Parece innegable la apatridia de miles de domínico-haitianos

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El discurso de odio, las agresiones y la negación a los desnacionalizados hasta del derecho a reclamar parece una pobre respuesta al Comité de Derechos Humanos de la ONU que acaba de pedir medidas eficaces para poner fin a la masiva apatridia  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Resultó lacerante la agresividad verbal y casi física con que grupos extremistas intentaron impedir un reclamo público de los grupos que aún procuran sacar de la apatridia a miles de descendientes de haitianos nacidos en el país antes de la Constitución del 2010, y repugnante a forma en que medios informativos convirtieron las víctimas en victimarios.

Esa ofensiva parece la respuesta al reciente informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reclamó medidas urgentes y eficaces para reducir los casos de apatridia, incluyendo la plena aplicación de la ley 169-14 que intentó enmendar parcialmente los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).

Inconcebible intolerancia

            Ninguna racionalidad ni justificación tiene el hecho de que una veintena de personas intentaran impedir el sábado 18 que grupos que defienden los derechos de los domínico-haitianos desnacionalizados, primero por la Junta Central Electoral y luego por la sentencia 168-13 del TC, reclamaran pacíficamente lo que consideran derechos fundamentales.

Entre los convocantes de la actividad cívica, cultural y artística, había varias entidades con reconocimiento nacional e internacional en la lucha contra la exclusión, incluyendo una que, como el Centro Bonó de los Jesuítas, es portadora del mandato del Papa Francisco a los obispos dominicanos de “seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”. Otros como Reconocidos o el Movimiento de Mujeres Domino-Haitianas son interlocutores en organismos como la ONU y la OEA, justamente en defensa de los desnacionalizados.

Los irruptores profirieron insultos y exhibieron un discurso xenofóbico cargado de odio y se llegó al manoteo y los empujones, con evidente tolerancia de las autoridades del orden. Los manifestantes tenían la autorización correspondiente del Patrimonio Monumental y el Ayuntamiento del DN y la habían notificado a la Autoridad Metropolitana del Transporte.

Más relevante que la pretensión de los de xenófobos fue lo que predominó en los medios informativos que convirtieron a las víctimas en simples haitianos inmigrantes ilegales, provocadores, insultantes desconocedores de la soberanía nacional, profanadores del altar de la patria y otros calificativos justificadores del discurso de odio que degrada internacionalmente el país.

El Comité ONU de DD-HH

La convocatoria al acto del sábado no era sorprendente, pues esos grupos han proseguido firmemente su lucha contra la apatridia en que han quedado miles de  domínico-haitianos, tan defendibles como los domínico-americanos o los domínico-españoles, o mexico-americanos.

Lo sorprendente es que se reactivara el movimiento xenofóbico, lo que se atribuye al último informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU emitido el 9 de noviembre en Ginebra que ratificó su condena, compartida por muchos otros organismos internacionales, al despojo de la nacionalidad dominicana, con efecto retroactivo hasta 1929 por la sentencia 168-13.

El informe cuestionó otros hechos, pero principalmente la desnacionalización que a juicio del responsable de Amnistía Internacional para el Caribe, Robin Guittard, constituye “la mayor crisis de apatridia jamás vista en el continente americano”. El Comité pasa balance de nuevo al proceso iniciado en el 2007 por la JCE,  y a la sentencia del TC “que dejó a miles de dominicanos, la mayoría de ascendencia haitiana, sin nacionalidad dominicana y en situación de apatridia”. Dice haber tomado nota de la adopción de la Ley 169-14 para mitigar los daños, pero expresa su preocupación “por el limitado alcance de esta ley y los obstáculos adicionales que ha creado, incluidos trámites y requisitos excesivos”.

El documento incluye demandas específicas al Estado dominicano, como  garantizar el restablecimiento de la nacionalidad a todos los del Grupo A en la Ley 169-14, que son los que tenían registro de ciudadanía y medidas especiales para los del Grupo B, que no pudieron acogerse a los requisitos para ser reconocidos como dominicanos, pero todos nacidos en el país, que no son inmigrantes.

¿Cuántos son apatridas?

Aunque el Estado dominicano no reconoce que tenga apátridas, el país ha sido catalogado entre los cinco con mayor número en el mundo. En junio del 2015 el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los estimó en 210 mil.  Myanmar lideraba con 800 mil, Costa de Marfil 700 mil, Tailandia 506 mil, y Letonia 262 mil.

