2016: crecimiento económico con precariedad institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La reelección presidencial, que esta vez se extendió a la mayoría del Congreso y los municipios, volvió este año a poner en jaque la institucionalidad democrática, con un resultado que afianza la extrema concentración del poder en un solo partido, subordinando la justicia y afianzando el reinado de la impunidad y el reparto del Estado.

            Sin embargo, el país tuvo otro año de estabilidad y crecimiento económico, el mayor del continente, aunque mal distribuido como diagnostican los organismos internacionales, y dependiente de un galopante endeudamiento que trilla la ruta de la insostenibilidad por la persistencia de casi una década de déficits fiscales.

El más alto crecimiento

            Lo proclamó esta semana la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la República Dominicana tendrá este año el más alto crecimiento de América Latina y el Caribe, (mayor también que el de Estados Unidos y Canadá), estimándolo en 6.4% del producto interno bruto (PBI), con el beneficio adicional de que tanto la inflación como la devaluación de la tasa cambiaria terminarán por debajo del 3%. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también han reconocido el crecimiento dominicano.

            El crecimiento se fundamenta en factores externos como alza del precio de los minerales y reducción del de los hidrocarburos, incremento del turismo y las remesas, con aumento de la construcción,  agropecuaria y las actividades financieras. El crédito para el país es mayor por cuanto toda la región latinoamericana y caribeña registra una contracción económica del 1.1%, finalizando una década de crecimiento, incluso cuando se benefició de la crisis internacional desde el 2008.

            El crecimiento económico sigue siendo reivindicado por el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha tenido éxito en reorientar un mayor gasto a la educación, acatando el mandato legal del 4 por ciento del PIB para ese sector, con mayor incidencia sobre la pequeña y mediana empresa. La baja inflación y limitada devaluación, junto a la acentuada cooptación del liderazgo sindical, social y comunitario y subsidios clientelistas a través de más de un millón 200 mil tarjetas, han logrado reducir las protestas sociales.

Críticas a ese crecimiento

            Esta semana el Banco Mundial ponderó el crecimiento económico dominicano de los últimos 25 años, como antes lo ha hecho el PNUD en más de cincuenta, con la excepción del 2004 por la crisis bancaria, pero mantuvo el cuestionamiento por no traducirse  en una real reducción de la pobreza y mayor desarrollo humano, con informalidad del 56 por ciento y los salarios en bajo poder adquisitivo, a niveles de 1991, según las cuentas del Banco Central.

            En un informe entregado esta semana, el Banco Mundial cuestiona la calidad del gasto público con limitada generación de empleos, ponderando que mientras en países de menor crecimiento del PIB, logran mayores reducción de la pobreza, con hasta 41% de la población en movilidad ascendente,  aquí es sólo el 7%, pero con un 8% descendiente y el resto estático. Que seis reformas fiscales entre 2004 y 2012, no arrojan incremento real del ingreso, con reducción al impuesto directo, entre ellos al ingreso personal y corporativo.

            La otra crítica al crecimiento nacional es que se basa excesivamente en un  financiamiento muy elevado que se aproxima al 50 por ciento del PIB, y que elevó en más del 100% la deuda estatal consolidada en los 9 años que transcurrieron entre 2008 y  2016, los cuales marcan un déficit fiscal ascendente. Los analistas económicos estiman que el déficit de este año superará los 100 mil millones de pesos, y que el financiamiento pasará de 3,800 millones de dólares sólo en el período gubernamental iniciado en agosto.

            El gobierno concluye el año realizando malabares para enderezar lo más posible las finanzas, con tardíos proyectos de ajustes fiscales en el Congreso y con una situación agravada por los daños a las infraestructuras, la producción agrícola y a las viviendas arrojados por las inundaciones de noviembre.

La reelección lo arrasa todo

            Como indicó esta semana el movimiento Participación Ciudadana, en su balance del 2016, como ha sido constante histórica nacional, la reelección presidencial barrió con la institucionalidad democrática, manipulando los organismos estatales y el presupuesto del Estado,  abusando de los recursos públicos, con un gasto aplastante de propaganda.

            Tal como consigna el movimiento cívico, el año “fue marcado por una campaña electoral y unas elecciones generales caracterizadas por la absoluta desigualdad entre los partidos y candidaturas concurrentes, por la prevalencia del desorden normativo que reduce la democracia y esta vez con un claro retroceso en el arbitraje y la gestión organizativa que, con una imposición de nueva tecnología sin suficientes pruebas previas, derivó en un inmenso tollo en el procesamiento de los resultados de la votación, tomando dos semanas el cómputo del voto presidencial y casi un mes de los niveles congresual y municipal”.

            Esta vez la reelección abarcó también a más del 80 por ciento de los senadores y de la mitad de diputados y alcaldes con un incontrolado derroche de recursos en su mayoría proveniente de la cosa pública. El abuso del poder generó tanta inconformidad que la  oposición no ha reconocido la reelección de Medina, aunque obtuvo el 62% del sufragio.

            Los arreglos continuistas incluyeron el rechazo al procesamiento judicial dictaminados por tribunales bajo control político frente a los graves y documentados expedientes de corrupción elaborados por el Ministerio Público contra el secretario de organización y el tesorero del partido gubernamental, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Muy escasa concertación

            A lo largo del año fue notoria la incapacidad del liderazgo nacional para concertar el mejoramiento institucional, político, social y fiscal. Se celebraron unas segundas elecciones nacionales sin adaptar la ley electoral al marco constitucional del 2010 y sin ley de partidos, y la negativa fue la respuesta a los reclamos de concertar una elección diáfana y sin reparto político de la Junta Central Electoral, Tribunal Electoral y Cámara de Cuentas, no sólo de la oposición política, sino también de una amplia conjunción de fuerzas sociales.

