“De las tensiones a la concordia”

Por Juan Bolívar Díaz

09_08_2015 HOY_DOMINGO_090815_ Opinión9 A

Como tuvo escasa difusión el documento emitido el 31 de julio por la Comisión Pastoral de Migrantes de la Conferencia del Episcopado Dominicano, que encabeza el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, vale reproducir sus párrafos fundamentales, asumiendo este llamado a la cordura como consecuencia de la exhortación del Papa Francisco a los obispos dominicanos para que sean solidarios con los sufrimientos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes en el país, en especial de “quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”:

“En el espectro actual de las tensiones Haití-RD convergen factores bilaterales y peligrosos factores extra-insulares. Sin obviar las responsabilidades propias de los dos (2) países que comparten la isla, la Comisión Nacional de Pastoral de Migrantes hace un llamado a la concordia, para que se retome el diálogo, en un clima de transparencia y respeto mutuo, ejerciendo la voluntad política de Estado que permita avanzar en el proceso iniciado con el PNRE=Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y para dirimir cualquier dificultad que pudiera obstruir las relaciones de convivencia pacífica.

“Felicitamos los esfuerzos que han coadyuvado a la inscripción de 288,466 solicitudes de irregulares, 55,000 actas revalidadas que le devuelve su condición de dominicano y dominicana a igual número de nacidos y nacidas en RD. Nos congratulamos con el hecho de haberle concedido a una parte considerable de los cañeros su documento de residencia, y con la entrega de los carnets a los del PNRE.

“Reiteramos nuestra preocupación por la suerte de los miles -hijos e hijas de ascendencia haitiana-, nacidos y nacidas en RD, clasificados como grupo B (acorde a la Ley RD de Naturalización #169-14). Esta gente vulnerable, indefensa, empobrecida e indocumentada, espera por una solución justa, que le identifique como personas documentadas para la garantía de sus prerrogativas, con pleno ejercicio de ciudadanía.

“No se felicita la negligencia, indolencia e indiferencia de autoridades, sean estas haitianas o dominicanas, que dilatan y obstruyen el proceso de documentación para con los migrantes desprovistos de recursos y que confrontan dolorosos obstáculos, al momento de diligenciar sus papeles para inscribirse y completar sus expedientes.

“Ante el espectro crítico de las actuales tensiones entre los dos países (Haití-RD), a la luz de la palabra bíblico-profética del Profeta Baruc (Ba. 2,12-13; 3,9-11.14.20; 4,2-4) exhortamos y advertimos:

“1-Dotarse de Sabiduría para no encadenarse en prisiones estúpidas, saliendo de las tinieblas y caminar hacia la claridad de la luz, para que resplandezca la justicia social en toda la isla.

“2-Adoptar la prudencia que nos hace generosos en la buena vecindad, cuidando de no dejarnos provocar por intereses inconfesos de fuerzas foráneas que apuestan por la conflictividad y la enemistad de nuestros pueblos caribeños-hermanos.

“3-Evitar que una ceguera alienada ensordecida nos lleve a aventurar la ruta tenebrosa de una situación conflictiva bilateral de consecuencias imprevisibles (Pretexto-Caldo de Cultivo para los USA, que manipulan y saben usar crisis= los USA conflictos, los USA haitianos, los USA dominicanos, los USA Caribe…).

“4-Discernir, para aprender dónde está la fuerza y la inteligencia, de manera que en Haití y en Dominicana se llegue a proclamar: una nueva generación gozará de la luz del día y poblará la tierra, porque, de una vez por todas, recreados en la justicia social, todos los habitantes de la isla, con sus respectivos ordenamientos jurídicos justos, habrán alcanzado el ejercicio pleno de su dignidad. Así, entonces, toda persona migrante o no migrante, podrá saberse hijo e hija del Dios Padre que nos quiere vecinos-hermanos en nuestros respectivos países.

“5-Reinsistimos en retomar el diálogo bilateral fundado en la verdad y la justicia, no así, en falacias y mentiras. Y sobre todo, con auténtica voluntad política de Estado hacia la solución jurídica definitiva para los migrantes irregulares y los indocumentados nacidos en RD. Ejercer el diálogo comporta respeto corresponsable y capacidad soberana de autodeterminación. Así, a cada uno le toca ordenar su propia casa (sin injerencia foránea ni tutela externa).

 

El interés nacional exige racionalidad ante la crisis

Por Juan Bolívar Díaz
26_07_2015 HOY_DOMINGO_260715_ El País14 A

La crisis en las relaciones domínico-haitianas alcanzó el nivel máximo antes de la ruptura diplomática que complicaría excesivamente el panorama, justo cuando el Gobierno dominicano debería iniciar la deportación de un excedente de inmigrantes que superaría las 300 mil personas, lo que podría abortar el proceso electoral en Haití.

Con un escenario internacional que sigue siendo muy desfavorable para el país, el interés nacional obliga a la mayor ponderación para buscar salidas diplomáticas, por encima de los grupos extremistas y de los intereses electorales, para evitar mayores daños a la imagen y los intereses de la República Dominicana

¿Podremos deportar 300 mil? El domingo 2 de agosto concluye el plazo de 45 días para iniciar las deportaciones de los inmigrantes que no se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), lo que se supone comenzaría el lunes 3, en medio de un escenario internacional muy desfavorable por el rechazo a la desnacionalización de descendientes de haitianos nacidos en el país.

Nadie puede asegurar cuántos quedan sujetos a la deportación, aunque el Gobierno los cifra en unos 133 mil, partiendo de los 458 mil venidos de Haití, que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), del 2012 vivían entonces en el país. Les descuenta un estimado de 8 por ciento que tendrían algún estatus regular y los reduce a 421 mil. Les resta los 288 mil que lograron iniciar la regularización y a quienes se dará una residencia provisional, aunque solo el 1.8 por ciento de ellos (unos 5 mil) llenaron todos los requisitos.

Pero el estimado oficial no toma en cuenta los que ingresaron entre el 2012 y 2015, que ningún estudio ha cuantificado, aunque se pueden hacer estimados partiendo de la misma ENI y de los resultados de los censos nacionales de población y otros estudios de la Oficina Nacional de Estadística, como se puede ver en el cuadro anexo, elaborado con informaciones proporcionadas por el director de Censos, doctor Francisco Cáceres.

En el Censo Nacional de Población 2010, los inmigrantes totalizaban 395,791, y la ENI dice que en 2012 eran 524,632, cifra conservadora si se toma en cuenta que en los dos años anteriores se habían incrementado en 39.1 por ciento. Si esa proporción (154,754) se suma a los del censo, serían 550,545, cinco por ciento más. A un crecimiento sobre el 16 por ciento anual, entre 2012 y 2015, habría que adicionarle 49 por ciento (256,072) a los 524 mil, para totalizar 780,704. Si se asume, de forma conservadora, que el incremento se redujo a la mitad, el 25 por ciento, en esos tres años, entonces los inmigrantes ahora serían 131,158 más, para totalizar 655,790. Si se le restan 10 por ciento con estatus regular anterior y los 288 mil admitidos ahora, quedarían como irregulares deportables 414 mil en el primer escenario y 302 mil en el conservador.

