Consecuencias de la anomia social

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/839/460x390/0/A4C99D9C-37E1-45D8-92FE-B2DB3F0557C8.jpeg

Obliga a una seria reflexión el hecho de que 9 de los 13 beisbolistas suspendidos esta semana por las Grandes Ligas de los Estados Unidos por el uso de substancias prohibidas para aumentar su rendimiento sean dominicanos, una proporción del 69 por ciento. Desde que en el 2005 prohibieron el dopaje, 18 de los 43 sancionados son dominicanos para un promedio de 42 por ciento.

Se trata de una proporción demasiado elevada si se tiene en cuenta que los peloteros dominicanos en esas ligas han venido representado en la última década entre 8 y 10 por ciento del total, lo que pone en tela de juicio el prestigio que se habían ganado en estos años con sobresalientes actuaciones. Es obvio que la mayoría de nuestros atletas se han ganado sus lauros sin volarse las vallas normativas, pero algunos de los más relevantes están contribuyendo al desprestigio.

La cuestión está lacerando el alma de los dominicanos, que durante muchos años han compensado en el éxito beisbolero nuestra incapacidad competitiva en cuestiones fundamentales y el liderazgo negativo del país en múltiples evaluaciones, índices y barómetros internacionales.

Con lo recién ocurrido debería ser suficiente para que los jóvenes beisbolistas, los de las ligas mayores y menores, y los que llenan las academias nacionales, comprendan que ya no será posible  seguir exportando la anomia social que carcome  el alma de la sociedad dominicana. Es obvio que en Estados Unidos el que no pueda jugar limpio, quedará fuera de toda oportunidad en una actividad generadora de cientos de millones de dólares anuales para centenares de jóvenes dominicanos, en su mayoría provenientes de la exclusión social.

La reflexión tiene que ser generalizada entre los ciudadanos más responsables y en el liderazgo político y social dominicano. Todos tenemos que preguntarnos cuál es el futuro que nos espera como sociedad si desde arriba transmitimos el mensaje de que aquí la Constitución y las leyes, los reglamentos y las normas de convivencia no son para cumplirlas sino para ser burladas.

Esta sociedad está urgida de una catarsis para proscribir la idea de que se puede incurrir en cualquier delito, incluso de consecuencias sociales, con la seguridad de que quedará bajo el manto de la impunidad, si el infractor es de las élites políticas, empresariales o sociales.

Hemos de recordar una y otra vez que en el último índice de competitividad del Foro Económico Mundial la República Dominicana lidera en la posición 144 de 144 naciones en los renglones “despilfarro en gastos gubernamentales” y “favoritismo de los funcionarios públicos, y que ocupamos la posición 142 en “desvío de fondos públicos”.

 Hay que preguntarse cuál es el meta mensaje que estamos enviando a las nuevas generaciones, especialmente a ese tercio de los jóvenes dominicanos que ni estudian ni trabajan, según expresó esta semana el presidente Danilo Medina. Más aún cuando la impunidad genera una desvergonzada exhibición de la riqueza mal habida.

 El sociólogo Cándido Mercedes, un profundo analista dominicano, reaccionó al terrible escándalo de nuestros beisbolistas, indicando que “una sociedad donde las instituciones casi no funcionan, donde no hay consecuencias, con pobreza material sin institucionalidad ni valores, produce la pobreza del alma. Es la crisis existencial que nos abate y acogota nuestra sociedad, una crisis de paradigmas y líderes modélicos”.

 De manera que no seamos hipócritas atribuyendo toda la responsabilidad a esos beisbolistas. Ellos están siguiendo la partitura que le hemos enseñado. Su mayor error es no haber comprendido que nuestro desguañangue moral y ético ya no es aceptable en muchos países donde las normativas son para ser cumplidas y a quien atrapan fuera de base, queda excluido del juego.

Campeón mundial en corrupción; RD sigue cayendo en competitividad

Por Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana volvió a retroceder, esta vez 9 escalones para completar 15 en los últimos dos años, en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial correspondiente al período 2011-12 publicado el miércoles 7, con la peor caída de toda América Latina.

