El Gobierno flexibiliza el Plan de Regularización

Por Juan Bolívar Díaz

14_06_2015 HOY_DOMINGO_140615_ El País13 A

Al término del plazo para registrarse en el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el Gobierno ha dispuesto otorgar un estatus migratorio regular al 1.8 por ciento de los que lo han solicitado, y provisional al 93 por ciento que habiendo presentado documento de identidad no ha podido completar los demás requisitos.

Otras flexibilizaciones que permitirían registrar unos 260 mil inmigrantes irregulares, alrededor del 50 por ciento de más de medio millón estimado, son aceptar como solicitantes del registro a entre 20 y 25 mil que esperan ser documentados por el Gobierno de Haití y beneficiar como inmigrantes regulares a 2,835 cañeros pensionados.

Armónica reunión en Haití. Durante una armónica reunión en Puerto Príncipe el sábado 6 de junio entre una delegación dominicana, encabezada por el canciller Andrés Navarro, y su homólogo haitiano Lener Renaud, se informó sobre la marcha del PNRE y las decisiones del Gobierno dominicano, que según el acta oficial dominicana fueron:

Hasta el día anterior, los inscritos en el plan totalizaban 239,368, más del 96 por ciento haitianos; 86,953 con pasaporte (36%), 78,425 con actas de nacimiento (33%) y 56,695 con cédula (24%). El total de los poseedores de por lo menos uno de los documentos de identidad requeridos para la regularización es de 222 mil, el 93 por ciento.

Se precisa que “únicamente el 1.8% de los extranjeros ha cumplido al presente con todos los requerimientos del Decreto 327-13″, a los cuales se les dará el estatus migratorio regular. Al resto, o sea el 98.2 %, “el Gobierno ha decidido otorgar diversos períodos de gracia para completar dicho proceso”.

A los que presentaron actas o cédula se les dará un permiso de estadía de un año, y a los que se registraron con pasaporte un permiso de dos años.

A unos 20-25 mil a quienes el Gobierno haitiano no ha entregado la documentación solicitada, se les reconocerá como iniciados en el plan si presentan el recibo provisional de solicitud expedido por la embajada de Haití con fecha de entrada al país.

El Gobierno anunció “estatus migratorio regular” para 2,835 nacionales haitianos pensionados tras décadas de trabajar en el país “a pesar de que no habían podido tener el documento de identidad regular de su país de origen”, y que a 7,986 haitianos que estudian en el país no se les cobrará la visa, ni impuestos de entrada o salida del país.

Verdadero círculo vicioso. Más allá del discurso nacionalista, está la realidad de si el país tiene capacidad para identificar y deportar a 300 mil personas, sin incurrir en graves violaciones de derechos y generar un tráfico no solo de ida, sino también de alta proporción que intentará retornar.

Sería un negocio redondo para los traficantes de personas de ambos lados de la frontera.

Hay dos grandes interrogantes, la primera si los sectores productivos dominicanos, -agropecuario, construcción y servicios- podrían soportar tal extracción de recursos laborales, y segundo, si la precaria estabilidad económico-política de Haití podría asimilar una deportación tan elevada sin graves sacudimientos políticos-sociales que generarían nuevos flujos migratorios hacia la República Dominicana.

A la vez el Gobierno está preso del discurso de deportación, que aunque ha bajado desde que “los Vinchos” se alejaron del presidente Danilo Medina, ha calado en su partido y buena proporción de la sociedad, que esperan su materialización sin tener a manos suficientes elementos de ponderación, que no los ofrece públicamente el Gobierno.

La falta de cooperación. Durante años “El Tema de hoy” reclamó el dilatado Reglamento de la Ley de Migración del 2004.

El 27 de octubre 2013, con el título “Han preferido el desorden para explotar inmigrantes”, se detallaron los numerosos fracasos en iniciar la regularización dispuesta por el Decreto 417 de 1990 y luego por la Ley 285 promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 15 de agosto del 2004.

