La respuesta está silbando en el viento

Por Juan Bolívar Díaz
06_03_2016 HOY_DOMINGO_060316_ Opinión9 A

Gran parte de los que ya teníamos plena conciencia en la mitad de los gloriosos años sesenta, adoptamos para siempre la canción Blowing in the Wind que universalizó el genio creativo e interpretativo de Bob Dylan:

“Cuántos caminos debe recorrer un hombre/antes de que le llames hombre/Cuántos mares debe surcar una paloma blanca/antes de dormir en la arena/Cuántas veces deben volar las balas de cañón/antes de ser prohibidas para siempre/ La respuesta, amigo mío, está silbando en el viento.

“Cuántos años puede existir una montaña/antes de que sea arrasada por el mar/ Cuántos años pueden vivir algunos/antes de que se les permita ser libres/ Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza/y fingir que simplemente no ha visto/ La respuesta, amigo mío, está silbando en el viento.

“Cuántas veces debe un hombre levantar la vista/ antes de poder ver el cielo/Cuántas orejas debe tener un hombre/antes de poder oír a la gente llorar/ Cuántas muertes serán necesarias/antes de que él se dé cuenta/de que ha muerto demasiada gente/ La respuesta, amigo mío, está silbando en el viento. Está silbando en el viento”.

Este himno vino a la memoria al leerse en estos días los reportajes de HOY sobre la depredación que estamos realizando, a la vista de todos, en las montañas de Constanza, la llamada madre de los ríos en el país, que no dejan de ser una repetición de los que hemos publicado desde antes de la canción de Dylan, sin que hayamos podido mover la voluntad de los políticos y gobernantes a quienes se encargó una y otra vez la protección de la naturaleza potestad, ni conmover la conciencia de los depredadores.

Cuántas veces más tendremos que entonar la misma canción sobre este y muchos otros escenarios que la naturaleza levantó durante milenios y que estamos arrasando para siempre en desmedro de la vida. Y cuántos años más pasarán antes de que el daño sea definitivamente irreversible. La respuesta está silbando en el viento.

Qué más podremos hacer para que nuestros gobernantes, políticos y empresarios asimilen el grito de que no podemos seguir levantando edificios a costa del lecho de los ríos, socavados durante décadas en aras de reducir el costo de la construcción que se elevaría un poco si explotáramos las canteras de piedras hace tiempo predeterminadas. Cuánto más tendremos que agudizar el grito para que los privilegiados entiendan que nos estamos liquidando las fuentes del agua.

Cuántas muertes más tendremos que pagar antes de que cese el tráfico de influencias, el soborno y la extorsión por los que seguimos autorizando la instalación de bombas de combustibles, con equipos obsoletos y descartados por la civilización, en medio de urbanizaciones de pobres, y en violación a las más elementales previsiones de seguridad hace tiempo señaladas. La respuesta está silbando en el viento.

Qué más tendremos que hacer para que nos sacudamos y entendamos que urge poner un límite a la corrupción pública y privada, que corroe nuestras instituciones, reproduciendo la delincuencia y la inseguridad, y genera que esta sociedad se esté retrotrayendo al primitivismo y a la barbarie del ojo por ojo y diente por diente.

Y cuánto llanto más tendremos que derramar para que esta sociedad entienda que las leyes, las normas y los pactos que aprobamos no son simples sugerencias, sino el armazón y fundamento de la convivencia civilizada.

Las respuestas, amigos míos, están silbando en el viento y hay que percibirlas antes de que nos quedemos sordos. Están silbando en el viento.

¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?

Por Juan Bolívar Díaz
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La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.

Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.

Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.

Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.

Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.

La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.

Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.

Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.

La suerte de Edwin Enmanuel

Por Juan Bolívar Díaz
20_09_2015 HOY_DOMINGO_200915_ Opinión9 A

En la misma mitad de este septiembre ha llegado al país Edwin Enmanuel Gil, llamado a trascender por haberle tocado el número 10 millones de esta nación media isla colocada en el mismo trayecto del sol, con inmensas riquezas naturales malversadas por siglos y ubicada en uno de los últimos diez escalones de desarrollo humano en el concierto de 35 naciones del continente.

Este afamado infante llega con la marca de la pobreza nacional, de madre adolescente y soltera, con tíos de 10 y 13 años, una abuela de 36 y padre de 22 años que como dos tercios de los dominicanos no pudo completar la educación secundaria ni alcanzar una carrera técnica compelido por la necesidad de sumarse al chiripeo familiar de la supervivencia.

Su ámbito familiar será el barrio capitalino 24 de Abril, uno de los más nítidos espejos de la concentrada pobreza urbana dominicana, con una expectativa nacional de vida de 71 años, que para la mitad de siglo podría alcanzar los 80, siempre que pase la prueba de las altas tasas de mortalidad infantil, y de muerte por enfermedades previsibles o por accidentes de motor, destino de movilidad de una alta proporción de sus coterráneos barriales.

Nuestro 10 millones ha sido significativamente bautizado con el nombre bíblico de Enmanuel, como el histórico rabit de Galilea, Dios con nosotros, y merece la más cálida bienvenida y los mejores augurios de dicha y desarrollo humano. Aunque hereda la pobreza de padres y abuelos, contra la cual tendrá que luchar para no traspasarla a sus descendientes. Llega ya con una deuda individual de unos 3,500 dólares, que traducidos a pesos son casi 155 mil.

