Loor al presidente Adolfo Suárez

Por Juan Bolívar Díaz
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Cómo no rendir tributo a don Adolfo Suárez, el gran arquitecto de la transición democrática de España, tras la larga dictadura de Franco que se impuso durante casi cuatro décadas! España entera y los demócratas de todo el mundo le reconocen como uno de los grandes estadistas de nuestro tiempo, un hombre que sobrepuso el progreso de su país por encima de todo interés grupal o personal.

Escogido como presidente de la España seis meses después de la muerte del caudillo Francisco Franco, el secretario general del partido franquista no vió en su herencia una oportunidad para erigirse un monumento personal, repartir el Estado entre los suyos ni pretender establecer un nuevo reinado caudillista. Por el contrario dedicó sus energías, talento y capacidad de concertación para desmontar la estructura dictatorial y abrir puertas y ventanas a los aires de la libertad y la democracia.

Adolfo Suárez, con el apoyo del rey Juan Carlos, optó por la democracia plena, por la reinserción de España en el mundo democrático después de tantos años de opresión y hasta aislamiento, en plena Europa. Había que tener mucho valor para correr el riesgo de aparecer como un renegado. Y un talento y sagacidad especial para vencer los recelos y desconfianzas de quienes lo veían como heredero de la dictadura.

El cuadro no era nada halagador. La dictadura se había erigido sobre cientos de miles de cadáveres en una de las guerras civiles más atroces de la historia, que lanzó millones al exilio político y económico. Suárez enfrentó airoso la herencia de odios, resentimientos y desconfianzas entre los españoles. Y renegó de la prisión política y el exilio, se juntó con Santiago Carrillo y legalizó el partido Comunista, llamando a elecciones libres de las que salió airoso dos veces en cinco años para quedar en el ostracismo político al tercer intento.

Fue el forjador de reformas fiscales y laborales, de los Pactos de la Moncloa y de una nueva Constitución que relanzaron a España, lidiando con los nostálgicos de la dictadura y con los desesperados del terrorismo. Terminó empeñando su liderazgo en su partido para emprender una nueva formación política. Su desgracia fue tal que de 168 diputados en la elección de 1979 cayó a 11 en 1982 y apenas dos con su nuevo partido.

Suárez se sacrificó, y fue víctima propiciatoria de una sociedad que quería experimentar con nuevos actores políticos más a la izquierda de sus correligionarios, muchos de los cuales, como él mismo, apenas conjugaban el verbo democratizar. Solo el paso del tiempo reivindicaría su figura histórica, de lo que no pudo disfrutar porque el alzhéimer lo fue consumiendo durante la última década.

En su vida personal tampoco fue afortunado, ya que las cuatro mujeres de su vida, su esposa María Amparo y tres hijas, padecieron de cáncer. La compañera moriría en 2002 cuando luchaban con la enfermedad que consumiría a Mariam, la hija mayor.

En el 2002 para el décimo quinto aniversario del telediario Uno+Uno, de Teleantillas, quisimos tenerlo como invitado de honor, pero la reciente muerte de su esposa y la enfermedad de una de las hijas lo imposibilitaron. Tuvo cuadros depresivos y por ahí mismo empezó su degeneración neurológica.

Adolfo Suárez permanecerá en la historia de España, cabeza erguida como cuando el coronel Tejero asaltó el Congreso en 1981, pretendiendo un golpe de Estado, y sólo él, su vicepresidente Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo desafiaron el tiroteo sin lanzarse al piso.

Loor al gran estadista ante cuya partida se puede evocar el poema de nuestro Manuel del Cabral: “hay muertos que van subiendo mientras más su ataúd baja, hay muertos como raíces que hundidas dan fruto”. Ojalá que su evocación arroje nuevas fuerzas para que España supere sus actuales dolencias, enconos y divisiones.

Precisiones sobre déficit y austeridad

Por Juan Bolívar Díaz
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Tras la publicación el 18 de noviembre del trabajo “Leonel arroja leña al fuego nacional”, recibí una amable comunicación de un amigo que fue diplomático en el país durante varios años donde formula una importante precisión sobre el origen del déficit fiscal que confronta la economía española, que vale la pena compartir con los lectores:

“Los problemas de España no arrancan del déficit público, inexistente al comienzo de la crisis. Arranca de la explosión de la burbuja inmobiliaria y del endeudamiento privado, tanto de empresas (que compraban todo lo que revendía fuera de España), bancos (para poder seguir prestando a promotores inmobiliarios y conceder hipotecas) y las familias que se hipotecaban”.