Al ponderar el inicio del PRNE, el 15 de junio del 2014, el Tema titulaba “El Plan de Regularización ha arrancado con éxito”.

Pero ya el pasado 30 de noviembre advertía que “Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros”, y el 24 de mayo del 2015 se adelantaba que “El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización”, que es lo que ha hecho ahora con la flexibilización anunciada. Con esos títulos y mediante cualquier buscador de Internet, se accede a los textos.

Durante todo el proceso se centraron las explicaciones de sus problemas en la falta de cooperación del Gobierno haitiano, lo que es cierto solo en parte, como lo demuestra el acta de la reunión de cancilleres al consignar que la embajada de Haití tiene pendiente de responder entre 20 y 25 mil solicitudes de documentos, 5 por ciento del total de inmigrantes.

Si únicamente el 1.8% de los solicitantes ha podido completar los requerimientos y el 93 por ciento ha presentado documentos de identidad válidos, es obvio que los tropiezos fundamentales hay que buscarlos en la falta de apoyo que ha tenido el PNRE por la incomprensión de que para que sea exitoso debería abarcar una alta proporción del universo, para hacer posible identificar y deportar los excedentes.

La escasa respuesta está determinada básicamente por exceso de requerimientos, la negativa de los empleadores a dar certificaciones de empleo, que la Procuraduría General, en contradicción con el decreto, reclamó hasta el mes pasado el pasaporte para emitir certificados de buena conducta, y por los elevados costos de las notarizaciones, del tráfico hasta con los turnos y de los 7 viajes de promedio que han tenido que realizar los que lograron inscribirse.

El pecado original. Es difícil encontrar quien niegue el derecho dominicano a limitar la abrumadora inmigración haitiana, por lo que el PNRE ha sido de unánime aprobación, nacional e internacional.

El problema es el pecado original: que después de décadas amenazando establecer controles, pasaron 9 años antes de que se pusiera en vigencia, la nueva Ley de Migración, que preveía la regularización.

Las autoridades prefirieron desatar una venganza sobre los que habían nacido en el país, primero negándoles administrativamente sus documentos y luego despojándoselos por la retroactiva y colectiva sentencia 168/13.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes, con una muestra de 68,146 viviendas, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, y avalada por el Gobierno, indica que el 80 por ciento de los extranjeros dijeron haber llegado al país en el período 2000-12, y el 62 por ciento entre el 2005 y 2012, justo mientras se libraba el combate contra los que habían nacido aquí durante décadas y habían sido reconocidos como dominicanos.

Es significativo que ese enorme flujo ocurriera justo cuando el grupo más nacionalista controlaba la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras e influía sobre el Ministerio de Interior, la Junta Central Electoral y hasta en la Presidencia de la nación. No hubiera sido lo mismo iniciar la regularización con 300 mil inmigrantes que ahora con alrededor de 600 mil.

Todo el que quiera que alguna vez se inicie un control de la inmigración debería apoyar el esfuerzo que hace el Gobierno al flexibilizar el plan, y reclamar que se extendiera otros 60 días, ahora que ya no se exige el pasaporte para el papel de buena conducta, lo que permitiría alcanzar una proporción mayor que viabilizara los controles.

Y centrarse en las mayores causas del limitado resultado, sobre todo en reclamar la cooperación de los empleadores que, en su mayoría, prefieren mano de obra excedente y sin derecho alguno.

Sobre las deportaciones

En la reunión, dice la relatoría, las autoridades dominicanas informaron que procederán a deportar después del 17 de junio a quienes no se acogieran al PNRE, “en función de las disposiciones legales del país y los compromisos internacionales en materia de los DDHH y la dignidad de cada persona”, en coordinación con la OIM y la ONU.

Se detallaron seis lugares de acogida y el protocolo de procedimiento. El canciller haitiano reconoció la soberanía dominicana, aunque expresó temor de que un alto volumen pueda sobrepasar la limitada capacidad de su país para asimilarlos y generar conflictos.

