Casi $11 mil millones para un sistema político corrompido

Por Juan Bolívar Díaz
P8

La inequidad del sistema electoral dominicano quedó de manifiesto esta semana con el reparto muy desigual de otros $1,600 millones de pesos de los contribuyentes dominicanos para unos partidos que han desertado de los mecanismos democráticos y persisten en subordinar la Constitución y las leyes a su conveniencia coyuntural.

Presidentes de las altas cortes cazando fantasmas y evadiendo afrontar el colapso de las instituciones judiciales, que aplazan la aplicación de un mandato constitucional, otro reparto impúdico, ahora en la Liga Municipal, una nueva quemazón del país en transparencia y corrupción preocupan a una sociedad que reclama prioridades.

$10,941 millones en 18 años.

Con la entrega de $1,610,086,923 anunciada esta semana por la Junta Central Electoral (JCE), asciende a $10,941,913,714 el financiamiento que han recibido de los contribuyentes, en forma desproporcionada, básicamente los tres partidos políticos que han dominado el escenario de los últimos 18 años. El miembro de la JCE José Ángel Aquino lo había cuantificado en $9,331,826,791 desde que la ley Electoral 275-97 lo instituyera.

En reciente seminario INTEC-Participación Ciudadana, Aquino proclamó el fracaso de esa inversión pública porque “no se logró una mayor equidad en la competencia electoral, ni se evitó la influencia excesiva de grupos económicos ni del crimen organizado”. Que benefició “a un número limitado de partidos y candidatos contrariando un principio fundamental público, que es lograr un proceso electoral más equitativo y justo”.

Entre las reformas que se han venido demandando a la Ley Electoral está la de conciliar el financiamiento a los partidos con los mandatos de los artículos 211-212 de la Constitución del 2010 que responsabilizan a la JCE de garantizar “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, indicando que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad”, además señalan una transparencia y rendición de cuentas que nunca han mostrado la generalidad de los partidos.

Tremenda desigualdad.

Los tres “partidos mayoritarios” que dominan el Congreso han evadido adecuar la Ley Electoral, entre otras razones para mantener el monopolio del financiamiento público que ellos instituyeron, atribuyéndose de entrada el 80% para los que obtengan más del 5% de los votos, ésta proporción en partes iguales lo que privilegia al PRSC que en el 2012 sólo obtuvo 5.87% y que recibirá lo mismo que el PLD a quien se le computó el 37.73% y que el PRD, el cual consiguió el 42.13% de los votos.

Pero la inequidad es tremenda cuando se ve el detalle del reparto, en el que los tres tradicionales recibirán $1,288,969,538, dejando apenas $322,917,384 a los restantes 23 partidos más los 8 movimientos provinciales y municipales reconocidos. Los tres recibirán cada uno $429,356,512, aunque dos de ellos, el PRSC y el PRD han devenido en minoritarios, ya que todas las encuestas sitúan sus preferencias en menos del 5%, mientras el PRM, resultado de la división de uno de ellos, y que aparece como segunda fuerza electoral, apenas recibirá $12,563,600. Alianza País, que en algunas encuestas es tercero en preferencias, sólo obtendrá $8,372,805. Un diseño perfecto para mantener un monopolio.

Burlan Constitución y leyes.

Después de la proclama de repostulación total, los partidos dominantes siguen avasallando el ordenamiento constitucional y legal, atendiendo al reparto del Estado y la conveniencia política. Esta semana el PLD logró que el Tribunal Superior Administrativo suspendiera la ejecución del mandato del artículo 81 de la Constitución que dispone la distribución de los 178 diputados en proporción a la población provincial. La JCE sólo reubicó 8 diputados el 5 de julio pasado, igual para todos los partidos, pero afectaba al reparto oficialista de las candidaturas.

Lo grave es que el TSA tomara casi cuatro meses para dictar una medida cautelar cuya ponderación era cuestión de días, y que se plegó al advertir que no tendrá tiempo para conocer el fondo antes de las elecciones.
El otro atropello fue a la Ley 176-07 sobre los Municipios y el DN que dispone la elección por cuatro años del secretario general de la Liga Municipal Dominicana. La disputa entre aliados del PLD por ese pastel estatal que no cumple ninguna función alcanzó tales dimensiones que se resolvió limitando a un año la reelección del reformista Johnny Jones, dejando a los demás con la ilusión de que se sacarán el premio en un año.

Entre tanto, titulares del Tribunal Superior Electoral daban otro paso inconcebible, tras su reciente sentencia que reconoce a Fello Suberví como candidato a alcalde sin haberse cumplido el mandato del artículo 68 de la Ley Electoral que pone esa responsabilidad en una asamblea electora que aún no se ha producido.

Llegaron al extremo de adelantar que podrían imponer al PRM un pago por cada día que pase sin reconocer esa decisión, para lo cual tendría que producirse una nueva instancia del interesado. No se concebía que los jueces adelantaran juicio. Eso los descalifica. Y todavía una de sus integrantes, la doctora Mabel Feliz, alega que hay una campaña para desacreditarlos como si no se conociera la militancia política de cuatro de sus cinco miembros.

Desguañangue institucional. Esta semana cinco destacados juristas, incluyendo al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, diagnosticaron con abundantes indicadores el colapso del sistema judicial y proclamaron la urgente necesidad de despolitizar las cortes, cuyos gestores se dedican a cazar fantasmas y quieren reducir al enjuiciamiento de dos jueces, la denuncia de una amplia red que traficaba sentencias en los altos niveles del Poder Judicial hasta para casos graves de narcotráfico y sicariato para asesinatos.

Una jueza declaró complejo el caso del regidor de Pedro Brand que junto a un sargento policial y un exmayor integraba una banda de sicarios a los que se procesa por tres asesinatos. Fue el caso que llevó a la justicia a la jueza Awilda Reyes, tras recibir y devolver un soborno de 350 mil pesos. Resuena el grito de “viva la patria” que soltó el regidor Ericson de los Santos en el tribunal. Un acusado que ha tenido pública solidaridad de dirigentes políticos, legisladores y alcaldes.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Liselotte Marte, volvía a denunciar que más de 1,200 funcionarios siguen sin cumplir impunemente la ley sobre declaración jurada de bienes. Mientras los presidentes de la JCE y del Tribunal Constitucional denunciaban supuestas tramas contra la patria y la memoria de su fundador.

