Danilo inspira pero lo ayudan muy poco

Por Juan Bolívar Díaz
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El discurso del presidente Danilo Medina, que plantea rectificaciones con su sello personal y propio estilo de gobierno, volvió a conseguir simpatías en la población dominicana, aunque los más contestatarios le impugnan  su planteamiento de borrón y cuenta nueva.

Mientras el Gobierno, que sigue confrontando dificultades para lograr algún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con los apagones financieros atacando y retraso en la elaboración del Presupuesto General del Estado   para el próximo año, adelanta el sueldo navideño o regalía pascual y anuncia repartos para ganar tiempo.

Danilo: Tabla de salvación.  Con un elenco que sigue pareciendo viejo, por lo de postalitas repetidas, la tabla de salvación del Gobierno parece ser la personalidad del presidente Danilo Medina, empeñado en proyectar una imagen de humildad, austeridad y apertura en contraste con la de su antecesor, objeto del repudio y la ira popular.

El segundo discurso de Medina tras su juramentación presidencial lo ratificó en actitud de emprender un Gobierno más cercano a las expectativas de la comunidad, sin pretensiones monumentales, preocupado por la ética y la reducción del dispendio y la corrupción, en términos que obligan a darle tiempo para que materialice  propuestas y propósitos.

Medina pasó balance a sus primeros cien días de gestión reivindicando  la prioridad de la educación, la promoción de las pequeñas empresas y de la producción agrícola, la transparencia en la asignación de las obras públicas que alcancen al mayor número posible de personas, con criterio de amplia distribución, prometiendo atender a los más vulnerables. Por primera vez las obras se asignarán mediante sorteo, con procesos transparentes y plurales que permitirán la participación de cientos de ingenieros y constructores de todo el país”, economía solidaria que genere empleos.

“Un Gobierno democrático no es para formar castas ni para mantener grupos de privilegiados, pero sí para luchar por la igualdad de todos”, dijo al comienzo de su discurso del martes 27, tras recordar la firma de su Código de Pautas Éticas y sostener que el funcionario que no lo cumpla “será destituido sumariamente y responderá de sus actos ante la justicia”. Danilo pidió que le dieran oportunidad para demostrar con hechos que va a ser diferente, proclamando que “no vine a la Presidencia de la República a convencerlos con discursos ni medias verdades. Yo vine a transformar este país y a iniciar una nueva manera de hacer política”.

Crisis de confianza y credibilidad.  Durante una entrevista en el telediario Uno+Uno de Teleantillas, el jueves, el destacado economista dominicano Carlos Asilis analizó las implicaciones de la crisis del modelo económico nacional con déficits sobre el 8% del PBI no solo fiscal, sino también en balanza de pagos, considerándolo insostenible y adelantando graves dificultades para el Gobierno sin un acuerdo con el FMI.

 Asilis, quien es un reconocido consultor internacional y como tal colaboró con Jacques Attalí (de manera honorífica) en la elaboración del “Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana contratado por el Gobierno de Leonel Fernández, se remitió a las recomendaciones del mismo, hechas públicas en noviembre de 2010, y reiteró que el país atraviesa por una crisis de confianza y credibilidad.

Aludió a las 7 iniciativas con 77 propuestas específicas en que concluye ese estudio, la primera de las cuales versa sobre “devolver la confianza en las instituciones”.

Medina ha adoptado decisiones y un discurso para recuperar la confianza, pero todavía insuficientes por el excesivo deterioro de la credibilidad en los discursos. Por ejemplo, todavía el Gobierno no ha presentado disposiciones específicas para reducir el gasto y el dispendio en un 3% del PIB como planteó sin lograr convencer al Consejo Económico Social, y abandonó ese escenario constitucional de concertación. La austeridad dispuesta en el decreto 499-12 ha recibido aplauso generalizado, pero es absolutamente insuficiente. La reducción de unos 200 viceministros ha sido burlada porque muchos ahora son asesores. Eliminaron seis entidades de decenas de cargos, cuando las hay con cientos y hasta miles sin la menor justificación, como la inorgánica Corporación de Empresas Estatales, el Instituto de Estabilización de Precios o el Consejo Estatal del Azúcar. Tampoco se ha tocado a los centenares de vicecónsules y diplomáticos que cobran sin trabajar.

