Por Juan Bolívar Díaz

Las elecciones congresuales y municipales de mayo próximo marcarán un aumento sin precedente del número de funcionarios a ser electos en gran proporción por arrastre, muchos de los cuales ni siquiera aparecerán en las boletas electorales ni a la vista de los electores.

Desde el punto de vista organizativo e institucional la elección está bien encaminada sin que se prevean conflictos significativos, aunque resalta que una vez más no se ha asignado el presupuesto necesario para la Junta Central Electoral, haciéndola depender de la “buena voluntad” del Presidente de la nación.

Incremento del 66%.   En los próximos comicios el número de cargos a ser electos tendrá un incremento extraordinario del 65.6 por ciento en relación a los anteriores del 2006, en su mayoría gracias a la Ley 176-07 y su modificación, mediante la 341-09, al pasar de 2 mil 434 a 4 mil 31, para un aumento de mil 597 cargos.

El mayor incremento lo representan  229 directores y 229 subdirectores de igual número de distritos municipales y los 715 vocales de los mismos que serán electos por primera vez en virtud de la nueva ley sobre municipalidades. Hasta ahora eran designados por los Concejos municipales. También habrá 44 regidores más  por la modificación al vapor de esa ley en noviembre pasado, que además creó los subdirectores de distritos municipales y elevó a 5 los vocales en los mayores de 15 mil habitantes.

Los electivos aumentan también por la elección de 20 diputados e igual número de suplentes para el Parlamento Centroamericano (Parlacén), instituida en la nueva Constitución. Se elevaría aún más si hubiese tiempo para elegir los cinco diputados por acumulación de votos a nivel nacional, pendiente de reglamentación,  y los 7 representantes de los residentes en el exterior, que una disposición transitoria de la carta magna relega al 2012.

Clara repartición.   El incremento de los cargos electivos en los últimos años ha sido fruto del mini fraccionamiento del territorio nacional determinado por el clientelismo y la repartición del patrimonio público en que ha degenerado el sistema partidista dominicano. En el período 1998-02, los municipios eran 103 y ahora son 155, para un 50 por ciento más.

Los distritos municipales se multiplicaron hasta alcanzar ahora 229, muchos de ellos con dos o tres mil habitantes. El juez electoral César Francisco Féliz testimonia que 14 distritos municipales tienen apenas dos colegios o mesas electorales, y que a  Barrioquieto, en la provincia Duarte, hubo que asignárselos ahora porque cuando fue creado era una población tan ínfima que no tenía siquiera uno.

La elección de tantos funcionarios municipales y de distritos es reivindicada por algunos como expresión del gobierno local, pero deviene en eufemismo por la escasez de recursos con que cuentan para atender los reclamos comunitarios, pese a una década de la ley que instituye el 10 por ciento de los ingresos nacionales en favor de los municipios. Lo más que se ha llegado es al 7 por ciento.

Hasta ahora, como dependencia de las salas municipales, los distritos apenas reciben recursos para pagar nóminas y nominillas a favor de la clientela política, con asignaciones que a veces se reducen a 500  pesos. Todavía el 80 por ciento de casi 100 mil empleados municipales del país ganan menos de 4 mil pesos mensuales.

La cuota femenina

Para cumplir el artículo 68 de la Ley Electoral y el 34 de la del DN y los municipios, la semana pasada la JCE ratificó su Resolución 4-2010, del 8 de enero, tras una solicitud conjunta de modificación hecha por los dos partidos mayoritarios diez días después.

Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) querían que se les permitiera cumplir la cuota legal del 33 por ciento de las candidaturas para las mujeres en la composición total de sus nominaciones. De esa manera podrían concentrar las candidaturas femeninas en los cargos de menor relevancia, o en  circunscripciones donde tienen menos posibilidades de triunfo, o en la cola de las boletas, como hicieron en el pasado, y ahora con más cargos menores disponibles.