Los estimados son muy diversos. ACNUR se basa en los resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012, que estimó los descendientes nacidos en el país en 244 mil 151, cifra avalada por la sentencia 169-13, y le descuenta los que han podido recuperar la nacionalidad en virtud de la Ley 169-14.

La información oficial al respeto es muy parca obedeciendo a la política del avestruz, de esconder la cabeza, y tratar de que el tema se olvide, lo que no está en la agenda de los organismos de derechos humanos, ni aquí ni en el mundo. El cierre es bien hermético, pues se ha sabido que la JCE no ha respondido varias solicitudes de audiencia del Representante Permanente de las Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez, quien ha reiterado la disposición de colaborar para resolver las dificultades que han impedido que gran parte de los desnacionalizados se beneficien de la Ley 169-14, aprobada hace 3 años y medio precisamente para mitigar la apatridia generada por la sentencia del TC.

No soy de aquí ni de allá

            Nadie puede precisar número, pero no hay dudas de que son decenas de miles los que han quedado como dice la canción de Facundo Cabral: “no soy de aquí ni soy de allá”, parte de los cuales ya estaban muertos cuando fueron condenados a la apatridia. Se les dice que, como descendientes de haitianos, tienen derecho a la nacionalidad de sus padres, pero su realidad social les impide trasladarse a Haití para iniciar un proceso de ciudadanía, en su mayoría sin documentación, ni siquiera de sus padres. Aún si quisieran, no tendrían con qué pagar viajes, hospedaje ni trámites. Carecen de vínculos en el vecino país y por demás se sienten dominicanos.

Hay apátridas todavía en el Grupo A, aquellos a quienes la ley 169-14 dispone

la regularización de la nacionalidad dominicana, “libre de todo trámite administrativo”. Pero el proceso de recuperación es lento y con trámites que disuaden a los potencialmente beneficiarios. Muchos son tan pobres que no tienen  para pagar el transporte.

Contradictoriamente la JCE ha persistido en mantener recursos de anulación de la nacionalidad a símbolos internacionales como Juliana Deguís, la que encarnó la sentencia del TC, o Ana María Belique, una de las líderes de los domínico-haitianos, con cédula y pasaporte dominicano que viaja por el mundo. Ambas tienen recursos de apelación a sentencias que disponen la anulación, en base a la documentación de sus padres. Aunque la ley 169-14 sólo excluye de la restitución de la nacionalidad “cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario”. El 26 de mayo del 2015  un comunicado de la JCE dijo que después de haber revisado 10 millones 321 mil actas, y de ellas 53 mil 827 “con posibles irregularidades”, sólo encontró 132 “que darían lugar a apoderamientos judiciales”, es decir el 0.58%, dejando en el descrédito la versión de que muchos miles habían obtenido registro fraudulento.

Los nunca registrados

La mina de los apátridas está en el Grupo B de la ley 169-14, que son los que nunca fueron registrados como dominicanos, aunque nacieron en el país. A muchos de ellos se les negó la inscripción desde que empezó la discriminación de los domínico-haitianos en los años noventa. Otros no la procuraron como aún quedan cientos de miles de dominicanos.

A este segmento la Ley 169-14 les dispone registrarse como extranjeros para a los dos años, llenando una serie de requisitos, poder optar por la ciudadanía, vía la naturalización. La información oficial es que sólo 8 mil 755 pudieron inscribirse en un plazo de 90 días, luego llevado a 180, perentorio, pues pudieron haberlo dejado abierto más tiempo y hasta abierto. Se estima que eran más de 53 mil, a los que habría que sumarle sus descendientes,

La realidad es que hay en el país un apharteid, un guetto o una población excluida, que seguirá creciendo cada día porque sus descendientes heredarán la apatridia. Y si sus padres y abuelos no pudieron llenar los requisitos para obtener ls ciudadanía ni regularizarse como extranjeros, ni se fueron para Haití, menos podrán hacerlo los descendientes. Hay familias donde los primeros hijos, registrados como dominicanos, recuperan su nacionalidad, mientras hermanos menores quedan como extranjeros. Un verdadero drama humano cuya solución será demandada eternamente por los organismos establecidos para defender los derechos humanos, entre los cuales resalta el de la ciudadanía.-

