La verdad os hará libres

Por Juan Bolívar Díaz
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Sin hipocresía hay que convenir en que las abundantes afirmaciones por radio y televisión del convicto narcotraficante Quirino Ernesto Paulino de que durante años financió las actividades políticas del expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Leonel Fernández, que por dos semanas han acaparado la atención pública, constituyen uno de los más grandes escándalos nacionales.

Nadie debería dar categoría de palabra de Dios a las declaraciones de un narcotraficante, que no oculta su rencor hacia el doctor Fernández, porque entiende que le dio la espalda al extraditarlo a Estados Unidos, donde llegó a un acuerdo con las autoridades judiciales para cumplir una condena benigna de diez años de prisión, tras admitir sus responsabilidades en el tráfico de toneladas de narcóticos, pero también por identificar cómplices, suplidores y beneficiarios.

Más aún no se puede considerar culpable a nadie que no haya sido juzgado por los tribunales de acuerdo con los derechos universales a la defensa. Y eso vale para Leonel Fernández, como para su estrecho colaborador Félix Bautista y para el exministro de las Fuerzas Armadas general Manuel Florentino Florentino y su esposa Margarita Gómez, los principales denunciados por Quirino Paulino en lo que describe minuciosamente como multimillonario financiamiento o inversión política.

Pero tampoco se debe descalificar de antemano el testimonio del narcotraficante por haber admitido los graves cargos que conllevaron juicio y condena. Porque en cualquier sociedad siquiera de mediana institucionalidad democrática los investigadores ponen atención a las confesiones y procuran establecer cómplices y beneficiarios de los delitos.

La sociedad dominicana está dividida ante el escándalo, razón suficiente para que las acusaciones sean aclaradas. Fernández debe una explicación más allá de considerar “de alto orgullo y satisfacción el hecho de que el narcotráfico transnacional, utilizando la alegada identidad de un reconocido convicto por narcotráfico, ponga en acción una campaña de descrédito contra mi persona”, por la firmeza con que cree haberlo enfrentado.

Para muchos la reacción del doctor Fernández ha sido insuficiente, al no haberse referido a los abundantes nexos que el señor Quirino Paulino dice haber tenido con él y su entorno. No tomó en cuenta la sensibilidad por un narcotráfico que ha implicado hasta a los organismos de seguridad del Estado, y que otros convictos recientes como Figueroa Agosto y Arturo del Tiempo tuvieron nexos y negocios en altas esferas políticas y sociales durante su Gobierno. También ignoró que el mobiliario del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia fue hallado en un almacén de Quirino tras su detención en 2004, y que un wikileaks de la embajada norteamericana publicado lo vinculó con el general Florentino.

La gravedad de las denuncias demanda explicaciones de un líder político que se reconoce como “favorito frente a cualquier candidato opositor para salir airoso en los próximos comicios presidenciales”. El doctor Fernández desperdició la oportunidad de desmontar el cargo específico de Quirino Paulino de que regaló a su Fundación Global una planta eléctrica de 600 kilos comprada por siete millones de pesos. Bastaba certificar la factura de compra, fecha y el medio de pago e invitar a comprobar sus especificaciones, antes de que corriera el rumor, tal vez infundado, de que ha sido sacada del edificio.

Pero ahora que Quirino Paulino ha aparecido por televisión disipando las dudas de su identidad, y que ha mostrado su disposición a ser interrogado por las autoridades judiciales dominicanas, hay una oportunidad para que resplandezca la verdad. También se puede buscarla solicitando a las autoridades de Estados Unidos copias de los interrogatorios y del acuerdo que pactaron con el narcotraficante. Se impone por respeto a la sociedad dominicana, aún presumiendo la inocencia del doctor Fernández y demás denunciados. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. (San Juan 8:32).

 

La corrupción detona crisis PLD-Gobierno

Por Juan Bolívar Díaz

El sólido expediente con que la Procuraduría General de la República pidió prisión y juicio al secretario de Organización del Partido de la Liberación Nacional (PLD), Félix Bautista, ha desatado una «abierta confrontación» entre sus dirigentes, bajo la convicción de que se busca liquidar el proyecto de retorno al poder del expresidente Leonel Fernández

El activismo de legisladores comprometidos con la campaña del presidente del partido que busca inhabilitar al procurador Francisco Domínguez Brito representa un desafío para el gobierno y toda la sociedad, mientras se teme que los recientes actos de terrorismo que han alarmado al país estén siendo inducidos como chantaje.

Un tremendo expediente

Lo primero que resalta en la crisis, y no puede ser obviado por la sociedad, es la magnitud y contundencia de las irregularidades con que se entramó la enorme riqueza acumulada por el senador Bautista durante su ejercicio como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado cuando administró decenas de miles de pesos en el gobierno de Fernández, a quien se le vincula demasiado estrechamente. Fue muchas veces denunciada por periodistas críticos y políticos opositores, pero ahora documentada por los investigadores de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y convertida en expediente judicial por el procurador Francisco Domínguez Brito.

Se trata de un grueso expediente de 412 páginas, de las que más de un centenar describen el entramado de Bautista, 250 presentan pruebas de las acusaciones contenidas en otras 40 páginas. Se refieren a una treintena de compañías vinculadas directa o indirectamente a Bautista y sus negocios particulares, tan voluminosos que hace dos años cuando se denunció los contratos de obras que ejecuta en Haití, no tuvo empacho en proclamar que «si me lo dan lo reconstruyo entero».

Es imposible resumir el entramado empresarial y de negocios que documenta el expediente contra Bautista, quien al llegar al cargo en el 2004 declaraba un patrimonio de medio millón de pesos, como lo hizo el destacado jurista Francisco Álvarez Valdez esta semana en el digital Acento: vinculados que no tenían patrimonio, compañías con cuentas bancarias raquíticas pasaron de un momento a otro a operaciones multimillonarias. Una de ellas realizó depósitos bancarios sólo en el 2007 por 483 millones de pesos, 490 millones, 514 millones y 1,100 millones de pesos, que totalizaron 2 mil 587 millones de pesos, más 74 millones de dólares, que al 40 por uno adicionaban otros 2 mil 960 millones de pesos, para totalizar 5 mil 547 millones de pesos. Otra empresa manejó fondos por 3 mil 500 millones de pesos y 74 millones de dólares.

Se documentan contratos otorgados a empresas y personas vinculadas: una abría 64 certificados de depósitos personales en varios bancos y otra tenía 48 cuentas personales de ahorro y corriente, en pesos, dólares y euros. Otras recibieron contratos por 14 mil millones de pesos y 16 millones de dólares. Los vínculos incluyen exesposa, familiares y socios. Al mismo Bautista se le documentan certificados de depósitos por más de 3 millones de dólares y se le atribuye la compra de un avión ejecutivo Gulfstream, modelo 1159, (con costos entre 17 y 37 millones de dólares). Se documentan compras de una cementera por 32 millones de dólares y emisoras radiofónicas por 8 millones de dólares.

La justicia controlada

La Procuraduría General ha solicitado prisión preventiva y procesamiento judicial contra Félix Bautista y sus asociados Soraida Abréu Martínez, José Elías Hernández García, Bolívar Antonio Ventura, Carlos Manuel Ozoria, Bienvenido Apolinar Bretón y Gricel Aracelis Soler. Los cargos: falsedad de escritura privada, uso de documentos falsos, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Como Bautista es senador, lo que desde su postulación se denunció como intento de blindarlo, el sometimiento tuvo que ser en la jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, con mayoría de jueces vinculados al expresidente Fernández y su partido, incluyendo al doctor Alejandro Moscoso Segarra, exfiscal del DN, encargado de instruir el proceso por cuenta de esa corte. También es peledeísta el juez Frank Soto, quien el martes continuará conociendo el recurso incoado por Bautista contra la cautela dispuesta por el Procurador General sobre inmuebles multimillonarios de sus empresas.

La debilidad institucional de una justicia extremadamente partidarizada será el marco en el que se dilucidarán las graves acusaciones contra Bautista, a no ser que se lleve al Comité Político del PLD, como propuso públicamente el dirigente peledeísta Radhamés Camacho, en vez de pedir que Bautista se aparte o sea apartado del tercer cargo del partido, como ocurriría en cualquier democracia de medina intensidad institucional.

Disparan las palomas           

Aunque parezca absurdo, la confrontación derivada del sometimiento podría terminar con las palomas disparando a las escopetas, ya que desde antes del sometimiento se empezó a montar una tarima para crucificar al procurador Domínguez Brito, cuya renuncia o destitución están pidiendo legisladores, voceros y abogados vinculados a Bautista y su líder Leonel Fernández. Son ellos mismos quienes se encargan de pregonar que la escopeta del procurador donde apunta es a la precandidatura de Leonel Fernández.

Se acusa a Domínguez Brito de actividades políticas, acompañado de otros miembros del ministerio público, y se susurra que entornos del presidente Medina lo alientan, que sin ese apoyo no se produce la investigación ni el sometimiento, porque en última instancia lo que buscan es liquidar al líder para que el universo del peledeísmo tenga que refugiarse en la reforma constitucional para abrir espacio a una repostulación del actual mandatario.

