¡Por la salud de la patria!

Por Juan Bolívar Díaz
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Me cuento entre los que irán a Santiago este domingo para acompañar a los cibaeños en el nuevo capítulo de la lucha contra la corrupción y la impunidad que cada día se fortalece con la incorporación de los más variados segmentos de la población dominicana.

Después de tantos años escuchando que predicábamos en el desierto los que enarbolábamos la necesidad de una reacción colectiva frente a los niveles de descomposición social generados por la corrupción e impunidad, que se reproducen en delincuencia, arriba, por abajo y en todas las direcciones, tenemos que celebrar el sacudimiento que se produce actualmente en la conciencia social de los dominicanos.

Es muy alentador comprobar que las nuevas generaciones, especialmente de las clases medias más conscientes y menos dependientes de la ignorancia, las migajas del reparto y del temor, se están levantando para exigir un reordenamiento de este terruño, que es el único lugar donde no seremos nunca extranjeros, y porque las puertas de la emigración se están cerrando progresivamente.

Hay que repetirlo una vez más: ya no podremos enviar al exterior los dos millones de dominicanos que emigraron en el último medio siglo; ya Estados Unidos no volverá a otorgar residencia a un millón 305 mil dominicanos, como ocurrió entre el 1970 y el 2015, y la inseguridad no podrá ser contenida si no comenzamos una gran batida contra el robo del patrimonio colectivo, que al exhibirse impunemente se convierte en un patrón cultural de vida y un incentivo para que cualquiera salga a “buscarse lo suyo” sin respetar la menor normativa.

El ritmo ascendente en que se mantiene la demanda de poner fin a la impunidad es indiscutible y ya lo perciben hasta los mayores beneficiarios de la corrupción que por lo mismo hacen mayores esfuerzos por estigmatizar la movilización social, atribuyéndola a intereses empresariales y otorgándole un carácter sedicioso. Intentan intimidar con la amenaza de soltar paleros, pero saben que ese intento de remedio podría alimentar exponencialmente la llama verde que recorre el país.

Por otro lado, hay quienes apuestan al cansancio, a que el movimiento se frustre, incluso meten cuñas tratando de alentar posiciones irreflexivas que puedan espantar a los sectores menos acostumbrados a las luchas político-sociales. Sobre esto tienen que mantenerse alerta los líderes y voceros de la movilización. Su multiplicidad, variedad y espontaneidad, es su fuerza y al mismo tiempo su peligro.

La presión social por la sanción de los últimos escándalos de corrupción -OISOE, Tucanos, Odebrecht, CORDE, CEA- no puede cesar y todavía espera la incorporación de muchos ciudadanos y ciudadanas. La ausencia de respuestas gubernamentales y judiciales se basa en que el tiempo los beneficia. Pero eso mismo determina que hasta los más conservadores estén llegando a la convicción de que sólo elevando la presión se logrará alguna sanción. Y sobre todo que se generarán las reformas políticas e institucionales para poner límite a la malversación y a la putrefacción de la política.

Odebrecht tiene que marcar un punto de inflexión. La República Dominicana fue -proporcionalmente- el mayor escenario del escándalo de corrupción internacional más sonado de la historia, incluyendo a Brasil. Y sin este, que fue el exportador de los sobornos, el país registró 56 por ciento sobre el promedio de los otros diez países involucrados.

Ya lo escribió el miércoles en El Nacional el profesor del periodismo santiagués Carlos Manuel Estrella: “El Movimiento Verde hará historia en Santiago este 26 (hoy) en acción ciudadana por el fin de la impunidad. ¡Caminemos por la salud de la patria! Aunque llueva, como está pronosticado. La lluvia no paró ni redujo el movimiento de la marcha verde el 5 de marzo en Puerto Plata.

Estafa de los Tres Brazos es peor de lo que se creía

Por Juan Bolívar Díaz05_02_2017 HOY_DOMINGO_050217_ El País13 A

Tras el informe de la comisión investigadora designada por el presidente Danilo Medina, el Gobierno desconoció la venta del barrio Los Tres Brazos a una empresa privada por haberse realizado en violación de la Constitución, dos leyes y un decreto, en lo que se configura como una estafa en perjuicio del Estado y unas 13 mil familias residentes.

La operación fue más escandalosa de lo que se había denunciado y que determinó la designación de una comisión investigadora, cuyo informe revela que a casi 7 años de la venta, la Corporación de Empresas Estatales solo ha tenido beneficio neto por 3 millones 365 mil pesos, faltando por determinarse si quedará en el reinado de la impunidad.

Otra escandalosa estafa. El informe de la comisión gubernamental que investigó la venta del barrio Los Tres Brazos en Santo Domingo Este a la empresa INFEPA, luego asociada a la TITULATEC revela que fue una operación fraudulenta mucho peor de lo que se había denunciado, ya que de los 80 millones de pesos que se contrató originalmente a precio de bagatela, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) apenas ha recibido efectivamente, casi siete años después, 15 millones 200 mil pesos. Pero pagó RD$11 millones 834,200 a dos agrimensores para que hicieran el deslinde de los terrenos, a lo que se había comprometido la compradora, lo que redujo su ingreso neto a 3 millones 365,800 pesos.

Ciertamente el contrato original firmado el 25 de febrero de 2010, mediante el cual CORDE vendió a la empresa INFEPA tres parcelas con un total de un millón 213,861 metros cuadrados, donde está asentado el barrio, establecía un precio de 80 millones de pesos. Pero mediante dos adendas en junio de 2010 y agosto del 2014, las partes le deducen 11 millones 800 mil pesos, quedando en 68 millones 200 mil pesos, para descontar calles y aceras “no útiles para la venta”. Luego dedujeron 1 millón 500 mil pesos más para crear un “fondo de compensación para tentativas demandas”, por lo que el precio final se contrajo a 66 millones 700 mil pesos.

Más absurdo es que CORDE, que vendió inmuebles, recibió como “dación de pagos”, dos parcelas en Guavaberry, S.P. de Macorís, valoradas en 29.14 millones de pesos, con tasación de la misma INFEPA, y que no ha podido asumirlas porque estaban hipotecadas. También recibió como dación de pago dos apartamentos en Las Palmas, Los Alcarrizos, por millón y medio de pesos, pero que habían sido traspasados a una representante de INFEPA-TITULATEC, por concepto de comisión de venta. En total 30 millones 300 mil pesos en inmuebles que CORDE no ha podido asumir. Los restantes 21 millones 200 mil pesos, para completar los 66.7 de la venta, quedaron en un pagaré que tampoco han honrado, pero sin consecuencias. Tras el estallido del escándalo, el 28 de diciembre último, CORDE le dio un plazo de un día, sin que la comisión viera resultado.

No evaluaron inversiones. La comisión gubernamental no evaluó el total de lo invertido por el Estado y los particulares en Los Tres Brazos, reconoció Flavio Darío Espinal. Pero se ha estimado que sobrepasan los mil millones de pesos en las casi cuatro décadas de que se iniciara la población del sector con damnificados del huracán David en 1979. Más difícil es valorar lo que han invertido en urbanización las 14 mil familias que lo habitan, incluyendo edificaciones para negocios, talleres y de recreo.

En las cuatro escuelas del sector se han invertido cientos de millones de pesos. Una básica inaugurada por el presidente Medina costó 63 millones, y una estancia infantil 36 millones. Allí se construyó una planta de tratamiento de aguas, para cuya remodelación concluida en febrero de 2012, el Estado gastó 76 millones de pesos.

