Urge recuperar la racionalidad

 Por Juan Bolívar Díaz

Ante el país más pobre en términos económicos sociales y el más atrasado en la institucionalidad democrática del continente, los dominicanos nos comportamos con la mayor prepotencia, como si fuéramos la Suiza caribeña, a pesar de nuestras carencias que en los mismos órdenes están muy por encima del promedio americano. Como si quisiéramos compensar y ocultar nuestras debilidades.

El anti haitianismo alcanza dimensiones tan altas que nos mostramos incapaces de adoptar posiciones racionales ni siquiera cuando están en juego intereses vitales, como unas relaciones comerciales con un desbalance a nuestro favor sin parangón en el mundo contemporáneo. El Ministro de Industria y Comercio dijo que el año pasado la balanza comercial formal con Haití fue de 1,400 millones de dólares exportados contra 10 millones de importaciones, desproporción difícil de igualar en el mundo. Es probable que en el intercambio comercial informal a través de los mercados fronterizos, el desbalance no sea tan pronunciado, pero sigue siendo de mucho a poco a favor de los productores y exportadores dominicanos, con estimados de otros tres o cuatrocientos millones de dólares.

Como el avestruz nos empeñamos en ocultar la cabeza en la arena para no ver ni interpretar los signos del vecino, a quien subestimamos hasta el grado de creer que no tienen capacidad para reaccionar ante nuestra prepotencia, a nombre de una soberanía que las relaciones internacionales han reducido no sólo en materia de derechos humanos, sino   también de comercio, medio ambiente, derechos de autor y muchos otros ámbitos.

No hay dudas que la última decisión del gobierno haitiano que impide el ingreso de 23 renglones industriales dominicanos a través de la frontera terrestre, estableciendo que tendrán que llegar por aire o mar, obedece a intereses políticos y económicos, y a una contraofensiva por nuestro manejo migratorio, favorecida por la prepotencia con que se ejecutó el reciente paro de los transportistas dominicanos, como si nos hicieran un favor al permitirnos venderles nuestros productos.

Es una decisión basada en intereses políticos, a semanas de una elección presidencial tan indefinida que Estados Unidos ha pedido que no sea postergada. El anti dominicanismo se ha utilizado políticamente en Haití para enfrentar al “enemigo externo”, como el anti haitianismo aquí.

El respaldo que han dado los empresarios haitianos a la limitación al transporte de las mercancías implica también que hay intereses económicos de por medio. Se ha dado cuenta hasta de soborno al propio presidente Martelly. Pudieran estar abriendo espacio a negocios propios, más de importación que de producción, o ambos a la vez. Aunque en lo inmediato puedan ocasionar perjuicios a sus consumidores. Los más pobres terminarán pagando la ambición empresarial y política.

Pero en cualquier caso, el meta mensaje de los haitianos es que ellos también pueden ejercer soberanía, aunque lesionen principios del comercio internacional. Y están diciéndonos que ambos pueblos pueden perder si predomina la confrontación.

Los acontecimientos aconsejan que recuperemos la racionalidad en las relaciones binacionales, que nunca abandonemos la conversación y nos convenzamos de que es la única forma de afrontar las diferencias y conflictos, por más complicados que parezcan. Los presidentes de Colombia y Venezuela acaban de dar ejemplo de concertación, apenas un mes después de disposiciones migratorias y una dura confrontación verbal.

El mercado haitiano es vital para la producción nacional, industrial y agropecuaria, lo que implica miles de empleos de dominicanos. La racionalidad obliga a negociaciones para reservarlo, sobre todo cuando Haití está mejorando su infraestructura portuaria y aeronáutica, lo que le abriría posibilidades de diversificar sus proveedores. Ojalá que no perdamos la mayor ventaja que tenemos frente a la pobreza haitiana para quedarnos solo con la carga migratoria, que siempre será difícil, como en todas las fronteras del mundo.-

2010: Algunas luces y muchas sombras

Por Juan Bolívar Díaz
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El balance del 2010 tiene como principal rasgo positivo para el país un crecimiento económico sobre el 7 por ciento con estabilidad cambiaria y baja inflación, aunque con un alto nivel de endeudamiento y déficit fiscal que obligó a dos renegociaciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional firmado en el 2009.