Medina, sin embargo, no ha dado la menor señal, y algunos allegados descartan totalmente que las proclamas reeleccionistas logren materializarse, dado que la reforma constitucional requeriría cien por ciento de los legisladores peledeístas y aliados y buscarse otro diez en la oposición. Con todo hay quienes creen que la corrupción en que terminó el gobierno de Fernández podría arrastrarlo al desastre político, y señalan hacia el expediente pendiente del exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, otro de los grandes millonarios de Fernádnez, bajo investigación de la fiscalía del DN, que estaba a la espera del resultado final de una auditoría de la Cámara de Cuentas, publicada en estos días, que también deja amplia cola por donde pisar.

La fortaleza de Bautista,

Aún contra las cuerdas, Félix Bautista no puede ser subestimado y muestra su fortaleza, derivada del apoyo de Leonel Fernández, que alguna vez lo consideró como un hijo, y a cuya sombra y cercanía se montó una de las mayores fortunas políticas. Desde antes de que se sometiera el expediente un importante vocero en los medios anunció que un centenar de legisladores pedirían la cabeza del procurador Domínguez. No ha aparecido el centenar pero sí unos siete senadores y 22 diputados que pretenden una interpelación y destitución de la cabeza del ministerio público.

Paralelamente, Bautista ha tenido la suerte de que cinco de los abogados más caros del país, algunos con largas y afortunadas carreras en defensa de delincuentes de todo género de poder económico, y sin ningún vínculo con las instituciones que luchan por el fortalecimiento institucional, han salido a la palestra contra Domínguez Brito «preocupados» por la institucionalidad del ministerio público, al considerar que viola la Constitución y las leyes que le prohíben realizar actividades políticas. Sin la menor preocupación por las graves denuncias de corrupción ni por la actividad política de ministros en abierta campaña electoral.

Son muchos los que creen que se utilizarán armas de todos los calibres para hacer capitular a Domínguez Brito o que el gobierno «lo llame al orden partidario». Un profesional vinculado a organismos de seguridad sostiene que aquí hay suficiente impunidad y grupos incontrolables capaces de «hacer cualquier cosa», refiriéndose a una serie de acontecimientos extraños ocurridos entre el 21 y el 27 de octubre que causaron honda preocupación. Por eso las autoridades se empeñan en determinar si el incendiario del metro actuó por propio impulso, o si hay autores intelectuales. Más complejo fue el intento de sabotaje a 14 torres eléctricas de alta tensión, cuyos soportes aparecieron aflojados, para lo cual fueron necesarios equipos especializados. También preocupa el ataque a la cárcel de Najayo, que pareció más un espectáculo que real intento de rescate, pero que dejó seis muertos. Otro acto violento en la cárcel de La Victoria y el asesinato de un guardián de la casa de la madre de Domínguez Brito están inscritos en el récord.

Creciente preocupación

La confrontación que afecta altos niveles del partido de gobierno genera preocupación en los más diversos sectores, comenzando por personas del mismo ámbito político que muestran consternación por lo que está ocurriendo y por el nivel de corrupción a que se ha llegado. Pero sin valor para salir al frente y temor de ser vinculados a los sectores en pugna, sin poder prever cuál predominará.

Los peledeístas se benefician, y en parte por eso han llegado a ese nivel de confrontación, a causa del desmembramiento de la oposición, en lo que ha invertido el sector del expresidente Fernández, donde no acaba de fraguar un proyecto político de concertación con actitudes y valores democráticos. Y en la sociedad civil hay demasiado incertidumbre, desilusión, desconfianza e indiferencia. Aunque por debajo se incuba una honda que proclama la necesidad de respaldar al procurador Domínguez Brito por haberse atrevido a enfrentar un alto entramado de corrupción. El reconocido abogado santiagués Ramón Antonio Veras ha sido el primero y más decidido.

En la opinión pública crecen las preocupaciones y demandas de acciones contra la corrupción, segunda perturbación en la encuesta publicada esta semana por Diario Libre, pero es alto el porcentaje de comentaristas y periodistas asalariados que inundan los medios y que intentan descalificar toda legítima preocupación social. El conjunto de las instituciones sociales está desafiado a orquestar acciones que contribuyan a contener el deterioro de la política y la institucionalidad democrática nacional. Si el chantaje para que ni siquiera se juzgue a Félix Bautista llega a predominar, el país estará abocado a una prolongada opacidad moral e institucional. Y si el senador y sus defensores creen en su inocencia deberían ser los más interesados en que se juzgue el fondo, ya que, con o sin razón, él se ha convertido en el gran emprendedor del enriquecimiento al amparo del gobierno y la política.-

Los vientos de Leonel degeneran en tornado

Por Juan Bolívar Díaz
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El activismo del expresidente Leonel Fernández para volver al poder lo ha convertido en blanco preferido de contradictores externos e internos tensando las cuerdas en el Partido de la Liberación Dominicana donde el reelecionismo parece ganar terreno

Las manifestaciones hostiles en Nueva York y los informes sobre investigaciones de soborno en la compra de los aviones Super Tucano y sobre la inmensa fortuna de su pupilo Félix Bautista han interferido los vientos que soplaban a favor de la candidatura del expresidente Leonel Fernández generando un tornado político.

Al mismo tiempo parece ganar terreno la corriente que plantea la reforma de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina, sobre la base de que estaría en juego la permanencia en el poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), lo que está provocando tensiones entre los gobernantes.

Fuerte tornado político

Las tensiones van en aumento en la familia peledeísta, agitadas por los vientos de la precipitada lucha por la candidatura presidencial que están degenerando rápidamente hasta convertirse en un tornado que envuelve a dirigentes altos y medios. El abierto lanzamiento de la precandidatura del expresidente Leonel Fernández ha precipitado una confrontación entre sus militantes partidarios y los que creen que el presidente Danilo Medina debería tener la opción a un segundo mandato consecutivo.

La discusión se hace presente en los cenáculos peledeístas, entre legisladores, en las provincias y municipios donde proliferan los aspirantes  a las candidaturas, favorecidos por autoridades y dirigentes partidistas locales, comprometidos con los dos líderes o simplemente preocupados porque predomine el que tenga más posibilidades de garantizarles la continuidad en el poder. Ha trascendido a los programas de radio y televisión y a los periódicos, especialmente en las columnas del Listín Diario.

Esta semana el debate alcanzó nueva dimensión cuando el Ministro de Administración Pública y miembro del Comité Político del PLD Ramón Ventura Camejo anunció públicamente que propondrá a ese organismo una reforma de la Constitución que permita dos períodos consecutivos de gobierno. Se afirma que esto causó escozor en las filas leonelistas a la defensiva por la creciente hostilidad hacia Fernández y los suyos. Defensores de ambas posiciones han salido a la palestra pública en los últimos meses. Por ejemplo del doctor Franklin Almeyda quien llegó a decir en junio  que la imposición de la reelección “desataría los infiernos en el PLD”. Mientras varios  funcionarios actuales se han manifestado partidarios de la continuidad, como Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas ascendido este año al Comité Político, y el ministro de Educación Carlos Amarante Baret, del mismo organismo, y  Gedeón Santos, director del Indotel.

Los vientos de Leonel

Desde mayo del 2012, cuando anunció que “el león  volvería a rugir en las calles”, Leonel Fernández inició abiertamente  la lucha por el retorno al poder en el 2016. Comenzó el año asistiendo a actividades donde lo proclamaban candidato y teorizando sobre el poder derivado del reparto de puestos y sobrecitos y equiparándose con el bíblico Moisés, a quien actualizó como “un líder del siglo 21″. Ante cientos de miembros de “Juventud con Leonel” advirtió que “la antorcha no se arrebata y el que lo intenta puede quemarse con ella”, aunque insistía en que “el PLD es una fábrica de presidentes” y que gobernará hasta el 2044, pero sin explicar porqué perdería el poder en el bicentenario de la República.

Al comenzar abril del 2014, Fernández fue proclamado candidato presidencial por 17 de los 31 senadores de su partido, lo que luego fue respaldado por unos 60 diputados, más de la mitad, y por una alta proporción de los alcaldes de su partido, presidiendo mítines regionales en San Pedro de Macorís, Barahona, Mao-Valverde, San Francisco de Macorís, Santo Domingo y en ciudades de los Estados Unidos.

El líder peledeísta acuño la frase de que los vientos soplan a su favor y ya el 6 de julio dijo en Barahona que “los vientos siguen soplando, ahora con fuerza de huracán”. Cogió velocidad cuando el 31 de Agosto fue proclamado candidato por su movimiento “Plataforma Democrática 2916″, durante un acto que reunió a miles de seguidores en San Soucí, Santo Domingo, donde dijo que “definitivamente los vientos suplan fuertemente”, pero que aún no decidía si sería candidato.

Sin embargo, el 14 de septiembre se emocionó en un acto regional en San Francisco de Macorís y proclamó que “los vientos soplan con tanta intensidad que nos llevarán a subir de nuevo las escalinatas del Palacio Nacional en el 2016″. Lo citó el Listín Diario y lo recogieron los videos de televisión, aunque una declaración escrita de su Funglode quiso enmendarlo diciendo que es el PLD que volverá a subir esas escalinatas, como si ahora estuviera  afuera.

