En la hora de los hornos

Por Juan Bolívar Díaz
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Concluido el plazo formal para que los inmigrantes irregulares se acogieran al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el Gobierno y la sociedad dominicana se enfrentan a la hora de los hornos, en la que habrá que decidir si continúa por el rumbo equivocado de la emocionalidad y el patrioterismo o si enfrenta con racionalidad, inteligencia y sabiduría el problema de la masiva y excesiva inmigración haitiana.

Tras el cierre del plazo, el ministro de Interior informó que 288 mil 466 personas lograron iniciar el difícil proceso de la regularización, que en sus últimas dos semanas se degradó a lo indigno con tráfico y abusos contra pobres e indigentes que acudieron en tropel cuando se anunció que sólo atenderían a nuevos solicitantes y que se otorgarían plazos adicionales para que pudieran reunir los requisitos. En ese total se ha incluido a unos 20-25 mil pendientes de que el gobierno de Haití les provea documentos solicitados.

Después de un año las autoridades se convencieron de que tenían que flexibilizar las exigencias, cuando al comienzo de junio apenas el 1.8 por ciento (4 mil 308) de 239 mil 368 solicitantes habían podido llenar todos los requisitos. Al pasar balance se dieron cuenta que el 93 por ciento (222 mil 73) habían presentado documentos de identidad validados confirmando exactamente la proporción que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2012 dijo tener documentación.

Eso demuestra, contrario a lo pregonado, que la documentación no ha sido de los mayores obstáculos al PNRE, sino requisitos como constancia de vecinos y de empleo y pruebas de pagos de salarios que a pocos les han expedido; o contratos de alquiler, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, matrícula de vehículos y facturas de bienes muebles que nunca han tenido. Otra barrera ha sido el costo de certificaciones notarizadas, del transporte en promedio de diez visitas a las oficinas de registro y del tráfico con los turnos, lo que ha implicado un promedio de 8 mil pesos, que gran proporción no ha podido reunir.

A la hora de los hornos, tras meses anunciándose deportaciones con el entusiasmo del que prepara un festival, habrá que pasar balance para saber cuántos son los que serán devueltos para Haití. No serán el millón que calculan los más entusiastas, pero se logra una aproximación si se acepta el rigor profesional de la ENI realizada por la Oficina Nacional de Estadística, la cual arrojó 524 mil extranjeros, 458 mil 233 nacidos en Haití.

Pero eso era sólo hasta el 2012. Como la misma encuesta establecía que el 38.6 por ciento había llegado entre 2010 y 2012, el flujo crecía casi al 20 por ciento anual. A la mitad de esa tasa, conservadoramente, entre el 2012 y 2015 el total se habría incrementado en 30 por ciento, 137 mil 470 personas, para totalizar ahora 595 mil 703. Los inscritos al PNRE serían el 48 por ciento. Los “deportables”, que nadie discute el derecho soberano, los restantes 307 mil 237, el 52 por ciento del total, una cifra bastante respetable para las capacidades nacionales, para la producción agrícola, la construcción pública y privada y el servicio doméstico, y con potencial para constituirse en una inmensa crisis humanitaria generadora de disturbios que podrían descarrilar el frágil proceso electoral en que se encuentra la nación vecina. Menos estabilidad en Haití es un círculo vicioso que redunda en nuevos flujos de inmigrantes para República Dominicana.

El problema luce más complejo que el festival de deportaciones que algunos entusiastas han promovido. Y eso sin incluir los descendientes de los inmigrantes haitianos nacidos en el país durante cerca de un siglo, que según la misma encuesta serían otros 209 mil 912 personas. Convendría que a estos los dejaran en paz, para no generar apatridia y complicar más la situación a nivel internacional, porque en cuanto a estos sí se discute el derecho soberano a la deportación, sobre todo los que tenían registro de ciudadanía, beneficiados por la Ley 169-14, pero a quienes todavía no se les restituye su documentación.

Por demás urge revisar el PNRE para ver si todos sus requisitos son realistas y podrán ser cumplidos en los plazos de hasta dos años que se otorgará a los que iniciaron el proceso, según el acta de la reunión de los cancilleres de RD-Haití del 6 de junio. Si no se regulariza siquiera dos terceras partes de esos inmigrantes, será difícil revocar los excedentes y controlar nuevos flujos.

 

Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros

Por Juan Bolívar Díaz
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En los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, las filas eran considerables, pero seis meses después esa cifra apenas llegó a un poco más del triple.