Ya en 2013 cuando la compradora del barrio INFEPA se asocia con TITULATEC, lo hacen tasando sus activos en 200 millones de pesos. El informe establece que al 31 de diciembre pasado habían vendido 614 solares, de un total de 3,692, por 93 millones 300 mil pesos, lo que proyecta sus ventas totales a 952 millones 67 mil pesos.

Recomendaciones aceptadas. El informe de la comisión oficial, sus conclusiones y recomendaciones no dejan dudas de que se trata de una operación lesiva al interés público, “que nunca debió realizarse”, “cuestionable en su esencia misma”, “ignorando disposiciones constitucionales y legales aplicables”, citando las últimas dos constituciones, la Ley de Capitalización de la Empresa Pública y la Ley de Función Pública.

La califica también como “altamente perjudicial para el Estado y la propia comunidad de Los Tres Brazos”, “contraria al interés público y al bienestar social”, como quedó patente en nuestro artículo de HOY del domingo 15 de diciembre “El regalo de los Tres Brazos”.

Vale reconocer que el Gobierno anunció de inmediato que acoge las recomendaciones de que el Estado no reconozca la contratación por viciada, inconstitucional e ilegal, que proteja las inversiones de los residentes que pagaron solares y los créditos recibidos, que cierre definitivamente a CORDE y la Comisión para Reforma de la Empresa Pública que hace años quedaron sin objeto, y que entregue el informe al Ministerio Público “para que determine si en esta operación quedó comprometida la responsabilidad penal de los actores públicos y privados que intervinieron en la misma”.

Queda pendiente que establezca los mecanismos para “la transferencia titulada de los inmuebles a sus ocupantes, ya sea a título gratuito u oneroso según la condición socio-económica de estos”. Y que reciban todo el apoyo estatal.

La movilización popular. Del escándalo Los Tres Brazos quedan en evidencia dos cosas: primero la inmensa capacidad de los funcionarios públicos para las maniobras chanchulleras, la imaginación sin límite para la apropiación y la malversación de lo público y la complicidad general que predomina en las instituciones que permiten hasta la venta por bagatela de un barrio con escuelas, plantas, calles, avenidas, sistemas eléctrico y de acueducto, guardería, iglesia, parque, dispensario médico y hasta cuartel policial pagado por el erario.

La otra es el valor de la movilización popular, como se demostró antes en Bahía de las Aguilas, Loma Miranda, la cementera en Los Haitises, la inversión del 4 % del PIB en educación y otras. En todos esos casos, por encima de un sistema político e institucional profundamente corrompido, resalta el papel del periodismo crítico y responsable. En Los tres Brazos se hizo historia cuando los telediarios matutinos de tres canales y de una radioemisora y la red nacional de 8 emisoras católicas montaron allí una transmisión simultánea de una hora la mañana del 29 de diciembre, rechazando la ignominia.

Se ha contenido la ignominia, quedando sin determinarse la red de complicidades políticas que la auspiciaron y permitieron. Solo la movilización popular y de la opinión pública lograrán que este escándalo no engrose el reinado de la impunidad en que han convertido este país, para que sirva de lección.

La presión social desafía al Gobierno de Medina

Por Juan Bolívar Díaz

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La marcha contra la impunidad, que superó todas las expectativas constituyéndose en la mayor manifestación cívica de la historia nacional y que parece haber marcado un punto de inflexión frente a la corrupción, junto al reiterado compromiso internacional de develar toda la trama de corrupción de Odebrecht, podría obligar a las autoridades a responder.
La presión que tiene el Gobierno es mayor por la convicción general de que la constructora brasileña financió campañas electorales, por lo que buscarían un par de chivos expiatorios que pudieran contener la indignación nacional, agravada por el silencio del presidente Danilo Medina y de su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Irrupción de la clase media. Si fue sorprendente la magnitud de la marcha contra la corrupción y la impunidad de decenas de miles de personas, fue más impactante su composición social, con una clara irrupción de las clases medias, incluyendo segmentos altos, empresarios y hasta monjas que desafiaron la desinformación pagada del Gobierno. Fue una demostración de civismo, por convicción e indignación, exigiendo límites a la putrefacción política, y alcanzó impacto internacional. Nadie acudió bajo promesas de empleo o para mantenerlo, ni por los repartos de dinero, vestuarios, comidas y bebidas, como en las actividades partidistas.

La participación en la marcha del domingo 22 multiplicó seis o siete veces los que acudieron a una convocatoria similar en el 2011 por la aplicación de la ley que dispone invertir en educación el 4 por ciento del PIB, a juicio de los organizadores, varios de los cuales han sido protagonistas en ambas y con capacidad para reproducir demandas.

Tras el éxito, el muy plural comité organizador anunció que proseguirá “reclamando por todas las vías pacíficas posibles la identificación y sometimiento judicial de los sobornados de Odebrecht y la conformación de una comisión independiente acompañada por Naciones Unidas” para investigar las contrataciones con esa empresa “hasta que se recuperen los miles de millones robados al pueblo dominicano”. De inmediato generaron demostraciones en los estadios de beisbol de Santiago y Santo Domingo, iniciaron captación de firmas y planifican un concierto en la festividad de la independencia nacional.

También la presión externa. Hay consenso en que la presión externa será un factor determinante para que haya sanción en el reino de la corrupción con impunidad que es el país, como indican las evaluaciones. Esta misma semana el índice de corrupción de Transparencia Internacional (TI) mostró un nuevo retroceso de RD, que cayó de la posición 103 a la 120 entre 176 naciones, en relación al año anterior, con una quemazón de 31 puntos sobre 100.

Los peores escándalos de corrupción han quedado en la impunidad, aún en el caso del secretario de organización del PLD, Félix Bautista, a quien el ministerio público de su mismo gobierno le documentó un expediente que envuelve 26 mil millones de pesos, que hoy equivalen a más de 550 millones de dólares, casi seis veces el monto de los sobornos de Odebrecht, independientemente de la sobrevaluación de las contrataciones.

Entrevistado por Uno+Uno de Teleantillas, el presidente de TI, José Ugaz, resaltó el compromiso de la autoridades brasileñas de develar las personas y organizaciones políticas comprometidas en la trama Odebrecht y la decisión de esa entidad de acompañar la investigación hasta el fondo, a la vez que elogió la marcha dominicana y proclamó que la presión social es fundamental para alcanzare sanciones. Ugaz es un reputado penalista peruano que fue fiscal adhoc de las investigaciones del escándalo de sobornos del presidente Fujimori-Montesinos que llevó a la cárcel con condenas judiciales a estos dos y a más de 200 funcionarios de los tres poderes del Estado, empresarios y dirigentes sociales.

El silencio gubernamental. El avance de las investigaciones en los otros países involucrados en el escándalo, presiona también en RD, que proporcionalmente lidera el escándalo con sobornos por 92 millones de dólares. En Panamá ya hay 17 imputados, en Perú, Colombia, Argentina varios funcionarios presos, y con suspensiones de contratos y otras sanciones a la Odebrecht. Guatemala, donde los sobornos confesados sólo suman 18 millones de dólares, suspendieron los pagos en obras por 399 millones de dólares.