Acuerdo mínimo con Haití. Es difícil asumir que el país tenga capacidad para deportar entre 300 y 400 mil haitianos indocumentados, aún restándole unos 40 mil que ya se fueron más o menos voluntariamente, sin un protocolo negociado con el vecino, que no solo garantice estándares internacionales de respeto a los derechos humanos, sino que guarden una progresividad asimilable para que no se produzca un temido estado de calamidad humana. Y si se equivocan deportando nacidos en el país, lo que el Gobierno ha dicho que no hará, la complicación sería mucho mayor.

Tampoco luce razonable una deportación tan masiva y en corto plazo, después de que en la última década los mismos gobernantes permitieron un incremento de la inmigración del 63 por ciento. Con la agravante de que en el mismo periodo se dedicaron a despojar de la nacionalidad a decenas de miles de los descendientes de inmigrantes que habiendo nacido en el país habían sido registrados como dominicanos.

El Gobierno dominicano ha quedado preso de las mil advertencias de deportación que se han formulado tras el inicio del PNRE y de la exacerbación del nacionalismo, pero está consciente, como lo recogió una consulta de la Cancillería dominicana realizada en junio, de los riesgos que implica para Haití en medio de un proceso electoral que tiene después para elegir nuevo presidente. Si el panorama se descompuso con las salidas voluntarias, se complicaría mucho más con las deportaciones sin el amparo de un protocolo negociado, que podría lograrse validando el acordado en el año 1999.

De hecho, las extremas resistencias manifestadas por Haití en las últimas semanas tienen que ver con la campaña electoral en curso, y se teme que grupos de poder pudieran abortar el proceso, pretextando la necesidad de unirse en torno al gobernante para “enfrentar la agresión dominicana”.

El escenario internacional. A la espera del informe de la comisión técnica de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visitó las dos naciones en conflicto, el escenario internacional sigue siendo bien adverso para el país, por el daño ocasionado por el pecado original de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, que es lo que se sigue cuestionando en amplios segmentos del mundo. Aunque la diplomacia dominicana ha hecho esfuerzos, no ha podido disipar las impugnaciones internacionales.

No ha contribuido a despejar el veto externo la lentitud con que se ha implementado la Ley 169-14 que devuelve la nacionalidad a los desnacionalizados, aún después que se publicara la lista de 55 mil revalidados. Los defensores de los afectados testimoniaron a la misión de la OEA que apenas el 10 por ciento de los que aparecían en la lista estaban logrando sus documentos. El que solo pudieran acogerse a la regularización 8 mil de los del Grupo B de la Ley 169-14, es decir los descendientes de extranjeros indocumentados nacidos en el país y que nunca fueron reconocidos, quedando la mayoría en riesgo de deportación, es de los elementos básicos que mantiene vivo el rechazo internacional.

Tampoco ha ayudado el encendido discurso nacionalista y de soberanía a ultranza que desconoce tratados internacionales y menos aún que cuatro ministros del Gobierno, incluidos los de la Presidencia y el de Relaciones Exteriores, impugnaran al secretario general de la OEA en base a una tergiversación de declaraciones para presentarlo como favorable al invento de un pretendido plan de fusión de las dos naciones de la isla, cuando en realidad expresaba interés de contribuir al entendimiento entre dos países ubicados en una pequeña isla, pero dijo que “con realidades sociales muy diferentes, con realidades económicas muy diferentes, con realidades políticas muy diferentes”.

Esta semana siguieron apareciendo editoriales en periódicos como el New York Post y una carta dirigida al presidente Barak Obama firmada por 108 profesores de leyes de unas 80 universidades y academias norteamericanas, requiriéndole que intervenga para hacer valer los derechos de los desnacionalizados en el país.

Crecientes preocupaciones

El agravamiento de las relaciones con Haití ha generado crecientes preocupaciones en sectores empresariales temerosos de que los ímpetus de radicales nacionalistas que han ganado espacio en la opinión pública y el Gobierno, puedan aislar el país y generar dificultades a las exportaciones y al turismo dominicano. Tan solo las exportaciones a Haití se cifran anualmente en mil millones de dólares de manera formal y otros 500 millones en el intercambio informal, siendo el único país con que la República Dominicana tiene ventajas comerciales, y de diez a uno.

Esas exportaciones que implican unos 66 mil millones de pesos al año, son fundamentales para decenas de empresas industriales grandes, medianas y pequeñas, para cientos de productores agropecuarios y para comunidades fronterizas. En Haití operan numerosas empresas dominicanas, especialmente en la construcción. Y fue significativo que en medio del desconcierto, los promotores del Plan de Inversiones bilaterales Quisqueya fueran al Congreso Nacional a presentar un proyecto que anuncia inversiones en la frontera por 2 mil millones de dólares.

No han faltado sectores políticos y sociales que ya expresan temores de que el Gobierno esté tratando de extremar el nacionalismo soberanista para mantener desviada la atención de los problemas nacionales y obtener beneficio electoral. No se entiende que en menos de un mes la política del Gobierno pasara de pedir una reunión del Consejo Permanente de la OEA, solicitar y obtener la sede de la próxima asamblea general de la entidad hemisférica del 2016 y anunciar que se retira de su ámbito de negociaciones, impugnando sin base al secretario general Luis Almagro.

El antihaitianismo fue utilizado como mecanismo de cohesión interna por los regímenes de Trujillo y Balaguer y desde el inicio mismo de la República, cuando Pedro Santana reclamó y logró poderes extraordinarios, bajo el argumento de que eran precisos para garantizar la sobrevivencia de la nación frente a los haitianos, aunque pocos años después él mismo la anexara a España.

 

La OEA puede ayudar a disipar equívocos

Por Juan Bolívar Díaz

12_07_2015 HOY_DOMINGO_120715_ El País13 A

La visita de una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) debe ser aprovechada para empezar a revertir la generalizada condena internacional originada por la desnacionalización que afectó a decenas de miles de descendientes de haitianos nacidos en el país y para justificar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Persistir en explotar el sentimiento nacionalista podría ser políticamente rentable, pero es riesgoso pretender extenderlo hasta las elecciones del año próximo con un escenario internacional tan adverso que podría traducirse en daños al comercio y la economía, como ya advierten sectores empresariales.

Bienvenida a la OEA. El Gobierno hizo lo correcto al recibir la misión de investigación que dispuso la OEA, tras dos sesiones donde quedó patente una fuerte confrontación entre las dos naciones que comparten la isla. Solo fanáticos pueden pretender que la nación se cierre al escrutinio internacional en el mundo globalizado. Y si no hay nada que ocultar con más razón debe darse la bienvenida a los comisionados, como hizo el viernes el canciller Andrés Navarro.

Es un craso error asumir que todo el mundo forma parte de una siniestra conjura contra la República Dominicana, de la que no escapa “ni siquiera el Papa Francisco, porque hasta la instancia máxima de la iglesia Católica ha sido permeada”, según escribió esta semana el embajador César Medina. Tampoco se puede creer que “No hay oídos atentos ni sensatos que escuchen nuestras razones, sino un prejuicio generalizado…” ni que “le estamos hablando a un mundo que ha cerrado sus ojos y sus oídos a nuestros argumentos”, como proclamó el influyente Listín Diario en su editorial del miércoles 8 de julio.