La falta de colaboración de los empleadores y el exceso de requisitos que se exige a los interesados, están marcando el fracaso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros decretado por el presidente Danilo Medina el 29 de noviembre de 2013 y que comenzó a ejecutarse hace 6 meses, el 2 de junio pasado.

Los apenas 107 carnés de inmigrantes emitidos en la primera mitad del plazo establecido, aunque más de 102 mil han solicitado su regularización aportando sus datos biométricos, representan una proporción muy baja de por lo menos 524 mil nacidos en el exterior registrados por la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes.

Una bajísima proporción. Las estadísticas que maneja el viceministro de Interior y Policía Washington González, encargado de la implementación del Plan de Regularización de Extranjeros, indican un pobre resultado en la primera mitad del plazo establecido para solicitar la inclusión, que según dijo vence el 31 de mayo próximo.

Hay muchas diferencias en el estimado de inmigrantes irregulares en el país, pero la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, registró 524,632 extranjeros en el país, de los cuales 458,233, el 87 por ciento, procedieron de Haití. Si se suman los ingresados en los últimos dos años, podrían llegar a 600 mil, de los que debe descontarse una pequeña proporción con estatus legal.

Los 102 mil 60 que según González habían iniciado el proceso de regularización al caer noviembre, representarían una proporción por debajo del 20 por ciento del total. Y los 107 carnés emitidos son apenas el 0.02%. Proyectados al año decretado para el programa de regularización, los solicitantes no representarían más del 40 por ciento del universo.

Pero la afluencia disminuye, ya que en los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, casi la tercera parte del total en los 6 meses que se cumplen este 2 de diciembre. Los carnés emitidos apenas alcanzan al 0.32 por ciento de los que acudieron hace más de 5 meses, cuya proyección al año implicaría un total fracaso. Con la agravante de que el artículo 12 del decreto 327-13 que estableció el plan especifica un límite hasta el 28 de febrero de 2015 para que los interesados acrediten su identidad.

Demasiados requisitos. Muchos siguen creyendo que el principal elemento que frena el proceso de regularización es la falta de documentos de identificación de los inmigrantes haitianos, la mayoría con algún documento según la ENI, pero en realidad la traba está en los excesivos requisitos para obtener el carné de inmigrantes y la falta de colaboración de los empleadores.

La identidad es el requisito fundamental y el artículo 12 señala que podrá acreditarse por uno de cinco tipos de documentos, aunque estén vencidos: a) pasaporte; b) documento de identidad del país de origen; c) acta de nacimiento; d) Para el solicitante que forme parte de un grupo familiar, acta de matrimonio, declaración de soltería o prueba de convivencia, según aplique; y e) un documento que pueda ser verificado como legítimo por la autoridad y que sirva para la identificación del extranjero solicitante.

Aunque el decreto especifica “por alguno” de esos documentos, en muchos centros se les pide todos, dificultando el registro. Lo mismo ocurre con los cuatro ejes básicos para la regularización establecidos en el artículo 14 del decreto, cada uno de los cuales señala 7 o más requisitos, pero indicando que bastan dos de ellos. Los ejes son 1) El tiempo de radicación de la persona extranjera en el país; 2) Los vínculos con la sociedad dominicana; 3) Las condiciones laborales y socio-económicas; y 4) La regularización de personas de manera individual o por familia.

En el eje 3 referido a las condiciones laborales y socio-económicas, hay 8 requisitos. En el séptimo se indica que el trabajo regular se acredita con un documento que pruebe pago de salarios, certificación de nómina, carné de empleado, o declaración jurada y notarizada del empleador. Especifica uno de ellos, pero en muchos casos se piden todos.

Dos ejemplos contundentes Para entender las dificultades del Plan de Regularización de los Extranjeros baste considerar dos casos específicos, el individual de un empleado en una torre de apartamentos de clase media y el otro un empleado en una residencia, con tres hijos, ambos haitianos residentes en la capital, con apoyo de sus empleadores que pocos podrán conseguir:

El individual es empleado ejemplar de una torre de apartamentos, donde la junta de vecinos responsables decidió avalarlo con la documentación y cubrir los costos. Lleva cuatro visitas al centro de registro y todavía no recibe su carné. Comenzó con su pasaporte visado. Presentó certificación de que trabaja y vive en la torre, acto de notoriedad sobre convivencia firmado por 7 testigos dominicanos, compulsa notarial, certificado de la Procuraduría de que no tiene expediente judicial, declaración jurada de ingresos, copias de cheques y recibos de salarios elegidos al azar de cada uno de los últimos cinco años. Todos esos documentos certificados y notarizados. En su última visita llevó copias de facturas de compra de electrodomésticos y del contrato de un celular de Claro, pero entonces le dijeron que también tiene que notarizarlas. Le piden una cuenta bancaria que no posee.