 El argumento era que “con frecuencia los partidos  en sus elecciones internas no alcanzan a poder configurar las candidaturas por cada demarcación, en el orden alterno que se indica, con candidatas de suficiente representación, y en algunos casos ni siquiera se logra la elección de alguna candidata”.

 La resolución establece que la cuota del 33 por ciento de mujeres  hay que cumplirla en cada circunscripción electoral, y alternada con hombres, lo que implica un mínimo de 61 candidatas a diputadas. Lo mismo para las candidaturas a regidores y sus suplentes, y a vocales de los distritos municipales.

 Cuando la candidatura a síndico recaiga en un hombre, la de vicesíndico tendrá que ser asignada a una mujer, según la ley y la resolución, la cual advierte que la propuesta que viole cualquiera de esos mandatos legales será rechazada por la JCE.

Sólo falta dinero.   Los informes de la Cámara Administrativa de la JCE permiten concluir que lo único que falta en el proceso organizativo para los comicios de mayo es el financiamiento, ya que el Gobierno le asignó casi el mismo presupuesto que el año pasado, cuando no hubo elección. Eso pese a que lo reclamaron oportunamente. En reciente almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, precisaron que requieren al menos 600 ó 700 millones de pesos adicionales, y que cuentan con la promesa del presidente Leonel Fernández de que los proporcionará.

De esa forma el actual mandatario prosigue una práctica del presidente Balaguer que reeditó en el 2008, para mantener a los jueces electorales suplicándole financiamiento. Poco antes de los comicios de 1990, el presidente de la JCE,  Froylán Tavárez, llegó a anunciar que hipotecaría su vivienda para poder realizar la votación.

Lo que sí se aumentó en el presupuesto de la JCE para el 2010 es la asignación de los partidos políticos, que este año duplicará la del 2009, precisamente por haber elecciones. Recibirán 1,085 millones de pesos, de los cuales el 80 por ciento será para los dos mayoritarios, en igual proporción de 435 millones.

Ya no hay incertidumbres con el padrón electoral, entregado a los partidos la semana pasada, ni con la organización de la votación, escrutinio y cómputo y los informes revelan un adelanto en todas las tareas, incluyendo el entrenamiento del personal que operará los colegios de votación, debilidad tradicional en los comicios congresuales y municipales, sobre todo tras la institución del voto preferencial por los diputados.

Predomina el arrastre

Otro incremento que habrá este año es en la elección por arrastre, de acuerdo con el proyecto de boleta ya consensuado por la Junta Central Electoral (JCE) y los partidos, que quedará aprobada definitivamente en esta semana.

 Los candidatos a diputados y suplentes al Parlacén serán inscritos en la JCE en una lista cerrada que ni siquiera será puesta a la vista de los electores y serán determinados en orden de registro atendiendo a la proporción de votos que saque cada partido en el nivel congresual de la boleta.

 Los directores y subdirectores así como los vocales de los distritos municipales serán arrastrados con el voto por el alcalde municipal, lo mismo que los regidores, pero tampoco aparecerán en la boleta, aunque al menos figurarán en un cartelón a la vista de los electores en  cada colegio de votación.

La boleta mantendrá la tradición del arrastre tanto en el nivel congresual como en el municipal. El voto por el alcalde arrastra a los regidores y no hay tampoco posibilidad de escoger un senador de  un partido y diputados de otro. Aunque se mantendrá el voto preferencial por los diputados, contra el cual vienen conspirando los partidos.

 Este año la JCE  ha resuelto aplicar en la provincia Santo Domingo la disposición de la Ley Electoral que condiciona las postulaciones a cargos municipales a haber residido por lo menos un año en el municipio y haber nacido o llevar al menos cinco años residiendo en la jurisdicción por la que se postula a senador y diputado. Por haber sido de reciente creación, en el 2002 una resolución liberalizó la norma en la provincia Santo Domingo, lo que se repitió “por inercia” en el 2006.