Con el país recibiendo una nueva quemazón en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con calificación de 30 sobre 100, en la posición 103 de 167 naciones evaluadas, dirigentes de una veintena de organizaciones sociales fueron a la Cámara de Diputados a presentar una agenda de prioridades para este año, incluyendo los proyectos de código penal, del régimen electoral y de ley de partidos y muchos otros de los que la partidocracia corrompida está divorciada.-

Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

Por Juan Bolívar Díaz

13_12_2015 HOY_DOMINGO_131215_ El País12 A

Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.

 

¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?

Por Juan Bolívar Díaz
o2

La interrogante la formulaba el inolvidable periodista radiofónico Tomás Pujols Sanabia siempre al final de los incisivos comentarios con los que impugnaba el rumbo que llevaba el país en 1964 y los primeros meses del 65, y se recuerda en estos tiempos de una corrupción y descomposición tan descomunal, que nadie podía imaginar aún en los días del “Triunvirato de dos” que sólo era uno.

Aunque los escándalos se suceden con tanta velocidad que han ido mellando el alma nacional y la capacidad de asombro, muchos se sintieron alarmados esta semana con la revelación de que ya no sólo tenemos bandas de policías y militares, de políticos y funcionarios civiles, para la estafa, la extorsión, el sicariato y el narcotráfico, sino que también ya se integran con jueces, incluyendo un miembro del Consejo del Poder Judicial.

Los cargos están inscritos en una instancia de la Procuraduría General dirigida a los miembros del Consejo del Poder Judicial, que encabeza el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), con poder de detonación capaz de reducir el impacto del vencimiento del plazo que tenía el procurador Francisco Domínguez Brito para apelar el “no ha lugar” que beneficia al senador Félix Bautista, secretario de Organización del partido gobernante, acusado de corrupción en el manejo de nada menos que 26 mil millones de pesos.

Tratando de justificar una decisión a todas luces garantista de impunidad pactada en los altos niveles partidarios y del Gobierno, Domínguez Brito ha llegado hasta el cinismo, al plantear la inconcebible afirmación de que “no recurrir la sentencia es una forma de luchar”. Su obligación era llevar hasta las últimas consecuencias un expediente que él ratificó como “uno de los actos de corrupción más grandes de los últimos años”.

Son cínicos también los argumentos de Domínguez Brito de que no apelaba a la última instancia porque no le merece confianza, llegando a decir que “la mayoría de los jueces (de la SCJ) se pronunciaron y asumieron una posición a favor de los imputados”, algo absolutamente falso. Lo hicieron apenas 3 de los 17, mientras dos votaban por el enjuiciamiento de Bautista y compartes. Pero estos cinco, de la Cámara Penal, quedarían inhibidos ante la recurrencia y quedaban doce para decidir, incluyendo a su presidente. Si es alarmante la acusación al pleno de la SCJ, es peor que sus integrantes, incluyendo a su presidente, no la hayan rechazado de inmediato.

La posición del Procurador es burlesca cuando justo al liberar a Bautista de los graves cargos de corrupción bajo argumentos tan fatuos, apela al mismo presidente de la SCJ y los integrantes del Poder Judicial para que tomen cartas contra seis jueces a los que acusa de reunirse en lugares de diversión y casas de individuos “de dudosa reputación”, de dictámenes a favor de narcotraficantes con operaciones de decenas de millones de dólares, de invertir en la promoción de jueces, dejar en libertad un regidor procesado por sicariato, ordenar devolver 20 millones de dólares al narcotraficante procesado Arturo del Tiempo.

Tanto más burlesca porque uno de los seis jueces denunciados, aún no imputados por la Procuraduría, es nada menos que integrante del Consejo del Poder Judicial, por lo que tendría que ser juzgado, sino en primera, en última instancia, por la misma Suprema Corte, en la que dice no confiar.

Tal vez el Procurador esté convencido de que su denuncia calmará al persistente embajador de Estados Unidos que lo visita e insiste en denunciar la corrupción, pero consciente de que no pasará de la renuncia de un juez y la destitución de algún otro pasado de la raya, sin siquiera molestarse en someterlos a juicio, como han hecho recientemente con casi una treintena de oficiales militares y policiales, investigados por amparar operaciones de tráfico de cientos de kilos de cocaína por Barahona, Punta Cana y Samaná. Se les pone en retiro con sueldo y guarda-espaldas y que viva la impunidad total.
¡Ofrézcome Pujols Sanabia!, medio siglo después todavía se escucha tu grito: ¿Hasta dónde nos llevarán estos caminos?.

Un PRM demasiado conservador

Por Juan Bolívar Díaz
01_11_2015 HOY_DOMINGO_011115_ Opinión9 A

Con sinceridad y sin la menor ironía, considero que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha sido muy conservador al calcular lo que se podría ahorrar en el presupuesto nacional del 2016 para traspasarlo al mejoramiento de los sueldos de los policías y otro servidores del Estado en la indigencia, así como para un mejor combate a la pobreza extrema, aumentando considerablemente el subsidio de los programas sociales..

Para comenzar, la propuesta debería incluir la duplicación de los sueldos de todos los servidores públicos que ganan el mínimo de 5,117 pesos mensuales, así como de los casi cien mil pensionados estatales con el mismo ingreso. Y en la mayoría de los ayuntamientos y distritos municipales se pagan salarios de dos y tres mil pesos.

No se puede dejar de reconocer que la propuesta del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, es interesante y acertada desde el punto de vista político-electoral, tanto que sacudió instancias gubernamentales con reacciones que llegaron al extremo de mandar a estudiar finanzas a economistas de la categoría y reputación de Miguel Ceara Hatton, Guillermo Caram, Arturo Martínez Moya y Eduardo Tejera, para citar a los más conocidos de un equipo económico envidiable para cualquier proyecto presidencial.

En los mismos renglones que incluyó la propuesta de ahorrar 50,823 millones de pesos se podría llegar razonablemente más lejos, y mucho más si el Gobierno decreta una real austeridad en el gasto público, si suprime algunos organismos burocráticos que solo amamantan clientes y parásitos políticos, muchos de ellos duplicadores de funciones o hace tiempo inoperantes, como la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para Reforma de la Empresa Pública, o hasta el Instituto Nacional de Estabilización de Precios, donde unos dos mil dirigentes y militantes de un partido aliado encuentran sostén.

No se crean que estoy exagerando, fueron promesas de campaña en varias elecciones consecutivas, incluyendo la del presidente Danilo Medina hará cuatro años. El mandatario sabe que es posible un ahorro mayor al planteado por el PRM, pues el Gobierno suprimió un millar de empleos parásitos de reformistas solo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque no se ha atrevido a hacer lo mismo con otro millar de peledeístas y relacionados que cobran en dólares -y en muchos casos trafican- como embajadores, cónsules, vicecónsules y consejeros.