La situación es más compleja en el caso de un haitiano que lleva 20 años trabajando en la casa del excontralor general Bienvenido Brito y su esposa Maritza, personas de integridad reconocida, militantes católicos de toda la vida, que autorizaron citarlos. Desde que se anunció el plan se mostraron dispuestos a agotarlo y con su patrocinio, su empleado, vigilante y jardinero que también presta este servicio a los vecinos, lleva tres visitas y no avanza. También con pasaporte y visa. Sus empleadores certifican la vivienda que le construyeron en solar comprado en un barrio capitalino. Pero esta persona tiene tres hijos y por cada uno de ellos debe presentar un rosario de certificaciones. No consiguen copia de la constancia de nacimiento del hospital, que perdieron.

No quieren la regulación. La escasa o nula colaboración de los empleadores está contribuyendo al fracaso del Plan de Regularización de Extranjeros.

El viceministro Washing- ton González se ha quejado en televisión de que las asociaciones de productores no contribuyen, aunque les ha pedido colaboración. Productores agrícolas y constructores, así como administradores de condominios y empleadores individuales se niegan a proporcionar certificaciones a sus empleados. Prefieren el desorden de la oferta de mano de obra abundante, que despiden si no aceptan cualquier condición laboral, como horarios ilimitados, bajos salarios, y temen que la regularización los obligue a pagar la seguridad social.

Tampoco ayuda la histeria antihaitiana que se manifiesta a través de múltiples medios de comunicación, la que impide entender que la regularización de los que trabajan en el país es el primer paso si se quiere controlar el flujo inmigratorio. La desinformación y la resistencia es manifiesta en sectores que trafican con la inmigración irregular, aunque mantienen un discurso hipócrita, pretendiendo culpar de la masiva inmigración a quienes hablan de regulaciones y derechos. Hay también quienes creen que se puede recoger a tres o cuatrocientos mil y sacarlos del país.

El viceministro González, quien ha tomado su responsabilidad con seriedad y profesionalidad, reconoce los modestos resultados que registra el plan, pero se mantiene optimista de que el proceso podría acelerarse en la segunda mitad, sobre todo ahora que se está alcanzando el objetivo de llevar los centros de registro a todas las provincias.

El Gobierno de Haití tampoco ayuda eficientemente. Según informes la embajada ha tramitado más de 27 mil solicitudes de triple documentación -acta de nacimiento, cédula y pasaporte-, pero apenas han recibido unos cuatro mil.

En los organismos internacionales, como las agencias de las Naciones Unidas, y en las entidades nacionales, como el Centro Bonó, que buscan contribuir a la regularización, existe la convicción de que el plan tendrá que ser prorrogado y flexibilizado si se quiere evitar su fracaso. Lo están advirtiendo en privado, incluso a las autoridades.

 

 

La regularización de inmigrantes desafía al Gobierno y la sociedad

Por Juan Bolívar Díaz

Tras un cuarto de siglo de amenazas de regular la inmigración, en su inmensa mayoría de haitianos, el Gobierno del presidente Danilo Medina afronta el desafío al poner en vigencia desde mañana lunes el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular, establecido en el decreto 327-13.

El plan regulatorio de inmigrantes ha tenido general acogida por cuanto responde a una racionalidad pero necesitará de la cooperación de todos los sectores sociales para superar los intereses de traficantes y empleadores que han preferido una abundante mano de obra incondicional que degrada los salarios.

Sin ninguna oposición. El plan regulatorio de la inmigración arranca sin ninguna oposición. El Gobierno logró instituir normas racionales y humanas tomando en consideración los tratados internacionales sobre migraciones y derechos humanos, y en consulta con organismos nacionales e internacionales.

El decreto del 29 de noviembre contempla la gratuidad de la regulación, dejando atrás los planes que había intentado ejecutar la Dirección General de Migración con costos tan elevados que los condenaba al fracaso, como ocurrió con el puesto en vigencia en el 2012 que a casi dos años apenas logró el registro de unos 200 trabajadores temporales.

Las inscripciones comenzarán en 12 gobernaciones provinciales y nueve locales de la Junta Central Electoral, en las jurisdicciones de mayor concentración de inmigrantes, como el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia, según el informe presentado el miércoles por el Ministro de Interior y Policía, a quien se le ha otorgado el principal protagonismo ejecutivo.

