Un discurso con algunos aciertos, muchas omisiones y manipulaciones

A1El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero y el escenario de propaganda y manifestantes muestran un tufo continuista, repitiendo promesas y evadiendo los problemas básicos como la sostenibilidad financiera y la corrupción   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El tono y las promesas del discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el martes 27, tienen el tradicional tufo continuista de la historia nacional,  acentuado por la propaganda que lo precedió y que prosigue siguió para venderlo como otro mandatario imprescindible, un nuevo predestinado para desarrollar la nación.

El mandatario se erigió como un habilidoso manipulador de datos, experto en evadir asuntos tan fundamentales como la sostenibilidad fiscal, la corrupción e impunidad y en repetir promesas anteriores, llegando al extremo de sostener que  la nacional es una sociedad de clase media con progresiva reducción de la pobreza.

Los aciertos notables

            No es posible desconocer los aciertos del gobierno del presidente Danilo Medina sin caer en la mezquindad, relevantemente por haber cumplido la ley y reclamo ciudadano de elevar la inversión en educación, que ha adelantado en la construcción de aulas y comienza la estancias infantiles, en la formación de maestros, becas, desayuno y almuerzo escolar.

También tiene derecho el mandatario a exhibir sus obras viales, continuidad de una política de su antecesor y muchas otras construcciones físicas, aunque la inversión se haya estancado en un 16 % del presupuesto nacional, porque se mantiene el incremento desbordante del gasto corriente. Pero no hay dudas que también ha destinado más recursos a crédito para pequeñas y mediana empresas y productores agropecuarios.

El presidente Medina se ha empeñado en acercarse más a la población, aunque lo hace distribuyendo el dinero que corresponde a los ayuntamientos, a los cuales les ha reducido la asignación por debajo del 3%, en vez del 10 que establece la ley de municipios. El crecimiento, aún ralentizado el año pasado, del 4.6% y la inflación del 4% son también logros de la gestión. Pero no hay ninguna revolución ni educativa, ni del transporte, ni del campo, como ha indicado, que lo proyecte como un nuevo ser providencial que debe continuar en el poder sin medir costo institucional y moral por encima de lo dispuesto en la Constitución que él mismo promovió para reelegirse hace apenas dos años.

Mientras manifestantes transportados pedían  “cuatro años más”, Danilo Medina los alentaba con la conocida proclama de que “aún nos queda mucho por hacer”, prometiendo que después de más de cinco años de trabajo intenso “no vamos a parar, No vamos a bajar el ritmo. Especialmente ahora, después de todas las batallas que hemos ganado juntos”.

Omisiones fundamentales

            Como advirtió el reconocido sociólogo César Pérez lo más desconcertante no fue lo que el presidente dijo, sino lo que omitió, comenzando por los recurrentes déficits de toda una década, que conducen el país hacia la insostenibilidad fiscal, y la consiguiente carrera de endeudamiento estatal que el año pasado pasó de 40 mil millones de dólares, creciendo a un ritmo de 12 millones de dólares, más de 580 millones de pesos,  por día, que ya sobrepasan el50% del PIB y cuyos intereses ya comprometen el 24% de los ingresos.

Pasó por alto el informe que acaba de emitir una misión del FMI advirtiendo la necesidad de contener el ya crónico déficit fiscal, las advertencias sobre insostenibilidad formuladas a fin del 2017 por las escuelas de economía de la Universidad Autónoma, de la Universidad Madre y Maestra y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, así como por múltiples economistas y centros de estudios económicos.

El informe presidencial ignoró que el año pasado el país fue sacudido por multitudes que reclamaron en las calles límites a la corrupción y la impunidad, a partir del escándalo Odebrecht y los que se sucedieron cada mes. No mencionó la palabra Odebrecht ni siquiera para explicar cómo esa empresa va a concluir las plantas de carbón sin que se le pague los 708 millones de dólares adicionales que reclama.

Tampoco se refirió el presidente a los factores que han impedido la conclusión del Pacto Eléctrico, ni mucho menos a las razones por las que no ha iniciado las gestiones del Pacto Fiscal, mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, con plazos vencidos, y a los que él mismo se había comprometido desde su discurso de juramentación del 2012.

Manipulación de datos

            Hubo en el discurso de Danilo Medina manipulaciones de datos, por ejemplo en el presupuesto de salud y de la justicia, comparando la asignación total del 2012-18, en vez de hacerlo como porcentaje del gasto total. En salud hace tiempo que está estancado, por debajo del 2% del PIB cuando los organismos internacionales sugieren el 5, y es de los más bajos de la región.

En cuanto al Poder Judicial es peor, porque la ley194-04 le asigna el 2.66% de los gastos, y en el período 2012-18 apenas le otorgan un promedio del 1.1%, y el 46.5% de lo que les correspondía. Si bien los $6,872 millones del año pasado, superaron en más de 66% los 4,007 del 2012, eso sólo fue superior en 0.2% y el 48% de lo que le correspondía por ley. Por igual a la Procuraduría General de la República la ley le dispone el 1.4% y se le entrega el 0.8% que representa el 66% de lo correspondiente en los cinco años, según cuadro del experto fiscal José Rijo.

Igual es manipulación anunciar que las exportaciones dominicanas alcanzan por primera vez los US$10 mil millones, Según el Barómetro del Comercio del Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano, de la Universidad Madre y Maestra, en 2017 fueron por US$8,831millones, pero sólo US$3,236 de los exportadores nacionales, y la mayoría de las zonas francas. Pero Medina ignora que hubo un desbalance o déficit comercial de US$9,184 millones, ya que las importaciones totalizaron US$18,015 millones.

Por igual el presidente se encontró con una evaluación positiva a la transparencia de su gobierno de la Oficina de Presupuesto Abierto Internacional para defenderse, pero ignoró que las más reconocidas del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional lo colocan entre los más opacos y de mayor corrupción en el mundo.

El país de clase media        

            Pero lo que más burla ha levantado del discurso de Medina es su afirmaicón de que la RD es ya un país de clase media, gracias a la redención de la pobreza en sus cinco años de gobierno. El destacado sociólogo Cándido Mercedes cita el parámetro del Banco Interamericano  de Desarrollo de un ingreso entre US$10 y US$50 diarios para ser considerado clase media que él redondea entre $15,000 y $75,000 mensuales.

El promedio de los salarios formales dominicanos estimado en $21.000, queda lejos de esa meta, mientras el costo promedio de la canasta familiar es situado por el Banco Central en $30,000. El 80% de los asalariados formales ganan menos de $25,000, y el ingreso de los informales es un tercio menor. El salario mínimo en zonas francas es $9,000  y sus 165,796 empleados ganan un promedio de apenas $11,000. En turismo es un poco mejor, con 330 mil empleados, pero el salario mínimo está aún en $10,300. Cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre está en $14,000.

Medina segura que se crearon 120,237 empleos el año pasado y hasta que en mayoría formales, pero el Centro Regional de Estudios Estratégicos Sostenibles (CREES) asegura que la mayoría fueron informales, y amprado en estadísticas del Banco Central publica un cuadro donde consigna que apenas en el gobierno creció el empleo formal, en 2017, con 44,004, y que en el sector privado se redujo en 6,092. Afirma que el año pasado la informalidad creció al 58.7% del total de los empleados.