Lo primero que debemos implorar para Enmanuel es que pueda alcanzar siquiera uno de los escasos asientos para una carrera técnica y no se quede como uno más de los cientos de miles que ni estudian ni trabajan, carne de cañón para la delincuencia, y que tampoco se le ocurra engancharse a la Policía para empezar con 5 mil pesos mensuales que lo dejen en manos de los grandes delincuentes públicos o privados.

A diferencia de sus padres, si la suerte lo acompaña, Enmanuel podría aprender en la escuela sobre sexualidad, suficiente para conocer los instrumentos de la modernidad que le garanticen no reproducirse en la adolescencia y tener mayores posibilidades de completar el ciclo educativo.

Le auguramos toda la dicha del mundo, que se sume a la legión de muchachos y muchachas que por todas partes luchan por dejar atrás la pobreza, sumando fuerzas para resistir las tentaciones de la delincuencia como pretendidas soluciones individuales, sin ceder a la desesperanza ni al conformismo.

Como aquí tendrá que enfrentar la vida, con las puertas de la migración cada vez más cerradas, Enmanuel está llamado a ser un promotor de cambios y esperanzas para vencer la resignación y el fatalismo del “to e to y na e na” y restablecer el principio de que la recta es la línea más corta entre dos puntos, que flojo y apretado no es lo mismo y que la Virgencita de la Altagracia no es el mismo diablo.

!Bienvenido Edwin Enmanuel! Esperamos que tengas un largo ciclo de vida productiva y puedas alcanzar pronto una sociedad más armónica, que Dios libre de volver a duplicarse en el próximo medio siglo, y donde sus líderes y gobernantes tengan como norte el bienestar social y no impere la ley del más fuerte y más hábil para el despojo y la concentración, sea de la riqueza o del poder.

Correlación entre corrupción, relajo institucional y pobreza

Por Juan Bolívar Díaz
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La alarma se disparó esta semana cuando se conoció el último informe de la prestigiosa Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que deja al país con la mayor tasa regional de indigencia (20 por ciento) y 41 por ciento en la pobreza, pese a figurar entre los de más alto crecimiento económico de las últimas décadas.

Sin embargo, está diagnosticado, y lo ratificó aquí esta semana el experto internacional Daniel Kauffmann, que hay una estrecha correlación entre los niveles de pobreza, corrupción e impunidad que por demás se reproducen en la delincuencia de todo género y nivel, incluyendo el narcotráfico.

Liderando la indigencia. En realidad las tasas de pobreza e indigencia en RD que presenta el documento “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado el lunes 26, se mantienen similares al anterior, la diferencia es que el país aparece como líder porque otros, como Paraguay, registraron avances significativos, y no se midió a Haití, Guatemala y Honduras, con los que competimos históricamente. Sólo registran datos de 12 países de AL, sin los de Argentina y México, siempre mejor situados, ni los de Bolivia, donde el informe anterior había reducido la pobreza e indigencia a tasas de 36 y 19 por ciento.

El problema no es sólo que RD aparece liderando la pobreza y la indigencia, con tasas de 40.7 y 20.2, sino que supera con mucho el promedio latinoamericano, de 28.1 y 11.7 por ciento.

El resultado objetivo es que la pobreza nacional supera el promedio en 45 por ciento y la indigencia casi en 73 por ciento. Paraguay está casi empatado con tasas de 40.7 y 19.2, pero con notable avance positivo, ya que en el informe anterior registraba 49.6 y 28 por ciento de pobreza e indigencia. Otro que recibe crédito es El Salvador, donde la pobreza cayó del de 45 a 41 y la indigencia de13.5 a 12.5 por ciento.

La CEPAL, un organismo del sistema de Naciones Unidas, tiene prestigio en la región desde los años sesenta. Pero su diagnóstico no difiere de los que en el último año ofrecieron otras instituciones internacionales como el Banco Mundial y Oxfam-Intermón, y en años anteriores el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Una grave contradicción. Lo que más llama la atención de los analistas es que el país mantenga tales niveles de pobreza e indigencia, pese al alto crecimiento económico que registra en los últimos 60 años, como han venido diagnosticando estudios nacionales e internacionales. Lo hizo el PNUD hace justo una década, cuando sostuvo que RD era de los países del mundo de mayor crecimiento en el anterior medio siglo, pero al mismo tiempo el que más lo había desaprovechado para traducirlo en desarrollo humano.

Baste señalar el contraste del nuevo informe de la CEPAL con el ofrecido pocos días antes por el Banco Central dominicano, que estimó en 7.5 por ciento la tasa de crecimiento del PIB en 2014, cuando el promedio latinoamericano del organismo regional fue apenas de 2.7 por ciento, casi la tercera parte.

El crecimiento económico dominicano de la última década es estimado en 5.5. En ambos casos liderando la región.

La generalidad de los análisis escarban en la distribución del ingreso, pero habría que buscar también en la artificialidad del crecimiento económico, basado en gran proporción en endeudamiento estatal, nacional e internacional, sector financiero y no financiero, que se multiplicó seis veces en lo que va de siglo, con un derroche enorme, y gasto corriente que ya consume el 85 por ciento. Con una deuda estatal consolidada de unos 34 mil millones de dólares, que incluye la del Banco Central, cada dominicano que nace ya debe 3 mil 400 dólares, más de 150 mil pesos.

