No pienso morder silencio

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN BOLIVAR

Debo advertir que no pienso morder el silencio que me aconsejan, algunos de buena fe, para escapar del cerco de acoso, estigmatizaciones y amenazas en que me encuentro junto a otros colegas, por denunciar la corrupción y le iniquidad, por defender derechos humanos y promover relaciones de buena vecindad con los hermanos haitianos. Aunque confieso que por momentos quisiera largarme para la Patagonia, allá bien al sur del continente, donde vacacioné una vez y quedé con la ilusión de pasar unos meses, entre lagos y nevados infinitamente hermosos.

A veces la emoción me conduce a un bote salva vida individual. Pero la razón me dice que es un poco tarde con casi medio siglo en este angustioso oficio. Ya una vez lo abordé por un año, tras dos atentados que procuraban mi silencio eterno. Pero de eso van a cumplirse 45 años y entonces, en 1970, el terrorismo de Estado cobraba una víctima cada 28 horas. Ahora es diferente y albergo la esperanza de que no llegaremos al extremo del asesinato, aunque cada vez es más preocupante la necrófila consigna de “muerte a los traidores”, que grupos extremistas, algunos pagados por entidades gubernamentales, proclaman en plazas públicas y medios de comunicación.

Ya esta semana otro grupito, esta vez en San Francisco de Macorís, duplicó la lista de “traidores disfrazados de periodistas”, merecedores de la muerte. Además de este articulista y de Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada, sumaron a Marino Zapete, Alicia Ortega, Fernando Hasbún y Edith Febles. Hay que relevar la responsabilidad de los dirigentes del Colegio de Periodistas y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de esa ciudad que impidieron el uso de su local para pregonar exterminio.

El asesinato a golpes de un joven haitiano, posteriormente colgado en el parque Ercilia Pepín de Santiago, al día siguiente de que fanáticos encapuchados quemaran allí una bandera de Haití, profundiza las preocupaciones sobre las consecuencias de la siembra de odio y estigmatizaciones. Sin siquiera haber identificado a la víctima, ni a sus presuntos victimarios, la Policía atribuyó el crimen a otros dos haitianos con la supuesta intención de robarle. El Centro de Formación Agraria de Santiago (CEFASA), una institución religiosa, fue más rápida que la policía al identificar a la víctima el jueves como Claude Jean Harris, un pacífico limpiabotas de 22 años, que según su esposa se llevaba bien con todo el mundo.

Hay razones para temer que estemos ante la primera víctima mortal del discurso del odio puesto en marcha en las últimas semanas. Si era para robarle, no se explica que lo ataran de pies y manos y que luego de matarlo a golpes lo colgaran en una plaza pública, frente al principal hospital de Santiago, en una zona de mucho tráfico. Las preocupaciones son tan lógicas que el Jefe de la Policía Nacional acudió al escenario el jueves y dispuso que una comisión especial investigue a fondo.

El general Manuel Castro Castillo ya llevaba una semana investigando personalmente el asalto a la residencia del embajador de Haití, Fritz Cineas, ejecutado a media mañana, cuando un grupo de cinco personas golpeó al guardián, amordazó a la trabajadora doméstica y cargó con dos cajas fuertes. No se puede descartar el robo como móvil, pero vale la pregunta de si un solo policía es suficiente para esa residencia.

Debe asumirse que la actuación personal del jefe policial partió de la instancia superior del Gobierno. También porque el canciller Andrés Navarro dijo el jueves que aparentemente hay sectores empeñados en dañar las relaciones con Haití, cuando hace unos meses el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo proclamó una nueva era en los vínculos bilaterales. Y es posible que haya fragmentos sociales empeñados en marchitarlos.

Mientras los investigadores policiales esclarecen suficientemente esos acontecimientos recientes, sigue siendo un imperativo que toda la sociedad, dominicana, encabezada por sus máximas autoridades, y por sus orientadores espirituales, reclame con firmeza un alto al discurso necrófilo, de odios, estigmatizaciones y exclusiones.

 

Un llamado a parar la siembra de odios

Por Juan Bolívar Díaz
08_02_2015 HOY_DOMINGO_080215_ El País12 A

Más que por temor a perder la vida, la denuncia de cuatro periodistas sobre incitaciones a matarlos, expresadas en plazas públicas y por medios de comunicación, es una apelación al Gobierno y a los sectores responsables para concertar un esfuerzo que detenga la siembra de odios y estigmatizaciones que podría generar una gran tragedia.

Es alentadora la respuesta de innumerables instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que han enfrentado a minorías fanatizadas, planteando que lo que está en juego es el respeto a derechos fundamentales, a la libertad de expresión y a los principios básicos del orden democrático, pero preocupa el silencio de las autoridades.

Ofensiva sin precedente. El periódico HOY lo planteó en su editorial del martes: “Nunca en este país, ni siquiera en épocas de oscurantismo, el fanatismo había llegado al extremo de llamar pública y abiertamente a matar periodistas por estos defender sus criterios con el derecho y la libertad que les garantiza la Constitución”.

La incitación a matar a “los Huchi Lora, Roberto Cavada y Juan Bolívar Díaz”, pronunciada ante cámaras de televisión y en un acto público en ocasión de la festividad del natalicio del fundador de la República, fue una expresión más del fanatismo que se está cultivando a nombre de un extremo nacionalismo, que podría llevar a personas desequilibradas a actos que pueden desembocar no solo en agresiones y asesinatos sino en tragedia de graves repercusiones internacionales.

La agresiva campaña comenzó para la festividad de la Restauración de la República en 2013, cuando ante el Altar de la Patria un grupo encabezado por el escritor Manuel Núñez y la comentarista Consuelo Despradel gritó la consigna de “muerte a los traidores”, identificando a varios de los periodistas que han defendido derechos humanos.

Tres meses después se ordenó la impresión de tres millones de volantes en los que se caricaturizaba a Lora y Díaz, como supuestos traidores a la patria, los que una editora se negó a imprimir.

Se presentó a las autoridades judiciales copias de los volantes que serían lanzados desde el aire y la orden de impresión por 390 mil pesos de la empresa RB Publicidad.

Lo que motivó la denuncia del lunes 2 fue el paso que dieron los promotores de muerte al acosar a los periodistas Amelia Deschamps y Roberto Cavada, a quienes individuos siguieron en dos supermercados diferentes, insultándolos y advirtiéndole que los matarían lo mismo que a Huchi y Juan Bolívar.

Los verdaderos ideólogos. El principal ideólogo de la campaña de muerte es la Fuerza Nacional Progresista, un partido aliado al Gobierno que en la última elección le aportó 0.62 por ciento de los votos, en especial su diputado por herencia Vinicio Castillo Semán, quien a través de un programa diario de televisión, en un periódico digital y por las redes electrónicas difunde calumnias y estigmas contra los que consideran traidores a la patria.

Los Castillo son promotores de una denominada Red por la Defensa de la Soberanía Nacional y una Fundación por la Soberanía, cuyo fervor nacionalista se ha reproducido en algunos núcleos en el interior del país, como el Movimiento Patriótico Independiente (MPI), que convocó la manifestación del 25 de enero en un parque de Santiago a la que asistió una veintena de personas.

En un volante distribuido el viernes en Santiago cuando la procuradora fiscal interrogaba a Díaz Estrella, se sostiene que “la nación está siendo agredida con la complicidad del Gobierno traidor, cobarde y boschista de Danilo Medina”.

Formulan una mezcolanza, afirmando que el Gobierno está “guiado por los imperialismos yanqui y europeo, por la Iglesia Católica-Vaticano y demás sectas religiosas, y los gobiernos cubano, venezolano y argentino”, junto a los comunicadores dominicanos traidores a la patria.

También ante el Altar de la Patria el Día de Duarte, se escucharon gritos de “Danilo traidor a la patria” y de “muerte a los traidores”.

Díaz Estrella, quien arrastra una condena por homicidio involuntario en ejercicio de la medicina, es un viejo militante del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo) al igual que uno de sus abogados, Jorge Mora, y varios de sus miembros. Ese grupo político generó confrontaciones con otros de la izquierda con balance de varios muertos en la década del setenta.

Pero es significativo y preocupante que jerarcas de la categoría del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, y el arzobispo cardenal López Rodríguez coincidan con los núcleos nacionalistas en denunciar una supuesta conspiración contra la soberanía nacional, como hicieron el Día de Duarte.

No al discurso del odio. Decenas de organismos nacionales e internacionales, partidos y dirigentes políticos, de periodistas, de derechos humanos, sindicales, religiosas y sociales de todo género se han manifestado en solidaridad con los periodistas amenazados, pero llama la atención el silencio de las autoridades y del partido de Gobierno y sus dirigentes.