El país resulta campeón mundial en los indicadores de corrupción y en mala calidad de la educación en las evaluaciones de esta institución internacional con sede en Davos, Suiza, a cuyas últimas dos asambleas asistió el presidente Leonel Fernández en enero y abril pasados.

Caída contradictoria.  Los retrocesos dominicanos en el Indice de Competitividad contrastan con el crecimiento que sigue registrando la economía nacional del 7% el año pasado y proyectado para el 6% en  2011. El país encabeza el crecimiento económico latinoamericano de los últimos años, pero fue el que mayor descenso registró entre los de la región en el último año en competitividad global.

En el informe 2011-12, la República Dominicana cae 9 escalones, al pasar de la posición 101 en la anterior evaluación a la 110, entre 142 naciones evaluadas, tres más que el año pasado, cuando fueron 139. El descenso es sostenido si se tiene en cuenta que en la evaluación 2010-11 el país estaba en la posición 101, y que hace dos años estaba en la 95 y cinco años atrás en la 90.

Influye en el descenso el que cada vez la evaluación abarca a un mayor número de países, pero evidencia que el pregonado progreso nacional es bien limitado en el ámbito mundial. En la del año pasado abarcaba a 139 países y ahora a 142, crecimiento de tres que coincide con el descenso dominicano en varios renglones como los referentes a educación.

No puede pasar desapercibido que República Dominicana es líder mundial en dos renglones importantes: despilfarro en el gasto gubernamental y en desconfianza en los servicios policiales, en los que se le sitúa en el escalón 142 de igual número de naciones evaluadas. En calidad de los servicios educativos, en la tasa nacional de ahorro y en la confianza en los políticos, el país queda situado en los últimos ocho escalones mundiales.

De los 22 renglones en que peor aparece el país, entre los últimos 31 de las 142  naciones, vale resaltar una mejoría en la última evaluación en  la tasa de matrícula de la educación primaria, donde pasó del escalón 120 al 111, en la eficiencia del marco regulatorio, del 120 a 112, en el crimen organizado del 121 y al 113, en el costo de la delincuencia para las empresas del 125 al 122  y en calidad del suministro eléctrico, que ascendió de la posición 132 a la 129.

Corrupción y educación.  Los renglones en los que peor situada aparece la República Dominicana en el Indice de Competitividad  coinciden con las apreciaciones y críticas de la opinión pública y el registro de las encuestas nacionales, que el Gobierno atribuye a falsa apreciación y a un supuesto “plan mediático” para el descrédito de la actual gestión gubernamental.

El índice contiene tres renglones indicadores de corrupción gubernamental: despilfarro en el gasto gubernamental, favoritismo de los funcionarios del Gobierno y desvío de los fondos públicos. En ellos el país ocupa las posiciones 142, 141 y 140, respectivamente, lo que permite sostener que se le clasifica como campeón mundial

En la materia básica de educación, las notas que obtiene el país son de altísima reprobación: calidad de la educación primaria en la posición 140, educación en matemática y ciencias 139 y la calidad general del sistema educativo aparece en el escalón 136, lo que quiere decir que sólo 6 países de 142, tienen peor evaluación en el fundamental renglón de la educación. Una mejoría significativa se advierte en la tasa de matriculación en la educación primaria, donde el país ascendió 9 escalones del 120 al 111.

En la tasa nacional de ahorro los dominicanos quedan también con pésima evaluación, ocupando el escalón 138, es decir que sólo en 4 países se ahorra menos, lo que confirma la percepción de que hay un gran consumismo y afición a lo superfluo, al lujo y la vanidad en la población nacional, especialmente en los sectores altos y medios de la población.

Otro indicador que avala las preocupaciones actuales de la sociedad dominicana es la  confiabilidad en los servicios policiales, donde el país aparece situado en el último escalón.