Pese a ser este un país de clase media, contrasta que el 48% de los jóvenes hayan dicho que planean irse del país, según el Barómetro de las Américas. Y el mismo 27 de febrero 20 dominicanos eran detenidos tratando de ingresar por yola al devastado Puerto Rico.

Repetición de promesas

            En el discurso abundaron repeticiones de promesas de obras, como la de la Presa de Monte Grande y muchas viales, sin explicar cuáles están incluidas en el presupuesto nacional. Parece haber olvidado  los 7 grandes obras para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del sur, prometidos el año pasado.

Olvidados están también los compromisos anteriores de revisar el modelo económico nacional,  pero se repiten promesas de fortalecer la frontera, de revolucionar el t4ransporte urbano, de viviendas, agua potable y electricidad, cuyas carencias no son compatibles con países de clase media.

Otro vacío fue el de la institucionalidad democrática. El presidente expresó su esperanza de que se aprueben ls reformas electorales, pero sin asumir mayor compromiso, ni tratar de  desbloquearla, ni mucho menos responder los cuestionamientos de la sociedad civil o de los partidos de oposición, que para él no existen, como tampoco los gobiernos municipales.

En resumen, el discurso tuvo sus aspectos positivos, pero el presidente Medina no trató de disipar las mayores incertidumbres económicas ni políticas.-

Ofensivo sofisma de Reinaldo Pared

A1Por Juan Bolívar Díaz

El discurso del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, sirvió para demostrar que lo que le interesa al sector políticamente dominante del poder, en la discutida Ley de Partidos Políticos, es imponer el padrón electoral universal, o abierto,  como único método para elegir los candidatos a cargos electivos de todos los partidos.

No importa que ese método no haya podido ser aprobado durante más de dos años de discusión ni siquiera en el seno del mismo partido de gobierno, y que cuente con el rechazo de casi todos los partidos, y de las instituciones sociales que dan seguimiento a los asuntos políticos e institucionales, por alguna razón hay que mantener el empeño. Se cree que se persigue un mecanismo que permita la compra masiva de votos y el influjo del poder estatal en la elección de las candidaturas del partido oficial y hasta de los opositores.

Pared Pérez, también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana,  abusó del escenario en que formuló su alegato, con amplísima retransmisión,  y pecó de irreflexivo al confrontar hasta el criterio del presidente de su propio partido que se cuenta entre quienes sostienen que sería inconstitucional imponer que los candidatos de todos los partidos tengan que ser electos por ciudadanos que no sean miembros de los mismos. Con ventajismo llevó a la Asamblea Nacional la lucha interna que sacude a su partido.

Peor aún, el declarado aspirante a la candidatura presidencial, ofendió la inteligencia  de todos con el sofisma de que siempre ha existido un único método de elección de candidatos, que es la asamblea de delegados instituida en la ley electoral, cuando en la práctica generalizada esa sólo ha sido la última instancia de aprobación de las candidaturas.

.          Desde 1981 el Partido Revolucionario Dominicano estableció un mecanismo de elección de candidaturas con votación de todos sus comités de base, los cuales  remitían el resultado  a la Convención Nacional establecida por ley. Después se impusieron varios métodos más directos de votación universal de los inscritos en padrones partidarios, o en el universal, cuyos resultados siempre fueron avalados por la asamblea de delegados.

Con el voto de los empadronados en el PLD fue electo candidato presidencial el doctor Leonel Fernández para los comicios de 1996, Danilo Medina para el 2000, y para el los comicios sucesivos, tanto presidenciales como  congresuales y municipales, se generalizó en los partidos mayoritarios la votación de sus miembros, con padrón partidario o universal. Y nunca chocó con la asamblea de delgados, que es la instancia validadora.

Pared Pérez desconoció la sentencia de la Suprema Corte del 2005, que   declaró inconstitucional la Ley 286-04 que instituyó las primarias simultáneas con padrón universal para la escogencia de los candidatos, e ignoró también el artículo 216 de la Constitución  del 2010 que él mismo aprobó, el cual declara que “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre”, y que “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto de la democracia interna”, o lo que es lo  mismo en lo que establezcan sus normas o estatutos democráticamente aprobados.

Llama la atención que el único aspecto del debatido proyecto de ley de partidos reivindicado por el presidente del Senado haya sido el de la imposición del padrón abierto para elegir candidatos, cuando el proyecto pretende cuestiones más fundamentales como  garantizar la democracia interna, la transparencia del financiamiento y rendición de cuentas, la igualdad de género,  los límites del gasto y de las campañas internas, la sanción del financiamiento ilícito y del abuso de los recursos del Estado.

Tampoco se refirió al otro proyecto que viene siendo discutido hace dos años en una comisión bicameral, y más trascendente, que es el del Régimen Electoral, llamado a garantizar elecciones generales equitativas, democráticas y justas. Y ahora plantea una nueva comisión exclusivamente de senadores, para afrontar sólo el proyecto de la Ley de Partidos. La burla no pudo ser más descarada, aunque ya en el 2014 y en el mismo escenario Pared había dicho que no había razón para que no hubiese sido aprobada esa ley.

 

 

El hombre más peligroso

 

 

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Un comentarista de la cadena de Televisión Foxnews ha causado impacto por haber calificado al Papa Francisco como el hombre más peligroso de nuestro tiempo, a propósito de su última encíclica “Laudato Si” en la que denuncia a los grandes poderes del mundo por estar matando la tierra y todo lo que hay en ella con la alarmante contaminación que genera destructivos cambios climáticos, planteando la necesidad de “eliminar las causas de las disfunciones de la economía mundial y corregir los modelos de crecimiento que parecen incapaces de garantizar el respeto del medio ambiente”.

En ese reciente documento el Papa sostiene que de continuar la actual destrucción “este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una destrucción sin precedente de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos”. Pero seguramente lo que mueve la preocupación del comentarista de la cadena de televisión más conservadora de Estados Unidos, fue la siguiente frase papal: “la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable, el derecho a la propiedad privada”.

Ya anteriormente el obispo argentino de Roma, en su exhortación pastoral Evangelii Gaudium había proclamado que “esta economía mata”, sobre lo que abundó elocuente y firmemente en el discurso que pronunció ante el encuentro de Movimientos Populares en su reciente viaje a Bolivia donde se identificó con los esfuerzos por disminuir la exclusión de las mayorías, para disgusto de los neoconservadores de todo el mundo.

Allí se agigantó la figura del Papa que reivindica la pobreza de San Francisco de Asís diagnosticando que “cuando el capital se convierte en ídolo y dirige las opciones de los seres humanos y la avidez por el dinero tutela todo el sistema socio-económico, arruina la sociedad, condena al hombre y lo convierte en esclavo”. Llamó a los campesinos, indígenas y trabajadores de 40 países, allí representados, a “luchar por la triple T, tierra, techo y trabajo,” y a organizarse para poner la economía al servicio de los pueblos.

“Queremos un cambio real, un cambio de estructuras. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. Y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana Madre Tierra, como decía San Francisco”, proclamó.

Todavía más, el Papa les dijo: Ustedes, los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos, pueden y hacen mucho. Me atrevo a decirles que el futuro de la humanidad está en gran medida en sus manos. Les invito a construir una alternativa humana a la globalización excluyente. No se achiquen”. Aunque dijo no tener recetas, los llamó a buscar un cambio para “poner la economía al servicio de los pueblos y a oponerse a una economía de exclusión e iniquidad”.