No, un gobierno tramposo no

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque muchos no lo crean estoy absolutamente convencido de que es por olvido que el gobierno del presidente Leonel Fernández no ha cumplido la sentencia dictada hace casi un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al caso de las niñas Dilcia Oliven Yean y Violeta Bósico, dominicanas de ascendencia haitiana. El próximo sábado 7 de octubre se cumple el plazo de un año otorgado al país para cumplir la sentencia que requirió del Estado dominicano una reforma del sistema del registro de nacimiento, garantizar la educación a todos los niños y niñas residentes en el país, independientemente de su ascendencia u origen, realizar un acto público de desagravio a las niñas discriminadas, pagar una indemnización de 22 mil dólares y publicar la sentencia.

Para los que no recuerdan el caso, la condena se originó en un proceso llevado primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y derivada por ésta a la Corte Interamericana, por habérsele negado la nacionalidad a las niñas Yean y Bósico, lo que les causó problemas para asistir a la escuela. En ambos casos eran niñas de ascendencia haitiana pero sus madres habían nacido en Yamasá, República Dominicana, habían vivido aquí siempre y en su tiempo no tuvieron problemas para que se les reconociera como dominicanas. Con más razón correspondía en el caso de sus hijas.

En el curso del proceso, que duró seis años, las autoridades dominicanas otorgaron el acta de nacimiento correspondiente a las dos niñas, pero tanto el Movimiento de Mujeres Domínico Haitiana como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Clínica Jurídica de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, California, que impulsaron la instancia, decidieron mantenerla hasta el final, probablemente buscando establecer jurisprudencia.

La razón básica por la que creo que el incumplimiento de la sentencia se debe a un olvido, fruto de los múltiples problemas nacionales que han tenido que afrontar las actuales autoridades, es porque estoy convencido de que el régimen del doctor Leonel Fernández, un jurisconsulto con indiscutible vocación internacionalista, tiene deficiencias y hasta debilidades, pero no puede ser un gobierno tramposo.

Primero no podemos olvidar que fue el presidente Fernández, quien en su anterior gestión gubernamental, el 19 de febrero de 1999, aceptó de pleno derecho la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanas, lo que había quedado pendiente desde el 25 de diciembre de 1977 cuando el Estado dominicano suscribió la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Es decir, que no es posible que el jurista Fernández permita que se desafíe ahora la jurisdicción de una corte a la que él le reconoció calidad para dictaminar en materia contenciosa nacional.

Segundo, porque el 4 de junio pasado, durante una de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en esta capital, el canciller Carlos Morales Troncoso expresó la decisión del gobierno de cumplir la sentencia. Y lo hizo ante el secretario general José Miguel Insulza y los cancilleres de todos los países miembros del sistema interamericano, del cual la CIDH es instrumento fundamental.

Tercero, porque es casi seguro que esa promesa de acatamiento de la sentencia fue una condición previa para que la abogada dominicana Rhadys Abreu de Polanco fuera electa por esa misma asamblea como jueza titular de la CIDH.

Cuarto, porque salir ahora con un desacato no sólo dejaría mal empeñada la palabra y el crédito del gobierno, sino que pondría en penosa situación a la jueza Abreu de Polanco, quien por demás fue representante del Estado dominicano en el largo proceso del caso.

Y quinto, porque el desacato abriría una nueva campaña de denuncias internacionales contra el Estado dominicano, cosa que para nada necesita este gobierno empeñado en mejorar la situación del país en el concierto mundial, y que quedaría como tramposo al haberse comprometido a acatar la sentencia, y conseguido tener una jueza en la CIDH para luego desconocerla.

No, este gobierno tiene sus debilidades, pero tanto como tramposo no. Por eso seguro que esta semana dará los primeros pasos para acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.-

Es urgente aflojar la cuerda con Haití

Por Juan Bolívar Díaz
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Los dominicanos y dominicanas debemos hacer votos porque de las elecciones presidenciales haitianas de enero próximo salga un gobierno de amplio apoyo y capacidad para iniciar una distensión en las relaciones entre las dos naciones que permita construir un nuevo tipo de relaciones y cooperación.