            Pasó un segundo año consecutivo de intentos de acordar los términos del Pacto Eléctrico que demanda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, por la escasa transparencia de la gestión gubernamental del sector, lo que incluyó la construcción de las polémicas plantas de carbón de Punta Catalina. Del otro mandato de pacto, el Fiscal, el gobierno no quiere ni hablar para no enfrentar las demandas de mejoramiento del gasto, reducción de la malversación, del rentismo y del clientelismo políticos.

            El gobierno hizo algunos cambios, bien acogidos, en varios órganos, como los ministerios de Educación y Medio Ambiente, y en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pero sin que se haya sancionado la corrupción mafiosa detectada allí al final del 2015 por el suicidio de un arquitecto contratista extorsionado. Mientras se documentan repartos políticos como los 36 subdirectores en un organismo inoperante como Inespre y 38 en Bienes Nacionales.

Etapa final muy negativa

            Cuando se revisan los acontecimientos de las últimas semanas, se advierte un panorama de deterioro institucional, marcado por las dificultades del imperio de la ley, como todo el regateo para que miles de funcionarios cumplan la declaración del Patrimonio, o en la aprobación de un código penal que al sancionar toda interrupción del embarazo, aún si peligra la vida de la madre o si ha sido impuesto a la fuerza, retrotrae el país a la edad media, como advirtió el viernes el representante de las Naciones Unidas Lorenzo Jiménez.

            Ahí están los informes de Educa sobre el abuso clientelista del presupuesto de educación, el informe de PISA que deja el país en el último escalón de 72 naciones evaluadas y el del Banco Mundial sobre el crecimiento sin inclusión social. Mientras INDOTEL  anuncia que cerrará 50 radioemisoras que operaban sin licencia y la Comisión de Derechos Humanos estima en 200 los muertos este año a manos de agentes policiales.

            El escándalo de los aviones Tucano se complica por la confesión de la empresa contratista de que sobornó a funcionarios dominicanos, en tanto cuatro nacionales fueron identificados como parte del escándalo de corrupción política “Lava Jato”, de Brasil, donde quedaron suspendidos los financiamientos a una 7 grandes obras en el país adjudicadas a empresas brasileñas. Se pelea por el control político de la Liga Municipal con 800 millones de pesos de presupuesto anual y más de 400 empleos, y el presidencialismo llega al extremo que el presidente Medina preside la graduación de 15 cadetes.-

RD:CRECIMIENTO ECONÓMICO excluyente durante 60 años

Por Juan Bolívar Díaz
10_01_2016 HOY_DOMINGO_100116_ El País13 A

Con un crecimiento económico del 7 por ciento en el 2015, certificado esta semana por el gobernador del Banco Central (BC), el país lideró el continente y alcanzó a India y China, pero fundado en un insostenible endeudamiento estatal, que acaparó gran proporción del ahorro nacional, en detrimento de los sectores productivos.

Son ya 60 años de crecimiento económico del país, concentrado y excluyente, con niveles salariales de absoluta pobreza, como reconoció el gobernador Héctor Valdez Albizu, y basado en la construcción estatal de alta rentabilidad política en una sociedad de bajos niveles educativos y de conciencia sobre derechos.

Calidad del crecimiento. Escrito antes del informe del BC, la página de los jueves del financista Alejandro Fernández, Argentarium, de esta semana, desmonta la calidad del crecimiento económico dominicano, al analizar cómo se distribuyó el ahorro nacional durante el 2015. Para preguntar “¿qué economía es la que tenemos, donde el crédito a los tres sectores productivos fundamentales de la economía solo recibe RD$4.3 mil millones del ahorro nacional en todo un año?”.

Fernández contrasta que para consumos, vehículos y viviendas el financiamiento nacional fuera 12 veces mayor, RD$50.9 mil millones, y para financiar las operaciones del Gobierno y del mismo BC se destinaron nada menos que RD$83.2 mil millones, para concluir en que el sector productivo apenas alcanzó el 5 por ciento del ahorro nacional, con el sector agropecuario cayendo en casi tres mil millones de pesos, profundizándose el desequilibrio en relación a los años anteriores. Que en el 2015 el financiamiento al Gobierno aumentó 90 por ciento, mientras el privado solo 12 por ciento, cuando agricultores e industriales fueron afectados por sequía y restricciones comerciales.

En otras palabras, que el crecimiento no está fundamentado en la producción nacional, sino en una inversión pública financiada por endeudamiento, mismo que llevó ya la deuda del sector público no financiero a casi 24 mil millones de dólares, sin contabilizar la oculta, y a unos 35 mil millones de dólares la consolidada del Estado, incluyendo la del BC, que ronda los 10 mil millones de dólares. Ya Participación Ciudadana ha documentado que en el 2015 montó los 3,700 millones de dólares, y que para este año podría llegar a cinco mil millones.

Gran iniquidad salarial. Por segunda vez en menos de seis meses, el gobernador Valdez Albizu ha llamado la atención sobre la inequidad e iniquidad de los salarios en un país que registra tan alto crecimiento económico, lo que reactualiza la pregunta de para quién. Y esta vez fue más dramático al plantear que “la única forma de derramar el crecimiento es mejorando los salarios. Lo he planteado en más de 20 ocasiones, y me han mandado a callar la boca, de todos los lados”.

Las cuentas del BC revelan que los salarios mínimos nacionales no alcanzan, -ni siquiera en las grandes empresas- para cubrir el costo de la canasta básica del quintil más bajo de la sociedad, es decir del más pobre, que se calcula en 13 mil 22 pesos. El mayor salario mínimo es de 12,873, pero el de las medianas empresas es de 8,850 y en las pequeñas 7,843. En el Gobierno el mínimo apenas llega a 5,117, para un promedio nacional del salario mínimo de 7,500 pesos. Representa solo el 58 por ciento del costo de la canasta básica inferior y el 27 por ciento del costo promedio de la canasta familiar nacional promedio.

