Informe crítico de la OEA incentiva reformas electorales

Fue oportuna la presentación ante el Consejo Permanente de la OEA de un informe crítico de las elecciones nacionales de mayo, que urge una “reforma estructural profunda” del marco electoral para promover la equidad y la transparencia

Por Juan Bolívar Díaz

            El crítico informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) sobre las últimas elecciones nacionales, presentado esta semana a su Consejo Permanente, llegó en un momento oportuno para incentivar las reclamadas  reformas electorales y políticas que apuntalen la institucionalidad democrática.

            El contenido del informe documenta las serias deficiencias del arbitraje de la Junta Central Electoral (JCE), el autoritarismo con que actuó frente a los partidos de oposición, el fracaso por la atropellada imposición de nuevas tecnologías y “altos niveles” de inequidad en el financiamiento y en el acceso a los medios de comunicación.

Fuertes críticas a la JCE

            El informe final de la MOE/OEA mantiene la línea crítica que ya adelantó en un balance preliminar dos días después de la votación del 15 de mayo, pero la novedad es que fue conocido y comentado por varios embajadores ante el Consejo Permanente de esa institución en Washington. Para observadores calificados es fuertemente crítico dentro del lenguaje diplomático que se estila cuando se trata de un Estado miembro.

            La misión que encabezó el expresidente colombiano Andrés Pastrana fue particularmente crítica de la gestión de la JCE, que “asumió atribuciones que son tradicionalmente legislativas”, que impuso un proceso de escrutinio “no estipulado” en el artículo 127 de la ley electoral, que la llevó a “desacuerdos graves con los partidos de oposición”. Lamenta que en ningún momento la JCE se reunió a dialogar con los partidos, aunque “la comunicación fluida, permanente y formal entre autoridad, partidos y ciudadanía es fundamental para el desarrollo exitoso de todo proceso eleccionario”.

            Sostuvo que cuatro resoluciones e instructivos diferentes en los días previos a la votación derivaron “en una clara falta de certeza en una etapa clave del proceso” y que la principal fragilidad estuvo en el uso de una nueva tecnología, al punto que “la modalidad manual, contemplada en la ley, pero interpretada inicialmente como contingente por la JCE. terminó siendo indispensable” para el escrutinio. “La consecuencia más visible” fue el retraso en la emisión de los resultados, hasta 13 días después de la votación.

            El informe señala el fracaso en el uso de la automatización que debe ser paulatina y “tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”, y quejas por la pérdida de confianza en las autoridades electorales.

Diseño para la inequidad

            La MOE/OEA fue también crítica de un sistema “que genera muchos vacíos legales y falta de claridad para la nueva realidad Dominicana”, que el modelo de financiamiento público de partidos y campañas “no está diseñado para generar condiciones de equidad”, que pudo observar “altos niveles de inequidad en el acceso a los medios de comunicación”.

            Coincide con las críticas nacionales a un régimen que “no regula el acceso a los medios de comunicación privados ni establece límites de contratación en las campañas partidistas. Y plantea que “es deseable una coordinación interinstitucional entre las dependencias gubernamentales involucradas en el manejo y fiscalización de los recursos, incluyendo la Cámara de Cuentas, JCE, los bancos y el Ministerio de Hacienda.

            El informe consigna vicios del sistema político dominicano como la realización de proselitismo hasta en el interior de los colegios de votación, aglomeraciones en los recintos y denuncias de compras de votos y cédulas, y deploró la muerte de seis personas en los incidentes que siguieron al cierre de la votación y durante el lento cómputo.

            En lo que la MOE/OEA se queda corta es en la  consignación de los abusos de los recursos estatales, de la publicidad gubernamental, de la participación de casi todos los altos funcionarios en la  campaña electoral, que no pudo verificar porque llegó al final, lo mismo que se fue sin que concluyera el cómputo, por los pocos recursos financieros con que contó, por donaciones de Estados Unidos, Bolivia, Perú, España, Israel y Luxemburgo.

Las recomendaciones

            Las recomendaciones con que concluye el informe se pueden resumir en “la importancia de que se realice una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral. Que se defina con mayor claridad el proceso de escrutinio, que las nuevas tecnologías se implementen paulatinamente. También “que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público y un marco jurídico de regulación que establezca el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, y que garantice el derecho de los partidos y candidatos a difundir sus propuestas, como de la ciudadanía a estar bien informada.

            Propugna porque se establezcan límites al financiamiento político proveniente del sector privado, y se fortalezca la  capacidad de fiscalización, control y sanciones para las violaciones de las normativas vigentes, mediante la coordinación interinstitucional de los organismos estatales relacionados con la rendición de cuentas.

            Así  mismo, sugiere un sistema de medios de impugnación integral que contemple mecanismos de justicia electoral que oportunos para garantizar los principios de libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones, “para avanzar en el respeto al estado de derecho que debe primar en el proceso electoral”, desvincular la elección del senador y los diputados y efectivas  garantías para la participación electoral y política de las mujeres. Reformas fundamentales            

            Las recomendaciones de la misión de la OEA hace tiempo que aparecen en los múltiples consensos alcanzados por los partidos y organizaciones sociales, a partir de los promovidos en 1993-94 por la Fundación Siglo 21, luego por el Diálogo Nacional, la Comisión para Reforma del Estado y en el Consejo Nacional de Reforma del Estado y otros que consigna una cronología de la Iniciativa por la institucionalidad Democrática.

            Diversos proyectos de ley de partidos han sido introducidos al Congreso en unas ocho legislaturas, uno de ellos elaborado por una misión técnica de la OEA, que también consensuó otro para adaptar el régimen electoral a la Constitución del 2010, ambos  sometidos a las cámaras legislativas por la JCE en tres ocasiones. Pero ha faltado voluntad política para adecuar la legislación electoral a los avances de la democracia contemporánea. Estudios internacionales indican que la República Dominicana  Haití y Honduras son los más atrasados en regulaciones para garantizar elecciones democráticas.

            Dirigentes del PLD, como el expresidente Leonel Fernández, privilegian la ley de partidos, centrando las diferencias que han impedido su aprobación en si las elecciones primarias serían por voto universal abierto o de los miembros, si simultáneas en  todos los partidos, o si por convenciones. Cualquiera de esas modalidades podría ser válida si se adoptan garantías de que operen los principios democráticos.

            Las trabas reales son las regulaciones para transparentar el financiamiento privado, la equidad y rendición de cuentas sobre la contribución pública, los límites del gasto y la extensión de las campañas primarias y nacionales, la equidad en los medios de comunicación, el control de los abusos del Estado, del presidencialismo, el clientelismo, el rentismo y el transfuguismo, y las sanciones eficientes de los delitos electorales.

La nueva concertación

            Se debería esperar que el informe de la MOE/OEA tenga repercusión en el nuevo intento de concertación que modera monseñor Agripino Núñez Collado, por encargo del presidente Danilo Medina, que esta semana abrió las puertas a la participación de la sociedad civil interesada, la cual ha planteado la necesidad de un amplio pacto político, que implique no sólo las leyes de partido y del régimen electoral, sino también otra de responsabilidad fiscal. Y también la elección por consenso de profesionales sin militancia partidista para integrar los organismos electorales, las altas cortes y la Cámara de Cuentas.

            La oposición política, con una decena de partidos, mantiene posición coincidente con la de la sociedad civil, y específicamente el Partido Reformista Social Cristiano propuso una “ruta crítica” para la búsqueda de consenso sobre esas leyes y la elección de los integrantes de los organismos de control, incluyendo el perfil que deben tener. La Iniciativa por la Institucionalidad Democrática también entregó un perfil de competencias.

            Aunque el partido de gobierno, que al principio se oponía a la participación de la sociedad civil en el concertó, se abrió a escucharla, habrá que definir en qué dimensión. La demanda es de participar en los consensos, como ocurrió en cuestiones tan diversas y trascendentes, como la Constitución, la ley de seguridad social, la Estrategia Nacional de Desarrollo, o los pactos educativo, eléctrico y fiscal. Y en  las reformas políticas y electorales y elección de la Suprema Corte y de la JCE en los años noventa.-

Una JCE de 5, que parecen 3, pero sólo es Roberto Rosario

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso con que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, pretendió el jueves negar el desastre organizativo y el colapso del escrutinio electrónico en los comicios del 15 de mayo que impuso contra viento y marea, constituye una ofensa a la inteligencia colectiva, con una sarta de mentiras y omisiones.

