Estafa de los Tres Brazos es peor de lo que se creía

Por Juan Bolívar Díaz05_02_2017 HOY_DOMINGO_050217_ El País13 A

Tras el informe de la comisión investigadora designada por el presidente Danilo Medina, el Gobierno desconoció la venta del barrio Los Tres Brazos a una empresa privada por haberse realizado en violación de la Constitución, dos leyes y un decreto, en lo que se configura como una estafa en perjuicio del Estado y unas 13 mil familias residentes.

La operación fue más escandalosa de lo que se había denunciado y que determinó la designación de una comisión investigadora, cuyo informe revela que a casi 7 años de la venta, la Corporación de Empresas Estatales solo ha tenido beneficio neto por 3 millones 365 mil pesos, faltando por determinarse si quedará en el reinado de la impunidad.

Otra escandalosa estafa. El informe de la comisión gubernamental que investigó la venta del barrio Los Tres Brazos en Santo Domingo Este a la empresa INFEPA, luego asociada a la TITULATEC revela que fue una operación fraudulenta mucho peor de lo que se había denunciado, ya que de los 80 millones de pesos que se contrató originalmente a precio de bagatela, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) apenas ha recibido efectivamente, casi siete años después, 15 millones 200 mil pesos. Pero pagó RD$11 millones 834,200 a dos agrimensores para que hicieran el deslinde de los terrenos, a lo que se había comprometido la compradora, lo que redujo su ingreso neto a 3 millones 365,800 pesos.

Ciertamente el contrato original firmado el 25 de febrero de 2010, mediante el cual CORDE vendió a la empresa INFEPA tres parcelas con un total de un millón 213,861 metros cuadrados, donde está asentado el barrio, establecía un precio de 80 millones de pesos. Pero mediante dos adendas en junio de 2010 y agosto del 2014, las partes le deducen 11 millones 800 mil pesos, quedando en 68 millones 200 mil pesos, para descontar calles y aceras “no útiles para la venta”. Luego dedujeron 1 millón 500 mil pesos más para crear un “fondo de compensación para tentativas demandas”, por lo que el precio final se contrajo a 66 millones 700 mil pesos.

Más absurdo es que CORDE, que vendió inmuebles, recibió como “dación de pagos”, dos parcelas en Guavaberry, S.P. de Macorís, valoradas en 29.14 millones de pesos, con tasación de la misma INFEPA, y que no ha podido asumirlas porque estaban hipotecadas. También recibió como dación de pago dos apartamentos en Las Palmas, Los Alcarrizos, por millón y medio de pesos, pero que habían sido traspasados a una representante de INFEPA-TITULATEC, por concepto de comisión de venta. En total 30 millones 300 mil pesos en inmuebles que CORDE no ha podido asumir. Los restantes 21 millones 200 mil pesos, para completar los 66.7 de la venta, quedaron en un pagaré que tampoco han honrado, pero sin consecuencias. Tras el estallido del escándalo, el 28 de diciembre último, CORDE le dio un plazo de un día, sin que la comisión viera resultado.

No evaluaron inversiones. La comisión gubernamental no evaluó el total de lo invertido por el Estado y los particulares en Los Tres Brazos, reconoció Flavio Darío Espinal. Pero se ha estimado que sobrepasan los mil millones de pesos en las casi cuatro décadas de que se iniciara la población del sector con damnificados del huracán David en 1979. Más difícil es valorar lo que han invertido en urbanización las 14 mil familias que lo habitan, incluyendo edificaciones para negocios, talleres y de recreo.

En las cuatro escuelas del sector se han invertido cientos de millones de pesos. Una básica inaugurada por el presidente Medina costó 63 millones, y una estancia infantil 36 millones. Allí se construyó una planta de tratamiento de aguas, para cuya remodelación concluida en febrero de 2012, el Estado gastó 76 millones de pesos.

Ya en 2013 cuando la compradora del barrio INFEPA se asocia con TITULATEC, lo hacen tasando sus activos en 200 millones de pesos. El informe establece que al 31 de diciembre pasado habían vendido 614 solares, de un total de 3,692, por 93 millones 300 mil pesos, lo que proyecta sus ventas totales a 952 millones 67 mil pesos.

Recomendaciones aceptadas. El informe de la comisión oficial, sus conclusiones y recomendaciones no dejan dudas de que se trata de una operación lesiva al interés público, “que nunca debió realizarse”, “cuestionable en su esencia misma”, “ignorando disposiciones constitucionales y legales aplicables”, citando las últimas dos constituciones, la Ley de Capitalización de la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.

La califica también como “altamente perjudicial para el Estado y la propia comunidad de Los Tres Brazos”, “contraria al interés público y al bienestar social”, como quedó patente en nuestro artículo de HOY del domingo 15 de diciembre “El regalo de los Tres Brazos”.