Es relevante que dos de los sectores productivos mayores en ingresos de divisas y empleos, como el turístico y zonas francas, mantengan salarios mínimos de RD$8,040 y 7,220 pesos, lo que condena a largas jornadas laborales o doble empleo para que gran proporción de sus empleados puedan cubrir el costo de la canasta de los más pobres.

Pero no se crea que la inequidad afecta solo a los salarios mínimos, es que el 85 por ciento de los asalariados formales dominicanos no alcanzan a cubrir los 28,221 pesos del costo promedio de la canasta familiar, y más del 60 por ciento no se topan con lo necesario para pagar la canasta familiar del segundo quintil más bajo, calculada por el BC en 18 mil 128 pesos.
60 años de concentración

Fue en el 2005 que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo documentó que la República Dominicana era uno de los países de más alto y sostenido crecimiento económico del mundo durante el último medio siglo, pero al mismo tiempo el que “más ha desaprovechado el crecimiento para traducirlo en desarrollo humano”. Pues ha pasado otra década y van 60 años sin que las políticas públicas y la inversión empresarial hayan generado mayor equidad.

El crecimiento del PIB en RD durante la última década promedia entre sobre 5 por ciento, más 6 entre 2005 y 2007, para caer al 3 y 1 en 2008-09, repuntando al 8.3 en el 2010. Se redujo de nuevo a 2.8 y 2,6 en 2011-12 y repunta al 4.8, 7.3 y 7 por ciento en los últimos tres años. En el período las grandes economías del mundo han volado bajo. En el 2015 Estados unidos crece 2 por ciento y Alemania poco más del uno por ciento. Japón lucha por salir de la recesión lo mismo que el conjunto de la Unión Europea.

Responsabilidad política. Lo que agrava la iniquidad en el país es la miseria de las políticas sociales, que derraman boronas en subsidios que apenas alcanzan para estabilizar la pobreza, concentrando la inversión en edificaciones y vías públicas que benefician básicamente a los sectores altos y medios y son caldos de cultivo de la corrupción para el enriquecimiento rápido. Las deficiencias de la inversión en los servicios de salud, educación, energía, transporte, vivienda, agua potable, seguridad y salarios públicos son factores fundamentales de mantenimiento de la inequidad social.

Las carencias educativas de las mayorías, que incluyen la ignorancia sobre lo que son los derechos humanos y el desarrollo, han permitido que los gobernantes mantengan políticas de inversión faraónica, exhibibles a corto plazo, como forma de mantener el poder y adquirir aureola de grandes constructores. Por ello la nación sigue ocupando los más bajos escalones en las evaluaciones de la competitividad internacional de transparencia y pulcritud administrativa, así como en los índices de desarrollo humano.

Alcanza a India y China

El 7 por ciento del crecimiento económico del 2015 es el mayor del continente y de los más altos del mundo, al nivel de India y China, las economías de mayor auge en la última década, aunque en progresiva reducción, que el año pasado apenas alcanzaron esa cifra. Solo países de poco peso mundial sobrepasaron el 8 por ciento, como Papúa Nueva Guinea (líder con 19), Turkmenistán, Etiopía y Myanmar sobre el 8 por ciento.

Fue positivo que tal crecimiento dominicano se alcanzó con inflación menor del 3 por ciento y relativa estabilidad cambiaria, con elevación de las reservas líquidas de divisas reducción del déficit de cuenta corriente, gracias a una disminución de 1,300 millones de dólares fruto de la caída de los precios del petróleo.

Lo negativo es que ese nivel de crecimiento no fue determinado por los sectores productivos y generadoras de más empleo, como el manufacturero y el agropecuario, con 5 por ciento o menos, con caída del 13 por ciento en las exportaciones, sino básicamente por la inversión pública derivada de un financiamiento de unos 3 mil 700 millones de dólares que impulsaron la construcción en 18 por ciento, el comercio y la intermediación financiera en 9 y la enseñanza en 8.6 por ciento.

El informe presentado por Valdez Albizu no incluyó el crecimiento del endeudamiento público, ni el del Banco Central, al cual el Gobierno no entregó los intereses que dispone la ley de recapitalización de esa entidad, ni se refirió al déficit fiscal, que nuevamente sobrepasó los 80 mil millones de pesos, sin que se pueda precisar por los atrasos del Gobierno en pagar a los suplidores de energía, de bienes y servicios, a los contratistas de obras y hasta de la alimentación escolar.

La inmigración sacude a Europa

Por Juan Bolívar Díaz
06_09_2015 HOY_DOMINGO_060915_ Opinión9 A

Europa, el viejo continente, la expresión primigenia de la llamada civilización occidental y cristiana, está sacudida y fuertemente dividida por una invasión de refugiados políticos y económicos en proporciones sin precedentes, realmente alarmantes, que constituyen una auténtica calamidad humana.

Oleadas de inmigrantes asiáticos y africanos desafían el mar en frágiles embarcaciones que naufragan una y otra vez, arrojando una carga de cadáveres sobre las playas. Ya 71 aparecieron asfixiados en un camión abandonado en una carretera de Austria. El cuerpo exánime de un niño de tres años, recogido por un guardia costero ha estremecido la conciencia de millones de europeos que no saben qué hacer con tanta calamidad.

Suman 351 mil los migrantes que han alcanzado territorio europeo en los primeros 8 meses del año, 60 por ciento superior al mismo período del 2014, de los cuales decenas de miles hubieron de ser salvados de los naufragios. Aunque dramáticamente otros 2,643 fueron rescatados cuando ya se habían ahogado en el portal europeo.