El presidente Medina instruyó al Jefe de la Policía Nacional para investigar la denuncia y envió al ministro de Interior y policía y al titular de la Dirección Nacional de Investigaciones a ofrecer protección a los denunciantes.

El periodista Díaz agradeció ambos gestos, pero dijo que prefería ver al Presidente desautorizando y condenando las incitaciones públicas a matar y el discurso del odio, como han hecho recientemente la premier alemana Angela Merkel y el presidente de Francia Francois Hollande, antes y después del grave atentado terrorista de enero en París, rechazando firmemente los discursos del odio tanto de los fundamentalistas como de grupos ultranacionalistas que promueven la xenofobia.

Al igual que el Papa Francisco, esos mandatarios han defendido los derechos de los inmigrantes y sus descendientes y los aportes que hacen a sus economías. Merkel fue tan lejos como encabezar, junto al presidente alemán, Joachim Gauck, una manifestación contra los odios y exclusiones en la histórica Puerta de Brandeburgo el 13 de enero.

Enlutado por la docena de muertos en París, Hollande, empero, proclamó que “los musulmanes son las primeras víctimas del fanatismo”, desligándolos de responsabilidad en el terrorismo yihadista.

Entre las múltiples muestras de condenas a la incitación a matar periodistas dominicanos, resalta la del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) que gastó cientos de miles de pesos para publicar un enérgico comunicado en todos los diarios nacionales dándose por conmocionado por las incitaciones a matar periodistas.

Formuló un “llamado de alerta a las autoridades y la clase política para que pongan en marcha acciones que promuevan la concordia, la unión, la tolerancia y la fraternidad en nuestra sociedad, así como a interponer sus buenos oficios para que se depongan actitudes extremas”.

La fobia antihaitiana

La denuncia de los cuatro periodistas, Deschamps, Lora, Cavada y Díaz advierte de una ofensiva encaminada a callarlos y contra la libertad de prensa, promovida por un grupo político cuyos intereses y negocios ellos han afectado con denuncias como la frustrada estafa de terrenos estatales en Bahía de las Aguilas, los fraudes bancarios y el oneroso contrato de los rayos X para los puertos.

Pero no hay dudas que la fobia antihaitiana es una de sus más fuertes motivaciones, y de ahí los ataques a todos los periodistas, articulistas y dirigentes sociales que han rechazado la desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares que habían sido registrados como dominicanos. En las últimas semanas han puesto en Internet una “galería de mercenarios”, con las fotografías de diez de los dirigentes del Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas. Ahí también aparece Díaz y la antropóloga y comentarista de televisión Ana Selman, el director del Centro Bonó, Roque Félix, los economistas Miguel Ceara Hatton y Pavel Isa, el sacerdote Mario Serrano, el artista Víctor Víctor, la sindicalista Eulogia Familia, el sociólogo Wilfredo Lozano y el abogado constitucionalista Cristóbal Rodríguez.

En un artículo publicado esta semana titulado “El masacre se pasa a pie; la masacre no”, Melvin Mañón rememora la matanza dominicana de haitianos en 1937 y sostiene que la fobia antihaitiana está promoviendo otra con una serie de acciones y saturación de odio a través de medios de comunicación. Y justo esta misma semana un guardián disparó hiriendo a seis haitianos que reclamaban salarios vencidos en una construcción estatal.

 

Un llamado a la ponderación

 Por Juan Bolívar Díaz
11_01_2015 HOY_DOMINGO_110115_ Opinión9 A

No hubo secuestro de personal consular y militares dominicanos destacados en Anse-A Pitre, Haití, como tampoco es cierto que se hayan hecho asentamientos de inmigrantes haitianos en bateyes del desmantelado ingenio Montellano en Puerto Plata, como se ha denunciado reiterativamente en la primera semana de este año, alimentando el clima nacional de confrontación y exclusión que grupos radicales promueven cada vez con mayor entusiasmo.

Sí fue cierto que un grupo de haitianos disgustados por disposiciones de preservación del espacio marítimo dominicano, donde pescaban, en las proximidades de Pedernales, apedrearon el local del consulado, lo que obligó al personal a permanecer en su interior hasta que las autoridades locales les garantizaron su seguridad. Así lo informó al gobierno el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, general Carlos Manuel Aguirre Reyes. También lo reconoció el director de Migración, José Ricardo Taveras, un funcionario nada sospechoso de cordialidad con los haitianos. A pesar de ello múltiples comentaristas y medios informativos nacionales han seguido denunciando el supuesto secuestro, y algunos llegaron a reclamar acciones militares.

Sin duda hubo un incidente desagradable y peligroso, una actitud agresiva ante la cual la Cancillería nacional procedió con altura y ponderación, tramitando la correspondiente protesta y pidiendo las necesarias garantías, en un lenguaje diplomático evadiendo echar combustible sobre las pasiones bilaterales.

Lo del supuesto asentamiento de inmigrantes haitianos por parte de una entidad canadiense es absolutamente falso, como ha documentado el regidor reformista Juan Arismendy Medina, quien preside la Fundación Samaritana, responsable de haber construido unas 1,500 modestas viviendas escuelas y consultorios médicos en diez comunidades de extrema pobreza en ese municipio del que fuera síndico 1986-90.

El munícipe testimonió por Teleantillas, que todo comenzó en 1988 cuando un potentado empresario canadiense, que vino de turista, chocó con la extrema pobreza y se acercó a la Asamblea de Iglesia Cristiana de la que el señor Medina era animador. Otros contribuyentes canadienses se sumarían posteriormente a una obra de carácter humanitario. Fue aprobada por autoridades nacionales e incentivada por personas sensibles como el recordado Freddy Beras Goico. Reportajes en periódicos nacionales como el Listín Diario, y el canadiense Toronto Star dieron cuenta de la humanitaria renovación de bateyes y parajes abandonados tras el cierre del Ingenio Montellano. Algunas de las entregas de viviendas han sido reproducidas en Teleantillas y en periódicos digitales y en Youtube.

Como en todas las zonas cañeras del país, la decadencia de la industria azucarera dejó en la miseria y el mayor abandono a ciudadanos dominicanos, haitianos y dominico-haitianos. De las tres categorías han sido beneficiarios de las viviendas con costo promedio de 4 mil dólares.

Reportajes televisivos han mostrado que se trata de personas residentes en esos lugares por décadas, muchos de ellos mostrando sus cédulas de identidad, tarjetas del programa oficial Solidaridad y de Senasa.

No hay dudas que también se dieron viviendas a inmigrantes haitianos, pero de los que han trabajado y vivido allí por décadas y sus descendientes, al igual que ha ocurrido en los mínimos proyectos que en el pasado desarrolló en algunos bateyes el Consejo Estatal del Azúcar, y muy recientemente el Consorcio Vicini, que ha invertido muchos millones de pesos para mejorar el rostro de los residentes en sus bateyes.

Por suerte las máximas autoridades nacionales han actuado con responsabilidad y no se han dejado arrastrar por los promotores de la confrontación. El vocero del gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, habló con admirable inteligencia y serenidad llamando a la ponderación, especialmente a los responsables de la información y la orientación. Toman en cuenta la delicada situación política e institucional por la que atraviesa Haití, cuyo agravamiento en nada beneficiaría al país, al control migratorio, ni a los cada vez mayores intereses económicos de empresarios dominicanos, exportadores y constructores.-

Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros

Por Juan Bolívar Díaz
30_11_2014 HOY_DOMINGO_301114_ El País13 A

En los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, las filas eran considerables, pero seis meses después esa cifra apenas llegó a un poco más del triple.

La falta de colaboración de los empleadores y el exceso de requisitos que se exige a los interesados, están marcando el fracaso del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros decretado por el presidente Danilo Medina el 29 de noviembre de 2013 y que comenzó a ejecutarse hace 6 meses, el 2 de junio pasado.

Los apenas 107 carnés de inmigrantes emitidos en la primera mitad del plazo establecido, aunque más de 102 mil han solicitado su regularización aportando sus datos biométricos, representan una proporción muy baja de por lo menos 524 mil nacidos en el exterior registrados por la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes.

Una bajísima proporción. Las estadísticas que maneja el viceministro de Interior y Policía Washington González, encargado de la implementación del Plan de Regularización de Extranjeros, indican un pobre resultado en la primera mitad del plazo establecido para solicitar la inclusión, que según dijo vence el 31 de mayo próximo.