Si algo dejó clara la perorata es que, tal como se evidenció durante todo el proceso, la JCE dejó de ser el organismo colegiado contemplado en la Constitución y la Ley Electoral, integrado por cinco miembros titulares, que han aparentado ser sólo tres, pero en realidad ha sido sólo Roberto Rosario.

La Junta Electoral soy yo. Si a alguien le quedaba alguna duda de que Roberto Rosario había secuestrado el carácter colegiado de la JCE, su discurso del jueves la disipa, como lo cita el reconocido jurista y militante social que es Francisco Álvarez Valdez: “Se trató de un discurso personal, que no era conocido por el pleno, que no varió la forma unipersonal con la que Rosario maneja la JCE. Y lo grande del caso es que lo admite y pretende justificar con el siguiente párrafo: “Más que la Junta Central Electoral, una parte de la población, de alguna manera, ha esperado que su presidente les rinda un informe sobre las condiciones y circunstancias en que se desarrollaron las elecciones”.

A pesar del fracaso organizativo y sobre todo de su intento de automatización, Rosario aún no baja de la nube en que se encumbró. El expresidente colombiano Andrés Pastrana, no pudo ocultar su asombro cuando al visitar la JCE la semana antes de las elecciones fue recibido sólo por su presidente, con quien habló por más de una hora, y al final llamó a los otros cuatro titulares del organismo, para las fotografías.

En todo el proceso la mayor parte de las decisiones fundamentales fueron por votación de tres a dos. Con Roberto Rosario vota siempre Rosario Graciano de los Santos, que al igual que él llegó al organismo por su condición de dirigente del partido gobernante, y César Féliz Féliz, de los aliados reformistas. Eddy Olivares Ortega, recomendado perredeísta pero proveniente del ministerio público, y el politólogo José Angel Aquino, un real experto en asuntos electorales, que había sido importante actor técnico de Participación Ciudadana, fracasaron reiteradas veces en planteamientos de pluralidad y equidad.

Qué pasó con los equipos. El presidente de la JCE admite que 3,700 equipos de registro automatizado de concurrentes (los capta huellas) no funcionaron, para un ya muy elevado 24%, lo que no le impidió decir que funcionaron bien, confundiendo sus deseos con la realidad. Pero ignoró que el informe de Participación Ciudadana (PC) indicó que el 29.3% de los colegios no recibió esos equipos, lo que afectó a más de la mitad de los colegios. Atribuye las fallas a problemas de carácter técnico, incapacidad de operadores y a “acciones de boicot, desarrolladas antes y durante las jornadas de votación”, pero no denuncia los responsables.

El mismo discurso de Rosario confirma el colapso electrónico cuando consigna que el primer boletín de resultados preliminares, a las 12 de la noche, recogió los resultados del 18 por ciento de los colegios, y que el segundo, mucho más tarde, alcanzó el 46%, es decir ni siquiera la mitad del nivel presidencial, y mucho menos del congresual y municipal.
Al señalar que todo fue organizado en base a tecnología y que los partidos a última hora “impusieron la vuelta a la manualidad, al conteo manual de los votos, que no estaba contemplado en la planificación estratégica electoral”, admite que no se entrenó a los miembros de los colegios en el conteo manual, como procedimiento contingente para el evento de que faltaran o fallaran los equipos como ocurrió.

Ignora la observación electoral. Es relevante que el doctor Rosario haya ignorado el contenido de los informes de observación electoral, sobre todo el de la misión de la OEA, y el de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que hasta hace poco él mismo presidió. Del de Participación Ciudadana, abundante en datos que sustentan el colapso del conteo electrónico, sólo escoge uno para manipularlo diciendo que el mismo “pasó con buena nota”. Lo que PC sostuvo es que el resultado de su muestra, era similar, en el nivel presidencial, a lo que indicaban los primeros cuatro boletines provisionales, de los cuales menos de la mitad era electrónico.

El informe de la OEA fue contundente en registrar “desorden e incertidumbre generados por la instalación de las máquinas de apoyo al proceso”, por lo que el conteo manual “terminó siendo indispensable”, que todo cambio tecnológico “debe tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”. Y que recibieron denuncias de compras de votos, pudieron observar proselitismo en los colegios y “altos niveles de inequidad” en el acceso de los partidos a los medios de comunicación en la campaña.

El de la Unión de Organismos electorales consigna el colapso electrónico cuando dice que no se cumplió la previsión de instalar y probar los equipos en los dos días anteriores a los comicios, y “que el proceso de normalización de las votaciones, principalmente por la habilitación del sistema manual, hacia las 8.30 de la mañana, (retraso de dos horas) no era uniforme, lo que se demuestra en el hecho de que algunos colegios operaban sin ningún apoyo tecnológico, otros sólo con la máquina de identificación de ciudadanos y algunos con los tres equipos, lo que se mantuvo a lo largo de toda la jornada hasta el escrutinio”.

Daniel Zovatto, director regional del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA), un frecuente consultor de la JCE, observó “con preocupación y dolor que la calidad e integridad de las elecciones de RD han sufrido un serio retroceso”.

Desorden e irregularidades. Roberto Rosario se quedó muy lejos de establecer los responsables del desorden y las incontables irregularidades en que devino el escrutinio, lo que pudo afectar resultados congresuales y municipales y ha generado protestas dramáticas, como las huelgas de hambre de candidatos en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte y centenares de impugnaciones, ensombreciendo los comicios.

Fue la imprevisión, la imposición, el colapso tecnológico, la asignación de “cargos ganados” cuando en los niveles congresuales y municipales apenas algunos concluían el cómputo, lo que generó caos en los colegios, abandonados en cientos de casos por sus directivos y delegados políticos. Falta una explicación al hecho de que en el DN tuvieran que anular 157 colegios, y más de 200 en Santo Domingo Oeste, éstos mandados a contar ahora por el Tribunal Superior Electoral. Los huelguistas de SDE tienen derecho a preguntar dónde estuvieron las valijas de 430 colegios que a la noche del día 17 no habían llegado a la junta municipal, según les certificaron.

Rosario llegó al colmo de considerar elevada la concurrencia a la votación, ignorando que su colega Eddy Olivares había pedido explicación de la abstención del 31%, pese a la depuración del padrón que implicó la nueva cédula, y que tras la anterior, en el 2000, fue de apenas 17.87%. Nada dijo de la elevada tasa de nulidad, especialmente en la boleta congresual y municipal, de hasta 7% ni de la diferencia de hasta 300 mil votos entre la presidencial y las municipal, congresual y diputados preferidos.-

ITodo el país lo vio por TV.
En cualquier país de mediana intensidad democrática Roberto Rosario tendría que haberse disculpado por el desperdicio de los 32 millones de dólares invertidos en los equipos de automatización, y aún así estaría en graves dificultades, pero aquí, donde la impunidad es la norma, él se atreve a negar y distorsionar lo que todos pudieron ver en la transmisión televisiva de la JCE la noche del escrutinio electoral.

Nunca apareció con los demás integrantes del “organismo colegiado”, y se le vio a las 7.05 anunciar que a continuación irían difundiendo directamente, y enviando a los partidos y los medios de comunicación, los resultados de cada colegio electoral, en contradicción con lo que exigían los partidos opositores de que no se hiciera antes de pasar la prueba del cómputo manual. De inmediato aparecieron los primeros, aunque no llegaron esa noche ni a los partidos ni a los medios. Y los boletines preliminares que empezaron tras la medianoche no aparecieron en la página web de la JCE hasta el medio día del lunes.

Rosario pretendió culpar a los partidos opositores del enorme retraso del escrutinio. Durante meses sostuvo que en dos o tres horas se conocerían los resultados gracias al salto tecnológico que él impuso sin la menor prudencia ante un cambio implementado en contados países y progresivamente. No puede explicar porqué tres horas después, a las 10, sólo habían publicado los resultados presidenciales del 19 por ciento de los colegios, y del 27 por ciento a la media noche cuando la transmisión “directa de los colegios” fue sustituida por los boletines preliminares. La transmisión electrónica había colapsado.

El tollo electoral logra unir tardíamente a la oposición

Por Juan Bolívar Díaz
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Muy tarde vinieron a convencerse los líderes de la oposición política de que separados no tenían la menor oportunidad de enfrentar con éxito la maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y los abusos del Estado y del arbitraje que caracterizaron el proceso electoral recién concluido.