Los anárquicos incidentes que marcaron la visita a Puerto Príncipe del presidente Leonel Fernández el pasado lunes y las masivas persecuciones de haitianos en Villa Trina y Pontón la semana anterior indican que prosigue el deterioro que se inició en mayo en la región Noroeste.

En los sectores pensantes dominicanos hay creciente preocupación por el tono del discurso antihaitiano predominante en el país hasta el grado que un ex-secretario de las Fuerzas Armadas y dirigente político salió a la palestra para anunciar una inminente guerra que tendría un costo devastador para las dos naciones.

Costosa visita de Leonel

La visita realizada el lunes 12 a la capital haitiana por el presidente Leonel Fernández constituyó un costoso error al producirse apenas una semana después de la destrucción y quema de unas 60 viviendas de haitianos en Villa Trina de Espaillat y en pontón de La Vega, dando oportunidad para que un grupo radical y poco representativo buscara capital político exacerbando el sentimiento anti-dominicano que se incuba en sectores de la población de Haití.

No hay razón para dudar de las buenas intenciones del mandatario dominicano, quien ha tenido un discurso prudente frente a los problemas bilaterales, aunque su gobierno no ha hecho suficiente para contener los recientes desbordamientos ni para condenar con energía y esclarecer múltiples crímenes, por ejemplo cuando tres jóvenes haitianos fueron quemados vivos en plena capital el pasado 16 de agosto.

Ha habido bastante consenso, tanto aquí como en los círculos políticos haitianos, de que el doctor Fernández no merecía el tratamiento desconsiderado y agresivo de que fue objeto, expresión de la anarquía que ha caracterizado la vida política de la vecina nación.

Pero aquí por más vueltas que se le dé al asunto no se entiende la oportunidad de la visita, de paso a Cancún, México. Aparentemente el presidente quiso invertir en una reducción de las tensiones de los meses recientes, apersonándose a la propia capital haitiana para formular un llamado desde allí a la concordia.

Pero el riesgo era alto, sobre todo si se tenía en cuenta que Haití está en campaña electoral, a menos de un mes de elecciones presidenciales, con un gobierno provisional, de escasa base de apoyo y que debe entregar el poder dentro de un par de meses, por lo tanto sin posibilidades de atender eficientemente las relaciones bilaterales.

Otra circunstancia a tomarse en cuenta es que Haití es una nación intervenida por una fuerza militar multilateral, lo que obligaba a una doble concertación por razones de seguridad, para la visita del mandatario de la nación vecina, en medio de crecientes tensiones bilaterales.

Ni siquiera la presencia de esa fuerza, de unos 8 mil miembros, ha garantizado la seguridad en las calles de Puerto Príncipe, donde las fuerzas policiales locales son frecuentemente superadas por grupos de pandilleros comunes y políticos.

Informes extraoficiales indican que los aparatos nacionales de seguridad eran conscientes de los riesgos y los advirtieron al presidente. Ello explica que lo acompañaran cientos de soldados dominicanos, con abundante equipo militar, incluyendo varios helicópteros.

Un final poco afortunado

Hay quienes creen que se ha magnificado el peligro que representó para la seguridad del presidente Fernández la anárquica manifestación, aún con lanzamiento de piedras y algunos disparos y las conocidas quemas de neumáticos desechados en las calles. Nunca estuvo al alcance de un grupo de apenas varios cientos de jóvenes enardecidos.

Pero el salir precipitadamente de Puerto Príncipe, si bien fue una expresión de desagrado ante el desbordamiento, y a lo mejor de prudencia para evitar peores circunstancias, también constituyó una autoderrota para el mandatario dominicano y una tremenda concesión a un pequeño grupo para nada representativo de la sociedad haitiana, encabezado por Guy Phillipe, situado en la cola de los múltiples aspirantes a la presidencia de Haití.

Si en vez de tomar camino hacia el aeropuerto el presidente Fernández se llega a la embajada dominicana en Petion Ville, donde le esperaba el liderazgo político haitiano, previamente invitado para un encuentro, hubiese derrotado a la minoría anarquista. Allí habría recibido la solidaridad y el desagravio de lo más representativo de Haití y el incidente habría quedado en segundo plano.