Contundente evaluación.  El Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial es un golpe contundente a los que pontifican sobre el extraordinario crecimiento y mejoramiento institucional de los últimos años y avala las críticas e insatisfacciones  de la opinión pública nacional.

 Tiene la agravante de que en este caso no se le puede atribuir a intereses políticos locales ni a ningún “plan mediático”, ya que el propio presidente Leonel Fernández ha avalado ese organismo. En efecto el mandatario asistió a finales de enero pasado a la reunión anual del Foro que se celebra en Davos, Suiza. Y tres meses después, en abril, acudió a su asamblea latinoamericana que este año tuvo efecto en Río de Janeiro, Brasil.

En ambos escenarios el mandatario dominicano pronunció discursos, que no lograron impactar a los evaluadores, dados los resultados del índice publicado esta semana, aunque generalmente el doctor Fernández causa buena impresión por el tono de modernidad y la elocuencia que lo caracterizan.

Después de la República Dominicana, los latinoamericanos que tuvieron mayor retroceso en el Indice de Competitividad de este año fueron los centroamericanos: El Salvador, Guatemala y Costa Rica que, sin embargo, se mantuvieron en escalones  superiores, 91, 84 y 61 respectivamente. Nicaragua cayó dos escalones para situarse en el 114, cuatro por debajo de RD.

En el caso dominicano el retroceso es más significativo porque en general la región latinoamericana tiene mejores perspectivas de competitividad en el escenario de crisis económica internacional, resalta el informe mismo.

Los mejores renglones

Si bien el país no aparece en el primer quintil positivo en ninguno de los 111 renglones evaluados, es notable que se inscribe en 14 dentro del segundo quintil. La mejor evaluación es en fortaleza de los bancos, donde ocupa la posición 34, lo que debe ser considerado como consecuencia de las quiebras bancarias del 2003 que generaron un saneamiento de la banca nacional.

También se evalúa muy bien la colaboración entre empleadores y empleados, en el escalón 37 de los 142 países analizados. Contrario a la percepción nacional en la deuda gubernamental como porcentaje del producto bruto interno, el país ocupa la posición 41, al igual que en prevalencia de la propiedad extranjera y en el impacto de la inversión extranjera en los negocios. Otra sorpresa es en equilibrio del presupuesto gubernamental en proporción del producto bruto, ocupando el escalón 45.

Otros renglones en que la nación queda dentro del cuarenta por ciento mejor evaluada son: flexibilidad en la determinación salarial, protección al inversionista, calidad de la infraestructura del transporte aéreo, en la transparencia en la elaboración de políticas gubernamentales y en el desarrollo de clusters. También quedan bien parados los procedimientos aduanales y la calidad de la infraestructura de los muelles portuarios, que obtienen las posiciones 57 y 58 entre los 142 países evaluados.

Atendiendo a los 12 pilares que comprende la evaluación, en el que peor parado aparece el país es el referente a instituciones e institucionalidad, seguido por  salud y educación primaria, educación superior y eficiencia profesional, e innovación. En los que resulta mejor evaluado es  en eficiencia del mercado de bienes y servicios, eficiencia del mercado laboral y desarrollo del mercado financiero.

Logros y fracasos en los diez años de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

Al cumplir mañana 10 años de Gobierno, los últimos seis de forma consecutiva, el presidente Leonel Fernández se constituye en el quinto que por más tiempo ha gobernando la nación y entre ellos el más democrático pero, como ha sido tradición, con alto clientelismo y fundado en la siembra de varilla y cemento.

Se considera que la estabilidad y el crecimiento macroeconómico, la ampliación de las relaciones exteriores y la construcción de obras viales son sus mayores éxitos, pero que ha fracasado en las prioridades de educación, energía eléctrica, competitividad, seguridad pública, transparencia y combate a la corrupción y el narcotráfico.

Otro largo liderazgo.  Aunque llegó al poder con un partido que se ubicaba en la izquierda política y sin experiencia gubernativa, el doctor Leonel Fernández ha logrado construir un nuevo liderazgo nacional de esencia conservadora que se proyecta más allá del término de su tercer período de cuatro años en el 2012.