 Retrocesos políticos en unas elecciones manchadas por el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado, y precariedades institucionales, con persistentes escándalos de corrupción y narcotráfico que involucraron a las fuerzas de seguridad, conforman el panorama negativo del año.

Lo más positivo.  El crecimiento económico con relativa estabilidad cambiaria y de precios volvió a ser el rasgo más positivo en el año que concluye, a lo que se suma el brillante desempeño del Gobierno y la sociedad dominicana ante la catástrofe telúrica de Haití y la buena gestión que hasta el momento ha limitado la expansión de la epidemia de cólera proveniente de la vecina y desafortunada nación.

 Es relevante que según el Banco Central (BC) el país concluye el 2010 con un crecimiento del producto bruto interno (PIB) del 7.8 por ciento, entre los cinco de mayor crecimiento en América Latina, marcando una recuperación en relación al 3.5 y el 5.3 por ciento registrados en los dos años anteriores.

 La tasa de cambio se movió ligeramente y la inflación concluye en 6 por ciento, con incremento de las exportaciones nacionales sobre el 52 por ciento, al pasar de 1,685 a 2,570 millones de dólares en relación al 2009.  Empero, las importaciones nacionales crecieron 2,435 millones de dólares (24.5 por ciento), casi similar al monto de las exportaciones.

Con un total importado por 14,738 millones de dólares, el déficit comercial se elevó a 9,808 millones de dólares, que siguió siendo saldado en gran parte por los ingresos del turismo, las remesas y la inversión extranjera, renglones todos que alcanzaron pequeños incrementos. Con todo el saldo negativo de la cuenta corriente de la balanza de pagos pasará de 4 mil millones de dólares, lo que vuelve a dejar interrogantes sobre la sostenibilidad de la economía nacional.

Retrocesos políticos.  En el ámbito político se registraron retrocesos y agravamientos de la crisis en la democracia interna de los partidos, recogidos ampliamente en el balance de fin de año del movimiento cívico Participación Ciudadana, incluyendo la reunificación de las elecciones en un mismo año instituida en la nueva Constitución y la supresión del voto preferencial en la elección de los diputados, con el beneplácito del liderazgo de los partidos.

Ambas decisiones en detrimento del derecho ciudadano a elegir y tendentes a fortalecer el presidencialismo y el poder de las cúpulas partidistas.

 Las elecciones congresuales y municipales quedaron manchadas por retrocesos desde la elección y registro de candidatos, pasando por la campaña electoral y hasta la votación y el procesamiento de los resultados.

La mayoría de las candidaturas fueron impuestas en detrimento de las convenciones y las elecciones primarias que se habían fortalecido en los comicios similares del 2002 y 2006.

 Decenas de candidaturas de los principales partidos tuvieron que ser enmendadas por la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral.

 La campaña electoral estuvo marcada por el transfuguismo, el clientelismo y el abuso de los recursos del Estado, con el presidente y todo el Gobierno empeñado en monopolizar el Senado, lo que finalmente logró no sin antes doblegar el arbitraje electoral que fue impotente para enmendar irregularidades puestas en evidencia que cambiaron el resultado por lo menos en la provincia de Pedernales.

  Posteriormente los integrantes del Comité Central del partido de Gobierno decidieron  auto-prolongarse por cinco años el período para el cual habían sido electos, mientras el principal partido de la oposición se desgastaba en evidentes debilidades institucionales y democráticas para iniciar el proceso de elección de su candidato presidencial para el 2012. Tan pronto concluyó la elección de mayo se inició el activismo para las presidenciales, evidenciando el alto costo de la política dominicana.

El continuismo endémico.  En el orden institucional hubo manifiestas debilidades, pese a la proclamación en enero de una nueva Constitución, que de inmediato empezó a ser “interpretada” para ignorar mandatos en la elección de la JCE antes de reformular su ley orgánica y establecer el Tribunal Electoral y en el mandato que dio rango constitucional a la ley que instituye el 4% del PIB para educación.