El plan arranca con la aprobación de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos de los inmigrantes, tanto a nivel local como internacional. El Centro Bonó de los jesuitas, y la representación del Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han expresado su decisión de colaborar para el éxito del programa.

El Centro Bonó, cabeza institucional de la solidaridad con los descendientes de inmigrantes nacidos en el país que habían sido desnacionalizados, consideró el Plan de Regularización de Inmigrantes como “una medida histórica” que llena un vacío normativo, aunque advirtió que genera nuevos desafíos a tomar en cuenta.

18 meses sin deportaciones. El decreto presidencial establece un programa a desarrollarse en 18 meses, a partir de su emisión en noviembre, período en el cual no habrá deportaciones para evitar que los inmigrantes indocumentados se sientan amenazados. Pero los que no se acojan al programa serán deportados una vez concluya el plazo.

Los convocados deberán inscribirse en un “registro de evaluación”, aportando sus documentos de identidad de los países de origen y sus datos personales. Los que no tengan documentación podrán llenar la solicitud y aportar datos personales, que serán validados si entregan la documentación posteriormente, pero hasta el 28 de febrero de 2015.

Los ejes básicos para la evaluación, según el decreto 327, serán el tiempo de radicación en el país, los vínculos con la sociedad dominicana, las condiciones laborales y socioeconómicas y la regularización individual o por familia. La radicación podrá ser sustentada con pruebas del pago de salarios, certificación de nómina laboral, carné de empresas, hijos nacidos y declarados en el país y domicilio, con certificación de instituciones sociales, como iglesias y juntas de vecinos, contratos de alquiler y recibos de pago de servicios, certificados de estudios y otros..

El Ministerio de Interior tendrá un plazo de 45 días para responder a la solicitud, aunque el decreto indica que puede ser prorrogable sin especificar tiempo. Los rechazados tendrán derecho a solicitar una revisión ante el mismo ministerio, que en tal caso adoptará una decisión definitiva.

Que impere la racionalidad. El Plan de Regularización es un desafío a la eficiencia y la racionalidad, buscando normalizar el futuro, partiendo de la realidad de que actividades como la agricultura y la construcción no pueden ya prescindir de la mano de obra haitiana. Lo fundamental es limitarla, racionalizando la realidad. A este ni a ningún Gobierno le resultaría fácil deportar inmigrantes en masa. La eficiencia tiene que manifestarse en controles fronterizos que reduzcan los flujos.

Es necesario trocar el discurso despectivo y el desconocimiento de derechos humanos por la eficiencia en el manejo de la inmigración, la que nunca se ha manifestado, a pesar de que desde 1990 se proclamaba la ejecución de un Plan de Regularización. Así lo dispuso el Decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer y lo reiteró la Ley de Migración 285-04 promulgada por el presidente Hipólito Mejía en el 2004, que dispuso un reglamento en plazo de seis meses.

Aunque el discurso antihaitiano se impuso desde los años noventa y tomó mayor auge en lo que va de siglo, con los más duros nacionalistas al frente del Consejo Nacional de Fronteras, de la Dirección General de Migración y de la Junta Central Electoral, el presidente Leonel Fernández agotó sus últimos 8 años de Gobierno para al final promulgar el reglamento migratorio. Según la ENI, el 62 por ciento de los inmigrantes habían llegado al país entre el 2006 y 2012, en el período de Gobierno de Fernández. Y vale recordar que esa encuesta la hizo la ONE con el auspicio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ambos organismos dirigidos por funcionarios del mismo Gobierno, que la pusieron en circulación en el Palacio Nacional antes de concluir la gestión de Fernández.

El Plan de Regularización a iniciarse mañana podría ser el aspecto positivo de la controversial sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre pasado, que lo dispuso una vez más. La revocación de la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia extranjera mediante la Ley 169-14 tiene como contraparte compensatoria la puesta en vigencia del programa regulatorio de inmigrantes.

El Gobierno del presidente Medina podría anotarse un éxito extraordinario si la regularización sale adelante, y honraría su lema de “hacer lo que nunca se ha hecho” y en una materia fundamental. Sobre todo si se evitan los excesos y se gana el reconocimiento de los organismos de derechos humanos. Para ello tiene que evadir el discurso ultranacionalista.