El problema es sumamente complejo si, atendiendo a los estimados, los sujetos a deportación podrían superar los 300 mil e implicar a nacidos en el país, incluso de los 53 mil que la Junta Central Electoral ya anunció que serán documentados como dominicanos, según la Ley 169-14, pero aún sin ejecución. Se añade un número indeterminado de los descendientes que estos no han podido declarar.

Se asume que la Encuesta Nacional de Inmigrantes del Gobierno dominicano 2012 arrojó 524 mil extranjeros, que de esos un 10% serían inmigrantes regulares, por lo que los indocumentados se reducirían a 472 mil. Pero si se les suma el flujo 2012-15 pueden alcanzar los 600 mil, ya que la encuesta dice que entre 2010-12 creció 36.8%.

 

Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros

Por Juan Bolívar Díaz
30_11_2014 HOY_DOMINGO_301114_ El País13 A

En los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, las filas eran considerables, pero seis meses después esa cifra apenas llegó a un poco más del triple.

La falta de colaboración de los empleadores y el exceso de requisitos que se exige a los interesados, están marcando el fracaso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros decretado por el presidente Danilo Medina el 29 de noviembre de 2013 y que comenzó a ejecutarse hace 6 meses, el 2 de junio pasado.

Los apenas 107 carnés de inmigrantes emitidos en la primera mitad del plazo establecido, aunque más de 102 mil han solicitado su regularización aportando sus datos biométricos, representan una proporción muy baja de por lo menos 524 mil nacidos en el exterior registrados por la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes.

Una bajísima proporción. Las estadísticas que maneja el viceministro de Interior y Policía Washington González, encargado de la implementación del Plan de Regularización de Extranjeros, indican un pobre resultado en la primera mitad del plazo establecido para solicitar la inclusión, que según dijo vence el 31 de mayo próximo.

Hay muchas diferencias en el estimado de inmigrantes irregulares en el país, pero la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, registró 524,632 extranjeros en el país, de los cuales 458,233, el 87 por ciento, procedieron de Haití. Si se suman los ingresados en los últimos dos años, podrían llegar a 600 mil, de los que debe descontarse una pequeña proporción con estatus legal.

Los 102 mil 60 que según González habían iniciado el proceso de regularización al caer noviembre, representarían una proporción por debajo del 20 por ciento del total. Y los 107 carnés emitidos son apenas el 0.02%. Proyectados al año decretado para el programa de regularización, los solicitantes no representarían más del 40 por ciento del universo.

Pero la afluencia disminuye, ya que en los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, casi la tercera parte del total en los 6 meses que se cumplen este 2 de diciembre. Los carnés emitidos apenas alcanzan al 0.32 por ciento de los que acudieron hace más de 5 meses, cuya proyección al año implicaría un total fracaso. Con la agravante de que el artículo 12 del decreto 327-13 que estableció el plan especifica un límite hasta el 28 de febrero de 2015 para que los interesados acrediten su identidad.

Demasiados requisitos. Muchos siguen creyendo que el principal elemento que frena el proceso de regularización es la falta de documentos de identificación de los inmigrantes haitianos, la mayoría con algún documento según la ENI, pero en realidad la traba está en los excesivos requisitos para obtener el carné de inmigrantes y la falta de colaboración de los empleadores.

La identidad es el requisito fundamental y el artículo 12 señala que podrá acreditarse por uno de cinco tipos de documentos, aunque estén vencidos: a) pasaporte; b) documento de identidad del país de origen; c) acta de nacimiento; d) Para el solicitante que forme parte de un grupo familiar, acta de matrimonio, declaración de soltería o prueba de convivencia, según aplique; y e) un documento que pueda ser verificado como legítimo por la autoridad y que sirva para la identificación del extranjero solicitante.