Fernández andaba en vehículo blindado y con suficiente protección para no huir de un grupito. Y disponía de helicóptero para trasladarse a las cercanías de la embajada, donde no había problemas, y luego al aeropuerto si era prudente evitar las calles. En la decisión parece haber predominado la indignación en vez del razonamiento político, probablemente de parte de los responsables de la seguridad.

De cualquier forma, en vez de incentivar el espíritu de confrontación con los haitianos, el incidente debe generar mayor prudencia, tolerancia y hasta generosidad dominicana ante la debilidad delas instituciones de la vecina nación, donde sus autoridades no controlan las calles y cualquier día pudiera producirse una chispa que originara graves actos de violencia aquí y allá.

Llama a la moderación el hecho de que tanto el presidente como el primer ministro y la cancillería haitiana condenaran desde el primer momento el comportamiento agresivo de los manifestantes y desagraviaran al presidente dominicano. Lo mismo han hecho voceros políticos y consulares de la vecina nación.

El pleito “casao” de Wessin

El repudiable incidente de Puerto Príncipe incentivó de inmediato el espíritu de confrontación que desde hace algún tiempo se escucha en la radio y la televisión con manifestaciones en los periódicos, resaltando la carta enviada a El Nacional por el general retirado Elías Wessin y Wessin.

Sin la mínima prudencia de un veterano militar que fue secretario de las Fuerzas Armadas y dirigente político, Wessin advirtió que “la guerra civil y militar entre República Dominicana y Haití es un pleito casao que cada día está más cerca”. Lo que el “hombre fuerte de San Isidro” en la guerra civil de 1965 prevé es un desastre mayúsculo, de características espantosas, pues él mismo advierte que tal guerra tendría características diferentes a las del siglo 19, “porque tendríamos al adversario dentro de nuestros barrios y campos por cientos de miles”.

Como si ese augurio no fuera suficiente, el general Wessin llegó al grado de cuestionar la preparación de las Fuerzas Armadas para afrontar la defensa de la soberanía nacional, reivindicando que sí lo estaban en los tiempos de la tiranía trujillista. Fue el ejército que protagonizó la matanza de miles de haitianos en la frontera en 1937, en un triste capítulo que en nada honra la nobleza del pueblo dominicano ni su imagen internacional.

Afortunadamente el actual titular de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, rechazó los criterios de Wessin y ubicó el aparato militar dominicano dentro de un régimen democrático.

Al igual que el exgeneral, muchos dominicanos y dominicanas ignoran las consecuencias que pudiera tener para el país una confrontación armada con Haití o una matanza de ciudadanos de ese país en nuestro territorio, por más ilegales o invasores que se les quiera considerar.

Una guerra o confrontación militar desencadenaría odios tan profundos que nadie puede saber hasta qué límites podrían llegar. En ese escenario lo más probable sería una masiva intervención militar multilateral extranjera y un verdadero desastre para la imagen del país en el exterior. Las repercusiones sobre el turismo, la cooperación internacional y la inversión extranjera serían gravísimas. Sembraría anarquía y miseria a lo largo y ancho de la isla. Y complicaría enormemente la convivencia futura de dos naciones sin alternativas de separación ni distancia.

Esfuerzos constructivos

Alienta el hecho de que las autoridades de los dos países han hecho esfuerzos por demostrar que los incidentes del lunes no afectan las relaciones, que el gobierno haitiano haya designado un nuevo embajador y que las actividades sean normales tanto en la embajada como en los consulados dominicanos en Haití, como informara el jueves la cancillería.

A los sectores dominicanos más conscientes, especialmente en los medios de comunicación corresponde atender el llamado a la racionalidad, la serenidad y la cooperación entre las dos naciones que recientemente formulara el arzobispo de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado, monseñor Ramón de la Rosa.

Todos deberían colaborar y apostar por unas elecciones limpias el mes próximo en Haití y para que de las mismas salga un gobierno representativo, de amplio apoyo, en capacidad de iniciar un reordenamiento y convertirse en contraparte no sólo del diálogo necesario con las autoridades dominicanas, sino también para la cooperación internacional que necesita el pueblo haitiano.

