Parece innegable la apatridia de miles de domínico-haitianos

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El discurso de odio, las agresiones y la negación a los desnacionalizados hasta del derecho a reclamar parece una pobre respuesta al Comité de Derechos Humanos de la ONU que acaba de pedir medidas eficaces para poner fin a la masiva apatridia  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Resultó lacerante la agresividad verbal y casi física con que grupos extremistas intentaron impedir un reclamo público de los grupos que aún procuran sacar de la apatridia a miles de descendientes de haitianos nacidos en el país antes de la Constitución del 2010, y repugnante a forma en que medios informativos convirtieron las víctimas en victimarios.

Esa ofensiva parece la respuesta al reciente informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reclamó medidas urgentes y eficaces para reducir los casos de apatridia, incluyendo la plena aplicación de la ley 169-14 que intentó enmendar parcialmente los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).

Inconcebible intolerancia

            Ninguna racionalidad ni justificación tiene el hecho de que una veintena de personas intentaran impedir el sábado 18 que grupos que defienden los derechos de los domínico-haitianos desnacionalizados, primero por la Junta Central Electoral y luego por la sentencia 168-13 del TC, reclamaran pacíficamente lo que consideran derechos fundamentales.

Entre los convocantes de la actividad cívica, cultural y artística, había varias entidades con reconocimiento nacional e internacional en la lucha contra la exclusión, incluyendo una que, como el Centro Bonó de los Jesuítas, es portadora del mandato del Papa Francisco a los obispos dominicanos de “seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”. Otros como Reconocidos o el Movimiento de Mujeres Domino-Haitianas son interlocutores en organismos como la ONU y la OEA, justamente en defensa de los desnacionalizados.

Los irruptores profirieron insultos y exhibieron un discurso xenofóbico cargado de odio y se llegó al manoteo y los empujones, con evidente tolerancia de las autoridades del orden. Los manifestantes tenían la autorización correspondiente del Patrimonio Monumental y el Ayuntamiento del DN y la habían notificado a la Autoridad Metropolitana del Transporte.

Más relevante que la pretensión de los de xenófobos fue lo que predominó en los medios informativos que convirtieron a las víctimas en simples haitianos inmigrantes ilegales, provocadores, insultantes desconocedores de la soberanía nacional, profanadores del altar de la patria y otros calificativos justificadores del discurso de odio que degrada internacionalmente el país.

El Comité ONU de DD-HH

La convocatoria al acto del sábado no era sorprendente, pues esos grupos han proseguido firmemente su lucha contra la apatridia en que han quedado miles de  domínico-haitianos, tan defendibles como los domínico-americanos o los domínico-españoles, o mexico-americanos.

Lo sorprendente es que se reactivara el movimiento xenofóbico, lo que se atribuye al último informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU emitido el 9 de noviembre en Ginebra que ratificó su condena, compartida por muchos otros organismos internacionales, al despojo de la nacionalidad dominicana, con efecto retroactivo hasta 1929 por la sentencia 168-13.

El informe cuestionó otros hechos, pero principalmente la desnacionalización que a juicio del responsable de Amnistía Internacional para el Caribe, Robin Guittard, constituye “la mayor crisis de apatridia jamás vista en el continente americano”. El Comité pasa balance de nuevo al proceso iniciado en el 2007 por la JCE,  y a la sentencia del TC “que dejó a miles de dominicanos, la mayoría de ascendencia haitiana, sin nacionalidad dominicana y en situación de apatridia”. Dice haber tomado nota de la adopción de la Ley 169-14 para mitigar los daños, pero expresa su preocupación “por el limitado alcance de esta ley y los obstáculos adicionales que ha creado, incluidos trámites y requisitos excesivos”.

El documento incluye demandas específicas al Estado dominicano, como  garantizar el restablecimiento de la nacionalidad a todos los del Grupo A en la Ley 169-14, que son los que tenían registro de ciudadanía y medidas especiales para los del Grupo B, que no pudieron acogerse a los requisitos para ser reconocidos como dominicanos, pero todos nacidos en el país, que no son inmigrantes.

¿Cuántos son apatridas?