Hay muchas diferencias en el estimado de inmigrantes irregulares en el país, pero la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, registró 524,632 extranjeros en el país, de los cuales 458,233, el 87 por ciento, procedieron de Haití. Si se suman los ingresados en los últimos dos años, podrían llegar a 600 mil, de los que debe descontarse una pequeña proporción con estatus legal.

Los 102 mil 60 que según González habían iniciado el proceso de regularización al caer noviembre, representarían una proporción por debajo del 20 por ciento del total. Y los 107 carnés emitidos son apenas el 0.02%. Proyectados al año decretado para el programa de regularización, los solicitantes no representarían más del 40 por ciento del universo.

Pero la afluencia disminuye, ya que en los primeros diez días del proceso se recibieron 33 mil solicitudes, casi la tercera parte del total en los 6 meses que se cumplen este 2 de diciembre. Los carnés emitidos apenas alcanzan al 0.32 por ciento de los que acudieron hace más de 5 meses, cuya proyección al año implicaría un total fracaso. Con la agravante de que el artículo 12 del decreto 327-13 que estableció el plan especifica un límite hasta el 28 de febrero de 2015 para que los interesados acrediten su identidad.

Demasiados requisitos. Muchos siguen creyendo que el principal elemento que frena el proceso de regularización es la falta de documentos de identificación de los inmigrantes haitianos, la mayoría con algún documento según la ENI, pero en realidad la traba está en los excesivos requisitos para obtener el carné de inmigrantes y la falta de colaboración de los empleadores.

La identidad es el requisito fundamental y el artículo 12 señala que podrá acreditarse por uno de cinco tipos de documentos, aunque estén vencidos: a) pasaporte; b) documento de identidad del país de origen; c) acta de nacimiento; d) Para el solicitante que forme parte de un grupo familiar, acta de matrimonio, declaración de soltería o prueba de convivencia, según aplique; y e) un documento que pueda ser verificado como legítimo por la autoridad y que sirva para la identificación del extranjero solicitante.

Aunque el decreto especifica “por alguno” de esos documentos, en muchos centros se les pide todos, dificultando el registro. Lo mismo ocurre con los cuatro ejes básicos para la regularización establecidos en el artículo 14 del decreto, cada uno de los cuales señala 7 o más requisitos, pero indicando que bastan dos de ellos. Los ejes son 1) El tiempo de radicación de la persona extranjera en el país; 2) Los vínculos con la sociedad dominicana; 3) Las condiciones laborales y socio-económicas; y 4) La regularización de personas de manera individual o por familia.

En el eje 3 referido a las condiciones laborales y socio-económicas, hay 8 requisitos. En el séptimo se indica que el trabajo regular se acredita con un documento que pruebe pago de salarios, certificación de nómina, carné de empleado, o declaración jurada y notarizada del empleador. Especifica uno de ellos, pero en muchos casos se piden todos.

Dos ejemplos contundentes Para entender las dificultades del Plan de Regularización de los Extranjeros baste considerar dos casos específicos, el individual de un empleado en una torre de apartamentos de clase media y el otro un empleado en una residencia, con tres hijos, ambos haitianos residentes en la capital, con apoyo de sus empleadores que pocos podrán conseguir:

El individual es empleado ejemplar de una torre de apartamentos, donde la junta de vecinos responsables decidió avalarlo con la documentación y cubrir los costos. Lleva cuatro visitas al centro de registro y todavía no recibe su carné. Comenzó con su pasaporte visado. Presentó certificación de que trabaja y vive en la torre, acto de notoriedad sobre convivencia firmado por 7 testigos dominicanos, compulsa notarial, certificado de la Procuraduría de que no tiene expediente judicial, declaración jurada de ingresos, copias de cheques y recibos de salarios elegidos al azar de cada uno de los últimos cinco años. Todos esos documentos certificados y notarizados. En su última visita llevó copias de facturas de compra de electrodomésticos y del contrato de un celular de Claro, pero entonces le dijeron que también tiene que notarizarlas. Le piden una cuenta bancaria que no posee.

La situación es más compleja en el caso de un haitiano que lleva 20 años trabajando en la casa del excontralor general Bienvenido Brito y su esposa Maritza, personas de integridad reconocida, militantes católicos de toda la vida, que autorizaron citarlos. Desde que se anunció el plan se mostraron dispuestos a agotarlo y con su patrocinio, su empleado, vigilante y jardinero que también presta este servicio a los vecinos, lleva tres visitas y no avanza. También con pasaporte y visa. Sus empleadores certifican la vivienda que le construyeron en solar comprado en un barrio capitalino. Pero esta persona tiene tres hijos y por cada uno de ellos debe presentar un rosario de certificaciones. No consiguen copia de la constancia de nacimiento del hospital, que perdieron.

No quieren la regulación. La escasa o nula colaboración de los empleadores está contribuyendo al fracaso del Plan de Regularización de Extranjeros.

El viceministro Washing- ton González se ha quejado en televisión de que las asociaciones de productores no contribuyen, aunque les ha pedido colaboración. Productores agrícolas y constructores, así como administradores de condominios y empleadores individuales se niegan a proporcionar certificaciones a sus empleados. Prefieren el desorden de la oferta de mano de obra abundante, que despiden si no aceptan cualquier condición laboral, como horarios ilimitados, bajos salarios, y temen que la regularización los obligue a pagar la seguridad social.

Tampoco ayuda la histeria antihaitiana que se manifiesta a través de múltiples medios de comunicación, la que impide entender que la regularización de los que trabajan en el país es el primer paso si se quiere controlar el flujo inmigratorio. La desinformación y la resistencia es manifiesta en sectores que trafican con la inmigración irregular, aunque mantienen un discurso hipócrita, pretendiendo culpar de la masiva inmigración a quienes hablan de regulaciones y derechos. Hay también quienes creen que se puede recoger a tres o cuatrocientos mil y sacarlos del país.

El viceministro González, quien ha tomado su responsabilidad con seriedad y profesionalidad, reconoce los modestos resultados que registra el plan, pero se mantiene optimista de que el proceso podría acelerarse en la segunda mitad, sobre todo ahora que se está alcanzando el objetivo de llevar los centros de registro a todas las provincias.

El Gobierno de Haití tampoco ayuda eficientemente. Según informes la embajada ha tramitado más de 27 mil solicitudes de triple documentación -acta de nacimiento, cédula y pasaporte-, pero apenas han recibido unos cuatro mil.

En los organismos internacionales, como las agencias de las Naciones Unidas, y en las entidades nacionales, como el Centro Bonó, que buscan contribuir a la regularización, existe la convicción de que el plan tendrá que ser prorrogado y flexibilizado si se quiere evitar su fracaso. Lo están advirtiendo en privado, incluso a las autoridades.

 

 

Gonzalo Vargas Llosa

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso de odio y exclusión que ha proliferado en el país en el último año se ha concentrado en este hombre de tanta gentileza y suavidad, que parece un dechado de fuerzas espirituales que se prodigan a su alrededor con la firmeza de quien es consciente de encarnar un papel de humanidad, aunque con la voz peruana que no suele pasar del medio tono.

Los que lo hemos tratado durante los casi cinco años en el país como representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hemos encontrado en Gonzalo Vargas Llosa un ser humano elegante, que conjuga las dotes del diplomático con la convicción de quien tiene una misión que trasciende el empleo para ganarse la vida.

Pero Gonzalo fue escogido como chivo expiatorio del radical rechazo universal al genocidio civil que inició en el 2007 la Junta Central Electoral y que pretendió revestir de legitimidad la sentencia 168 del Tribunal Constitucional en perjuicio de decenas de miles de dominicanos de ascendencia extranjera, en su mayoría haitianos. A él le han cobrado el vigoroso artículo con que su padre, el laureado escritor Mario Vargas Llosa, rechazó el genocidio civil dominicano.

El ACNUR, como todos los organismos internacionales, ya de las Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos, al igual que la inmensa gama de organizaciones internacionales no gubernamentales, ha defendido vigorosamente a una extensa población colocada en situación de apatridia, excluida en su propia tierra, condenada de vivir una especie de apartheid.

Nada de lo que hizo o dijo Vargas Llosa rebasó los límites de la prudencia y contó siempre con la aprobación de sus superiores jerárquicos, pero los grupos que han saturado de odio el medio ambiente de la isla le han querido cobrar el generalizado rechazo internacional, sin el cual el genocidio civil hubiese quedado como hecho cumplido, sin el remedio limitado de la Ley 169-14, que algunos todavía resisten.