Eché de menos muchos de estos ahorros en la propuesta del PRM y dudo que fuera por olvido, sino más bien conservadurismo para no despertar demasiado incertidumbre o rechazo, o quién sabe si hasta reservándose fuentes clientelares por si logran la hazaña de desplazar la enorme maquinaria política y de control estatal de los actuales gobernantes.

Un ejemplo significativo del conservadurismo de la propuesta se encuentra en el renglón referente a los 245 mil millones de pesos consignados en el presupuesto para la contratación de obras y compras de bienes y servicios, donde solo consignan un ahorro del cinco por ciento, 12 mil millones de pesos. Aunque dejan constancia de que en esos renglones se pierde por lo menos un 20 por ciento “en desviaciones irregulares”.

En materia de obras públicas la corrupción consume más del 20 por ciento. Hace más de tres décadas que Balaguer llegó a justificar las comisiones del 10 por ciento, y todavía no se veían obras duplicadas de precio, como los parqueos de Bellas Artes y la UASD o la remodelación del hospital Darío Contreras.

Fue una descomunal exageración del doctor Leonel Fernández cuando en su campaña electoral de 1996 cuantificó la corrupción en 30 mil millones de pesos, alrededor del cien por ciento del presupuesto nacional. Ahora si fuera solo del 20 por ciento, implicaría más que duplicar los 58 mil millones indicados por el PRM.

Si nada de eso es posible, seguiremos soñando que podremos garantizar la seguridad pública con policías ganando salarios cebolla, como dramatizó el iluminado raso Daurin Muñoz, por eso despedido de la Policía Nacional.

 

Un sólido frente opositor equilibraría la democracia

Por Juan Bolívar Díaz
DPRM

Aunque el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y su candidato presidencial Luis Abinader se fortalecen progresivamente, cada día es más visible que se requiere una amplia concertación de la oposición política para enfrentar la inmensa maquinaria de poder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fundada en el abuso y reparto del Estado.

Un sólido frente opositor, basado en un proyecto de transformaciones socio-económicas y políticas, podría generar una sinergia que atraiga a amplios segmentos sociales insatisfechos pero pesimistas ante el proyecto reeleccionista del presidente Danilo Medina que reunirá a casi una veintena de partidos en la boleta electoral.

El poder reeleccionista. El pesimismo es amplio frente a la inmensa maquinaria de poder que ha montado el PLD para una reelección total basada en un reparto del Estado sin el menor escrúpulo, dejando poco espacio a la competitividad democrática para las elecciones generales del próximo año.

La forma en que el PLD pactó para evitar su división y reformar la Constitución para viabilizar la reelección presidencial, con el reparto antidemocrático de los cargos directivos y las candidaturas, la compra de bloques legislativos enteros, y la negociación de alianzas en base al reparto del Estado, indican que no habrá límites en su determinación de mantener e incluso incrementar su poder.

Acontecimientos como la entrega del teatro de Agua y Luz del Centro de los héroes al principal pactante con el Gobierno, los vídeos demostrativos del reparto de “facilidades” para que los peledeístas adquieran automóviles y del adoctrinamiento de niños escolares para rentabilizar el clientelismo, a ocho meses de los comicios, no dejan dudas de que no habrá límites éticos ni morales ni respeto a los procedimientos democráticos, como ha sido norma en los procesos reeleccionistas de la historia nacional.

Con el control de todos los poderes del Estado y sus organismos regulatorios, del 90 por ciento del financiamiento legal a los partidos, y gran parte del aparato comunicativo nacional, el reeleccionismo no debería incurrir en ningún exceso, pero lo hace para suturar las heridas internas, pagar las nuevas lealtades y evitar deserciones a fin de mantener la percepción de invencibilidad y aplastamiento.

Las perspectivas apuntan a que, como dijo Medina para el 2008 al perder ante el presidente Leonel Fernández: “me venció el Estado”.

Proyecto de Convergencia. El proyecto de “Convergencia para un Mejor País”, lanzado a mediados del año pasado, no ha alcanzado los niveles que en principio se esperaba, quedando demasiado a expensas del PRM, nueva alternativa opositora fortalecida por la mayoría que abandonó las filas del Partido Revolucionario Dominicano capturado por el frente gubernamental.

Lo conforman actualmente otros tres partidos reconocidos, el Humanista Dominicano, el Frente Amplio que reúne a varios grupos de izquierda, y Dominicanos por el Cambio, que lidera Eduardo Estrella, además de varios núcleos políticos sociales.

Aunque han insistido en reivindicar la Convergencia, la mayoría perredemeísta y su candidato han priorizado la conformación de una estructura nacional propia. Hace un mes presentaron los lineamientos de un programa de Gobierno, sometido a consideración del resto de la oposición, pero aún no se conoce alguna reacción, en especial del segundo partido de oposición según las encuestas, Alianza País (AP), que lidera Guillermo Moreno, ni de la Alianza por la Democracia (APD) que encabeza Max Puig, o de la nueva Opción Democrática (OD) de Minou Tavárez Mirabal, agrupamientos de centro izquierda que condicionan un frente electoral a que se base en un programa de transformaciones.

El PRM ya ha anunciado que en octubre elegirá candidatos congresuales y municipales en 10 provincias, lo que dificultaría las concertaciones con otros partidos, en la medida en que avance a las 22 restantes, aunque mantendrían una serie de candidaturas reservadas para eventuales nuevos aliados.

Los que estarían más próximos serían el Partido Revolucionario Social Demócrata, que lidera Hatuey de Camps, y el Moviniento Rebelde, que encabeza el diputado y dirigente transportista Juan Hubieres.

Las opciones alternativas. Los partidos reconocidos que lideran Moreno y Puig, el de Minou Tavárez, en proceso de constitución, más Patria para Todos, sumatoria de varios núcleos de izquierda al que la Junta Central Electoral acaba de negar franquicia, tienen posiciones políticas cercanas, pero aún entre estos no se percibe interés en un frente común.

Con la excepción de la Opción Democrática, de reciente constitución, los demás han fracasado en intentos de reagrupamientos para los últimos procesos electorales.

Consideradas como opciones alternativas, del centro a la izquierda política, con discursos centrados en el rechazo de los partidos tradicionales y de la corrupción, y pregoneros de nuevas formas de hacer política para transformar la sociedad, no ocultan sus reservas frente al PRM, por provenir del PRD, aunque los tres tienen antecedentes de vínculos grupales o personales con el PLD, del que se distanciaron reivindicando principios abandonados por los gobernantes.