Los presidentes de Perú, Colombia y Ecuador, se han puesto a la cabeza de las exigencias de sanciones. Pedro Pablo Kuczynski dirigió un discurso a los peruanos proponiendo mayores sanciones a la corrupción en un país que en un año pronunció más de 2 mil sanciones por corrupción, incluyendo altos funcionarios, pidió la acción conjunta de los tres poderes del Estado. El ecuatoriano Rafael Correa, dijo a Uno+Uno el jueves, que su gobierno está a la cabeza de las investigaciones, junto al poder judicial, y recordó que en el 2008 suspendió contratos a la Odebrecht y la obligó a pagar el costo de poner en servicio una planta de generación hidroeléctrica que construyó con graves deficiencias de arranque.

Aquí el presidente Danilo Medina, al igual que el PLD y la Comisión de Ética Gubernamental, ha ignorado el escándalo internacional y la indignación nacional, dejándolo en manos de un procurador general sin experiencia investigativa, y conformando una comisión para investigar solo la contratación de las plantas de Punta Catalina, la que sigue bajo objeciones por incluir a vinculados, como su presidente Agripino Núñez, que era directivo de la empresa co-constructora de las mismas, a un consultor del gobierno y a César Sánchez, que cuando fue administrador de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales negoció y firmó el segundo de los 17 contratos nacionales con la Odebrecht, y actualmente es asesor de la misma con sueldo de 350 mil pesos mensuales.

Buscarían chivo expiatorio. La situación dominicana en el escándalo es compleja, sobre todo por la particularidad de que Joao Santana salió de la asesoría del presidente Medina en sus dos exitosas campañas electorales para la prisión en Brasil, imputado como brazo político de Odebrecht en financiamiento de campañas electorales en varios países.

El jurista Namphy Rodríguez escribió esta semana que se impone el relevo de Odebrecht en la construcción de las plantas de Punta Catalina, señalando que en las actuales circunstancias es inconcebible que el Gobierno ponga en manos de esa empresa los 600 millones de dólares que captará por bonos estatales. El mandatario ha estado preocupado y, según fuentes bien informadas, habría buscado transferir la terminación de las plantas, que pidió a la constructora Estrella, asociada para la obra física, que la asumiera, pero ésta habría declinado por falta de experticio en su tecnología. En medio del escándalo es difícil contratar otra firma que asuma la tarea y nadie la quiere paralizar.

Por otro lado, cobran fuerza las versiones de que se buscaría algún chivo expiatorio que calme la indignación nacional. Un empresario bien informado identificó a los grandes constructores de Leonel Fernández, especificando a Víctor Díaz Rúa, el ministro de Obras Públicas que negoció varios contratos con Odebrecht. Cuando se le objetó que luciría parte de la confrontación partidaria Medina-Fernández, aludió a una compensación: tramitar el expediente de la OISOE que implica al danilista Miguel Pimentel Kareh. Esta semana el dirigente del PLD Fernando Fernández, excercano colaborador político del presidente Medina, advirtió que se buscan chivos expiatorios y proclamó que sería un error que empeoraría la situación y que todos los responsables deben responder ante la justicia.

El presidente Medina parece atravesar por su mayor turbulencia en sus dos períodos de gobierno, y esta semana tiene otro desafío, cuando la comisión senatorial que estudia sus observaciones y propuestas sobre las excepciones a la penalización del aborto rinda su informe y tengan que decidir. Necesitan dos tercios para rechazar la propuesta presidencial como hace un año, pero ahora sería un grave tropiezo político.-

Putrefacción política e impunidad en los sobornos de Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
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Por proporción poblacional, territorial y tamaño de la economía, la República Dominicana, junto con Panamá, lidera ampliamente el nivel de los sobornos internacionales por 788 millones de dólares, 92 millones en el país, admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en el mayor escándalo internacional de corrupción documentada.

Aunque la Procuraduría inició investigaciones esta semana, las implicaciones políticas de gobernantes hace temer que corran la misma suerte de los expedientes de corrupción instrumentados contra los funcionarios y dirigentes del partido oficial Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, o de los casos Sun Land y aviones Tucanos.

RD y Panamá son lideres. Ratificando evaluaciones como las del Foro Económico Mundial y Transparencia Internacional que sitúan a la República Dominicana en los más altos niveles de corrupción, en los sobornos en 12 países por 788 millones de dólares reconocidos por la constructora brasileña Odebrecht, lídera el escándalo, junto con Panamá, atendiendo a la proporción poblacional y tamaño territorial y de la economía.

Según el acuerdo de Odebrecht con las autoridades judiciales norteamericanas, esa empresa pagó en sobornos en el país 92 millones de dólares del total de 788 millones en once naciones latinoamericanas y Angola, entre el 2002 y 2014 para cerrar más de un centenar de contratos de obras. El mayor monto fue en Brasil por 349 millones de dólares, y luego en Venezuela por 98 millones, dejando al país en tercer lugar, seguido por Panamá con 59 millones de dólares.

Brasil, la mayor economía latinoamericana, con población veinte veces superior y un territorio 176 veces mayor que RD, sólo cuadruplicó su monto. Venezuela 7 por ciento más, aunque triplica en población y es 20 veces mayor en territorio. Fuera de Brasil los sobornos sumaron 439 millones de dólares, el 21 por ciento en Dominicana. Perú está sacudido por el escándalo aunque sólo recibió 29 millones de dólares, con triple población y 27 veces el territorio dominicano. Panamá es el líder del escándalo, con 59 millones de dólares, pero menos de la mitad poblacional, aunque 60% más de territorio.

El maletín de Angel Rondón. Aunque arrancó con tres semanas de retraso, compelido por la consternación nacional, el procurador general dominicano Jean Alain Rodríguez inició el martes las investigaciones, interrogando al gerente general de Odebrecht en el país, Marcelo Hofke, tras lo cual aseguró que éste identificó al representante comercial de la firma, Ángel Rondón Rijo, como el receptor de los 92 millones de dólares para sobornos, lo que negó el abogado del brasileño, quien recibió un plazo de tres días para entregar toda la información.

Desde el principio era vox populi la implicación de Rondón, denominado como “el hombre del maletín”, con amplio récord de vinculación a escándalos de corrupción, de todos los cuales ha salido libre, incluyendo las quiebras del Banco Domínico-Hispano, y de Baninter, del tráfico del Plan Renove, y su nombre aparece en los “Panamá Papers”. Sus vínculos con políticos y gobernantes se iniciaron en el gobierno de Jorge Blanco y pasaron por los sucesivos gobiernos de Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Ha conseguido contratos de diversas especies con organismos estatales.

Rondón admitió haber recibido “más o menos esa suma”, pero adujo que por comisiones de contratos. El Procurador le dio plazo de tres días para presentar comprobantes de los pagos y las cuentas bancarias, cuyo récord deberá indicar cómo se distribuyó tan alta suma, equivalente a más de 4 mil 300 millones de pesos. No se especificó si le pidieron constancia de haber pagado impuestos por esos ingresos personales, que deberían superar los mil millones de pesos. Lo que parece una buena coartada, choca con la confesión de sobornos de la Odebrecht ante la justicia norteamericana y su compromiso de pagar por eso una multa de 2,500 millones de dólares.