Aunque el Estado dominicano no reconoce que tenga apátridas, el país ha sido catalogado entre los cinco con mayor número en el mundo. En junio del 2015 el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los estimó en 210 mil.  Myanmar lideraba con 800 mil, Costa de Marfil 700 mil, Tailandia 506 mil, y Letonia 262 mil.

Los estimados son muy diversos. ACNUR se basa en los resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012, que estimó los descendientes nacidos en el país en 244 mil 151, cifra avalada por la sentencia 169-13, y le descuenta los que han podido recuperar la nacionalidad en virtud de la Ley 169-14.

La información oficial al respeto es muy parca obedeciendo a la política del avestruz, de esconder la cabeza, y tratar de que el tema se olvide, lo que no está en la agenda de los organismos de derechos humanos, ni aquí ni en el mundo. El cierre es bien hermético, pues se ha sabido que la JCE no ha respondido varias solicitudes de audiencia del Representante Permanente de las Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez, quien ha reiterado la disposición de colaborar para resolver las dificultades que han impedido que gran parte de los desnacionalizados se beneficien de la Ley 169-14, aprobada hace 3 años y medio precisamente para mitigar la apatridia generada por la sentencia del TC.

No soy de aquí ni de allá

            Nadie puede precisar número, pero no hay dudas de que son decenas de miles los que han quedado como dice la canción de Facundo Cabral: “no soy de aquí ni soy de allá”, parte de los cuales ya estaban muertos cuando fueron condenados a la apatridia. Se les dice que, como descendientes de haitianos, tienen derecho a la nacionalidad de sus padres, pero su realidad social les impide trasladarse a Haití para iniciar un proceso de ciudadanía, en su mayoría sin documentación, ni siquiera de sus padres. Aún si quisieran, no tendrían con qué pagar viajes, hospedaje ni trámites. Carecen de vínculos en el vecino país y por demás se sienten dominicanos.

Hay apátridas todavía en el Grupo A, aquellos a quienes la ley 169-14 dispone

la regularización de la nacionalidad dominicana, “libre de todo trámite administrativo”. Pero el proceso de recuperación es lento y con trámites que disuaden a los potencialmente beneficiarios. Muchos son tan pobres que no tienen  para pagar el transporte.

Contradictoriamente la JCE ha persistido en mantener recursos de anulación de la nacionalidad a símbolos internacionales como Juliana Deguís, la que encarnó la sentencia del TC, o Ana María Belique, una de las líderes de los domínico-haitianos, con cédula y pasaporte dominicano que viaja por el mundo. Ambas tienen recursos de apelación a sentencias que disponen la anulación, en base a la documentación de sus padres. Aunque la ley 169-14 sólo excluye de la restitución de la nacionalidad “cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario”. El 26 de mayo del 2015  un comunicado de la JCE dijo que después de haber revisado 10 millones 321 mil actas, y de ellas 53 mil 827 “con posibles irregularidades”, sólo encontró 132 “que darían lugar a apoderamientos judiciales”, es decir el 0.58%, dejando en el descrédito la versión de que muchos miles habían obtenido registro fraudulento.

Los nunca registrados

La mina de los apátridas está en el Grupo B de la ley 169-14, que son los que nunca fueron registrados como dominicanos, aunque nacieron en el país. A muchos de ellos se les negó la inscripción desde que empezó la discriminación de los domínico-haitianos en los años noventa. Otros no la procuraron como aún quedan cientos de miles de dominicanos.

A este segmento la Ley 169-14 les dispone registrarse como extranjeros para a los dos años, llenando una serie de requisitos, poder optar por la ciudadanía, vía la naturalización. La información oficial es que sólo 8 mil 755 pudieron inscribirse en un plazo de 90 días, luego llevado a 180, perentorio, pues pudieron haberlo dejado abierto más tiempo y hasta abierto. Se estima que eran más de 53 mil, a los que habría que sumarle sus descendientes,

