La irracionalidad de EU en la invasión de 1965

Por Juan Bolívar Díaz

El libro de Bernardo Vega “Negociaciones Políticas durante la Intervención Militar de 1965”, contiene valiosa documentación que ratifica la irracionalidad e incoherencia política que determinaron la última invasión norteamericana al país y que prosiguieron en las conversaciones con los constitucionalistas para saldar la crisis.

Documentos oficiales y las grabaciones de las conversaciones del presidente Lyndon Johnson, de Juan Bosch y otros protagonistas, muestran los extremos a que llegó el intervencionismo de Estados Unidos y la dignidad de los constitucionalistas, en especial de Antonio Guzmán, Juan Bosch y Francisco Caamaño.

 Legajo de documentos.  De casi un centenar de libros publicados sobre la revolución constitucionalista y la consiguiente invasión norteamericana, el de Vega es el más minucioso y documentado sobre las negociaciones de las autoridades de Estados Unidos para salirse del pantano en que se metieron al invadir militarmente el país el 28 de abril de 1965.

Las fuentes de esta obra abarcan las notas sobre las reuniones sostenidas por el presidente Lyndon Baines Johnson y sus conversaciones sobre la crisis dominicana, los textos de los cables cruzados entre el gobierno de Washington y su embajada en Santo Domingo y las grabaciones de las conversaciones telefónicas de los dirigentes  constitucionalistas con su líder Juan Bosch, exiliado en Puerto Rico.

El FBI grabó 267 conversaciones telefónicas de Bosch, las cuales eran transcritas, traducidas al inglés y enviadas al presidente Johnson. El espionaje telefónico abarcó a otras personalidades involucradas, así como a diplomáticos y periodistas. Ese inmenso legajo de documentos demuestra la subjetividad  y los prejuicios que sustentaban la política norteamericana de los años sesenta, cuando  la revolución cubana engendró un pánico que obnubilaba mentes preclaras, llamadas a dominar un escenario tan pequeño como el dominicano.

La documentación señala que cuando Johnson atiende la solicitud de su embajador en Santo Domingo, William Tapley Bennet, para desembarcar marines en el país, presidía una reunión en la Casa Blanca, que discutía la situación en Vietnam, donde 53 días antes habían desembarcado tropas americanas. Esto pesaría en la imposición en Santo Domingo, pues Johnson adujo que no permitiría que “Fidel Castro tome la isla”, argumentando “qué podemos hacer en Vietnam, si no podemos limpiar a la República Dominicana”.

Boicot de Mann y Palmer.  La obra evidencia que Johnson quedó preso de sus propios prejuicios y de su subsecretario Thomas Mann, quien junto al general Bruce Palmer, jefe de las tropas en Santo Domingo, y los embajadores William Bennet y Martin, boicotearon sobre el terreno la negociación para establecer “la Fórmula Guzmán”. Promovían el aplastamiento militar de los constitucionalistas e incentivaban la resistencia de los militares de San Isidro, y del seudo gobierno de Antonio Imbert a las negociaciones que conducían Fortas y el jefe de los asesores de seguridad McGeorge Bundy.

El lanzamiento de la operación limpieza por las tropas militares de Imbert y Wessin y la muerte del coronel Rafael Fernández Domínguez por parte de las tropas  nada neutrales de Palmer, se produjeron en dos momentos en que se estaba a punto de cerrar el acuerdo con los constitucionalistas. En ambas ocasiones llevaron a Guzmán a condicionar o retirarse de las negociaciones y la segunda selló su fracaso.

La división en el gobierno, las incoherencias y la subjetividad en los altos mandos norteamericanos eran tan contradictorios que las opiniones del poderoso Pentágono parecieron más conciliadoras que las del Departamento de Estado, cuyos funcionarios casi todos, desde el titular Rusk a los embajadores,  se fueron contra los constitucionalistas. Para Vega  “los campos de batalla estaban bien definidos. Rusk,  Ball y Vaughn, del Departamento de Estado, apoyaban la propuesta de tierra arrasada de Mann. Mientras el jefe del Pentágono, Robert MacNamara, y su asistente Cyrus Vance, más el principal asesor de seguridad Bundy y el asesor personal Fortas, favorecían la solución negociada.

El legajo documental no aclara quién alentaba a Palmer y los embajadores sobre el terreno que en momentos claves parecían tener una agenda diferente a la de la Casa Blanca. Cuando avanzaban las negociaciones de la Fórmula Guzmán y se presentaron evidencias de que las tropas americanas apoyaban a las de Imbert, Johnson se encolerizó con el general y gritó: “No puedo creer que Palmer esté violando mis órdenes”.