Una tecla muy peligrosa. Pese a la reciente gestión del procurador Rodríguez, prevalece la desconfianza, por los precedentes de grandes casos de corrupción quedados en la impunidad, aún después de sólidos expedientes del ministerio público, como los de los dirigentes del PLD Félix Bautista (por 26 mil millones de pesos) y Víctor Díaz Rúa, o el escándalo de los pagarés por 130 millones de dólares, que el expresidente de la Suprema Corte Jorge Subero admitió que se le dio una salida política y el de los aviones Tucanos.

El caso de Odebrecht es tan complejo que podría alcanzar altos niveles de los últimos gobiernos, cuyos presidentes sostuvieron relaciones directas con estamentos políticos y empresariales envueltos en la gran corrupción brasileña. Danilo Medina viajó a Brasil, como candidato en el 2011 y como presidente electo en julio del 2012. Se reunió con altos funcionarios de la Odebrecht y luego recibió al presidente Lula da Silva, bajo investigación por presunta responsabilidad en los escándalos.

Joao Santana, procesado por la corrupción de Petrobras y Odebrecht, fue asesor de las dos campañas electorales de Medina, y salió de aquí el 22 de febrero pasado reclamado por la justicia para ser apresado y procesado junto a su esposa Mónica Maura, bajo graves cargos. Las investigaciones de los periódicos brasileños revelan que recibió millones de dólares para campañas políticas que dirigió en varios países.

Esta semana el consorcio de investigación IDL Reporteros, que dirige el reputado periodista peruano Gustavo Gorriti, publicó un entramado de “Lava Jato en la República Dominicana”, mediante el cual la Odebrecht, entre 2013 y 14, realizó 16 transferencias de fondos por 3 millones 896 mil 450 dólares a la empresa Cine y Art 2013, registrada en Santo Domingo por el brasileño Marcelo Mascarenhas Kertész, vinculado al publicista Joao Santana, y con sede en el mismo local de la empresa de éste en Santo Domingo, la Polis Caribe, que ya antes había sido vinculada a otros financiamientos políticos millonarios.

La comisión Catalina. Las dimensiones del escándalo Odebrecht, con anuncios de reparaciones por los sobornos de 59 millones de dólares en Panamá, y por los 11 millones de dólares en Colombia y un adelanto de 8.9 millones de dólares en Perú, y la convocatoria de una protesta nacional pusieron presión, que en parte explicarían el decreto presidencial 6-17 que nombró a diez personalidades para investigar lo concerniente a la licitación y adjudicación del contrato a la Odebrecht para las plantas eléctricas de Punta Catalina, cuestionadas desde su ejecución en el 2013,por un comité de licitación integrado por el administrador de la CDEEE, Rubén Bichara y tres subalternos. De los otros tres integrantes, el entonces asesor económico de la presidencia Isidoro Santana y el experto energético Ramón Flores, no la avalaron.

Como presidente de la comisión apareció Monseñor Agripino Núñez Collado, miembro del consejo directivo de la constructora Estrella, socia nacional de Odebrecht en las obras físicas de las mismas plantas. Su renuncia a la empresa, no a la comisión, anunciada el viernes, no disipa el dislate ético. La comisión presidencial fue cuestionada también por haber incluido al ingeniero César Sánchez, ex administrador de la CDEEE y actual consultor de la misma, quien negoció y firmó el contrato con la Odebrecht para la presa de Pinalito en el 2004. Tampoco lució acertado incluir a Jaime Aristy, un reputado economista, pero consultor del Gobierno y a un pastor evangélico poco conocido.

Uno de los comisionados reconoció que la tarea no es cuestión de días, ni de semanas, que requiere especialistas y mucho trabajo, y que si se buscaba credibilidad, debió encargarse a una empresa de auditores internacionales.-

Muestras de desorden institucional

Por Juan Bolívar Díaz
07_08_2016 HOY_DOMINGO_070816_ Opinión9 A

Resultan tan abrumadoras las demostraciones cotidianas del desorden institucional en la mayoría de los estamentos del Estado que hay razones para encomendarnos a la Virgen de la Altagracia y sus once mil colegas con la esperanza de que ocurra algún fenómeno que produzca una catarsis colectiva y esta sociedad se vea obligada a rectificar el derrumbadero por el que deambula.

Es muy difícil que pase un día sin que se conozca un indicio del abuso, reparto y apropiación del patrimonio público, de la inoperancia de los órganos estatales, la impunidad y el cinismo con que se maneja la cosa pública, desde las más altas instancias del Estado hasta los más pequeños distritos municipales, mientras la Cámara de Cuentas sigue reclamando la declaración jurada de bienes de más de 2 mil funcionarios.

El 18 de julio, HOY revela que los ocho consejos de administración del subdividido sector eléctrico estatal cuestan al año 125 millones de pesos. El día 28 informa que durante el 2015 el Gobierno dejó de transferir al Banco Central 39,444 millones de pesos, en violación de la Ley de Recapitalización 167-07.

El viernes 5, Diario Libre informó que un mes antes de las elecciones la Cámara de Diputados abrió una licitación para la adquisición de 120 mil mosquiteros y 20 mil canastillas para bebés, por más de 29 millones de pesos. Se sabía que los diputados tienen un cofrecito mensual de “promoción social” y que además reciben asignaciones para repartos navideños, del Día de las Madres, inicio del año escolar y para las habichuelas con dulce de la Semana Santa, pero no que reparten mosquiteros y canastillas. Dos semanas antes, al despedirse de la presidencia de esa cámara, Abel Martínez reveló que deja un excedente de 986.9 millones pesos, 753,5 millones en certificados financieros, especulando en Hacienda o el Banco Central, como cualquier empresa o persona.

Resalta la abundancia de los diputados, cuando el Gobierno central programó para este año un déficit de 76 mil millones de pesos, que ya se proyecta alrededor de 120 mil millones, mientras los jueces y funcionarios de la justicia se manifiestan públicamente demandando los recursos que asigna la ley al Poder Judicial, cuando en muchos hospitales públicos no hay recursos ni para comprar gasa, ni en INAPA para reparar la mitad de sus plantas de tratamiento de aguas fuera de operación.

Durante las últimas semanas se ha evidenciado un festival de incrementos de salarios, pensiones y liquidaciones en los ayuntamientos y el viernes el Concejo de Regidores del Distrito Nacional conocería una contratación de publicidad, a 11 días de una nueva administración.

Esta semana abundaron las exhortaciones para que alcaldes y regidores no lleven armas de fuego a la instalación de las nuevas autoridades municipales el 16 de agosto, temiéndose violencia en la elección de los directivos de los Concejos de Regidores. Eso, porque los principales partidos de oposición han desestimado la vieja práctica de elegir a quien el alcalde propusiera para presidente municipal, planteando que debe imperar la mayoría.

El jueves El Nacional dio cuenta de que en los organismos estatales están despidiendo a miles de los activistas políticos empleados en la campaña electoral, y que el líder de la principal central de trabajadores pidió que dejaran de aplicar una circular administrativa que disponía el cese, en vez de reclamar suministro a los hospitales.

El gasto en nominillas se elevó de 10.9 mil millones de pesos en enero a más de 12 mil millones en febrero, marzo y abril, y se mantuvo sobre 11.6 mil millones de pesos entre mayo y julio.

Se asume tan normal el abuso de lo público que el viernes un reportaje de Diario Libre indicó que “El PRM manejará cuota de más de 6 mil millones (de pesos por año) a partir del 16 de agosto”, pero equiparando los presupuestos de los municipios que controlaría, con la asignación propia del subsidio a los partidos. Resaltaba el “poder político” que eso representa, aunque sea apenas el 1 por ciento del Presupuesto Nacional.