Los diagnósticos nacionales. La unidad nacional del PNUD, diagnosticó suficientemente la pobreza y la desigualdad prevalecientes, pero también lo han hecho instituciones públicas. El mejor indicador, de los recientes, es la Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera, presentada en noviembre por el Banco Central, donde se registra que casi tres quintas partes de los hogares dominicanos tiene ingresos mensuales menores de 18 mil pesos, con un ingreso promedio nacional de 19 mil 409 pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar nacional se estima en 27 mil 887, y en 36 mil 697 a nivel de la capital.

Un indicador indiscutible es el de la Tesorería de la Seguridad Social, que registra el 70 por ciento de los afiliados con salarios mensuales menores de 20 mil pesos. Y hay que tomar en cuenta que los asegurados son los trabajadores formales, con mayor nivel promedio de ingresos. En 2013 el FMI diagnosticó que el salario real se había reducido en 27 por ciento desde comienzo del siglo. Otro indicador de pobreza es que todavía el 45 por ciento de los asalariados estatales ganan el salario mínimo público de 5,117 pesos, suma que recibe también el 85 por ciento de los pensionados.

Con todos esos datos y un 26 por ciento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, la pobreza real puede ser todavía mayor que la diagnosticada por la CEPAL. Y si no es así, hay que atribuirlo a que una proporción considerable de los dominicanos y dominicanas tienen dos o más empleos o actividades económicas para sobrevivir, lo que se traduce en jornadas laborales de 12 y 14 horas. Así se “estabiliza” la pobreza, al reducirse la capacidad de estudio y entrenamiento, de esparcimiento y de convivencia familiar y social.

Corrosión institucional. Esta misma semana, durante una charla en el aniversario del telediario El Día, el experto internacional Daniel Kaufmann presentó un mapa continental de la corrupción, proyectado en pantalla gigante en el auditorio del Banco Central, en el que aparecían cuatro países teñidos de rojo, por su alto nivel de corrupción: RD, Venezuela, Paraguay y El Salvador. El orador sostiene que en “algunas naciones de la región la corrupción se ha convertido en sistémica o endémica”.

Kaufmann resaltó la necesidad de la transparencia, pero precisando que no es suficiente si no hay voluntad política, sanciones y participación social y si las instituciones no funcionan. En realidad el proceso de la corrupción termina en la corrosión de la justicia, el Congreso, los organismos de control, partidos políticos y otros sectores, que es lo que viene ocurriendo en el país. El reparto clientelar se expande por el cuerpo social anestesiándolo, y junto al rentismo consumen una proporción de lo que Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y hasta Bolivia vienen invirtiendo en los últimos años.

Con la impunidad se minan las instituciones y el efecto demostración reproduce hacia todos los sectores la corrupción que se ejerce desde el gobierno del Estado. La justificación de la riqueza fácil lleva a todo género de delincuencia y al narcotráfico que termina penetrando Fuerzas Armadas, cuerpos policiales y la política misma, convirtiendo a RD en uno de los mayores puentes del narcotráfico internacional. El círculo vicioso concluye en el deterioro democrático que diagnosticó en diciembre un estudio de la Fundación Konrad Adenauer.

 

 

 

RD sigue quemándose en las evaluaciones

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana sigue quemándose en la generalidad de las evaluaciones internacionales, con un balance devastador en la última semana en relación a seguridad ciudadana, homicidios, muertos por accidentes de tránsito, y en desvío del presupuesto nacional.

Pero lo más impactante fue el informe del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS), con sede en Washington, que planteó que el país se encamina a un régimen unipartidista y que los niveles de corrupción ponen en peligro la estabilidad económica y la democracia dominicana.

Inseguridad ciudadana. En percepción de inseguridad la población dominicana alcanza el mayor nivel entre 18 países latinoamericanos, según un estudio presentado el martes en Nueva York por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que también resalta la alta proporción de homicidios que se registran en la sociedad dominicana.

Casi dos tercios de la población dominicana, 64.8 por ciento, percibe un deterioro de la seguridad ciudadana, por encima de naciones centroamericanas, de Venezuela, Brasil y otros donde desde hace décadas se ha registrado un persistente deterioro con altas tasas de homicidios, feminicidios y asaltos de bandas callejeras y de sicarios, a menudo ligados al narcotráfico. Después de los dominicanos, los venezolanos, brasileños y mexicanos son los que perciben mayor inseguridad, con proporciones de 58, 57 y 56 por ciento respectivamente.

El país encabeza también con 21.5 por ciento las poblaciones latinoamericanas que han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia. La tasa de homicidios se duplicó en el país entre el año 2000 y el 2014, liderando la región, hasta alcanzar 26 homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2010, aunque se redujo al 23 por ciento el año pasado.

Aunque este informe no lo indica, la RD también está entre los líderes de la región en proporción de asesinatos de mujeres, los llamados feminicidios. Lo mismo viene ocurriendo en muertes por accidentes automovilísticos, donde la Organización Mundial de la Salud coloca el país como segundo a nivel mundial, después de la isla Niue en el Pacífico, lo que fue recordado esta semana por el director de la Autoridad Metropolitana del Transporte al dar a luz pública un programa educativo para reducir los accidentes que están cobrando mil 500 vidas por año, la segunda causa de muerte en el país, después de las cardiovasculares.