En una nación caracterizada por largos períodos de dictaduras y anarquía, Fernández comparte el récord de más duración en la presidencia con dos tiranos y dos dictadores. Rafael Leónidas Trujillo gobernó 31 años con mano de hierro, y su discípulo Joaquín Balaguer atemperó sus métodos para acumular 22 años de gestión, reinando ambos durante el siglo pasado. Y en el siglo 19 Buenaventura Báez y el tirano Ulises Heureaux gobernaron cada uno durante 14 años, el primero durante cinco períodos diferentes.

Fernández puede reclamar el mérito de haber sido el más democrático de los que más tiempo han gobernado el país, tanto en el origen de su poder, como por haber tenido que lidiar con los mecanismos de la democracia representativa y un sistema comunicativo mucho más libre y plural. Pero tentado por el recurrente providencialismo dominicano está por verse hasta qué nivel debilitará la institucionalidad democrática si cae definitivamente prisionero del continuismo y busca otra vetada reelección dentro de dos años.

Comparte con Trujillo y Balaguer la convicción de que el progreso se mide por la construcción de obras de amplia visibilidad, en desmedro de la inversión en desarrollo humano y la promoción de la competitividad y el fortalecimiento institucional,  utilizando la corrupción y el reparto de los bienes públicos como mecanismos políticos, con la ventaja de un discurso que pregona la modernidad con buena aceptación.

Las grandes debilidades. La mayor crítica a la gestión de diez años del presidente Fernández es su pobre escala de prioridades, que no haya cumplido la ley, consenso nacional y compromiso  propio reiterado de priorizar la inversión en educación como fundamento del desarrollo nacional, adhiriéndose a la política tradicional de siembra de cemento que se puede exhibir y genera tráficos y comisiones en beneficio de áulicos que lo proclaman imprescindible. En su segundo período de Gobierno (2004-08) con tres reformas tributarias elevó los ingresos fiscales en 150%, pero no pudo sacar al país de los últimos escalones mundiales en la inversión en educación, salud y vivienda.

El florecimiento de la corrupción en todas sus expresiones, con contrataciones escandalosas como las de la Sun Land, y el enriquecimiento de muchos de sus altos funcionarios en una gestión poco transparente y de escasa rendición de cuentas es de las grandes debilidades atribuidas a un líder que rinde culto a la sociedad del conocimiento y a las tecnologías de la comunicación.

La continuidad del desastre del servicio energético es otra de las grandes deficiencias que se cargan al régimen de una década, dada su contradicción con la modernidad pregonada y el peso que tiene en la persistente incapacidad competitiva de los productores nacionales, justo en el período en que la nación se insertó en la globalización con los tratados de libre comercio con Centroamérica, Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente los dos primeros que han elevado el déficit comercial de 70 a 317 millones y de 65 a 1,900 millones de dólares, respectivamente.

El auge del narcotráfico y la criminalidad en todas sus expresiones, que han invadido hasta los altos mandos de los organismos de seguridad, con repetidos escándalos es otro de los factores que han restado méritos a la gestión del doctor Fernández, a quien se le acusa de mostrar más interés en mediar en conflictos internacionales que en afrontar  las lacras que multiplican la inseguridad ciudadana.

Las bases del liderazgo. El liderazgo del presidente Fernández, ya con características mesiánicas, se ha fundado en una extraordinaria expansión del gasto, con repetidos déficits fiscales -a pesar de un gran incremento de los ingresos ordinarios- que se han conjurado con un costoso financiamiento que elevó la deuda del Estado en más de un 100% cuando pasó de 8,953 millones en 2004 a 18,613 millones de dólares al final de 2009. Al término de este año alcanzará los US$20,000 millones, equivalentes al 41.4% del PBI, según cálculos del reputado economista Carlos Despradel. La carga de la deuda ya representa 43% de los ingresos fiscales.