La AP tiene el aliento de su ascenso en las últimas encuestas, segundo de oposición después del PRM, y hasta sobre el PRD y el PRSC, muy por encima del 1.37 por ciento que obtuvo en la votación del 2012.

En esos comicios la APD, aliada al PLD, solo consiguió el 0.11 por ciento de los votos, pero quedó con una diputada nacional y alguna representación municipal. Minou Taváez Mirabal, diputada por el PLD, abandonó ese partido el año pasado, rechazando sus prácticas políticas, para crear una opción alternativa.

Equilibrar la democracia. Con muchos de los mejores técnicos y profesionales del PRD, el PRM se nutre de su experiencia y levanta una amplia estructura nacional, sumando a otros provenientes del reformismo y de la sociedad civil.

Apuesta a un escenario similar al de 1978 cuando en búsqueda de un cuarto mandato consecutivo, como ahora el PLD, Balaguer parecía invencible, y una heterogénea alianza le pudo arrebatar el poder.

Una diferencia importante es que ahora la oposición carece de un líder de las facultades políticas para la concertación y el desprendimiento personal de José Francisco Peña Gómez, en especial su capacidad para tocar la emocionalidad de los sectores populares.

El PRM ha logrado en las últimas semanas colocar a la defensiva a los reeleccionistas, con una sistemática documentación de sus debilidades, pero requiere expandirse más y comprometerse con las expectativas de los sectores sociales insatisfechos, con las organizaciones de base, y con la clase media sumida en el pesimismo, y sobre todo con la juventud, incorporándola en mayor dimensión.

Para todo ello es imprescindible un mayor esfuerzo por concertar con los alternativos, aunque ni siquiera un frente opositor garantiza el desplazamiento de la estructura de poder del PLD, pero generaría un nuevo escenario de competencia, de reclamo de equidad democrática, incluyendo la limitación del abuso de los recursos estatales.

La sinergia de la unidad obligaría a muchos indiferentes a definirse entre la continuidad y la alternativa, reduciría al máximo al PRD y el PRSC y generaría un reequilibrio del proceso democrático nacional.

La recurrente bipolarización

Con un buen discurso alternativo, Moreno, Puig y Minou tienen pleno derecho a jugar a la “real alternativa”, aunque el absolutismo reeleccionista no deja posibilidades de libre competencia y pone en ridículo la apuesta a una segunda vuelta. Con débiles estructuras, se exponen a quedar como insubstanciales, sobre todo si el PRM acaba polarizando como es tradicional en la historia nacional, donde han fracasado alternativos como Ramón Almánzar, Julián Serulle, César Estrella Sadhalá, Narciso Isa Conde, Roberto Saladín, Hamlet Hermann y el mismo Moreno dos veces.

Son altas las posibilidades de que se repita la bipolarización que ha frustrado múltiples proyectos novedosos, la que en 1978 dejó al profesor Juan Bosch y su nuevo PLD con el 1 por ciento del sufragio, apenas 18 mil votos. Si por lo menos esos tres no se juntan, podrían ser visualizados por el electorado como llaneros solitarios, fundamentalistas éticos dice José Luis Taveras, y hasta estigmatizados si en mayo próximo el PLD queda con todavía mayor control de los cargos electivos.

Al PRD le contaron el 47 por ciento de los votos en 2012, y el partido dominante se quedó con 31 de los 32 senadores y claras mayorías de las diputaciones y alcaldías.

Juntos, los tres alternativos tendrían posibilidades de pactar con el PRM, tomando en serio su propuesta de lineamientos básicos, convertirse en su ala izquierda propulsora de cambios reales, y detonar las sinergias del todos contra la reelección total, impulsando mejores candidaturas congresuales y municipales, incluyendo a representativos de la sociedad civil. Crearían mejor escenario de competencia local y nacional y garantizarían espacios para proseguir buscando constituirse en real alternativa.

 

Más déficits que logros en 15 años de gobiernos del PLD

Por Juan Bolívar Díaz

p13

El principal mérito de los 15 años de gobierno, 11 de ellos consecutivos, que acumula el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido el crecimiento económico y el mejoramiento de la edificación gubernamental y vial a costa de déficits fiscales y de un desproporcionado endeudamiento que ha triplicado la deuda pública.

El balance es negativo en relación a la pobreza, los deficitarios servicios públicos básicos, como educación, salud, electricidad, agua potable, seguridad, vivienda y transporte, así como por alta corrupción e impunidad, con acaparamiento del poder debilitando la institucionalidad democrática y las instituciones políticas y sociales.

Las luces más notables. Quince de los últimos 19 años de gobierno es un período suficiente para pasar balance a la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, los primeros 12 con la presidencia de Leonel Fernández, y los tres que cumple hoy Danilo Medina, resaltando como su gran mérito el haber mantenido altas tasas de crecimiento económico, con promedio alrededor del 7 por ciento, lo que ha permitido mejorar significativamente la infraestructura del país.

El conjunto de edificios gubernamentales, carreteras y elevados, hospitales y escuelas constituye lo que para una gran proporción de la población es “la modernidad”, concentrada en los grandes centros urbanos y zonas turísticas, lo que deja a Santo Domingo en ventaja material con relación a las capitales regionales.

La inversión infraestructural se concentra excesivamente en transporte por más de 100 mil millones de pesos destinados a un improvisado metro que con dos líneas apenas sirve al 6 por ciento de los que usan transporte público en la gran urbe capitalina. Las remodelaciones y ampliaciones de edificios gubernamentales inscriben a Leonel Fernández en la línea de los grandes constructores, desde Ovando hasta Trujillo y Balaguer.

En sus primeros 8 años. el gobierno de Fernández favoreció importantes reformas jurídicas, administrativas e institucionales que luego, sobre todo a partir de la nueva Constitución del 2010, trocó por un armazón de concentración del poder sin precedente en la incipiente democracia nacional, dejando de ejecutar un amplio conjunto de sus propias leyes y negándose a dar paso a otras que como las del sistema electoral, están llamadas a afianzar la institucionalidad democrática, la administración estatal y la transparencia.