 En la elección de los integrantes de la JCE y la Cámara de Cuentas volvió a predominar el interés partidario en desmedro de la independencia y la eficiencia, con la agravante de que se burló a cientos de ciudadanos que se sometieron a evaluación para al final no ser tomados en cuenta.

 Pero la mayor debilidad institucional quedó de manifiesto en el movimiento que procura la repostulación del presidente de la República a pesar de que su propia y flamante Constitución lo prohibió tras un pacto político que él mismo protagonizó. Altos funcionarios del Estado desarrollan una costosa y ruidosa campaña generando incertidumbres y reviviendo el endémico continuismo que ha pesado sobre la institucionalidad democrática desde la fundación de la nación.

 Imposibilitado de realizar una nueva reforma fiscal, el Gobierno mostró disposición a violar el Estado de derecho para aumentar sus ingresos, violando la Ley de Promoción Industrial, aunque posteriormente quiso legalizar su decisión pactando con los empresarios “un acuerdo voluntario” por un año.

 Pero donde fueron más evidentes las precariedades institucionales fue en el alarmante involucramiento de las fuerzas de seguridad del Estado en actos delincuenciales de todo género, desde el narcotráfico al sicariato y la integración de bandas de asaltantes.

Entre los grandes escándalos estuvo el apresamiento en España de Arturo del Tiempo, tras el envío de miles de kilos de cocaína desde República Dominicana. Su torre Atiemar salpicó al Gobierno.

Mientras la Policía daba muerte hasta el 10 de diciembre a 478 delincuentes y supuestos delincuentes, en gran proporción verdaderas ejecuciones, según el Informe del 2010 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin que el cambio de su jefatura implicara una modificación de lo que ya es una política de Estado,  que para nada ha impedido que siga creciendo la inseguridad ciudadana.

 Semana tras semana se sucedieron las denuncias de corrupción en múltiples casos documentadas por los programas de investigación periodística, por lo que el Gobierno se vio precisado a pedir a los organismos internacionales que elaboraran un programa de lucha contra la corrupción.

 Tal vez el elemento más positivo del año fue el movimiento que encarnó la Coalición por una Educación Digna, que involucró a una alta proporción de la sociedad, incluyendo a las capas medias y medio-altas en la demanda de cumplimiento de la Ley 66-97 que instituye el 4 por ciento del PIB para la educación, ahora con rango constitucional, en virtud del numeral 10 del artículo 63 de la nueva Constitución.

 El hecho de que el Gobierno haya ignorado la demanda no le resta dimensión al movimiento que podría significar una reactivación de la sociedad civil en la lucha por el respeto a la institucionalidad democrática y la atención a las prioridades nacionales.

Grave endeudamiento

 Resulta evidente que la estabilidad macroeconómica se logró este año con un alto endeudamiento presupuestado para 116 mil millones de pesos, unos 3 mil 100 millones de dólares, elevando sobre 43 por ciento de los ingresos fiscales el peso de la redención de la deuda pública, el 36% del PIB, según el Banco Central.

Al final el endeudamiento podría superar lo presupuestado para el año, pues el Gobierno colocó bonos soberanos por 750 millones de dólares, 250 millones más de lo programado.

 Lo peor del desempeño económico es un fuerte déficit fiscal por tercer año consecutivo que según el Banco Central fue de 2.3 por ciento del PIB en el Gobierno central y 3.8 por ciento en todo el sector público, equivalentes a unos 46 mil millones y  76 mil millones de dólares respectivamente.

Economistas independientes y de la oposición lo estiman en mínimo de 56 mil millones, adicionando deudas ocultas del Gobierno central con suplidores, constructores de obras y entidades descentralizadas.

 El desequilibrio fiscal fue tan serio en la primera mitad del año, impulsado por el derroche en la campaña para las elecciones de mayo, que obligó a dos renegociaciones del acuerdo pactado con el Fondo Monetario Internacional en noviembre del 2009.