La ampliación de la nómina estatal, que alcanza medio millón de empleados, con un incremento del empleo público del 24% versus 8% en el privado en la última década, y con salarios y beneficios que en los altos niveles compiten con los de las grandes empresas, es otro de los fundamentos del régimen.

A eso hay que sumar los programas para mantener bajo control la pobreza que ya benefician a por lo menos 1,441,888 personas, incluyendo el subsidio al gas propano, aparte de la proliferación de nominillas y repartos en casi todos los órganos estatales para mantener satisfecha a una cada vez mayor proporción de activistas políticos.

La desarticulación social ha sido promovida incorporando líderes comunales, militantes de diversos partidos, artistas, periodistas e intelectuales a los beneficios estatales, al tiempo que se negocia directamente con grupos empresariales, particularmente algunos emergentes, que obtienen amplios beneficios de la expansión del gasto, las crecientes importaciones que cada año amplían los déficits  comercial y de la cuenta corriente de la balanza de pagos.

Pese a todos los factores adversos, agravados por la crisis económica internacional, el presidente Fernández llega a su década de Gobierno con bastante aceptación, que en parte se explica por la debilidad del liderazgo de oposición, pero con crecientes reclamos de un nuevo modelo económico que privilegie la competitividad productiva y las exportaciones, la austeridad y las prioridades en la inversión.

Algunos analistas creen que se le está acabando la pista del endeudamiento y la expansión del gasto y que afrontará serias dificultades económicas, institucionales y políticas si además despega definitivamente el avión del continuismo despreciando su propia y flamante Constitución antes de que termine de entrar en vigencia.

Los mayores logros

La opinión generalizada otorga a Fernández como mayor logro el haber mantenido un crecimiento macroeconómico apreciable, en promedio alrededor del 8%, con estabilidad cambiaria y de precios, lo que es más valorado por haber  iniciado su segundo período gubernamental tras la crisis financiera del 2003 que hundió la economía nacional.

También se le reconoce, especialmente en su primer período,  una cierta modernización de la administración pública que ha incluido reformas institucionales, aunque a menudo han sido dejadas en el papel subordinadas al interés político coyuntural. Comenzó rescatando la dignidad de los servidores públicos, relegados por sus antecesores, para lo cual hubo de elevar considerablemente los salarios, pero se acostumbró a un nivel de gasto corriente que supera el 75% del presupuesto nacional.

La inserción del país en el ámbito de las relaciones internacionales con la ampliación de vínculos hacia el mundo árabe y africano forma parte también de los haberes que muy pocos le discuten, aunque se le objeta su afición a la pasarela de los jefes de Estado, al ritmo de un viaje internacional por mes en los últimos seis años.

El doctor Fernández es el gobernante dominicano que más consultas, seminarios  y diálogos ha patrocinado y el más adicto a las consultorías, hasta constituir una inmensa biblioteca de estudios y resoluciones, pocas de ellas traducidas a realidades. Ello, junto a su amplia cultura política, elocuencia discursiva, carisma, carácter apacible y tolerante le han proyectado una imagen positiva y le han permitido afianzar un fuerte liderazgo.

Al término de su tercer período, dentro de dos años, dejará también una obra material apreciable, especialmente en infraestructura vial, casi dos líneas de un Metro construido con escasa transparencia y a contrapelo de la opinión pública, elevados y túneles que han cambiado la configuración de la ciudad capital aunque están lejos de haber mejorado su circulación vehicular y de haber tomado en cuenta a los peatones.

 

Contemplan rescatar la concertación social

Por Juan Bolívar Díaz

La decisión del Gobierno de elevar la carga impositiva, aun a costa de los sectores productivos, ha generado una fuerte preocupación en ámbitos sociales convencidos de que el crecimiento fundado en el gasto público por vía de mayores impuestos y endeudamiento está agotado, lo que obliga a implementar un nuevo  modelo de desarrollo económico.

Algunos sectores se plantean la conveniencia de rescatar la concertación social que entre 1994 y 2003 generó el Grupo de Apoyo a la Democracia, el Foro Ciudadano y la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que dieron fuerza a la sociedad civil para motorizar reformas y contener los desbordamientos gubernamentales.