Aunque el decreto especifica “por alguno” de esos documentos, en muchos centros se les pide todos, dificultando el registro. Lo mismo ocurre con los cuatro ejes básicos para la regularización establecidos en el artículo 14 del decreto, cada uno de los cuales señala 7 o más requisitos, pero indicando que bastan dos de ellos. Los ejes son 1) El tiempo de radicación de la persona extranjera en el país; 2) Los vínculos con la sociedad dominicana; 3) Las condiciones laborales y socio-económicas; y 4) La regularización de personas de manera individual o por familia.

En el eje 3 referido a las condiciones laborales y socio-económicas, hay 8 requisitos. En el séptimo se indica que el trabajo regular se acredita con un documento que pruebe pago de salarios, certificación de nómina, carné de empleado, o declaración jurada y notarizada del empleador. Especifica uno de ellos, pero en muchos casos se piden todos.

Dos ejemplos contundentes Para entender las dificultades del Plan de Regularización de los Extranjeros baste considerar dos casos específicos, el individual de un empleado en una torre de apartamentos de clase media y el otro un empleado en una residencia, con tres hijos, ambos haitianos residentes en la capital, con apoyo de sus empleadores que pocos podrán conseguir:

El individual es empleado ejemplar de una torre de apartamentos, donde la junta de vecinos responsables decidió avalarlo con la documentación y cubrir los costos. Lleva cuatro visitas al centro de registro y todavía no recibe su carné. Comenzó con su pasaporte visado. Presentó certificación de que trabaja y vive en la torre, acto de notoriedad sobre convivencia firmado por 7 testigos dominicanos, compulsa notarial, certificado de la Procuraduría de que no tiene expediente judicial, declaración jurada de ingresos, copias de cheques y recibos de salarios elegidos al azar de cada uno de los últimos cinco años. Todos esos documentos certificados y notarizados. En su última visita llevó copias de facturas de compra de electrodomésticos y del contrato de un celular de Claro, pero entonces le dijeron que también tiene que notarizarlas. Le piden una cuenta bancaria que no posee.

La situación es más compleja en el caso de un haitiano que lleva 20 años trabajando en la casa del excontralor general Bienvenido Brito y su esposa Maritza, personas de integridad reconocida, militantes católicos de toda la vida, que autorizaron citarlos. Desde que se anunció el plan se mostraron dispuestos a agotarlo y con su patrocinio, su empleado, vigilante y jardinero que también presta este servicio a los vecinos, lleva tres visitas y no avanza. También con pasaporte y visa. Sus empleadores certifican la vivienda que le construyeron en solar comprado en un barrio capitalino. Pero esta persona tiene tres hijos y por cada uno de ellos debe presentar un rosario de certificaciones. No consiguen copia de la constancia de nacimiento del hospital, que perdieron.

No quieren la regulación. La escasa o nula colaboración de los empleadores está contribuyendo al fracaso del Plan de Regularización de Extranjeros.

El viceministro Washing- ton González se ha quejado en televisión de que las asociaciones de productores no contribuyen, aunque les ha pedido colaboración. Productores agrícolas y constructores, así como administradores de condominios y empleadores individuales se niegan a proporcionar certificaciones a sus empleados. Prefieren el desorden de la oferta de mano de obra abundante, que despiden si no aceptan cualquier condición laboral, como horarios ilimitados, bajos salarios, y temen que la regularización los obligue a pagar la seguridad social.

Tampoco ayuda la histeria antihaitiana que se manifiesta a través de múltiples medios de comunicación, la que impide entender que la regularización de los que trabajan en el país es el primer paso si se quiere controlar el flujo inmigratorio. La desinformación y la resistencia es manifiesta en sectores que trafican con la inmigración irregular, aunque mantienen un discurso hipócrita, pretendiendo culpar de la masiva inmigración a quienes hablan de regulaciones y derechos. Hay también quienes creen que se puede recoger a tres o cuatrocientos mil y sacarlos del país.