Más de medio millón

Atendiendo a los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), ejecutada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, la población convocada al registro sería de 524, 632 personas, de las cuales el 87 por ciento, 458,233 personas, era de nacionalidad haitiana. Le seguían 13 ,514 de Estados Unidos, 6,720 de España, 4416 de Puerto Rico, y 4 ,040 de Italia. Por encima de tres mil se encuentran los chinos, franceses, venezolanos, cubanos, colombianos y alemanes. En total hay inmigrantes de 60 países.

Los mayores problemas los confrontarán los de origen haitiano, que son los más pobres, vinculados en alta proporción a labores agrícolas (36 por ciento), a la industria de la construcción (26 por ciento), al comercio (17 por ciento) y a hoteles y restaurantes (10 por ciento).

Aunque es generalizado el criterio de que la mayoría de los inmigrantes haitianos carecen de documentos, la ENI indicó lo contrario: 93 por ciento dijo tener actas de nacimiento de su país, 52 por ciento cédula y el 38 por ciento pasaporte haitiano.

Factores como la extrema pobreza, el aislamiento y la desconfianza podrían determinar que una proporción no solicite su regularización para optar por la residencia temporal o permanente y eventualmente por la naturalización. Los más carenciados necesitarán la asistencia que han ofrecido organismos internacionales como ACNUR y de las organizaciones sociales dominicanas. El reto para la sociedad es entender que lo conveniente es la regularización y documentación de los inmigrantes como paso fundamental para reducir y controlar la afluencia, más que expulsar a los que ya están radicados, sobre todo si pueden justificar una actividad laboral.

 

Regular la inmigración requiere voluntad política

Por Juan Bolívar Díaz

Compelido por el escándalo internacional generado por la sentencia que desnacionaliza a decenas de miles de personas, el Gobierno del presidente Danilo Medina comienza a mostrar la voluntad política que faltó a sus predecesores para regular y controlar la intensa inmigración haitiana.

La suspensión temporal de las deportaciones es una demostración de valentía, que los ultra nacionalistas no entienden, para crear un clima de confianza que abra espacio al Plan Nacional de Regularización de los Inmigrantes que se trata de implementar con muchos años de retraso.

Varios pasos adelante. Tras el escándalo internacional producido por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que en septiembre avaló el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país, el Gobierno parece encaminado a afrontar el plan regulador de inmigrantes dispuesto por la Ley de Migración del 2004, incluido en la Estrategia Nacional de Desarrollo de 2012 y demandado por decenas de entidades sociales.

En apenas un trimestre se han emprendido acciones fundamentales como el decreto 327-13 que establece el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, se puso en vigencia el Consejo Nacional de Migración, se dio curso al Instituto Nacional de Migración, y se nombró como su directora a la doctora Flor Rojas Rodríguez, con vasta experiencia en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes, y se dispuso la suspensión temporal de las deportaciones.

Al mismo tiempo el Gobierno ha procurado la asistencia técnica y financiera de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Unión Europea, al tiempo que abrió un diálogo con las autoridades de Haití que incluye los desafíos migratorios, además del comercio bilateral, la seguridad fronteriza y medio ambiente.

Los organismos recién implementados están contemplados en la Ley General de Migración promulgada en agosto de 2004 por el presidente Hipólito Mejía, cuyo reglamento debió ser adoptado a los seis meses, pero el Gobierno del presidente Leonel Fernández lo dilató por más de siete años, hasta octubre de 2011.

También los contempla la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y fueron incluidos en el “Compromiso Social y Político por un Nuevo Modelo de Gestión de las Migraciones” de mayo de 2013 asumido por 140 instituciones sociales y no gubernamentales, empresariales, sindicales, religiosas, académicas y comunitarias.

De la algarabía a la eficiencia. La voluntad política manifiesta por los voceros oficiales indica el propósito de rebasar la algarabía y la denuncia antihaitiana para concentrarse en un trabajo eficiente en dos direcciones, primero regularizar los extranjeros indocumentados que ya residen en el país, y segundo controlar y racionalizar el flujo, reduciéndolo a lo que demande el desarrollo nacional.

Tanto el presidente Danilo Medina como sus principales ejecutivos saben que no es fácil cambiar la tradicional política frente a la inmigración, 87 por ciento de haitianos, primero porque se trata de una frontera terrestre, permeable por múltiples recovecos, pero sobre todo por los intereses económicos que la han alentado durante un siglo, especialmente de los empresarios agrícolas y del propio Estado que han preferido disponer de una abundante mano de obra barata en incapacidad de reclamar, a la cual no se le reconoce ningún aporte al desarrollo dominicano. A ello se suma los beneficios del tráfico de personas, obtenidos por militares, policías, políticos y autoridades locales.