Intentan frenar a Leonel

Tres acontecimientos recientes constituyeron fuertes tropiezos en la carrera sin aparente obstáculos en la que venía empeñado Leonel Fernández: la publicación sobre el proceso judicial en Brasil y las investigaciones, que incluyen a Estados Unidos, confirmadas por el embajador norteamericano, en relación al soborno en la compra de los aviones Tucano en su gobierno, las manifestaciones hostiles de grupos de dominicanos en dos escenarios de Nueva York donde estuvo presente, y la publicación de la investigación de la inmensa fortuna de su pupilo Félix Bautista por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA)

Lo de los Tucanos no se le puede atribuir a intenciones locales. Abrieron proceso a 8 funcionarios de una empresa pública brasileña y quien lo publicó fue el Wall Street Journal. Pero llamó la atención que ese mismo día, 23 de septiembre, la Fundación Primero Justicia formalizara una querella ante la PEPCA pidiendo indagar no sólo al coronel Carlos Piccini, identificado por el periódico financiero neuyorkino como receptor del soborno, sino también al expresidente Leonel Fernández, a quien atribuyen haber recibido una comisión de 6.5 millones de dólares. La fundación está presidida por el abogado Miguel Surún Hernández y de la misma forma parte el comentarista y publicista Freddy Aguasvivas, quien sometió a la justicia a Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y otro de “los grande millonarios de Leonel”.

Justamente Bautista y Díaz Rúa eran de los acompañantes de Fernández cuando el pasado fin de semana fueron hostigados por manifestantes que les vocearon hasta “ladrones” durante una reunión en un restaurante del alto Manhattan en Nueva York,  y luego en uno de las sedes de la Universidad de Nueva York. Fue notable la cantidad de vídeos tomados y colocados en las redes, y reproducidos luego en el país por diversos medios, lo que los leonelistas consideran una acción concertada.

El destape esta misma semana de la investigación sobre el origen de un centenar de inmuebles, incluyendo torres de 14 y 16 niveles, de empresas constructoras de Félix Bautista puso la tapa al pomo. El Diario Libre publicó que la PEPCA de la Procuraduría General le había trabado embargo, y aunque luego los abogados de Bautista dijeron que fue “una advertencia” la realidad es que confirmaron un proceso investigativo, iniciado hace meses, pero que no había trascendido.

Bautista atribuyó la revelación al Procurador Francisco Domínguez Brito por supuesto resentimiento político contra él. Pero más amplio fue Rafael Núñez, el director de prensa del gobierno de Fernández, a quien se le considera aún su vocero, quien no sólo responsabilizó a Domínguez Brito de la filtración, supuestamente abonando terreno para lanzar su pre candidatura presidencial, sino que también lo vinculó a un plan para  hacer daño a Leonel.

Pero no solo dentro del PLD, sino también en diversos partidos y sectores de oposición tiene creciente hostilidad el expresidente. Y él la cultivó cuando dijo el pasado fin de semana que sólo su partido  representa la civilización en el país, que todo lo demás es la barbarie, el  caos y el desorden.

Avanza la reelección?

El anuncio de Ventura Camejo de que propondrá al Comité Político una nueva reforma constitucional, “para enmendar el error” de la del 20l0, que la prohibió consecutiva, mostró en la semana un cierto avance de los que promueven la repostulación de Medina, que tienen como limitación que -a diferencia de Leonel- el mandatario no se ha involucrado en promoción de candidatura. Hace apenas 4 años y medio la mayoría peledeísta modificó el artículo constitucional que permitía una sola reelección “y nunca más”, para abrir la posibilidad de que los presidentes vuelvan indefinidamente, aunque con un período de intermedio. Eso benefició a Fernández, que con aquel texto no hubiese podido repostularse jamás.

El problema ahora es que con el apoyo que tiene Fernández, de más de la mitad de los legisladores de su partido, y necesitándose dos terceras partes de ambas cámaras, es imposible abrir espacio a la repostulación de Danilo mientras aquel aspire a retornar al poder en el 2016. Ya algunos comentaristas y columnistas leonelistas le recomiendan que de un chance a Medina y aplace su regreso para el 20210, siempre contando con que la política dominicana es estática y los peledeístas gobernarán por lo menos hasta el 2044.

Comentaristas partidarios de Fernández ya no ocultan sus temores de que los sectores que acarician la posibilidad de repostular al presidente Medina estén intentando “derribarlo, afectando su imagen”  vendiendo la idea a los peledeístas de que si quieren mantenerse en el poder tienen que entender que quien se lo garantiza es el actual presidente. A eso atribuyen las investigaciones sobre la fortuna de Félix Bautista y Díaz Rúa, señalados como los principales financistas de la campaña de Leonel Fernández. Aunque un juez emitió un dictamen a favor de Díaz, la fiscal del Distrito Nacional anunció que la apelará. Esta semana fue confirmada su intención, a la espera de que el tribunal formalice la lectura de su sentencia.

Es obvio que los vientos se han convertido en un tornado que gira sobre el entorno de Leonel, pero a su favor está el hecho de que todavía no hay una candidatura de oposición con perspectiva de retarlo fuertemente. Por lo menos así se ve desde la perspectiva del peledeísmo, y en consecuencia resultará bien difícil convencerlo a él y sus más fervientes seguidores de que auspicie a Danilo, lo que tampoco es tan fácil, porque hasta el cardenal López Rodríguez ha cuestionado que ya estén tratando nuevamente de modificar la Constitución.

Lo único claro es que los vientos con fuerza de huracán convertidos en tornado están agitando las aguas de los peledeístas, quienes tuvieron su última crisis en 1991, cinco años antes de alcanzar el gobierno por primera vez, cuando el profesor Juan Bosch llegó a renunciar de su partido, pero que ya en el poder han sabido mantenerse unidos.-

Desconcierto institucional origina incertidumbres

Por Juan Bolívar Díaz
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La denuncia de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de que supra poderes judiciales buscan evitar a todo costo investigaciones de querellas por corrupción ha elevado al máximo nivel las incertidumbres originadas en desconciertos gubernamentales e intentos de  contrarreformas jurídicas.

Las acciones parecen superar la voluntad del presidente Danilo Medina con un partido que antes de la mitad del período gubernamental parece más empeñado en la sucesión del 2016 que en apuntalar la actual gestión, sin una oposición en capacidad de actuar como ente de moderación y contrapeso.

Un verdadero escándalo

La difusión por todos los medios de comunicación de una grabación auditiva de la confrontación de la fiscal Reynoso a una jueza a la que había recusado y se negaba a abandonar el conocimiento de la solicitud del exministro Víctor Díaz Rúa de que se rechace la investigación de acusaciones de corrupción, se constituyó en un grave escándalo con cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad jurídica en el país.

Aunque algunos voceros pretenden presentarla como una “pelea de mujeres”, lo que la principal funcionaria del ministerio público en la capital dijo reviste la mayor gravedad, comenzando por la revelación de que un personaje influyente se presentó a su despacho advirtiéndole que si no archivaba la petición de investigación sería destituida. Tras retirase de una audiencia el viernes 2 de mayo, expresó que en el ejercicio del cargo “he soportado presiones, amenazas, pero lo que no haré es prestarme para un circo donde sabemos que la decisión está tomada”.

Es que la licenciada Reynoso se dijo avergonzada de ser parte de un sistema corrompido, quejándose de que hace meses había aportado pruebas contra la jueza Margarita Cristo y que, en vez de investigarla, le encargaron conocer el recurso del exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido de gobierno. Agregó tener “absoluto conocimiento de que usted fue expresamente asignada para este proceso para garantizar una parcialidad absoluta frente al solicitante Víctor Díaz Rua”.

Yeni Berenice Reynoso

Todavía más: la fiscal dijo a la jueza que sabe quién es su apoyo y defensor, que “formaba parte del Ministerio Público”. Se cree que aludía al exprocurador general Radhamés Jiménez, quien también  podría haber sido la persona que le amenazó con la destitución. Encabezó el año pasado la defensa del expresidentes Leonel Fernández y su Fundación Global y logró que la fiscal rechazara la petición de investigación sobre sus fondos formulada por el doctor Guillermo Moreno.

Los hombres de Leonel

Para nadie es secreto que Díaz Rúa, y Félix Bautista son de los más cercanos “hombres de Leonel”, que en sus últimos dos períodos de gobierno manejaron cientos de miles de millones de pesos desde el Ministerio de Obras Públicas y la oficina Supervisora de Obras del Estado. A ambos se les señala como multimillonarios y se les vincula a innumerables obras sobrevaluadas y a contratos sin concurso público. Son de los seguidores del expresidente que trabajan “con todos los Powers” por su retorno al poder en el 2016.

Bautista ya fue procesado por sobrevaluación de una carretera en el primer gobierno de Fernández, por lo que estuvo preso y luego absorbido por la justicia. Por obra de la Suprema Corte escapó a un proceso por el legendario contrato que puso en manos de la empresa Sun Land 130 millones de dólares en pagarés avalados por el Estado, lo que se constituyó en un enorme escándalo. Apenas en febrero pasado la Suprema Corte volvió a beneficiarlo ratificando una decisión de primera instancia que dispuso el archivo definitivo de otra investigación sobre actos de corrupción incoada por entidades sociales.

Díaz Rúa está bajo investigación de la fiscalía luego de las querellas de dos entidades sociales que lo responsabilizan de contratos irregulares  para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares. Para cortar de raíz las querellas, el ingeniero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier ciudadano a querellarse por corrupción contra los funcionarios Públicos.