El viceministro González, quien ha tomado su responsabilidad con seriedad y profesionalidad, reconoce los modestos resultados que registra el plan, pero se mantiene optimista de que el proceso podría acelerarse en la segunda mitad, sobre todo ahora que se está alcanzando el objetivo de llevar los centros de registro a todas las provincias.

El Gobierno de Haití tampoco ayuda eficientemente. Según informes la embajada ha tramitado más de 27 mil solicitudes de triple documentación -acta de nacimiento, cédula y pasaporte-, pero apenas han recibido unos cuatro mil.

En los organismos internacionales, como las agencias de las Naciones Unidas, y en las entidades nacionales, como el Centro Bonó, que buscan contribuir a la regularización, existe la convicción de que el plan tendrá que ser prorrogado y flexibilizado si se quiere evitar su fracaso. Lo están advirtiendo en privado, incluso a las autoridades.

 

 

La regularización de inmigrantes desafía al Gobierno y la sociedad

Por Juan Bolívar Díaz

Tras un cuarto de siglo de amenazas de regular la inmigración, en su inmensa mayoría de haitianos, el Gobierno del presidente Danilo Medina afronta el desafío al poner en vigencia desde mañana lunes el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular, establecido en el decreto 327-13.

El plan regulatorio de inmigrantes ha tenido general acogida por cuanto responde a una racionalidad pero necesitará de la cooperación de todos los sectores sociales para superar los intereses de traficantes y empleadores que han preferido una abundante mano de obra incondicional que degrada los salarios.

Sin ninguna oposición. El plan regulatorio de la inmigración arranca sin ninguna oposición. El Gobierno logró instituir normas racionales y humanas tomando en consideración los tratados internacionales sobre migraciones y derechos humanos, y en consulta con organismos nacionales e internacionales.

El decreto del 29 de noviembre contempla la gratuidad de la regulación, dejando atrás los planes que había intentado ejecutar la Dirección General de Migración con costos tan elevados que los condenaba al fracaso, como ocurrió con el puesto en vigencia en el 2012 que a casi dos años apenas logró el registro de unos 200 trabajadores temporales.

Las inscripciones comenzarán en 12 gobernaciones provinciales y nueve locales de la Junta Central Electoral, en las jurisdicciones de mayor concentración de inmigrantes, como el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia, según el informe presentado el miércoles por el Ministro de Interior y Policía, a quien se le ha otorgado el principal protagonismo ejecutivo.

El plan arranca con la aprobación de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos de los inmigrantes, tanto a nivel local como internacional. El Centro Bonó de los jesuitas, y la representación del Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han expresado su decisión de colaborar para el éxito del programa.

El Centro Bonó, cabeza institucional de la solidaridad con los descendientes de inmigrantes nacidos en el país que habían sido desnacionalizados, consideró el Plan de Regularización de Inmigrantes como “una medida histórica” que llena un vacío normativo, aunque advirtió que genera nuevos desafíos a tomar en cuenta.

18 meses sin deportaciones. El decreto presidencial establece un programa a desarrollarse en 18 meses, a partir de su emisión en noviembre, período en el cual no habrá deportaciones para evitar que los inmigrantes indocumentados se sientan amenazados. Pero los que no se acojan al programa serán deportados una vez concluya el plazo.

Los convocados deberán inscribirse en un “registro de evaluación”, aportando sus documentos de identidad de los países de origen y sus datos personales. Los que no tengan documentación podrán llenar la solicitud y aportar datos personales, que serán validados si entregan la documentación posteriormente, pero hasta el 28 de febrero de 2015.

Los ejes básicos para la evaluación, según el decreto 327, serán el tiempo de radicación en el país, los vínculos con la sociedad dominicana, las condiciones laborales y socioeconómicas y la regularización individual o por familia. La radicación podrá ser sustentada con pruebas del pago de salarios, certificación de nómina laboral, carné de empresas, hijos nacidos y declarados en el país y domicilio, con certificación de instituciones sociales, como iglesias y juntas de vecinos, contratos de alquiler y recibos de pago de servicios, certificados de estudios y otros..