Palmer llegó con la decisión de aplastar a “esos comunistas”. En sus memorias dijo que mientras se realizaban las negociaciones, “consolidamos nuestras posiciones militares y apoyamos sin ninguna equivocación a los leales”, es decir, las tropas de Imbert y Wessin. Mann era la personificación del halcón con glaucoma político, definido por Arthur Schlesinger como un colonialista que creía que “los demócratas progresistas eran, o liberales de cerebro débil, o pro comunistas”.

Vega documenta que personajes influyentes como Cyrus Vance, McGeorge Bundy, Robert MacNamara, Ellsworth Bunker y otros, terminaron reconociendo que no hubo un real riesgo comunista en el país. Pero Mann permaneció justificando la invasión militar y sostuvo en su historia oral que no se podía permitir otra base soviética en la isla de Santo Domingo.

Empero, la responsabilidad última y mayor fue del presidente Lyndon Johnson, obsesionado con detener el comunismo en Vietnam, quien en una de sus conversaciones  con Fortas concluyó en que “lo único que podemos vender es el anticomunismo”, justificando su reclamo en las negociaciones de que Antonio Guzmán se comprometiera a deportar a todos los comunistas o recluirlos en Samaná o en la isla Saona.

Bernardo Vega encontró lo que señala como autocrítica del mandatario norteamericano, cuando en un monólogo con Fortas dice: “No hay nada en el mundo que quiera hacer que no sea hacer lo que creo es correcto. No siempre sé lo que es correcto. A veces acepto el juicio de otros y me extravío como con el envío de tropas a Santo Domingo. Pero… Nadie más, yo hice eso. No puedo culpar a ningún maldito humano y no quiero que ninguno se dé crédito por eso”.

Así como García Godoy fue avistado desde el principio como el hombre ideal para la transición, los norteamericanos advirtieron que su ficha, su hombre para el mediano y largo plazo era Balaguer, como resultó. Al comienzo de la crisis Johnson escogió a Balaguer como su hombre y dispuso que lo llevaran al poder, como habría de cumplirse bajo el paraguas de la intervención. El líder reformista como Imbert y los militares, aparecen como fichas serviles de los invasores. Mientras Bosch y Caamaño encarnan la dignidad nacional, y sobre todos queda Antonio Guzmán, quien aparece como la más alta figura, más firme que Bosch en rechazar la deportación o aislamiento de los que los invasores consideraran comunistas.

Bernardo Vega concluye que “si Estados Unidos no hubiese intervenido el país  nuestra historia hubiese sido muy diferente. Pero una vez decidida y efectuada la intervención, si Johnson hubiese aprobado la “Fórmula Guzmán” lo ocurrido en los meses subsiguientes probablemente hubiese sido bastante diferente. García Godoy dejó intactas a unas fuerzas armadas admiradoras de Balaguer y profundamente opuestas al PRD, a Bosch y a los soldados de la revolución. Nunca se aprovechó la presencia de la FIP para desmontar el liderazgo ultraderechista de las mismas. El objetivo deliberado de Johnson, estimulado por Mann, desde el primer día de la guerra civil, fue colocar a Balaguer en el poder. Eso hubiese sido más difícil bajo la Fórmula Guzmán”.-

Llanero solitario tejano

Dos terceras partes del libro de Vega documentan el curso y fracaso de las negociaciones con el liderazgo constitucionalista. La otra se refiere a las negociaciones posteriormente conducidas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos y el embajador norteamericano Ellsworth Bunker que culminarían con la instalación del gobierno provisional de Héctor García Godoy.

Queda sobradamente documentado que Johnson se metió en el pantano de Santo Domingo, en base a informaciones falsas y subjetivas, y cómo la crisis lo absorbió dándole seguimiento hasta en las madrugadas. Pero no aparece el menor indicio del supuesto control comunista o castrista de la revolución constitucionalista, ni siquiera que alguien del estado mayor o del gobierno de Francisco Caamaño fuera comunista. Aunque el embajador William Tapley Bennet dio cuenta de que “la CIA había reportado dos comunistas, ocho después y luego cincuenta y dos, y ahora sesenta y cinco”.

Entre el 25 de abril y el 11 de mayo, cuando se iniciaron las negociaciones para establecer un gobierno que encabezaría Antonio Guzmán, Johnson participó en 42 reuniones con sus asesores y altos ejecutivos y sostuvo 225 conversaciones telefónicas con los mismos, 69 de ellas con su asesor personal para negociar con Juan Bosch, Abes Fortas, quien sin ostentar cargo oficial casi domina el escenario. Aparece como el más iluminado para entender el proceso. Sólo el día 18 de mayo, según el récord, Johnson recibió 38 llamadas telefónicas, 36 de ellas con relación a la crisis dominicana.