Todo esto es solo un muestrario del mayúsculo desorden en un país de tantas precariedades de energía, agua potable, salubridad, transporte, empleo, salarios, pensiones y seguridad ciudadana.

Por una cultura democrática

Por Juan Bolívar Díaz
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Resulta impresionante la resignación con que ciudadanos y ciudadanas de nivel educativo y responsabilidades sociales aceptan como normales, tradicionales o irremediables las prácticas políticas del abuso de lo público, de la imposición autoritaria, del engaño y la mentira, y hasta de la marrullería y el fraude. Y lo que es peor, llegan a considerar radicales a quienes luchan por una cultura democrática.

Abundan los que sólo se rebelan cuando los afectan directamente, aunque vean el crimen o el robo y la malversación de lo público, tratando de ignorar que la corrupción de arriba se refleja necesariamente en todos los estratos sociales, repercutiendo en la delincuencia y la inseguridad.

Las castas políticas se reproducen con la expropiación de los recursos que son necesarios para pagar a los guardias y policías, a los maestros, médicos, enfermeras y agrónomos, incentivados a buscarse la vida con los medios a su alcance, unos reduciendo sus jornadas y la calidad de sus servicios, otros utilizando las armas puestas a su cargo para incorporarse a bandas criminales.

Mucha gente buena se resigna a que ahora tenemos que pagar la “fiesta democrática”, que dejó un déficit fiscal de más de 50 mil millones de pesos en cinco meses, muchos de ellos contando con que no les podrán cobrar la proporción que le debía corresponder de esa deuda, más la incuantificable de varios años de precampaña y campaña electoral, sin el menor control ni rendición de cuentas.

Se cree que la cultura política del reparto en las campañas electorales, la compra directa o indirecta de conciencias y votos son irremediables, ignorando que en la mayoría de las democracias se han tejido normativas por lo menos para reducirlas, y cuando quedan al descubierto se procesan los responsables. Algunos presumen que sólo los más pobres reclaman pesos para votar, como si en importantes segmentos de las clases medias y altas no cotizaran en el altar del reparto.

Por esa resignación, que en algunos alcanza la categoría de cinismo, es que en el país hemos celebrado dos elecciones sin adaptar la legislación electoral al marco establecido en la Constitución promulgada en el 2010. Por eso llevamos dos décadas discutiendo lo que todos los países del continente han hecho para reducir el costo de la política, para transparentar lo más posible su financiamiento y evitar la depredación de lo público y la incursión del dinero lavado en la elección de los conductores nacionales.

El atraso no se justifica en el bajo nivel de la mayoría de la población, sino en la complicidad de las élites sociales, empresariales, sindicales, religiosas y comunicativas, que se lavan las manos, para seguir recibiendo las cuotas que doblegan conciencias. Son las élites las que tienen que imponer cambios y promover una nueva cultura democrática.

El Perú es otro país con altas tasas de exclusión y atrasos sociales, donde también se manifiesta la corrupción, pero los medios de comunicación y sus élites la combaten, razón por la que el año pasado hubo miles de procesados ante la justicia, y en el proceso electoral que hoy culmina allí dos candidatos presidenciales fueron eliminados por violar la ley que prohíbe la compra de conciencias y de votos. En cada período el pueblo cobra a los mandatarios que no cumplen sus compromisos, como ha ocurrido sucesivamente con Belaúnde, Alan García, Fujimori, Toledo, otra vez Alan y ahora con Humala. Los partidos de los dos últimos presidentes ni siquiera han podido llevar candidaturas presidenciales.

Es obvio que las transformaciones culturales son de largo aliento, pero para ello necesitamos más firmeza, vehemencia y decisión de todas las élites sociales, superando el autoritarismo, la subordinación, la imposición, la violencia y la corrupción que han caracterizado la gestión pública desde el origen de la República.

El Gobierno buscaría desviar la atención del escándalo Joao Santana-Odebrecht

Por Juan Bolívar Díaz
06_03_2016 HOY_DOMINGO_060316_ El País13 A

La agresión policial a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la acusación del ministro de Interior y Policía al candidato presidencial Luis Abinader de que patrocina intranquilidad carecen de sustento y buscarían desviar la atención nacional del escándalo de corrupción que envuelve a Joao Santana, el principal asesor de campaña del presidente Danilo Medina.

Lo que ha tenido características de montaje ocurrió mientras el partido de Abinader demandaba esclarecer los vínculos de Santana con el Estado dominicano y en Brasil se dictaba prisión preventiva contra el mercadólogo mientras la persecución de la corrupción incluía el allanamiento de la vivienda y la detención del expresidente Lula da Silva.

El montaje en la UASD. Desde las 6:30 de la mañana del miércoles 2 empezó a tenderse un cerco policial sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que según el profesor de filosofía y miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Juan Tomás Olivero, quien reside en la vecindad, implicó más de una veintena de vehículos policiales y más de 200 agentes, que no impidieron el ingreso de profesores, empleados y estudiantes.

Para las 10:00 de la mañana estaba anunciada una caravana vehicular hacia el Palacio Nacional para entregar un documento al presidente Medina reclamando recursos para paliar el grave déficit financiero de la institución. Lo había acordado el Consejo Universitario y el rector Iván Grullón llegó para presidir la manifestación. Estaba en el Aula Magna hablando ante una asamblea de la asociación de empleados cuando estallaron allí tres bombas lacrimógenas, una en la primera planta y dos lanzadas desde los balcones.

Serían las 11:00 cuando el Rector y los empleados salieron y se unieron al profesorado y estudiantado que ya esperaban para iniciar la caravana hacia la Casa de Gobierno. El presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores, Santiago Guillermo, relató que junto a los decanos de Economía y de Ciencias Jurídicas se adelantó a conversar con el coronel que comandaba las tropas policiales en una salida hacia la José Contreras, pero este los detuvo a distancia y sin mediar incidentes ordenó disparar una lluvia de perdigones y bombas lacrimógenas que dejarían unos siete heridos y disturbios en la zona.

No hubo desórdenes ni confrontación previa con las fuerzas policiales.

El rector Grullón diría el viernes en un comunicado que “se disponían a iniciar la caravana en un ambiente de alegría y franca camaradería”.

El ministro y el Jefe de PN. El ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, y el jefe de la PN, Nelson Peguero Paredes, asistían a las 10:00 a una misa en la Catedral por el 80 aniversario de la institución del orden, cuando recibieron una llamada telefónica y se ausentaron apresurados. A las 10:20 el vocero policial dijo a los asombrados reporteros que darían una rueda de prensa, la cual ocurrió antes de las 11:00, previa a la violencia en la UASD.

Como en la época de Balaguer, Fadul arrastró al jefe de la PN a un montaje político, responsabilizando al candidato presidencial opositor Luis Abinader y a sus asociados el diputado Juan Hubieres y Fidel Santana de patrocinar “de manera directa” actos de violencia “contra la Policía, la propiedad y contra la sociedad y la ciudadanía”.

Abundó en que “tratan de crear en el país un clima de intranquilidad que va a afectar directamente a la familia dominicana, sobre todo el orden, la tranquilidad y la protección de la ciudadanía”.