El Ministerio de Interior tendrá un plazo de 45 días para responder a la solicitud, aunque el decreto indica que puede ser prorrogable sin especificar tiempo. Los rechazados tendrán derecho a solicitar una revisión ante el mismo ministerio, que en tal caso adoptará una decisión definitiva.

Que impere la racionalidad. El Plan de Regularización es un desafío a la eficiencia y la racionalidad, buscando normalizar el futuro, partiendo de la realidad de que actividades como la agricultura y la construcción no pueden ya prescindir de la mano de obra haitiana. Lo fundamental es limitarla, racionalizando la realidad. A este ni a ningún Gobierno le resultaría fácil deportar inmigrantes en masa. La eficiencia tiene que manifestarse en controles fronterizos que reduzcan los flujos.

Es necesario trocar el discurso despectivo y el desconocimiento de derechos humanos por la eficiencia en el manejo de la inmigración, la que nunca se ha manifestado, a pesar de que desde 1990 se proclamaba la ejecución de un Plan de Regularización. Así lo dispuso el Decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer y lo reiteró la Ley de Migración 285-04 promulgada por el presidente Hipólito Mejía en el 2004, que dispuso un reglamento en plazo de seis meses.

Aunque el discurso antihaitiano se impuso desde los años noventa y tomó mayor auge en lo que va de siglo, con los más duros nacionalistas al frente del Consejo Nacional de Fronteras, de la Dirección General de Migración y de la Junta Central Electoral, el presidente Leonel Fernández agotó sus últimos 8 años de Gobierno para al final promulgar el reglamento migratorio. Según la ENI, el 62 por ciento de los inmigrantes habían llegado al país entre el 2006 y 2012, en el período de Gobierno de Fernández. Y vale recordar que esa encuesta la hizo la ONE con el auspicio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ambos organismos dirigidos por funcionarios del mismo Gobierno, que la pusieron en circulación en el Palacio Nacional antes de concluir la gestión de Fernández.

El Plan de Regularización a iniciarse mañana podría ser el aspecto positivo de la controversial sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre pasado, que lo dispuso una vez más. La revocación de la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia extranjera mediante la Ley 169-14 tiene como contraparte compensatoria la puesta en vigencia del programa regulatorio de inmigrantes.

El Gobierno del presidente Medina podría anotarse un éxito extraordinario si la regularización sale adelante, y honraría su lema de “hacer lo que nunca se ha hecho” y en una materia fundamental. Sobre todo si se evitan los excesos y se gana el reconocimiento de los organismos de derechos humanos. Para ello tiene que evadir el discurso ultranacionalista.

Más de medio millón

Atendiendo a los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), ejecutada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, la población convocada al registro sería de 524, 632 personas, de las cuales el 87 por ciento, 458,233 personas, era de nacionalidad haitiana. Le seguían 13 ,514 de Estados Unidos, 6,720 de España, 4416 de Puerto Rico, y 4 ,040 de Italia. Por encima de tres mil se encuentran los chinos, franceses, venezolanos, cubanos, colombianos y alemanes. En total hay inmigrantes de 60 países.

Los mayores problemas los confrontarán los de origen haitiano, que son los más pobres, vinculados en alta proporción a labores agrícolas (36 por ciento), a la industria de la construcción (26 por ciento), al comercio (17 por ciento) y a hoteles y restaurantes (10 por ciento).

Aunque es generalizado el criterio de que la mayoría de los inmigrantes haitianos carecen de documentos, la ENI indicó lo contrario: 93 por ciento dijo tener actas de nacimiento de su país, 52 por ciento cédula y el 38 por ciento pasaporte haitiano.