Confrontación a la vista. La decisión gubernamental de indexar la inflación de los últimos tres años en los impuestos a los combustibles y de unificar la administración, recaudación y fiscalización de los impuestos selectivos a los combustibles, suprimiendo exoneraciones, ha generado fuertes preocupaciones en los ámbitos empresariales, especialmente entre los industriales que hace tiempo vienen demandando un cambio de modelo económico que incentive la productividad y las exportaciones.

Tanto el empresariado, como la oposición política y economistas han planteado la revocación de las medidas, convencidos de que desatarán inflación y pondrán en mayores dificultades competitivas a los sectores productivos, especialmente el industrial y el turístico, además de los consumidores que tendrán que pagar más caros los combustibles, el transporte de pasajeros y de mercancías y la energía eléctrica. Y los efectos llevarían por dos vías: la indexación de los impuestos y la supresión de exoneraciones a los autogeneradores. Al turismo le tocaría también por el alza del combustible de los aviones. Aunque Bengoa se lanzó casi solo tras la búsqueda de recursos para paliar un déficit presupuestario que en la primera mitad del año supera en unos 25 mil millones de pesos los 47 mil millones que se habían contemplado como déficit para el 2010, es obvio que se trata de un proyecto de gobierno, avalado en la reunión del presidente Leonel Fernández con su equipo económico la noche del miércoles 21 en el Palacio Nacional.

El lunes de esta semana Bengoa pronunció un discurso por una cadena estatal de televisoras y posteriormente salieron en su auxilio los ministros de Economía e Industria y Comercio, así como el vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, mientras el primer mandatario, como ya es habitual, guarda silencio. Ello dio margen para que el liderazgo empresarial apelara a él y consiguiera que se anunciara una “reunión de concertación” el lunes próximo, a lo que contribuyeron pronunciamientos del Asesor Industrial del Poder Ejecutivo Antonio Isa Conde y del mediador eclesiástico Agripino Núñez Collado.

Más allá de lo anunciado.  Pero por encima de lo anunciado hasta ahora, lo que más preocupa a los empresarios es el discurso contra los incentivos a la producción que enarbola el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, como punta de lanza de una línea gubernamental que promueve la captación de recursos a cualquier precio con tal de mantener niveles insostenibles de gastos.

Un influyente dirigente empresarial explicaba el viernes que está en juego un problema estratégico y de poderes, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene en suspenso el acuerdo con el Gobierno dominicano, a consecuencia del desbordamiento del gasto durante la reciente campaña electoral.

Como no concibe la austeridad y está en una desenfrenada carrera por construir otra línea del Metro sin claro financiamiento ni transparencia, agotado el límite de financiamiento, no tiene otra opción que recurrir a los impuestos.

Esa línea de acción conduce a la supresión de incentivos a los  sectores productivos, incluyendo algunos de los instituidos en la “Ley de Proindustria”, la 392-07, que formó parte del Plan Nacional de Competitividad iniciado en marzo del 2007 como fruto de las negociaciones del empresariado con el Gobierno que viabilizaron la última reforma tributaria de finales del 2006. Esa concertación arrojó también una “Ley de Austeridad” promulgada el 28 de diciembre del 2006, que el Gobierno ignoró por completo.

El asesor Isa Conde llegó a decir la semana pasada que “Bengoa apuesta a subir las tasas, y nosotros a incrementar el producto” (semanario Clave del jueves 22) y esta semana varios medios recogieron su afirmación de que la modificación de la Ley de Proindustria “es un monumento a la mediocridad” y “un negocio de capar perros” ya que a su juicio no aumentará las recaudaciones.

La oposición a las medidas anunciadas se alimenta también de la convicción de que son apenas el inicio de una ofensiva, porque el déficit gubernamental demanda mucho mayores recursos, que incluirían extensión del ITBIS a productos y servicios de primera necesidad y supresión de incentivos y subsidios a la producción, que están en el discurso del FMI para los países en desarrollo, no para Estados Unidos y la Unión Europea, donde se mantienen altos subsidios y políticas proteccionistas para sectores productivos.