Se trata del discurso más progresista de Papa alguno, incluso más atrevido que el de las encíclicas papales que como la Rerum Novarum de 1891, la Quadragésimo Anno de 1931 y la Mater et Magistra de 1961, constituyeron planteamientos revolucionarios para sus épocas. Y Francisco lo dijo directamente a los líderes de los movimientos populares.

Es indudable que este Papa es peligroso, porque con su ejemplo personal está trazando nuevas pautas a una iglesia cuyos pastores se confundieron con los poderes establecidos y perdieron su responsabilidad profética, renunciando hasta a promover las organizaciones intermedias que en la doctrina social de la Iglesia Católica están llamadas a ser sal y levadura de la tierra. Abundaron los que sentados a las mesas de los poderosos, abominaron de las protestas y reclamos de los excluidos.

Hay que celebrar los atrevimientos de este Papa peligroso que rescata la mansedumbre del inmenso rabit de Galilea y proclama la liberación de la opresión, de la miseria y la exclusión. Cuyo ejemplo de vida modesta, su renuncia al oropel y a estar a la sombra de los poderes dominantes, lo proclaman como un gran profeta de nuestro tiempo.

 

Responsabilidad social empresarial

Por Juan Bolívar Díaz

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Pocas veces la responsabilidad social del empresariado dominicano ha quedado tan nítidamente expuesta en un discurso, como en el pronunciado el miércoles por el presidente del Consejo Nacional de la Empresa privada (CONEP), Rafael Blanco Canto, en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio.

Prosiguiendo el ejercicio responsable y valiente que ha caracterizado su corta gestión al frente del máximo organismo empresarial, Blanco Canto disertó sobre la necesidad de traducir en mejor calidad de vida de la mayoría de la población dominicana el crecimiento económico de los últimos cincuenta años y no titubeó en formular aprehensiones sobre las precariedades institucionales y esbozar algunos de los principales correctivos.

Sobre su propio sector, el presidente del CONEP señaló la necesidad de “ir más allá de los tradicionales programas de responsabilidad social y desarrollar modelos de negocios que, en sí mismos, cada día agreguen mayor valor a las comunidades que rodean nuestras empresas para fomentar las redes económicas y encadenamientos productivos que mejoren, a través de la propia actividad económica, los niveles de vida de las comunidades en que producimos y/o a las que vendemos”.

El discurso de Blanco Canto fue valiente al solicitar que se siga mejorando la calidad del gasto público en educación y salud, invirtiendo en los maestros, para más adelante llegar a reclamar una ley de responsabilidad fiscal con “reglas claras para el establecimiento y uso del presupuesto público, que ponga límites al endeudamiento y a los déficits fiscales”. Planteó que “quienes usen los fondos públicos al margen de lo dispuesto por las reglas presupuestarias deben ser sancionados con todo el peso de la ley”.

Atacó las debilidades institucionales y la cultura de acomodo de las normas legales y constitucionales para proclamar que “los dominicanos no podemos postergar un minuto más para ser gobernados por reglas de juego claras, transparentes y duraderas, pero sobre todo diseñar mecanismos fuertes que hagan obligatorios para todos el cumplimiento de esas leyes”.

Blanco Canto no evadió el próximo proceso electoral, advirtiendo que las próximas elecciones serán de las más complicadas de los últimos 20 años, por lo que resulta impostergable crear condiciones que permitan mantener la confianza en el sistema político, que consideró piedra angular de las instituciones, y mitigar el desgaste del liderazgo partidista. Volvió a reclamar una Ley de Partidos que garantice la institucionalidad democrática y la transparencia de esas organizaciones.

El énfasis estuvo puesto en “la aprobación de una robusta Ley de Garantías Electorales que regule los gastos de campaña, que garantice niveles de equidad en el acceso a los medios de comunicación, la colocación de publicidad y que ponga control al uso de los recursos del Estado y las ventajas que ofrecen las posiciones públicas durante las campañas”.

En la vorágine de los acontecimientos nacionales es posible que los planteamientos de Blanco Canto hayan pasado desapercibidos para muchos, por lo que invitamos a una lectura del texto. Hay que celebrar que el empresariado nacional tenga la valentía de expresar públicamente las preocupaciones que son generalizadas en sus propios ámbitos privados. La institucionalidad democrática es asunto fundamental para ellos y para todos los dominicanos preocupados por el devenir de la nación.

El líder empresarial no quiso quedarse en divagaciones generales y expuso con franqueza sus temores.

 

La generación periodística de la década de los sesenta

Por Juan Bolívar Díaz
PERIODISTAS

Tengo que dar gracias a Dios y a la vida por todos los premios recibidos en una existencia que se aproxima peligrosamente a la curvita resbaladiza de los setenta. Tendría que dar gracias a tanta gente que es imposible identificarlas, como a todas las compañeras y compañeros del ejercicio periodístico de ya 46 años. Siempre he querido vivir acompañado, en proyectos colectivos, ya que no me ajustan los botes salvavidas individuales, convencido como José Agustín Goytisolo de que “un hombre solo/ una mujer/ así tomados de uno en uno/ son como polvo/ no son nada”.

Si lo que hoy se me reconoce generosamente es el trabajo y un ejercicio profesional respetuoso de la ética y consagrado a los principios fundamentales de la comunicación, que empiezan por hacer común los bienes, los sueños y las luchas de los seres humanos, entonces este premio tiene muchos propietarios.

Del carril y sus cicatrices. Lo que he podido ser y hacer se lo debo en gran medida a mis orígenes junto a “la caña, la yerba y el mimbre”, con los desfiladeros de miel y cristales marineros de los pueblos pequeños y vírgenes, que certificó el poeta nacional Pedro Mir. De esos carriles y sus cicatrices salió mi impulso inicial. Y si sigo habitado por la insatisfacción y la decisión de luchar por lo que entiendo el bienestar colectivo, debe haber sido por herencia de la rebeldía que corrió por la llanura oriental en la sangre de aquellos que, como Gregorio Urbano Gilbert, dieron ejemplo de auténtico sentimiento nacionalista. Aunque los manipuladores de la historia los llamaron gavilleros.

Me forjaron los ejemplos familiares, los maestros y sacerdotes que me tocaron, y aunque me hostilizaron en el seminario Santo Tomás por persistir en escuchar, sí religiosamente, las charlas radiofónicas de Juan Bosch, 1961-62, de allí salí dispuesto a militar en el equilibrio de los dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo.

El compromiso definitivo me lo impuso la revolución constitucionalista. En ella dirigí mi primer periódico, el semanario Diálogo, cuando culminaba el primer año universitario, mediante el cual los jóvenes católicos defendimos los anhelos democráticos de nuestro pueblo y la soberanía mancillada por la invasión extranjera. De aquella sangre, de esos días aciagos de dolor e impotencia, nacieron y se reprodujeron las energías libertarias de la generación periodística de los 60, de la que sería parte. México puso ingredientes importantes en mis esencias, especialmente cuando caí en la Escuela de Periodismo, la Carlos Septién García, fundada en 1949 por periodistas católicos, comprometidos con un ejercicio ético y social. En el bosque de Chapultepec escuché a León Felipe, el sublime poeta español del éxodo y del llanto, predicar: “nadie fue ayer/ni va hoy/ni irá mañana hacia Dios/por este camino que yo voy/para cada hombre guarda/un rayo nuevo de luz el sol/y un camino virgen Dios”.