La ignorancia de la historia del ACNUR llevó el fanatismo al extremo de pedir la declaración de “no grato” o la expulsión de Gonzalo Vargas Llosa, incluyendo resoluciones de la Cámara de Diputados y de del Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Han sido acciones irreflexivas que en nada ayudan a mejorar la imagen internacional del país en materia de derechos humanos. Porque esa institución solo ha sido no grata para tiranías y dictaduras, donde ha salvado miles de vidas y protegido el derecho a la libertad.

Gonzalo debería ser desagraviado por el Gobierno del presidente Danilo Medina, como ya lo fue por unos sesenta amigos que le ofrecieron una cena de despedida esta semana, y lo que también están haciendo embajadas y organismos internacionales que reconocen su entereza y dedicación.

El discurso de Roberto Alvarez en la despedida expresó el profundo aprecio de sus amigos dominicanos, tras dar cuenta de las delicadas tareas cumplidas por este ilustre peruano antes de llegar al país, en escenarios tan complejos como la guerra de Bosnia, Libia, Afganistán, Pakistán, Sudán e Indonesia.

Gonzalo respondió con elegancia expresando admiración por “los valores que verdaderamente caracterizan al dominicano y a la dominicana, por los que “quieren tender puentes de entendimiento con sus vecinos y hermanos haitianos, y no levantar muros fronterizos de la discordia”. Para terminar planteando que “donde sea que me lleve el ACNUR en los próximos 15 años antes de jubilarme, cada vez que me encuentre en una situación muy difícil, donde hasta puede que llegue a dudar de mi vocación, buscaré nuevamente inspiración y motivación en el recuerdo de esos dominicanos solidarios con las víctimas del terremoto de Haití, en la lucha valiente de Juliana Deguis Pierre y en el coraje ejemplar de todos los aquí presentes”.

 

La JCE y los nacionalistas desafían la Ley 169-14

Por Juan Bolívar Díaz
nacionalista jce

Retoman el discurso soberanista y dos meses después de la ley que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país, les siguen negando actas de nacimiento y los nacionalistas resisten una reglamentación

A dos meses de la aprobación unánime de la Ley 169-14 que reconoce la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes irregulares con actas de nacimiento la Junta Central Electoral (JCE) les sigue negando la entrega de sus documentos, mientras su presidente, Roberto Rosario, se suma a la renovación del discurso nacionalista.

Tras la proclama de “una nueva era en las relaciones domínico-haitianas” por el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo, y ante la visita del secretario general de las Naciones Unidas, los nacionalistas desafían al Gobierno con su radical oposición al reglamento para los que tendrían opción a la naturalización.

Sadismo nacionalista. A punto de cumplirse dos meses de que el Congreso Nacional aprobara a unanimidad la Ley 169-14, tras una concertación para resolver un grave problema humano de repercusiones internacionales, originado en la polémica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la JCE sigue negando copias de actas de nacimiento y la emisión de cédulas a los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país.

Las entidades defensoras de los derechos humanos se preparan para lanzar una ofensiva en reclamo del cumplimiento de la ley, al cumplirse mañana lunes 21 dos meses de que fuera aprobada de urgencia por ambas cámaras legislativas, habiendo sido promulgada dos días después por el presidente Danilo Medina. A decenas de los beneficiarios de la legislación se les ha negado la expedición de actas en las oficialías del Estado Civil de las provincias del Este y de Santo Domingo y Barahona, donde se concentra una gran proporción de los descendientes de inmigrantes haitianos. A los peticionarios se les sigue diciendo que están bajo investigación o se les remite a la JCE.

Tanto el Centro Bonó, como el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, y las agrupaciones de los domínico-haitianos como el Movimiento Reconocido, Dominicano como Tú y la Red Jacques Viau prefirieron dar tiempo a que la JCE dispusiera la entrega de las actas, pero consideran que dos meses es suficiente para haber atendido el mandato legal.

El mandato de la ley. En su artículo 12 la Ley 169-14 dispuso elaborar, en un plazo no mayor de 60 días, un reglamento sobre sus capítulos II y III de la ley referentes a los hijos de indocumentados nacidos en el país pero que nunca fueron registrados como ciudadanos, a quienes se somete a un proceso de regularización, registrándose en el libro de extranjeros, con derecho a optar dos años después por la naturalización dominicana.

El capítulo I, el literal a de su artículo primero establece “un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 al 18 de abril del 2007 inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para esos fines al momento de su inscripción”. El artículo 2 indica que la JCE “procederá a regularizar y/o transcribir en los libros del Registro Civil, libre de todo trámite administrativo a cargo de los beneficiarios, las actas de las personas que se encuentren en la situación establecida en el literal a del artículo anterior”, y que la JCE “los acreditará como nacionales dominicanos”.

El artículo 3 excluye del beneficio de la ley a los registros instrumentados con falsedad de escritura pública “siempre y cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario”. El artículo 4 dispone que a aquellos que ya habían obtenido cédula de identidad y electoral se les dote de la misma con su numeración anterior, y que se otorgue a quienes no se les había expedido.

La ley no condiciona sus beneficios a ninguna investigación, asumiendo el mandato de la sentencia 168-13 de que la JCE debe expedir las copias de actas y proceder a pedir su nulidad ante un tribunal si corresponde, ahora sólo si el beneficiario participó en falsedad de escritura.

El discurso nacionalista. La lentitud en acatar el mandato legal es más relevante por la urgencia con que ambas cámaras legislativas aprobaron la iniciativa del gobierno del presidente Danilo Medina y por lo que se les ha reconocido casi a unanimidad. Todo lo que tendría que hacer la JCE es derogar su Resolución 17-07 de diciembre del 2007 que suspendió la entrega de las actas de nacimiento de los domínico-haitianos, con la excepción de los que se haya comprobado que falsificaron escrituras en beneficio propio. No hay justificación para que se siga mortificando a personas que llevan años procurando actas de nacimiento, cédulas y pasaportes, con un alto costo emocional, material y espiritual.

Contrasta que en vez de cumplir la ley, esta semana el doctor Roberto Rosario retomara el discurso nacionalista, denunciando lo que denominó “amenazas contra la identidad e independencia de la Patria en una extraña alianza de dos o tres dominicanos y algunos extranjeros”. Pese a ser tan pocos los supuestos amenazantes, el presidente de la JCE se quejó de que “la patria está débilmente defendida por los dominicanos”.

La radical oposición de la Fuerza Nacional Progresista al proyecto de reglamento de la ley elaborado por el Gobierno, acompañado de advertencias furibundas de recurrir al Tribunal Constitucional e intentos de chantaje contra el presidente Medina, es un indicador de que los ultranacionalistas no acaban de aceptar la transacción de la Ley 169-14. Llegan al extremo de considerar inconstitucional que el reglamento cree una unidad de ejecución del proceso de naturalización de los que no habían sido inscritos en el Registro Civil, ignorando la enorme cantidad de órganos ejecutivos y comisiones creados por decretos presidenciales.

La nueva era bilateral. Los nacionalistas aliados del partido de Gobierno, que controlan la Dirección General de Migración, el Consejo Nacional de Fronteras y la Comisión de Etica, además del nuevo Ministerio de Minería, han hostilizado abiertamente al Ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, a quien han asimilado a los “traidores a la patria”. El furor creció a raíz de la proclamación de Montalvo el 10 de julio, de que “comienza una nueva era en las relaciones domínico-haitianas. Una era de entendimiento y cooperación mutua, que traerá más bienestar y más progreso a ambas naciones”.

Al hablar, a nombre del Gobierno dominicano en la última reunión entre autoridades de las dos naciones de la isla, Montalvo hizo un análisis a fondo de los desencuentros fruto de imágenes distorsionadas y falsas promovidas por viejas élites de ambos países interesadas en la confrontación. “Elites que siempre han temido que la colaboración y la solidaridad afectaran a sus privilegios y que, para impedirlo, han instrumentado los temores y los odios que nutren este desencuentro”.

Montalvo, considerado una especie de primer ministro del Gobierno, militante del partido gobernante, desde sus orígenes, hubo de recurrir a su líder fundador, el profesor Juan Bosch, para justificar el esfuerzo de entendimiento con Haití, recordando que “el odio es estéril, mientras que el amor y el respeto fructifican”.

 La visita de Ban Ki-moon. La visita al país del secretario general de la ONU esta semana también ofendió el sentimiento nacionalista y creó tanta confusión que el presidente del Senado le pidió que ese organismo ayude a controlar la “frágil frontera con Haití” para evitar el narcotráfico, trasiego de armas y otras acciones ilegales. Reinaldo Pared olvidó que esa es una responsabilidad de las Fuerzas Armadas dominicanas que tienen 54 mil miembros.