“Ese es el enorme apalancamiento que supera el 300 por ciento del PIB. Luego, sí, el Estado ha incurrido en enormes déficits debido a la caída de los ingresos (que le ha venido muy bien a Leonel Fernández para confundir y manipular) y al aumento del gasto por ejemplo en subsidios de desempleo (aproximadamente un 3 por ciento del PIB). Piense, además, que las pensiones suponen un 9 por ciento del PIB. La pensión de jubilación media es de 951 euros/mes y entre jubilados, incapacidad (casi 1 millón) y viudez etc. cubre a 9 millones de personas”.

 Estas precisiones son fundamentales para entender la naturaleza del déficit fiscal español y la forma en que se ha manejado, que son similares al origen y manejo de la crisis norteamericana: la explosión de la burbuja inmobiliaria, el abuso de banqueros irresponsables, con apropiación de enormes sumas, lo que arrastró otros sectores de la economía y obligó a invertir decenas de miles de millones de dólares para rescatar hasta a la General Motors y la Chysler. Estados Unidos invirtió en eso mucho más de un millón de millones de dólares y es parte del déficit fiscal que padece, sin las consecuencias que ha tenido para España, no porque sea menor en relación al producto bruto, sino porque es quien rige la economía mundial. Aunque allí también parece que la capacidad de endeudamiento se agota peligrosamente.

 En España sólo la quiebra del consorcio financiero Bankia ha costado 23 mil 465 millones de euros, equivalentes a 29 mil 566 millones de dólares, y a un billón 220 mil 180 millones de pesos, que es 2.4 veces el proyecto de presupuesto dominicano para el 2013.

 Por cierto que un juez de la audiencia nacional ha encontrado suficientes razones para dar curso a una querella judicial contra 33 “consejeros” de Bankia considerando que sus ejecutorias “podrían desestabilizar todo el sistema financiero”.

 En resumen, que ciertamente hay déficits fiscales en España, como en Estados Unidos, pero de origen diferente al dominicano, y manejados institucionalmente, porque ni Zapatero/Rajoy ni Obama podían incurrirlo por decisión individual, burlando las normas constitucionales y legales, sin autorización del Congreso. Mucho menos podían meter a sus países en un déficit del 8.5 por ciento del PIB, (el español anda por el 6 por ciento) para ganar elecciones e iniciar una campaña electoral para volver al poder. Tampoco porque necesitaran terminar obras que la continuidad del Estado debía afrontar. Mucho menos para repartir y subsidiar gastos electorales.

 Otra precisión fundamental es sobre la austeridad y el gasto. En España, los que piden extremar la austeridad conspiran contra los pensionados o los servicios básicos. En República Dominicana la exigencia de austeridad es para reducir el dispendio y la corrupción a fin de que los recursos alcancen para la población más pobre, no en forma de dádivas de cajitas navideñas o la libra de arroz por día que permite el programa Comer es primero, sino para combatir eficientemente la pobreza.

 En España los legisladores no tienen barrilitos ni cofrecitos, ni cada entidad del Estado dispone recursos a discreción y sin transparencia para “planes sociales”. Tampoco hay organismos con cientos de empleados sin funciones ni los mandatarios tienen fundaciones con gastos millonarios mientras ejercen el poder público. Aquí austeridad es respeto a lo colectivo, como mandan la Constitución y numerosas leyes.

 

!Por fin el Reglamento de Migración!

Por Juan Bolívar Díaz

Todos los preocupados por el desbordamiento de la inmigración en este país  saturado de atrasos y pobreza, debemos celebrar que esta semana el Presidente de la República promulgara el Reglamento a la Ley General de Migración 285/04 y colocarnos en verdadera vigilancia para que no se quede en letra muerta y rinda los frutos esperados.

Desde luego esa vigilancia debe ser mayor de parte de ese segmento de la población que se califica por una enfermedad sicosomática denominada anti-haitianismo que los impulsa al insulto y al griterío, incapaz de razonar más allá de lo que creen derechos soberanos, que se niegan a reconocer la realidad de que los haitianos están ahí, y que serán vecinos por siempre, con los que tenemos que entendernos mediante normas, pactos y contratos.

Una parte significativa de la sociedad dominicana tiene propensión a enjuiciar las relaciones dominico haitianas con emotividad y prejuicios extremos, tanto que no pudieron registrar lo que dijo la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en su reciente visita al país, respondiendo con insultos y descalificaciones, lo que llevó al embajador Raúl Izaguirre a transcribir sus palabras en un artículo publicado en el Listín Diario el viernes 21.

Lo primero resaltante es que a Hillary le preguntaron periodistas dominicanos, y al responder comenzó ponderando la solidaridad dominicana con Haití a raíz de la catástrofe del 2010. Y reconoció el derecho soberano de esta nación a establecer normas sobre su seguridad fronteriza o nacionalidad. Pero advirtió, así mismo, que los inmigrantes son sujetos de derechos, aludiendo específicamente a los descendientes de haitianos que fueron inscritos como ciudadanos dominicanos y ahora se les está privando de sus derechos, lo que es inaceptable en la comunidad internacional.