Los más graves déficits. Sin incidir significativamente en la productividad, la competitividad, la reducción de la pobreza o la equidad salarial, el crecimiento económico peledeísta se ha fundado en un alto endeudamiento que casi cuadruplica la deuda estatal, llevándola a cerca de 35 mil millones de dólares, incluyendo 23 mil 493 millones no financiera, 8 mil millones del sector financiero estatal, más la oculta o no registrada, que sólo a los generadores eléctricos alcanza casi mil millones de dólares, (la deuda per cápita anda por los 3 mil 500 dólares, no millones, como se nos coló la semana pasada). Su servicio ya representa casi la mitad de los ingresos del gobierno. En los últimos 3 años sólo la pública no financiera registrada pasó de 18.7 a 23.5, incremento del 26 por ciento, 1,595 millones de dólares por año, 133 millones por mes. Organismos internacionales y economistas nacionales advierten que bordea la insostenibilidad. Mientras el país lidera la región en desigualdad y con tasa de pobreza sobre el 40 por ciento, muy superior al 28 por ciento promedio latinoamericano.

A pesar de cinco reformas tributarias, el derroche del gasto, la corrupción, sobrevaluaciones, malversaciones, casi duplicación de la nómina estatal y una amplia red clientelar, arrojan déficits fiscales por 640 mil millones de pesos en los últimos 7 años.

En el 2014 el gasto corriente, 85 por ciento del total, superó los ingresos fiscales en dos mil millones de pesos, resalta el exgobernador del Banco Central Guillermo Caram.

Un conjunto de leyes han sido dejadas de lado, comenzando por la de Estrategia Nacional de Desarrollo y el fracaso ha sido absoluto en concretar los pactos fiscales y eléctrico, en controlar la delincuencia que incluso arropa a los aparatos de seguridad del Estado. El acusado enriquecimiento de la cúpula peledeísta, con absoluta impunidad, y el reparto del Estado en todos sus niveles, en beneficio de los propios, aliados y asociados, así como la cooptación de entidades y dirigentes sociales han contribuido al fortalecimiento del presidencialismo, subordinando los demás poderes del Estado.

La mejoría de Medina. Es de general convicción que la gestión del presidente Danilo Medina ha registrado mejorías en la gestión pública, con reducción de la corrupción, y sobre todo en el acato a la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, concentrando el esfuerzo en saldar la escasez de aulas, que podría ser el único de los grandes déficits superados por los gobiernos del PLD. Se le acredita también la tanda educativa extendida con alimentación escolar y la construcción de estancias infantiles, y mejora del salario magisterial, aunque se le critica la pobre inversión en renglones básicos para mejorar la calidad educativa, como apenas 2 por ciento del presupuesto sectorial en formación de maestros.

Con una pequeña inversión de 6 mil millones de pesos en tres años para pequeños productores, el presidente Medina ha ganado gran crédito por sus “visitas sorpresas”, pero también por promover mayor atención a las pequeñas y medianas empresas y situarse en austeridad personal y más cercanía de la gente.

Pero este gobierno ha mantenido y se ha beneficiado del andamiaje clientelar, del reparto de parcelas estatales, de la malversación y el sistemático incremento del empleo púbico, y de la miseria institucional que ignora impunemente sus propias leyes y normas, como la de Salario del Sector Público, la Ley Orgánica de administración Púbica y la de Función Pública, la de declaración jurada de bienes o el Código de Pautas Éticas, sin ningún esfuerzo por el mejoramiento de la institucionalidad democrática.

En lo que los peledeístas han sentado cátedras es en sus capacidades políticas y propagandísticas con alta inversión publicitaria y control de miles de comunicadores, para mantener altas tasas de aprobación y prolongarse en el poder, aún relegando al líder que los encumbró, promoviendo con los poderes y recursos estatales el desguañangue del partidismo político, y hasta para comprar una reforma constitucional y mantener alta aprobación.

 

 

 

La peligrosa pretensión absolutista del PLD

Por Juan Bolívar Díaz

09_08_2015 HOY_DOMINGO_090815_ El País13 A

Tras haber desmembrado y absorbido a las dos organizaciones políticas de más tradición, el Partido de la Liberación Dominicana prosigue su política de parcelación del Estado sobre la cual está montando una dominación política de largo alcance que pretenden afianzar en las próximas elecciones.

Con el progresivo control de los medios de comunicación, universidades y academias, de gremios profesionales y sindicatos, el Gobierno desinstitucionaliza también al sector empresarial, al negociar con los más influyentes una iniciativa para la competitividad y la productividad que han reclamado sus agrupaciones reconocidas.

Absoluto control político. Con un plazo que vence esta semana, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) busca cerrar negociaciones con los dos partidos más tradicionales del sistema político, ya debilitados por la progresiva absorción de que han sido víctimas, para asegurar una aún mayor concentración de poderes que le permita un dominio de largo alcance, proyectado hasta el 2044, segundo centenario de la República.

Asegurado ya el apoyo de los legisladores de los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC), que votaron en bloque la reforma constitucional que permite la repostulación del presidente Danilo Medina, se negocia con sus respectivas cúpulas directivas lo que los más optimistas denominan como “alianza electoral para un gobierno compartido”.

El secretario general peledeísta, Reinaldo Pared Pérez, dijo que este fin de semana esperaban concluir las negociaciones aliancistas, teniendo como plazo el 15 de agosto, por mandato del máximo organismo partidista. Como casi todas las candidaturas a senadores están reservadas para los actuales incumbentes y el voto preferencial impide garantizar un reparto de las diputaciones, las negociaciones se centran en las candidaturas a las alcaldías. Pero aún en estas a los peledeístas hay que demostrarles con encuestas que no garantizan el triunfo, para dar paso a los aliados.

Contando con todo el poder del Estado y el presupuesto, siempre habrá posibilidad de compensar con puestos y contratos a quienes no alcancen candidaturas. Esta semana el presidente comenzó a concretar los “10 cheles” que el dirigente del PLD Euclides Gutiérrez recomendó dar a los perredeístas. Aníbal García Duvergé fue designado director del Instituto de Crédito Cooperativo, de quinto nivel gubernamental, y César Mella como “asesor de salud”, aunque este reputado siquiatra no acudió al acto de juramentación.

Alianza con “Grupo Gazebo”. Hasta en círculos empresariales organizados llamó la atención el acto celebrado el miércoles en el Palacio Nacional, donde el presidente Danilo Medina dejó constituida una alianza con los mayores capitalistas nacionales, la “Iniciativa para la Productividad y Competitividad Nacional”, contenida en el decreto 237-15.

Dirigentes del sector observaron que el Gobierno busque individualizar las demandas formuladas en los últimos años por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, las asociaciones de Industrias, de Jóvenes Empresarios, de Industriales de Herrera y otras entidades del sector como el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles.