Primer tropiezo con el poder. De regreso al país, al comenzar el 1968, se me abrieron generosamente los caminos. Los periodistas profesionales eran solo unos puñados salidos apresuradamente de la Escuela de Periodismo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo era el primer dominicano que había completado una carrera de periodismo en el exterior.

Apenas tomaba el pulso al país cuando tuve el primer tropiezo con el poder. El presidente Balaguer celebraba la mitad de su primer Gobierno y en una rueda de prensa televisada se me ocurrió recordarle sus dos compromisos básicos de campaña, que devolvería la paz al país y reduciría el costo de la vida, indicándole que los continuos asesinatos políticos y la elevación del costo de la vida me inducían a preguntarle si alcanzaría sus dos objetivos básicos “en los dos años que le quedan”. El mandatario reaccionó iracundo tratando de aplastarme. Creo que lo que más le molestó fue la impertinencia de decirle que le quedaban dos años de Gobierno. Aquel incidente me lanzó de repente al estrellato periodístico, porque me paré dos veces para sostenerle un animado diálogo, y al día siguiente muchos andaban preguntando de dónde salió el muchacho, 23 años tenía, que sacó de quicio a Balaguer. René Fortunato, en su documental La Violencia del Poder, sintetizó el impasse, que me dejaría un sello.

Debo reconocer aquí que durante casi todos los años de sus gobiernos, Joaquín Balaguer ofreció ruedas de prensa, a veces hasta dos por semana, y con frecuencia se le planteaban cuestiones conflictivas. El presidente Medina batea para un anémico promedio de una en dos años, la de ayer, y parece que no le fue mal, por lo que debería replicarla siquiera a una por mes.

Aquellos años fueron muy difíciles para el ejercicio del periodismo, y para la libertad de expresión. En un ensayo sobre la contribución del periodismo nacional a la democratización del país, sostuve que el arrojo de los periodistas que mantuvieron la libertad de información y opinión fue determinante de que la nación no cayera en otra dictadura, ya que se llegó a prohibir entrevistar por radio y televisión a Juan Bosch, Francisco Peña Gómez y Rafael Casimiro Castro. Y no había libertad sindical, ni de manifestaciones políticas, ni elecciones plurales. Contamos cientos de asesinatos y presos políticos y miles de exiliados, con fuerzas armadas y policiales politizadas y un férreo control del Congreso y la justicia.

Por la profesionalización. Aún cuando casi siempre realizaba labores ejecutivas, primero en la radio y luego en periódicos y televisión, nunca abandoné la militancia en el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales (SNPP), que en realidad era una asociación. En esos años no levantábamos reivindicaciones laborales, y los conflictos en las empresas fueron más bien por razones éticas y del ejercicio periodístico. Éramos tan celosos de la ética profesional que en una asamblea destituimos la directiva porque recibieron apartamentos del ensanche Honduras de Balaguer.

En el Segundo Congreso Nacional de la Prensa, en 1974, lanzamos la plataforma de la profesionalización y colegiación de los periodistas y de un código de ética profesional. El reconocimiento del periodismo como profesión se había generalizado en el mundo occidental, y los colegios de periodistas habían contribuido a consolidar la libertad del ejercicio profesional y a elevar el nivel profesional y de vida de los periodistas. Convivían con los empresarios de la comunicación. Aquí hubo una oposición tan absoluta que dividió a los periodistas y a los periódicos, y durante años el sector no fue modelo de diálogo, hasta que tras la democratización que se inició en 1978 obligó a transar. La ley original de colegiación fue una transacción pactada, luego denunciada por la parte empresarial. Nunca hubo algo que impidiera la libre expresión y difusión. Solo se condicionaba a la graduación universitaria el ingreso como reportero o redactor. No así a ningún cargo ejecutivo, y jefes de secciones, ni a los articulistas, columnistas y colaboradores. Lo que predominaba era elevar la condición profesional, comenzando con los que estaban en ejercicio. No era exclusión, sino inclusión y superación, con normas éticas. Y además lo acompañamos de una contribución del 1% del ingreso publicitario para superación profesional y un instituto de protección social.

Perdida batalla de la ética. Me quemé en esas luchas, pues me tocó presidir la Comisión de Profesionalización y Colegiación del SNPP desde su constitución en 1974 hasta la Ley 148 de 1983. Pero los méritos fueron colectivos, como los de haber recorrido el país haciendo cursillos de fin de semana para elevar la capacitación de los periodistas.

Rindo homenaje a la memoria del padre Alberto Villaverde, al también jesuita José Luis Sáez, y a los colegas Rafael Núñez Grassals y Emilio Herasme Peña, así como a Juan Manuel García y al entonces novel Manuel Quiterio Cedeño que me acompañaron firmemente en esa misión formativa honorífica. Casi todos coincidíamos en el mismo propósito desde las aulas de la UASD, como lo atestiguan cientos de egresados que se multiplicaron en la medida en que el periodismo era reconocido como profesión y varias universidades abrieron la carrera.

Se alcanzó la profesionalización, pero hemos perdido la batalla por la prevalencia de los principios éticos. Hoy el periodismo está afectado por graves confusiones y dependencias de las relaciones públicas, incentivadas por partidos y gobiernos y por sectores empresariales. No es solo en la información sobre los poderes públicos y los partidos, sino también en ámbitos deportivos, del arte y las sociales. Una proporción significativa de los periodistas y comentaristas de los periódicos, TV y radio son asalariados del Gobierno, los ayuntamientos y otra instituciones estatales.

Una materia pendiente

Los periodistas son pluriempleados, con dobles y hasta triples jornadas de trabajo, porque la remuneración empresarial se quedó muy distante de la pública. Una encuesta de Adalberto Grullón y alumnos, con una muestra de los periodistas de los diarios y principales canales televisivos, arroja que el 39 por ciento tiene dos empleos formales y el 4 por ciento tres. El 29 por ciento trabaja 12 horas diarias y otro 20 por ciento algunas más. El promedio salarial de las reporteras de televisión es de 20 mil pesos. Pero cientos de ellos ganan entre 30 y 150 mil pesos en instituciones estatales.

Con la paga de las empresas periodísticas muy pocos pueden vivir dignamente, y el pluriempleo los empuja a la superficialidad, dificulta la investigación y degrada el periodismo. Con todo, muchos periodistas hacen esfuerzo por cumplir su misión profesional. La libertad de información y prensa están en grave aprieto por esta situación, que debe ser abordada francamente por los ejecutivos y propietarios de los medios y el Colegio de Periodistas.

Nunca predicamos neutralidad. Creemos, eso sí, en la objetividad, en el reconocimiento de la realidad más allá de nuestras preferencias, en el compromiso por desmenuzar los problemas y conflictos sociales, en el respeto por el derecho a la información, en la pluralidad y la diversidad. Proclamamos que todo comunicador tiene que promover la institucionalidad democrática, la justicia, equidad e inclusión social.

Dedico este premio a la legión periodística de los 60, en especial a sus mártires Orlando Martínez y Gregorio García Castro. Aunque espero vivir unos cuantos años más, estoy iniciando el retiro, por lo menos del cargo ejecutivo que hace más de 27 años ejerzo en Teleantillas, del que ya solicité relevo. Y no envejeceré ante las cámaras.