La respuesta de Hillary fue amplia, conceptuosa y hasta con ribetes autocríticos cuando aludió a que en Estados Unidos también han confrontado posiciones extremas, ponderando el equilibrio entre los derechos soberanos y los derechos humanos. El estado de Arizona, por ejemplo, ha adoptado legislaciones extremas para limitar la inmigración, lo que ha generado un amplio rechazo en ese país y de parte de líderes estatales y sociales norteamericanos y de América Latina. Aunque allí no han llegado al extremo de pretender quitarle la ciudadanía a los millones de extranjeros descendientes de inmigrantes ilegales.

Pero qué bueno que ya tenemos un Reglamento a la Ley de Migración, aunque nos tomó siete años promulgarlo, pese a que muchos lo reclamamos sistemáticamente. Podemos disentir de algunos de sus planteamientos, pero es la ley que nos hemos dado y ahora debemos cumplirla.

La nueva normativa pone a prueba nuestra capacidad para organizarnos en un asunto de tanta importancia y trascendencia. Establece responsabilidades a las autoridades y a los empresarios contratantes de mano de obra y prevé mecanismos justos para las detenciones y deportaciones.

El cumplimiento de esta normativa es fundamental para despejar el criterio de que el desorden inmigratorio, como el emigratorio, se alimenta del tráfico de seres humanos ejecutado por empresarios, funcionarios y buscavidas que han hecho fortuna a lo largo de las últimas décadas.

Los inmigrantes haitianos, casi todos ilegales, representan hoy día más del 80 por ciento de la mano de obra de toda la agricultura nacional así como de la próspera industria de la construcción. Sería irracional pretender que podamos prescindir de ellos, razón por la que se impone su reglamentación.

Pero también es imprescindible que entendamos que no son invasores, que somos nosotros los que los hemos buscado y empleado y explotado. Y si los vamos a tener con nosotros, también tenemos que reconocerles derechos, como a los dominicanos y dominicanas que saturan y originan rechazo en Puerto Rico, en Estados Unidos, España, Italia, Holanda, Suiza, en todas las islas del Caribe inglés, francés y holandés y en Centroamérica y varias naciones sudamericanas. Ni más ni menos. Ya una vez me declaré en este mismo espacio con alma de migrante. Y defiendo sus derechos, aunque me traten de traidor, vende patria y asalariado de Estados Unidos.

 

El valor de nuestros emigrantes

Por Juan Bolívar Díaz
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Todavía no se ha estudiado suficientemente el valor de los emigrantes dominicanos que en el último medio siglo se expandieron por el mundo en busca de mejores condiciones de vida, manteniendo profundas raíces con sus orígenes nacionales, aunque sometiendo a sus descendientes a la simbiosis transcultural.

Ellos han sido vitales para el sostenimiento y el relativo desarrollo de la sociedad dominicana.

Desde luego que no han sido pocos los aportes de los investigadores dominicanos y académicos extranjeros, especialmente de los integrados a instituciones como el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de Nueva York o al Voluntariado de Madres Dominicanas en España (Vomade), para sólo citar dos de las más conocidas.

Pero aún así la mayoría de los dominicanos tiene una gran ignorancia sobre lo las dimensiones, aportes y significados de la diáspora dominicana, a la que de ordinario se tiende a subestimar y hasta estigmatizar, como si todos y todas fueran narcotraficantes, trabajadoras sexuales o desclasados inadaptados.

El diario El Caribe recogió el 14 de junio un informe del Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior (CONDEX) que estima en cerca de dos millones los nacionales que residen en el exterior, lo que equivale al 20 por ciento de lo que sería la población de la República Dominicana. De ellos 1 millón 334 mil estaban radicados en Estados Unidos en el 2008. En Nueva York los y las dominicanas constituyen la segunda concentración latina y en Puerto Rico la primera colonia extranjera.

En Borinquen la comunidad dominicana era oficialmente de 69 mil 864, según censo del 2006, pero hay mucho más indocumentados, por lo que se les estima hasta en 300 mil. En España las estadísticas oficiales los cuantificaban hace tres años en 80 mil 973, pero Vomade los cifra sobre cien mil. El informe del CONDEX recoge el dato oficial de 18 mil 591 del Instituto Italiano de Estadísticas, y 11 mil 600 en Holanda.

Dominicanos hay por millares en casi todas las islas del Caribe, en Centroamérica, y en múltiples naciones de Europa y Sudamérica, y se les encuentra en lugares tan distantes como Irak o Japón, y tan fríos como Alaska, Suecia o Rusia. En todas partes se fajan en cualquier tipo de trabajo, laborando horas extra para enviar remesas a los que dejaron aquí, y soñando con acumular para volver a los suyos.