La realidad es que hay en el país un apharteid, un guetto o una población excluida, que seguirá creciendo cada día porque sus descendientes heredarán la apatridia. Y si sus padres y abuelos no pudieron llenar los requisitos para obtener ls ciudadanía ni regularizarse como extranjeros, ni se fueron para Haití, menos podrán hacerlo los descendientes. Hay familias donde los primeros hijos, registrados como dominicanos, recuperan su nacionalidad, mientras hermanos menores quedan como extranjeros. Un verdadero drama humano cuya solución será demandada eternamente por los organismos establecidos para defender los derechos humanos, entre los cuales resalta el de la ciudadanía.-

Encuentro domínico-haitiano

Por Juan Bolívar Díaz
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Fue bien fructífero y reconfortante el encuentro sostenido el pasado fin de semana en Puerto Príncipe por dos docenas de periodistas de las dos naciones que comparten la isla, demostrativo de que es posible abonar el terreno del entendimiento, la fraternidad y la solidaridad que deben caracterizar las relaciones de dos pueblos vecinos, hermanados para siempre por la geografía insular y por orígenes, procesos y destinos comunes.

La iniciativa fue de una docena de dominicanos y dominicanas, que quisimos comprobar si en Haití había también comunicadores en capacidad de superar los prejuicios y los resentimientos para poner en primer plano las cosas que nos unen y rechazar el discurso del odio. Tuvimos el estímulo de diplomáticos y empresarios dominicanos que comparten la necesidad de mejorar el clima de la comunicación entre los dos pueblos.

Se trataba de proseguir ensayos periodísticos bilaterales, a nivel gremial y académico, el último hace apenas un par de años cuando la Unesco y la Universidad Católica Madre y Maestra auspiciaron un programa con periodistas de los dos países para promover la cobertura de temas de interés común.

Quisimos iniciar con un pequeño núcleo, sin crear muchas expectativas, sin anuncios previos, en parte porque no sabíamos con certeza cómo sería acogida la iniciativa. Desde el primer contacto comprobamos que los colegas haitianos a quienes invitamos nos recibieron con calidez y alegría, como si hace tiempo hubiesen estado esperándonos.

La diversidad de lenguas que nos impusieron los colonizadores de la isla implicaba limitaciones pero no fue un obstáculo. Dos de los nuestros y tres de ellos hicieron el papel de traductores. Comprobamos que los periodistas haitianos nos llevan una ventaja, muchos de ellos entienden bastante nuestra lengua, y entre nosotros pocos dominamos la de ellos. Leen nuestros periódicos digitales, escuchan emisoras y se interesan por nuestros asuntos.

No costó mucho esfuerzo ponernos de acuerdo para una declaración conjunta enteramente positiva y constructiva que se escribió en español y francés. Nadie objetó nada ni intentó colar el mínimo prejuicio o resentimiento. Se recogieron numerosas propuestas de intercambio, incluyendo de pasantías, de colaboración en el trabajo periodístico, de promoción de corresponsalías y aprendizaje de los dos idiomas. Nos constituimos en comisión bilateral para incorporar a muchos otros colegas a este empeño solidario, y acordamos un próximo encuentro en Santo Domingo.

La declaración conjunta proclama que “Los medios de comunicación y los periodistas deben jugar un papel fundamental en la promoción de una cultura de respeto, de tolerancia y de entendimiento entre los dos países de la isla, en la promoción de la verdad y la objetividad en las informaciones”. Indica que “como pueblos y como naciones tenemos particularidades, pero también raíces y expectativas comunes que debemos reconocer y reivindicar”.

Advierten “la sensibilidad del tema de las migraciones, de la necesidad de su ordenamiento y limitaciones, pero también de que se reconozca el aporte de los inmigrantes a la producción y se les brinde en toda circunstancia el trato que corresponde a su dignidad humana en el marco de los derechos universalmente reconocidos y de los convenios internacionales”.

Ponderan las iniciativas gubernamentales, de grupos empresariales y de la sociedad civil de ambos países que promueven el entendimiento y proyectos de desarrollo, pero también piden que se asuma con mayor voluntad la misión encomendada a la Comisión Mixta Bilateral para concretar acuerdos y cooperación en los ámbitos de la migración, el comercio, inversiones, protección del medio ambiente, seguridad, educación y salud.