Antes que su diversidad y los personalismos los dispersen, los seis excandidatos presidenciales que cuestionan la legitimidad de unos comicios afectados por un grave tollo organizativo, deberían concentrar esfuerzo en exigir una profunda reforma política que inicie el rescate de la institucionalidad democrática

El gran tollo electoral. Así como está claro que la mayoría de la población que votó el 15 de mayo se inclinó por la reelección del presidente Danilo Medina, también quedaron a la vista de todos los abusos del poder del Estado, la parcialidad política de los órganos electorales, la extrema desigualdad del financiamiento y el enorme tollo organizativo en que devino la votación y su escrutinio.

En las mayores jurisdicciones, como el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, que concentran casi la tercera parte de los electores, el desorden fue tan grande que las juntas electorales han necesitado dos semanas para concluir el cómputo que tantas veces la JCE prometió que daría la misma noche de la votación. Y para terminar han tenido que anular los resultados en casi 500 colegios electorales, sobre todo en los niveles congresual y municipal, donde abundaron las incoherencias e inconsistencias del escrutinio, con indicios de manipulaciones y fraudes. Las irregularidades han quedado patentes en decenas de actas, de variedad tan amplia que requiere mucho espacio sintetizarlas.

Ya el sábado 21 una resolución de la Junta Electoral del DN anuló 153 colegios electorales, 139 “por no haber recibido sus resultados” y 14 “cuyas relaciones de votación fueron recibidas en blanco”. El miércoles 25, la Junta de Santo Domingo Oeste anuló las votaciones en 147 colegios; en 69 en la boleta C-1 para los diputados, 38 para todo el nivel congresual, 16 en el municipal y 14 en el congresual.

Más enredada aparecía la situación en Santo Domingo Este todavía al caer el viernes 27, con candidatos a alcalde en huelga de hambre reclamando nueva votación, mientras la Junta consideraba anular la cuarta parte de sus 1,375 colegios, mayoritariamente en los niveles congresual y preferencial de los diputados. En Santo Domingo Norte trataban de enmendar la situación de 157 colegios donde no se computó el nivel congresual, especialmente los diputados. En el DN y provincia de Santo Domingo las irregularidades habrían afectado más del 10% de sus 5,090 colegios, anulando parcial o totalmente el voto de más de 150 mil electores.

Alta abstención y nulidad. La abstención nacional, del 31 por ciento en la boleta presidencial, superó en dos puntos la del 2012, aunque se esperaba una reducción por efecto de la nueva cedulación que debió depurar el padrón de electores.

En las grandes urbes la abstención fue más elevada, registrándose 37 por ciento en la provincia de Santo Domingo, 36 en Santiago y 35% en el Distrito Nacional. Los votos nulos alcanzan al 6.13 por ciento, 5.53 y 4.42 respectivamente, sin incluir los derivados de la anulación de colegios completos.

A nivel nacional en la boleta A se computaron 103 mil votos nulos cuando faltaban 204 colegios, más del triple de los 30 mil registrados en el 2012. Las boletas congresuales anuladas podrían pasar de 300 mil, 54,269 solo en la provincia de Santo Domingo, sin los colegios anulados por completo.

El boletín 13 de la Junta Central Electoral, emitido la madrugada del viernes ignoraba los cientos de colegios anulados, pues consignaba el cómputo del 99.18 por ciento en el nivel más afectado, el congresual.

Tan altas nulidades indican grave fallo en la preparación del personal, y la instrucción a los electores, así como en la programación, y en la abstención habría influido el retraso de dos y tres horas en el inicio de la votación.

Ese 62% de Danilo. Más tarde o más temprano los candidatos de oposición tendrán que rendirse ante ese 62 por ciento que se anotó en las urnas el presidente Medina, que no está libre de ilegitimidades, como el abuso del Estado, desbordamiento del déficit fiscal, enorme derroche publicitario pagado del Presupuesto, casi todos los funcionarios altos y medios en su campaña, con evidentes recursos estatales, los mismos que se utilizaron también para comprar legisladores y dirigentes políticos para posibilitar la reelección.

Sin embargo, la diferencia es demasiado grande para que pueda ser desconocida. Todos los opositores debieron juntarse desde que los abusos del Estado quedaron evidentes, y haberse presentado al Palacio Nacional a exigir equidad y respeto a la competitividad democrática e independencia de los organismos electorales. Pero evadieron la menor concertación, se perdieron en disputas de candidaturas, y hasta el 6 de abril Abinader expresaba confianza en la JCE, que ya Roberto Rosario la había reducido a unipersonal.

En marzo se inició una concertación que llegó a contar con dos documentos. El primero titulado “Ante el abuso del poder, la oposición unida reclama elecciones democráticas, libres y equitativas”, con cuatro emplazamientos al Gobierno y varios a la JCE, con el compromiso de apelar a la sociedad y a la movilización popular. El otro era un acuerdo para defender cada voto en las urnas, pero tras dos reuniones de los 7 candidatos opositores, el intento fracasó, como consignó El Tema de Hoy del 10 de abril. Varios seguían creyendo que la concertación solo beneficiaba al PRM y este, tras su pacto con el Partido Reformista se refugió en posiciones conservadoras y de prudencia, con las cuales no podía enfrentar al PLD-Estado.

Exigir reformas inmediatas. Se duda que los seis candidatos de oposición y los partidos que los respaldan puedan mantenerse unidos mucho tiempo desconociendo el resultado electoral, y el PLD y el Gobierno trabajarán para disolverlos. Fracasarían si creen que tienen fuerza para revertir los resultados, ni siquiera en niveles locales, dada la parcialidad de los órganos electorales.

En cambio, podrían apelar a la sociedad para exigir un compromiso de reformas políticas y electorales con calendario inmediato, que eviten futuros atropellos de un PLD triunfante que no tiene razón para renunciar a los efectivos métodos que ha implementado para mantenerse en el poder. Importantes sectores están convencidos de que la gobernabilidad y la institucionalidad democrática demandan serias reformas, no promesas para incumplir, como ha ocurrido múltiples veces con la Ley de Partidos y la del Régimen Electoral.

La última fue un pacto firmado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por Danilo Medina y otros candidatos en marzo de 2012, “para aprobarlas ese mismo año”.

Además de esas leyes fundamentales, se impone la revisión del financiamiento político público y privado, para hacerlo más equitativo, mayor democratización de las elecciones, y bloquear nuevas modificaciones reeleccionistas coyunturales.

Un aspecto indispensable sería la despolitización de la JCE y el Tribunal Electoral, escogiendo nuevos titulares por consenso, sin reparto partidista, por méritos profesionales y éticos. Criterio que debería pactarse también para la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional y hasta el Consejo de la Magistratura y la Suprema Corte de Justicia.

Los opositores tienen la oportunidad de abanderarse con esas reformas antes de que se disuelva su atrasada concertación. Podrían acreditarse la reivindicación de la institucionalidad democrática y electoral, que quedan en serio retroceso tras este inequitativo y abusivo tollo electoral.

Diagnóstico y recomendaciones

Por Juan Bolívar Díaz
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El Informe Preliminar de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones del pasado domingo constituye un valioso diagnóstico de la adolescencia del sistema electoral y de la fragilidad que aún exhibe la democracia dominicana, pese a décadas de luchas por su mejoría.

A la vez contiene las recomendaciones fundamentales de los pasos que debemos dar para que algún día nuestros comicios lleguen a ser democráticos y no una burla de los principios elementales de equidad, transparencia, ordenamiento jurídico, proscribiendo todo el atropello, el abuso del poder del Estado y las imposiciones anti democráticas que caracterizaron todo el proceso electoral.

Y no es que la misión de la OEA descubriera un nuevo mundo, seguro tomó en cuenta los cinco informes sobre la campaña electoral presentados por Participación Ciudadana que documentaron los enormes vicios que acusan los procesos comiciales en el país, desde el reparto y tráfico de candidaturas hasta el abuso del poder, el financiamiento turbio, la compra de voluntades y de votos y los atrasos de las normativas legales.

Esas recomendaciones han sido sostenidas firmemente por otras instituciones nacionales y algunos medios y comunicadores, a menudo sometidos a las burlas y estigmatizaciones de los que probablemente aducirán que forman parte del paquete de intromisiones en los asuntos internos dominicanos.