El Gobierno no pasó la primera revisión del acuerdo, por lo que en marzo tuvo que presentar una nueva carta de intención, lo que se repitió en octubre.

 En el primer semestre el Gobierno agotó el 95 por ciento del endeudamiento interno programado para todo el año, viéndose obligado luego a paralizar obras y reducir gastos, pese a lo cual en el último trimestre el ministro de hacienda dijo que apenas tenían dinero para salarios y gastos fijos.

 

 

El modelo económico del país en la picota empresarial

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente del Grupo León Jimenes proclamó esta semana ante el Presidente Leonel Fernández la urgencia de sustituir el modelo económico que rige el país, al considerar que “no funciona y no llena ni las necesidades ni mucho menos las aspiraciones de nuestro pueblo”.

El discurso de don José A. León renovó una demanda del sector empresarial dominicano, especialmente de la rama industrial, preocupado por la pérdida de competitividad nacional en una economía que privilegia las importaciones y el gasto público basado en endeudamiento en detrimento de la producción nacional.

Firmes planteamientos.  El escenario donde el señor León pronunció su discurso fue la celebración del 48 aniversario de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y en presencia del Presidente Fernández, en momentos en que el Gobierno busca desesperadamente recursos fiscales para cubrir  un déficit fiscal que la oposición cifra sobre los 70 mil millones de pesos en el primer semestre del año.

El empresariado nacional viene rechazando nuevas cargas impositivas para mantener en pie un modelo económico que propicia un desproporcionado incremento de las importaciones mientras los sectores productivos cargan pesos que le impiden competir en mercados abiertos, lo que se revierte en un creciente e insostenible déficit en la balanza de pagos del país.

León Asensio sostuvo que ya no es hora de hacer más estudios, que pasó el tiempo  de las divagaciones teóricas y que el país entero aguarda que adoptemos prácticas que nos permitan tomar la ruta de la prosperidad y el bienestar para todos, proclamando la necesidad de “trabajar en un proyecto de nación que frene efectivamente la corrupción y el narcotráfico, que aumente la inversión en la educación y salud para robustecer nuestro capital humano; que focalice el gasto público en actividades que incentiven a los sectores productivos para solventar una mayor creación de empleos”…

El líder de uno de los mayores grupos empresariales dominicanos señaló la incapacidad del modelo para generar empleos, a pesar de un crecimiento económico por encima del promedio latinoamericano en el último medio siglo. “Los sectores que más empleos creaban –la agropecuaria y la manufactura- ya no tienen el dinamismo para hacerlo; los que sí están creciendo -primordialmente los servicios- no crean los puestos suficientes; y aquellos que tienen la mayor capacidad para reducir significativamente la brecha –la pequeña y mediana empresa- no tienen acceso a los recursos que requieren”.

Un creciente clamor.   El pronunciamiento de José León da continuidad a un creciente clamor de cambios en el modelo de desarrollo nacional expresado durante el último año por los más relevantes líderes empresariales dominicanos, incluyendo a los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), de la AIRD, de la Asociación de Federaciones Industriales, de la Asociación de Industriales de Herrera y de  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. En el clamor han participado empresarios individuales como José Miguel Bonetti y Pepín Corripio.

Al hablar en la celebración del 47 aniversario de la AIRD, el 29 de mayo del 2009, el señor Bonetti, uno de los empresarios más influyentes de las últimas décadas, formuló similares planteamientos de un nuevo modelo económico que propicie el desarrollo económico sostenible con un Estado más eficiente, y que promueva la competitividad con la educación como motor del desarrollo individual y social.

Como presidente del CONEP, Lisandro Macarrulla fundamentó ampliamente la necesidad del nuevo modelo económico al disertar en el Almuerzo de la Cámara Americana de Comercio del 29 de julio del 2009, tras rechazar una economía que se basa en las importaciones y el consumo y no en la promoción de la producción industrial y agropecuaria. En la ocasión criticó la baja inversión pública, el excesivo endeudamiento hasta para cubrir gastos corrientes, y el clientelismo.