Más allá de las arengas nacionalistas hay suficientes argumentos para explicar a la misión de la OEA que la nación decidió ordenar la inmigración, mediante un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, y de seguro que esos diplomáticos y expertos no van a cuestionar un derecho que asumen con responsabilidad la mayoría de las naciones del mundo contemporáneo. Incluso comprenderán que se deporte a quienes no hayan calificado para obtener un permiso de permanencia en el país, si se realiza acorde con los protocolos internacionales, derecho soberano que ni siquiera las autoridades haitianas han podido negar, como ningún organismo, medio de comunicación o personalidad internacional.

Bajar la tensión binacional. Objetivo fundamental de la misión de la OEA, una institución de la que el Estado dominicano es parte desde su fundación hace seis décadas y media, es contribuir a reducir las tensiones entre estados miembros, allanando caminos al entendimiento en sus diferendos. A ello contribuirán, seguramente los reiterados compromisos dominicanos de que no habrá deportaciones masivas.

Se podrá deplorar las circunstancias en que se produjo la precipitada salida de 36,593 ciudadanos haitianos que cruzaron la frontera en los 18 días siguientes al vencimiento del plazo para la regularización, huyendo del temor a ser deportados sin mayores consideraciones, tras incontables advertencias de que serían expulsados. Muchos dominicanos razonables no aprobarían que en Puerto Rico, por ejemplo, sometido ahora a graves apremios económicos, se creara un clima de amenazas que implicara el retorno abrupto de decenas de miles de los compatriotas que allí viven sin documentación legal.

Una de las razones por las que se estigmatiza a los dominicanos en el exterior es por un discurso de desprecio y poco reconocimiento al trabajo y derecho de los inmigrantes haitianos, en contradicción con el hecho de que el país ha exportado más de millón y medio de nacionales que han saturado algunos mercados y se han extendido por todo el mundo.

Sin renunciar al reclamo de que las autoridades haitianas no exageren ni hagan política mezquina con el antidominicanismo, las nacionales tienen que dar ejemplo de ponderación en el plano interno y por encima de toda circunstancia mantener el discurso diplomático y el empeño en buscar la cooperación de los vecinos, sin la cual se complicará infinitamente la convivencia en la isla.

El escenario internacional. No hay duda de que la posición internacional de República Dominicana se ha complicado excesivamente, como ha quedado patente en la multiplicación de artículos, editoriales y reportajes en los principales periódicos de Estados Unidos, España y otros países, así como en la televisión internacional.

Comunicados de organizaciones y declaraciones de personalidades persisten en rechazar el “genocidio civil” que suspendió la nacionalidad dominicana a decenas de miles de descendientes de haitianos.

Debe llamar la atención que las críticas hayan incluido a los alcaldes de Nueva York, Miami, Boston y Toronto, ciudades con fuerte presencia de emigrantes dominicanos, que en su mayoría llegaron ilegalmente. También que grupos de presión estén planificando acciones contra la nación dominicana, incluyendo que abrieran un sitio en Internet induciendo a boicotear el turismo dominicano. Ya esta semana el principal vocero de la Cámara Americana de Comercio en el país advirtió sobre la necesidad de trabajar para evitar daños a la economía dominicana y hasta a la de Haití.

Es evidente el error de persistir en negar la masiva exclusión que hubiese constituido un gueto en la sociedad dominicana, cuando el pasado 26 de junio se publicó una lista de 55 mil personas a quienes se restituye su documentación como dominicanas. Lo procedente es difundir lo más posible esa rectificación, como hizo el canciller Navarro al dar la bienvenida a la misión de la OEA, explicándole los alcances de la Ley 169-14, aprobada de urgencia para enmendar la desnacionalización masiva y cuyo cumplimiento inexplicablemente fue dilatado 13 meses.

Y debe aclararse que implica a otras decenas de miles de sus descendientes que ahora podrán ser registrados como ciudadanos.

Los pendientes de amparo. Urge disipar la confusión entre la desnacionalización que todo el mundo exterior rechaza, ya reparada en gran parte, y la regularización de los inmigrantes. Hay que persistir en que no se extrañará del país a ninguno de los nacidos aquí que no fueron declarados como ciudadanos (grupo B de la Ley 169-14), y en instituir un mecanismo que les garantice a estos, no a los inmigrantes, por lo menos un estatus de residentes permanentes.

Se estima que los nacidos en el país que no pudieron cumplir los exigentes requisitos para acogerse a la vía de la naturalización, son mucho menos que los 55 mil a quienes se devolvió la nacionalidad.

No se puede ignorar que la deportación que de antemano se rechaza es la que podría afectar a este segmento. Si hay que apelar a una nueva ley para proteger a los del grupo B, sería no solo justo, sino también conveniente para disipar los temores de apatridia, que es lo que determina las fuertes objeciones internacionales. Fue una injusticia que a ese segmento se les obligara a inscribirse como extranjeros y se les diera apenas 90 días, prorrogados luego a 180, cuando a los inmigrantes se les daba año y medio para regularizarse. Incluso a esos nacidos en el país, presumidos en extrema pobreza, debería dejarse abierta la puerta permanentemente para que puedan reunir los requisitos para su naturalización.

Los responsables del descrédito

Hace muchos años que había consenso en la sociedad dominicana sobre la necesidad de limitar la inmigración haitiana, lo que quedó manifiesto en un extenso debate que concluyó en la Ley General de Migración 285-04 promulgada el 15 de agosto del 2004 por el presidente Hipólito Mejía, la que disponía el Plan de Regularización de Inmigrantes y un reglamento en el plazo de seis meses. Pero fue más de 7 años después, en noviembre del 2011, que se dictó el Reglamento 631-11.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes de la Oficina Nacional de Estadística, realizada en 2012, demuestra que el 62 por ciento de los 524,632 extranjeros que habría en el país (87 por ciento haitianos), habían ingresado entre 2005 y 2012, justo el período en que los ultranacionalistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Frontera.

Mientras el país se llenaba de haitianos, la Junta Central Electoral se dedicó, a partir del 2007, a perseguir a los ciudadanos dominicanos descendientes de inmigrantes, negándoles administrativamente sus actas de nacimiento. Eso fue legitimado por la sentencia del Tribunal Constitucional 168/13, de septiembre del 2013, de forma retroactiva hasta el 1929. Y es la propia sentencia que los cuantifica en los 209,912 que estimó la Encuesta. Como la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso la anulación de la desnacionalización masiva, el Constitucional dominicano “descubrió” que el país no había llenado los requisitos para adscribirse a esa jurisdicción. Así se constituyó el escándalo internacional que afecta al país.

 

 

La regularización sí, desnacionalización no

Por Juan Bolívar Díaz

28_06_2015 HOY_DOMINGO_280615_ El País13 A

La renovada oleada de críticas y condenas internacionales al país no cuestionan el derecho a regular la masiva inmigración haitiana, sino que siguen referidas a la sentencia del Tribunal Constitucional que privó de la nacionalidad a decenas de miles de personas, y a los temores de que puedan ser deportadas.