Sobre las votaciones del domingo, el informe de la OEA, como el de la Unión Interamericana de Organismos Electorales y PC, fue bien concreto: “desorden e incertidumbre generados por la instalación de las máquinas de apoyo al proceso”, por lo que el conteo manual “terminó siendo indispensable”, que todo cambio tecnológico “debe tomar en cuenta consideraciones políticas y sociales a fin de construir consensos indispensables para aumentar la confianza”. Que recibieron denuncias de compras de votos, pudieron observar proselitismo en los colegios y “altos niveles de inequidad” en el acceso de los partidos a los medios de comunicación.

Vamos a resumir las recomendaciones que contiene el informe, con la esperanza de que esta vez la sociedad dominicana se empodere de ellas, que las enarbole como fundamentales para la convivencia democrática y la legitimidad de los gobernantes:

– Reitera la importancia de una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral que defina con mayor claridad lo concerniente al conteo de los votos, como elemento fundamental que no debe depender de reglamentaciones y que los cambios tecnológicos sean paulatinos para que sean asimilados por las autoridades, los partidos y toda la sociedad. También que se separen de nuevo las elecciones.

-“Que se avance urgentemente en el diseño de una ley que promueva mayor equidad en la distribución del financiamiento público directo. Asimismo, se deberían establecer límites a los fondos provenientes del sector privado”.

-Fortalecer la capacidad de fiscalización, control y sanción para las violaciones a las normativas en coordinación entre las instituciones involucradas en el manejo de recursos, encabezados por la Cámara de Cuentas, JCE, Banco Central…

-Un marco jurídico de regulación para el acceso equitativo a los medios de comunicación públicos y privados, que garantice el derecho a la información de partidos y candidatos y de la ciudadanía a estar bien informada.

Todas esas y otras importantes regulaciones se han consensuado repetidas veces en las últimas dos décadas, sin que el liderazgo político haya mostrado voluntad. Y no renunciarán al ventajismo hasta que la sociedad, incluyendo a los empresarios y obispos, den mayores muestras de cultura democrática.

Notable retroceso democrático y colapso de la automatización

Por Juan Bolívar Díaz
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Las elecciones generales del pasado domingo culminaron un proceso de retroceso de la institucionalidad democrática, con la reelección no sólo del presidente Danilo Medina, sino de gran parte de los legisladores y alcaldes municipales, en base al poder del Estado y un desenfrenado derroche de dinero y ayudados por una oposición ineficaz y dispersa.

El colapso de una costosa automatización impuesta contra toda racionalidad por el autoritarismo unipersonal de un arbitraje partidarizado, anarquizó el escrutinio inconcluso al cumplirse la semana el escrutinio y constituyó un salto hacia atrás, reconocido por los organismos de observación electoral nacionales e internacionales.

Reelección casi total. No fue sólo el presidente Danilo Medina quien logró la reelección en los comicios del 15 de mayo, sino 28 de los 32 senadores y gran parte de los diputados oficialistas y del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) fruto de acuerdos de las cúpulas partidarias, que en gran proporción constituyeron negación de la democracia interna.

Resalta la victoria de Medina, con un histórico 62% del sufragio, aunque superado por el 69% de los votos de la provincia San Juan, que reeligieron al senador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Félix Bautista, un símbolo de la corrupción a quien el Ministerio Público del mismo gobierno le imputó un manejo fraudulento de 26 mil millones de pesos, que tras el pacto reeleccionista resignó. Muestra de que el dinero repartido, los cargos y el poder castran la democracia nacional.

Asimismo, alcanzaron mayor proporción que el mandatario los candidatos a la reelección como senadores de Independencia, también con 69%, Santo Domingo 67, Hermanas Mirabal 66, y Bahoruco con 63 %. Esas provincias tienen en común que son de las más pobres del país, donde pesa más el 23% de los electores que están en las nóminas de empleados y subsidiados directos del Estado.

Quedó de relieve el peso del dinero en elecciones sin límites al gasto ni a su origen, desde la precampaña cuando candidatos a legisladores y alcaldes derrocharon decenas de millones de pesos, hasta la jornada de votación con significativa compra de votos. Resalta que las mayores victorias de la oposición la lograron candidatos de grandes fortunas, como los senadores electos José Hazim en San Pedro, Pedro Alegría en Ocoa y Santiago Zorrilla, en El Seibo, o de apoyo empresarial como David Collado para la alcaldía capitalina, y en menor medida José Ignacio Paliza, ganador de la senaduría de Puerto Plata.

El gran poder de Danilo. Ese 62% de los votos de Danilo Medina, que le anticiparon las encuestas, tiene un componente de méritos personales que no se le debe regatear, pero también del abuso del poder estatal en múltiples dimensiones que ha caracterizado históricamente el continuismo dominicano, documentado ampliamente por cinco informes de la observación de Participación Ciudadana (PC), elevado déficit fiscal, gasto de 11 millones de pesos diarios en publicidad gubernamental, 71% de la publicidad política con 923 millones de pesos en dos meses, y tres cuartas partes de los altos funcionarios al frente de su campaña.

A eso hay que agregar ingredientes tan importantes como una amplia red nacional de comunicadores pagados en la nómina pública y con publicidad estatal, el control de la organización y el tribunal electoral que fueron, junto al poder económico del Estado, factores fundamentales para el desguañangue del mayor y más antiguo partido del país, el PRD, que acaba de recibir su certificado de insignificancia al obtener 5% de los votos, cuatro años después que su candidato presidencial alcanzara 47%.

Ilusos fueron los siete candidatos de oposición que pretendieron enfrentar sin la menor concertación el inmenso poder del Estado y el acumulado por el peledeismo gobernante, sobre todo seis de ellos que apenas invirtieron el 2% de la publicidad en televisión, radio y prensa, para terminar con el 3% del sufragio. Mejor parado quedó el PRM, el reciclaje de la mayoría del perredeísmo, que en año y medio polarizó con el PLD con una candidatura presidencial que logró 35% del voto.

El conteo fue manual. En la Junta Electoral del DN se alcanzó a recibir electrónicamente el 50% del escrutinio, como lo reconoció su presidente Santiago Sosa. Muchos colegios llevaron el escrutinio hasta el amanecer y no se sabe cuántos entregaron las urnas a las juntas municipales, en muchas todavía ayer sábado seguían contando los votos. La noche del martes sólo en las pequeñas provincias Independencia y Dajabón habían concluido.

En juntas municipales los programas de conteo han fallado con múltiples incongruencias en resultados de las boletas congresuales y municipales, que dispararon la alarma de cientos de candidatos de la oposición. Ejemplos: En la boleta C del cuarto boletín de La Vega el PRM acumulaba 16,150 votos, pero se redujeron a 15 mil 933 en el boletín siguiente. Al País acumulaba 2,250 votos en la boleta B de Santo Domingo Este para el cuarto boletín con 474 colegios computados, pero disminuyeron a 1,992 en el octavo con 912 colegios. El Boletín provisional 51 de Santo Domingo Este consigna 50,918 votos válidos, pero la distribución por partido totaliza abajo 53,063, y 104.21%.

PC el lunes y la misión de la OEA el martes hicieron público el descalabro electrónico y coincidieron en que el conteo manual salvó el escrutinio. El jueves se conocería el informe de la Unión Interamericana de Organismos electorales, que hasta hace poco presidió Roberto Rosario, el cual, tras describir los múltiples problemas desde el inicio, en su punto 11 resume el colapso: “Algunas mesas operaban sin apoyo tecnológico, en otros se habilitaron las máquinas para la identificación de los ciudadanos y en algunos otros se pudo instalar los tres equipos. Esto se mantuvo a lo largo de toda la jornada electoral, y obviamente se trasladó al escrutinio”. Cierto que faltó personal auxiliar, aunque tres titulares de la JCE desconocen si fueron 3 mil, pero también el informe de PC dice que en el 21% de los colegios donde sí había técnicos, no pudieron con los equipos.

La abstención y nulidad. Con el 92.89% del cómputo presidencial (boletín 9) se proyecta una concurrencia a las urnas de 4 millones 734 mil 145, que equivale a una abstención del 30%, casi igual al 2012 y en ese nivel los votos nulos sumaban 99 mil 137, proyectándose a 106 mil 728, más del triple que los 30 mil de hace 4 años, lo que implica otro retroceso. La nulidad es más fuerte en la boleta congresual, tomando el caso del Distrito Nacional que ya acumulaba 19 mil 66, que a nivel nacional alcanzaría a 178 mil 653, un elevado 3.8%, sujeto a revisión.