En el ínterin, la Cámara de Diputados quiso resolver el problema el mes pasado aprobando una modificación del Código Procesal Penal que, entre otros retrocesos, eliminaba la facultad de la ciudadanía a querellarse por corrupción, y lo hizo con irregularidades procedimentales que fueron denunciadas por la diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal. El presidente Medina acogió el clamor nacional y observó esa  y otras de las modificaciones, dejando diferencias con los legisladores oficialistas.

Cuentas del desconcierto

Presidente Danilo Medina

El desconcierto institucional, que para algunos es un concierto, pasa por una serie de recientes acontecimientos que cuestionen al estado de derecho y revelan indeficiencia, complicidad o la prevalencia del fraccionamiento del Estado en parcelas asignadas a dirigentes del partido de gobierno y aliados, que hasta ahora ha sido respetado por el presidente Medina, aunque él y sus principales funcionarios han buscado distancia.

La pasada semana la Policía mató a una docena de presuntos delincuentes, incluyendo a cuatro que aún sin haberlos identificado, señaló como sicarios. Aunque dijo que varias patrullas los interceptaron al tener informes de que iban a matar narcotraficantes, no pudieron capturar a uno solo. Dicen los vecinos que los ejecutaron, pero más allá de esa barbarie, eliminaban posibles fuentes de información para establecer quiénes son los intermediarios y las empresas que intervienen en la contratación de sicarios, que no podrían ofertarse directamente.

El mes pasado la Dirección de Contrataciones Públicas dio plazo a la Junta Central Electoral para que justificara el contrato para la emisión de la nueva cédula, denunciado por graves irregularidades, y el titular del organismo alegó autonomía, aunque las leyes de Contrataciones y de la Función Pública la incluyen con su nombre específico. Todo queda en familia.

Reiteradas denuncias sobre el manejo turbio del dinero del presupuesto nacional, 18 millones de pesos mensuales, asignado al Partido Revolucionario Dominicano son ignoradas absolutamente.

En marzo sólo duró una semana en el Congreso un proyecto de Código de Familia elaborado por la vicepresidenta Margarita Cedeño, introducido aparentemente sin ninguna revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que fue descuartizado por la opinión pública por contradecir numerosos preceptos constitucionales y legales.

Lucha por la sucesión

Licelott Marte presidenta de la Cámara de Cuentas

Con el presidente y el secretario general del partido y dos ministros y otro dirigente en campaña electoral, faltando aún tres meses para que el gobierno de Medina llegue a la mitad de su período, pareciera que hay más interés en la sucesión que en apuntalar la actual gestión heredera de un enorme y sistemático déficit fiscal y un endeudamiento que el año pasado creció en 27.8 por ciento según reciente informe de la Cámara de Cuentas.

A intereses en campaña se atribuye que el gobierno no haya podido concretizar un anunciado proyecto de ley que restituiría la nacionalidad a los decenas de miles de descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país en ocho décadas. Los dirigentes del partido de gobierno siguen apareciendo más próximos a los criterios excluyentes que al sentimiento humanitario reiterado por el presidente Medina, sometido a presiones nacionales y universales que día a día reclaman límites a esa violación masiva de derechos humanos. El gobierno sigue perdiendo el tiempo y el país en progresivo deterioro de su imagen en el mundo.

Leonel Fernández,  presidente del partido oficial, ha reconocido pública y privadamente que la desnacionalización masiva es insostenible y hasta ha avalado un proyecto de ley esbozado por el gobierno, lo que se creía suficiente para resolver el conflicto, pero aparentemente hay fuerzas ocultas que lo obstruyen, sin que el mandatario se decida a seguir adelante y más bien hay quienes sostienen que volvería al plan original de ofrecerles la naturalización que corresponde a extranjeros.

La falta de un partido de oposición en capacidad de equilibrar y moderar el juego político, estaría determinando el desparpajo entre los peledeístas aspirantes a suceder a Medina que se sienten seguros en el poder y apuestan a cual pueda ser más conservador como forma de competir con las posiciones que para Leonel Fernández han significado el éxito político.

Es que la campaña por la sucesión ha arreciado demasiado temprano distrayendo las energías que todo el partido debería invertir en concertar para garantizar el mayor éxito en la actual gestión gubernamental, progresivamente condicionada por los intereses partidarios.

El cuadro descrito genera incertidumbres en sectores económicos y sociales, preocupados por  la seguridad jurídica, por los déficits fiscales y el endeudamiento que siembren preocupación por la sostenibilidad macroeconómica en víspera de nuevos retos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y de la competitividad internacional.-

Danilo salva a un PLD cada vez más a la deriva

Por Juan Bolívar Díaz
DANILO SALVA

El presidente Danilo Medina volvió esta semana a salvar la cara al liderazgo de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al acoger el clamor que rechaza las regresivas modificaciones introducidas, incluso con procedimiento engañoso, al Código Procesal Penal (CPP).

En sectores políticos se observa hasta con alarma un giro sistemático del peledeísmo a los planteamientos derechistas que postulan los ultranacionalistas, promoviendo contra-reformas, mientras el reparto del Estado llega al extremo de que Roberto Rosario coloca a la Junta Central Electoral (JCE) por encima de la ley.

Un palo al Código Procesal. Una veintena de observaciones formuladas el miércoles por el Poder Ejecutivo al nuevo CPP aprobado por el Congreso Nacional constituyen un palo a una ley regresiva que ha cosechado un amplio rechazo de expertos juristas y constitucionalistas y de entidades y grupos vinculados a los derechos humanos y la institucionalidad.

El presidente Danilo Medina no sólo acogió el rechazo generalizado a la eliminación del derecho ciudadano a querellarse contra funcionarios públicos, sino que también se manifestó contra la limitación del derecho a querellarse de las entidades del sector público. Sostiene, además, que algunas de esas modificaciones “entran en contradicción con lo dispuesto por la Constitución y con los principios universalmente aceptados en el régimen penal”.

Las observaciones del Ejecutivo, se indica, están llamadas a evitar un posible retroceso en las conquistas de la ciudadanía y del Estado Social y Democrático de Derecho. “Ciertas reformas podrían llevar al prolongamiento indefinido de los procesos con la consiguiente ineficacia para el sistema y sufrimiento para las víctimas”, sostiene.

El documento ataca una de las contrarreformas más promovidas por los sectores autoritarios, argumentando que resulta preocupante que se haya establecido como preferencial u obligatoria la medida de prisión preventiva. Pide mantener el principio de que la duda favorece al imputado. También se manifiesta contra “la propuesta transversal de los plazos del proceso expresados a lo largo de la ley en cuestión”.

Rompe el consenso grupal. No es la primera vez que el presidente Medina rompe el consenso grupal que caracteriza las actuaciones de su partido, y contradice el discurso predominante, para colocarse junto al clamor social. Entre los precedentes más relevantes se citan la revisión del contrato con la Barrick Gold y la suspensión del acuerdo que reconocía la estafa de las tierras de Bahía de las Aguilas.

Otro caso bien relevante está pendiente de ser dilucidado, cuando el mandatario envíe al Congreso un proyecto de ley en preparación que reconocería los derechos de los dominicanos descendientes de extranjeros inscritos en el registro civil, siempre que ellos no hayan intervenido en alguna irregularidad. Pese al escándalo internacional generado por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el discurso del liderazgo peledeísta ha ignorado la posición asumida desde el principio por el presidente Medina, que postula una solución humanitaria y de derecho.

Ha llamado la atención que los presidentes de las cámaras legislativas, varios ministros y altos funcionarios sostuvieron la posición radical de los ultranacionalistas sin siquiera aludir la del mandatario. Más allá de las firmes posiciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista y diputado Manuel Jiménez, la excepción ha sido el expresidente Leonel Fernández, pero éste sólo públicamente en escenarios internacionales, como si no quisiera ir contra el consenso grupal partidario y los ultranacionalistas. Primero en Nueva York, luego en Washington y esta semana en un foro económico celebrado en West Palm Beach, Florida, donde volvió a plantear que se debe reconocer los registros de nacimiento de los nacidos en el país, según un informe de Matt Sedensky para la agencia Prensa Asociado, reproducido en el Miami Herald.

La aprobación irregular. Las modificaciones al CPP no han sido rechazadas sólo por su contenido, ya que la diputada peledeísta Minou Tavárez Mirabal denunció que hubo manipulación y engaño en el procedimiento y pidió una investigación y las sanciones que correspondan a los responsables, lo que hubo de ser aceptado por el presidente de la Cámara.

Tavárez Mirabal sostiene que en la ley aprobada se incluyó la modificación del artículo 85 que no figuraba en el proyecto que había discutido y consensuado la Comisión de Justicia de la Cámara para eliminar la facultad de la querella ciudadana contra los funcionarios públicos. Pero se le tramitó como “el mismo” aprobado en otra legislatura, razón por la cual no volvió a la comisión, se le liberó de lectura y se le aprobó de urgencia, en dos votaciones consecutivas.

No debe pasar desapercibido que la denuncia de la irregularidad proviniera de una diputada oficialista, lo que pone de relieve la falta de contrapeso en un Congreso dominado por un solo partido, pero donde los opositores muestran ineficiencia y complicidad. En la cámara hay 75 diputados perredeístas y 12 reformistas. En el Senado 31 del PLD y un reformista. Apenas un puñado de los opositores han disentido del proyecto, aprobado por mayoría precaria tras dos intentos fallidos por falta de quórum.