Adelantándose a lo que estaba por ocurrir, Fadul dijo tener informaciones fidedignas de los organismos de seguridad de que “ese hecho, que quiere producirse hoy, y que está siendo programado en la Universidad Autónoma, que quieren salir a las calles a producir este tipo de actos”. Con prudencia, el jefe policial se limitó a decir que la institución garantizaba el respeto al orden público.

Fadul no aportó el menor indicio que vinculara a Abinader con lo que ocurriría en la UASD, y estaba cargando contra una caravana que él mismo había autorizado, por petición del Rector Grullón, quien llegó al cargo siendo dirigente del PLD. Su asistente personal Carlos Tamayo es del comité Central del mismo, y el secretario general de la UASD, Héctor Luis Martínez, integra la Alianza Cultural que apoya la reelección presidencial.

Una denuncia en la Fiscalía. La misma mañana del miércoles, una batería de 7 abogados del PRM depositaba una denuncia ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional para que se investigue a Joao Santana sobre posible lavado de activos y sobornos y sobre sus vínculos con el Estado dominicano y el origen de los pagos por su asesoría política al presidente Medina.

Pidieron que la Fiscalía procure información con la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia y la Dirección de Análisis Estratégico de la misma para establecer si Santana y su empresa Polis Caribe SRL mantienen algún vínculo contractual con el Estado dominicano, y en caso de ser así el concepto por el cual se le ha pagado, y si guardaron las previsiones legales de contratación.

La denuncia se refiere a los informes de las autoridades judiciales brasileñas que vinculan a Santana y sus empresas con transferencias de la constructora Odebrecht, beneficiaria en el país de más de una docena de contratos de obras por varios miles de millones de dólares, incluyendo las plantas de carbón que se construyen en Punta Catalina, Baní. Citan 9 transferencias por 4.5 millones de dólares de Odebrecht a nombre de Santana y su esposa, que “fueron depositados en cuentas de la República Dominicana”.

La instancia del PRM señala que las relaciones de Santana no serían solo con el PLD, sino también con el Gobierno dominicano, “dado que el mismo cuenta con un registro de Proveedor del Estado No. 29659 de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas”.

Ya antes habían denunciado que la Polis Caribe recibió el 16 de diciembre de 2014 un pago de RD$16 millones 720,754.97 con cargo a la cuenta gubernamental 22101 por el concepto de “saldo de pago de servicios de realización y producción de comerciales publicitarios para el Gobierno de República Dominicana”.

RD en la prensa de Brasil. La asesoría de Santana a las campañas electorales del presidente Medina siguió esta semana en los medios de comunicación de Brasil. Los periódicos Folha de Sao Paulo, O Globo, con ediciones en varios estados, y Estadao han enviado reporteros a investigar sobre las plantas de carbón que el Gobierno dominicano asignó a la Odebrecht en Punta Catalina, Baní.

La periodista Claudia Trevisan, enviada a Santo Domingo por el periódico Estadao, en un reportaje titulado “Odebrecht y Santana, Todos a ver El Caribe” relata las relaciones de Medina con el expresidente Lula y la presidenta Rouseff desde su primera visita a Brasil en el 2011 (en campaña electoral) y otra en julio del 2012, antes de iniciar su Gobierno, para vincularlas a contratos con la Odebrecht.

La situación se complicó el jueves cuando una jueza le dictó prisión preventiva a Santana y su esposa “por sospechas de que recibieron dinero de compañías salpicadas por el escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras”, según la agencia española EFE, que consigna que ambos fueron “responsables de las campañas electorales de los presidentes de Brasil, Dilma Rouseff, y la República Dominicana, Danilo Medina”.

Quemados por la corrupción

 Por Juan Bolívar Díaz

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Aunque los gobernantes insistan en negarlo, por todas partes brotan las evidencias que justifican la quemazón del país en los índices de Percepción de la Corrupción que anualmente publica la muy acreditada organización Transparencia Internacional (TI), el último a finales de enero pasado.

Para vergüenza de los dominicanos, la nación apenas recibió 33 puntos sobre 100 en transparencia y combate a la corrupción, quedando en la posición 103 de 168 países evaluados, y entre los últimos diez de los 34 del continente, mejorando apenas un punto y manteniendo estancada la pésima evaluación de los años anteriores, registrada también en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

El Indice de TI se construye en base a las evaluaciones de múltiples organismos internacionales, incluyendo multilaterales como el Banco Mundial o publicaciones del prestigio de The Economic, además de encuestas y consultas a centenares de personas influyentes en los respectivos países.

Pero los que abrigan dudas sobre las evaluaciones internacionales, y no faltan quienes atribuyen tan bajas calificaciones a una conspiración, solo tienen que verificar los resultados de las encuestas nacionales más acreditadas sobre la percepción de la ciudadanía sobre la falta de transparencia y la corrupción predominantes.

La Gallup-HOY publicada esta semana ratifica que la corrupción sigue siendo un cáncer que debilita progresivamente el cuerpo social de la nación, sustrayendo una proporción considerable de los recursos que deberíamos invertir para paliar la pobreza que sufre alrededor del 40 por ciento de la población. Con la agravante de una progresiva corrosión de las instituciones gubernamentales, incluyendo la justicia, el Poder Legislativo y el municipal.

Los resultados de esa encuesta son perturbadores: El 45.7 por ciento considera que ahora hay más corrupción que antes, y otro 34.4 cree que igual, para totalizar un 80 por ciento, mientras solo el 19.2 cree que ahora es menor. Un ínfimo 0.4 por ciento no percibe corrupción. Es relevante que hasta un 32 por ciento de los que dicen simpatizar por el partido de Gobierno aprecian que hay más corrupción que antes.

Estremecedor que el 62.7 por ciento de los jóvenes considere que aumenta con el paso del tiempo.

Esas apreciaciones constituyen un total fracaso de las actuales autoridades y en especial del presidente Danilo Medina que en la pasada campaña electoral firmó, como otros candidatos, el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad presentado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, cuyas evaluaciones del mismo también lo quema. Es penoso porque este Gobierno inició estableciendo un Código de Pautas Éticas que recogió lo fundamental del protocolo. Un decreto presidencial dispuso que fuera firmado por todos los altos funcionarios. Se ignora si alguno ha cumplido, por ejemplo, la letra b de su capítulo 6, donde se comprometían a “presentar anualmente mis informes fiscales y la constancia de mis compromisos tributarios”…

Un rotundo fracaso ha sido la reformulada Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que jamás se ha preocupado por verificar el cumplimiento de las metas de transparencia, incluidas en el protocolo y en el Código de Ética. Ni siquiera ha podido lograr que más de 1,200 funcionarios cumplan con la obligación de formular su declaración jurada de bienes, acorde con la ley, y que ha reclamado tan persistentemente la presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte.

La sociedad dominicana tiene que protagonizar una rebelión contra el nivel de corrupción que percibe.

Casi $11 mil millones para un sistema político corrompido

Por Juan Bolívar Díaz
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La inequidad del sistema electoral dominicano quedó de manifiesto esta semana con el reparto muy desigual de otros $1,600 millones de pesos de los contribuyentes dominicanos para unos partidos que han desertado de los mecanismos democráticos y persisten en subordinar la Constitución y las leyes a su conveniencia coyuntural.