Desvío del Presupuesto. Durante una conferencia dentro de un seminario auspiciado por la Cámara Americana de Comercio, el representante local del Banco Mundial dijo esta semana que la frecuencia de los sobornos y los desvíos presupuestarios son más elevados en esta nación que en todas las de América Latina.

Al establecer una conexión con la economía y la pobreza, el doctor McDonald Benjamín sostuvo que la corrupción es un impuesto regresivo, indicando que el pago de sobornos constituye una mayor proporción de los ingresos de las empresas medianas y pequeñas que de las grandes.

Aunque reconoció algunos avances, el funcionario internacional se quejó de poca efectividad en las políticas de competencia, lo que afecta la innovación y el crecimiento. Propugnó por una reducción de la discrecionalidad y mayor transparencia y rendición de cuentas.

El Banco Mundial, junto al Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Unión Europea y las embajadas de los países desarrollados auspiciaron entre el 2010 y 2012 las Iniciativas Populares Anticorrupción con participación de altos representantes del sector público y de organizaciones sociales. Algunas de sus recomendaciones han sido implementadas pero otras, como el establecimiento de la cuenta única del tesoro, se han quedado rezagadas.

El presidente Danilo Medina se comprometió durante su campaña electoral a ejecutar la cuenta única en 100 días. Se dijo que entraría en vigencia en enero pasado, y aunque se han cerrado varios miles de las seis mil cuentas bancarias de todo el sector, la meta está lejos. La unificación de las cuentas promueve la transparencia y los controles y reduce la discrecionalidad en el desvío de los fondos públicos.

Actitud de resignación. En los últimos años la República Dominicana ha resultado achicharrada en las evaluaciones de instituciones internacionales multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y a Educación, y de la Comisión Económica para América Latina, y de organismos no gubernamentales como Amnistía Internacional, Foro Económico Mundial, Transparencia Internacional y otros.

En corrupción, despilfarro y malversación de recursos públicos, al igual que en calidad de la educación e inversión en el sector, en desconfianza en la policía, y en mortalidad materno-infantil la República Dominicana ha liderado a nivel mundial, en los últimos cuatro o cinco escalones en evaluaciones de hasta 144 países. En competitividad y seguridad ciudadana, está por debajo de la media tanto en América Latina, como a nivel mundial.

La reacción frente a esas evaluaciones suele ser de rechazo por parte de los funcionarios y líderes políticos y sus voceros oficiales y oficiosos, especialmente cuando provienen de organizaciones no gubernamentales, a las que se suele atribuir un interés en “denostar al país”.

En la opinión pública y en amplios segmentos sociales se manifiesta resignación y una actitud de refugio y reafirmación en los deportes y el arte popular renglones en los que la nación es altamente competitiva, al punto de haber ganado el último torneo mundial de béisbol y de competir por los primeros lugares en volibol femenino.

Genera sus propios delincuentes. Frente a las pésimas evaluaciones internacionales la actitud de los sectores dominantes es de desdeño y búsqueda de chivos expiatorios. Muchos no quieren siquiera admitir que la sociedad dominicana genera sus propios delincuentes y apelan al recuro de atribuir el auge de la inseguridad a la deportación de miles de dominicanos desde Estados Unidos.

En su edición del pasado fin de semana, el periódico católico Camino mete en un solo paquete a unos 31 mil deportados de Estados Unidos, 3 mil 323 este año, considerando que vinieron graduados en el crimen y la maldad y que su presencia ensombrece aún más la inseguridad ciudadana.

El editorialista no sabe que la mayoría son convictos y/o acusados de delitos menores, incluyendo riñas callejeras y familiares y hasta violaciones a las leyes de tránsito y falsificación de documentos personales y que sólo una ínfima minoría ha incurrido en el país en actividades delincuenciales.

Entrevistado al respecto esta semana el Director Nacional de Prisiones, Tomás Holguín, sostuvo por Teleantillas que de 25 mil 445 internos en la red de 47 cárceles y adentros de correcciones, “apenas ciento y pico” son repatriados. Para llegar al 1 por ciento deberían totalizar 254. Las estadísticas y estudios académicos habían sepultado el argumento de que los repatriados tienen alta incidencia en la delincuencia nacional. Es lamentable que esta ve lo haya revivido un periódico de tantos aciertos como Camino, que debería reparar el daño hecho a ese segmento poblacional, al que se deben abrir la puertas para su reinserción social, aún a quienes cumplieron penas por delitos mayores.

Partido único y corrupción

Lo más impactante de la semana fue la publicación del informe del Centro de Estrategia y Estudios Internacionales (CSIS, en inglés) de Washington, que planteó que “las instituciones democráticas de la República Dominicana están siendo crecientemente amenazadas por el dominio de un solo partido”, lo que podría conducir a un “estado unipartidista”.

El CSIS es una entidad centrista conservadora que integra a personalidades de los dos partidos estadounidenses dominantes y sus evaluaciones suelen tener mucho peso en la opinión pública norteamericana. El diario El País, el más influyente de habla hispana, dedicó una página a reseñar el informe, resaltando su conexión de la corrupción con la institucionalidad democrática.