En realidad fue apenas un diputado no electo, de la familia propietaria de la FNP, quien tuvo expresiones descorteses para Ki-moon, pero con mucho eco en los medios de comunicación y en la red de comentaristas de radio y televisión que defienden los puntos de vista del partido gobernante y sus aliados.

El funcionario internacional tuvo múltiples expresiones de reconocimiento al Gobierno y al Congreso Nacional por los esfuerzos implícitos en la Ley 169-14, por el proceso de regularización de inmigrantes y por los avances en el diálogo con las autoridades de Haití, así como por la solidaridad dominicana tras el terremoto que devastó la vecina nación. Pero Ki-moon no podía dejar de expresar las preocupaciones de los organismos especializados de la organización mundial por los nacidos en el país a quienes se negó el derecho al registro civil y ahora se les declara extranjeros.

Como aquí todo es relativo, son muchos los que no entienden que para el mundo internacional tiene vigencia la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de las niñas Yan y Bosico, descendientes de haitianos, que dispuso su inscripción como dominicanas tras haber nacido en el país, bajo el planteamiento de que “los hijos no heredan la ilegalidad de los padres”, antes de que la Constitución estableciera que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados.

Aunque la Ley 169-14 reconoce a los descendientes de extranjeros inscritos, declara extranjeros a los que no fueron registrados, lo que se da por hecho que no será validado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que eventualmente llegará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión no se ha manifestado tras la promulgación de la ley.

 

El Plan de Regularización ha arrancado con éxito

Por Juan Bolívar Díaz
Regularización

El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular ha arrancado con notable éxito de afluencia como lo indica el hecho de 33 mil solicitudes en los primeros diez días de ejecución, que han sobrepasado la limitada capacidad implementada, a ser ampliada progresivamente.

Todos los interesados en el control de la inmigración y en constructivas relaciones con Haití deben apoyar el programa dominicano, mientras se reclama una firme colaboración del Gobierno haitiano, dentro de un marco de entendimiento que reduzca la algarabía xenofóbica como la absurda propuesta de un muro en la frontera.

Una afluencia masiva. Los medios informativos han mostrado la masiva respuesta de los inmigrantes irregulares al llamado a registro del Gobierno dominicano, superando con creces la capacidad de atención implementada en el Distrito Nacional y una docena de provincias.

El director del plan, a cargo del Ministerio de Interior y Policía, Samir Santos, reveló que en los primeros diez días de labores, a partir del lunes 2, habían sido atendidas las solicitudes de 33 mil personas, de las cuales 7 mil presentaron toda la documentación requerida.

El decreto 327-13, que dispuso el plan, establece que aún sin disponer de todos los documentos requeridos, se puede formular la solicitud de regularización, con un plazo hasta el 28 de febrero para completarlos. Santos precisó esta semana que las peticiones serán recibidas hasta el 31 de mayo del 2015, con un año de ejecución.

Hasta el viernes se recibían solicitudes solo en un local del Distrito Nacional y en otro del municipio Santo Domingo Este, así como en las gobernaciones provinciales de cinco provincias del Este, otras cinco del Sur y dos del Norte, incluyendo Santiago. Están pendientes de abrirse oficinas en los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y posteriormente en otras provincias.

En la mayoría de las oficinas de atención, la afluencia superaba la capacidad implementada.

Los informes indican que en San Isidro y San Cristóbal las aglomeraciones eran mayúsculas hasta con 300 y 400 personas por día. En la primera solo podían recibir 40. Solo en La Romana había sido atendido un millar de inmigrantes al caer la segunda semana.

Desinformación y confusión. La lectura de los periódicos de la semana que concluye arroja una gran desinformación, sin contextualizar los acontecimientos relacionados con el programa de regularización, persistencia en magnificar el número de inmigrantes, intentos de descalificar hasta la colaboración de los agencias de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como al Gobierno de Haití, hasta de funcionarios ajenos al plan, como el presidente de la Junta Central Electoral.

La situación llevó al coordinar residente de las Naciones Unidas en el país, el español Lorenzo Jiménez de Luis, a solicitar que “dejen fluir el plan, sin especulaciones y valoraciones”, después que, junto a representantes de las diversas agencias de la organización mundial, entregara una comunicación al presidente Danilo Medina, en la que ofrecen colaboración y formulan recomendaciones, lo que reactivó el ultranacionalismo que llega al extremo de descalificar la colaboración internacional.

Hasta legisladores han pretendido ignorar que el Estado dominicano es compromisario y beneficiario histórico de las acciones de las diversas agencias de los organismos que conforman los sistemas de la ONU y la OEA. Aunque no ha habido programa ni reforma importante en el país en las últimas décadas sin la participación de esos organismos, llámense PNUD, Unicef, OPS, ACNUR, UNFPA, Banco Mundial, FMI, BID, CEPAL, o de la Unión Europea.

En los 90 el PNUD dirigió las reformas económicas, la OIT intervino en la laboral, y desde entonces en todas las comisiones y organismos estatales ha habido cooperación internacional.

El Fondo Monetario Internacional impulsó las reformas del sistema financiero y de las leyes de control y presupuesto.

Un programa de reforma y modernización del Congreso Nacional fue ejecutado con financiamiento de esos organismos y hasta las Iniciativas Participativas Anticorrupción, aprobadas en 2011, se debieron a la acción conjunta de las agencias internacionales.

Exageración del volumen. Si se partiera del estimado de inmigrantes irregulares más científico del que se dispone, las 33 mil solicitudes de regularización recibidas en 10 días, aún con los limitados centros de recepción, deberían ser consideradas un gran éxito y estimulados por la opinión pública, en vez de magnificar el volumen de los extranjeros.

Pero en numerosos sectores hay renuencia a aceptar los resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) del 2012, que establece en 524,632 los inmigrantes irregulares, de ellos 458,233 llegados de Haití, aparte de 209,912 descendientes nacidos en el país. Se persiste en cuantificar los haitianos hasta en un millón y medio, una exageración generalizada como la de los dominicanos en Puerto Rico, donde la elevan hasta 400 y 500 mil, aunque los estimados censales y académicos arrojan entre 150 y 200 mil.

Esta semana legisladores y periódicos atribuyeron la ENI a las agencias de las Naciones Unidas, ignorando que fue realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística y publicada el año pasado en el Palacio Nacional como un documento oficial del Estado. Aunque sí con asistencia técnica y financiera del Fondo de Población de la ONU y la Unión Europea. No se trató de una encuesta como las de opinión, con un universo de 1,200 personas. Abarcó 68,146 viviendas y 20,499 entrevistas en las provincias de mayor concentración de inmigrantes.

Tuvo planificación y ejecución científica y hasta que aparezca otra más perfecta, debería ser considerada como referencia obligada.

La ENI arroja datos importantes para dejar fluir el Plan de Regularización, como que el 93 por ciento de los inmigrantes haitianos tiene actas de nacimiento expedida en su país, el 52 por ciento una cédula de identidad y 38 por ciento pasaporte. Con el acta de nacimiento es suficiente para regularizarse.

La alta proporción con actas de nacimiento se podría explicar por el hecho de que en los últimos años la OEA ha colaborado en un programa de identificación en Haití que expidió más de medio millón de actas de nacimiento, y debe presumirse que los primeros interesados fueran los de vocación migratoria.

El muro de la vergüenza. Sectores importantes de la opinión pública siguen sin convencerse de los beneficios que se derivarían de la regularización de los inmigrantes, incluso como mecanismo de control.

Muchos ni siquiera quieren hacer conciencia de la importancia estratégica del entendimiento con Haití y de lo que representa su mercado para las exportaciones y otros negocios dominicanos. Tampoco de la dependencia de la mano de obra haitiana para la agricultura y la construcción.

Es relevante que tales actitudes se expresen aún en medios de comunicación propiedad de empresarios con intereses en el vecino país.

Solo eso explica el despliegue dado esta semana a la propuesta de un muro a lo largo de la frontera con Haití, tan absurdo que no tiene perspectiva de materialización, que solo sirve para revelar nuestras incapacidades de regulación y para afianzar la imagen internacional de xenofobia y racismo antihaitiano.

Un estimado de costos para que el muro pudiera ser algo efectivo, publicado por HOY el viernes, lo establece en 14,500 millones de pesos, y solo faltaría que pretendieran que lo financiaran organismos internacionales o que lo realizaran trabajadores haitianos como el pueblo de Boca de Cachón que acaba de construirse para albergar a los damnificados del lago Enriquillo.