Poder político desbordado.  En sectores empresariales y sociales crece la convicción de que el poder político se ha desbordado en la última década mediante el incremento del gasto corriente y los subsidios improductivos de corte clientelistas que ya alcanzan a cerca de millón y medio de personas, además del aumento de una burocracia con salarios e incentivos que superan a los de la mayor parte del sector privado.

El presidente de la Asociación de Industrias, Manuel Díez Cabral, se quejó el 30 de junio de que mientras el empleo en la industria manufacturera caía en la última década un 23 por ciento, en la administración pública aumentaba un 24 por ciento. Los niveles de incremento del gasto corriente no se han detenido ni en los momentos más críticos de la crisis económica de los últimos dos años.

Entre abril del 2009 y el mismo mes del 2010 la nómina gubernamental creció en 23 mil 766 personas para un 15 por ciento. En el primer semestre de este año se elevó en 4.5 por ciento, según la encuesta del mercado de trabajo del Banco Central citada el jueves por Edwin Ruiz en el semanario Clave.

Un factor que dificulta que asomen planes de austeridad en el Gobierno es el desbordamiento del liderazgo del presidente Fernández y la predominancia política de su partido, apoyada con el gasto gubernamental que en las dos últimas elecciones ha implicado graves déficits fiscales.

Cuando ya se promueve abiertamente la continuidad del mandatario pese a los límites establecidos en la Constitución promulgada hace apenas seis meses, luce más incierto el tránsito por la austeridad que se han impuesto las naciones europeas.

Como el Gobierno no puede prescindir del acuerdo con el FMI, por sus graves repercusiones en la confianza, la inversión y el crédito, ni luce dispuesto a reducir sus gastos, y como está llegando al límite del endeudamiento, se teme que apelará con fuerza al incremento impositivo, sobre todo porque el ministro de Economía, Temístocles  Montás, dijo el jueves 29 que la presión tributaria ha bajado del 16 al 13 por ciento en los últimos dos años.

Plantear nuevos impuestos le está resultando difícil, ya que en la campaña electoral los dirigentes del área económica juraron que no se contemplaba otra reforma tributaria.

Y la cuestión se tornará más crítica este mes cuando tendrán que empezar a definir el proyecto de presupuesto para el 2011, que debería estar listo en septiembre.

Vuelta a la concertación

Por esas múltiples razones y el secretismo que impera en el Gobierno, y de cara a las profundas reformas del Poder Judicial instituidas en la nueva Constitución, algunos dirigentes sociales, incluyendo empresariales, plantean la conveniencia de rescatar instrumentos de concertación de la sociedad civil como el Foro Ciudadano y más específicamente la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que tanto coadyuvó a contener los excesos continuistas del presidente Hipólito Mejía.

Las instituciones empresariales, con excepción de los Industriales de Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales, igual que las entidades sindicales, protagonizaron una virtual retirada del Foro y la Coalición, instrumentos que podrían desatar presiones para contener el poder peledeísta en el Consejo Nacional de la Magistratura que en pocos meses deberá reestructurar la Suprema Corte de Justicia y constituir los nuevos tribunales Constitucional y Superior Electoral. El Congreso, bajo absoluto control del partido gobernante, también está llamado a escoger una nueva Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Los escenarios de concertación fueron debilitados por una política gubernamental de cooptación de cuadros dirigenciales abajo y en el medio, mientras arriba se repartían contratos y favores gubernamentales. Casi todo el liderazgo sindical y gran parte del popular, sectores intelectuales, dirigentes feministas y comunicadores fueron incorporados a la elástica nómina estatal. El resultado ha sido una gran desarticulación.

Lo relevante es que dirigentes empresariales que habían abandonado los escenarios de concertación social comienzan a darse cuenta de que hay que reconstituirlos como elemento de presión y contención, sobre todo teniendo en cuenta la debilidad de la oposición política partidista.