Dos terceras partes, 234 mil, han entrado por Grecia y casi el resto, 114 mil, por Italia. La mayoría quieren llegar a Alemania, la tierra prometida europea, lo que han logrado unos 300 mil, de los cuales 114 mil han solicitado refugio político, en un fuerte desafío para esa sociedad, donde grupos nacionalistas han protagonizado más de 300 ataques a hogares de acogida y centros de refugio. Aunque muchos más alemanes han mostrado sensibilidad y solidaridad con ayuda hasta excedente para los recién llegados.

El Gobierno alemán reclama, con justicia, que todos los países de la Unión Europea reciban proporciones de los inmigrantes, advirtiendo que peligran los acuerdos de libre tránsito y las esencias de la Unión Europea. La crisis llevó esta semana al cierre del euro túnel que une a Gran Bretaña con el continente, cuando oleadas humanas lo invadieron, buscando ensanchar esa alternativa. Estaciones de trenes y carreteras también han sido objeto de restricciones.

El drama es mayúsculo, como si los europeos estuvieran pagando las invasiones colonialistas, la dominación política, extracción de recursos y explotación esclavista que ejercieron por siglos sobre los países tercermundistas. O la creación de naciones artificiales, en alianzas con grupos dominantes que han monopolizado las riquezas locales.

Una gran parte de los que ahora asaltan la frontera del bienestar europeo son víctimas directas de las guerras y desestabilización que han sacudido en las últimas décadas a Irak, Afganistán, Siria, Líbano, Libia, Túnez, Medio Oriente, con armamentos, financiamiento, animación y participación directa europea y norteamericana. La tercera parte son mujeres, niños y niñas verdaderas víctimas de la violencia, incluida las últimas bárbaras expresiones del Ejército Islámico.

Media también un enorme tráfico con la pobreza de muchos otros países africanos, cuyos habitantes hacen lo que siempre ha hecho la humanidad, moverse en dirección al bienestar. Pero Europa naufraga con esa proporción de inmigrantes, nueva expresión de que un mundo tan desigual, violento y excluyente no ofrece garantía para nadie.

Estadistas y humanistas expresan preocupaciones, porque “la humanidad se estrella en las costas europeas”. El Papa advierte contra la tentación de “la globalización de la indiferencia”. No hay espacios para la xenofobia ni se concibe la expulsión de tan grandes contingentes humanos. Queda la necesidad de soluciones de fondo, compartidas, solidaridad humana, nuevas políticas que promuevan la paz y la inclusión y mayor inversión económica en el mundo de la pobreza.

 

El Consejo Binacional Quisqueya

Por Juan Bolívar Díaz

23_08_2015 HOY_DOMINGO_230815_ Opinión9 A

En medio del océano de incomprensiones, descalificaciones y exclusiones que en los últimos dos años han caracterizado las relaciones domínico-haitianas, lo más reconfortante y positivo ha sido el lanzamiento del Consejo Económico Binacional Quisqueya, un ambicioso proyecto de inversiones que tiene como meta la creación de decenas de miles de empleos en la línea fronteriza.

Es satisfactorio escuchar el entusiasmo con que grandes inversionistas dominicanos, asociados con colegas haitianos, han emprendido este proyecto, convencidos de la urgente necesidad de reordenar las relaciones bilaterales y de que no hay mejor forma que invirtiendo para producir bienes y generar empleos.

Desde el comienzo se trata de una alianza entre grandes empresarios de las dos naciones, abierta a la participación de todo el que quiera generar riqueza. No se trata de una obra de beneficencia, sino de importantes inversiones para generar beneficios económicos, sociales y políticos. Legítimas ganancias para los inversionistas, pero generando desarrollo social llamado a estabilizar instituciones.

En cuatro áreas de las comunidades fronterizas de ambos lados se proyectan inversiones para industrias, turismo, generación eléctrica y producción agropecuaria y artesanal y para infraestructuras portuarias. Se proyectan inversiones por etapas de miles de millones de dólares, aprovechando, en parte, incentivos que ha acordado Estados Unidos para ayudar al desarrollo de Haití y que ya ha favorecido instalaciones industriales de zona franca en Juana Méndez, promovidas por el Grupo M que preside Fernando Capellán.

La positividad y el éxito económico social de Juana Méndez está a la vista de todo el que quiere ver, con la transformación de esa comunidad haitiana por efecto de la creación de unos 7 mil empleos, y el consiguiente incremento del comercio y la cooperación bilateral. También ha sido muy positivo el proyecto agrícola promovido por Manuel Castillo en la zona fronteriza de Elías Piña, donde miles de hectáreas han sido reforestadas con la siembra de aguacates para exportación, generando un millar de empleos.

La creación de empleos y de oportunidades de vida es fundamental para estabilizar la frontera, donde la miseria de enseñorea en poblados fantasmas sin electricidad ni agua potable y escuelas apenas elementales, de donde huye aceleradamente cualquier joven que tenga mínimas expectativas de progreso.

Todavía hace poco más de un año nos quejábamos de que los empresarios dominicanos no tuvieran relaciones de cooperación y entendimiento con sus colegas haitianos. Una iniciativa universitaria de Miami los reunió y en poco tiempo se ha comprobado su alta positividad.

No habría que recordar lo que todos sabemos de sobra; la pobreza material e institucional de Haití es mucho mayor que la nuestra. El comercio bilateral que envuelve formalmente poco más de mil millones de dólares anuales y otros 500 millones en la informalidad, beneficia a los dominicanos en proporción de 10 a uno. Miles de dominicanos viven de la producción que se exporta hacia Haití en un mercado que deben desarrollar y conservar. Las inversiones dominicanas han penetrado profundamente hasta ciudades de la vecina nación. Empresas constructoras hacen también buenos negocios allí.

El Consejo Binacional Quisqueya cuenta con la cooperación de los dos gobiernos y está llamado a abrir puertas al entendimiento. Como estaremos en la isla para siempre, lo mejor que puede ocurrirles es la cooperación y la solidaridad. Hay que felicitar a los promotores del proyecto, en la esperanza de que no se dejen chantajear por radicalismos, ni se atemoricen por la confusión o el odio que tanto abundan por estos predios de Dios.