Urge mayor racionalidad en todo lo referente a Haití, lo que debe comenzar con una concentración de voluntades para el éxito del Plan de Regularización de los inmigrantes.

Colaboración de Haití

Se está pidiendo que la traduzcan y Haití certifique las actas de nacimiento, lo que podría ser eliminado para el carné de trabajador temporal y residente provisional y dejado solo para los que opten por residencia definitiva y para la naturalización como ciudadanos. La foto y huellas digitales en el carné serían suficiente garantía de control interno en el país.

Los medios han revelado los altos costos que están imponiendo los consulados haitianos en el país para certificar actas y expedir y renovar pasaporte, lo que ha generado protestas de los inmigrantes que han ido a solicitar esos servicios.

Eso provocó la destemplada declaración del presidente de la Junta Central Electoral acusando al Gobierno de Haití de hacer negocio con el plan. Mejor se ubicó el ministro de Interior y Policía al reclamar la colaboración de las autoridades del vecino país.

No es sorprendente que los haitianos traten de sacar beneficios de los servicios consulares, como lo han hecho siempre, al igual que sus colegadas dominicanos que en los últimos años elevaron hasta 200 dólares las visas para los vecinos que visitan el país.

Pero en el Plan de Regularización no se justificaría más que el costo de trámite, aunque debería ser gratuito como ha decidido al Gobierno dominicano. Corresponderá a los mismos inmigrantes haitianos demandar enérgicamente una reducción de los costos, lo que debería disponer el presidente Michel Martelly, que esta semana reconoció los esfuerzos dominicanos al revocar la desnacionalización e iniciar la regularización.

 

La regularización de inmigrantes desafía al Gobierno y la sociedad

Por Juan Bolívar Díaz

Tras un cuarto de siglo de amenazas de regular la inmigración, en su inmensa mayoría de haitianos, el Gobierno del presidente Danilo Medina afronta el desafío al poner en vigencia desde mañana lunes el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular, establecido en el decreto 327-13.

El plan regulatorio de inmigrantes ha tenido general acogida por cuanto responde a una racionalidad pero necesitará de la cooperación de todos los sectores sociales para superar los intereses de traficantes y empleadores que han preferido una abundante mano de obra incondicional que degrada los salarios.

Sin ninguna oposición. El plan regulatorio de la inmigración arranca sin ninguna oposición. El Gobierno logró instituir normas racionales y humanas tomando en consideración los tratados internacionales sobre migraciones y derechos humanos, y en consulta con organismos nacionales e internacionales.

El decreto del 29 de noviembre contempla la gratuidad de la regulación, dejando atrás los planes que había intentado ejecutar la Dirección General de Migración con costos tan elevados que los condenaba al fracaso, como ocurrió con el puesto en vigencia en el 2012 que a casi dos años apenas logró el registro de unos 200 trabajadores temporales.

Las inscripciones comenzarán en 12 gobernaciones provinciales y nueve locales de la Junta Central Electoral, en las jurisdicciones de mayor concentración de inmigrantes, como el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Romana y La Altagracia, según el informe presentado el miércoles por el Ministro de Interior y Policía, a quien se le ha otorgado el principal protagonismo ejecutivo.

El plan arranca con la aprobación de las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos de los inmigrantes, tanto a nivel local como internacional. El Centro Bonó de los jesuitas, y la representación del Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han expresado su decisión de colaborar para el éxito del programa.

El Centro Bonó, cabeza institucional de la solidaridad con los descendientes de inmigrantes nacidos en el país que habían sido desnacionalizados, consideró el Plan de Regularización de Inmigrantes como “una medida histórica” que llena un vacío normativo, aunque advirtió que genera nuevos desafíos a tomar en cuenta.

18 meses sin deportaciones. El decreto presidencial establece un programa a desarrollarse en 18 meses, a partir de su emisión en noviembre, período en el cual no habrá deportaciones para evitar que los inmigrantes indocumentados se sientan amenazados. Pero los que no se acojan al programa serán deportados una vez concluya el plazo.

Los convocados deberán inscribirse en un “registro de evaluación”, aportando sus documentos de identidad de los países de origen y sus datos personales. Los que no tengan documentación podrán llenar la solicitud y aportar datos personales, que serán validados si entregan la documentación posteriormente, pero hasta el 28 de febrero de 2015.

Los ejes básicos para la evaluación, según el decreto 327, serán el tiempo de radicación en el país, los vínculos con la sociedad dominicana, las condiciones laborales y socioeconómicas y la regularización individual o por familia. La radicación podrá ser sustentada con pruebas del pago de salarios, certificación de nómina laboral, carné de empresas, hijos nacidos y declarados en el país y domicilio, con certificación de instituciones sociales, como iglesias y juntas de vecinos, contratos de alquiler y recibos de pago de servicios, certificados de estudios y otros..

El Ministerio de Interior tendrá un plazo de 45 días para responder a la solicitud, aunque el decreto indica que puede ser prorrogable sin especificar tiempo. Los rechazados tendrán derecho a solicitar una revisión ante el mismo ministerio, que en tal caso adoptará una decisión definitiva.

Que impere la racionalidad. El Plan de Regularización es un desafío a la eficiencia y la racionalidad, buscando normalizar el futuro, partiendo de la realidad de que actividades como la agricultura y la construcción no pueden ya prescindir de la mano de obra haitiana. Lo fundamental es limitarla, racionalizando la realidad. A este ni a ningún Gobierno le resultaría fácil deportar inmigrantes en masa. La eficiencia tiene que manifestarse en controles fronterizos que reduzcan los flujos.

Es necesario trocar el discurso despectivo y el desconocimiento de derechos humanos por la eficiencia en el manejo de la inmigración, la que nunca se ha manifestado, a pesar de que desde 1990 se proclamaba la ejecución de un Plan de Regularización. Así lo dispuso el Decreto 417-90 del presidente Joaquín Balaguer y lo reiteró la Ley de Migración 285-04 promulgada por el presidente Hipólito Mejía en el 2004, que dispuso un reglamento en plazo de seis meses.

Aunque el discurso antihaitiano se impuso desde los años noventa y tomó mayor auge en lo que va de siglo, con los más duros nacionalistas al frente del Consejo Nacional de Fronteras, de la Dirección General de Migración y de la Junta Central Electoral, el presidente Leonel Fernández agotó sus últimos 8 años de Gobierno para al final promulgar el reglamento migratorio. Según la ENI, el 62 por ciento de los inmigrantes habían llegado al país entre el 2006 y 2012, en el período de Gobierno de Fernández. Y vale recordar que esa encuesta la hizo la ONE con el auspicio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ambos organismos dirigidos por funcionarios del mismo Gobierno, que la pusieron en circulación en el Palacio Nacional antes de concluir la gestión de Fernández.

El Plan de Regularización a iniciarse mañana podría ser el aspecto positivo de la controversial sentencia 168/13 emitida por el Tribunal Constitucional en septiembre pasado, que lo dispuso una vez más. La revocación de la desnacionalización de los dominicanos de ascendencia extranjera mediante la Ley 169-14 tiene como contraparte compensatoria la puesta en vigencia del programa regulatorio de inmigrantes.

El Gobierno del presidente Medina podría anotarse un éxito extraordinario si la regularización sale adelante, y honraría su lema de “hacer lo que nunca se ha hecho” y en una materia fundamental. Sobre todo si se evitan los excesos y se gana el reconocimiento de los organismos de derechos humanos. Para ello tiene que evadir el discurso ultranacionalista.

Más de medio millón

Atendiendo a los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), ejecutada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística, la población convocada al registro sería de 524, 632 personas, de las cuales el 87 por ciento, 458,233 personas, era de nacionalidad haitiana. Le seguían 13 ,514 de Estados Unidos, 6,720 de España, 4416 de Puerto Rico, y 4 ,040 de Italia. Por encima de tres mil se encuentran los chinos, franceses, venezolanos, cubanos, colombianos y alemanes. En total hay inmigrantes de 60 países.

Los mayores problemas los confrontarán los de origen haitiano, que son los más pobres, vinculados en alta proporción a labores agrícolas (36 por ciento), a la industria de la construcción (26 por ciento), al comercio (17 por ciento) y a hoteles y restaurantes (10 por ciento).

Aunque es generalizado el criterio de que la mayoría de los inmigrantes haitianos carecen de documentos, la ENI indicó lo contrario: 93 por ciento dijo tener actas de nacimiento de su país, 52 por ciento cédula y el 38 por ciento pasaporte haitiano.