 

La Barrick deberá transar con Danilo

Por Juan Bolívar Díaz
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Los términos radicales del presidente Danilo Medina sobre la inequidad del contrato que ampara la nueva explotación minera del oro y la plata de Pueblo Viejo, Cotuí, obligan a la empresa minera a una transacción que eleve de inmediato los beneficios del Estado.

Tras las expectativas alentadas y el respaldo recibido, el gobierno dominicano no podrá salir con las manos vacías, y aunque amenaza con una ley para gravar el sobreprecio del oro, tendrá que preferir una transacción que mantenga el clima adecuado a la inversión y al crédito extranjero que reclama el sector empresarial.

La gran sorpresa

Se contempló la posibilidad de que el presidente Danilo Medina aprovechara la oportunidad de su primer informe anual y la festividad de la independencia nacional para plantear la procedencia de una revisión del contrato con la Barrick Pueblo Viejo para la explotación del oro y la plata de Cotuí, pero nadie esperaba una formulación tan enérgica y contundente que le generaría un respaldo tan amplio como el que ha tenido de inmediato.

En sectores empresariales se teme que el paquete tributario que cobró todo su vigor en febrero haya generado recesión, con reducción de las ventas y en el crédito, y por consiguiente que las recaudaciones fiscales estén por debajo de lo estimado, lo que estarían compeliendo al gobierno a buscar mayores recursos. Las exportaciones de oro y plata con precios alrededor de 1,600 y 29 dólares la onza al comenzar la semana, era una fuente apreciable.

No se había informado oficialmente, pero se sabía que funcionarios del gobierno estaban en conversaciones con los ejecutivos de la Barrick buscando una renegociación del contrato, y que la empresa “no estaba fácil”. A la vista pública sostenía una intensa campaña de promoción y autodefensa que habría provocado la ofensiva presidencial. No había mejor escenario que el de la Asamblea Nacional el 27 de febrero.

El licenciado Medina decidió lanzarse a la ofensiva después de “decenas de reuniones…sin que se haya logrado convencer a la empresa sobre la necesidad y la urgencia de hacer las correcciones necesarias al esquema actual de distribución de los ingresos entre la empresa y el Estado dominicano, derivada de la explotación del oro”.

La inequidad es tan grande que proliferaban los gritos de indignación incentivados por el gobierno y particularmente en el Congreso Nacional. Sobre esa ola se montaría Medina buscando forzar una renegociación.

Argumentos contundentes

Cuatro son los argumentos fundamentales en los que el presidente Medina fundamenta la necesidad de la renegociación. El primero es contundente: bajo el actual contrato, sobre un precio promedio de 1,700 dólares la onza de oro y de 28 la de plata, y con un monto estimado de exportaciones anuales por 1,753 millones de dólares, en lo inmediato el Estado apenas recibiría 56 millones de dólares, equivalente al 3 por ciento. Segundo: cuando la Barrick compró los derechos de la Placer Dome sobre la mina, creyó legítima una renegociación y el Estado accedió. Tercero: que desde entonces, el oro ha subido de 555 dólares por onza, a un promedio  de 1,700 dólares, reflejando importantes cambios en el mercado. Y cuarto: que las renegociaciones e impuestos sobre ganancia son comunes en el mundo, señalando múltiples países.

El hecho de que el precio del oro en la actualidad triplique el que promediaba cuando en el 2009 se renegoció el contrato con la Barrick opera a favor de una nueva revisión, ahora para beneficiar al dueño de la mina. Con los actuales niveles de precio, estimando que en los dos primeros años la empresa obtendría ingresos netos de 2,600 millones de dólares, casi recuperaría el monto de su inversión en ese periodo mientras el Estado “estaría recibiendo migajas”, según planteó el mandatario.

Como la Barrick afirma que su inversión ha sido de 4 mil millones de dólares, la recuperaría realmente en tres años. Son 1,400 millones de dólares más de los 2,600 millones que estimó cuando renegoció el contrato, según la empresa por “encarecimiento de equipos, materiales y del petróleo”. Con los precios que entonces tenían los metales, un tercio de los actuales, necesitaban de seis a ocho años para amortiguar una inversión que sería requerida progresivamente a lo largo de tres años.

En ese escenario, la Barrick no tiene por qué empeñarse en cubrirla ahora en tres años y bien puede reprogramar su amortización, lo que registraría beneficios netos inmediatos y permitiría adelantar el pago del 25 por ciento de impuesto sobre la renta y el 28.75  por ciento de participación en las utilidades para el Estado y la proporción correspondientes a los inversionistas. Los siete bancos prestatarios norteamericanos y canadienses harían buen negocio recibiendo sus intereses, los que se cargarían a mediano plazo no sólo a renta de la empresa sino también a la del Estado.

La mejor solución visible

La mejor solución visible es la renegociación. El camino del impuesto al sobreprecio mediante una ley podría ser justiciero, pero sin duda sería más conflictivo porque afectaría “el clima de inversiones y la imagen internacional del país” que el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y embajadores influyentes han recordado a propósito del discurso presidencial.

La Barrick reaccionó de inmediato planteando que “la seguridad jurídica es fundamental para alcanzar la meta de generar beneficios compartidos” y confirmó que “hemos tenido acercamientos amigables con el Estado dominicano en los cuales se han analizado las inquietudes derivadas del contrato, sin dejar de señalar las limitaciones que tenemos, debido a compromisos que hemos asumido con las instituciones que financian el proyecto”. Y ratificó “disposición al diálogo”.

Los mismos legisladores que aprobaron el contrato del 2009 en términos tan desventajosos, sin leerlo porque así lo quiso el presidente Fernández, levantarían las dos manos ahora para modificarlo, si se lo pide el presidente Medina, pero eso crearía un nuevo escenario político, con el alto empresariado en la acera del frente, temeroso de otros “cambios de las reglas del juego”, en términos impositivos y especialmente frente a los contratos de los generadores eléctricos, pendientes también  de revisión. Se cree que empresarios influyentes en el país tienen acciones en la mina y otros hacen buenos negocios con su explotación.

La Barrick se iría al arbitraje internacional, amparada en el desconocimiento de un contrato, lo que implicaría riesgo para el Estado, que en el pasado ha perdido varias veces y nunca ha ganado en ese escenario. Con las exportaciones detenidas se atrasaría la amortización de la deuda y ambas partes perderían mientras pasen meses y tal vez uno o dos años para un dictamen, y la economía nacional se vería afectada por elevación de los riesgos de inversión y dificultades y costos de financiamientos internacionales que acentuarían los déficits internos y externos que amenazan la estabilidad.

Una situación dramática

Es obvio que los ejecutivos de la Barrick subestimaron el clamor nacional contra los términos de un contrato absolutamente inequitativo en una materia tan sensible como el oro, tal vez porque los había pactado con el líder del mismo partido de gobierno. Es probable que asesores y empresarios nacionales le aconsejaran mantener una posición tan inflexible sin presentar alguna alternativa viable más allá de adelantar el pago de impuestos futuros. Uno que otro analista le advirtieron fríamente que deberían transar, teniendo en cuenta que el nuevo gobierno no permitiría que todo su período transcurriera con migajas de las exportaciones de oro y plata y en medio de tantos déficits heredados.