Asumiendo esa realidad la estrategia comunicativa del Gobierno debe privilegiar la información de que por fin se dispuso la validación de las actas de nacimiento de 55 mil descendientes de haitianos nacidos en el país y que ninguno, aún los que no habían sido registrados, será deportado del territorio nacional.

Gran oleada de críticas. Al vencerse al plazo para que los inmigrantes indocumentados se acogieran al Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes (PNRE) se desató la más alta oleada de críticas desde la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional de septiembre del 2013 que privó de la nacionalidad dominicana a miles de descendientes de haitianos nacidos en el país en ocho décadas, lo que ha obtenido el rechazo casi unánime de la comunidad internacional.

Periódicos tan importantes como The New York Times y Washington Post en Estados Unidos y El País de Madrid y cadenas de televisión como CNN, Univisión, BBC-Mundo o Al Jazzira, y múltiples canales locales de Estados Unidos y Canadá recogieron las incidencias de los atropellados e inhumanos registros de los extranjeros al final del plazo oficial y de la huida hacia Haití de algunos miles que preferían salir por voluntad propia llevándose sus pertenencias, a ser deportados perdiéndolo todo. El Washington Post publicó reportajes toda esta semana, uno con foto a 4 columnas en primera página edición impresa.

Decenas de periodistas de múltiples nacionalidades y representantes de organismos como Amnistía Internacional llegaron al país atraídos por innumerables anuncios de funcionarios de que al concluir el plazo de inscripción de los extranjeros se iniciarían las deportaciones de quienes no se registraran.

La atropellada afluencia de multitudes de hombres, mujeres y niños en los últimos días, cuando se flexibilizó la inscripción, durmiendo a la intemperie y contenidos por guardias armados, terminaron por atraer la atención informativa mundial.

Aquí se montó el espectáculo televisivo del mes a nivel internacional, con imágenes degradantes de la condición humana, incluyendo a los canales nacionales.

Hasta el Papa Francisco. Es significativo que las advertencias y temores que se expresaron en artículos y editoriales de los periódicos y en declaraciones de organismos internacionales, como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la unión de estados caribeños Caricom o de Amnistía Internacional, tenían en común la preocupación de que pudieran ser convertidos en apátridas miles de domínico-haitianos desnacionalizados o que nunca fueron inscritos en el Registro Civil.

Las expresiones del alcalde de Nueva York, donde no hubo un llamado a boicotear el turismo dominicano como se ha dicho, y las recriminaciones del alcalde de Montreal, que dispararon la alarma nacional, tampoco rechazaban el derecho a regular la inmigración al territorio dominicano, sino a la desnacionalización, tema que movilizó marchas y debates académicos en Nueva York y Miami.

De repente resurgió con más fuerza la oleada de críticas que recibió el país a finales del 2013 y el año pasado por la anulación de registros civiles retroactiva al 1929.

La reacción del Gobierno y de la opinión pública nacional se ha fundado en un pretendido interés internacional por dañar la imagen del país, restando legitimidad hasta a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tratando de ignorar voces tan insospechadas como la del Papa Francisco, quien casi recriminó a los obispos dominicanos cuando le visitaron en Roma el 28 de mayo pasado, al decirles que “la atención pastoral y caritativa de los inmigrantes, sobre todo a los provenientes de la vecina Haití, que buscan mejores condiciones de vida en territorio dominicano, no admite la indiferencia de los pastores de la Iglesia”.

El Papa se refirió al conflicto por los desnacionalizados al exhortar a los obispos a “seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”.

Los 55 mil restituidos. El pecado original que ha manchado el legítimo esfuerzo por regularizar los inmigrantes para establecer controles, fue haberlo emprendido después de la desnacionalización rechazada por más de la mitad de los dominicanos, según las encuestas y unánimemente en el exterior. En vez de haberse reglamentado e implementado el plan de regularización de los inmigrantes dispuesto por la Ley de Migración del 2004, pasaron diez años de persecución de sus descendientes nacidos en el país.

En mayo del año pasado la Ley 169-14 dispuso restituir la nacionalidad a quienes fueron privados de ella por la sentencia 168/13, pero costó 13 meses implementarla. La Junta Central Electoral, que había iniciado en el 2007 la negación de la documentación de los descendientes de haitianos, ignoró el mandato de la ley hasta concluir un inventario del Registro Civil dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional.

Coincidiendo con el final del plazo para la regularización fue que la JCE dispuso que las 165 oficialías del Estado Civil validen las actas de nacimiento de 55 mil personas a quienes se les tenían suspendidas, publicando los listados el viernes 26. También se ordenó restituir las cédulas de identidad, con sus mismos números, a quienes se les había cancelado. Eso a su vez permitirá a esa población declarar a sus hijos como dominicanos, lo que ya hizo con sus cuatro hijos Juliana Deguís, la domínico-haitiana por la que el Tribunal Constitucional dictó su sentencia 168/13.

Revisar la estrategia oficial. La estrategia gubernamental debería centrarse en difundir internacionalmente la decisión de devolver la ciudadanía a esas 55 mil personas y sus descendientes, lo que mejoraría radicalmente el clima para proseguir la regularización de los inmigrantes, especialmente en el ámbito internacional, incluyendo a Haití.

Sería fundamental restringir los requisitos a lo fundamental, como la identidad, y las certificaciones de buena conducta, de empleo y vivienda, así como del arraigo y de haber ingresado al país antes del 2011, como establece el decreto. Eso debería acompañarse de presión para que los empleadores otorguen los certificados de empleo.

Ayudaría mucho un esfuerzo por combatir el tráfico de turnos y el picoteo que ha encarecido el proceso, al grado que el promedio de gastos de los que han tratado de cumplir los requerimientos, ronda los 10 mil pesos, según abogados y dirigentes sociales que les han dado asistencia.

Lo de más sería mantener firme la voluntad y el compromiso de no deportar, ni por error, a ninguno de los nacidos en el país. Demasiado pesada sería de por sí la repatriación de más de 200 mil extranjeros, incluidos los llegados en los tres últimos años después de la encuesta que para el 2012 los estimó en 458 mil.

Improvisada ofensiva

Preocupado por la fuerte oleada de críticas y temiendo que pudiera llegar a afectar la economía nacional, cuando se difundió sin base objetiva que, como represalia, Haití había suspendido la importación de 35 productos nacionales, el Gobierno lanzó una improvisada ofensiva internacional, que abarcaría a las principales ciudades de Estados Unidos, a la Unión Europea, América Central y reuniones de la OEA, SICA y Naciones Unidas y con los diplomáticos acreditados en el país y en Puerto Príncipe.

La estrategia gubernamental se basa en los avances logrados en el PNRE, sobre todo cuando en los últimos días liberalizó los requisitos, aceptando inscripciones hasta completar 288 mil, aunque apenas 4,308 habían logrado completar los minuciosos requisitos, muchos de ellos difíciles de alcanzar para una población pobre y marginal.