La JCE de Roberto Rosario. Otra demostración de la pérdida de la brújula institucional ha sido la negativa del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, de acogerse a la solicitud de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado de que entregue los documentos relativos al contrato para la emisión de la nueva cédula de identidad y electoral, objetado públicamente por empresas que aseguran haber ofertado tecnología más avanzada y de mucho menor costo.

La directora del organismo de control, doctora Yocasta Guzmán, se vio precisada a emplazar a Rosario para que entregara la información en un plazo que venció esta semana. Pero éste se ha colocado por encima de la ley y está dispuesto a llevar el caso al Tribunal Constitucional para que declaren inconstitucional esa pretensión bajo el alegato de que la JCE es autónoma. Apenas reconoce la jurisdicción de la Cámara de Cuentas, pero esta sólo audita gestiones, no verifica licitaciones.

La JCE no está exenta de la vigilancia de la Dirección General de Contrataciones, según las leyes 340-06 y 449-06 que norman y reglamentan las compras y contratos estatales, o la ley 41-08 de Función Pública y la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, lo que no se justificaría en un organismo que debe ser modelo de transparencia y credibilidad, pero que tiene un récord de cuestionamientos a sus contratos, como ocurrió con el firmado por Rosario con la empresa Somo para una tecnología que aún se cuestiona lo mismo que su costo de unos 84 millones de dólares.

El artículo 1 de la ley 340-06 establece las normas “que rigen la contratación pública, relacionada con los bienes, obras, servicios y concesiones del Estado”, comenzando por el Gobierno Central e incluyendo las instituciones descentralizadas y autónomas, financieras y no financieras, municipios y empresas estatales y “cualquier entidad que contrate la adquisición de bienes, servicios, obras y concesiones, con fondos públicos”.

El párrafo 1 de su artículo 2 precisa que a los efectos de esta ley se incluye, entre otras instituciones a la JCE. El artículo 4 de la Ley de Función Pública también la incluye en sus normativas, lo mismo que a todas las instituciones estatales centralizadas y descentralizadas, autónomas o no.

Lo más grave es que se quieran amparar en la autonomía para contratos estatales, y en una institución cuestionada también por la Cámara de Cuentas, en una auditoría que puso en evidencia que en el 2012 gastó más de mil millones de pesos que recaudó y no pasó por el fondo general de la nación ni el Presupuesto Nacional.

No hay que dudar que dejen sola a la directora general de Contrataciones en el reclamo de la ley, pues Roberto Rosario llegó a la JCE desde el Comité Central del PLD, y el Estado está repartido en minifundios, propiedad de sus incumbentes que, del partido o aliados, operan a su mejor conveniencia.

Ni siquiera los precandidatos

El consenso grupal peledeísta en torno a posiciones cada vez más regresivas es tan fuerte que ni los que aspiran a la candidatura presidencial del PLD para el 2016 se han atrevido a marcar diferencias. Reinaldo Pared Pérez, además presidente del Senado y secretario general peledeísta, no ha tenido la menor moderación frente a la desnacionalización de decenas de miles de personas o en relación a las regresiones consignadas en el CPP.

Los demás aspirantes públicos a la candidatura oficialista han preferido el silencio frente al intenso y extenso debate de la nacionalidad o las reprobaciones a las modificaciones del código. Ni siquiera el procurador general, Francisco Domínguez Brito, uno de los peledeístas más apegados a los principios y la ética, defendió el derecho de los desnacionalizados, y aunque expresó que no simpatiza con algunas de las reformas al código, se mostró discreto y resignado.

La impresión que quedó es que el liderazgo del PLD respaldaba firmemente la revocación del derecho de la ciudadanía a querellarse contra la corrupción, lo que ya había impugnado ante el Tribunal Constitucional el tesorero de ese partido y exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, un multimillonario confeso bajo investigación precisamente por querellas de entidades sociales.

 

Nueva correlación de fuerzas en el PLD

Por Juan Bolívar Díaz

Los resultados de la votación interna para elegir 138 nuevos miembros del Comité Central (CC) del PLD arrojan importantes cambios en la correlación de fuerzas entre sus dos mayores líderes, el presidente Danilo Medina y su antecesor Leonel Fernández, pero sin que se pueda interpretar que éste haya sido derrotado.

El certamen también ratificó la necesidad de una ley de partidos políticos que incentive el ejercicio de la democracia interna, garantice la libre y equitativa competencia y sancione los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, tanto internas como nacionales.

Barrida de los danilistas. Más allá de las fuertes contradicciones, que incluyeron brotes de violencia, lo más relevante ha sido la barrida electoral protagonizada por los candidatos señalados como seguidores del presidente Medina, que según estimaciones extraoficiales implicaron la conquista de cerca de dos tercios de los sillones del CC en disputa.

Los informes disponibles hasta ayer sábado, cuando oficialmente sólo se había computado el 81 por ciento de la votación, indican que los danilistas habrían conseguido una amplia mayoría de los 138 asientos, para algunos sobre el 60 por ciento. Otros 30 fueron escogidos mediante el inédito método de uno por cada uno de los 26 integrantes del Comité Político, lo que hacía más difícil el predominio absoluto de alguna de las corrientes políticas y grupales que inciden en la organización.

Eso no se traduce automáticamente en un control del CC ya que los 138 elegidos el domingo, son apenas el 20 por ciento de los 620 que integrarán el organismo, que hasta ahora era de unos 400. A los 168 se sumarán 52 legisladores que también pasarán a formar parte del mismo.

En cualquier caso la barrida danilista, que ha repercutido en la opinión pública, tendrá incidencia al interior del partido gobernante, fortaleciendo la incidencia del Presidente y ampliando sus posibilidades de gobernar al margen de los intereses de un Leonel Fernández que ha permitido el inicio de una nueva campaña por la candidatura presidencial del PLD cuando apenas había transcurrido el primer cuarto de la actual gestión y sin que algún otro partido amenace poner en jaque al oficialismo.

Deseos de alternativas. Hay que tomar en cuenta que Danilo Medina no es un improvisado en la política partidaria y que durante años se le consideró el albañil sobre el cual pudo llegar su partido al poder y erigirse la fortaleza de Leonel Fernández, en sus primeros 6 años de gobierno. El era el enlace con la dirigencia media y baja, quien atendía demandas y buscaba colocaciones, mientras el abogado cultivaba las alturas.

Cuando era presidente Fernández suscitaba la adhesión de la mayoría del CC y del Comité Político, pero empezó a debilitarse cuando sus partidarios comenzaron a activar para imponer un cuarto período de gobierno y tercero consecutivo. Cuando fue obvio que hasta dentro del partido había resistencia a ese continuismo y se quiso colar la candidatura de la esposa, no consiguieron el apoyo ni del Comité Politico. El derroche de dinero y poder que han exhibido los más cercanos activistas de Leonel, como Félix Bautista y Díaz Rúa, también es causa de rechazo interno.

Sin un partido de oposición que en lo inmediato amenace el reinado peledeísta, es natural que crezcan las ambiciones de otros dirigentes por acceder a una candidatura que presumen triunfante. De ahí que se hayan lanzado abiertamente Francisco Javier García, Reinaldo Pared y Temístocles Montás, y que se mantengan las aspiraciones de otros como José Tomás Pérez y Francisco Domínguez Brito.

Habría una especie de todos contra Leonel, generalizándose el criterio de que sus tres períodos son suficientes. Quien ha hablado más abiertamente de la necesidad de renovación es el ministro de economía, Montás. Alguien cercano a Medina señaló “la alta tasa de rechazo que mantiene Leonel en las encuestas que no se publican”.

No subestimen a Leonel. Sería superficial pretender que los resultados de una elección interna tan limitada decreten el ocaso del liderazgo del expresidente, un político de muy alto carisma, a quien medio PLD le debe una extraordinaria prosperidad y en muchos casos riquezas, obtenidas gracias a su capacidad para retener el poder, sin olvidar que fue clave para que Medina pudiera sucederlo.

Es visible el fuerte apoyo que Fernández conserva entre legisladores, especialmente los senadores, y en los sectores más conservadores de la sociedad, a quienes se ha entregado, así como los abundantes recursos económicos acumulados por su estado mayor político.

Con la alta aprobación que ha logrado en su gestión, nadie debería sorprenderse del auge político de Danilo Medina, pero con la imposibilidad de repostularse, es difícil que pueda subordinar definitivamente la fuerza interna y externa que mantiene el presidente del PLD. En el actual escenario nacional, sin un partido de oposición que amenace su predominio, aún con el actual alto rechazo de Fernández, no asoma todavía quien pueda emerger como alternativa victoriosa. Por eso mismo, los legisladores peledeistas leales a Leonel dificultarían un proyecto de ley para abrir la brecha de un plebiscito o referendo sobre reelección, y ni hablar de reforma constitucional, por la mayoría requerida de dos tercios de la Asamblea Nacional.

Mientras tanto no hay dudas que el danilismo sale fortalecido del proceso interno del PLD, con el leonelismo a la defensiva, pero lejos de estar vencido, lo que repercutirá en una intensificación de la precipitada precampaña para unos comicios nacionales que distan a dos años y cuatro meses. No debe esperarse que la sangre llegue al río, dado el sentimiento de cuerpo de los peledeístas y su acentuada vocación de poder que los dota de capacidad para pactar entre ellos y con fuerzas extrañas.

