Fuera la Corte de Derechos Humanos

Por Juan Bolívar Díaz
02_11_2014 HOY_DOMINGO_021114_ Opinión9 A

Informes confidenciales aseguran que el pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando evadir la vinculación con la última sentencia de esta que condenó deportaciones masivas y proclamó la ilegitimidad de la política de desnacionalización puesta en marcha desde el 2007 por la Junta Central Electoral y ratificada por la sentencia 168/13 que en septiembre del 2013 dejó apátridas a decenas de miles de hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.

Se trata de una chapucería jurídica, inspirada en el soberanismo nacionalista que ha rebasado el límite de pequeños grupos y se acunó en el Partido de la Liberación Dominicana, cuyo primer gobierno, del doctor Leonel Fernández, fue que vinculó el país a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1999, al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por el Congreso Nacional en 1977.

La mayoría de los jueces del Constitucional acogieron un recurso elevado hace ocho años por un grupo nacionalista, con tres votos disidentes. A las magistradas Katia Miguelina Jiménez y Ana Isabel Bonilla, que ya se habían opuesto a la sentencia 168-13, se unió ahora el doctor Hermógenes Acosta.

El 31 de agosto pasado habíamos denunciado el propósito que alentaba una mayoría del TC, contenidos por opiniones que provenían hasta del Gobierno y la Procuraduría General. También se dijo que esos jueces declararían inconstitucional la suspensión del leonino contrato para instalar equipos de rayos equis en los puertos, promovido por abogados nacionalistas, por lo que organismos de seguridad del Estado, como las Fueras Armadas y la dirección de Control del Drogas, así como la Cámara Americana de Comercio y otras entidades empresariales. ratificaron sus objeciones.

El desconocimiento de la jurisdicción de la CIDH es ridículo 15 años después del protocolo de adscripción que ha pasado por el reconocimiento de tres gobiernos, donde el Estado ha tenido que defenderse en unos cinco procesos judiciales acumulando cuatro condenas. Incluso el Gobierno propuso como jueza de esa corte a la doctora Radhys Abreu de Polanco, quien fue electa y ejerció en el período 2006-12.

La ratificación de la competencia de la CIDH fue acorde con el artículo 62.1 de la Convención que la creó, la cual especifica que ello no requiere convención especial. Fue objeto de ratificación adicional cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica del TC 137-11, cuyo décimo tercer considerando indica que “dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la regulación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Ahí están sentencias del propio TC, como las 0084-13 y la 136-13 que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”. Y el 28 de noviembre del 2012, el doctor Milton Ray Guevara, presidente del TC firmó un “Acuerdo Marco de Cooperación” con la Corte Interamericana al visitar su sede en Costa Rica.

Según el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni la denuncia de la misma o de sus organismos, elimina una sentencia ya emitida. Y si la objeción es la falta de una expresa ratificación congresual, se subsanaría con su envío al Congreso Nacional. Pero en la actual algarabía que aduce una soberanía que ya no existe en materia de tratados internacionales, especialmente de derechos humanos, se duda que el presidente Medina asuma esa responsabilidad, aunque cargará el costo.

El país está de espaldas al derecho internacional, marchitando aún más su imagen y exponiéndose a otras sanciones y a perder ayudas, condicionadas en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Guillermo Cifuentes recordó esta semana una cláusula que esta última incluye en sus tratados de cooperación: “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo”.

Se olvidó el principio de que las sentencias de los tribunales son de cumplimiento obligatorio, que tanto se aducía frente a la iniquidad de la 168/13, que tenía como última instancia la CIDH. Esta es el techo, como parte del bloque de constitucionalidad dominicano al amparo del artículo 74.3 de la Constitución de la República.

 

Cuidemos la libertad de expresión

Por Juan Bolívar Díaz
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Nunca me he situado entre los comunicadores que se creen por encima del bien y del mal, como tampoco he procurado privilegios en la vida profesional o en la social o personal. Proclamo que cada comunicador debe ser responsable de sus mensajes. Lo que no se puede sostener ante un juez, no debe comunicarse por ningún medio.

Pero a la vez siempre he militado en la defensa de la libertad de expresión, no solo como uno de los derechos humanos fundamentales, sino porque es el primer valladar a la tiranía y la opresión, como también instrumento fundamental en la lucha de los pueblos, los grupos sociales y las personas por la justicia y  el desarrollo.

Entre los periodistas dominicanos vivos tengo probablemente la más amplia experiencia en las consecuencias del ejercicio libre de la comunicación, pues sufrí la voladura con una bomba de mi automóvil, un segundo intento de asesinato, un autoexilio, una condena a dos años de cárcel y multa millonaria en un fusilamiento jurídico-político posteriormente anulado por la Suprema Corte de Justicia tras dos años de lucha, y he sido blanco de intensas campañas de ataques e intentos de descrédito.

Por eso enarbolo militantemente el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que obliga a proteger la más amplia libertad de expresión, como lo hace también la Constitución de la República y creo necesario advertir sobre los artículos 191-93 del proyecto de nuevo Código Penal aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados. El primero establece que “Constituye  difamación la imputación pública a una persona, física o moral, algo que le afecta en su honor o en su consideración, buen nombre, imagen, dignidad e integridad familiar, y se sanciona con pena de uno a dos años de prisión menor y multa de tres a seis salarios”.

El 193 amplía la pena “de dos a tres años de prisión menor y multa de siete a nueve salarios” cuando la infracción perjudique al presidente o vicepresidente, a un legislador o al Congreso  Nacional, jueces de todas las cortes, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas o alguno de sus miembros, lo mismo que de la inexistente defensoría del pueblo. También incluye a la Procuraduría General y el Ministerio Público y cualquiera de sus integrantes, a los ministros, embajadores acreditados en el país y a los gobernantes de otras naciones.

La protección no podría ser más abarcadora del estamento político y tiene el claro objetivo de intimidar y reducir la investigación y denuncias de la podredumbre que envilece la función pública en el país. Y es más grave porque hace cierto tiempo no se esconden pujos autoritarios que pretenden uniformar la sociedad dominicana.

Esta misma semana en su autodefensa del déficit fiscal, el expresidente Leonel Fernández usó los términos más ácidos al referirse a “cierta parcela de la opinión pública” que lo acusa de haber dejado el país en insostenibilidad económica. Denunció a quienes creen que un déficit fiscal por encima de la Ley de Presupuesto es un delito, calificándolas como personas con “cerebro más orientado hacia la calumnia que a la razón, a la manipulación que a la verdad, y a un alma tenebrosa corroída por bajas pasiones”, tras proclamar que la opinión pública “no puede ser manipulada de manera antojadiza, sin consecuencias”.

Observen que no habló de difamación ni injuria, sino de calumnia y manipulación. El aviso está dado, y el que no reciba el mensaje y guarde indiferencia, no tendrá derecho a quejarse cuando se vean las “consecuencias”. Hay que enfrentar con toda energía el proyecto de los diputados, que contradice la tendencia universal de las democracias a despenalizar los llamados delitos de prensa, precisamente para evitar que el látigo de los poderosos se imponga sobre la libertad de expresión.

Vale recordar que hace años el presidente Fernández creó una comisión para actualizar la legislación dominicana de las comunicaciones sociales, de la que salió un proyecto que obviamente no satisfizo sus expectativas, pues nunca lo ha enviado al Congreso. Ahora se pretende imponer otro parche, no tributario sino intimidatorio.