Las estadísticas oficiales indican que desde el 2008 las remesas de los migrantes dominicanos pasan de los 3 mil 100 millones de dólares por año, una cifra fundamental en el precario equilibrio de las finanzas nacionales. Sin ese aporte que llega al 20 por ciento de la población nuestra pobreza sería mucho mayor.

En otra perspectiva, si esos casi dos millones de dominicanos no hubiesen emigrado, las tensiones sociales hubiesen hecho explosión, sobre todo si se tiene en cuenta que una alta proporción de ellos y ellas son de los que más acunaban el inmenso deseo de progresar y cambiar el curso de sus vidas.

Honor especial hay que reservar a esas decenas de miles que desde los años setenta tuvieron la valentía de emigrar en yolas hacia Puerto Rico, jugándose la vida en búsqueda de progreso. No se sabe cuántos perdieron la partida, pero los sobrevivientes son suficientes para testimoniar el profundo valor de esa migración.

Lo penoso y negativo es que al emigrar los que más deseos de progreso sustentaban, dejaron campos, pueblos y barrios poblados con los más conformistas. Los mejores son los que no se resignan a la pobreza. !Loor a los emigrantes dominicanos!

Punto final a la barbarie

Por Juan Bolívar Díaz

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Todo el que tiene un mínimo de sentido de civilización debe salir al frente a la barbarie que implica la emergencia cada vez más frecuente de grupos que quieren  hacer justicia por sus propias manos, ya sea linchando a delincuentes, quemando casas de haitianos o dando plazos para que estos abandonen los reductos en que han quedado asentados.

Ya hemos perdido la cuenta del número de presuntos delincuentes que han sido linchados por turbas enardecidas, a veces tras ser molidos a palos y cuchilladas incentivando un sentimiento colectivo de sadismo que degrada nuestra sociedad y remite al dominicano a la prehistoria de los derechos humanos y de la civilización contemporánea.

La terrible muerte de un niñito de tres años, carbonizado en un batey de Barahona cuando desalmados quemaron cuatro casuchas de haitianos, es un capítulo particularmente bárbaro que ha debido sacudir la conciencia nacional, lo que no ha ocurrido, dado que casi nadie ha demandado su esclarecimiento y las correspondientres sanciones.

Afortunadamente el canciller Carlos Morales Troncoso se apresuró a condenar el hecho, adelantándose al comunicado de la embajada de Estados Unidos que refleja el grado de rechazo que acciones como esa generan en el mundo de hoy.

La circunstancia es propicia para recordar el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez en Aravaca, un barrio periférico de Madrid, en noviembre de 1992, a manos de un guardia civil y tres  jóvenes amigos que imbuidos de un gran sentimiento xenofóbico decidieron dar una lección a los “impertinentes e indeseables” inmigrantes. Toda la sociedad española, en un gran ejercicio de civilización, condenó el crimen y los cuatro responsables terminaron condenados en conjunto a 126 años de cárcel. El Estado español fue obligado a una indemnización que convirtió en millonaria a Kenia, la pequeña hija de Lucrecia.

Ciertamente que hay una diferencia grande. En España las instituciones estatales, incluyendo la Policía, el ministerio público y la judicatura, son muchas veces más funcionales, dejando menos margen a la insatisfacción ciudadana que se manifiesta, por ejemplo, en la decisión anunciada esta semana por grupos sociales de Licey al Medio, Santiago, de crear rondas para prevenir y perseguir la delincuencia.

Ya el jefe de la  Policía Nacional ha salido al frente a ese anuncio, pero es preciso que pasemos del discurso a la acción eficiente, no sólo en esa comunidad, sino en todo el país. Aunque deberíamos saber que a estas alturas de la descomposición social y policial se requiere mucho más que buena voluntad, comenzando por una profunda reestructuración de los organismos encargados de la seguridad ciudadana, lo que nos remite a la responsabilidad de quienes nos gobiernan.

Afortunadamente el arzobispo de Santiago, Monseñor Ramón de la Rosa, ha tenido el valor de desaprobar en términos absolutos la tendencia a imponer el terror grupal, particularmente en el caso de los inmigrantes. Y aquí nos remitimos de nuevo a las autoridades nacionales. Se precisa de un gran reclamo de límites a la inmigración masiva, alentada por traficantes y empresarios de casi todos los sectores, empeñados en mantener una mano de obra excedente que degrada el salario y las condiciones de los trabajadores dominicanos.

Una vez más hay que preguntar qué ha pasado con la Ley de Migración aprobada en el 2004 y con el reglamento que disponía aprobar en un plazo de seis meses doce veces cumplido.

Si no ponemos límites de forma racional, civilizada, de acuerdo con los principios y compromisos internacionales, seguiremos siendo considerados como una sociedad primitiva, objeto de condenas y recriminaciones. No basta alegar una soberanía que hace tiempo quedó subordinada al orden internacional.