Las autoridades decidieron otorgar estatus provisional de uno a dos años para que quienes llegaron a inscribirse puedan completar los requerimientos, anunciaron que darán oportunidad de concluir la regularización a unos 20-25 mil haitianos pendientes de recibir la documentación que han solicitado a su embajada en Santo Domingo, y estatus de inmigrantes definitivos a 2,835 pensionados tras décadas de trabajo en el antiguo Consejo Estatal del Azúcar.

En otro gesto de buena voluntad se acordó otorgar visas gratis a 7,986 haitianos que estudian en universidades dominicanas.

Un hecho que pudo ser positivo, como el regreso voluntario a Haití de más de 17 mil migrantes, tuvo efectos negativos por las caravanas y las declaraciones de muchos que parecían huir de una inminente batida que los dejaría sin sus ajuares. Muy pocos aceptaron viajar en autobuses del Gobierno, porque no incluía el transporte de sus bienes.

 

En la hora de los hornos

Por Juan Bolívar Díaz
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Concluido el plazo formal para que los inmigrantes irregulares se acogieran al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el Gobierno y la sociedad dominicana se enfrentan a la hora de los hornos, en la que habrá que decidir si continúa por el rumbo equivocado de la emocionalidad y el patrioterismo o si enfrenta con racionalidad, inteligencia y sabiduría el problema de la masiva y excesiva inmigración haitiana.

Tras el cierre del plazo, el ministro de Interior informó que 288 mil 466 personas lograron iniciar el difícil proceso de la regularización, que en sus últimas dos semanas se degradó a lo indigno con tráfico y abusos contra pobres e indigentes que acudieron en tropel cuando se anunció que sólo atenderían a nuevos solicitantes y que se otorgarían plazos adicionales para que pudieran reunir los requisitos. En ese total se ha incluido a unos 20-25 mil pendientes de que el gobierno de Haití les provea documentos solicitados.

Después de un año las autoridades se convencieron de que tenían que flexibilizar las exigencias, cuando al comienzo de junio apenas el 1.8 por ciento (4 mil 308) de 239 mil 368 solicitantes habían podido llenar todos los requisitos. Al pasar balance se dieron cuenta que el 93 por ciento (222 mil 73) habían presentado documentos de identidad validados confirmando exactamente la proporción que según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) 2012 dijo tener documentación.

Eso demuestra, contrario a lo pregonado, que la documentación no ha sido de los mayores obstáculos al PNRE, sino requisitos como constancia de vecinos y de empleo y pruebas de pagos de salarios que a pocos les han expedido; o contratos de alquiler, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, matrícula de vehículos y facturas de bienes muebles que nunca han tenido. Otra barrera ha sido el costo de certificaciones notarizadas, del transporte en promedio de diez visitas a las oficinas de registro y del tráfico con los turnos, lo que ha implicado un promedio de 8 mil pesos, que gran proporción no ha podido reunir.

A la hora de los hornos, tras meses anunciándose deportaciones con el entusiasmo del que prepara un festival, habrá que pasar balance para saber cuántos son los que serán devueltos para Haití. No serán el millón que calculan los más entusiastas, pero se logra una aproximación si se acepta el rigor profesional de la ENI realizada por la Oficina Nacional de Estadística, la cual arrojó 524 mil extranjeros, 458 mil 233 nacidos en Haití.

Pero eso era sólo hasta el 2012. Como la misma encuesta establecía que el 38.6 por ciento había llegado entre 2010 y 2012, el flujo crecía casi al 20 por ciento anual. A la mitad de esa tasa, conservadoramente, entre el 2012 y 2015 el total se habría incrementado en 30 por ciento, 137 mil 470 personas, para totalizar ahora 595 mil 703. Los inscritos al PNRE serían el 48 por ciento. Los “deportables”, que nadie discute el derecho soberano, los restantes 307 mil 237, el 52 por ciento del total, una cifra bastante respetable para las capacidades nacionales, para la producción agrícola, la construcción pública y privada y el servicio doméstico, y con potencial para constituirse en una inmensa crisis humanitaria generadora de disturbios que podrían descarrilar el frágil proceso electoral en que se encuentra la nación vecina. Menos estabilidad en Haití es un círculo vicioso que redunda en nuevos flujos de inmigrantes para República Dominicana.

El problema luce más complejo que el festival de deportaciones que algunos entusiastas han promovido. Y eso sin incluir los descendientes de los inmigrantes haitianos nacidos en el país durante cerca de un siglo, que según la misma encuesta serían otros 209 mil 912 personas. Convendría que a estos los dejaran en paz, para no generar apatridia y complicar más la situación a nivel internacional, porque en cuanto a estos sí se discute el derecho soberano a la deportación, sobre todo los que tenían registro de ciudadanía, beneficiados por la Ley 169-14, pero a quienes todavía no se les restituye su documentación.

Por demás urge revisar el PNRE para ver si todos sus requisitos son realistas y podrán ser cumplidos en los plazos de hasta dos años que se otorgará a los que iniciaron el proceso, según el acta de la reunión de los cancilleres de RD-Haití del 6 de junio. Si no se regulariza siquiera dos terceras partes de esos inmigrantes, será difícil revocar los excedentes y controlar nuevos flujos.

 

El Gobierno flexibiliza el Plan de Regularización

Por Juan Bolívar Díaz

14_06_2015 HOY_DOMINGO_140615_ El País13 A

Al término del plazo para registrarse en el Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), el Gobierno ha dispuesto otorgar un estatus migratorio regular al 1.8 por ciento de los que lo han solicitado, y provisional al 93 por ciento que habiendo presentado documento de identidad no ha podido completar los demás requisitos.

Otras flexibilizaciones que permitirían registrar unos 260 mil inmigrantes irregulares, alrededor del 50 por ciento de más de medio millón estimado, son aceptar como solicitantes del registro a entre 20 y 25 mil que esperan ser documentados por el Gobierno de Haití y beneficiar como inmigrantes regulares a 2,835 cañeros pensionados.

Armónica reunión en Haití. Durante una armónica reunión en Puerto Príncipe el sábado 6 de junio entre una delegación dominicana, encabezada por el canciller Andrés Navarro, y su homólogo haitiano Lener Renaud, se informó sobre la marcha del PNRE y las decisiones del Gobierno dominicano, que según el acta oficial dominicana fueron:

Hasta el día anterior, los inscritos en el plan totalizaban 239,368, más del 96 por ciento haitianos; 86,953 con pasaporte (36%), 78,425 con actas de nacimiento (33%) y 56,695 con cédula (24%). El total de los poseedores de por lo menos uno de los documentos de identidad requeridos para la regularización es de 222 mil, el 93 por ciento.

Se precisa que “únicamente el 1.8% de los extranjeros ha cumplido al presente con todos los requerimientos del Decreto 327-13″, a los cuales se les dará el estatus migratorio regular. Al resto, o sea el 98.2 %, “el Gobierno ha decidido otorgar diversos períodos de gracia para completar dicho proceso”.

A los que presentaron actas o cédula se les dará un permiso de estadía de un año, y a los que se registraron con pasaporte un permiso de dos años.