Factores como la extrema pobreza, el aislamiento y la desconfianza podrían determinar que una proporción no solicite su regularización para optar por la residencia temporal o permanente y eventualmente por la naturalización. Los más carenciados necesitarán la asistencia que han ofrecido organismos internacionales como ACNUR y de las organizaciones sociales dominicanas. El reto para la sociedad es entender que lo conveniente es la regularización y documentación de los inmigrantes como paso fundamental para reducir y controlar la afluencia, más que expulsar a los que ya están radicados, sobre todo si pueden justificar una actividad laboral.

 

La JCE deja mal parado al Tribunal Constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

Si en ocho días se podía determinar la cantidad de extranjeros en el registro civil dominicano, no se explica por qué la Junta Central Electoral (JCE) dejó que pasaran años de especulaciones al respecto, pudiendo haber evitado o reducido el escándalo generado por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC).

El descubrimiento de que sólo hay 36 mil personas de origen haitiano en el registro civil, y apenas 13 mil 672 irregularmente inscritos, también destroza dos décadas de alarmas que llegaron a estimar hasta en 700 mil los cedulados y habilitados para votar, lo que incentivó el ultranacionalismo y antihaitianismo.

Impresionante velocidad. En su quinta decisión, la sentencia 168-13 del TC otorgó un plazo de un año y prorrogable a dos, para que la JCE realizara “una auditoría minuciosa de los libros registros de nacimiento” del 21 de junio de 1929 a la fecha “para identificar e integrar en una lista a todos los extranjeros inscritos. Luego de consignar en una segunda lista los inscritos sin haber llenado los requisitos constitucionales, para finalmente transferirlos a nuevos libros y que se regularicen como extranjeros.

Luego el Consejo Nacional de Migración dio otro plazo, esta vez de 30 días, para que la JCE evaluara “el impacto de la sentencia”. Pero no contaron con la astucia y la velocidad de las tropas de Roberto Rosario, las que en 8 días de intensa labor revisaron 55 mil 542 de los 56 mil 564 libros de registros de nacimiento de todo el país. Quedó apenas el 2 por ciento que por su nivel de deterioro, o porque desaparecieron, no han podido ser inventariados.

Esa labor la realizaron 250 técnicos a razón de 30 libros por día cada uno en jornadas de 8 horas, según el informe emitido el jueves, el cual no precisa el promedio de folios o actas por libro. Cuando se contrató la tecnología para digitar todo el registro, se dijo que una quinta parte de los libros estaban desaparecidos o dañados, y que hasta 1970 los libros contenían entre 400 y 500 folios, y desde entonces entre 100 y 200.

Si sólo verificaron los correspondientes a las personas vivas, y se olvidaron de los nacidos desde 1929 que han muerto, según el censo del 2010, serían 9 millones 445 mil 285, que divididos entre los 55 mil 542 libros de registros inventariados, da un promedio de 170 por libro. Multiplicados por 30, quiere decir que cada técnico revisó, “minuciosamente” como le ordenaron, 5 mil 100 actas por día, 637 por hora y 10.6 por minuto. Una verdadera proeza si las actas son manuscritas, y hay que verificar el declarante, si era nacional o extranjero y consignar con qué documento hizo la declaración.

Sólo 36 mil haitianos. De acuerdo al inventario de la JCE, en el registro nacional entre 1929 y 2013 sólo hay 53 mil 847 extranjeros, de los cuales apenas 36 mil 326 son de origen haitiano, el 67 por ciento. Los restantes 17 mil 521 son de otras 116 nacionalidades, 2,508 norteamericanos, 2,002 espanoles y 1,311 ingleses, que serían los cocolos.

Como 22 mil 689, el 63 por ciento de los de origen haitiano, fueron declarados con cédulas de por lo menos uno de los padres, viene a resultar que los candidatos a ser desnacionalizados serían los 13 mil 672 restantes, cifra muy inferior a todos los estimados que se habían hecho. Se queda por debajo hasta de los 19 mil 15 de origen haitiano que arrojó el inventario que realizó la dirección de oficialías de la propia JCE bajo la coordinación de su entonces titular José Angel Aquino, presentado al pleno en febrero pasado, la que totalizaba 22 mil 678 extranjeros. Pero esta evaluación sólo abarcaba hasta 1982.