Sin embargo, el mandatario parece convencido de que urge pasar del discurso y la algarabía antihaitiana a las realizaciones positivas, que den fruto, lo que no ha ocurrido en la última década cuando no solo la dirección de Migración, sino también el Consejo Nacional de Frontera, dirigido por Norberto Rondón, han estado en manos del partido que encarna el ultranacionalismo, como lo resaltó el historiador Bernardo Vega en su artículo “Es Culpa Nuestra”, HOY del 17 de enero.

Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, el 38.6 por ciento de los 524 mil 632 ingresadas al país habían llegado entre 2010 y el 2012, cuando se hizo la investigación. Como el 23.6 por ciento dijo haber inmigrado en el período 2006-09, y el 18.5 por ciento entre el 2000 y 2005, hay que convenir que dos terceras partes ingresaron en los 8 años consecutivos del gobierno de Leonel Fernández, cuando los ultranacionalistas dirigieron los organismos claves de control migratorio y protagonizaron el antihaitianismo. Y los siguen dirigiendo, aunque en las últimas semanas parecen relegados.

Un discurso hipócrita. En principio se traficó y alentó la inmigración haitiana para la agroindustria azucarera, que luego se fue desplazando a la agricultura en general y a la industria de la construcción, mientras los dominicanos se iban en yola a Puerto Rico para encabezar allí el trabajo en esos mismos sectores. Pero en los últimos años ha invadido la informalidad de los chiriperos, el trabajo doméstico y de vigilancia y comienza a ser visibles hasta en los hoteles turísticos.

Con un discurso hipócrita, muchos de los explotadores de esa mano de obra figuran entre los que denuncian “la invasión pacífica haitiana”, incluyendo familias de clase media que los tienen dentro de sus propias casas, como trabajadores sin horario, seguridad social ni vacaciones. En un almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio hace varios años un empresario denunció la documentación ilegal de haitianos, y cuando se le preguntó cómo lo había determinado, él mismo dijo que por uno de sus trabajadores haitianos. En una reunión de profesionales un religioso proclamó que los haitianos odian a los dominicanos, pero no pudo explicar cómo, con esa convicción, él tenía una haitiana dentro de su casa y preparándole la comida.

Solo la complicidad gubernamental explica que el presidente Fernández casi agotara sus últimos 8 años de gobierno para promulgar el reglamento a la Ley de Migración y que no diera vida a los organismos que instituye, como ahora hace su sucesor. Su ministro de Agricultura Salvador Jiménez aceptaba que ya más del 80 por ciento de la mano de obra rural es de origen haitiano. Y el constructor del tren subterráneo de Santo Domingo, Diandino Peña, proclamó que no había forma de construir esa obra sin emplear haitianos.

Más allá del Plan de Regularización, las autoridades tendrán que rescatar la disposición del código laboral que limita a 20 por ciento la contratación de trabajadores extranjeros, por lo menos en las obras públicas, para dar ejemplo y reducir a mediano plazo la inmigración y verificar por qué crece el empleo de haitianos en los servicios turísticos, y si es que también en esos ámbitos los dominicanos son renuentes al trabajo.

Mientras tanto, es un pecado capital confundir la regularización de inmigrantes irregulares, con la desnacionalización de los descendientes de extranjeros que nacieron en el país desde 1929, como dispuso el Tribunal Constitucional. Según la Encuesta de Inmigrantes serían 244,151, de los que 209,912 descienden de haitianos. El 55 por ciento dicen poseer acta de nacimiento dominicana.

Pretender cambiarle el estatus por una naturalización puede reducir el escándalo internacional, pero como ya advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no librará al país de condenas por violentar un derecho tan fundamental como el de la nacionalidad.

 Prioridad del Gobierno

La importancia que el Gobierno confiere a la regulación de la inmigración queda de manifiesto en el hecho de que la política al respecto ha sido asumida desde el Ministerio de la Presidencia, cuyo titular Gustavo Montalvo no ha vacilado en defender la suspensión de las deportaciones, fundamental para crear el clima de confianza para que los extranjeros indocumentados respondan la convocatoria a regularizar su estatus.

Es lo que se ha hecho en múltiples países para regular la inmigración en aras del interés nacional, porque se asume que si están deportando indocumentados, estos no tendrán confianza en presentarse ante las autoridades, lo que no implica que siga el flujo de inmigrantes, por lo que al mismo tiempo se ha dispuesto multiplicar la vigilancia para impedir que siga su curso.