A unos 20-25 mil a quienes el Gobierno haitiano no ha entregado la documentación solicitada, se les reconocerá como iniciados en el plan si presentan el recibo provisional de solicitud expedido por la embajada de Haití con fecha de entrada al país.

El Gobierno anunció “estatus migratorio regular” para 2,835 nacionales haitianos pensionados tras décadas de trabajar en el país “a pesar de que no habían podido tener el documento de identidad regular de su país de origen”, y que a 7,986 haitianos que estudian en el país no se les cobrará la visa, ni impuestos de entrada o salida del país.

Verdadero círculo vicioso. Más allá del discurso nacionalista, está la realidad de si el país tiene capacidad para identificar y deportar a 300 mil personas, sin incurrir en graves violaciones de derechos y generar un tráfico no solo de ida, sino también de alta proporción que intentará retornar.

Sería un negocio redondo para los traficantes de personas de ambos lados de la frontera.

Hay dos grandes interrogantes, la primera si los sectores productivos dominicanos, -agropecuario, construcción y servicios- podrían soportar tal extracción de recursos laborales, y segundo, si la precaria estabilidad económico-política de Haití podría asimilar una deportación tan elevada sin graves sacudimientos políticos-sociales que generarían nuevos flujos migratorios hacia la República Dominicana.

A la vez el Gobierno está preso del discurso de deportación, que aunque ha bajado desde que “los Vinchos” se alejaron del presidente Danilo Medina, ha calado en su partido y buena proporción de la sociedad, que esperan su materialización sin tener a manos suficientes elementos de ponderación, que no los ofrece públicamente el Gobierno.

La falta de cooperación. Durante años “El Tema de hoy” reclamó el dilatado Reglamento de la Ley de Migración del 2004.

El 27 de octubre 2013, con el título “Han preferido el desorden para explotar inmigrantes”, se detallaron los numerosos fracasos en iniciar la regularización dispuesta por el Decreto 417 de 1990 y luego por la Ley 285 promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 15 de agosto del 2004.

Al ponderar el inicio del PRNE, el 15 de junio del 2014, el Tema titulaba “El Plan de Regularización ha arrancado con éxito”.

Pero ya el pasado 30 de noviembre advertía que “Se encamina al fracaso el Plan de Regularización de Extranjeros”, y el 24 de mayo del 2015 se adelantaba que “El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización”, que es lo que ha hecho ahora con la flexibilización anunciada. Con esos títulos y mediante cualquier buscador de Internet, se accede a los textos.

Durante todo el proceso se centraron las explicaciones de sus problemas en la falta de cooperación del Gobierno haitiano, lo que es cierto solo en parte, como lo demuestra el acta de la reunión de cancilleres al consignar que la embajada de Haití tiene pendiente de responder entre 20 y 25 mil solicitudes de documentos, 5 por ciento del total de inmigrantes.

Si únicamente el 1.8% de los solicitantes ha podido completar los requerimientos y el 93 por ciento ha presentado documentos de identidad válidos, es obvio que los tropiezos fundamentales hay que buscarlos en la falta de apoyo que ha tenido el PNRE por la incomprensión de que para que sea exitoso debería abarcar una alta proporción del universo, para hacer posible identificar y deportar los excedentes.

La escasa respuesta está determinada básicamente por exceso de requerimientos, la negativa de los empleadores a dar certificaciones de empleo, que la Procuraduría General, en contradicción con el decreto, reclamó hasta el mes pasado el pasaporte para emitir certificados de buena conducta, y por los elevados costos de las notarizaciones, del tráfico hasta con los turnos y de los 7 viajes de promedio que han tenido que realizar los que lograron inscribirse.

El pecado original. Es difícil encontrar quien niegue el derecho dominicano a limitar la abrumadora inmigración haitiana, por lo que el PNRE ha sido de unánime aprobación, nacional e internacional.

El problema es el pecado original: que después de décadas amenazando establecer controles, pasaron 9 años antes de que se pusiera en vigencia, la nueva Ley de Migración, que preveía la regularización.

Las autoridades prefirieron desatar una venganza sobre los que habían nacido en el país, primero negándoles administrativamente sus documentos y luego despojándoselos por la retroactiva y colectiva sentencia 168/13.

La Encuesta Nacional de Inmigrantes, con una muestra de 68,146 viviendas, realizada por la Oficina Nacional de Estadística, y avalada por el Gobierno, indica que el 80 por ciento de los extranjeros dijeron haber llegado al país en el período 2000-12, y el 62 por ciento entre el 2005 y 2012, justo mientras se libraba el combate contra los que habían nacido aquí durante décadas y habían sido reconocidos como dominicanos.

Es significativo que ese enorme flujo ocurriera justo cuando el grupo más nacionalista controlaba la Dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras e influía sobre el Ministerio de Interior, la Junta Central Electoral y hasta en la Presidencia de la nación. No hubiera sido lo mismo iniciar la regularización con 300 mil inmigrantes que ahora con alrededor de 600 mil.

Todo el que quiera que alguna vez se inicie un control de la inmigración debería apoyar el esfuerzo que hace el Gobierno al flexibilizar el plan, y reclamar que se extendiera otros 60 días, ahora que ya no se exige el pasaporte para el papel de buena conducta, lo que permitiría alcanzar una proporción mayor que viabilizara los controles.

Y centrarse en las mayores causas del limitado resultado, sobre todo en reclamar la cooperación de los empleadores que, en su mayoría, prefieren mano de obra excedente y sin derecho alguno.

Sobre las deportaciones

En la reunión, dice la relatoría, las autoridades dominicanas informaron que procederán a deportar después del 17 de junio a quienes no se acogieran al PNRE, “en función de las disposiciones legales del país y los compromisos internacionales en materia de los DDHH y la dignidad de cada persona”, en coordinación con la OIM y la ONU.

Se detallaron seis lugares de acogida y el protocolo de procedimiento. El canciller haitiano reconoció la soberanía dominicana, aunque expresó temor de que un alto volumen pueda sobrepasar la limitada capacidad de su país para asimilarlos y generar conflictos.

El problema es sumamente complejo si, atendiendo a los estimados, los sujetos a deportación podrían superar los 300 mil e implicar a nacidos en el país, incluso de los 53 mil que la Junta Central Electoral ya anunció que serán documentados como dominicanos, según la Ley 169-14, pero aún sin ejecución. Se añade un número indeterminado de los descendientes que estos no han podido declarar.

Se asume que la Encuesta Nacional de Inmigrantes del Gobierno dominicano 2012 arrojó 524 mil extranjeros, que de esos un 10% serían inmigrantes regulares, por lo que los indocumentados se reducirían a 472 mil. Pero si se les suma el flujo 2012-15 pueden alcanzar los 600 mil, ya que la encuesta dice que entre 2010-12 creció 36.8%.

 

¿Cómo resarcir tanto dolor?

Por Juan Bolívar Díaz
31_05_2015 HOY_DOMINGO_310515_ Opinión13 A

Los “Resultados de la Auditoría al Registro Civil en los años 1929-2007″ presentados el martes 26 de mayo por la Junta Central Electoral (JCE), constituyen una confesión de la magnitud de la injusticia, de la iniquidad y crueldad desatada desde el 2007 contra decenas de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera, en alto porcentaje de origen haitiano.