Fue alentadora la presencia en algunas de la sesiones de Suzy Castor y Evelyn Margrón, viudas de dos ilustres haitianos que persistieron hasta su temprana muerte en sembrar la semilla del entendimiento entre haitianos y dominicanos, Gerard Pierre Charles y Guy Alexandre. Sus espíritus indomables inspiraron el encuentro.

Oración por los domínico-haitianos

Por Juan Bolívar Díaz
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En los ámbitos de defensa de los derechos humanos es cada vez más frecuente la interrogante sobre qué tendrá que ocurrir para que en este país acabemos de comprender que hay domínico-haitianos, como domínico-españoles, domínico-chinos, domínico-americanos y muchas otras extensiones de la nacionalidad.

Mientras  se expande  vigorosamente el rechazo a la política que niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento a miles de ciudadanos ya reconocidos, muchos de ellos desde hace décadas.

Ya en octubre pasado, un alto ejecutivo de una de las más reputadas universidades de Washington, tras reconocer las dificultades que impone la inmigración masiva tanto en Estados Unidos como en República Dominicana, concluía señalando que había que aceptar que hay millones de méxico-americanos, o italo-americanos o domínico-americanos, para preguntar por qué no podíamos entender que hay también  domínico-haitianos.

Se refería el académico a la denuncia, llevada hasta una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una coalición de organizaciones dominicanas y americanas que defienden los derechos de los miles de domínico-haitianos a quienes por una circular de la Junta Central Electoral desde el 2007 se les niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento.

Se trata de una decisión administrativa que aplica retroactivamente la Ley de Migración del 2004 y la Constitución del 2010, que restringieron el derecho a la nacionalidad dominicana a los hijos de residentes ilegales aunque nazcan en territorio nacional.

Aunque muchos no compartan la restricción constitucional, se entiende dotada de legitimidad, pero de ninguna forma puede aceptarse su aplicación retroactiva a quienes nacieron cuando la Constitución no establecía tal restricción. Y mucho menos para aquellos a quienes ya se les había reconocido.

Esa aplicación retroactiva choca con preceptos de la misma Constitución dominicana, por demás generalizados en las constituciones de todo el mundo, así como con los códigos de derechos humanos y en  tratados y convenios internacionales.

Esa práctica inhumana ha sido denunciada en las últimas dos semanas en los informes sobre derechos humanos de Aministía Internacional y del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y acaba de serlo por el Quinto Encuentro Regional de Migración y Movilidad Humana, al que asistieron obispos y religiosos de América Central, el Caribe, México y Estados Unidos, celebrado esta semana en esta capital.

La declaración final del encuentro es una defensa solidaria de los migrantes en toda la región, rechazando la criminalización de la inmigración ilegal adoptada por legislaciones de los estados norteamericanos de Alabama y Arizona, y por el trato inhumano a migrantes haitianos en República Dominicana.

Se pronuncia específicamente en defensa a los dominicanos de ascendencia haitiana, prometiendo que proseguirán la lucha por el derecho a la nacionalidad dominicana de los descendientes de haitianos nacidos en el país antes del 2010.

Si la legislación adoptada en Alabama y Arizona ha sido rechazada firmemente en todo el mundo, por considerar un crimen la inmigración ilegal, mucho más lo será el despojo de la nacionalidad a los domínico-haitianos a quienes se las habían reconocido durante décadas.

Ahora que los obispos dominicanos han coincidido con sus colegas de la región y de Estados Unidos sobre los derechos de los migrantes, debe esperarse que la Conferencia del Episcopado Dominicano adopte una actitud de firme defensa de los domínico-haitianos, como lo viene haciendo hace años el Servicio de los Jesuitas para los Refugiados y Migrantes, el Centro Bonó, el Centro de Asesoría Jurídica de la Iglesia y otras entidades religiosas y sociales.

Varios obispos dominicanos se han manifestado individualmente en rechazo a ese atropello, pero el refuerzo colectivo de la Conferencia Episcopal debe ser un gran impulso al reclamo de justicia.

Hagamos una oración por miles de domínico-haitianos que reclaman copias de sus actas de nacimiento para acceder a educación, para sacar o renovar pasaporte y hasta para contraer matrimonio.