Se recordó que en la campaña electoral del 2012 el entonces candidato Danilo Medina se comprometió con los resultados del Segundo Congreso de la Industria Nacional que reivindicaba el Consejo Nacional de Competitividad instituido en el 2001 como instancia de negociación para mejorar la productividad y la competitividad de los sectores productivos. Instancia que ahora ha sido sustituida por un denominado “Grupo Gazebo”. Aquel congreso fue auspiciado por la Asociación de Industrias, la Asociación de Industrias de Zona Franca y el Consejo Nacional de Competitividad.

El asunto es que el Gobierno también desinstitucionaliza el sector empresarial privilegiando las negociaciones con los individuos y no con sus organizaciones que, como el CONEP y la AIRD, han reiterado la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo para privilegiar la productividad y la competitividad nacional, mientras ignora el Consejo Económico y Social.

Irónicamente en el acto de lanzamiento de la nueva alianza, el presidente Medina dijo a los empresarios que no puede haber competitividad con bajos salarios, cuando alta proporción de los servidores del Estado y el 85 por ciento de sus pensionados reciben 5,117 pesos mensuales, menos de la mitad del salario mínimo de las grandes empresas.

La gran cooptación social. El absolutismo planificado del PLD, del que se enorgullecen sus dirigentes, muchos convertidos en grandes empresarios, se ha extendido a buena parte del organismo social, inmovilizando a los intelectuales y las universidades, especialmente a la estatal, a los gremios profesionales, que como los de profesores, médicos, abogados, ingenieros y arquitectos, fueron instancias contestarías.

Las políticas de reparto de cargos, becas, asesorías, consultorías y contratos ha contribuido a mermar los de por sí, y por la represión, debilitados sindicatos y centrales sindicales, mientras se cooptaba a activistas sociales e intelectuales, incorporados por centenares a las nóminas de todas las instituciones estatales, incluidas las diversas instancias de la seguridad social.

Uno de los mayores éxitos del peledeísmo ha sido el control absolutamente mayoritario del apartado comunicativo, más allá de canales y radioemisoras bajo control estatal. Una alta proporción de los periodistas y comentaristas han sido incorporados a las nóminas públicas o a los cuantiosos contratos de publicidad gubernamental.

En el sector ya no se reclama mejorías salariales a las empresas, sino pensiones al Gobierno central, aún para quienes nunca trabajaron para el Estado.

Muchas empresas comunicativas quedan a expensas no solo de la contratación, sino también de que después les quieran pagar, para lo cual “tienen que portarse bien”.

Como todo ese control político y social del país se ha realizado sin represión y bajo “formalidades democráticas”, muchos se hacen ciegos, sordos o cómplices, persiguiendo cuotas del reparto, mientras en el país es instaurada una dictadura más perfecta que la que mantuvo el PRI mexicano durante 70 años, porque allí los beneficiarios eran renovados cada seis años y aquí simplemente se multiplican a costa de la corrupción y la atrofia institucional del país y de un endeudamiento que ya compromete casi la mitad de los ingresos fiscales.

Cada dominicano o dominicana que nace se encuentra con una deuda de 3,500 millones de dólares, más de 160 mil pesos.

El peso del tres en uno

Aliado al PRSC, el PLD ha controlado los 32 senadores y 110 de los 182 diputados y dos terceras partes de los municipios.

Ha subordinado gran proporción de los jueces de las altas cortes y del arbitraje electoral, con lo cual y a través del reparto de cargos y contratos estatales ha incentivado el desguañangue de los partidos tradicionales. Como si no fuera suficiente el control absoluto de los tres poderes del Estado, el objetivo ahora es incorporar al PRD a la gran alianza gubernamental fundada en el reparto, al margen de los planteamientos democráticos, constitucionales, legales o estatutarios.

Como cuestión inédita está a la puerta el tres en uno de los partidos que reciben el 80 por ciento del subsidio estatal, que sobrepasará el 90 por ciento con otra docena de pequeñas agrupaciones con franquicia electoral, con lo cual en el 2016 asegurarían unos 1,800 millones de pesos, el 0.5 por ciento de los ingresos fiscales nacionales.

Pero esa suma puede ser una bicoca si se le compara con el aprovechamiento de todos los recursos del Estado, con los montos de los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, y de las nóminas y nominillas de organismos del Gobierno central y las instituciones descentralizadas, incluyendo ayuntamientos y distritos municipales, que garantizan ingresos mensuales a decenas de miles de activistas y dirigentes políticos. Sin considerar las fortunas derivadas del tráfico de influencia y la corrupción.

Con todo eso y el control de la mayoría de los 700 mil empleados y pensionados del Estado, más el clientelismo acentuado con 2 millones de tarjetas de reparto de pequeñas cuotas a través de los subsidios sociales, el PLD no tendría que gastar en campaña electoral, pero hace más de dos años llenan las vías públicas del país de propaganda electoral. Los estrategas tratan de revertir los 199 mil votos que el partido morado perdió en el 2012, aunque entonces el PRD, que están comprando por cheles, obtuvo 47 por ciento del total.

 

“La maldita reelección”: el desafío de tres en uno

Por Juan Bolívar Díaz

p10

La forma acelerada, atropellada y de reparto del Estado en que se ha manejado la reforma de la Constitución para permitir la repostulación del presidente Danilo Medina vuelve a mostrar el alto costo que ha tenido en la historia nacional la reelección fundada siempre en la corrosión de las instituciones y la compra de conciencias.

Aunque para muchos la triple alianza parece invencible, por su premura no deja de ser indicativa de debilidad, y podría reproducir aquí la avalancha de rechazo al sistema político que se vive en la región, si un frente de oposición apela a los dos tercios de la población que viene expresando insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos.

Costo de la financiación. Aunque la reforma constitucional no contaba con suficiente apoyo ni en el propio partido de gobierno, terminó imponiéndose con repartos antidemocráticos sin precedente primero en sus propias entrañas y luego con el sistema político. Nadie podrá precisar el costo de financiación de la 39 reforma de la Constitución dominicana que comenzó doblegando a la mitad de los legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que dejaron solo a su líder Leonel Fernández, y siguió con los 42 diputados del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 9 del Reformista Social Cristiano (PRSC) y 2 de los 36 del nuevo Partido Revolucionario Moderno (PRM), estos últimos en vías de expulsión.

La reforma reeleccionista de Medina no tiene precedente en la adolescente democracia dominicana, ya que nunca los tres partidos dominantes durante más de medio siglo, se habían puesto de acuerdo para constituir un frente electoral. Aún a nivel mundial es difícil encontrar una concertación parecida, a no ser en las luchas contra las tiranías, como en Chile para rescatar de Pinochet el sistema político e institucional.