Acabando de ratificar su popularidad con la revocación de la negociación con los usurpadores de los terrenos estatales de Bahía de las Aguilas, el presidente Medina decidió jugarse una partida dramática con expresiones de ultimátum como “último llamado”, que “el oro es del pueblo dominicano y de nadie más” y que “sólo podrá ser extraído, procesado y exportado si las condiciones de distribución de los ingresos generados por la explotación de este recurso no renovable son justas y favorables para las dominicanas y dominicanos”.

Tras esos términos, capitalizando y potenciando el sentimiento nacional, el gobierno no puede salir con migajas. Ahora la Barrick tendría que conceder más que si hubiese negociado en la etapa confidencial. Debe asumirse que Danilo Medina midió los riesgos antes de lanzarse “manos a la obra”. Antes cualquier concesión era ganancia, ahora necesita algo substancial en proporción a sus planteamientos, pues su prestigio se juega en el país y dentro de su propio partido donde están los responsables de una negociación tan desventajosa que se conformaban casi sólo con la inversión, que ha sido de apenas 1,400 millones de dólares, según las propias cuentas de la Barrick, porque en su mayoría se quedó fuera en compra de equipos, materiales y servicios.

El grito de inaceptable con que Danilo Medina selló su discurso ante la Asamblea Nacional retumba en todo el país y tendrá que ser recogido por la Barrick Pueblo Viejo que no podría realizar la explotación minera con la hostilidad del gobierno y de casi todos los sectores nacionales. Ni aún si fuera favorecida en un arbitraje internacional. Porque no es sólo un conflicto legal, sino de legitimidad y justicia, y porque tiene un margen de beneficio tan amplio que puede reducirlo y seguir haciendo un negocio fabuloso.-

 

Del New York chiquito a la ilusión de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz
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Con una serie de desaciertos, el presidente Leonel Fernández sembró vientos y cosechó tempestades en ocasión de su último informe a la nación, a no ser que él y el pueblo quieran otra cosa, como adelantó el presidente del Senado en el augusto escenario de la Asamblea Nacional el lunes 27 de febrero.

Abusando de su extraordinario histrionismo y capacidad comunicativa, el mandatario hirió la sensibilidad de muchos de los que como él pueden  conceptualizar, por lo que ha recibido una tanda de censuras sin precedente por haber manipulado cifras y magnificado sus logros en estos ocho años consecutivos de gobierno.

El déficit constitucional.  Analistas y comentaristas de televisión habían adelantado que el Presidente  formularía un discurso de carácter netamente político, pasando balance a su último período de gobierno y con miras a las elecciones de mayo próximo, pero se quedaron cortos. La pieza fue absolutamente política y se extendió hasta el 2016 cuando el mandatario y sus fieles esperan que vuelva, como quedó evidente en el escenario.

La primera reacción fue que le faltó referirse a la gestión del 2011, en desconocimiento del mandato específico de cuatro artículos de la Constitución en lo que el experto Cristóbal Rodríguez denominó el “déficit constitucional del discurso”. El  experto en derecho constitucional sostiene que Fernández ignoró mandatos de los artículos 93, 114, 121 y 128 de la Constitución que disponen la rendición de cuentas ante las cámaras legislativas al comenzar el 27 de febrero de cada año.

Los defensores del pragmatismo político aducen que en un año de elecciones el  mandatario podía aprovechar el escenario para servirse a su antojo. Otros estiman que la rendición de cuentas está en las memorias de los ministerios que los presidentes remiten o entregan al Congreso. Sin embargo, la Constitución no establece diferencias entre el primero y el último año de la administración, y es específica en cuanto a las memorias y el mensaje y la explicación del presidente y señala también el deber de proyectar la gestión del año en curso.

En efecto, el artículo 114 plantea “la responsabilidad del Presidente de la República de rendir cuentas anualmente  ante el Congreso Nacional de la administración presupuestaria, financiera y de gestión ocurrida en el año anterior”, refiriendo al artículo 128, pero especificando que “acompañada de un mensaje explicativo de las proyecciones macroeconómicas y fiscales, los resultados económicos, financieros y sociales esperados” y las prioridades a ejecutar en el año en curso. El artículo 121 indica que las cámaras legislativas deben “Recibir el mensaje y la rendición de cuentas de la o el Presidente de la República y las memorias de los ministerios”. El numeral 2, letra f del artículo 128 también ordena  el depósito de las memorias de los ministerios y además “rendir cuentas de su administración del año anterior”.

Comparación para párvulos.  Casi todo el “informe a la nación” fue un ejercicio de comparación entre lo que era el país en el 2004 y el legado del presidente Fernández, que pareció fruto de la convicción de que solo los grandes líderes pueden  conceptualizar. Por momentos parecía dirigido a párvulos, un culto a la ignorancia que no merece la élite social que escucha con atención o lee discursos presidenciales.

Lo primero es que es un ventajismo partir de un año en que la economía del país buscaba reflotar tras las quiebras bancarias que el año anterior habían costado casi el mismo monto del presupuesto nacional, cuando los ingresos fiscales eran 97 mil millones de pesos, la cuarta parte de los registrados el año pasado. Desde luego sin hacer una confesión de la responsabilidad que compartía el orador en la incubación y desarrollo de monstruos devoradores como el Baninter. Manipuló tantas cifras que aunque se refería a lo encontrado al comenzar su gobierno, situó la tasa cambiaria del dólar en el pico de 55 pesos que alcanzó a principios de ese año, en vez de los 41 a que se cotizaba al juramentarse en agosto del 2004. Es pueril proclamar como éxito que 8 años después, y con una población superior en alrededor de un millón de personas, se comen más plátanos, pollos o habichuelas.

Desde luego que el Presidente olvidó contar sobre sus déficits fiscales financiados con endeudamiento, al igual que gran parte de su obra material, para triplicar la deuda del Gobierno, especialmente en los últimos cuatro años. El economista Miguel Ceara Hatton ha resaltado que el 68 por ciento, más de dos tercios, de los 13 mil 300 millones de dólares de deuda nueva contraída entre el 2000 y el 2011 se contrató a partir del 2004, por lo que las consecuencias del New York  chiquito tendrá que afrontarla el próximo gobierno.

Rechazo generalizado.  El polémico discurso ha encontrado un rechazo generalizado, incluyendo al Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y las agrupaciones de productores agropecuarios, algunas de las cuales, como la Aproleche, desmienten las cifras optimistas sobre el sector.

Que el mandatario no se refiriera al sector industrial tiene lógica, dada la caída que el mismo ha sufrido en los últimos ocho años, del 32.6 al 26 por ciento del producto bruto interno, como sustentara el economista Alejandro Fernández el jueves en su página del Diario Libre, gracias a una política que ha fundamentado el crecimiento en las importaciones y en la construcción pública. Sostuvo que en el 2011 mientras toda la banca privada destinó 1,589 millones de pesos a financiar obras  gubernamentales, la banca estatal le otorgó casi todo su crédito, 29 mil 355 millones de pesos, 18 veces más.

El Conep aprovechó para volver a denunciar el modelo económico leonelista que no se fundamenta en elevar la producción y la productividad. Y reclamó fortalecer la institucionalidad con el cumplimiento de la Constitución y las leyes. La ANJE rechazó que exista la revolución democrática planteada por el Presidente, señalando debilidades institucionales como pobre independencia de la justicia, falta de transparencia y de lucha contra la corrupción y de seguridad jurídica.