 

Más déficits que logros en 15 años de gobiernos del PLD

Por Juan Bolívar Díaz

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El principal mérito de los 15 años de gobierno, 11 de ellos consecutivos, que acumula el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido el crecimiento económico y el mejoramiento de la edificación gubernamental y vial a costa de déficits fiscales y de un desproporcionado endeudamiento que ha triplicado la deuda pública.

El balance es negativo en relación a la pobreza, los deficitarios servicios públicos básicos, como educación, salud, electricidad, agua potable, seguridad, vivienda y transporte, así como por alta corrupción e impunidad, con acaparamiento del poder debilitando la institucionalidad democrática y las instituciones políticas y sociales.

Las luces más notables. Quince de los últimos 19 años de gobierno es un período suficiente para pasar balance a la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, los primeros 12 con la presidencia de Leonel Fernández, y los tres que cumple hoy Danilo Medina, resaltando como su gran mérito el haber mantenido altas tasas de crecimiento económico, con promedio alrededor del 7 por ciento, lo que ha permitido mejorar significativamente la infraestructura del país.

El conjunto de edificios gubernamentales, carreteras y elevados, hospitales y escuelas constituye lo que para una gran proporción de la población es “la modernidad”, concentrada en los grandes centros urbanos y zonas turísticas, lo que deja a Santo Domingo en ventaja material con relación a las capitales regionales.

La inversión infraestructural se concentra excesivamente en transporte por más de 100 mil millones de pesos destinados a un improvisado metro que con dos líneas apenas sirve al 6 por ciento de los que usan transporte público en la gran urbe capitalina. Las remodelaciones y ampliaciones de edificios gubernamentales inscriben a Leonel Fernández en la línea de los grandes constructores, desde Ovando hasta Trujillo y Balaguer.

En sus primeros 8 años. el gobierno de Fernández favoreció importantes reformas jurídicas, administrativas e institucionales que luego, sobre todo a partir de la nueva Constitución del 2010, trocó por un armazón de concentración del poder sin precedente en la incipiente democracia nacional, dejando de ejecutar un amplio conjunto de sus propias leyes y negándose a dar paso a otras que como las del sistema electoral, están llamadas a afianzar la institucionalidad democrática, la administración estatal y la transparencia.

Los más graves déficits. Sin incidir significativamente en la productividad, la competitividad, la reducción de la pobreza o la equidad salarial, el crecimiento económico peledeísta se ha fundado en un alto endeudamiento que casi cuadruplica la deuda estatal, llevándola a cerca de 35 mil millones de dólares, incluyendo 23 mil 493 millones no financiera, 8 mil millones del sector financiero estatal, más la oculta o no registrada, que sólo a los generadores eléctricos alcanza casi mil millones de dólares, (la deuda per cápita anda por los 3 mil 500 dólares, no millones, como se nos coló la semana pasada). Su servicio ya representa casi la mitad de los ingresos del gobierno. En los últimos 3 años sólo la pública no financiera registrada pasó de 18.7 a 23.5, incremento del 26 por ciento, 1,595 millones de dólares por año, 133 millones por mes. Organismos internacionales y economistas nacionales advierten que bordea la insostenibilidad. Mientras el país lidera la región en desigualdad y con tasa de pobreza sobre el 40 por ciento, muy superior al 28 por ciento promedio latinoamericano.

A pesar de cinco reformas tributarias, el derroche del gasto, la corrupción, sobrevaluaciones, malversaciones, casi duplicación de la nómina estatal y una amplia red clientelar, arrojan déficits fiscales por 640 mil millones de pesos en los últimos 7 años.

En el 2014 el gasto corriente, 85 por ciento del total, superó los ingresos fiscales en dos mil millones de pesos, resalta el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram.

Un conjunto de leyes han sido dejadas de lado, comenzando por la de Estrategia Nacional de Desarrollo y el fracaso ha sido absoluto en concretar los pactos fiscales y eléctrico, en controlar la delincuencia que incluso arropa a los aparatos de seguridad del Estado. El acusado enriquecimiento de la cúpula peledeísta, con absoluta impunidad, y el reparto del Estado en todos sus niveles, en beneficio de los propios, aliados y asociados, así como la cooptación de entidades y dirigentes sociales han contribuido al fortalecimiento del presidencialismo, subordinando los demás poderes del Estado.

La mejoría de Medina. Es de general convicción que la gestión del presidente Danilo Medina ha registrado mejorías en la gestión pública, con reducción de la corrupción, y sobre todo en el acato a la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, concentrando el esfuerzo en saldar la escasez de aulas, que podría ser el único de los grandes déficits superados por los gobiernos del PLD. Se le acredita también la tanda educativa extendida con alimentación escolar y la construcción de estancias infantiles, y mejora del salario magisterial, aunque se le critica la pobre inversión en renglones básicos para mejorar la calidad educativa, como apenas 2 por ciento del presupuesto sectorial en formación de maestros.

Con una pequeña inversión de 6 mil millones de pesos en tres años para pequeños productores, el presidente Medina ha ganado gran crédito por sus “visitas sorpresas”, pero también por promover mayor atención a las pequeñas y medianas empresas y situarse en austeridad personal y más cercanía de la gente.

Pero este gobierno ha mantenido y se ha beneficiado del andamiaje clientelar, del reparto de parcelas estatales, de la malversación y el sistemático incremento del empleo púbico, y de la miseria institucional que ignora impunemente sus propias leyes y normas, como la de Salario del Sector Público, la Ley Orgánica de administración Púbica y la de Función Pública, la de declaración jurada de bienes o el Código de Pautas Éticas, sin ningún esfuerzo por el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

En lo que los peledeístas han sentado cátedras es en sus capacidades políticas y propagandísticas con alta inversión publicitaria y control de miles de comunicadores, para mantener altas tasas de aprobación y prolongarse en el poder, aún relegando al líder que los encumbró, promoviendo con los poderes y recursos estatales el desguañangue del partidismo político, y hasta para comprar una reforma constitucional y mantener alta aprobación.