Cuando logren concluir el escrutinio de estas elecciones, el balance será de un afianzamiento del monopolio del poder por el PLD, que habrá perdido tres de las 31 senadurías que tenía, pero ahora con más de 100 diputados y alcaldes, absorbiendo gran parte de los que los que habían quedado en el PRD, reducido casi a la nada. Alianza País tendría un alcalde y un diputado nacional, lo mismo que el PQDC. El PRM y aliados terminarían con tres senadores y unos 60 diputados. De los candidatos presidenciales, después de Medina y Abinader, sólo Guillermo Moreno rebasa el 1%, también constante histórica.

Los cuatro muertos y varios heridos en la jornada electoral, en Santo Domingo, Yamasá y Monción, y un quinto el martes en Bonao, constituyen también un penoso retroceso de este proceso electoral que cobró otras tres vidas en la campaña interna.-

El colapso tecnológico
Aunque se advirtió a tiempo que el salto a la automatización electoral necesitaba pruebas previas suficientes, auditoría a fondo de los equipos y mayor preparación del personal, y algún conteo manual por muestreo para inducir confianza, no se podía esperar el colapso que sufrió, documentado por la observación electoral de Participación Ciudadana (PC), en una muestra científica de 1023 colegios, y luego por las misiones de la OEA y de la Unión Interamericana de Organismos Electorales.

Desde las primeras horas, con un retraso de por lo menos dos horas promedio en el inicio de la votación, se dio la voz de alerta. Al mediodía la red de PC reveló que el 29% de los colegios no recibieron el equipo de identificación de los electores y el 27% tampoco los del escaner y la transmisión, y en el 60% hubo anomalías con los equipos, como de conectividad, electricidad o se dañaron. Aunque el presidente de la JCE anunció a las 7.00 de la noche el inicio de la transmisión directa del resultado de los colegios, a las 10 sólo habían podido hacerlo el 19 por ciento, y a las 12, cuando fue descontinuado, el 27 por ciento. Esos datos no llegaron directamente esa noche ni a los partidos ni a los medios, como también anunció Roberto Rosario.

El colapso tecnológico se generalizó. Un cuadro en la pantalla electrónica y televisiva de la JCE llegó a atribuir los senadores, diputados y regidores con apenas unos cuantos colegios contados, bajo el título de “cargos ganados al momento”. A la medianoche, se resignaron a que todo el escrutinio continuara manual y se ofreció el primer boletín de resultados consolidados, pero hasta el medio día del lunes fue que pudieron comenzar a colocarlos en la página de internet de la JCE.

Fuertes retos institucionales en las elecciones generales

Por Juan Bolívar Díaz
15_05_2016 HOY_DOMINGO_150516_ El País12 A

Aunque la generalidad de las encuestas marcan una buena ventaja a la reelección del presidente Danilo Medina, hay algunas incertidumbres derivadas de la improvisación y la confusión que rodean la forma en que se hará el escrutinio, complicado porque después de 22 años, los dominicanos vuelven a una elección conjunta, esta vez de 4,106 cargos.

En juego estará si la ciudadanía mantiene el dominio absoluto de un solo partido sobre todos los poderes del Estado que tiende a manipular las instituciones y a reducir los espacios democráticos para un continuismo que ya han proyectado hasta el bicentenario de la República en el 2044.

Votarían 5 millones. Aunque el padrón integra 6 millones 765,245 electores, los concurrentes a las urnas serían alrededor de 5 millones. A partir de la abstención promedio de los cuatro comicios presidenciales del siglo, que es 27.37 por ciento, podría esperarse hoy una votación de 4 millones 913 mil. Los abstencionistas han venido en ascenso del 23.9 en el 2000, al 29.8 en 2012. Esta última proporción daría una votación de 4 millones 749 mil.

Sin embargo, como el crecimiento del padrón se redujo significativamente para este cuatrienio, tras la emisión de una nueva cédula de identidad que habría dejado fuera a cientos de miles, parte de los cuales pudieran ser fallecidos no previamente descontados o emigrantes que no se han inscrito en el exterior, se puede esperar alguna reducción del porcentaje real de abstencionistas y que los concurrentes lleguen a los 5 millones.

De hecho el padrón de este año presenta una serie de incongruencias que no han sido aclaradas por la Junta Central Electoral, aunque este analista lo solicitó, lo mismo que hizo Participación Ciudadana. Una apresurada auditoría consideró que es uno de los mejores padrones, pero sus detalles, que debieron disipar dudas, no han sido publicados.

La mayor incongruencia es que el padrón apenas creció 4.03 por ciento en el último cuatrienio (2012-16), cuando en los tres anteriores se incrementó en 16.87 (2000-04) en 16.02 (2004-08 y en 12.81 por ciento al 2012. Es posible que una parte de la reducción se deba a la nueva cedulación, que excluyó a decenas de miles de dominicanos de ascendencia haitiana despojados de sus documentos. Pero se complica más porque los nuevos inscritos mayores de edad cayeron también abruptamente. Sobre 700 mil en los tres cuatrienios anteriores, y solo 351 mil ahora. Con el agravante de que a abril del 2015, un año atrás, una publicación oficial de la JCE los cuantificó en 662 mil 313.

La elección de 4 mil cargos. Desde los fraudulentos comicios de 1994 que generaron una crisis que se saldó reduciendo el período a dos años con una reforma constitucional que separó las elecciones presidenciales de las congresuales y municipales, el país no asistía a una votación tan complicada, eligiendo en una misma jornada a 4,106 funcionarios en tres boletas distintas.

La Constitución del PLD del 2010 volvió a juntar las tres elecciones, ahora con una mayor fragmentación, ya que se eligen directamente, además de los cargos tradicionales de presidente y vicepresidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores, ahora también diputado preferido, 234 directores e igual número de subdirectores y 730 vocales de distritos municipales.

El pretexto para volver a unir todas las elecciones en una sola jornada fue que separadas cada dos años el país vivía siempre en campaña. Pero como no se regula nada, esta vez las promociones de candidaturas comenzaron hace 4 años. Se vuelve a la tradición del voto presidencial arrastrando a los demás en alta proporción, y contribuyendo al mantenimiento de un presidencialismo que subordina el Poder Legislativo y reduce el Poder Municipal, al cual este año solo se le ha asignado el 3 por ciento del Presupuesto General del Estado, cuando la Ley 176-07 dispone el 10 por ciento.

Como nunca antes todos los senadores, casi todos los diputados y la mayoría de los candidatos a alcaldes han sido repostulados, como fruto de acuerdos de las cúpulas partidarias que permitieron modificar la Constitución para restablecer la reelección presidencial, a costa de la democracia interna de los partidos.

El Estado reeleccionista. Si como han arrojado la mayoría de las encuestas, incluyendo a las más acreditadas, el presidente Danilo Medina logra alrededor del 60 por ciento de los votos, el procesamiento de la primera boleta será expedito y generará pocas objeciones. Aunque no faltan quienes esperan que la diferencia sea mucho menor con relación al candidato del PRM Luis Abinader, que en las últimas semanas afianzó la bipolarización. En los últimos tres días las encuestadoras Votia, mexicana, y la norteamericana Zogby Analytics, arrojaron resultados estrechos que determinarían segunda vuelta.

La percepción generalizada es que el mandatario logra la reelección, una constante en la historia dominicana. El único que ha fracasado en lograrla fue Hipólito Mejía, quien la intentó en el 2004, en medio de una grave crisis bancaria-financiera, y Joaquín Balaguer en el 1978, tras haberla logrado dos veces consecutivas.

Como lo advirtió el propio Medina antes de ser presidente, la búsqueda de la reelección presidencial se ha montado de nuevo con todo el poder del Estado, como lo ha dejado patente el movimiento cívico Participación Ciudadana, en sus cinco informes de observación de la campaña electoral, especialmente en el quinto, emitido el jueves 12, donde se documenta que las dos terceras partes de los altos funcionarios fueron involucrados directamente en la dirección de la campaña reeleccionista.

Ese informe precisa que el gasto publicitario del Gobierno se incrementó 49 por ciento en el primer cuatrimestre del año, en relación al mismo período del 2015, que el déficit fiscal del mismo período pasó de 34 mil millones de pesos, con incrementos enormes en nóminas, nominillas y personal transitorio, y que el partido de Gobierno registró el 71% de la publicidad en prensa, radio y televisión, gastando 923 millones de pesos solo en febrero y abril, que monitorizaron.