Vale reconocer que el Gobierno anunció de inmediato que acoge las recomendaciones de que el Estado no reconozca la contratación por viciada, inconstitucional e ilegal, que proteja las inversiones de los residentes que pagaron solares y los créditos recibidos, que cierre definitivamente a CORDE y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública que hace años quedaron sin objeto, y que entregue el informe al Ministerio Público “para que determine si en esta operación quedó comprometida la responsabilidad penal de los actores públicos y privados que intervinieron en la misma”.

Queda pendiente que establezca los mecanismos para “la transferencia titulada de los inmuebles a sus ocupantes, ya sea a título gratuito u oneroso según la condición socio-económica de estos”. Y que reciban todo el apoyo estatal.

La movilización popular. Del escándalo Los Tres Brazos quedan en evidencia dos cosas: primero la inmensa capacidad de los funcionarios públicos para las maniobras chanchulleras, la imaginación sin límite para la apropiación y la malversación de lo público y la complicidad general que predomina en las instituciones que permiten hasta la venta por bagatela de un barrio con escuelas, plantas, calles, avenidas, sistemas eléctrico y de acueducto, guardería, iglesia, parque, dispensario médico y hasta cuartel policial pagado por el erario.

La otra es el valor de la movilización popular, como se demostró antes en Bahía de las Aguilas, Loma Miranda, la cementera en Los Haitises, la inversión del 4 % del PIB en educación y otras. En todos esos casos, por encima de un sistema político e institucional profundamente corrompido, resalta el papel del periodismo crítico y responsable. En Los tres Brazos se hizo historia cuando los telediarios matutinos de tres canales y de una radioemisora y la red nacional de 8 emisoras católicas montaron allí una transmisión simultánea de una hora la mañana del 29 de diciembre, rechazando la ignominia.

Se ha contenido la ignominia, quedando sin determinarse la red de complicidades políticas que la auspiciaron y permitieron. Solo la movilización popular y de la opinión pública lograrán que este escándalo no engrose el reinado de la impunidad en que han convertido este país, para que sirva de lección.

¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?

Por Juan Bolívar Díaz
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La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.

Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.

Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.

Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.

Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.

La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.

Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.

Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.

Celebración pero en vigilia

Por Juan Bolívar Díaz
juan bahia

Todos los que durante más de 18 años nos negamos a validar la mayor estafa de la historia inmobiliaria del país, materializada en la apropiación de la Bahía de las Águilas, en Pedernales, tenemos razón suficiente para celebrar el dictamen de la jueza Alba Beard que anuló más de un millar de los títulos de propiedad de esa área del territorio nacional que fueron apropiados fraudulentamente.

Salta a la memoria el recuerdo de la doctora Pîcky Lora Iglesias, quien siendo directora del Catastro Nacional denunció la estafa contra el Estado, y que aún en temprana cama de muerte legó en su hija Laura Acosta Lora el seguimiento a la demanda de reparación que ella había iniciado. Hay que decir que, digna heredera de toda la dignidad, honestidad y valentía que encarnaba su madre, Laura Acosta ha cumplido la encomienda, trabajando incansablemente y sin cobrar honorarios, para deshacer la estafa.

Todos hemos cumplido con el deber de reconocer al presidente Danilo Medina, por haber escuchado nuestro clamor, manifiesto en aquel encuentro que auspició en febrero del año pasado, luego que hiciéramos firme oposición a su decisión original de reconocer el 45 por ciento del valor de esas tierras a quienes usurpaban títulos originados en un supuesto asentamiento agrario. Él tuvo la virtud de rectificar, contrariando a varios altos funcionarios de su propio Gobierno que, como quedó en evidencia, estaba utilizando el pretexto de una supuesta inversión de 1,145 millones de dólares para consumar la estafa y participar en el reparto.

Aunque un tribunal hace meses que declaró prescrita la acción penal para los responsables del enorme fraude, hay que sintetizar la maniobra para comprensión de las nuevas generaciones: En diciembre de 1995 el director del Instituto Agrario solicita al Registrador de Títulos de Barahona el traspaso de la parcela 215-A que implica la hermosa Bahía de las Águilas en Pedernales, para realizar un supuesto asentamiento agrario, aunque esos terrenos no son aptos para eso, sino para proyectos turísticos.

El mismo día el registrador, doctor Ramírez Suberbí realiza el traspaso, sin la menor averiguación, aunque la petición no tenía el aval del directorio del IAD ni del presidente de la República, como correspondía. Dos meses después el administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, remite el expediente, con su aprobación, al Registador de Títulos de Barahona, quien ya al día siguiente lo había acogido, emitiendo un nuevo título a nombre del IAD, cuyo titular procedió de inmediato al “asentamiento campesino”, favoreciendo a decenas de personas relacionadas de un senador y dirigentes políticos y otras que nunca supieron que eran parceleros de la reforma agraria. Mediante otras maniobras se fueron traspasando esos títulos a los verdaderos beneficiarios de la estafa.