Hasta la sentencia del TC, los afectados por el genocidio civil iniciado por la JCE en el 2007 eran estimados en miles o cuando mucho decenas de miles. Pero ese tribunal fundado en los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes realizada durante el 2012 por la Oficina Nacional de Estadísticas, con auspicios de las Naciones Unidas y la Unión Europea, los elevó a más de 668 mil, al sumar sin mayor ponderación los inmigrantes haitianos, estimados en 458 mil 233 a los descendientes de haitianos nacidos en el país que fueron estimados en 209 mil 912.

En su párrafo 1.1.3, refiriéndose a la recurrente en amparo Juliana Deguis, el TC sostuvo que ella es sólo una de ese total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no sólo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”. Según el inventario de la JCE presentado el jueves todos los de origen extranjeros en el registro civil sólo alcanzan al 0.57 por ciento de la población, los de origen haitiano al 0.38 por ciento y de estos los inscritos irregularmente son el 0.14 por ciento de la población nacional.

13 mil es genocidio civil. La cifra de 13 mil 672 posibles afectados por la sentencia del TC reduce la magnitud del escándalo, pero sigue constituyendo un genocidio civil al despojársele de la nacionalidad que se les había otorgado. La condena del 2005 al Estado dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue por haberse negado a inscribir como ciudadanas a sólo dos descendientes de haitianos. Y 48 afectados por la decisión de la JCE han buscado amparo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha celebrado al menos dos audiencias en relación a estos, la última el 12 de mayo pasado.

Obviando las interrogantes que deja la velocidad con que la JCE ha hecho el “inventario minucioso” que le encomendó el TC, y su posible subestimación buscando contener el escándalo internacional, si se acepta que los afectados son sólo 13 mil y pico, es menos comprensible que se hayan agotado años persiguiendo a estos, en vez de haber concentrado la atención en reducir y regular los 458 mil inmigrantes que estimó la encuesta de la ONE.

Visto en otra perspectiva, al ser mucho menos de lo que se creía la proporción de la población afectada por la sentencia del TC, eso debería facilitar la solución humanitaria” que planteó el presidente Danilo Medina, y que hasta ahora no ha concitado apoyo ni siquiera de los funcionarios de su gobierno y de los dirigentes de su partido que casi a unanimidad han adoptado el discurso ultranacionalista, con las excepciones de la diputada Minou Tavárez Mirabal y Rafael Camilo.

Que duerman tranquilos. Mientras tanto, como el inventario publicado por la JCE reduce a una proporción insignificante los nacionales de origen haitiano inscritos en el registro civil dominicano, deberían dormir tranquilos los que durante las últimas décadas entraron en pánico, pretendiendo que un día los vecinos determinarían los presidentes dominicanos.

Para las elecciones de 1994 y 1996 se hizo campaña política sobre los hasta 700 mil haitianos que supuestamente estaban dotados de cédulas y en el padrón electoral. Aunque esa grosera manipulación se redujo tras la muerte en 1998 del doctor José Francisco Pena Gómez, de ascendencia haitiana, ha sido pretexto para que muchos apoyen el despojo de la nacionalidad a los descendientes de haitianos que ya habían sido inscritos y que ahora resulta que son apenas el 0.38 por ciento de la población nacional.

Al deshacerse el mito del peligro haitiano con la nacionalidad, tal vez las autoridades y una opinión pública poco analítica de las reales dimensiones de la inmigración haitiana, puedan concentrarse en limitar y regular el tráfico humano por la frontera, incentivado por quienes hacen fortuna con el desorden y la inmigración masiva que desvalora el masiva que desvalora el trabajo.