El reordenamiento de la casa haitiana es fundamental para que disminuya el flujo migratorio hacia el Este de la isla y para convenios que permitan organizar la contratación de la mano de obra que rea imprescindible en el país. Ni las guapezas, ni los insultos, ni la prepotencia, ni el discurso agresivo abonarán otra cosa que no sea la tragedia, y tal vez la desgraciada guerra que ha previsto el viejo general de San Isidro.-

Una real política migratoria

Por Juan Bolívar Díaz

Más que vivir de reacciones, en su mayor parte emotivas, que tratan de tapar el sol con un dedo e ignorar realidades reflejadas por todos los medios, los dominicanos y dominicanas tenemos que asumir con profundidad y seriedad el problema de la creciente inmigración haitiana.

Esas reacciones fueron desproporcionadas ante el reportaje de la periodista Ginger Thompson publicado el pasado domingo por el New York Times, a la que de inmediato se le atribuyó el propósito deliberado de desacreditar la nación y hasta se llegó a cuestionar si había visitado el país.

Aunque nos cueste admitirlo hay que decir que ella no podía desacreditarnos en esa materia, porque hace tiempo que carecemos de crédito en la misma, más allá de nuestras fronteras. Por reacciones como esa de ver planes macabros en cualquier cuestión que nos disguste.

El reportaje contenía algunas exageraciones, recogidas por la periodista Thompson, como esa de que donde hubiese dos haitianos debía matarse uno y dos de cada tres.

Pero la mayoría de sus denuncias de persecuciones, asesinatos y violaciones de derechos humanos han sido publicadas por los propios periódicos dominicanos, tal como reseñé en un trabajo publicado en HOY el 8 de octubre pasado bajo el título “Tensión con haitianos en su peor momento”

Para cualquier observador más o menos imparcial es obvio que la opinión pública dominicana está sobrecargada de emotividad frente a la problemática haitiana, que predomina un tono de impugnación, pelea y dramatización y pocos aportes a la búsqueda de soluciones. En algunos casos es notable que hay un incentivo a la confrontación que podría derivar en tragedias que en nada beneficiarán al país ni solucionarán los problemas de fondo.

Tal como lo propuso esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana lo que nos corresponde es analizar el problema de la inmigración haitiana“con ponderación y sin prejuicios, al margen de todos los intereses particulares, de grupos o sectores, sin ignorar que la misma ha sido incentivada por un tráfico de mano de obra barata, al margen de las leyes laborales, que no reclama horario ni derechos sindicales y que puede ser despedida sin ningún límite ni pago de prestaciones”.

Comparto plenamente que nadie está discutiendo el derecho soberano del Estado dominicano a restringir el ingreso de extranjeros, “sino la forma anárquica y reñida con los derechos humanos como a menudo se ejerce, y el acto hipócrita de auspiciar el ingreso de mano de obra barata, más explotable que la dominicana, para luego denunciar su presencia”.

El movimiento cívico, como lo hizo también esta misma semana el Servicio Jesuita para Refugiados e Inmigrantes, plantea la necesidad de “una real política migratoria, de empleos y salarios que, acorde con los principios constitucionales que nos rigen, con absoluto respeto a las leyes, tratados y convenios internacionales, y sin menoscabo de los derechos humanos, reduzca el peso socio-económico de una inmigración desproporcionada a los recursos nacionales que no alcanzan ni remotamente para atender las necesidades de todos los dominicanos y dominicanas”.

Se reclama la organización de esa inmigración, el prometido censo de los haitianos que residen en el país, el reconocimiento de los derechos de sus descendientes nacidos en el territorio nacional y que han residido por siempre aquí, el establecimiento de cuotas de ingreso, y la repatriación organizada de los que lo califiquen o ingresen ilegalmente.

Pedimos una política de migración, y que construyamos un ambiente de armonía que permita abordar el problema a fondo, con la cooperación de las autoridades de la nación vecina, que seguirá ahí por siempre y con la que estamos obligados a entendernos.

El griterío que hay en el país no contribuye a nada que no sea a desacreditarnos y la tragedia que algunos cultivan sólo servirá para aislarnos más del resto del mundo. Ya es tiempo de que lo entendamos. Es que desarrollemos un espíritu constructivo, creativo, que gritemos menos y tomemos decisiones racionales, ponderadas, sin hipocresías.

Como concluyó Participación Ciudadana: “Nuestra doble condición de país de inmigrantes y emigrantes y el peso que tienen las remesas de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior nos obligan a una mayor serenidad y ponderación en el tratamiento de este complejo problema”.