relaciones con Haití ha generado crecientes preocupaciones en sectores empresariales temerosos de que los ímpetus de radicales nacionalistas que han ganado espacio en la opinión pública y el Gobierno, puedan aislar el país y generar dificultades a las exportaciones y al turismo dominicano. Tan solo las exportaciones a Haití se cifran anualmente en mil millones de dólares de manera formal y otros 500 millones en el intercambio informal, siendo el único país con que la República Dominicana tiene ventajas comerciales, y de diez a uno.

Esas exportaciones que implican unos 66 mil millones de pesos al año, son fundamentales para decenas de empresas industriales grandes, medianas y pequeñas, para cientos de productores agropecuarios y para comunidades fronterizas. En Haití operan numerosas empresas dominicanas, especialmente en la construcción. Y fue significativo que en medio del desconcierto, los promotores del Plan de Inversiones bilaterales Quisqueya fueran al Congreso Nacional a presentar un proyecto que anuncia inversiones en la frontera por 2 mil millones de dólares.

No han faltado sectores políticos y sociales que ya expresan temores de que el Gobierno esté tratando de extremar el nacionalismo soberanista para mantener desviada la atención de los problemas nacionales y obtener beneficio electoral. No se entiende que en menos de un mes la política del Gobierno pasara de pedir una reunión del Consejo Permanente de la OEA, solicitar y obtener la sede de la próxima asamblea general de la entidad hemisférica del 2016 y anunciar que se retira de su ámbito de negociaciones, impugnando sin base al secretario general Luis Almagro.

El antihaitianismo fue utilizado como mecanismo de cohesión interna por los regímenes de Trujillo y Balaguer y desde el inicio mismo de la República, cuando Pedro Santana reclamó y logró poderes extraordinarios, bajo el argumento de que eran precisos para garantizar la sobrevivencia de la nación frente a los haitianos, aunque pocos años después él mismo la anexara a España.

 

La OEA puede ayudar a disipar equívocos

Por Juan Bolívar Díaz

12_07_2015 HOY_DOMINGO_120715_ El País13 A

La visita de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser aprovechada para empezar a revertir la generalizada condena internacional originada por la desnacionalización que afectó a decenas de miles de descendientes de haitianos nacidos en el país y para justificar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Persistir en explotar el sentimiento nacionalista podría ser políticamente rentable, pero es riesgoso pretender extenderlo hasta las elecciones del año próximo con un escenario internacional tan adverso que podría traducirse en daños al comercio y la economía, como ya advierten sectores empresariales.

Bienvenida a la OEA. El Gobierno hizo lo correcto al recibir la misión de investigación que dispuso la OEA, tras dos sesiones donde quedó patente una fuerte confrontación entre las dos naciones que comparten la isla. Solo fanáticos pueden pretender que la nación se cierre al escrutinio internacional en el mundo globalizado. Y si no hay nada que ocultar con más razón debe darse la bienvenida a los comisionados, como hizo el viernes el canciller Andrés Navarro.

Es un craso error asumir que todo el mundo forma parte de una siniestra conjura contra la República Dominicana, de la que no escapa “ni siquiera el Papa Francisco, porque hasta la instancia máxima de la iglesia Católica ha sido permeada”, según escribió esta semana el embajador César Medina. Tampoco se puede creer que “No hay oídos atentos ni sensatos que escuchen nuestras razones, sino un prejuicio generalizado…” ni que “le estamos hablando a un mundo que ha cerrado sus ojos y sus oídos a nuestros argumentos”, como proclamó el influyente Listín Diario en su editorial del miércoles 8 de julio.

Más allá de las arengas nacionalistas hay suficientes argumentos para explicar a la misión de la OEA que la nación decidió ordenar la inmigración, mediante un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y de seguro que esos diplomáticos y expertos no van a cuestionar un derecho que asumen con responsabilidad la mayoría de las naciones del mundo contemporáneo. Incluso comprenderán que se deporte a quienes no hayan calificado para obtener un permiso de permanencia en el país, si se realiza acorde con los protocolos internacionales, derecho soberano que ni siquiera las autoridades haitianas han podido negar, como ningún organismo, medio de comunicación o personalidad internacional.

Bajar la tensión binacional. Objetivo fundamental de la misión de la OEA, una institución de la que el Estado dominicano es parte desde su fundación hace seis décadas y media, es contribuir a reducir las tensiones entre estados miembros, allanando caminos al entendimiento en sus diferendos. A ello contribuirán, seguramente los reiterados compromisos dominicanos de que no habrá deportaciones masivas.

Se podrá deplorar las circunstancias en que se produjo la precipitada salida de 36,593 ciudadanos haitianos que cruzaron la frontera en los 18 días siguientes al vencimiento del plazo para la regularización, huyendo del temor a ser deportados sin mayores consideraciones, tras incontables advertencias de que serían expulsados. Muchos dominicanos razonables no aprobarían que en Puerto Rico, por ejemplo, sometido ahora a graves apremios económicos, se creara un clima de amenazas que implicara el retorno abrupto de decenas de miles de los compatriotas que allí viven sin documentación legal.