Se desmitifica el PLD. La votación del domingo 12 siguió desmitificando el partido que fundara el profesor Juan Bosch, con más de un millar de aspirantes a 168 puestos, una campaña desaforada y derrochadora por todos los medios de comunicación, enfrentamientos que llegaron a un muerto y varios heridos, robo de urnas, inversión de recursos de dudoso origen y denuncias de fraudes y manipulaciones.

Las denuncias de abuso de recursos estatales salieron de los propios peledeístas, incluyendo a cuatro senadores, llegándose al extremo de entregar copias fotostáticas de decenas de cheques del quebrado Consejo Estatal del Azúcar distribuidos como parte de la campaña de su director ejecutivo.

Ciertamente que las irregularidades no fueron generalizadas, y que no se ha documentado, como otras veces, un desmadre en el abuso del poder, pero el dinero se impuso, con inversiones de hasta dos dígitos de millones de pesos para alcanzar un puesto en un organismo que en los últimos 9 años apenas ha sesionado cuatro o cinco veces para ratificar candidaturas, aunque también significativamente para prolongar el mandato de la mayoría de sus altos dirigentes.

Con una votación que el segundo boletín estimó en 731 mil, alta para una limitada elección interna, pero apenas 28 por ciento de un abultado padrón de 2 millones 646 mil miembros, el PLD se ratifica como fuerza dominante. La extensión por casi una semana del cómputo también desmitifica su eficiencia y disciplina.

Los brotes de violencia, con un muerto en Maizal, Esperanza, con tiroteos golpes y heridos en Santiago, Santo Domingo Oriental, La Romana, Barahona, Pedernales y Ocoa, la masificación peledeísta parece recorrer el terreno de la política tradicional. .

De nuevo quedó evidente la necesidad de una ley de partidos que garantice la democracia interna y sancione los excesos, que los partidos dominantes se han negado a aprobar en las doce ocasiones que ha sido introducida al Congreso Nacional, desde la elaboración de su primer proyecto por consenso social y político del 1998-99.-

Hipótesis sobre este cambio

Nadie duda que el disfrute y uso de los recursos estatales es uno de los factores que explican este cambio en el partido gobernante. Pero no es suficiente, ya que los activistas pro Leonel no son desarrapados ni aficionados en el uso del poder. Como es propio de la incultura democrática y la falta de reglamentación y sanción, el poder de algunos funcionarios jugó un papel, pero sin alcanzar los desniveles de años anteriores.

A los leonelistas les devolvieron un poco de la medicina que ellos utilizaron contra los danilistas, no sólo cuando Fernández se impuso en la candidatura presidencial para los comicios del 2008, cuando Danilo acuñó la sentencia “me venció el Estado”, sino incluso cuando trataron de cerrarle el paso para la candidatura del 2012. Primero gastaron una millonada recogiendo dos millones de firmas y tratando de imponer una nueva reelección que acababa de ser prohíbida, sino luego con las frustradas precandidaturas de Margarita Cedeño y del vicepresidente Rafael Alburquerque.

Jugó su papel también la cultura presidencialista, según la cual en el partido oficial no se debe ir contra la corriente del responsable del Gobierno, pero también influyó, y en gran medida, el nuevo estilo de liderazgo de Medina dentro y fuera de su partido, más cercano a los dirigentes y militantes y a más diversos sectores sociales.

Dentro del PLD muchos celebran que Medina dejara atrás el aparataje de poder, el providencialismo, el boato y el desprecio por el tiempo de los demás que implicaban los sistemáticos atrasos de hasta tres horas en la llegada de Fernández a sus compromisos nacionales o partidarios. Se le llegó a atribuir renuencia en recibir a dirigentes y militantes partidarios y que los hacía esperar durante horas.

 

El PLD: 40 años después muy lejos de sus orígenes

Por Juan Bolívar Díaz

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) arriba esta semana a su cuadragésimo aniversario convertido en una poderosa maquinaria de poder político, electoral y económico, cada vez más alejada de los objetivos con que lo concibió su fundador, el profesor Juan Bosch.

Con un proyecto de dominación política proyectado para las próximas tres décadas por su reconstructor ideológico, Leonel Fernández, el PLD pasa por momentos de gran tensión por la emergencia de nuevos actores que le disputan la primacía a partir del fuerte apoyo popular que recibe el presidente Danilo Medina.

Gran maquinaria política. El PLD alcanza su cuadragésimo aniversario convertido en una maquinaria de poder político y económico, que ha vencido en las últimas cinco elecciones nacionales y controla a su antojo todos los poderes del Estado, y cuyo predominio es proyectado hasta por más de tres décadas por su refundador ideológico, el expresidente de la República Leonel Fernández, quien el 14 de julio pasado dijo que gobernaría por otros 20 años, pero esta semana lo proyectó hasta más allá del 2044.

Aunque tanto optimismo no cuenta con las grandes insatisfacciones que prevalecen en una población con 42% de pobreza, desde el punto de vista de maquinarias electorales no parece descabellado, ya que el partido morado ha desarrollado una enorme capacidad para comprar todo lo que se mueve en el mercado con políticas clientelistas y repartos del patrimonio público que le han asegurado una alianza de hasta 14 partidos políticos.

Dejando atrás su andamiaje ideológico fundacional, el PLD se abanderó con las posiciones conservadoras para desplazar al Partido Reformista Social Cristiano que las había encarnado durante tres décadas, y terminó absorbiendo gran parte de su liderazgo y cuadros medios, gracias a un reparto de cargos públicos y organismos estatales. Y las habilidades políticas han alentado la división en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), secuestrado por una minoría encarnada en el empresario Miguel Vargas Maldonado, quien tras perder las elecciones presidenciales del 2008 firmó un pacto político con el entonces presidente Leonel Fernández, único beneficiario del mismo.

Bajo la égida de Fernández, el PLD también neutralizó a gran parte del liderazgo sindical, y segmentos del empresariado, de la intelectualidad y los organismos profesionales y sociales, y creó un enorme entramado comunicacional con el desbordamiento de empleos de altos salarios, becas, contratos y pensiones privilegiadas, mientras en los niveles bajos repartía más de dos millones de tarjetas para diversos “programas para combatir la pobreza”, a costa de déficits fiscales por 400 mil millones de pesos y duplicación de la deuda del Estado en los últimos seis años.

 Un ejemplo ilustrativo. Un ejemplo de la degeneración ideológica del partido que quiso tener Juan Bosch se encuentra en la política de desnacionalización de decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país, en su mayoría de haitianos, donde han asumido la posición nazi-fascista del vinchismo, a costa de un segmento muy pobre.

La confusión es tan grave que aunque sus dos máximos líderes, el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, cuestionaron el carácter retroactivo de la sentencia del Tribunal Constitucional, los presidentes de las cámaras legislativas, casi todos los dirigentes del partido y hasta los funcionarios del Gobierno, se asimilaron más bien a la posición de la minoría ultranacionalista.

Es increíble que casi nadie reivindicara la posición del presidente Medina, quien poco después de la sentencia se reunió con representantes de las víctimas, y les pidió excusas por los sufrimientos que les han causado, planteando que se trata de un problema humano al que debían buscar solución. El inmenso andamiaje mediático peledeísta asumió las posiciones más radicales.

En la medida en que se han convencido que buena parte del país y todo el mundo externo rechaza el genocidio civil, con la amenaza de condenas internacionales, tanto el presidente Medina como Fernández favorecen una solución, pero aparentemente no encuentran un bajadero, presionados por sus aliados y propios voceros. Con la agravante de que la relación entre los dos líderes parece cada vez más conflictiva y se señalan responsables de haber metido al Gobierno en una pendiente resbaladiza.

Muy parecido al PRD. El PLD se va pareciendo cada vez más al PRD que era su negación. Tras su derrota electoral en el 2000, decidieron transformarlo en partido de masas, suprimir los círculos de estudio y hacer incompatibles los cargos en el Gobierno con la dirección del partido, pero eso fue suprimido tan pronto recuperaron el poder en 2004.

Los organismos se han tornado inoperantes. La Comisión Política sesiona esporádicamente, y ni eso ocurre con el Comité Central. Los comités intermedios y de base prácticamente han desaparecido, lo mismo que la revista teórica Política y el periódico Vanguardia del Pueblo, que en los años de esplendor tenían que vender hasta los dirigentes nacionales.

En 2012 debieron elegir nuevos directivos de los dos organismos superiores, pero se auto prolongaron el período legitimándolo con un plebiscito. Ahora con su octavo congreso nacional compensarán ampliando la Comisión Política de 26 a 36 miembros, y el Comité Central de 400 a 556

La parcela del poder en beneficio de los miembros de los dos organismos superiores como de los aliados electorales es tan fundamental que la mayoría permanece en los mismos cargos, y aún 16 meses después del cambio presidencial del año pasado, pocos han sido movidos y menos dejados fuera del tren gubernamental.

Tensiones en el PLD. El PLD pasó por numerosas crisis antes de llegar al poder, como las que produjeron la expulsión de sus secretarios generales Tonito Abréu y Rafael Alburquerque y de los hermanos Fiallo al principio de los ochenta, y la de Max Puig, Nélsida Marmolejos, Onofre Rojas y otros en 1991. Ese año el mismo Bosch llegó a anunciar su renuncia al partido, considerando que sus líderes habían devenido tan ambiciosos y grupales como los perredeístas. Lo convencieron para que se quedara.