El pacto reeleccionista que implica a los tres partidos comenzó por sus diputados, que lo hicieron público, arrastrando a sus dirigentes, que para no quedarse en el descalabro han tenido que plegarse. Ningún organismo del PRD o el PRSC discutió ni aprobó el acuerdo, y sus líderes, candidatos presidenciales, no lo han explicado.

En el debate en la Cámara de Diputados el vocero del PRM Nelson Arroyo responsabilizó a los ministros de Obras Públicas y Economía y al reformista Marino Collante de haberse ocupado de persuadir a sus colegas, y nadie lo enfrentó. La diputada Minou Tavárez dijo sentirse asqueada del mercado en que convirtieron el Congreso. Los votos de diputados se habrían cotizado hasta a 10 millones de pesos. Algunos líderes y senadores, recibirían otros incentivos, como asignaciones de obras públicas.

Costo para el presidente. Todo el reparto antidemocrático y las protestas que ya está generando hasta en el propio PLD, donde miles de precandidatos que habían invertido fuertes sumas en su promoción, se ven amenazados, podría generar un alto costo, más aún al conllevar el aplastamiento de un liderazgo tan fuerte como el de Leonel Fernández y seguidores.

La palabra de Danilo Medina queda devaluada, tanto que en todo el proceso no ha justificado el haber cambiado sus promesas de que solo gobernaría 4 años, para involucionar a lo que siempre se ha hecho en la historia dominicana, desde Santana, Báez y Lilís, hasta Horacio, Trujillo, Balaguer y Leonel, a quien estigmatizó por ello en el 2008.

Abundan los vídeos y las citas de Medina en la Internet, resaltando el costo económico, institucional y democrático del reeleccionismo, desde su campaña por la nominación presidencial para el 2008 cuando le “venció el Estado”, a la lucha por el poder en el 2012 y al comenzar su gobierno. En “Las Propuestas de los Candidatos” del Grupo de Comunicaciones Corripio al final de la campaña del 2012, Danilo Medina se explayó explicando por qué nunca buscaría reelegirse, tras recordar que estaba prohibido “y es muy difícil que ningún presidente pueda conseguir los votos suficientes para modificar la Constitución”. Fue tajante: “yo quiero cuatro años y nada más”.

Danilo se extendió en explicaciones sobre cómo la reelección es antidemocrática, “porque tenemos instituciones democráticas muy débiles todavía. Tal vez en los próximos 20 años, cuando tengamos un período sucesoral de cuatro o cinco gobiernos, y hayamos avanzado en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, entonces esas instituciones estén en capacidad de soportar la reelección”. Y agregó que “los funcionarios, cuando van a un proceso de reelección, no distinguen la línea que separa los bienes públicos de los bienes partidarios, y terminan dañando la imagen de los presidentes, dañando la imagen de los partidos y dañando la economía”.

Parece que las premoniciones de Medina se están dando en el actual proceso, que ya tiene alto coto en el PLD, y que “la maldita reelección”, como abjuraba Hipólito Mejía antes de caer en la tentación de modificar la Constitución para fracasar en su persecución, amenaza con enterrar lo poco que venía quedando de los dos partidos más antiguos de la historia nacional. Y todavía faltan más de once meses para las elecciones.

Un gran desafío nacional. Aunque hay propensión a creer que ante el pacto de tres en uno no hay mucho por hacer, el mismo representa un enorme desafío para la sociedad dominicana, si acaba de fraguar la planteada “Convergencia por un Mejor País”, que tendría como base principal al PRM y su candidato Luis Abinader, configurado en las encuestas como alternativa.

Si estos se manejan con el acierto que tuvieron en sus elecciones primarias y abren un real y amplio espectro político y social, por lo menos producirían una bipolarización del proceso y trazarían una línea de Pizarro, haciendo insubstancial a todo el que quede fuera de los dos polos, y nutriéndose aún más de la disidencia que producirá el reparto antidemocrático, por ejemplo en un PRD que desde hace meses viene reduciéndose en las encuestas a menos del 5 por ciento de las preferencias.

En el país podría repetirse una coyuntura como la del 1978, de todos contra el poder absoluto, cuando todo el presupuesto nacional, y el control total de las instituciones y empresas estatales, incluyendo junta electoral, militares, policías y jueces no fue suficiente para imponer la reelección. Ahora no hay un líder opositor de las capacidades de Peña Gómez, pero una ola de indignación está relegando los partidos tradicionales en todo el continente. Empezó por Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Uruguay y Ecuador, y se ha extendido a Colombia, llegando a Centro América por El Salvador. El año pasado Varela y Solís fueron electos presidentes de Panamá y Costa Rica, aunque las encuestas los situaban en tercer lugar de preferencias, desplazando a partidos tan antiguos como el tico Liberación Nacional. Y en Guatemala y Honduras las masas piden la renuncia de los presidentes, en el primero tras liquidar a la vicepresidenta y los jefes del Banco Central y la seguridad social.

Muchos creen que República Dominicana vive aislada del mundo, pero seguramente no tienen en cuenta que las encuestas registran una fuerte insatisfacción y desconfianza en los partidos políticos. La última Encuesta sobre Cultura Política de la Democracia en RD, 2012, auspiciada por reconocidas instituciones, arrojó una caída del 58 al 49 por ciento de apoyo al sistema político, solo un 37 por ciento con militancia partidista y con los partidos en el último escalón de confianza ciudadanía, 32 por ciento, por debajo hasta de la Policía, entre las 12 más importantes instituciones nacionales.

Aún con la alta aprobación que ha registrado el presidente Medina, el tres en uno conlleva riesgos.-

 

Trascendente y oportuno dictamen

Por Juan Bolívar Díaz

o2

Todas las tribunas nacionales deberían ponerse de pies para aplaudir y ponderar el dictamen del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, que dispuso el retiro de la masiva propaganda política que desde hace más de un año ha saturado y degradado a arrabales las vías públicas de esa ciudad, en virtud de que se ha ignorado el período establecido en la Ley Electoral 275-97 para realizar esa actividad.

La sentencia dispone que el Ayuntamiento y la Junta Electoral de Santiago retiren de forma inmediata toda la propaganda electoral colocada en calles y avenidas hasta que comience la campaña electoral, lo que según la ley ocurrirá cuando la Junta Central Electoral (JCE) la proclame oficialmente con la convocatoria a las próximas elecciones, a más tardar 90 días antes de los comicios. Es lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral, lo que ninguna autoridad se había atrevido a hacer cumplir.