“La corrupción en la República Dominicana es un mal endémico que en la última década se ha extendido de manera preocupante a todos los estratos de la administración pública, una circunstancia que de enquistarse podría amenazar las bases democráticas del país caribeño, de acuerdo con las conclusiones del estudio del prestigioso CSIS”, resume el diario español.

El informe señala el caos en los partidos de oposición, centrándose en el Revolucionario Dominicano, dividido desde que apoyó una reforma constitucional que puso todos los poderes públicos en manos del dominante Partido de la Liberación Dominicana. Pondera el apuntalamiento de una inmensa red clientelar “con implicaciones que inciden en el detrimento de la economía”, sin dejar de referirse a la debilidad y dependencia del poder judicial, y su incidencia en el auge del narcotráfico.

 

¡Ay Bienvenido, te tocó a ti!

Por Juan Bolívar Díaz
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Todavía resuena, y quedará en la memoria de muchos, la exclamación con que la joven ingeniera Francina Hungría recibió a su madre tras la agresión del desalmado criminal que la ha dejado casi ciega: “ay mamá, me tocó a mí”.

La frase fue una nítida expresión de la inseguridad que vive una alta proporción de la ciudadanía ante una delincuencia en apogeo, cada vez más decidida a imponer su dominio sin la menor piedad, sea ante una hermosa joven, una venerable anciana o incluso un hombre en plenitud de facultades.

El asalto a la ingeniera Hungría y el calvario en que ha quedado sumida han conmovido a la población, despertando un sentimiento de solidaridad con ella y su familia y de absoluto y renovado reclamo de políticas que puedan revertir el proceso de descomposición social y de inseguridad en que se va sumiendo la sociedad dominicana.

Como siempre salen a flote los demonios de quienes promueven el crimen para combatir la criminalidad, de los que auspician la política del exterminio, de quienes confieren a la autoridad policial la facultad de matar primero y averiguar después, imponiendo la ley de la selva en las calles de barrios y pueblos de todo el país.

Recorrió el mundo la recomendación de tres diputados dominicanos al Jefe de la Policía de que incremente la política de ejecución de delincuentes que ha cobrado más de tres mil vidas en la última década, pese a lo cual la existencia  en el país se hace cada mes más insegura. Por la simple razón de que es imposible garantizar seguridad con la ilegalidad, violentando el Estado de derecho, con pistolas y ametralladoras. Y mucho menos cuando una considerable proporción de los actos delincuenciales son protagonizados por los propios agentes policiales, por militares y sus asociados.

La exclamación de Francina resonó esta semana por lo menos en Teleantillas, convertida en ¡ay Bienvenido te tocó a ti!, cuando un joven trabajador campesino fue asesinado por agentes policiales que “lo confundieron” con un delincuente y le cortaron la vida de cinco balazos.

Bienvenido Chalas tenía apenas 22 años y disfrutaba del aprecio de sus familiares y vecinos de la comunidad de Los Cacaos. Bajó a San Cristóbal en una motocicleta con su tío Angel Santana, quien aunque recibió un balazo en la espalda ha quedado en condiciones de testimoniar. Ante las cámaras televisivas relató que un “agente del orden” les disparó y ya heridos ambos, procedió a rematar a Bienvenido, que había caído: Le disparó cuatro veces más hasta estar seguro de que era cadáver. Eso pese a las súplicas de ambos y su empeño en sostener que eran hombres de trabajo y respetuosos de la ley.

Daño colateral podrían decir los diputados partidarios de que la Policía mate sin  dejarse ver de los periodistas. Fuego equivocado fue también el que la semana anterior arrancó la vida de 28 años de Yesenia Herrera, fruto de la balacera protagonizada entre “agentes del orden” y de la Dirección de Control de Drogas cuando creyeron que se realizaba un asalto.

¿Quién le devuelve la vida a Yesenia y a Bienvenido? ¿Cómo decirles a sus familiares que ellos son cuota inevitable de la barbarie? Nadie que sueñe con un Estado de derecho puede aceptar el consuelo de ¡ay Bienvenido te tocó a ti”. Y qué pena que el asesinato de Bienvenido, como el de Yesenia, no hayan causado conmoción ni roto tantos silencios. ¡Ay Bienvenido no esperaré a que me toque a mí o uno de mi comunidad afectiva!

 

La suerte de Miguel Olivero

Por Juan Bolívar Díaz

A las 8 de la noche del domingo 4 de enero del 2009 Miguel Abraham Olivero Jiménez, 22 años, fue sacado de la fiesta navideña que junto a su novia y otros muchachos celebraban en el parqueo de su residencia en el barrio Invi de Santo Domingo Este por dos agentes policiales que rondaban “en busca de delincuentes”. Lo subieron al motor en que patrullaban y tras llevarlo a un descampado le metieron un solo balazo en la pierna y lo condujeron luego al cuartel policial, donde la patrulla fue recriminada por crear problemas al llevarlo vivo. Porque debieron matarlo.

Realmente Miguel Abraham fue un muchacho dichoso. Está vivo porque algo le remordió al raso Carlos Manuel Cuevas Pérez, que misericordiosamente sólo le disparó a una pierna y desobedeció la orden de que lo rematara del cabo Julio Soto Reyes. Lo demás es que era hijo de un funcionario y profesor de la Universidad Autónoma y ex dirigente peledeísta, de los fundadores, Juan Tomás Olivero, quien movió todo lo que pudo para salvar a su hijo, incluso llamando al programa Jornada Extra, que estábamos realizando a esa hora por Teleantillas para denunciar la situación. El Rector de la UASD gestionó rápidamente ante la PN.