El Congreso y municipios. La generalidad de las encuestas no han medido las preferencias por las candidaturas congresuales y municipales, donde podría fraccionarse el voto en mayor proporción que lo tradicional, debido a la repostulación casi total que lesionó la unidad de los partidos en las localidades provinciales y municipales y al descrédito de representantes con tres y cuatro períodos. También se esperan consecuencias de la división interna del partido gobernante, donde seguidores del presidente Medina y del expresidente Leonel Fernández protagonizan de forma silente “una lucha a muerte”.

Múltiples candidatos de oposición con vínculos sociales y militantes contra la corrupción política y administrativa podrían ser la diferencia en varias localidades donde antes se decidió por decenas o cientos de votos. También se cuenta con segmentos conscientes que prefieren una diversificación del voto que frene la creciente monopolización del poder por parte del partido gobernante.

Los resultados de estos comicios podrían ser clave para el rumbo institucional y democrático de la República Dominicana.

Proceso con graves retrocesos institucionales y democráticos

Por Juan Bolívar Díaz
P8

La resistencia del partido dominante a aprobar las leyes de partidos y del régimen electoral, que persiguen regulaciones democráticas, desconociendo consensos y compromisos, es una de las mayores falencias del proceso, auspiciando un virtual desmantelamiento del viejo sistema de partidos.

Paquete de 4,106 cargos. La escogencia en la misma jornada este 15 de mayo de los 4,106 cargos electivos del Estado es una regresión de la reforma política aprobada tras la crisis poselectoral de 1994, que incluyó la no reelección también abrogada, después de años de consensos sobre la base de que el presidencialismo arrastra los candidatos legislativos y municipales, y deteriora la independencia de los poderes.

El pretexto para reunificar las elecciones con la Constitución del 2010, fue que con elecciones cada dos años, el país vivía siempre en campaña, lo que no cambió puesto que la promoción de candidaturas se inició tan pronto culminaron los comicios presidenciales del 2012, con un gasto sin precedente que se paga con el dinero público.

Hay testimonios de que candidatos a diputados, los que tienen que buscarse su propio apoyo por la vigencia del voto preferencial, han gastado sumas que llegan a los cincuenta millones de pesos, encareciendo el costo de la política, determinando el predominio de los que reúnen más dinero, sin importar su origen, y dejando fuera de competencia a los más honrados o provenientes de segmentos sociales desposeídos. Al haberse suprimido las elecciones primarias en el PLD a muchos hubo que devolverles lo gastado, en especies como cargos, y contratos de compras y obras. .

La “maldita reelección” . Como casi todos los que han alcanzado estabilizarse en la presidencia de la República en toda su historia, el presidente Danilo Medina sucumbió a la tentación de buscar la “maldita reelección”, que como él recitaba antes de su elección, deteriora la institucionalidad democrática y subordina el interés nacional al continuismo.

Esta vez, como tantas otras, hubo que modificar la Constitución para posibilitar la repostulación, y a diferencia de las anteriores, ahora no se “conquistaron” legisladores a título personal, sino por bloques enteros, desde luego con los recursos del Estado y en un mercado público, denunciado hasta ante un ministerio público que no quiso investigarlo.

Otro agravante fue que esta vez se pactó para archivar graves expedientes de corrupción, como el del senador Félix Bautista, y para garantizar la repostulación de todos los senadores y diputados del partido gobernante, y la prolongación de los dirigentes, dando una patada mortal a la democracia interna, a los estatutos, la ley electoral y los principios constitucionales.

Fue relevante que el bloque de diputados reformistas también apoyara la reforma constitucional que posibilita la repostulación de Medina, para luego terminar enfrentándola al pactar con la mayor fuerza emergente de oposición, el Partido Revolucionario Moderno /PRM) salido del desguañangue del PRD.

Nadie podía esperarlo. Debe ser inédito que un partido que obtuviera el 47 por ciento en unas elecciones, como ocurrió con el Revolucionario Dominicano (PRD) en el 2012, terminara a los cuatro años a la cola del vencedor, en un oscuro pacto que apenas materializa una embajada y la dirección de un ente de cuarto nivel, el IDECOOP, en base a promesas de cargos y sin garantizarle ni una alcaldía importante.

La joya política de este período fue la culminación del desmantelamiento del viejo sistema de partidos con el que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) venía compitiendo, para garantizarse un largo predominio. Con el reparto de parcelas estatales, contratos y empleos públicos segmentaron primero el Partido Reformista Social Cristiano sin el que no hubiesen alcanzado el poder en 1996, ni lo hubiesen retenido en el 2012, y conformaron una coalición de una docena de pequeñas agrupaciones políticas.

En los comicios presidenciales del 2012, el PRD consiguió 200 mil votos más que el PLD, 42 a 38 por ciento. Los aliados de los peledeístas le aportaron 13 por ciento, 6 de ellos los reformistas, con un desbordamiento del Estado que incluyó un exceso fiscal de 159 mil millones de pesos, sólo en el gobierno central.

De ahí salió la estrategia de desmantelar al PRD, apoyada en el deterioro de sus organismos como consecuencia del abandono de los procedimientos democráticos, y aprovecharon las debilidades de su presidente Miguel Vargas Maldonado, quien con una minoría se negó a apoyar la candidatura de su partido, sembrando una división que resultaría irreversible. Para ello contó con múltiples favores gubernamentales, incluyendo contratos opacos, y sobre todo el apoyo del Tribunal Superior Electoral integrado por jueces dirigentes del PLD y del mismo grupo de Vargas, que fallaron sistemáticamente para favorecer a la minoría hasta cuando esta impidió a tiros la participación de la mayoría en procesos internos.

Una oposición fragmentada. La manifiesta incapacidad de los opositores para concertar reclamos de equidad y pactar siquiera en niveles locales, con siete candidaturas, redujo las posibilidades de crear una sinergia de “todos contra el monstruo”, aunque el PRM ha logrado en poco más de un año de constituido convertirse en la principal alternativa, beneficiándose en las últimas semanas de la tradicional tendencia a la bipolarización.

Los analistas no advierten posibilidad de que el PRM pueda superar la ventajas que ha registrado la candidatura reeleccionista en las encuestas. De todas formas gastarán todas sus energías en la última semana de campaña, contando con una reacción del electorado al enfrentarse a las urnas, como ocurrió en los últimos dos años en Costa Rica y Panamá, donde ganaron los que aparecían en tercer lugar en las encuestas.

Entre los imponderables están la posibilidad de que la parte del PLD aplastada por el proyecto reeleccionista, encabezada por su anterior líder Leonel Fernández, diversifique sus votos temiendo que una victoria muy amplia del presidente Medina y su grupo, suponga su muerte política definitiva. En muchas provincias y municipios las divisiones internas del PLD podrían generar resultados imprevisibles.-

Abusos fiscales en campañas y desguañangue institucional

Por Juan Bolívar Díaz
17_04_2016 HOY_DOMINGO_170416_ El País13 A

Cuatro expertos, participantes en un foro organizado por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), coincidieron en que en las dos últimas elecciones, bajo gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se ha desbordado el gasto fiscal, con un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

Datos ofrecidos por el experto en asuntos fiscales José Rijo y por la Comisión Económica del Partido Revolucionario Moderno (PRM) indican un incremento del déficit fiscal en la actual coyuntura electoral, aunque en menor medida que en la anterior, cuando el desbordamiento prosiguió aún en el período de transición al nuevo Gobierno.

Del mito a la realidad. En la exposición fundamental de un foro organizado por el área de Negocios del INTEC el martes 12 sobre el gasto público en períodos electorales, el economista Pavel Isa Contreras sostuvo que es un mito el planteamiento de que siempre en los años de elecciones el gasto del Gobierno, corriente o de capital, se desborda generando desbalances fiscales, pero que sí fue una realidad en el 2008 y 2012.

Al analizar el gasto público en los últimos 25 años, con seis elecciones presidenciales, Pavel Isa concluyó que “el gasto público y el déficit fiscal se desbordan solo en las últimas dos”, con la particularidad de que en el 2008 el exceso fue fundamentalmente del gasto corriente, y en el 2012 del gasto de capital. En el primer caso el presidente Leonel Fernández buscaba la reelección, y en el segundo la continuidad de su partido en el poder con Danilo Medina de candidato presidencial.