 

 

 

Más éxitos políticos que económicos para Danilo

Por Juan Bolívar Díaz
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El presidente Danilo Medina ha logrado más éxitos políticos que económicos al agotar su primer cuarto de gestión gubernamental con un sello personal que le ha generado amplia aprobación popular, beneficiándose de la ausencia de oposición externa pero limitado por un escaso margen de maniobra al interior de su partido.

Imponiendo disciplina fiscal y relativa austeridad, con mayor prioridad en el gasto y cercanía a la población, el mandatario logró evadir el costo político de la reforma tributaria impuesta por los déficits heredados, pero no así el de una reducción del crecimiento económico que arroja sombras sobre el futuro inmediato.

    Mayor racionalidad política.  Desde su discurso de juramentación, su decreto de austeridad y un código de ética gubernamental, el licenciado Danilo Medina tuvo el acierto político de diferenciarse de la gestión precedente del líder de su partido Leonel Fernández, proyectando una imagen de mayor racionalidad política.

La prioridad que ha dado a la inversión en educación y salud, atención a las micro, pequeñas y medianas empresas y a los productores agropecuarios, y a las demandas de la población, constituyen factores claves de la aprobación que ha tenido Danilo Medina en este primer año de gobierno, entre el 71 y el 81 por ciento en las dos últimas encuestas Gallup-HOY y en otras mediciones.

El mayor éxito ha sido haber proyectado una imagen personal de austeridad, de modestia y cercanía con la gente que contrastan con la aparatosidad, grandiosidad y boato que signaron la gestión de su antecesor y compañero de partido. El respeto por el tiempo de los demás, el desplazamiento con mínima seguridad y escasas comitivas han determinado que hasta sus viajes al exterior, uno por mes, hayan registrado aprobación.

Aunque es posible que al finalizar 2013 no se haya alcanzado la meta del 4 por ciento del producto bruto interno para educación, por la lentitud en la construcción de escuelas que concentró excesivamente la inversión en el sector, no se percibe engaño ni evasión. La eliminación de las cuotas de recuperación en los  hospitales públicos y un gran esfuerzo por mejorar la calidad de sus servicios, son partes fundamentales de una gestión más comprometida con el bienestar de  las mayorías.

La atención del Gobierno a las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMES), a los productores agropecuarios, con el semanal acercamiento del propio presidente Medina, convencido de que son la base de un desarrollo más equilibrado, han sido factores de crédito a una gestión que trata de cumplir normativas legales.

Otros éxitos notables.  El mayor éxito del gobierno de Medina puede haber sido la disciplina que ha reducido el déficit fiscal de 8.5 del PIB registrado el año pasado en todo el Estado a alrededor del 1 por ciento en la primera mitad del 2013, y aunque ha evadido sancionar la corrupción que hizo metástasis en el cuerpo social dominicano la percepción general ha sido de mucho mayor transparencia y menor corrupción en los ámbitos gubernamentales.

No ha sido posible evaluar los resultados del Decreto de austeridad 499-12, entre otros factores porque no se ha cumplido  su artículo 13 que encarga al Contralor General velar por sus alcances y emitir “informes trimestrales financieros institucionales”. Pese a ello se percibe que ha tenido efectos positivos con la reducción de la malversación y el dispendio escandaloso de los últimos años.

Hay que acreditarle que redujera las iniquidades del contrato para la explotación del oro de Cotuí, cuya materialización está pendiente del sometimiento al Congreso Nacional, sin que todavía se pueda precisar el monto adicional a recibir, ya que el precio del metal ha caído en 290 dólares en relación a los 1,600 dólares la onza de los que se partió para la renegociación. Es el hecho de mayor aprobación.

Menos conocido porque no han querido enrostrárselo a los antecesores, pero igualmente rectificatorio, han sido la renegociación de la concesión vial a Dovicon que economizaría al Estado unos 70  millones de dólares anuales, durante tres décadas, y renegociaciones de otros contratos como los de la carretera Ocoa-Piedra Blanca y la circunvalación de La Romana y el bulevar del Este-Miches que implican ahorro de unos 240 millones de dólares.

El presidente demostró apertura a los reclamos de la sociedad cuando anuló su autorización para negociar con usurpadores de terrenos estatales en Bahía de las Águilas, así como en la suspensión de la explotación de ferroníquel en la loma de Miranda.

 Otros déficits gubernamentales.  En la lista de los déficits del Gobierno de Medina hay que colocar la ausencia de esfuerzos por concretar sus metas fundamentales de los tres pactos sociales previstos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo: el educativo, el fiscal y el eléctrico, aunque en el primero haya avanzado por el costado de la inversión. El segundo sufrió un revés con la imposición de otra reforma tributaria al no poder concertar en el Consejo Económico y Social que reclamaba una drástica reducción del gasto corriente. El tercero no ha sido ni tocado cuando este año el subsidio a la electricidad, programado en unos mil millones de dólares, se acercará a los 1,500 millones, según informó el mes pasado el Ministro de Industria y Comercio.

Amarrado por el clientelismo y la repartición de botellas el Gobierno no ha podido siquiera dar el golpe de reducir el oneroso cuerpo diplomático, con cientos de funcionarios, incluyendo consulares, que cobran en dólares sin trabajar. Limitó a seis los subsecretarios o viceministros, pero casi todos quedaron en sus mismos puestos con otra denominación.

Pero el mayor déficit del Gobierno ha sido no haber procesado a nadie por los múltiples escándalos de corrupción del gobierno anterior, tendiendo un manto de impunidad, con los procuradores fiscales rehuyendo hasta investigar las denuncias que han incluido al propio expresidenrte Fernández.