La proeza del boroneo. La ilusión de Leonel Fernández no cuadra con el índice de competitividad del Foro Económico Mundial que sitúa al país en los últimos escalones en capacidad de competir internacionalmente, en educación y sobre todo en malversación de los recursos públicos, sin que pudiera informar de un solo funcionario llevado a la cárcel. Tampoco cuadra con las evaluaciones del Banco Mundial, del Latinobarómetro y de Transparencia Internacional que queman al país en transparencia con notas de hasta  26 sobre 100. Ni hablar de  Amnistía Internacional que denuncia una política criminal y documenta un libro con cientos de ejecutados por la Policía.

En tantas comparaciones entre el 2004 (mencionado más de 60 veces) y el 2011, el mandatario olvidó establecer las diferencias entre el gasto corriente y la inversión, el crecimiento del 50 por ciento en la nómina pública (de 390 mil a 580 mil) con su diarrea de 334 viceministros y de mil 163 funcionarios diplomáticos y consulares.

Pero la mejor muestra de la ilusión desarrollista del presidente Fernández quedó en su informe de que ha rescatado de la pobreza a 800 mil personas y que  582 mil 950 familias reciben el subsidio de 700 pesos de “comer es primero”, suma que no alcanza para comprar una libra de arroz por día. También que 213 mil familias reciben el incentivo para mandar los hijos a la escuela, cuyos 200 pesos  no alcanzan para un plátano por día. Sumó 760 mil 591 beneficiarios del programa bonogás para hogares,  y 15 mil 745 para choferes, más 263 mil del programa bonoluz. Totalizan un millón 840 mil. Toda una proeza en materia de boroneo, no para combatir la pobreza, sino para mantenerla bajo control político.

Una autoglorificación

El presidente Fernández habrá depositado las memorias de los ministerios pero no rindió cuentas ni explicó metas y prioridades del año en curso, a pesar de que pronunció un extenso discurso de casi dos horas y media en gran parte dedicado a su autoglorificación hasta el punto de proclamar alborozado que ha logrado su sueño de convertir la capital dominicana en un “New York chiquito”, por la cantidad de edificaciones y obras viales que pudo ver desde un helicóptero.

Ese sueño infantil del doctor Fernández se confunde con el “sueño americano”  que describió como el acceso a electrodomésticos para trasmutarse en “la ilusión dominicana” en un canto de autoglorificación que parte del desastre de país y nación que encontró ocho años atrás para terminar apelando a la referencia de Hamlet cuando proclamó el desquiciamiento del mundo para exclamar “¡vaya faena, haber nacido yo para tener que arreglarlo!”. Por si las dudas, aclaró que “nunca he tenido las pretensiones de Hamlet”.

Ninguna mezquindad puede ocultar la inversión vial y en edificios en los gobiernos de Fernández, incluyendo tres o cuatro torres de lujosos apartamentos, pero la mayor parte de lo que se ve desde el aire no es fruto de sueño alguno, sino de la inversión privada, y no de ocho años, sino ya de tres o cuatro décadas.

La mayor gloria “de modernidad” que se atribuye al presidente Fernández es haber hecho un sistema de tren subterráneo, que es la obra más costosa en la historia del país, pero cuya primera línea apenas sirve al 0.5 por ciento de la población nacional y a menos del 2 por ciento de los residentes en la gran urbe de Santo Domingo. Ver un New York chiquito en una ciudad  de tránsito caótico a pesar de tanta inversión vial, con gran parte de su población viviendo en casuchas sin agua potable y escasa electricidad, sin alcantarillados pluvial ni sanitario, surcada por inmundas cañadas que contaminan ríos y playa, más que un ejercicio de optimismo es una ofensa.

 

En abono del presidencialismo

Por Juan Bolívar Díaz
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En medio de la borrasca dejada por el discurso presidencial del 27 de febrero podría colarse de contrabando el nuevo esfuerzo gubernamental por abonar el recurrente presidencialismo que tanto ha castrado la institucionalidad democrática en los 167 años de la República Dominicana.

El presidente Leonel Fernández observó la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) recién aprobada por el Congreso Nacional para reclamar un voto adicional, apenas un año después que la nueva Constitución incluyera al Procurador General como miembro del organismo encargado de elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y de los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral.

Hasta la nueva Constitución el CNM estaba integrado sólo por siete miembros, el presidente de la República, los presidentes de las dos cámaras legislativas y un delegado adicional por cada una de ellas, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un delegado adicional por la misma

Cuando los asambleístas constitucionalistas agregaron al Procurador General, un subalterno del presidente de la República, que es quien lo designa, era obvio que se fortalecía el presidencialismo, nada menos que en la integración de los máximos organismos de otro poder del Estado, el Judicial.

Pero el presidente Fernández no quedó conforme con ese poder  y con la observación de la ley pretende que en caso de empate en una decisión se le otorgue un voto adicional definitorio, algo absolutamente improcedente y en las actuales circunstancias innecesario.

En realidad el doctor Fernández tiene garantizada la mayoría absoluta de los votos del CNM para la reestructuración de la Suprema Corte y la elección de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Cuenta, además del suyo, con el voto del Procurador, de los presidentes de ambas cámaras y del aliado reformista que es el representante adicional del Senado, para totalizar cinco de ocho. La oposición perredeísta sólo cuenta con el delgado adicional por la Cámara de Diputados, quedando todavía la posibilidad de obtener los dos de la Suprema Corte.

El abono al presidencialismo se plantea precisamente cuando desde diferentes instancias sociales se reclama que las próximas elecciones del CNM se hagan con amplitud democrática, amplio consenso y sin atender los intereses partidistas, condiciones que siempre deberían caracterizar la escogencia de los jueces, especialmente cuando se trata de la Suprema Corte y de los jueces responsables de dirimir los conflictos constitucionales y electorales.

Si el actual mandatario de cualquier forma ya tiene el control del CNM no se justifica que quiera instituir un voto adicional para el Poder Ejecutivo y en materia que tiene que ver con órganos a los cuales eventualmente tendría que rendir cuenta. Podría estar trabajando para facilitar decisiones en el CNM a su sucesor, sobre todo si es de otro partido.

La motivación es confusa pero el objetivo es abonar el presidencialismo en detrimento del Poder Judicial. Una demostración adicional de que el doctor Fernández se distancia en la sintonía con las aspiraciones nacionales de independencia de poderes y de fortaleza institucional. Ojalá que la oposición haga valer su peso en la Cámara de Diputados y rechace firmemente la pretensión presidencial, ya que al tratarse de una ley orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos.

Otro gran discurso optimista de LF

Por Juan Bolívar Díaz

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El discurso pronunciado ayer ante la Asamblea Nacional por el Presidente Leonel Fernández se inscribe en su acostumbrado tono optimista y de gran elocuencia,  apelando a efectos emotivos,  reiterando promesas del año anterior  y proclamando el país como una especie de paraíso que escapa a los efectos de todas las crisis internacionales.

El mandatario respondió los mayores cuestionamientos a su gestión gubernamental en materia de endeudamiento externo, combate real a la pobreza y la exclusión social, así como en los sensibles campos de la crisis energética, la corrupción y la creciente inseguridad por la violencia criminal y el narcotráfico.