En el 2012, cuando se alcanzó un déficit fiscal histórico en virtud de que el Gobierno central gastó más de 155 mil millones de pesos sobre lo presupuestado, una proporción significativa ocurrió aún después de las elecciones, lo que pareció obedecer al interés del presidente Fernández de concluir y avanzar obras buscando rentabilidad política para abonar una vuelta al poder en el 2016, frustrada por el predominio del proyecto reeleccionista del presidente Medina.

Isa contreras documentó que en los años electorales el gasto gubernamental crece significativamente entre enero y abril y decae de mayo a noviembre, mientras en años no electorales el gasto es menor en los primeros meses y mayor en la segunda mitad.

Desguañangue institucional. Los cuatro expositores coincidieron en que en los dos últimos procesos electorales no solo hubo muy alto déficit fiscal, sino también un acentuado desguañangue de la institucionalidad democrática.

De diversa forma lo expusieron Pavel Isa, José Rijo, experto en asuntos fiscales, el también economista Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, y el sociólogo Carlos Pimentel, del área de Transparencia del movimiento Participación Ciudadana.

El consenso fue absoluto en que los organismos de control no funcionan, generando impunidad, con un Congreso que no cumple su función de fiscalización, deficiencias de la Cámara de Cuentas, politización de órganos judiciales, ignorancia del paquete de leyes de control presupuestario, transparencia y rendición de cuentas, “con prevalencia de una cultura política que obstruye el funcionamiento de las instituciones democráticas”, según Pimentel.

Selman señaló la responsabilidad de las élites empresariales y sociales, empeñadas en la búsqueda de beneficios particulares, denunció las políticas populistas y clientelares, sostuvo que entre 2007 y 2008, durante el último proceso reeleccionista, concedieron la mayor cantidad de exoneraciones impositivas vigentes, y concluyó demandando un pacto ético.

Mientras Pimentel denunció la existencia de un “Estado capturado” por la coalición de intereses económicos y políticos, con gobiernos que ignoran todo un conjunto de normativas presupuestales, de transparencia y controles en los que la sociedad dominicana se empeñó durante las últimas dos décadas.

También en el actual proceso. José Rijo convino en que la mayor crisis es institucional, con el secuestro del Congreso, la justicia y los mecanismos de control por parte del Poder Ejecutivo, sosteniendo que en la actual coyuntura electoral se está produciendo otro desbordamiento del gasto en aras del proyecto continuista, resaltando que en el primer trimestre hay un déficit fiscal de 29.5 mil millones de pesos, muy superior al de 4 millones registrado en el mismo período del año pasado.

Al comparar el comportamiento del gasto en el primer trimestre del 2016 con el mismo período del 2015, el experto en asuntos fiscales sostuvo que se está disparando tanto el gasto corriente como el de capital Y ejemplificó: en obras para edificación no residencial el gasto creció de 4,351 millones a 7,392 millones de pesos. En infraestructura terrestre y obras anexas pasó de 1,943 millones a 7,290 millones de pesos.

En nominillas y personal transitorio, el Ministerio de Obras Públicas pasó de un gasto de 196 a 329 millones de pesos, la Presidencia de la República de 139 a 221 millones de pesos, y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de 60 a 188 millones de pesos.

Rijo ofreció abundantes datos para resaltar el crecimiento en el primer trimestre de este año del gasto gubernamental en publicidad y propaganda, en pasajes, viáticos y gastos de representación, renglones que vincula a la campaña electoral.

Otro foro de denuncias. Otro foro académico, celebrado el jueves con auspicios de la Fundación Ebert sobre “Las altas cortes y la crisis del sistema de justicia”, concluyó también denunciando la quiebra institucional de la nación.

Aquí los expositores centrales fueron el destacado jurista y dirigente social Francisco Alvarez Valdez y el vicepresidente ejecutivo de la influyente Fundación Institucionalidad y Justicia, también reconocido jurista Servio Tulio Castaños Guzmán.

Alvarez Valdez trazó el proceso de ascenso del sector justicia a partir de la reforma constitucional derivada de la crisis política de 1994, hasta el retroceso con la politización y subordinación de los órganos judiciales, especialmente tras la Constitución del 2010 y la captura del Consejo Nacional de la Magistratura por el Poder Ejecutivo.

Castaños Guzmán convino en que todo el sistema de justicia está en crisis, resaltando los bajos niveles de aceptación que le marcan las encuestas.

Se remitió al último índice de competitividad del Foro Económico Mundial que coloca la independencia del Poder Judicial dominicano en la posición 124 entre 140 naciones evaluadas.

Resaltó el descrédito de la Policía Nacional, con alta proporción de miembros involucrados en crímenes.

Más equidad y transparencia

Por Juan Bolívar Díaz
03_04_2016 HOY_DOMINGO_030416_ Opinión9 A

Si el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están tan convencidos de que obtendrán hasta más del 60 por ciento de los votos en los comicios del mes próximo, como pregonan, y de frente a siete candidaturas de oposición, no deberían economizarse ni el menor esfuerzo por revestir de mayor equidad y total transparencia todo el proceso para, como dijo esta semana el ministro Administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, evitar dar justificación a las objeciones.

Por igual, el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, debería dejar de ver conspiraciones en las legítimas preocupaciones que han expresado instituciones sociales y contados periodistas sobre la procedencia de auditorías técnicas tanto al padrón electoral como a los equipos que sostendrán el novísimo sistema de escaneo automático de los votos. Aunque sea también para no dar justificación a posibles objeciones. Con más razón si las hubiese anunciado antes de que se lo plantearan. Tampoco debería ofenderse con la sugerencia de hacer también un conteo manual de los votos en el 3 por ciento de los colegios para que no queden dudas de que el resultado ha sido igual al electrónico.

El Gobierno ha dado algunos pasos acogiendo varias de las objeciones al abuso de los recursos estatales en la campaña electoral, como instruir para evitar el uso de vehículos oficiales en el proselitismo, y el más significativo de suspender la desproporcionada publicidad política gubernamental, que es una forma indirecta de promover la reelección.

Por cierto que esas iniciativas las tomó después de las denuncias de instituciones sociales, como en el caso de Participación Ciudadana, que documentó un incremento sobre el cien por ciento de la publicidad gubernamental en el primer bimestre del año, incluyendo el 300 por ciento en el gasto publicitario de la propia Presidencia de la República. Ya antes había denunciado que el año pasado el gobierno se constituyó en el mayor anunciante del país, por encima de todo género de actividades comerciales, tras incrementar en 37 por ciento el gasto publicitario en relación al 2014.

Si el Gobierno gastó entre enero y febrero 1,113 millones de pesos en publicidad y propaganda, la JCE no debió esperar que la denunciara uno de esos grupos sociales que Roberto Rosario considera impertinentes y creadores de ruido, sino que le correspondía dictaminar que la publicidad oficial se limitara a la promoción de servicios o campañas educativas, que es lo que debería proceder todo el tiempo y no gastar el dinero público en auto-promoción política.

En cambio la Junta de Roberto, donde casi todas las decisiones se adoptan sin unanimidad, en tres a dos, y se rechazan todas las iniciativas de los dos, que son José Angel Aquino y Eddy Olivares Ortega, tomó la “heroica” decisión de suspender los barrilitos y cofrecitos de los legisladores hasta que pasen las elecciones. Los diputados y senadores actuales, la mayoría con diez años recibiendo hasta un millón de pesos mensuales para “asistencia social”, podrán tomar prestado el monto de estos dos meses para pagarlos cuando se les entregue después de los comicios. ¡Tremenda forma de promover la equidad!

Tampoco se entiende por qué Roberto Rosario no ha explicado a qué se debió que el crecimiento del padrón electoral para estas elecciones se redujera tan drásticamente, al 4 por ciento, cuando en los tres cuatrienios anteriores aumentó 12, 16 y hasta 17 por ciento. Y sobre todo por qué los nuevos electores en el 2016 suman solo 351 mil 44 cuando un informe oficial de la Junta Central Electoral de abril del 2015 ya los cuantificaba en 662 mil 313. Aclarar esas inconsistencias debería ser preferible a quejarse de ruidos y conspiraciones. Y solicitarlo e un acto de absoluta legitimidad y hasta deber ciudadano. Al menos en la democracia.