El protagonismo en la aplicación del plan correspondería a la Dirección General de Migración, cuyo titular José Ricardo Taveras es dirigente del pequeño partido (0.73 por ciento en la elección presidencial del 2012) que encarna la ideología ultranacionalista, la Fuerza Nacional Progresista, y fue responsable de un intento de regularización que en el último año y medio apenas logró registrar a 200 inmigrantes, en gran medida por conferirle un carácter más recaudador que regulador.

Solo por la emisión del carné Migración estableció una tasa de 15 mil pesos que hubo de reducir a 12 y luego a 7 mil 500 pesos, como para que nadie se regulara.. Empresarios agrícolas y de la construcción estimaron que el costo total de regular un trabajador extranjero pasaba de 34 mil pesos (más de 700 dólares), haciéndolo inviable.

El proyecto de regulación elaborado originalmente por Migración fue modificado fundamentalmente por iniciativa de la Presidencia de la República para hacerlo viable, privilegiando el interés nacional en regularizar a más de medio millón de extranjeros inmigrantes que habría en el país de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada el año pasado por el Gobierno.

 

RD país de emigrantes más que de inmigrantes

Por Juan Bolívar Díaz

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La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2012), publicada esta semana por el gobierno dominicano demuestra que se ha exagerado la inmigración haitiana, equivalente al 4.7 por ciento de la población, por lo que este es netamente un país de emigrantes, con más del 15 por ciento de los nacionales en el exterior.

Los resultados de esta rigurosa investigación deberán contribuir a establecer políticas inmigratorias eficientes y justas, incluyendo la regulación de los inmigrantes temporales y de los de ascendencia extranjera, especialmente de los haitianos sometidos a un régimen de ghetto o apartheid.

Base para política migratoria. En pleno Palacio Nacional y por boca del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás, se anunciaron los resultados de la ENI-2012, llamados a constituir una base importante para las políticas migratorias del país.

Allí estaban también representantes de la Unión Europea y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), que auspiciaron la investigación, cuya muestra abarcó 63 mil viviendas y lugares visitados, con 20 mil 499 entrevistas completas entre el 31 de julio y el 30 de septiembre del 2011.

En la presentación, el director de la ONE, Pablo Tactuk, plantea que el estudio ha generado información, “a través de la cual, por primera vez en la historia nacional, será posible proporcionar informaciones acerca del volumen real de personas nacidas en el extranjero y residentes en el país”.

La representante del UNFPA, Sonia Vásquez  dice  que sus resultados permitirán tomar decisiones que orienten las políticas públicas de manera más certera y se encaminen a propiciar un desarrollo armónico al servicio del bienestar y el respeto a los derechos humanos que, sin distinción, corresponden a cada uno de los habitantes  de esta parte de la isla”.

La encuesta revela estadísticas sobre las características y forma de vida de los inmigrantes, incluyendo condiciones de educación, salud, seguridad social, ubicación geográfica, documentación y empleo. Contrario a lo que se creía el 92.6 por ciento de los haitianos dice tener actas nacimiento, el 51.9 cédula de identidad y el 37.8 por ciento pasaportes emitidos en Haití.

De los datos se puede  interpretar que la inmigración haitiana tiene alta movilidad. El 22.8 por ciento dijo haber venido dos o más veces, el 32.3 por ciento planea regresar a su nación. Un alto 82.7 por ciento llegó después del año 2000, con 38.6 entre el 2010 y 2012 cuando el flujo se elevó tras el terremoto que destruyó su país. El 35.7 por ciento trabaja en el sector agropecuario, 25.9 en la construcción, 16.5 en el comercio y 10.4 por ciento en otros servicios. Los datos deberán contribuir a establecer limitaciones a nuevos inmigrantes y a la regularización de los ya internados.

Los domínico-haitianos. La encuesta permite una aproximación a los descendientes de haitianos en el país, 209 mil 912, que no llegan a la mitad de los domínico-americanos en Estados Unidos. Arroja una dimensión del ghetto o apartheid que está generando ya el despojo de las actas de nacimiento a millares de ellos y otras discriminaciones como la negativa a emitirles cédulas de identidad. Los datos muestran las condiciones de pobreza, de educación y vida en general de los descendientes de haitianos, mejor que los nacidos en Haití, pero peor que la de los demás descendientes de extranjeros.

Debe tenerse en cuenta que el 25.6 por ciento de los descendientes de haitianos tienen actas de nacimiento del país de sus padres, y 23.5 por ciento tienen cédula dominicana, lo que implica que unos serían unos 109 mil los nacidos en el país con problemas de identificación.