Factores como la extrema pobreza, el aislamiento y la desconfianza podrían determinar que una proporción no solicite su regularización para optar por la residencia temporal o permanente y eventualmente por la naturalización. Los más carenciados necesitarán la asistencia que han ofrecido organismos internacionales como ACNUR y de las organizaciones sociales dominicanas. El reto para la sociedad es entender que lo conveniente es la regularización y documentación de los inmigrantes como paso fundamental para reducir y controlar la afluencia, más que expulsar a los que ya están radicados, sobre todo si pueden justificar una actividad laboral.

 

El proyecto de ley busca revocar el genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz
proyecto

El proyecto de ley sometido al Congreso Nacional por el Presidente Danilo Medina convalida la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros residentes irregulares nacidos en el país con actas de nacimiento, y establece una vía para la simple naturalización a otros que nunca obtuvieron el registro civil.

Se trata de un artificio que evade la inequidad de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) sin enfrentarla, abriendo un atajo con un filigrana jurídico que atiende el clamor nacional e internacional de justicia y respeto a derechos humanos fundamentales, y al mismo tiempo que trata de conciliar las posiciones enfrentadas.

Convalidación y naturalización. Tal como habíamos advertido el 30 de marzo, (HOY: “Danilo Medina se debate entre Naturalización y Convalidación”) el primer mandatario optó por “una fórmula que resuelva el drama de los desnacionalizados y satisfaga los requerimientos del derecho internacional, evadiendo confrontar el dictamen del Tribunal Constitucional”. Se precisaba que “el Presidente podría hacer una fusión de Convalidación y Naturalización, aludiendo a un anteproyecto del Ministerio de la Presidencia y al plan originario de Naturalización rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en diciembre, enarbolado por los defensores a rajatabla de la sentencia.

La propuesta de ley introducida a través de la Cámara de Diputados procura “establecer a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril del 2007 (el que abarca la sentencia del TC) inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para estos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.

Para los primeros, los desnacionalizados por el Tribunal Constitucional, dispone que la Junta Central Electoral (JCE) proceda a “regularizar y/o transcribir” sus actas en los libros del Registro Civil y “los acreditará como nacionales dominicanos”. Los que ya tenían cédulas de identidad y electoral serán dotados del mismo documento con su numeración anterior, y los que no la hayan tenido se les otorgará. El Estado les reconoce retroactivamente todos los actos de la vida civil que realizaron. En resumen, a los desnacionalizados se les convalidan plenamente sus derechos, con lo que se revierte el genocidio civil iniciado por la Junta Central Electoral en el 2007.

Los argumentos de Danilo. Tanto la carta con la que el presidente Medina remitió su proyecto al Congreso como las consideraciones del mismo, contienen planteamientos básicos sobre la dignidad humana, la justicia y la convivencia, llamados a desinflar el clima de odios y exclusiones que se ha promovido en el país en los últimos siete meses.

Indica que es el fruto del consenso logrado con sus consultas “inspirado en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.

Sostiene que regularizar sus documentos “es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”.

Añade que se trata de permitir que personas que vivieron toda su vida con una identidad jurídica “se les reconozca definitivamente como válida y buena y puedan continuar su vida normalmente”.

En sus primeros considerando, la propuesta se refiere a los planteamientos de la sentencia, reconociendo su carácter vinculante para los poderes públicos, pero no excluye que los órganos políticos fruto de la voluntad popular “den respuestas a situaciones nuevas que se crean a partir de decisiones que dicta el Tribunal Constitucional”.

Luego señala que los órganos de representación popular tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas sociales en base al interés nacional y guiados por los valores “que están plasmados en el Preámbulo de la Constitución, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.

Reconoce insostenibilidad. El proyecto de ley evade herir susceptibilidades, por lo que no se refiere a la posición insostenible del apartheid creado por la sentencia ni al clamor nacional en su contra que crecía cada semana, ni al daño que ha producido a la imagen del país, pero todo eso influyó para que el presidente Medina mantuviera su reacción inicial de buscar una solución humana y justa al conflicto, y contó con la firmeza del equipo técnico y político del Ministerio de la Presidencia, sometido a ataques virulentos.

En el ámbito nacional crecía también la convicción de que había que reparar esa iniquidad y eliminar un elemento que consumió la atención nacional y muchas energías durante un tercio de los 21 meses que lleva esta gestión gubernamental.

El proyecto fue publicado el mismo día que la acreditada encuesta Penn and Schoen-SIN revelaba que el 72 por ciento aprobaba la ciudadanía de los descendientes de haitianos que habían sido registrados. En enero la Gallup-HOY registró 58 por ciento.

La acogida casi general que ha recibido el proyecto y su aprobación a unanimidad y de urgencia en la Cámara de Diputados, adelanta su rápida conversión en ley, ya que es fruto, tal como se había considerado imprescindible, de la voluntad política de los dos mayores líderes del partido gobernante, que tiene 31 de los 32 escaños y el otro, el reformista Amable Aristy adelantó su conformidad. Hasta muchos de los que defendían la exclusión han aceptado la solución “salomónica y pragmática”.

Reparos de derechos humanos. Se puede prever que la ley será acogida con alivio en el ámbito internacional, por los gobiernos y organismos multilaterales y aún en las instituciones que velan por los derechos humanos, porque dejará sin efecto el despojo de la ciudadanía a decenas de miles de personas, que en esos ámbitos se considera la violación más grave de derechos humanos en la historia del sistema interamericano.

Habrá un reparo fundamental a la decisión de convertir en extranjeros y obligar a una “naturalización ordinaria” a los descendientes de inmigrantes irregulares que nunca han sido declarados en el Registro Civil, como ya lo hizo la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes (ACNUR), que consideró el proyecto como “un primer paso para restaurar la nacionalidad de decenas de miles de personas”.

Pero planteando que “también debería remediar de manera efectiva la situación de la mayoría de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal cuyo nacimiento no ha sido declarado”.

En el país el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas valoró el proyecto como un esfuerzo del Gobierno por encontrar una salida humanitaria y justa al drama de la desnacionalización y lo acepta como una transacción de consenso, pero ratifica su convicción de que todos los nacidos en el territorio nacional antes de la Constitución del 2010 tienen derecho a la nacionalidad, incluyendo los no declarados.

Citan la sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “nuestra última instancia en materia de derechos humanos, en el caso de las niñas Yean y Bosico.

Por igual, Participación Ciudadana consideró positiva la propuesta de ley y abogó por un mecanismo “sencillo, accesible y razonable” para la naturalización de los indocumentados nacidos en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se irá por el mismo camino de la aprobación con reparos, dados sus planteamientos históricos al respecto, y fue quien llevó el caso Yean y Bosico a la Corte. Pero por el momento los expedientes que tiene en trámites son todos de los desnacionalizados y la ley los dejaría sin objeto.

Sin duda conjuraría la avalancha de denuncias contra el país.

Los de la naturalización

Empeñado en conjurar el escándalo internacional y hacer justicia a los que habían sido aceptados como dominicanos, el Gobierno mantuvo la esencia del anteproyecto elaborado por el Ministerio de la Presidencia, del que dimos cuenta el 16 de marzo (HOY: “Toca al PLD revocar el genocidio civil”). Pero hizo concesiones a las posiciones nacionalistas en cuanto a los que nunca fueron registrados como dominicanos. Se planteaba una vía rápida para darle acceso a la naturalización sin que tuvieran que registrarse como extranjeros.

El proyecto enviado al Congreso les da un plazo de 90 días para inscribirse en el libro de extranjería y luego y otro de sesenta (60) días para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Solo después de dos años podrán optar por la “naturalización ordinaria” Todo ello sujeto a un reglamento por definirse.

Fuentes bien informadas indican que el presidente Medina tuvo que hacer concesiones en el proyecto original que fue denunciado por la Fuerza Nacional Progresista, cuyo líder, Vincho Castillo, habría planteado la ruptura de su alianza con el partido gobernante, con lo que consiguió el apoyo del expresidente Leonel Fernández, quien a su vez negoció y logró el endurecimiento de las condiciones para la naturalización de los no registrados, que son de los más pobres del país, y cuyo número podría superar el de los descendientes de extranjeros que tienen registro de nacimiento.

Quedan excluidas de la validación las actas de nacimiento que configuren el delito de falsedad de escritura cuando el hecho “le sea imputable directamente al beneficiario”, lo que tendría que someterse a un tribunal. Los de la naturalización deberán demostrar haber nacido en el país y tener arraigo social en el mismo.