La decisión del magistrado Samuel Guzmán Fernández establece un precedente que ojalá sea replicado en muchas otras instancias institucionales para ver si comenzamos a reducir el enorme costo de las campañas electorales, que paga un pueblo con la mitad de su población en niveles de pobreza. Porque si bien la tasa oficial de pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es de 42 por ciento, el 52 por ciento de los hogares aún carecen de agua potable corriente, y la mitad de la población sufre de 4 a 12 horas diarias de apagones.

Es un hecho incontrovertible que gran proporción de los aspirantes a senadores, diputados y alcaldes gastan decenas de millones de pesos en precampañas y campañas electorales, que sólo excepcionalmente salen de sus propios bolsillos, que son sustraídos de las contribuciones de la ciudadanía, o provienen de actividades criminales como el narcotráfico.

En las democracias contemporáneas y en casi toda América Latina se han establecido regulaciones para evitar el encarecimiento de las elecciones y que el poder del dinero, especialmente el de origen ilícito, sea lo que determine quiénes son los representantes legislativos y los ejecutivos presidenciales o municipales. Un sistema político primitivo y desenfrenado se ha negado en el país a establecer una efectiva legislación para disminuir la extensión y costos de las campañas electorales. Como muestra están en el Congreso desde hace cuatro años los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral sometidos por la JCE.

La decisión del magistrado Guzmán tiene otro aspecto positivo, por cuanto es fruto de la iniciativa de una entidad de la sociedad civil, la Fundación Masada, cuyo presidente el destacado jurista José Luis Taveras, la ha considerado “un fallo histórico y sin precedentes”, a la que se adhirió otro agrupamiento ciudadano denominado Santiago Somos Todos”. Esa circunstancia es un motivo de aliento para una inmensa cantidad de entidades ciudadanas que por todo el país sueñan con un mejor ordenamiento social, económico y político, las cuales han tropezado con la indiferencia, cuando no la hostilidad, del cada vez más corrompido y desacreditado sistema partidista.

Celebremos este dictamen judicial que, por demás, protege el medio ambiente y satisface a los santiagueros. Mario Fernández, presidente de Santiago Somos Todos, sostuvo que hace meses que en esa urbe “no cabe un afiche más y eso, poco a poco nos enferma, porque tenemos la ciudad agobiada”.

Un ejemplo a ser seguido por la JCE facultada por el Párrafo IV del artículo 212 de la Constitución de la República para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

 

Agradecimiento al embajador Fisher

Por Juan Bolívar Díaz
03_05_2015 HOY_DOMINGO_030515_ Opinión9 A

Los que no han leído el discurso del embajador del Reino Unido, Steven Fisher, en el desayuno de la Cámara de Comercio Británica el 28 de abril, deberían procurarlo en Internet. Seguro que algunos caerán en la reacción tradicional de rechazar esa “injerencia en nuestros asuntos internos”, pero la gran mayoría de las personas honradas terminarán agradeciéndole porque implica una invitación a reflexionar, proveniente de alguien que muestra mucho aprecio por el país, después de cinco años acompañándonos.

El texto tiene una redacción excelente, con perfiladas de buen humor, como cuando da cuenta de mensajes intercambiados por la embajada británica y su cancillería en los primeros días de la revolución constitucionalista, en uno de los cuales se cuestiona a las clases dominantes por su insensibilidad social y falta de visión, a lo que se atribuye aquel estallido socio-político, para concluir en la esperanza de que se hayan aprendido las lecciones. El entonces embajador Stafford Campbell consideraba que la injusticia social y la corrupción estaban frenando al país.

Tras ello el embajador actual se refiere a lo que ha crecido económicamente el país en los 50 años posteriores a la Revolución Constitucionalista, para preguntar si se ha abordado adecuadamente el tema de la desigualdad social, para responder que desde 1965 hemos tenido el mayor crecimiento económico de toda América Latina, pero con la menor reducción de la pobreza. Se fundamenta en un informe del Banco Mundial, según el cual en los últimos 20 años la pobreza disminuyó del 44 al 28 por ciento en América Latina, especialmente entre el 2006 y 2013, pero en el país sólo bajó del 44 al 41 por ciento. Ejemplificó: en Chile se redujo del 29 al 14 y en Perú del 49 al 25 por ciento.

Fisher recoge la impresión de turistas de que hay dos República Dominicana y aborda con delicadeza una serie de carencias nacionales que dificultan las inversiones, especialmente la corrupción, el narcotráfico y un sistema judicial que considera “lento, frustrante e injusto”. Pasa a “desenmascarar dos mitos”, primero el del supuesto complot internacional para fusionar las dos naciones de la isla, lo cual calificó de “totalmente falso”, agregando que “Nadie -Estados Unidos, Francia, Canadá, Reino Unido- ha considerado, ni por un segundo, promover una política tan absurda”. El segundo: que la comunidad internacional quiere que República Dominicana cargue con la carga de rescatar a Haití, lo que también estima absurdo. Reconoce los aportes dominicanos a Haití y los derechos a establecer su política inmigratoria y a deportar indocumentados, pero advirtiendo que con respeto de los derechos humanos.

El embajador británico anunció su próxima partida, que le gustaría que República Dominicana “siga siendo el único, especial y hermoso país que siempre ha sido”, que espera volver en el futuro y que le gustaría encontrar una sociedad integrada, con acceso justo y asequible a la justicia y sin impunidad, que el narcotráfico haya sido derrotado y los crímenes violentos, incluyendo el feminicidio, reducidos dramáticamente.

Espera que al volver la pobreza extrema y la otra pobreza hayan sido radicalmente erradicadas, que la mayoría tenga empleo y los salarios reales hayan aumentado, que los niños no mendiguen en las calles y castigados sus traficantes, que los discapacitados sean cuidados e integrados. También que no haya que recordar el día de inicio de clases, que la Policía esté bien pagada y sea eficiente y respetada, y que los inmigrantes sean bien tratados, sin abusos, sin deportaciones arbitrarias y sin ser forzados a pagar “peajes” para cruzar la frontera y que como trabajadores estén protegidos por el Estado y la ley.

Quienes hemos tratado al embajador Fisher lo reconocemos un diplomático profesional, discreto y propositivo, que reconoce los esfuerzos de las autoridades y de diversos sectores sociales. Pero su conferencia mostró también un ser humano sensible que quiso hacer un gesto de franqueza y compartir sus preocupaciones por nosotros. Confiemos que la mayoría de su auditorio lo haya escuchado y le ponga atención.