Durante los años de Gobierno, la criticidad ha sido una especie en extinción, pero las tensiones van en aumento entre seguidores del presidente Medina y los de Fernández, sobre todo en la medida en que se han impulsado algunos cambios, prioridades, mayor transparencia y austeridad, cuando se denunció el contrato con la Barrick Gold y se modificaron contratos de obras públicas

Como se da por hecho que Leonel Fernández aspirará de nuevo a la presidencia, él mismo dijo a mediados de año que “el león salía para las calles”, y los senadores Félix Bautista y José Rafael Vargas ya lo han proclamado y empezado a crear comités de apoyo, otros dirigentes y funcionarios como Temístocles Montás y Francisco Javier, se han lanzado en abierta campaña por la candidatura. Se abrió así una lucha por la sucesión cuando faltaban 3 años para las elecciones y el Gobierno apenas despuntaba, generando tensiones que harán mella en la gestión de Gobierno y en la disciplina partidista. De ahí planteamientos como el del senador Euclides Sánchez, quien favorece una nueva reforma constitucional para abrir puerta a la reelección de Danilo Medina, algo casi imposible por la fuerza de Fernández en el Congreso y el partido.

Bosch sufriría un infarto
Si el éxito político se mide siguiendo el planteamiento del profesor Bosch en 1962, cuando dijo que “un buen político es el que sabe mantenerse en el poder”, el PLD ha cumplido su misión a partir de 1996 cuando alcanzó el poder a los 23 años de fundado, la primera vez que llevó de candidato presidencial a Leonel Fernández y no a su líder-fundador para entonces casi vencido por el implacable paso del tiempo.

Sin embargo, cuando Bosch abandona el PRD para fundar el PLD, lo hace porque su pensamiento político había evolucionado, nutriéndose del marxismo para plantear un programa de liberación nacional. Fernández reconoció en artículo del 29 de julio en el Listín Diario que el partido creado en 1973 era “una organización política de naturaleza progresista, popular y moderna, cuyo objetivo es completar la obra de Juan Pablo Duarte y los trinitarios, mediante el fortalecimiento de la democracia, la libertad, la justicia, la inclusión social, la equidad de género, la protección del medio ambiente, la solidaridad, la paz y la defensa de la identidad nacional”.

Bajo esos postulados es que Bosch abandona el PRD para fundar el PLD convencido de que sus líderes solo buscaban cargos y riquezas, aunque apenas habían pasado 7 meses en el Gobierno, bajo su jerarquía. Por esa razón son muchos los observadores que creen que le daría un infarto si volviera a vivir y viera el boato y la riqueza acumuladas por gran parte del liderazgo peledeísta, y que sus fundamentos ideológicos coinciden hoy más con el balaguerismo y el vinchismo que proclamó Fernández, mientras persisten los graves problemas de pobreza, educación, salud, electricidad, empleo, agua potable y alcantarillado y de exclusión social. Son cada vez menos los peledeístas dispuestos a honrar el lema de “servir al partido para servir al pueblo”.

 

Lo de Dovicon no tenía madre

Por Juan Bolívar Díaz
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El Ministerio de Obras Públicas merece un reconocimiento por haber rescindido el contrato que su antecesor Víctor Díaz Rúa había otorgado a una empresa denominada Dominicana de Vías Concesionarias (DOVICON) para que se ganara más de 3 mil millones de dólares en 30 años, al través del cobro de los peajes de las principales carreteras del país.

Al informar sobre la decisión, el ministro Gonzalo Castillo señaló que de esa forma el Estado se queda con unos 70 millones de dólares anuales que ahora se podrán gestionar e invertir con transparencia para beneficio de todos los dominicanos y dominicanas. Pero el reconocimiento sería mayor si el funcionario hubiese presentado un informe pormenorizado que pudiera justificar el pago de 70 millones de dólares por las inversiones que supuestamente había hecho la empresa para cumplir la responsabilidad de ampliación, reparación y mantenimiento de las tres principales vías del país.

Lo peor de todo es que a la DOVICON se le pagará también una indemnización de 65 millones de dólares por la rescisión del contrato, por lo que la erogación total será de 135 millones de dólares, equivalentes a más de 5,400 millones de pesos que tienen toda la configuración de una enorme estafa en perjuicio de este pueblo pobre que todavía vive en precariedad de agua potable, energía eléctrica, alcantarillados, escuelas, hospitales, viviendas y transporte.

Nos encontramos ante un escándalo de dimensiones similares al histórico caso de la Sun Land Corporation, a la que el presidente Leonel Fernández y su ministro Félix Bautista entregaron pagarés por 130 millones de dólares para venderlos en el mercado internacional y usufructuar ese dinero, bajo el entendido de que sería invertido en una serie de obras que no ejecutaron.

A diferencia de lo que ocurrió cuando trascendió el financiamiento clandestino, al margen del Congreso Nacional, esta vez casi nadie ha expresado consternación. Unos pocos periodistas y medios y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera han expresado indignación y reclamado transparencia total.

No es solo que a este país le deben la justificación de las supuestas inversiones, sino una explicación, que debía ser casi denuncia judicial, de cómo fue posible que se otorgara un contrato tan grosero, con la consiguiente identificación de los accionistas y ejecutivos de la empresa, que según se tiene entendido son colombianos y dominicanos. La normalidad con que hemos asumido ese pago de 135 millones de dólares es un indicio contundente de que aquí perdimos la capacidad de asombro. Ni siquiera hay oposición política en capacidad de clamar sanciones. Tampoco un Congreso Nacional vigilante que cumpla su responsabilidad de fiscalización y representación, en vez de estar engrosando barrilitos y cofrecitos para repartir migajas y traficar con la miseria.

Si se le suman unos 50 millones de dólares que en los meses finales del año pasado hubo que pagar como indemnización a otra concesionaria de carreteras (CODACSA) a la que también se le rescindió un contrato, el monto de pérdidas asciende a 185 millones de dólares, más de 7,400 millones de pesos.

En ambos casos se trató de contratos amarrados con los funcionarios de turno, tráfico de influencia, negocios oscuros de enormes dimensiones, que quedan en la impunidad. Por eso es que esta nación es campeona mundial en corrupción y malversación. Por eso la descomposición se traduce en tanta violencia.

Como consuelo, y en abono del ministro Castillo, hemos sabido de fuentes de total crédito que también ha renegociado el contrato de la carretera Ocoa-Piedra Blanca, reduciendo su costo en unos 150 millones de dólares, y la circunvalación La Romana, Bulevar del Este-Miches con economía de otros 90 millones de dólares.

Una gran oportunidad perdida

Por Juan Bolívar Díaz
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 Cuando la Suprema Corte de Justicia (SCJ) se inclinó reverente ante el presidente Leonel Fernández, entonces en verdadero aprieto por el nunca esclarecido escándalo de los bonos por 130 millones de dólares entregados a la empresa Sun Land, se frustró y empezó a revertirse el más significativo esfuerzo de la sociedad dominicana por institucionalizar la justicia y dar plena vigencia al Poder Judicial.

 Fue obvio para todos que la mayoría de los integrantes de esa corte se rindió ante las presiones del Poder Ejecutivo en la persona del presidente Leonel Fernández, quien había violentado el orden constitucional al autorizar un endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso Nacional. Con la agravante de que el empréstito se hizo clandestinamente, que el dinero no ingresó al Banco Central y que nunca se ha podido documentar convincentemente el destino que se le dio.

 En cualquier país de mediana intensidad democrática, ese escándalo hubiese con- llevado el procesamiento judicial de los responsables y probablemente la pérdida de los cargos que ocupaban. Desde luego que en ninguna nación donde funcionen las instituciones de la democracia podría producirse un fraude tan obvio y de esa magnitud y grosería.

 Para exonerar de responsabilidad al presidente Fernández y a su subalterno Félix Bautista, esa SCJ tuvo que renegar de su propia jurisprudencia, restringiendo la concepción de “parte interesada” que había consagrado y mantenido desde su sentencia del 8 de agosto de 1998 que declaró inconstitucional una limitación legal de la inamovilidad de los jueces, acogiendo una instancia de un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

En el caso Sun Land, la SCJ declaró inadmisible la instancia de inconstitucionalidad negando esa facultad a un grupo de ciudadanos y al Partido Revolucionario Dominicano que recurrieron en sendos documentos del 15 y 18 de octubre del 2007. Tras más de un año, el 18 de diciembre de 2008, la corte restringió el derecho a los presidentes de las cámaras legislativas en base a la consideración de que solo le correspondía a ellos “siendo una potestad exclusiva del Senado de la República y de la Cámara de Diputados aprobar o no el préstamo a que se contraen las acciones en inconstitucionalidad en cuestión”.

Siempre se había considerado que aquella sentencia constituyó una prevaricación de los jueces supremos de la nación. Pero esta semana el país recibió la confesión del doctor Jorge Subero Isa, quien presidía la SCJ, de que “fue un crespón negro en la toga de los jueces”, que  al expediente Sun Land “se le dio una solución política”.

Es indiscutible que esa Suprema Corte tuvo múltiples realizaciones que implicaron importantes avances al saneamiento e independencia del Poder Judicial. Pero aquella claudicación ante el poder fue un lastre y abrió las puertas al retroceso, auspiciando que tras la reforma constitucional de 2010 el presidente Fernández se considerara sobre el bien y el mal, y constituyera una nueva Suprema Corte a su imagen y conveniencia personal, lo mismo que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a partir del absoluto control del Consejo Nacional de la Magistratura.