Es seguro que en medio de la crisis del partido de Gobierno ha pasado desapercibido un informe tan revelador de la magnitud y la injusticia del genocidio civil que puso en marcha la propia JCE a partir del 2007 cuando comenzó a negar la expedición de copias de las actas de nacimiento y la emisión de cédulas de identidad a miles de personas por su origen extranjero, por simple resolución administrativa y en flagrante violación de la Ley del Registro Civil, que restringe tal decisión a un dictamen judicial y en casos individuales.

El informe presentado por el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se puede resumir en que atendiendo a la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional “inventariamos 116,506 libros, que tienen 1 millones 748,568 folios”… “De todas las especificaciones de actas, encontramos que 53,827 libros, que a su vez recogen 10 millones 321,799 folios, dieron lugar a expedientes de personas a revisar”, por lo que “Al final se pudo comprobar que del total de folios auditados, los hallazgos en el Registro Civil, que identificaban los expedientes, o las actas con posibles irregularidades, en el período establecido (1929-2007), apenas representaron el 0.58%, en tanto que el resto, el 99.42% no evidenció la inconsistencia de estos últimos”.

Con alborozo, el informe consigna que “El hecho de que alrededor de 53 mil expedientes que identifican personas hayan sido autorizados en su expedición y en su transcripción, de conformidad con la ley, demuestra el nivel de profesionalidad con que se manejó el personal de la JCE, libre de prejuicio y comprometido solo con el deber”. Se anuncia que a partir de esta misma semana esperaban completar el procedimiento burocrático para poner las actas a disposición de los afectados.

Para no dejar la menor duda de la barbaridad, el informe precisa que “apenas 132 expedientes de los trabajados darán lugar a un apoderamiento de la justicia”, porque no se correspondían con la ley o que son fruto de falsedad o alteración documental, como efectivamente instituye la Ley 659 del Registro Civil.

Todo lo indicado quiere decir que durante los últimos ocho años se les negó sus documentos a unas 53 mil personas bajo sospecha de que no les correspondía, a causa del fraude de 132. Es decir que la inconsistencia o ilegalidad del 0.58 por ciento privó durante tanto tiempo al 99.42 por ciento de los “sospechosos” de derechos tan fundamentales como a obtener actas de nacimiento, cédula de identidad y electoral, pasaporte para viajar fuera del país, a casarse o divorciarse, inscribirse en una universidad, realizar transacciones inmobiliarias y financieras y muchos otros actos de la vida civil.

Pero no vayan a creer que los afectados son solo esos 53 mil, porque un porcentaje de estos han tenido hijos que no han podido registrar en el lapso de 8 años. Nadie puede precisar cuántos serán, pero con dos per cápita ya estaríamos hablando de 159 mil personas afectadas, con la agravante de que ahora habrá que rescatar a los hijos de las listas de los “deportables” por no haber sido nunca inscritos como dominicanos, o del registro de extranjeros si se acogieron al Plan de Naturalización. A no ser que pretendamos dejar a los padres como dominicanos y a los hijos como extranjeros, lo que ya ha sido denunciado por muchos de los discriminados.

A cualquiera se le ocurriría preguntar por qué la JCE ignoró la Ley 169-14 y no fue transcribiendo las 53 mil actas en la medida en que comprobaba su procedencia, y esperó concluir el último folio, con miles de personas clamando por sus documentos. ¿Cómo ha sido posible tanta desidia y crueldad? ¿Por qué no se siguió el mandato de la Ley 659, lo que implicaba investigar primero y sancionar después a quienes procediera? ¿Cómo y quién resarcirá o indemnizará este inmenso dolor, daño, perjuicio y agravio colectivo?

 

El Gobierno busca salvar su Plan de Regularización

Por Juan Bolívar Díaz
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Para salvar del fracaso su Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) el Gobierno se propone otorgar una estatus de “inmigrante regular provisional” a unos 220 mil que habrán iniciado el proceso al término del plazo el 16 de junio próximo, pero que no han podido cumplir los requerimientos económicos por renuencia de sus empleadores.

Atrapado en contradicciones y discursos xenofóbicos, el Gobierno se enfrentará al hecho de que más de la mitad de los inmigrantes indocumentados ni siquiera han podido iniciar su regularización, estimándose en más de 300 mil los que quedarían sujetos a la deportación muchas veces anunciada pero difícil de ejecutar en tan alta proporción.

Llegarían a unos 220 mil. Al iniciarse esta semana la cuenta regresiva del mes para cerrar las inscripciones al PNRE, 207 mil 424 inmigrantes habían acudido a 24 centros de registro para iniciar el proceso, complicado por sus múltiples requerimientos, y son apenas centenares los que han sido acreditados con un carnet, tan pocos que las autoridades han dejado de dar el dato.

El doctor Washington González, viceministro de Interior y Policía encargado del Plan, confía que al 16 de junio sumarán entre 215 y 220 mil personas en gran parte haitianas, lo que representaría 42 por ciento de los 530 mil estimados en la Encuesta Nacional de Inmigrantes concluida en el 2012, de los cuales 458 mil 233, el 87 por ciento, provenían de Haití. A estos habría que agregarle algunas decenas de miles más que llegaron después de la encuesta, y que a partir de octubre del 2011 no califican para ser regularizados, por lo que los “deportables” pudieran andar sobre los 350 mil.

Aunque se establecieron 24 centros de atención, el grueso ha acudido a los del gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y San Pedro de Macorís, de acuerdo a los datos que ofreció el funcionario por Teleantillas. Complicado, porque en estos centros se establecían cuotas por día y había que acudir de madrugada para conseguir turnos, que en muchas ocasiones tenían que comprar a traficantes. Otra limitación ha sido que al no llevar todos los documentos requeridos, el promedio ha tenido que acudir unas 5-6 veces. La falta de información a una población dispersa, con poco acceso a los medios de comunicación y escasos niveles de instrucción también ha complicado el proceso. Y aunque el Gobierno no cobra nada, los inmigrantes tienen que notarizar hasta las facturas de compras de electrodomésticos, y en muchos casos han tenido que “dar contribuciones”.

Pocos llenan los requisitos. El viceministro González reconoce que muy pocos de los solicitantes han podido completar los requisitos, especialmente las condiciones laborales y socio-económicas, que incluyen certificaciones de empleo, propiedades o contratos de alquiler de muebles o inmuebles y hasta cuentas bancarias. El 95 por ciento presentó por lo menos un documento de identidad, acta de nacimiento cédula o pasaporte, como establece el plan. Pero esa misma proporción no ha podido completar los requerimientos socio-económicos.

El problema principal ha sido la poca colaboración de los empleadores. Lo reconoció el funcionario, quien dijo que apenas en las últimas dos semanas los grandes empleadores agropecuarios y de la construcción habían mostrado interés en ayudar a regularizar sus empleados. Una excepción había sido el grupo Vicini, con dos ingenios en operación, que hasta contrató abogados para ayudar a sus trabajadores haitianos.