Miguel pudo ser trasladado a un hospital, bajo custodia policial, donde recibió atención y unos meses después logró su plena rehabilitación. Su dicha fue mayor porque además del coraje de su padre, tenía un pariente abogado, Praede Olivero Féliz, que aunque ejerce en Barahona, dedicaría más de tres años al caso en Santo Domingo, moviendo cielo y tierra hasta lograr una condena definitiva de la Suprema Corte contra los dos criminales

No fue nada fácil. Sufrieron un intento de agresión cuando iniciaron la querella en la fiscalía de Los Mameyes. En la audiencia preliminar refuerzos policiales procuraban intimidarlos. Abraham era amenazado. Tuvieron que mudarse del barrio, de su casa propia a una alquilada en el Distrito. La UASD les puso un equipo de seguridad para protegerlos. Participaron en una docena de emisiones del telediario Uno+Uno y de Jornada Extra.

El calvario judicial se resume como sigue: el 8 de enero del 2009 el Quinto Juzgado de Instrucción de la Prov. Santo Domingo dispone medida de coerción, remitiendo a los policías a La Victoria, donde nunca serían conducidos. Pese a ello el raso Cuevas es ascendido a cabo. El 6 de Julio del mismo 2009 el Cuarto Juzgado de Instrucción acoge la petición de juicio, y al comenzar marzo del 2010, el primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia los condena a diez años de cárcel y una indemnización de un millón de pesos.

Los abogados de los policías apelan el 8 de marzo y la Corte dispone un nuevo juicio por parte del Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual el 5 de Octubre ratifica la condena de diez años de prisión por asociación de malhechores, abuso de autoridad y por los golpes y la herida sufrida por Miguel Abraham. Una nueva apelación fue rechazada por la Corte de  Apelación el 11 de abril del 2011, y como los acusados recurren en casación, la Suprema Corte la declara inadmisible el 10 de agosto del 2011, por lo que la condena queda como definitiva.

Un año después los policías no han llegado a la cárcel de La Victoria y siguen cobrando sus sueldos, según testimonió por televisión esta semana el abogado Olivero Féliz, quien además logró demostrar ante los tribunales que la pistola que atribuían al joven estudiante y empleado de la UASD era portada por uno de los policías, aunque había sido robada en un asalto a un establecimiento comercial.

Cuando le preguntamos a Olivero cuánto habría costado llevar ese juicio, dijo que por lo menos 500 mil pesos. La suerte de Miguel Abraham es tan grande que le salió gratis. Cualquiera tiene la tentación de considerar la justicia muy cara, prohibitiva y riesgosa para cualquier otro muchacho de barrio. Es duro nuestro estado de derechos.

 

Consecuencias de la impunidad

Por Juan Bolívar Díaz

El reciente asalto policial para rescatar de manos de la justicia a un agente del orden público procesado por el asesinato de un joven en San Francisco de Macorís fue una nueva escalada en la descomposición que se registra en el país y que pone en jaque el Estado de derechos, la cual ya vemos como natural.

Más allá del despido de cuatro decenas de policías, incluyendo varios oficiales y su comandante, el acontecimiento obliga a una mirada profunda sobre la actuación del cuerpo encargado de mantener el orden público y sobre todo el tinglado montado para combatir la creciente criminalidad que agobia a la sociedad dominicana creando un estado de inseguridad.

No deja de ser un acto de hipocresía que quienes han autorizado a la Policía Nacional a matar cientos de presuntos y reales delincuentes, llevándose de paso a decenas de inocentes, a realizar su propia justicia, sumaria y con la extrema privación de la irrevocable vida, se alarmen ahora porque todo un destacamento policial se atreviera a desafiar la orden de un juez, previo desfile callejero con armas en ristre. En una ciudad donde decenas de jóvenes han sido lisiados por la política de los “cirujanos” de la PN que disparan a las rótulas de los muchachos pobres, solo de los que no pagan sobornos, sospechosos de delinquir.

Ese barbarismo y primitivismo policial ha sido justificado, explicado o por lo menos silenciado por personajes nacionales de todas las categorías, desde presidentes y arzobispos hasta procuradores generales y fiscales, editorialistas y comentaristas de los medios de comunicación, juristas y civilistas, líderes políticos y sociales.

¿Qué es lo que se ha encargado a esos policías? Los hemos armado y animado para que nos libren de delincuentes, para que “resuelvan” y nos protejan a cualquier precio. Por eso les debe resultar inconcebible que un pretencioso juez se atreviera a ordenar prisión contra un “heroico” compañero de armas, por el “simple hecho” de haber matado un joven que ellos consideraban delincuente.

¿Hubo alguna alarma o se tomó alguna acción preventiva o rectificatoria cuando en noviembre pasado Amnistía Internacional puso a circular un libro con el sugestivo título de “Cállate si no quieres que te Matemos”, donde denunciaba cientos de muertes a manos de la PN y demandaba una rectificación y reestructuración a fondo de esa institución? Dicho informe da cuenta de 268 muertos a manos de la Policía en el 2010 y nada menos que 443 en el 2009. La reacción de las autoridades fue alegar que la prestigiosa organización internacional formaba parte de una campaña de descrédito contra el país.