Presidentes de las altas cortes cazando fantasmas y evadiendo afrontar el colapso de las instituciones judiciales, que aplazan la aplicación de un mandato constitucional, otro reparto impúdico, ahora en la Liga Municipal, una nueva quemazón del país en transparencia y corrupción preocupan a una sociedad que reclama prioridades.

$10,941 millones en 18 años.

Con la entrega de $1,610,086,923 anunciada esta semana por la Junta Central Electoral (JCE), asciende a $10,941,913,714 el financiamiento que han recibido de los contribuyentes, en forma desproporcionada, básicamente los tres partidos políticos que han dominado el escenario de los últimos 18 años. El miembro de la JCE José Ángel Aquino lo había cuantificado en $9,331,826,791 desde que la ley Electoral 275-97 lo instituyera.

En reciente seminario INTEC-Participación Ciudadana, Aquino proclamó el fracaso de esa inversión pública porque “no se logró una mayor equidad en la competencia electoral, ni se evitó la influencia excesiva de grupos económicos ni del crimen organizado”. Que benefició “a un número limitado de partidos y candidatos contrariando un principio fundamental público, que es lograr un proceso electoral más equitativo y justo”.

Entre las reformas que se han venido demandando a la Ley Electoral está la de conciliar el financiamiento a los partidos con los mandatos de los artículos 211-212 de la Constitución del 2010 que responsabilizan a la JCE de garantizar “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, indicando que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad”, además señalan una transparencia y rendición de cuentas que nunca han mostrado la generalidad de los partidos.

Tremenda desigualdad.

Los tres “partidos mayoritarios” que dominan el Congreso han evadido adecuar la Ley Electoral, entre otras razones para mantener el monopolio del financiamiento público que ellos instituyeron, atribuyéndose de entrada el 80% para los que obtengan más del 5% de los votos, ésta proporción en partes iguales lo que privilegia al PRSC que en el 2012 sólo obtuvo 5.87% y que recibirá lo mismo que el PLD a quien se le computó el 37.73% y que el PRD, el cual consiguió el 42.13% de los votos.

Pero la inequidad es tremenda cuando se ve el detalle del reparto, en el que los tres tradicionales recibirán $1,288,969,538, dejando apenas $322,917,384 a los restantes 23 partidos más los 8 movimientos provinciales y municipales reconocidos. Los tres recibirán cada uno $429,356,512, aunque dos de ellos, el PRSC y el PRD han devenido en minoritarios, ya que todas las encuestas sitúan sus preferencias en menos del 5%, mientras el PRM, resultado de la división de uno de ellos, y que aparece como segunda fuerza electoral, apenas recibirá $12,563,600. Alianza País, que en algunas encuestas es tercero en preferencias, sólo obtendrá $8,372,805. Un diseño perfecto para mantener un monopolio.

Burlan Constitución y leyes.

Después de la proclama de repostulación total, los partidos dominantes siguen avasallando el ordenamiento constitucional y legal, atendiendo al reparto del Estado y la conveniencia política. Esta semana el PLD logró que el Tribunal Superior Administrativo suspendiera la ejecución del mandato del artículo 81 de la Constitución que dispone la distribución de los 178 diputados en proporción a la población provincial. La JCE sólo reubicó 8 diputados el 5 de julio pasado, igual para todos los partidos, pero afectaba al reparto oficialista de las candidaturas.

Lo grave es que el TSA tomara casi cuatro meses para dictar una medida cautelar cuya ponderación era cuestión de días, y que se plegó al advertir que no tendrá tiempo para conocer el fondo antes de las elecciones.
El otro atropello fue a la Ley 176-07 sobre los Municipios y el DN que dispone la elección por cuatro años del secretario general de la Liga Municipal Dominicana. La disputa entre aliados del PLD por ese pastel estatal que no cumple ninguna función alcanzó tales dimensiones que se resolvió limitando a un año la reelección del reformista Johnny Jones, dejando a los demás con la ilusión de que se sacarán el premio en un año.

Entre tanto, titulares del Tribunal Superior Electoral daban otro paso inconcebible, tras su reciente sentencia que reconoce a Fello Suberví como candidato a alcalde sin haberse cumplido el mandato del artículo 68 de la Ley Electoral que pone esa responsabilidad en una asamblea electora que aún no se ha producido.

Llegaron al extremo de adelantar que podrían imponer al PRM un pago por cada día que pase sin reconocer esa decisión, para lo cual tendría que producirse una nueva instancia del interesado. No se concebía que los jueces adelantaran juicio. Eso los descalifica. Y todavía una de sus integrantes, la doctora Mabel Feliz, alega que hay una campaña para desacreditarlos como si no se conociera la militancia política de cuatro de sus cinco miembros.

Desguañangue institucional. Esta semana cinco destacados juristas, incluyendo al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, diagnosticaron con abundantes indicadores el colapso del sistema judicial y proclamaron la urgente necesidad de despolitizar las cortes, cuyos gestores se dedican a cazar fantasmas y quieren reducir al enjuiciamiento de dos jueces, la denuncia de una amplia red que traficaba sentencias en los altos niveles del Poder Judicial hasta para casos graves de narcotráfico y sicariato para asesinatos.

Una jueza declaró complejo el caso del regidor de Pedro Brand que junto a un sargento policial y un exmayor integraba una banda de sicarios a los que se procesa por tres asesinatos. Fue el caso que llevó a la justicia a la jueza Awilda Reyes, tras recibir y devolver un soborno de 350 mil pesos. Resuena el grito de “viva la patria” que soltó el regidor Ericson de los Santos en el tribunal. Un acusado que ha tenido pública solidaridad de dirigentes políticos, legisladores y alcaldes.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Liselotte Marte, volvía a denunciar que más de 1,200 funcionarios siguen sin cumplir impunemente la ley sobre declaración jurada de bienes. Mientras los presidentes de la JCE y del Tribunal Constitucional denunciaban supuestas tramas contra la patria y la memoria de su fundador.

Con el país recibiendo una nueva quemazón en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con calificación de 30 sobre 100, en la posición 103 de 167 naciones evaluadas, dirigentes de una veintena de organizaciones sociales fueron a la Cámara de Diputados a presentar una agenda de prioridades para este año, incluyendo los proyectos de código penal, del régimen electoral y de ley de partidos y muchos otros de los que la partidocracia corrompida está divorciada.-

Asoma otra campaña electoral de inequidades e iniquidades

Por Juan Bolívar Díaz

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Los primeros acordes de la campaña electoral a cinco meses de las elecciones generales, configuran un proceso de inequidades con el Presidente de la República encabezando caravanas en un festival de reparto y con proclamas de que la oposición no tiene dinero para competir con ellos, por lo que deben recoger y dedicarse a otra cosa.

El derroche de recursos se convierte en iniquidad con el reparto de dinero, vestuario, combustibles, bebidas y comidas en orgías que terminan en peleas a palos entre los que se arrastran detrás de los demostraciones de fuerza que buscan ratificar la imagen de invencibilidad de quienes acaparan y utilizan todos los poderes y estamentos del Estado.

Apabullantes demostraciones. Lo que ocurrió el primer fin de semana de diciembre en la urbe capitalina y en San Cristóbal fue un descomunal derroche de recursos con virtual ocupación de las ciudades y repartos clientelares que justificaban los eufóricos gritos del secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, exhortando a sus pobres opositores a que recojan y se dediquen a otra cosa, porque no tienen nada que buscar en las elecciones de mayo próximo.