Los resultados de esta encuesta deberían provocar una mayor racionalidad del debate sobre “el problema haitiano” a partir de datos de origen técnico confiable y ejecutado por personal especializado, que desmitifican una serie de presunciones subjetivas, en particular una mayor aceptación de ese 2.1 por ciento de  domínico-haitianos, un de las centenares de mezclas de nacionalidades aceptadas en el mundo. Para ellos tiene que haber políticas de inclusión, no de exclusión, puesto que se quedarán aquí para siempre y sus descendientes no pueden ser condenados al ostracismo en su propia tierra.

La cuantificación de los domínico-haitianos pone en situación más difícil la política de desnacionalización que ejecuta la Junta Central Electoral con efecto retroactivo, cuya denuncia se incrementa semana tras semana tanto en el país como en los ámbitos internacionales, y que según fuentes confiables podría generar restricciones de importaciones agrícolas en países de la Unión Europea.

Región de alta migración. La proporción de inmigrantes en la República Dominicana, 5.4 por ciento de la población nacional, y 7.9 por ciento si se incluyen sus descendientes en el país, está por encima del promedio mundial, que es de 3.1 por ciento, con 214 millones, y de la región latinoamericana y caribeña que es del 3.3 por ciento, según las cifras que maneja la representante del UNFPA.

La emigración dominicana es proporcionalmente de las más altas del mundo y del continente, sobrepasando el 15 por ciento de la población nacional, estimada en 9 millones 716 mil 940 personas. Sólo en Estados Unidos se han cuantificado sobre 900 mil, y más de un millón 400 mil incluyendo los descendientes,  según el censo federal del 2010. En Puerto Rico se estimaron en 68 mil residentes legales, pero se cree que los ilegales podrían ser otros tantos, para unos 140 mil, aunque allí se exagera hasta 300 mil. En Europa hay más de 200 mil dominicanos, sólo en España se estiman en 160 mil.

Decenas de miles de dominicanos están regados por el mundo, incluyendo a naciones tan lejanas como Australia y Japón. En Venezuela se llegaron a censar 50 mil, y en algunas islas del Caribe, como las Antillas Holandesas (Aruba, Curazao y San Martin) los inmigrantes dominicanos alcanzan hasta el 12 por ciento de la población.

Haití tiene alrededor del 20 por ciento de su población, en el exterior, más de 2 millones, en primer lugar en Estados Unidos, más los 458 mil registrados ahora aquí y decenas de miles en Canadá y Francia. En los últimos años se están extendiendo a Brasil, Perú, Venezuela y otras naciones sudamericanas.

El Caribe, por su proximidad a Norte América, es de las regiones de más alta migración del mundo. Sólo en Estados la población de origen puertorriqueño, 4.6 millones de personas, supera la de la isla, 3.7 millones, y los cubanos 1.7 millones, según el censo federal del 2010. Los de origen mexicano, 31 millones, representan el 28 por ciento de la población residente en México.-

524 mil 632 inmigrantes

Los resultados arrojados por la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) causaron sorpresa general por las cifras tan exageradas que se han manejado en los últimos años sobre la inmigración extranjera, de hasta un millón y medio de haitianos.

Los residentes extranjeros son 524 mil 632, de los cuales 458 mil 233,  el 87 por ciento, nacieron en Haití. Los restantes 66 mil 399 proceden de Estados Unidos, España, Puerto Rico, Italia, China y otras naciones. 53.9 son jóvenes entre 20 y 34 años.

La segunda mayoría de inmigrantes es de nacidos en Estados Unidos, con 13 mil 514, de los cuales una parte deben ser descendientes de dominicanos. Los nacidos en España son 6 mil 720, siguiendo los 4 mil 416 de Puerto Rico, 4 mil 40 italianos, 3 mil 643 de China y 3 mil 599 franceses. De Venezuela, Cuba y Colombia han llegado 3 mil 434, 3 mil 145 y 2 mil 738 personas respectivamente.

Contando la población descendiente de extranjeros, nacida en el país, la encuesta totaliza 244 mil 151 personas, de los cuales 209 mil 912 son de origen haitiano y los restantes 34 mil 239 de otras nacionalidades.

Los inmigrantes y sus descendientes nacidos en el país totalizan 768 mil 783 personas, de los cuales los de origen haitiano son 668 mil 145, cifra que sigue muy por debajo de las cantidades que se manejan en el debate público sobre la inmigración proveniente del vecino país.