Lo peor es que los amarres al interior del partido de gobierno han impedido al presidente Medina establecer un equipo gubernamental  más diferenciado del que heredó, lo cual ha dejado insatisfacción y le ha limitado la renovación que es normal en el mundo  en los cambios de gobierno, aún del mismo partido.

Desafíos a la vista.  El Gobierno comienza su segundo año con una situación económica crítica y un grito generalizado por la desaceleración del crecimiento económico y el incremento del desempleo, y agotando sus posibilidades de endeudamiento, mientras se reduce la inversión extranjera.

Se beneficia de la ausencia de oposición política, con el desguañangue del Partido Revolucionario Dominicano y la domesticación del Partido Reformista Social Cristiano, lo cual deja espacio a un mayor protagonismo de las minorías políticas y las fuerzas sociales contestatarias que incrementarían sus movilizaciones y protestas.

A su vez la falta de oposición externa genera mayores tensiones internas en el PLD donde ya proliferan los aspirantes a la candidatura presidencial. El liderazgo del partido se diversifica con el fortalecimiento de las posiciones del presidente Medina, mientras el ex presidente Fernández y sus fieles no cesan en sus preparativos para el retorno, lo que obliga a otros a destapar temprano otras aspiraciones y asoman los pronunciamientos continuistas con una Constitución que prohíbe la reelección seguida.

La reconocida financiera internacional JP Morgan advirtió esta semana que el ex presidente  Fernández “sigue siendo una figura muy poderosa dentro del gobernante Partido de la Liberación Dominicana y muchos expertos locales creen que su ambición de buscar un nuevo mandato presidencial en el 2016, podría socavar la capacidad de Medina paras movilizar el apoyo a su programa de reformas”.

El pobre resultado económico

El bajo crecimiento económico en la primera mitad de este año es el mayor revés de la gestión de Medina, derivado directamente del paquete fiscal que implementó para revertir en gran medida el déficit fiscal que heredó de los últimos 8 meses de su antecesor, que el Fondo Monetario Internacional estimó en 8.5 por ciento del PIB, cerca de 200 mil millones de pesos, incluyendo todos los órganos del Estado. El informe del Banco Central sobre los resultados del primer semestre del 2013 indica un crecimiento de apenas 1.6 por ciento, poco más de la mitad del 3 por ciento que se proyectó para el año. Resalta que ese tímido crecimiento ha sido motorizado básicamente por un incremento del 223 por ciento de la minería y del 9 por ciento de la intermediación financiera, con caídas significativas de los sectores claves: industria, agropecuaria, construcción, comercio y hasta del turismo, éste por primera vez en más de tres décadas de sistemático crecimiento.

Aunque el peso ha tenido una devaluación del 4 por ciento en los 12 meses, las autoridades han podido controlar la inflación, con un déficit presupuestario de 70 mil  300 millones de pesos este año, la estabilidad sigue dependiendo, al igual que en el quinquenio anterior, de un extraordinario endeudamiento que eleva la carga de la deuda pública al  45 por ciento del PIB, según los cálculos del reputado economista Carlos Despradel, quien estima que al final del 2013 la deuda total del Estado, externa e interna, financiera y no financiera, habrá pasado en un año de 25 mil a 30 mil millones de dólares.

Con una inversión de apenas 15 por ciento de su gasto total, y un nuevo incremento del gasto corriente, alrededor del cinco por ciento, y vistos los altísimos déficits en el comercio exterior y la cuenta corriente, la gestión económica del Estado sigue muy lejos de despertar optimismo, y lo que se advierte es su progresiva insostenibilidad.

 

Los desafíos del 2012

Por Juan Bolívar Díaz
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El año que comienza comporta grandes desafíos para la sociedad dominicana, el primero de los cuales será mejorar la calidad de la democracia con un proceso electoral que culmine en una elección presidencial que deje al país en condiciones de emprender la pregonada estrategia nacional de desarrollo integral y sostenible.

Las fuerzas sociales organizadas deberían comenzar por abandonar el pesimismo y acopiar todas sus energías para presionar al sistema partidista por las reformas políticas pendientes así como para evitar que la campaña electoral conlleve el temido desguañangue de la economía nacional.

Fuertes incertidumbres.  El 2012 ha arrancado con fuertes incertidumbres para la sociedad dominicana, tanto en el orden económico, como en lo político y social, con el agravante de que se respira un pesimismo que inmoviliza y resigna a muchos que se sienten apabullados por un sistema político que cada vez impone más sus propias reglas en detrimento de la institucionalidad democrática.

En los balances de fin de año tanto de economistas como analistas políticos y sociales, lo que predominó fue un acendrado pesimismo sobre las perspectivas económicas de la nación en un escenario internacional cada vez más desfavorable, y el convencimiento general de que es muy difícil impedir el abuso de los recursos del Estado en la intensa campaña electoral que ya agota medio año.

El temor al desguañangue de la economía ha estado presente en los análisis de los economistas y en las expectativas de los dirigentes empresariales, lo que ha sido abonado por el virtual abandono del acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional y el incremento del déficit fiscal en el último cuatrimestre del año recién concluido, que los opositores cuantifican hasta en 61 mil millones de pesos.

El anuncio presidencial de que dispondrá de 40 mil millones de pesos como inversión para garantizar el triunfo de su partido en los comicios del 20 de mayo parece haber operado como un anestésico, pues aunque más allá de sus partidarios nadie lo aprueba, parece cundir el sentimiento de que es un costo inevitable para la débil institucionalidad democrática nacional.