Hace menos de un mes, el 30 de junio pasado, Manuel Díez Cabral, al hablar ante la Cámara Americana de Comercio como presidente de la AIRD, formuló un minucioso diagnóstico para fundamentar la necesidad de “cambiar hacia un modelo sostenible”, lo que implica “apoyar con más sentido  de equilibrio el desarrollo sectorial, social y geográfico”.

Difieren del gobierno.  Aunque, como es natural, los empresarios expresan sus reclamos en términos diplomáticos, sus diferencias con el Gobierno van en aumento, y se expresan en las críticas a la corrupción, al desmesurado gasto público, especialmente el corriente, al clientelismo y a la negativa a invertir lo requerido y pactado en educación y salud.

En medios empresariales es creciente la convicción de que los políticos manejan cada año mayor volumen de recursos, de los cuales se aprovechan por vía del clientelismo y la corrupción, con lo que cada vez son menos dependientes de las contribuciones del sector privado, lo que les confiere mayor autonomía de acción. De ahí también que cada vez tengan menos pesos los reclamos empresariales.

El presidente de la AIRD, Díez Cabral, se quejó de que el crecimiento del empleo público se incrementara en 24 por ciento en la última década, triplicando el alcanzado por el sector formal de la economía, situación que calificó como “escandalosa, peligrosa e insostenible”.

El líder industrial resaltó que el sector empresarial “es abanderado de que la actividad económica es un terreno correspondiente al sector privado”, clamando a la vez por un Estado fuerte, que juegue el rol regulador que le corresponde, capaz de hacer cumplir las normas y leyes que nos rigen.

Entre las mayores diferencias con el sector público está la recurrencia a incrementos de impuestos para solventar los déficits fiscales derivados de los excesos de gastos del gobierno. En su discurso del 30 de junio, el presidente de los industriales proclamó que “en los actuales momentos es absurdo hablar de un aumento de impuestos. De lo que sí debemos hablar es de cómo lograr que la eficiencia mostrada hasta el momento se extienda a todos los sectores y a toda la sociedad dominicana”.

De ahí el rechazo generalizado de los sectores empresariales al propósito anunciado esta semana por el ministro de Hacienda de elevar los gravámenes a los combustibles, lo que para el sector industrial implicará importantes incrementos de costos y en consecuencia elevación de sus dificultades competitivas.

Contundentes indicadores

En un extenso análisis de la última década, Díez Cabral, presidente de los industriales, aportó indicadores contundentes de que el modelo económico nacional ya no es sostenible, por lo que requiere un cambio:

-Mientras el PIB aumentaba 50 por ciento, las exportaciones de bienes y servicios apenas subían 15 por ciento. La aportación industrial al PIB disminuyó 9 puntos al caer del 34.3 al 25.8 por ciento.

-El empleo en la industria manufacturera cayó 23 por ciento. Se perdieron 116 mil puestos de trabajo en el sector formal. El empleo informal subió 29 por ciento, mientras el formal apenas creció 8 por ciento, pero en la administración pública aumentó 24 por ciento.

-Las exportaciones dominicanas sólo han crecido 5 por ciento, mientras las importaciones aumentaban en 55 por ciento, justo al amparo de los tratados de libre comercio.

-El déficit de la balanza comercial con Estados Unidos  pasó de 65 a 1,900 millones de dólares. Con Centroamérica se incrementó de 70 a 317 millones de dólares.

-La deuda pública pasó de 3,413 millones de dólares a 18 mil 613, creciendo sobre  400 por ciento en sólo una década, para representar el 40 por ciento del PIB, Como porcentaje de los ingresos tributarios, la deuda pasó del 15 al 42 por ciento.

-El crédito al sector manufacturero cayó del 11 al 3 por ciento del total prestado al sector privado.

-Aunque la manufactura es sólo 19.6 por ciento del PIB, aporta sin embargo el 34.7 por ciento de las contribuciones fiscales.