Derroche de optimismo.  El discurso con el que el Presidente Leonel Fernández cumplió el mandato constitucional de informar sobre su gestión gubernamental del año anterior fue un derroche de optimismo durante más de una hora y 30 minutos. Como siempre el mandatario exhibió sus excepcionales dotes de comunicador, apelando a efectos emotivos como la presentación de Sonia Marmolejos, la joven dominicana que amamantó a un niño haitiano en ocasión del terremoto que destruyó el vecino país, y de la popular jovencita Martha Heredia, ganadora de un concurso internacional de aficionados al canto, así como las referencias al reciente triunfo del Escogido en el torneo nacional de béisbol y la Serie del Caribe.

El informe comenzó proclamando la nueva Constitución como el fundamento de la consolidación de la democracia y la libertad, como objetivo fundamental del siglo 21, para luego expresar orgullo por la solidaridad dominicana frente a la tragedia de Haití, y señalar que proseguirá ejerciendo un rol de “mediación” en potenciales conflictos regionales con la misión de “convertir a la República Dominicana en un Centro Mundial para la Paz”.

Igualmente, a lo interno del país el presidente Fernández resaltó los logros de la “Cumbre de la Unidad Nacional”, celebrada a principios de 2009 y, aunque no participó el principal partido de oposición y se ha cuestionado el poco seguimiento a los acuerdos, la proclamó como “un modelo de gestión de crisis mediante el diálogo, la concertación y la confianza en el pueblo dominicano”.

Otras muestras del gran optimismo presidencial fueron cuando tras señalar los efectos de la crisis económica internacional, que se reflejó en caída de las recaudaciones fiscales y déficit fiscal, y en una notable reducción de las inversiones públicas a la que no se refirió, y caída de los principales sectores productivos, excepto la agropecuaria, sostuvo que no hubo desempleo, ya que al final del 2009, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se crearon 58 mil nuevos empleos que compensaron la reducción de los meses anteriores. Proclamó, además, que pese a todas las precariedades los dominicanos lograron el año pasado “comer más y más barato”. Luego aseveró que está haciendo “una revolución en el sistema de salud y seguridad social”.

Indiscutible estabilidad.  En lo que no podrá regatearse mérito a la gestión gubernamental del año pasado es en haber mantenido la estabilidad macroeconómica con devaluación de apenas 2.3 por ciento e inflación del 4.5%, aunque se seguirá discutiendo el milagro del  crecimiento del 3.5%, el mayor de toda América Latina junto a Bolivia, pese a la caída de los sectores productivos fundamentales, como las exportaciones nacionales y de zonas francas, la manufactura, minería, turismo y remesas. Con reducción del 9 por ciento en los ingresos fiscales.

Fernández intentó desmeritar las críticas de exceso de gasto y de endeudamiento,  aunque reconoció un déficit fiscal de RD$55 mil millones, 3.5 por ciento del producto interno  bruto, durante el 2009. Reivindicó haber actuado con “sentido de equilibrio, madurez y cordura”, afirmando categóricamente que no incurrió ni en exceso de gasto ni aumento insostenible del endeudamiento.

La generalidad de los economistas sostienen que la deuda pública se ha duplicado en los cinco años y medio continuos de Gobierno del Presidente Fernández y que ya compromete  alrededor del 45 por ciento de los ingresos fiscales, lo que para la pobreza y requerimientos sociales dominicanos es un nivel insostenible sin nuevas cargas tributarias.

Fue justamente con endeudamiento nacional e internacional, incluidos los más de mil millones de dólares recibidos a fin de año por el acuerdo con el FMI, que le facilitaría otros 1,500 millones más este año, que el Gobierno pudo concluir el 2009 con relativa estabilidad. El ministro de Hacienda, Vicente Bengoa,  llegó a decir públicamente que el Gobierno no tenía ni con qué pagar la nómina de noviembre.

Tres áreas fundamentales.  El presidente Fernández reconoció tres áreas fundamentales en las que hay profunda insatisfacción nacional –energía eléctrica, corrupción y la delincuencia con relevancia en el narcotráfico- prometiendo, como hace un año y en los anteriores, acciones eficaces para satisfacer los requerimientos de la sociedad dominicana.

Aunque cree que “es mucho lo que se ha hecho” para resolver la crisis energética nacional de por lo menos cuatro décadas, persistió en prometer nuevas inversiones, combate efectivo al robo de energía y reducción de subsidios con el objetivo de lograr un servicio confiable y eficiente. Habló de un incremento hasta el 47% de los sectores que reciben 24 horas de energía, ignorando las persistentes temporadas, como la del último mes, en que se generalizan los apagones a nivel nacional.

Prometió proseguir consultas con organismos internacionales para mejorar la transparencia del Gobierno, y casi jura que “en la defensa de los bienes del pueblo no tengo amigos”, pero en vez de anunciar la separación de funcionarios acusados de malversación,  los invita a no empañar su gestión gubernamental.

Volvió a prometer depuración de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Dirección de Control de Drogas, y mayor independencia de esta última, así como  una reducción de los generales, militares y policiales, que rondan los 300. Aunque consideró “casos aislados” la participación de miembros de esas instituciones en el narcotráfico, que en los últimos dos años han resultado en graves escándalos y que la pasada semana se expresaron día por día.

El discurso del año pasado.  El discurso presidencial repitió muchos de los planteamientos del de hace un año, incluyendo el proyecto de ley para el mercado hipotecario, el plan nacional de políticas de empleo, programas de asfaltado y viviendas así como múltiples obras públicas inconclusas. El 27 de febrero de 2009 el presidente Fernández comenzó con una larga disertación sobre la crisis económica internacional y sus repercusiones en el país, especialmente en el déficit comercial y la balanza de pagos y en los precios de los combustibles y los alimentos, así como de la energía eléctrica. Pese a ello celebró que pudo mantener la paz social y la estabilidad macroeconómica con crecimiento de  5.3 por ciento.

Cuantificó en 38,600 millones de pesos el subsidio a la energía, aparte del que se estableció en plena campaña electoral a alimentos como pan, huevos, pollo, arroz, habichuelas y cebollas, y al empleo de zonas francas.

Otros temas dominantes fueron el proyecto de nueva Constitución, las resoluciones de la “Cumbre por la Unidad Nacional frente a la Crisis Económica Mundial”,  en su mayoría pendientes de ejecución;  el crecimiento del narcotráfico, del  cual proclamó que “no pasará”;  una licitación para contratar con inversionistas privados  la construcción de la segunda línea del Metro, lo que aún no ha ocurrido, aunque el Estado ya la inició, y la promesa de establecer las rutas alimentadoras de la línea en operación, también pendiente.

Hace un año el doctor Fernández prometió la realización de un multimillonario rosario de obras públicas que no pudieron cumplirse, incluyendo la conclusión de muchas que llevan años paralizadas, entre ellas el nuevo hospital oncológico, la torre administrativa, comedor y edificios de parqueos y de investigaciones de la Universidad Autónoma,  que fueron iniciadas con los  polémicos bonos de la Sun Land. También la  remodelación de los edificios de cuatro facultades y la construcción de otros ocho centros universitarios regionales.

Otras promesas del año pasado no materializadas fueron la conclusión del mercado terminal de Santo Domingo, lo mismo decenas de acueductos, carreteras, centros de salud, incorporación de 36 mil tareas del CEA a la producción agropecuaria y millares de viviendas, así como un mayor financiamiento a la educación. Así mismo, una mesa de trabajo para coordinar las políticas del Gobierno central con los locales, convertir la Liga Municipal en un instituto de capacitación municipal y un plan nacional de ordenamiento territorial.