 

Desconcierto institucional origina incertidumbres

Por Juan Bolívar Díaz
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La denuncia de la Procuradora Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso de que supra poderes judiciales buscan evitar a todo costo investigaciones de querellas por corrupción ha elevado al máximo nivel las incertidumbres originadas en desconciertos gubernamentales e intentos de  contrarreformas jurídicas.

Las acciones parecen superar la voluntad del presidente Danilo Medina con un partido que antes de la mitad del período gubernamental parece más empeñado en la sucesión del 2016 que en apuntalar la actual gestión, sin una oposición en capacidad de actuar como ente de moderación y contrapeso.

Un verdadero escándalo

La difusión por todos los medios de comunicación de una grabación auditiva de la confrontación de la fiscal Reynoso a una jueza a la que había recusado y se negaba a abandonar el conocimiento de la solicitud del exministro Víctor Díaz Rúa de que se rechace la investigación de acusaciones de corrupción, se constituyó en un grave escándalo con cuestionamientos sobre el rumbo de la seguridad jurídica en el país.

Aunque algunos voceros pretenden presentarla como una “pelea de mujeres”, lo que la principal funcionaria del ministerio público en la capital dijo reviste la mayor gravedad, comenzando por la revelación de que un personaje influyente se presentó a su despacho advirtiéndole que si no archivaba la petición de investigación sería destituida. Tras retirase de una audiencia el viernes 2 de mayo, expresó que en el ejercicio del cargo “he soportado presiones, amenazas, pero lo que no haré es prestarme para un circo donde sabemos que la decisión está tomada”.

Es que la licenciada Reynoso se dijo avergonzada de ser parte de un sistema corrompido, quejándose de que hace meses había aportado pruebas contra la jueza Margarita Cristo y que, en vez de investigarla, le encargaron conocer el recurso del exministro de Obras Públicas y secretario de finanzas del partido de gobierno. Agregó tener “absoluto conocimiento de que usted fue expresamente asignada para este proceso para garantizar una parcialidad absoluta frente al solicitante Víctor Díaz Rua”.

Yeni Berenice Reynoso

Todavía más: la fiscal dijo a la jueza que sabe quién es su apoyo y defensor, que “formaba parte del Ministerio Público”. Se cree que aludía al exprocurador general Radhamés Jiménez, quien también  podría haber sido la persona que le amenazó con la destitución. Encabezó el año pasado la defensa del expresidentes Leonel Fernández y su Fundación Global y logró que la fiscal rechazara la petición de investigación sobre sus fondos formulada por el doctor Guillermo Moreno.

Los hombres de Leonel

Para nadie es secreto que Díaz Rúa, y Félix Bautista son de los más cercanos “hombres de Leonel”, que en sus últimos dos períodos de gobierno manejaron cientos de miles de millones de pesos desde el Ministerio de Obras Públicas y la oficina Supervisora de Obras del Estado. A ambos se les señala como multimillonarios y se les vincula a innumerables obras sobrevaluadas y a contratos sin concurso público. Son de los seguidores del expresidente que trabajan “con todos los Powers” por su retorno al poder en el 2016.

Bautista ya fue procesado por sobrevaluación de una carretera en el primer gobierno de Fernández, por lo que estuvo preso y luego absorbido por la justicia. Por obra de la Suprema Corte escapó a un proceso por el legendario contrato que puso en manos de la empresa Sun Land 130 millones de dólares en pagarés avalados por el Estado, lo que se constituyó en un enorme escándalo. Apenas en febrero pasado la Suprema Corte volvió a beneficiarlo ratificando una decisión de primera instancia que dispuso el archivo definitivo de otra investigación sobre actos de corrupción incoada por entidades sociales.

Díaz Rúa está bajo investigación de la fiscalía luego de las querellas de dos entidades sociales que lo responsabilizan de contratos irregulares  para la importación de asfalto por sumas que podrían alcanzar cientos de millones de dólares. Para cortar de raíz las querellas, el ingeniero ha recurrido ante el Tribunal Constitucional para que declare inconstitucional el artículo del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier ciudadano a querellarse por corrupción contra los funcionarios Públicos.

En el ínterin, la Cámara de Diputados quiso resolver el problema el mes pasado aprobando una modificación del Código Procesal Penal que, entre otros retrocesos, eliminaba la facultad de la ciudadanía a querellarse por corrupción, y lo hizo con irregularidades procedimentales que fueron denunciadas por la diputada peledeísta Minou Tavarez Mirabal. El presidente Medina acogió el clamor nacional y observó esa  y otras de las modificaciones, dejando diferencias con los legisladores oficialistas.

Cuentas del desconcierto

Presidente Danilo Medina

El desconcierto institucional, que para algunos es un concierto, pasa por una serie de recientes acontecimientos que cuestionen al estado de derecho y revelan indeficiencia, complicidad o la prevalencia del fraccionamiento del Estado en parcelas asignadas a dirigentes del partido de gobierno y aliados, que hasta ahora ha sido respetado por el presidente Medina, aunque él y sus principales funcionarios han buscado distancia.

La pasada semana la Policía mató a una docena de presuntos delincuentes, incluyendo a cuatro que aún sin haberlos identificado, señaló como sicarios. Aunque dijo que varias patrullas los interceptaron al tener informes de que iban a matar narcotraficantes, no pudieron capturar a uno solo. Dicen los vecinos que los ejecutaron, pero más allá de esa barbarie, eliminaban posibles fuentes de información para establecer quiénes son los intermediarios y las empresas que intervienen en la contratación de sicarios, que no podrían ofertarse directamente.

El mes pasado la Dirección de Contrataciones Públicas dio plazo a la Junta Central Electoral para que justificara el contrato para la emisión de la nueva cédula, denunciado por graves irregularidades, y el titular del organismo alegó autonomía, aunque las leyes de Contrataciones y de la Función Pública la incluyen con su nombre específico. Todo queda en familia.

Reiteradas denuncias sobre el manejo turbio del dinero del presupuesto nacional, 18 millones de pesos mensuales, asignado al Partido Revolucionario Dominicano son ignoradas absolutamente.

En marzo sólo duró una semana en el Congreso un proyecto de Código de Familia elaborado por la vicepresidenta Margarita Cedeño, introducido aparentemente sin ninguna revisión de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que fue descuartizado por la opinión pública por contradecir numerosos preceptos constitucionales y legales.

Lucha por la sucesión

Licelott Marte presidenta de la Cámara de Cuentas

Con el presidente y el secretario general del partido y dos ministros y otro dirigente en campaña electoral, faltando aún tres meses para que el gobierno de Medina llegue a la mitad de su período, pareciera que hay más interés en la sucesión que en apuntalar la actual gestión heredera de un enorme y sistemático déficit fiscal y un endeudamiento que el año pasado creció en 27.8 por ciento según reciente informe de la Cámara de Cuentas.

A intereses en campaña se atribuye que el gobierno no haya podido concretizar un anunciado proyecto de ley que restituiría la nacionalidad a los decenas de miles de descendientes de inmigrantes irregulares nacidos en el país en ocho décadas. Los dirigentes del partido de gobierno siguen apareciendo más próximos a los criterios excluyentes que al sentimiento humanitario reiterado por el presidente Medina, sometido a presiones nacionales y universales que día a día reclaman límites a esa violación masiva de derechos humanos. El gobierno sigue perdiendo el tiempo y el país en progresivo deterioro de su imagen en el mundo.

Leonel Fernández,  presidente del partido oficial, ha reconocido pública y privadamente que la desnacionalización masiva es insostenible y hasta ha avalado un proyecto de ley esbozado por el gobierno, lo que se creía suficiente para resolver el conflicto, pero aparentemente hay fuerzas ocultas que lo obstruyen, sin que el mandatario se decida a seguir adelante y más bien hay quienes sostienen que volvería al plan original de ofrecerles la naturalización que corresponde a extranjeros.

La falta de un partido de oposición en capacidad de equilibrar y moderar el juego político, estaría determinando el desparpajo entre los peledeístas aspirantes a suceder a Medina que se sienten seguros en el poder y apuestan a cual pueda ser más conservador como forma de competir con las posiciones que para Leonel Fernández han significado el éxito político.

Es que la campaña por la sucesión ha arreciado demasiado temprano distrayendo las energías que todo el partido debería invertir en concertar para garantizar el mayor éxito en la actual gestión gubernamental, progresivamente condicionada por los intereses partidarios.

El cuadro descrito genera incertidumbres en sectores económicos y sociales, preocupados por  la seguridad jurídica, por los déficits fiscales y el endeudamiento que siembren preocupación por la sostenibilidad macroeconómica en víspera de nuevos retos derivados del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y de la competitividad internacional.-