Los dirigentes del PLD no hacen concesiones y siguen defendiendo lo inicuo e insultando a todo el que aspira a lo mejor, lo que no apuntala el discurso de Medina. Con el control total del Congreso no aprueban la Ley de Regulación Salarial, ni la de partidos, ni los siete proyectos anticorrupción presentados por algunos clarividentes. Ni eliminan barrilitos, cofrecitos y otros repartos indecorosos.

Un arranque  difícil.  Tras el informe de la misión del FMI que ratificó la gravedad de la crisis fiscal, con un déficit de 8.5 por ciento del PIB para este año, por lo que el organismo solo se compromete a monitorizar las políticas correctivas que adopte el Gobierno, la situación se ha tornado aún más difícil para el arranque definitivo del Gobierno de Danilo Medina.

Como se había advertido, es obvio que el FMI no se comprometerá con el Gobierno sin drásticas medidas de ajuste del gasto que incluyan el déficit del sector energético, lo que implicaría alzas tarifarias que junto al paquete tributario agravarían la situación. Pero sin un acuerdo con el organismo internacional será más difícil y costoso el financiamiento internacional que a mediano plazo con- llevaría insostenibilidad.

A consecuencia de la situación se ha retrasado la elaboración del proyecto de presupuesto para el 2013, que en principio se prometió presentar a mediados de noviembre para llevarlo al Consejo Nacional de Desarrollo a tiempo para que entrara al Congreso antes de diciembre. Los técnicos hilvanan reducir el déficit fiscal siquiera a la mitad con un proyecto más creíble que el del año pasado con enorme subestimación del costo energético y sobreestimación de los ingresos fiscales.

Para colmo de angustias los apagones se han multiplicado en la última semana, lo que se atribuye al interés de los generadores por recibir un nuevo abono a la deuda que vuelve a estar sobre los mil millones de dólares. La presión es obvia, aprovechando que el Gobierno no querrá unas navidades con apagones.

Con la crisis fiscal y las protestas repercutiendo cada vez más en los medios de comunicación internacionales, las autoridades no quisieran seguir leyendo informes como el de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado esta semana, donde se muestra que el país fue uno de los tres de la región donde creció la pobreza entre el 2010 y 2012, afectando ahora al 42.2% de la población.

Buscando diluir las protestas, el Gobierno adelanta el pago de la bonificación navideña para la primera semana de diciembre y reivindica el tradicional reparto  popular.

En cualquier caso el desafío estará a partir de enero cuando tras la resaca navideña empiecen a sentirse los efectos del paquete tributario y se vea si amainan las protestas o se multiplican con la entrada en escena de los sectores populares que en la primera etapa han dejado el protagonismo a la clase media.

Otro borrón y cuenta nueva

El discurso de los cien días de Danilo duró 28 minutos, con 27 de aciertos, pero flaqueó al final cuando planteó otro borrón y cuenta nueva, política de impunidad que se ha impuesto en la nación, alentando la corruptela y el desconocimiento de las normas constitucionales y jurídicas, porque nunca se ha hecho justicia, ni siquiera con los peores crímenes, a diferencia de lo que se ve en estos días en Argentina y Chile, donde se están sancionando delitos de tres y cuatro décadas.

Tras plantear que “el Gobierno necesita tiempo y apoyo para hacer todo lo que se propone”, concluyó pidiendo que “miremos al futuro con esperanza y al presente sin revanchismo. No perdamos el tiempo en lanzar piedras hacia atrás. Transformemos esas piedras en ladrillos para, con ellas, construir un gran futuro para nuestro pueblo”.

Si por razones partidarias el Presidente no podía referirse a los motivos de las protestas sociales que sacuden el país, ni a la fiesta de malversación y locura de inversión que originó un déficit fiscal de 200 mil millones de pesos, sin que nadie haya pedido ni siquiera excusas a la sociedad, no había necesidad de solicitar un borrón y cuenta nueva y menos de reducir a revanchismo el reclamo de transparencia y justicia.

La conclusión empañó una pieza bien estructurada y en vez de disuadir las protestas, pareció reafirmarlas, como se expresó de inmediato en las redes sociales y en los posteriores anuncios de los manifestantes de que no darán ni tregua navideña.