En su artículo del miércoles 4 en HOY, el acreditado economista Bernardo Vega dio por hecho que el 2012 será “un año bipolar”, con desguañangue esquizofrénico en su primera mitad y depresión en la segunda. Hace semanas que otros reputados economistas como Carlos Despradel, Carlos Asilis, Fernando Álvarez Bogaert, Apolinar Veloz y Nelson Suárez vienen expresando temores de que el desbordamiento del gasto gubernamental en la campaña electoral desestabilice la economía nacional.

El difícil tercer período.  También es generalizada la convicción de que la competencia electoral será salvaje en la medida en que las encuestas de más credibilidad sigan señalando las dificultades para un tercer período consecutivo de Gobierno del partido en el poder, dada la cultura política dominicana de que “el poder no se cede”, históricamente predominante sobre los principios democráticos.

Son pocos los partidos latinoamericanos que han logrado ganar tres elecciones consecutivas bajo formalidades democráticas, por la enorme deuda social acumulada y el desgaste de los políticos en el gobierno, especialmente cuando acumulan altos índices de corrupción. Lo logró el Partido de los Trabajadores Brasileños bajo el liderazgo de Lula da Silva, quien concluyó su segundo período con aprobación del 80 por ciento, y el presidente Chávez en Venezuela. El récord lo acumuló el Partido Revolucionario Institucional que gobernó a México durante 72 años, en lo que Mario Vargas Llosa acuñó como “dictadura perfecta”.

El desgaste del gobierno del presidente Leonel Fernández ha reducido su aprobación a la tercera parte del electorado, de acuerdo a encuestas nacionales e internacionales, lo que explica en parte la resurrección política del expresidente Hipólito Mejía, quien  fuera derrotado en su intento reeleccionista de hace 8 años.

El abuso de los recursos del Estado que muchos temen se fundamenta en las experiencias históricas dominicanas, especialmente la del 2008, cuando en busca de su reelección el presidente Fernández emprendió un festival de gastos, repartos y  subsidios que generó un déficit fiscal superior a 50 mil millones de pesos en los primeros cinco meses del año, hasta la votación.

Aunque esta vez no hay reelección de por medio, el mandatario ya ha dado muestras de que tomará como personal la campaña electoral, con el agravante de que esta vez se realizan dos campañas en una, la de mayo próximo y la que el mandatario realiza para quedar en buena posición con miras a un retorno en el 2016.

Una coalición social.  En los ámbitos del liderazgo social dominicano hay quienes postulan la necesidad de restablecer la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que contribuyó a mantener el proceso democrático cuando el infortunado intento de reelección del presidente Hipólito Mejía en el 2004. Esa concertación integró a más de un centenar de organizaciones de los más diversos sectores sociales, desde las empresariales, sindicales y religiosas hasta las comunitarias, además de las vinculadas a las reformas político-sociales.

Hasta en sectores conservadores gana terreno la idea de orquestar una gran presión social sobre el sistema partidista para contener los desbordamientos de la campaña electoral, especialmente la desestabilización económica con un marco internacional de desaceleración, cuando no recesión.

Nadie cree que el sistema se apreste a aprobar las reformas electorales pendientes, a no ser que la cuestión sea agenda fundamental de la sociedad civil organizada. Al menos para la Ley Orgánica del Régimen electoral se requiere un consenso partidista, ya que implica dos tercios de los votos de los legisladores. Ese  concierto debería comenzar por un acuerdo en torno a la dirección del sistema de cómputos electorales, en lo que está empeñado monseñor Agripino Núñez.

El concierto político social también tendría incidencia en contener el clientelismo y el transfuguismo desenfrenados, como el que ya se configura en la campaña electoral, para culminar en una elección que deje un marco adecuado a un nuevo gobierno que debería emprender reformas fundamentales para garantizar la sostenibilidad económica y social de la nación, como se contempla en el proyecto de Estrategia Nacional de Desarrollo.

Para muchos parece utópico, pero esa concertación sería fundamental para dar un impulso al restablecimiento del imperio de la ley, con mayor transparencia de la gestión pública, para reducir la corrupción, el narcotráfico y la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana. Lo proclamó recientemente un alto empresario: los cambios que requiere el país no pueden dejarse sólo en manos de los políticos o seguiremos maldiciendo la oscuridad con escasez de energía.

Reformas pendientes

Con el nuevo año la campaña electoral adquiere nuevo vigor, sin que el sistema partidista ni el poder legislativo se manifiesten en disposición de abordar la urgente actualización de la legislación electoral a fin de adecuarla al marco constitucional instituido hace casi dos años, mucho menos a aprobar una ley de partidos políticos que lleva más de 12 años en la carpeta de los consensos políticos y sociales.

Ni siquiera los que están en la oposición, a quienes más convendría en lo inmediato la regulación electoral, parecen suficientemente preocupados porque la nación se aboque a una reforma política llamada a mejorar la calidad de la aún adolescente democracia dominicana, señalada entre las menos reglamentadas del continente.

El último proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas fue presentado al Congreso en junio pasado por la Junta Central Electoral (JCE), la que en diciembre sometió también el Proyecto de Ley Orgánica del Régimen Electoral, en ambos casos, tras múltiples consultas, y el último elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, que se cuenta entre las instituciones que en la última década han venido demandando una mayor regulación política.

Aunque con más tiempo en el debate y en manos de los legisladores, el proyecto de ley de partidos no tiene la urgencia de la Ley Orgánica del Régimen Electoral, ya que éste es indispensable para legitimar y regular la acción de la JCE y de las juntas electorales municipales, tras la separación de las funciones administrativas y normativas de las contenciosas en el sistema electoral, instituida en la Constitución del 2010.

El proyecto elaborado por la OEA contiene las circunscripciones imprescindibles para la elección de los siete diputados en representación de los residentes en el exterior, instituidos en el artículo 81 de la nueva Constitución, además de una amplia regulación de la campaña electoral y su financiamiento, así como para la  transparencia del sistema de partidos que ha venido reclamando la sociedad dominicana.