De forma distinta reaccionaron las autoridades de Puerto Rico cuando en junio último la misma Amnistía denunció que su policía practica una política pública de tirar a matar, de brutalidad y abusos no solo contra los presuntos delincuentes (sí, presuntos hasta que un juez los condene), sino también contra inmigrantes dominicanos. Lean bien: se le criticó a la policía de Puerto Rico que entre 2010 y 2011 dio muerte a 21 (si, veintiuna) personas.

 Es la impunidad, la cotidianidad del abuso, el imperio de la conveniencia, lo que genera acontecimientos como el de San Francisco de Macorís. Y si no hubiésemos relativizado el Estado de derecho, el caso llegaría a las últimas consecuencias y la sanción no fuera solo el despido, sino también el procesamiento judicial de todos los responsables, empezando por los oficiales de mayor jerarquía.

 Este desafío al Poder Judicial debería sacudir la conciencia de tantas y tantos dominicanos que se han acostumbrado a las ejecuciones sumarias que practican los que según la Constitución y las leyes deben ser los primeros defensores de la vida, del orden y del Estado de derecho.

 

Metas fundamentales para el 2012

Juan Bolívar Díaz
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Como al comenzar un año hacemos propósitos de enmienda y nos trazamos metas y proyectos, el momento es propicio para que rebasemos el ámbito individual y formulemos también objetivos fundamentales para el conjunto social dominicano. Y que lo hagamos con firme voluntad de cambiar, de transformar nuestras miserias en virtudes, nuestras carencias en logros específicos, nuestras debilidades en energías, para superar atrasos ancestrales.

Debemos ser conscientes de que las bases fundamentales de la nación fuerte, próspera, justa y equitativa se van a ir edificando grado a grado, a lo largo de muchos años, con un gran concierto colectivo que habremos de orquestar, superando nuestras pequeñas individualidades. También que para alcanzarlo tendremos que ir ganando muchas pequeñas batallas, de lo poco a lo mucho.

Esta nación requiere una gran revolución social fruto de energías positivas y constructivas, fundada en el imperio de la ley, en el cumplimiento de las normas que nos hemos dado como sociedad, partiendo de la intimidad familiar, en las calles y carreteras, en las escuelas y los centros laborales, hasta alcanzar la amplia diversidad del tejido social.

Para alcanzar esa dimensión el primer objetivo que deberíamos imponernos este año es superar el terrible pesimismo que paraliza tantas energías, convencernos de que como pueblo podemos crear una nueva sociedad, que no nos caerá del cielo, sino que tendremos  que construirla ladrillo a ladrillo, armonizando la diversidad de intereses y promoviendo los talentos de todos.

La responsabilidad recae especialmente en las nuevas generaciones de dominicanos y dominicanas que tienen que partir de la realidad de que este es el único país en donde no somos extranjeros, que los aviones y las yolas no alcanzan para todos, sobre todo cuando progresivamente se cierran las puertas de inmigración.

A los miles que hemos mandado a estudiar al extranjero hay que reclamarles que vengan a fajarse aquí con humildad y espíritu constructivo.

Rechacemos la resignación y gritemos con fuerzas que podemos cambiar, que vamos a comenzar por transformar la educación, como prioridad fundamental, sin aceptar pasivamente que nos falten 29 mil 954 aulas y que solo podemos construir un diez por ciento durante este año, como nos informaba HOY el jueves 5, en la misma edición que daba cuenta que el gobierno no sabe qué hacer con los 180 apartamentos de lujo que edificó en un sector de clase alta.

Este año tenemos que dar saltos a una nueva cultura de ahorro, estableciendo valladares al dispendio y la corrupción para superar la vergüenza de ser campeones mundiales en malversación de los recursos públicos.

Es fundamental para contener la creciente delincuencia y criminalidad que genera inseguridad social.

Este año nos daremos un nuevo gobierno y aunque las propuestas no nos convenzan, alguna de ellas predominará y será la oportunidad para que desde ahora todos exijamos rectificaciones, con un clamor tan intenso y apabullante que no pueda ser ignorado sin que se fracture profundamente el tejido político.

Es fundamental que reconozcamos que no sólo han fallado nuestros políticos, sino todos los sectores sociales, por comisión o por omisión, por complicidad o por indiferencia, por oportunismo o por cobardía.

Año nuevo, vida nueva. Tenemos la oportunidad de empezarla. Ojalá que una gran proporción se decida. ¡Dios mío!

 

El dramático informe de Amnistía Internacional

Por Juan Bolívar Díaz
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El reciente informe de Amnistía Internacional (AI) es una dramática documentación de graves violaciones a los derechos humanos en la política de seguridad pública del Estado dominicano que deja al país muy mal parado ante el concierto mundial.

El amplio documento aborda la descomposición de la Policía Nacional desde múltiples visiones y contiene serias recomendaciones de reformas que deberían ser ponderadas por las autoridades y la opinión pública, en vez de responder con chovinismo patriotero divorciado de la globalización.