El presidente disponía los más nimios detalles.  El subsecretario de Estado George Ball testimonió: “Lo que yo no anticipé fue la creciente absorción por parte del presidente Johnson en el problema dominicano, al punto de que asumió la dirección de la política de día a día y devino, de hecho, en el oficial encargado del escritorio dominicano”. Lo mismo dijeron su embajador John Bartlow Martin y el secretario de Estado Dean Rusk.

 

Impunidad y cinismo en la campaña electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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La impúdica exposición de las pruebas del delito de espionaje telefónico de indudable intencionalidad política y con abierto apoyo de las autoridades nacionales, constituye un grave escándalo que sacudiría a cualquier nación siquiera de mediana intensidad democrática y obligaría a inmediatas reparaciones.

Pero como un escándalo sepulta  al anterior, las exposiciones de intercepciones telefónicas han logrado parcialmente el objetivo de desplazar del primer plano la transnacionalización de la corrupción nacional sintetizada en la banca de financiamiento  del senador y secretario de organización del partido oficialista, Félix Bautista.

Las pruebas del delito.  Hace décadas que los dominicanos han aceptado sin rubor la práctica del espionaje telefónico, que se inició en las dictaduras de Trujillo y Balaguer con clara intencionalidad política para luego extenderse a la competencia empresarial y luego a las relaciones íntimas de las personas para chantajearlas. Aparte de los “organismos de seguridad del Estado” han surgido varias prósperas empresas de espionaje y en ocasiones bancos han tenido sus propios “expertos” en la materia, hasta por razones de contraespionaje. De poco han servido los esporádicos escándalos, ya que una de las primeras visitas de los presidentes recién electos es la que se realiza al gran capo del espionaje telefónico que toda la sociedad reconoce.

Empresarios y líderes políticos y sociales de todos los sectores lo señalan por lo bajo, porque prefieren no atraerse sus miradas y escuchas.

Lo que nunca había ocurrido es que se realizaran dos ruedas de prensa de  indudable manufactura política donde se formularan acusaciones sin más fundamento que la grabación de conversaciones privadas que en sí mismas no pasan la más elemental prueba de un juez de instrucción.

La primera de ellas celebrada en el Palacio Nacional el 12 de abril, ante la presencia, entre otros, del procurador general de la República y su par haitiano y del ministro de Relaciones Exteriores dominicano.

Una semana después son cuatro diputados que también entregan copias de la grabación de otra conversación telefónica entre dos dirigentes de su propio partido, pretendiendo que sea aceptada como una prueba de que se trama el asesinato nada menos que del presidente del principal partido de oposición, aunque abiertamente opuesto a su candidato presidencial en clara expresión de la miseria institucional del sistema partidista dominicano.

En ambas “ruedas de prensa” no se permitieron preguntas de los reporteros convocados, obviamente para no tener que explicar el origen de la grabación.

Atropellos de campaña.  Ni la conversación grabada al excoronel Pepe Goico, uno de los encargados de la seguridad del candidato presidencial Hipólito Mejía, con un empresario haitiano, ni la del dirigente político Guido Gómez Mazara con un colega regional, demuestran en sí mismas la existencia de una trama, sino que más bien son expresiones comunes en conversaciones privadas.

No sería igual pronunciadas en la radio o la televisión, o en una tribuna pública. Por eso nadie, ni los ejecutivos judiciales las han tomado en serio en los dos países.

La imputación a Goico de tramar para desestabilizar el Gobierno de Haití contiene mayores dosis de irresponsabilidad por provenir de altas autoridades de los dos países, coaligadas en un interés común de aplacar un escándalo de corrupción que concierne a ambos gobiernos y sobre el cual ninguno muestra el menor interés en aclarar, pero que ha producido sacudimientos en la vecina nación, incluyendo la renuncia de su primer ministro.

La situación es tan delicada que el embajador dominicano en Haití, el reputado sociólogo Rubén Silié, llamó la atención de que se puedan destruir en la campaña electoral los esfuerzos de los últimos años por  mejorar las relaciones bilaterales, y de paso se desligó de la rueda de prensa donde se denunció la supuesta trama, indicando que él allí solo tuvo una “presencia circunstancial”.

Confesar que los “organismos de seguridad del Estado” graban las conversaciones de un encargado de seguridad del principal candidato opositor en medio de una campaña electoral constituye un escándalo político impropio de una democracia.