Si hubo una corte que debió ser plenamente independiente del poder político fue la que presidió Subero Isa, entre otras razones porque sus integrantes no le debían el cargo al presidente de turno. Porque su elección fue fruto de un amplio consenso de las fuerzas políticas impulsado por las organizaciones más relevantes de la sociedad civil. Fue una gran oportunidad perdida para afianzar definitivamente la independencia de la justicia y la fortaleza institucional del Poder Judicial y para que ese colectivo judicial se inscribiera en las páginas gloriosas de la historia nacional.

Como tantas veces en la historia de la nación, esos jueces fueron incapaces de jugársela, con tres honorables excepciones, las de las magistradas Ana Rosa Bergés y Eglys Margarita Esmurdoc y el magistrado Julio Aníbal Suárez, a quienes el presidente Fernández cobró su osadía separándolos de la Suprema Corte de Justicia, tras la claudicación colectiva que lo instituyó intocable.

El Nunca Jamás de Guillermo Moreno

Por Juan Bolívar Díaz
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La generalidad de los que han leído la querella del doctor Guillermo Moreno para que se investiguen las cuentas del expresidente Leonel Fernández (LF) y su Fundación Global (Funglode) concluyen en que es un documento con abundante fundamentación que por lo menos pone de relieve la ausencia de transparencia.

Aunque se presentan indicios documentales de serias irregularidades, muchos estiman que las debilidades institucionales de la nación dejan escasas  posibilidades de que la querella prospere, y hay quienes esperan que siquiera sirva para incentivar transparencia y escrupulosidad en la gestión pública.

La valentía de Moreno.  La iniciativa del jurista y profesor universitario que fuera el primer procurador fiscal del presidente Fernández en 1996 y candidato presidencial en las elecciones del año pasado, es un acto de valentía frente al poder político, económico y judicial  acumulado por el exmandatario y líder del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Por supuesto que está movida por intencionalidad política, como es lógico y normal en todas las actividades de los personajes públicos, pero merece una ponderación y respuestas más allá de la simple descalificación.

Frente al cúmulo de documentos contenidos en la querella, el más interesado en su dilucidación debería ser el propio acusado, sobre todo cuando todo el país le atribuye la también intencionalidad política de buscarse por lo menos un cuarto período de gobierno. El doctor Fernández y sus abogados podrían aprovechar la circunstancia para hacer transparente todo el financiamiento y el gasto de la Fundación Global que acaba de cumplir trece años de constituida, el 3 de enero del 2000, al amparo de su primer período de gobierno (1996-2000).

En el mundo democrático no se acepta que un presidente en ejercicio constituya una fundación y recabe recursos multimillonarios mientras ejerce la labor de gobierno, porque se presta al tráfico de influencia, cuando no a la extorsión. Eso se reserva a los ya retirados de la competencia política y en cualquier caso tienen que publicar anualmente sus ingresos y gastos, con las fuentes de financiamiento.

La falta de información sobre las fuentes de financiamiento y el gasto de Funglode ha sido objeto de murmullos en los ámbitos diplomáticos y de instituciones internacionales. Hasta personalidades invitadas a actividades de esa entidad han quedado sorprendidas por el lujo de sus instalaciones y se han interesado por saber cómo se financia. El año pasado se produjo una exclamación de molestia por parte de representantes de un organismo internacional ante tres periodistas cuando al pronunciar un discurso el embajador de su país informó de un programa con la Fundación Global. Aludieron a que la cooperación internacional debería  ser coherente con el reclamo de transparencia.

Consistente documentación.  Las lujosas edificaciones de Funglode, con oficina de alta clase en Nueva York, y sus múltiples actividades son suficiente evidencia de una entidad multimillonaria. Y lo fue casi desde el principio ya que al quebrar el Banco Intercontinental en marzo del 2003, tenía allí depósitos financieros por 104 millones 49 mil pesos, más 15 millones 67 mil 245 pesos en tres cuentas corrientes, y 15 mil 791 dólares, para un total superior a 119 millones de pesos, según detalló la comisión del Banco Central que intervino el banco.

La querella documenta la movilización de decenas de millones de pesos obtenidos mientras el doctor Fernández era presidente de la nación, pero manejados en cuentas personales, primero a nombre de Manuel Rodríguez Casado, y luego de Marilis Pérez y Luisa del Pilar Marte, la primera asistente personal de Diandino Peña, ministro administrativo de la presidencia, luego ministro de Obras Públicas y finalmente director de la Opret, constructora de las dos líneas del metro capitalino. Las cuentas permanecieron a nombre de esos particulares que nunca fueron directivos de Funglode, aún años después que la entidad tuviera formal incorporación y pudiera operar en el mercado bancario.

Los lectores de la querella que ha sido profusamente difundida en innumerables sitios de Internet y en un folleto editado con el título de ¡Nunca Más!, resultan impresionados por la cantidad de facsímiles de cheques y cuentas bancarias que la documentan. Sostiene que la cuenta en Baninter a nombre de Rodríguez Casado, cerrada en septiembre del 2000, manejó entre depósitos y créditos 66 millones 622 mil 292 pesos en los primeros nueve meses de la fundación y cuando Fernández todavía era presidente de la nación. En algunas fechas los depósitos fueron multimillonarios: 11 millones 200 mil el 15 de junio, 15 cheques de un millón cada uno el 19 de junio, y un depósito de 7 millones de pesos el 15 de agosto, último día del gobierno 96-2000, mediante un cheque de administración comprado con dinero en efectivo.

Pesada carga para la Fiscal.  La querella con 104 “elementos de prueba” presentada a la procuradora fiscal del Distrito Nacional el 24 de enero constituye una carga muy pesada que podría poner  en juego la tranquilidad y hasta la carrera de la joven abogada Yeni Berenice Reynoso, traída a la capital tras acumular prestigio en la fiscalía de Santiago. La generalidad de los observadores cree que es un peso demasiado grande por los poderes que concentra el expresidente Fernández, especialmente en las altas cortes. Aunque no faltan quienes esperan que ella se constituya en una especie de Baltasar Garzón, el juez español que ganó prestigio mundial con atrevidas acciones judiciales.

El 5 de enero Moreno y sus abogados adicionaron un documento amparados en el Código procesal Penal señalando una serie de diligencias que la fiscalía debería realizar ante instituciones financieras públicas y privadas para investigar los cargos que formulan al expresidente y su fundación. También las cuentas de las personas que manejaron recursos de Funglode.

Piden centrar indagaciones sobre las declaraciones juradas ante la Dirección General de Impuestos Internos que debió hacer la fundación a partir del 2005 cuando entró en vigencia la Ley 122-05 sobre entidades sin fines de lucro y que obliga a transparentar cada año los ingresos y egresos de las mismas. Solicitan identificar nombres y montos de los donantes, empresas o personas.

Los cargos específicos.   Los cargos presentados en la querella incluyen la violación al artículo 146 de la Constitución que sanciona la corrupción y penaliza a quien “prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico”. Así como a quien “proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.

También imputan delitos establecidos en el Código Penal como concusiones de funcionarios públicos, de funcionarios mezclados en asuntos incompatibles con su calidad, violación a la ley que castiga el lavado e incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas, y los crímenes de prevaricación y perjurio.

Es obvio que no resulta fácil comprobar ni condenar tantos y tan graves cargos y menos a un líder político, con amplia defensa, pero la documentación es tan pesada y abundante que en cualquier democracia siquiera de mediana intensidad produciría un gran escándalo político. Por lo menos obliga a una minuciosa y extensa investigación a no ser que se le pretenda despachar políticamente.-

Muchas operaciones turbias

La querella de Moreno, sustentada por tres brillantes jóvenes abogados, Cristóbal Rodríguez, Carlos Moisés Almonte y Jorge Luis Polanco Rodríguez, muestra numerosas operaciones trianguladas de cuentas. Por ejemplo para la construcción y equipamiento del edificio de Funglode de la cuenta Marilis-Luisa se destinan al menos 15 millones de pesos a Promociones Madeira SA, pero los cheques eran depositados en una cuenta a nombre de Maritza López y/o José Abréu, funcionarios y aliados políticos de los gobiernos de Fernández. De aquí se documentan cuatro pagos entre febrero y septiembre del 2002 para equipos y cubicaciones de la fundación que totalizan 4 millones 474 mil pesos.

La querella ejemplifica cargos a LF como propiciar compañías e interpósitas personas como “empresarios” para captar recursos y ponerlos a su disposición a través de Funglode, lo que consideran incompatible con la función pública y violatorio de la ley; prestadores de servicios al Estado hacían contribuciones; entidades públicas convertidas en clientes y patrocinadores de la fundación. Se citan cheques con montos de cientos de miles de pesos de instituciones como el Banco Central, Indotel y varios ministerios para patrocinar cursos, seminarios, cenas y fiestas de la fundación.

Una extensa documentación se refiere al patrocinio de Funglode por diez empresas cuya propiedad se atribuye al actual senador Félix Bautista, íntimo colaborador de LF, quien dirigiera la poderosa Oficina de Ingenieros Supervisores de  Obras del Estado entre el 2000 y 2010. Según la instancia de Moreno sólo en el 2001 esas contribuciones totalizaron alrededor de 45 millones  de pesos, con citas y facsímiles de dos bancos. Documentan transferencias de diversas empresas contratistas del Estado por sumas de cientos de miles de dólares y millones de pesos.