Una de las razones por las que se estigmatiza a los dominicanos en el exterior es por un discurso de desprecio y poco reconocimiento al trabajo y derecho de los inmigrantes haitianos, en contradicción con el hecho de que el país ha exportado más de millón y medio de nacionales que han saturado algunos mercados y se han extendido por todo el mundo.

Sin renunciar al reclamo de que las autoridades haitianas no exageren ni hagan política mezquina con el antidominicanismo, las nacionales tienen que dar ejemplo de ponderación en el plano interno y por encima de toda circunstancia mantener el discurso diplomático y el empeño en buscar la cooperación de los vecinos, sin la cual se complicará infinitamente la convivencia en la isla.

El escenario internacional. No hay duda de que la posición internacional de República Dominicana se ha complicado excesivamente, como ha quedado patente en la multiplicación de artículos, editoriales y reportajes en los principales periódicos de Estados Unidos, España y otros países, así como en la televisión internacional.

Comunicados de organizaciones y declaraciones de personalidades persisten en rechazar el “genocidio civil” que suspendió la nacionalidad dominicana a decenas de miles de descendientes de haitianos.

Debe llamar la atención que las críticas hayan incluido a los alcaldes de Nueva York, Miami, Boston y Toronto, ciudades con fuerte presencia de emigrantes dominicanos, que en su mayoría llegaron ilegalmente. También que grupos de presión estén planificando acciones contra la nación dominicana, incluyendo que abrieran un sitio en Internet induciendo a boicotear el turismo dominicano. Ya esta semana el principal vocero de la Cámara Americana de Comercio en el país advirtió sobre la necesidad de trabajar para evitar daños a la economía dominicana y hasta a la de Haití.

Es evidente el error de persistir en negar la masiva exclusión que hubiese constituido un gueto en la sociedad dominicana, cuando el pasado 26 de junio se publicó una lista de 55 mil personas a quienes se restituye su documentación como dominicanas. Lo procedente es difundir lo más posible esa rectificación, como hizo el canciller Navarro al dar la bienvenida a la misión de la OEA, explicándole los alcances de la Ley 169-14, aprobada de urgencia para enmendar la desnacionalización masiva y cuyo cumplimiento inexplicablemente fue dilatado 13 meses.

Y debe aclararse que implica a otras decenas de miles de sus descendientes que ahora podrán ser registrados como ciudadanos.

Los pendientes de amparo. Urge disipar la confusión entre la desnacionalización que todo el mundo exterior rechaza, ya reparada en gran parte, y la regularización de los inmigrantes. Hay que persistir en que no se extrañará del país a ninguno de los nacidos aquí que no fueron declarados como ciudadanos (grupo B de la Ley 169-14), y en instituir un mecanismo que les garantice a estos, no a los inmigrantes, por lo menos un estatus de residentes permanentes.

Se estima que los nacidos en el país que no pudieron cumplir los exigentes requisitos para acogerse a la vía de la naturalización, son mucho menos que los 55 mil a quienes se devolvió la nacionalidad.

No se puede ignorar que la deportación que de antemano se rechaza es la que podría afectar a este segmento. Si hay que apelar a una nueva ley para proteger a los del grupo B, sería no solo justo, sino también conveniente para disipar los temores de apatridia, que es lo que determina las fuertes objeciones internacionales. Fue una injusticia que a ese segmento se les obligara a inscribirse como extranjeros y se les diera apenas 90 días, prorrogados luego a 180, cuando a los inmigrantes se les daba año y medio para regularizarse. Incluso a esos nacidos en el país, presumidos en extrema pobreza, debería dejarse abierta la puerta permanentemente para que puedan reunir los requisitos para su naturalización.

Los responsables del descrédito

Hace muchos años que había consenso en la sociedad dominicana sobre la necesidad de limitar la inmigración haitiana, lo que quedó manifiesto en un extenso debate que concluyó en la Ley General de Migración 285-04 promulgada el 15 de agosto del 2004 por el presidente Hipólito Mejía, la que disponía el Plan de Regularización de Inmigrantes y un reglamento en el plazo de seis meses. Pero fue más de 7 años después, en noviembre del 2011, que se dictó el Reglamento 631-11.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes de la Oficina Nacional de Estadística, realizada en 2012, demuestra que el 62 por ciento de los 524,632 extranjeros que habría en el país (87 por ciento haitianos), habían ingresado entre 2005 y 2012, justo el período en que los ultranacionalistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Frontera.

Mientras el país se llenaba de haitianos, la Junta Central Electoral se dedicó, a partir del 2007, a perseguir a los ciudadanos dominicanos descendientes de inmigrantes, negándoles administrativamente sus actas de nacimiento. Eso fue legitimado por la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13, de septiembre del 2013, de forma retroactiva hasta el 1929. Y es la propia sentencia que los cuantifica en los 209,912 que estimó la Encuesta. Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la anulación de la desnacionalización masiva, el Constitucional dominicano “descubrió” que el país no había llenado los requisitos para adscribirse a esa jurisdicción. Así se constituyó el escándalo internacional que afecta al país.