Eso no se hace pero menos se confiesa en la propia sede del Gobierno en ningún régimen de derechos y en presencia del Procurador General, quien está en el deber de perseguir todo género de delitos. En el caso de los cuatro diputados no se reveló la autoría de la intercepción telefónica, lo que podría implicarlos directamente en la ejecución del delito.

Claro objetivo político.  Ni aquí ni en Haití ha aparecido alguien que le confiera seriedad a la denuncia de trama contra el presidente haitiano, Michel Martelly,  y los medios informativos coinciden en señalarla como un intento por desplazar del debate público la denuncia documentada de que el mandatario recibió financiamiento por más de dos millones y medio de dólares de parte del senador Félix Bautista, hombre de confianza del presidente Leonel Fernández y secretario de organización de su partido.

En vez de una denuncia sin fundamento, ambos gobiernos pudieron liquidar el escándalo presentando los correspondientes certificados bancarios de que las cuentas identificadas por la periodista Nuria Piera no existen o fueron adulteradas. Martelly o Bautista pudieron haber conseguido esa certificación en cuestión de horas, pero han dejado pasar tres semanas sin hacerlo. Un periodista progubernamental implicado en la recepción de dinero de Bautista justificó sus pagos, con lo que avaló la fuente.

Mientras tanto, las denuncias han repercutido en los medios periodísticos no solo de República Dominicana y Haití, sino también de Estados Unidos y Francia, incluyendo a algunos tan influyentes como Le Monde de París y la revista norteamericana Time.

La denuncia del financiamiento a Martelly en su campaña electoral y después de ser electo presidente, tomó mayor dimensión por haber sido precedida del escándalo derivado del otorgamiento en Haití de contratos por unos 385 millones de dólares a empresas de Bautista y relacionados, cuya investigación derivó en la dimisión del primer ministro haitiano Garry Conille.

Los comentarios de prensa dudan que la denuncia de la supuesta trama contra el Presidente haitiano vaya siquiera a ser investigada.

Quedará como la indagatoria del jaqueo, que conllevó aparatosos allanamientos al periodista Guillermo Gómez y su periódico digital El Siglo 21 hace dos meses y 12 días, con tropas militares y helicópteros.

Pero por de pronto ha tendido una cortina de humo sobre la banca de financiamiento político del senador Bautista, cuyas operaciones se han extendido hasta el lejano Perú, donde ayudó a la campaña de Alejandro Toledo con un millón 200 mil dólares.

El Gobierno realizó una infeliz denuncia, pero logró éxito al poner en segundo plano las denuncias de corrupción transnacional que han sacudido la campaña electoral, mientras creaba un ambiente de confusión e intimidación con la esperanza de que Nuria Piera no siga sacando prendas del banco de información que le proporcionaron.

La preocupación no era solo por lo denunciado, sino por lo que aún falta sobre las operaciones nacionales e internacionales del banco de Bautista y sus beneficiarios, ya que ella dijo que lo revelado era apenas el 10 por ciento de lo que había recibido.

Inconstitucional e ilegal

Aunque en el país hace tiempo que la Constitución como las leyes son letra muerta, hay que recordar que la flamante Carta Magna de 2010 en su artículo 44 es abundante en la protección del derecho a la intimidad y que su numeral 3 indica que “Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad  competente de conformidad con la ley”. El numeral 4 precisa que las informaciones y datos que recaben las autoridades encargadas de prevenir y perseguir el delito “solo podrán ser tratados o comunicados a los registros públicos a partir de que haya intervenido una apertura a juicio de conformidad con la ley”.

En el caso de Goico ni siquiera se le ha interrogado, antes o después de la rueda de prensa, y menos se le ha iniciado un proceso judicial y nadie cree que ocurra porque la intercepción carece de fundamento. Luego se ha dicho que fue autorizada por un juez, sin identificarlo. Pero es que ningún juez puede autorizar la intervención telefónica de un ciudadano, menos de un actor político importante y en medio de una campaña electoral, sin que se lo justifiquen como parte de una investigación bajo previa presunción de delito, al objeto de recabar evidencias, como lo establece la ley 24-97.

Es también ridículo que el Procurador General haya encargado, con posterioridad a la denuncia, a la fiscal del Distrito Nacional indagar una supuesta trama telefónica de carácter transnacional, que rebasa con mucho su jurisdicción, lo que demandaba un encargo especial de su propio departamento, por ejemplo uno de sus mismos ayudantes. La lista e inteligente Yenny Berenice Reynoso no tardó en advertir que ella no actúa por razones políticas.