La doctora Picky Lora investigó y documentó el fraude: Todo había sido ilegal, incluyendo el que los terrenos de la reforma agraria no pueden ser traspasados ni vendidos. La denuncia del entonces director del IAD, Wilton Guerrero, llevó a su antecesor a la cárcel, al igual que otro de los responsabilizados de la maniobra, pero pasaron 18 años sin que la justicia por lo menos revocara la estafa, como acaba de ocurrir ahora.

Hay motivos para celebrar que se haya revocado esa estafa, que de acuerdo a cálculos sobre el valor actual de la bahía, involucraría una suma de entre 7 y 11 mil millones de dólares. Pero hay que hacerlo manteniendo la vigilancia, ya que algunos de los que “compraron los terrenos de buena fé” contemplan seguirlos reclamando en las cortes superiores. Esa estafa no puede prevalecer.

 

Cascabeles para tantos gatos

Por Juan Bolívar Díaz

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Resulta verdaderamente frustratoria la recurrencia en los delitos de estafas al consumidor que se registra en el país y ver pasar los años y las décadas sin que las autoridades hagan efectivos esfuerzos por sancionarlos, como si el interés colectivo fuera cuestión secundaria que se puede obviar.

Esta semana el Instituto Nacional de Protección al Consumidor (Proconsumidor) denunció una vez más la estafa en el expendio del gas propano, tras haber comprobado que en una estación Credigas de la Padre Castellanos con Josefa Brea los medidores estaban alterados para sólo entregar siete galones del gas propano por cada diez que se pagaba. Es decir que se estaba engañando a los consumidores con un 33 por ciento.

En este caso fue sometido a la justicia el supervisor de la planta distribuidora, John Marte Valenzuela, pero al mismo tiempo la diligente directora de Proconsumidor, Altagracia Paulino, informó que la mayoría de las empresas detallistas del combustible mantienen alterados  los medidores, pero precisó que esa institución creada para “defensa de los consumidores” no tiene los recursos presupuestarios, técnicos y humanos para combatir efectivamente ese delito.

Lo mismo ocurre sistemáticamente con la Dirección de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) cuyo presupuesto apenas alcanza para pagar sus empleados, y cuyo titular se ha cansado de recorrer los medios informativos clamando por un presupuesto que le permita mínimamente cumplir su misión, que es fundamental para Proconsumidor.

La indolencia es de tal magnitud que a Digenor le han faltado 5 millones de pesos para adquirir equipos que le permitirían una efectiva vigilancia de los expendedores de gas. A ese monto equivale al año la pensión con que se jubiló Leonardo Matos Berrido del estatal Banco Nacional de la Vivienda. El doble del barrilito anual de varios senadores y más de 200 veces lo que repartió el gobierno en cajitas navideñas en diciembre pasado.

La estafa en el expendio del gas propano, que también se extiende a otros combustibles es tan vieja como la venta de productos alimenticias y medicinales vencidos, y de medicinas falsificadas, que se promete extirpar cada vez que se denuncia, pero florecen de nuevo tan pronto salen de la atención pública.

A ello contribuye la benignidad de las sanciones que se han establecido para los delitos contra el interés colectivo, a menudo simples multas que se recuperan rápidamente con la continuación de la misma estafa. Eso cuando los casos llegan ante  jueces responsables. Porque la inmensa mayoría se saldan con el soborno y la protección de inspectores, de autoridades policiales, militares,  del ministerio público y hasta de dirigentes políticos.

Esas prácticas son también reflejo del inmenso deterioro moral de la sociedad dominicana, que no ha podido impedir siquiera que se roben los alambres del tendido eléctrico y telefónico, los cables de los puentes y los metales de las alcantarillas y hasta de los monumentos.

Que no han impedido que metales que no se producen en el país sean exportados.

Tampoco hemos podido vigilar los cementerios para evitar que los recién sepultados sean desenterrados para robarse los sarcófagos y reciclarlos con la complicidad de empresarios y autoridades. Para evitar esa profanación ahora los dolientes rompen los féretros al momento de la sepultura y a la vista de los que merodean.

La vieja pregunta de quién le pone el cascabel al gato ha quedado en el descrédito y la obsolescencia. Es que hacen falta demasiados cascabeles para tantos gatos, para tantos logradores de fortunas rápidas a costa de la colectividad. Pero sobre todo porque en la gestión pública faltan muchos, pero muchos servidores y legisladores que quieran poner cascabeles a la inmensa manada de gatos que padecemos.