En cuanto al gobierno todavía debería dar otros pasos en aras de la equidad, como evitar que una gran proporción de los funcionarios se lancen cada tarde en caravanas, entorpeciendo gravemente la circulación en las vías públicas, así como las actividades normales y aumentando el consumo de combustibles.

No deberían aspirar a más del 60 por ciento de los voto y evitar justificar los temores de que el peledeísmo quiere el cien por ciento de los puestos electivos y del poder político.

La JCE debe esclarecer el nuevo padrón


Por Juan Bolivar Diaz

 

La Junta Central Electoral (JCE) debería hacer un esfuerzo para responder algunas inconsistencias registradas en el crecimiento del padrón electoral a regir en las elecciones generales de mayo próximo, que se consignan en el segundo informe de observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana del pasado día 8.

No se encuentran explicaciones a la abrupta caída del crecimiento del total de los empadronados y en especial de los nuevos electores, en relación a los tres cuatrienios anteriores, como tampoco a la categoría de “ciudadanos con biométricos validados” que la JCE cifra en 207 mil 977.

Padrón con último ajuste. Al cierre del padrón electoral el pasado 16 de enero para los comicios de mayo, la JCE reportó un total de 6 millones 765 mil 136 inscritos, ajustados en otro informe del 11 de febrero, cuando suprimió 63 casos de doble inscripción, por lo que queda definitivamente en 6 millones 765 mil 073 electores, con ligera predominancia de las mujeres, el 50.84 por ciento, quedando los hombres en 49.16 por ciento.

Los electores dominicanos están registrados para votar en 15 mil 339 colegios o mesas electorales, ubicadas en 4 mil 158 recintos. Geográficamente hay una gran concentración, el 41.83 por ciento, en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago. Y alcanza a las dos terceras partes, 67.25 por ciento, cuando se le adicionan los 5.68 por ciento del exterior del país, el 5.52 y el 4.22 por ciento de las provincias San Cristóbal y La Vega. La mayor jurisdicción provincial es Santo Domingo que con 1 millón 397 mil 104 electores, el 20.85 casi duplica el DN, que tiene el 10.84 y a Santiago con el 10.34 por ciento, con 733 mil 486 y 699 mil 424 respectivamente.

Por municipios el mayor es el DN con sus 733 mil 486 electores, seguido de Santo Domingo Este con 592 mil 660 y Santiago que registra 489 mil 670. En orden descendiente siguen los Santo Domingo Norte y Oeste, La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos y San Pedro de Macorís.

El 5.68 por ciento del padrón correspondiente a 26 países, se concentra en 71 por ciento en Estados Unidos y el 17 por ciento en España, seguidos de las Antillas Menores, Italia, Panamá, Suiza, Venezuela y Holanda, que registran el 11 por ciento, y los restantes 18 países no llegan entre todos al 2 por ciento.

Caídas en crecimientos. Ya lo habíamos advertido el 17 de enero en el artículo “El padrón electoral queda corto”, pero Participación Ciudadana lo contextualizó y formuló interrogantes: el crecimiento se redujo en términos significativos, tanto del total de habilitados para votar, como de los nuevos electores.

El total del padrón del 2016 sólo supera al del 2012, que fue de 6 millones 502 mil 968 electores, en 262 mil 168, es decir, en apenas 4.03 por ciento, cuando el incremento fue del 12.81 para el 2012, de16.02 en el 2008 y de 16.87 por ciento en el 2004, en todos los casos en relación a los cuatrienios anteriores, cuando fue de 717 mil, 796 mil y 738 mil electores adicionados.

Con sólo un 11 por ciento de crecimiento en el último cuatrienio, el padrón del 2016 hubiese tenido un incremento cercano a los anteriores, más de 715 mil, para totalizar sobre los 7 millones 218 mil electores, una diferencia sobre 511 mil.

Lo que más llama la atención es que los nuevos electores que registra la JCE apenas sumen esta vez 351 mil 044, menos de la mitad de los que se registraron en cada uno de los tres cuatrienios anteriores. Esta cifra se complica cuando un informe de la JCE del 28 de abril del 2015 ya registraba 662 mil 313 “nuevos electores”, lo que implica que se incrementaban en promedio de 220 mil por año, proporción congruente con los registros de los 12 años anteriores, lo que debió llevar los nuevos a unos 882 mil en mayo del 2016. El déficit en relación al actual sería entonces de 531mil.

Un renglón fantasma. El balance del padrón se complica todavía más porque en los informes de este año la JCE ha incluido un nuevo renglón, “ciudadanos con biométricos validados”, que suman 207 mil 977, y que no ha sido posible esclarecer. Dos miembros titulares de la JCE no han podido explicarlo y su dirección de comunicaciones de la JCE no ha respondido llamadas.

Se dijo que podrían ser parte del déficit de los nuevos electores, o de los que quisieron renovarla, y les tomaron las huellas y fotografía, pero no han vuelto a retirar las cédulas, en lugares donde no se entregaban de inmediato. Pero están contados en el padrón y la JCE había dicho que quedarían excluidos del mismo quienes no renovaran la cédula antes del cierre del plazo que venció el 16 de enero. Si así era con los que ya tenían cédula, con más razón deberían excluir a los nuevos solicitantes, o dejar a los otros también.

Por demás, se supone que a todo el que se otorgó una cédula, nueva o renovada, se le validaron previamente sus datos biométricos, razón por la que el renglón debería explicarse por sí mismo, sobre todo cuando esos más de 207 mil representan el 60 por ciento de los 351mil que figuran como “nuevos inscritos mayores de edad”. Y no es razonable que 6 de cada 10 jóvenes que solicitaron la cédula por primera vez se hayan desentendido de buscarla.

Se buscan explicaciones. Se ignora si alguno de los partidos ha registrado las abruptas reducciones del crecimiento del padrón electoral en general, y de los nuevos electores en particular, y si han pedido explicaciones a la JCE. El coordinador de Participación Ciudadana dijo que sí lo hicieron, pero hasta el viernes no habían recibido respuesta.

No hay razón demográfica que explique una reducción tan brusca de los nuevos electores. La tasa de crecimiento poblacional dominicana ha disminuido casi a la mitad en las últimas décadas, pero progresivamente, y como quiera aumentaba el padrón entre 13 y 17 por ciento en cada cuatrienio.

Es posible que una parte del déficit sea debido a un subregistro de los fallecimientos, que deberían ser más de los 26 mil 677 que excluyó la JCE del padrón desde el 2012. Los difuntos no podían renovar su cédula.

Otro factor que pudiera haber reducido las renovaciones de la cédula sería la emigración, pero esta no parece haber sido mayor que en los cuatrienios anteriores. Y por cierto que los empadronados fuera del país pasaron de 328 mil 649 a 384 mil 522, es decir con incremento de 55 mil 873, justo el 17 por ciento.

Excluidos y auto-excluidos.
Una parte del déficit del padrón pudiera constituirlo la población de origen haitiano a la que se ha privado de documentación, que no pudieron renovar la vieja cédula ni obtenerla al llegar a la edad reglamentaria en los últimos dos cuatrienio. La exclusión por parte de la JCE comenzó en el 2007.

Esa sería una razón para que el organismo no tenga interés en transparentar todo lo concerniente al padrón electoral, para reducir el escándalo internacional. Hace ya varios meses que se atribuye a un interés electoral la dilación en restituir la documentación a los 55 mil que la propia JCE identificó como beneficiarios de la ley 169-14 que enmienda parcialmente la sentencia que privó de la nacionalidad a decenas de miles de dominico-haitianos. Tanto el embajador norteamericano como el sistema de las Naciones Unidas habrían expresado preocupación al respecto, ante el presidente de la República y al de la JCE.

Parte del déficit sería la recurrente autoexclusión de una parte de la población dominicana indigente, alejada de las actividades ciudadanas y sin interés por obtener o renovar cédula de identidad, pero no puede ser mayor que en los cuatrienios anteriores.

Pero por encima de todo, lo que más urge aclaración de la JCE es la tremenda incongruencia entre su informe de abril del 2015 que cuantificaba los “nuevos electores” en 662 mil 313 y el último de este febrero que dice que los “nuevos inscritos mayores de edad” son 351 mil 044. Mucho ha avanzado el organismo rector de los comicios en la organización del registro electoral para que ahora deje sombras que pudieran generar conflictos y dudas.-