Cállate o te matamos.  Recogido en un libro de 69 páginas, de impecable edición, y sintetizado en un video testimonial de cinco minutos, el informe de AI lleva un título dramático: “Cállate si no quieres que te matemos” y el subtítulo “Violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía en República Dominicana”. Su capítulo cuarto, referido a los abusos policiales, está subtitulado con el lema “¡Policía, no me mate, que yo me paro!”, difundido el año pasado en las redes sociales después de varios asesinatos de personas que no se detuvieron cuando agentes del orden se lo ordenaron en lugares inapropiados.

En realidad el informe no es novedoso para los dominicanos bien informados, porque está integrado por denuncias que han sido recogidas por los medios de comunicación en las últimas décadas, aunque al ser avaladas por una prestigiosa institución internacional se constituyen en un dramático documento llamado a causar alarma y estupor en los ámbitos transnacionales preocupados por los derechos humanos y el estado de derecho.

Para mostrar la barbarie policial hubiesen bastado las estadísticas de  los muertos y heridos por la Policía Nacional en los últimos años, pero el informe se extiende en redadas masivas para extorsión, torturas y otros abusos. Consigna 2,367 homicidios policiales en los últimos seis años, para un promedio anual de 395, más de uno por día, según las propias cuentas de la PN, y 2,138, de acuerdo al conteo de la Procuraduría General de la República. Los heridos por los agentes policiales en los últimos cuatro años ascienden a 4,354, promediando 1,088 por año y tres por día.

AI denuncia los alegados intercambios de disparos como frecuentes ejecuciones, llamándolos “homicidios ilegítimos”, indicando que las muertes a manos de la PN representan un promedio del 15 por ciento de los homicidios ocurridos en el país entre el 2005 y el 2010. Esa cantidad de muertos representa anualmente entre 3 y 5 puntos de  la tasa nacional de homicidios, que ha girado en la última década entre 22 y 26 por cien mil habitantes.

Dramáticos testimonios.  El libro de AI contiene numerosos testimonios de víctimas y de testigos presenciales de abusos policiales, recogidos por delegaciones de esa institución en los meses de octubre del 2009 y 2010 y en marzo del 2011. Documenta asesinatos múltiples ejecutados por policías, como el de cinco choferes acribillados en el parque Mirador Sur el 30 de diciembre del 2008, en lo que inicialmente se informó como “intercambio de disparos”, para luego tener que admitirse que se trató de una ejecución múltiple. Lo mismo documenta la ejecución de un hombre y dos mujeres en Pueblo Nuevo, Santiago, el 20 de marzo del 2006. En ambos casos se llegó a condenas judiciales, pero se sostiene que la mayoría de los homicidios policiales quedan en la impunidad.

El párrafo que inicia las conclusiones del informe indica que la  PN  “comete violaciones graves de derechos humanos y los responsables casi nunca comparecen ante la justicia. El control es inadecuado y las reformas han estado viciadas, por lo que no han puesto fin a estos abusos. Así mismo, los indicios señalan que, en vez de contribuir a combatir la delincuencia, los métodos policiales de mano dura propician el aumento de la violencia y la criminalidad”.

A continuación se señala que “Debido principalmente a la falta de voluntad política, no se emprenden reformas eficaces y no se garantiza la función policial efectiva que precisa la población dominicana. Quienes están en el poder no se han enfrentado a las personas interesadas en mantener el sistema actual en el que la corrupción está profundamente arraigada y los abusos policiales contra los derechos humanos son omnipresentes”.

Amnistía denuncia la tortura como método investigativo y sostiene que “la conducta ilegítima y poco profesional de muchos agentes de policía contribuye a aumentar la delincuencia y la violencia en República Dominicana. La corrupción generalizada de la Policía, las actuaciones policiales agresivas y la participación de agentes del orden público en actividades delictivas socavan la capacidad del Estado de proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad pública”.

Un documento abarcador.  Contrario a lo que algunos argumentaron para descalificarlo, el informe es abarcador, enfocando los desafíos de la creciente delincuencia, el costo en muertes de agentes policiales y sus pésimas condiciones salariales y de vida. Recoge la cifra oficial de 354 policías muertos en los últimos 6 años, promediando 59 por año. No lo señala, pero esa estadística de la PN no se refiere sólo a las víctimas de los delincuentes, sino que incluye los que perecen en riñas personales.

El documento señala que la PN “opera en un entorno difícil y peligroso. En el último decenio, los índices de delitos violentos han aumentado vertiginosamente, en gran parte debido al aumento del tráfico de drogas, la proliferación de armas de fuego y la creciente desigualdad social”. Indica cómo la tasa de homicidios pasó del 13 por 100 mil en 1991 al 26.41 en el 2005 y el 25 por cien mil en el 2010.

Acredita a la PN “un enfoque de tolerancia cero” contra la corrupción interna, al cifrar en 12 mil los agentes policiales destituidos entre el 2007 y 2010. Se refiere también a las precariedades salariales que impiden a la mayoría de los policías y sus familiares el disfrute de una vida digna y que los obliga al pluriempleo, en detrimento de su vida familiar y personal, y de su efectividad y motivación laboral. Especifica que el 45 por ciento de los policías tienen salarios mensuales de unos 5 mil 300 pesos, unos 140 dólares, cifra que considera “extremadamente baja” y que contrasta con el salario mínimo de 8 mil 356 pesos en las empresas de seguridad privada. Entre las recomendaciones del informe se incluye el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de todos los agentes del orden.