Fue la forma en que se proclamaron las candidaturas a la reelección como senadores de Pared Pérez en el Distrito Nacional y de Cristina Lizardo para la provincia de Santo Domingo, al igual que los actuales alcaldes Roberto Salcedo y Juan de los Santos. Lizardo, quien preside el Senado de la República, no se ruborizó al proclamar que “la oposición no tiene dinero ni fórmula para competir”.

La inequidad no solo beneficia al partido, sino también a ella y a Pared, que como senadores reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, los llamados barrilitos que suman 10 millones 800 mil pesos anuales, que en 6 años de este período legislativo, son 64 millones 800 mil pesos cada uno para repartir. La asignación a los diputados es menor, (por eso les llaman cofrecitos), 50 mil pesos mensuales, aunque a discreción pueden optar por cientos de miles de pesos más por año y adicionalmente a asignaciones especiales para repartos en Navidad, Semana Santa, Día de las Madres e inicio del año escolar.

La repostulación total de los 31 senadores y 100 diputados del PLD les garantiza una enorme ventaja por concepto de las asignaciones para asistencia social (“barrilitos y cofrecitos”) que seguirán recibiendo aún en los meses de la campaña electoral formal, mientras sus competidores, si merecen el título, no habrán recibido ni un peso del Estado.

Fiestas, palos y tiros. La fiesta del sábado en la urbe capitalina fue apabullante, con ocupación de calles y barrios, que impidieron las actividades normales. Una boda programada para las 5:00 de la tarde en la iglesia Las Mercedes solo pudo celebrarse a las 8:00 de la noche, con los pocos que pudieron llegar. El PLD montó decenas de plataformas en los diferentes sectores de la gran urbe, con espectáculos de animación y reparto de dinero, ropa, comidas, y bebidas. Una joven mujer mostró ante cámaras de televisión la ropa que vestía y dijo que también le dieron dinero, pero sonriente aclaró que no asistiría al espectáculo.

La proclama del candidato a senador por San Cristóbal Tommy Galán implicó el cierre por tres días de la principal avenida convertida en jolgorio de reparto de comestibles y bebidas, así como sobrecitos con su foto y billetes de 200 pesos.
Hubo pelea a palos y puños que la seguridad dispersó con disparos al aire. Allá también fue Danilo Medina.

Con tan auspicioso respaldo no fue sorprendente que el director regional de educación del distrito 04, San Cristóbal, Darío Campusano, emitiera el 2 de diciembre la circular 316-15, convocando a “todo el personal administrativo, de apoyo y de vigilancia de los centros educativos a una importante reunión con la presencia del senador provincial, licenciado Tommy Galán, donde trataremos varios temas de interés”, el martes 8 en el Campo Club San Cristóbal a las 4:30 de la tarde. Varios cientos asistieron a la junta, según comprobaron reporteros, a quienes se dijo que se trataba de un “aguinaldo navideño”.

Esos derroches fueron reproducción de anteriores en diversas provincias. En Nagua y Azua la ocupación se ejecutó con decenas de yipetas, autobuses y minibuses que transportaron activistas de otras ciudades e invadían hasta los carriles de circulación contraria en las carreteras, obligando a los otros automovilistas a echarse fuera de las vías.

Sin esperanza de controles. La legislación electoral dominicana es señalada como la más atrasada del continente en preceptos para garantizar la equidad democrática en las elecciones. Desde hace 17 años se ha consensuado una Ley de Partidos, pero se evade materializarla.

En la campaña del 2012, los candidatos firmaron un pacto para aprobarla ese mismo año. Tampoco han podido adaptar la legislación electoral a los preceptos de la Constitución promulgada en 2010, aunque en el 2011 la JCE sometió sendos proyectos.

La JCE pretexta la falta de esas legislaciones para no establecer límites, ignorando que el artículo 211 de la Constitución le confiere “la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. Y el 212 especifica: la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Recientemente la JCE argumentó que la ley solo le faculta a adoptar medidas moderadoras en el período de la campaña que se inicia con la proclama oficial, razón por la que su miembro Eddy Olivares reclamó que la adelantaran a diciembre, acorde con la ley, sin que se haya decidido.

La Ley Electoral faculta. La Ley Electoral vigente tiene previsiones para la equidad, como lo resaltó esta semana el doctor José Ángel Aquino, miembro titular de la JCE, en una tertulia auspiciada por la Fundación Ebert. Él y Olivares han abogado por acciones moderadoras, pero allí se impone de forma mecánica una mayoría de tres encabezada por su presidente Roberto Rosario, quien pasó del Comité Central del PLD a “juez electoral”.

Aquino citó el artículo 6 de la Ley 275-97, que facultan a la JCE a adoptar “cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral” y fiscalizar que las decisiones de los partidos sean acordes a la ley, reglamentos y estatutos, y “Disponer las medidas que considere apropiadas para asegurar el libre ejercicio de los derechos de tránsito, libre reunión, igualdad de acceso a los medios de comunicación, tanto estatales como privados”…

Señaló también los artículos 45 y 47 de la Ley Electoral que “luego de establecer una serie de prohibiciones a los partidos políticos y a sus dirigentes en relación con el erario, señala taxativamente que la Junta Central Electoral tendrá facultad para anular cualquier operación de la cual tenga conocimiento e incautar provisionalmente o tomar cualquier medida cautelar con el auxilio de la fuerza pública respecto a cualquier bien, o para hacer cesar de inmediato cualquier uso indebido de los recursos y medios del Estado”.

En total desigualdad

Solo el abuso de los recursos del Estado puede explicar el derroche de los peledeístas, cuyos precandidatos han agotado dos y tres años de campaña. En Santiago inundaron la ciudad de tal forma que organizaciones sociales lograron que un tribunal dispusiera el desmantelamiento de cientos de vallas y afiches. Cada uno con cientos de activistas contratados o empleados de organismos estatales.

La campaña reeleccionista del presidente Medina está llamada a quedarse con la mayor parte del financiamiento estatal, al incluir más de una docena de partidos aliados. Por de pronto, la suma del PLD y el PRD ya implica más del 57 por ciento de unos 1,700 millones de pesos a que ascenderá el subsidio estatal a los partidos en el 2016, el doble del 2015, por ser año de elecciones.

Por otra parte, hay que sumarle las ventajas de personal, vehículos, combustibles y dietas pagadas por los organismos estatales, y las de una inmensa red de periodistas, comentaristas, locutores y hasta “call centers de interactivos”, incorporados a las nóminas públicas. Un reporte de Edwin Ruiz publicado el 8 de diciembre por Diario Libre indica que en los primeros diez meses del año el Gobierno destinó 8,054 millones de pesos para publicidad y propaganda, viáticos, combustibles y gastos de representación. En publicidad y propaganda fueron 2,495.6 millones, 250 millones mensuales, y 8.3 millones por día. Buena proporción de esa publicidad es propaganda reeleccionista indirecta, incrementada notablemente tanto en periódicos como en radio y televisión en los últimos dos meses.

Por demás, tradicionalmente los presidentes en reelección se benefician también de una alta proporción de las contribuciones privadas. Circula en las redes una invitación a un coctel mañana lunes 14 “pro fondos de la campaña presidencial” en la residencia de un empresario y se “sugiere” una contribución individual de 2 millones de pesos, 44 mil dólares, 8 veces el tope en Estados Unidos para ese tipo de actividad presidencial.