No hay dudas de que en el presidente Medina y su entorno propio hay muchas intenciones correctivas, pero parece que no han podido calibrar la profundidad y amplitud de la indignación ocasionada por la forma en que concluyó el Gobierno del presidente Leonel Fernández. Amarrados unos a la lealtad partidaria y otros al “realismo político” que no concibe ni siquiera la posibilidad de admitir graves yerros ni investigar desafueros denunciados, no parecen entender que no hay posibilidad de construir ningún “gran futuro” consagrando la total impunidad.

 

Mal debut del Tribunal Electoral

Por Juan Bolívar Díaz
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Dos de los primeros dictámenes del Tribunal Superior Electoral (TSE) establecido al finalizar el año pasado por mandato de la Constitución del 2010 constituyen un penoso debut que dejan mal parada su credibilidad y ratifican los temores de que su matrícula será fiel al interés político partidario con que fue escogida.

Se trata de las decisiones sobre recursos incoados contra los pactos electorales suscritos por los partidos de la Liberación Dominicana y Revolucionario Dominicano con los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y  Nacional de Veteranos y Civiles (PNVC), erróneas o mal fundadas a vista de cualquier aficionado al derecho y la justicia que debe enarbolar un organismo llamado a garantizar derechos fundamentales de naturaleza universal como el de elegir y ser elegido.

En el caso del grupo de dirigentes reformistas que impugnaron el pacto con el partido gobernante, como señaló el movimiento Participación Ciudadana (PC), el TSE “optó por la vía fácil del formalismo y sin conocer el fondo declaró inadmisible la acción de amparo al entender que se trataba de un amparo de cumplimiento, recurso previsto en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales que sólo puede ser ejercido contra un funcionario u organismo público”.

Sin embargo, continúa PC, “es errónea la calificación del caso como un amparo de cumplimiento porque los dirigentes reformistas no fundamentaron su acción de amparo en el artículo 104, sino que la reputan como una acción de amparo ordinaria, fundamentada en la protección de derechos fundamentales vulnerados por una omisión de un particular”. Según el artículo 65 de la citada ley: “La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en formal actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data”.

De esa forma el TSE se economizó el esfuerzo de examinar el fondo del reclamo de un grupo de ciudadanos, entre los cuales varios alegan que les vulneraron su legítimo derecho a ser postulados a la presidencia de la nación por su partido, lo que previamente había sido garantizado por un Congreso Nacional del PRSC.

En el caso del PNVC, el dictamen es más grave porque deja fuera de la competencia electoral a una organización política, sin la menor fundamentación legal, y porque fue adoptada por una mayoría simple de tres a dos, protagonizada por los jueces electorales a quienes se vincula con el partido gobernante, incluyendo uno que procede de su comité central, y en perjuicio del interés del principal partido opositor.

En este caso baste considerar el “voto disidente y razonado” del propio presidente del tribunal, el doctor Mariano Rodríguez, quien sostiene que esa mayoría simple “no tomó en consideración que el PNVC cumplió con los requisitos de mayoría en cuanto a la conformación de la lista de electores internos, de publicidad de su Convención, agenda determinada, e idónea convocatoria en cuanto al órgano con calidad para llamar a la Convención”. El magistrado Rodríguez afirma que el dictamen “deviene en una violación al derecho fundamental del sufragio, tanto activo como pasivo”, al anular un legítimo pacto de alianza sin que pueda ser restablecido, ya que venció el plazo correspondiente.

Este dictamen es mucho más grave porque ha puesto en evidencia la parcialidad de la mayoría del TSE en un asunto que al fin y al cabo no es en sí mismo decisorio, lo que siembra incertidumbres sobre lo que ocurriría si tienen que decidir una cuestión que determine el rumbo de la elección presidencial.

En propias palabras del presidente del TSE: “Con el rechazo del padrón de delegados remitido por la Junta Central Electoral y en consecuencia la anulación de la XXXV Convención, sin haber sido aportados los documentos que sustentan dichas pretensiones, se está sentando un precedente negativo que deviene en  detrimento de la institucionalidad, no sólo del Partido Nacional de Veteranos y Civiles, sino también de todas las organizaciones que conforman el sistema político dominicano”.