Desde que se abrieron las inscripciones en junio del año pasado, se viene advirtiendo que los empleadores agrícolas, de la construcción y hasta domésticos, se han negado a emitir constancia salarial. Pretextan que son trabajadores temporales, sin contratos laborales y por tanto de mucha movilidad.

Otro factor que ha dificultado el proceso es la cantidad de requisitos, por ejemplo cuentas bancarias que muy pocos braceros haitianos, de la construcción o domésticos podía abrir por carecer de documentación o por sus condiciones socio-económicas y hasta por desconocimiento de la lengua nacional.

Estatus provisional salvador. “Hay que buscar una solución” proclamó el viceministro González, consciente del bajo porcentaje de inmigrantes que ha podido presentar todo lo que se le demanda. Numerosos casos, como el de Iván Saint Fleur, presentado en la misma entrevista de Uno+Uno, son indicativos del exceso de requisitos. Testimonió que comenzó el proceso el año pasado con pasaporte y visa, acreditación de su empleador doméstico, testigos de su arraigo en el país, papel de buena conducta, contrato de alquiler de vivienda y otros menores, todo notarizado, y no ha podido ser acreditado después de siete viajes de madrugada a un centro de atención capitalino. Es obvio que la gran mayoría de los inmigrantes haitianos no pueden reunir todas esas condiciones.

Pero después de año y medio trabajando en el plan, habría que considerar un fracaso la mínima cantidad de inmigrantes que han completado el proceso, y no por falta de documentación, como se repite buscando un “chivo expiatorio”. De ahí la solución del carnet provisional, que tendrá una duración de dos años “para que completen requisitos”. Será una manera de prolongar el período original, sin admitirlo formalmente. Habrá que esperar para ver si los empleadores son obligados a colaborar. Es obvio que una gran mayoría prefiere la informalidad de una mano de obra abundante que, por indocumentada, carece de posibilidades de reclamar derechos y condiciones laborales, como horario, pago de horas extra, salarios mínimos, seguridad social y prestaciones.

No será suficiente. Además del estatus provisional a los 220 mil inscritos para que completen los requisitos, el Gobierno tendrá que ponderar qué hacer con unos 350 mil que ni siquiera pudieron comenzar. Seguirán culpando a las autoridades haitianas que no han podido responder todas las demandas de documentos. La embajada haitiana tenía pendiente unas 15 mil, pero entre los otros más de 300 mil puede haber de todo. La encuesta de Inmigrantes dijo que el 92 por ciento tiene algún documento. En los últimos meses estaban pidiéndoles hasta pasaporte, cuando el plan valida también actas de nacimiento y cédulas.

En esa inmensa mayoría predominan los jornaleros agrícolas, chiriperos y trabajadores domésticos que carecen de los miles de pesos que cuestan las notarizaciones de documentos, que no tienen un empleador fijo, y con esposas e hijos más difíciles de demostrar su arraigo en el país.

Haber dejado pasar tanto tiempo para regularizar los inmigrantes, lo que dispuso la ley de migración del 2004 del presidente Hipólito Mejía, fue una grave irresponsabilidad, pero mucho peor pudiera ser el autoengaño y no reconocer la complejidad del problema. Ninguna regulación de inmigrantes en el mundo ha implicado deportar más de la mitad.

 

No pienso morder silencio

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN BOLIVAR

Debo advertir que no pienso morder el silencio que me aconsejan, algunos de buena fe, para escapar del cerco de acoso, estigmatizaciones y amenazas en que me encuentro junto a otros colegas, por denunciar la corrupción y le iniquidad, por defender derechos humanos y promover relaciones de buena vecindad con los hermanos haitianos. Aunque confieso que por momentos quisiera largarme para la Patagonia, allá bien al sur del continente, donde vacacioné una vez y quedé con la ilusión de pasar unos meses, entre lagos y nevados infinitamente hermosos.

A veces la emoción me conduce a un bote salva vida individual. Pero la razón me dice que es un poco tarde con casi medio siglo en este angustioso oficio. Ya una vez lo abordé por un año, tras dos atentados que procuraban mi silencio eterno. Pero de eso van a cumplirse 45 años y entonces, en 1970, el terrorismo de Estado cobraba una víctima cada 28 horas. Ahora es diferente y albergo la esperanza de que no llegaremos al extremo del asesinato, aunque cada vez es más preocupante la necrófila consigna de “muerte a los traidores”, que grupos extremistas, algunos pagados por entidades gubernamentales, proclaman en plazas públicas y medios de comunicación.

Ya esta semana otro grupito, esta vez en San Francisco de Macorís, duplicó la lista de “traidores disfrazados de periodistas”, merecedores de la muerte. Además de este articulista y de Huchi Lora, Amelia Deschamps y Roberto Cavada, sumaron a Marino Zapete, Alicia Ortega, Fernando Hasbún y Edith Febles. Hay que relevar la responsabilidad de los dirigentes del Colegio de Periodistas y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de esa ciudad que impidieron el uso de su local para pregonar exterminio.

El asesinato a golpes de un joven haitiano, posteriormente colgado en el parque Ercilia Pepín de Santiago, al día siguiente de que fanáticos encapuchados quemaran allí una bandera de Haití, profundiza las preocupaciones sobre las consecuencias de la siembra de odio y estigmatizaciones. Sin siquiera haber identificado a la víctima, ni a sus presuntos victimarios, la Policía atribuyó el crimen a otros dos haitianos con la supuesta intención de robarle. El Centro de Formación Agraria de Santiago (CEFASA), una institución religiosa, fue más rápida que la policía al identificar a la víctima el jueves como Claude Jean Harris, un pacífico limpiabotas de 22 años, que según su esposa se llevaba bien con todo el mundo.

Hay razones para temer que estemos ante la primera víctima mortal del discurso del odio puesto en marcha en las últimas semanas. Si era para robarle, no se explica que lo ataran de pies y manos y que luego de matarlo a golpes lo colgaran en una plaza pública, frente al principal hospital de Santiago, en una zona de mucho tráfico. Las preocupaciones son tan lógicas que el Jefe de la Policía Nacional acudió al escenario el jueves y dispuso que una comisión especial investigue a fondo.

El general Manuel Castro Castillo ya llevaba una semana investigando personalmente el asalto a la residencia del embajador de Haití, Fritz Cineas, ejecutado a media mañana, cuando un grupo de cinco personas golpeó al guardián, amordazó a la trabajadora doméstica y cargó con dos cajas fuertes. No se puede descartar el robo como móvil, pero vale la pregunta de si un solo policía es suficiente para esa residencia.

Debe asumirse que la actuación personal del jefe policial partió de la instancia superior del Gobierno. También porque el canciller Andrés Navarro dijo el jueves que aparentemente hay sectores empeñados en dañar las relaciones con Haití, cuando hace unos meses el Ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo proclamó una nueva era en los vínculos bilaterales. Y es posible que haya fragmentos sociales empeñados en marchitarlos.

Mientras los investigadores policiales esclarecen suficientemente esos acontecimientos recientes, sigue siendo un imperativo que toda la sociedad, dominicana, encabezada por sus máximas autoridades, y por sus orientadores espirituales, reclame con firmeza un alto al discurso necrófilo, de odios, estigmatizaciones y exclusiones.