​​La escurridiza paz de los colombianos ​​​​

Por Juan Bolívar Díaz

Nuestra primera reacción televisiva, tras el rechazo del domingo 2 al acuerdo de paz firmado entre el gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fue encomendar este mundo del siglo 21 a la frecuentemente ausente divina providencia. Pues después del resultado del refrendo colombiano y del que dispuso la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sólo nos falta que las mayorías norteamericanas elijan presidente a Donald Trump el próximo mes.

La sociedad colombiana se dividió casi en dos mitades, con una diferencia ínfima del 50.2 al 48.8 por ciento. Pero suficiente para que el nuevo intento de paz en Colombia, haya quedado en la incertidumbre, generada por múltiples factores, relevantemente porque el expresidente Alvaro Uribe lo convirtió en instrumento político. La diferencia la puso con mucho el casi 70 por ciento que alcanzó el No en sus predios de Antioquia, con su capital Medellín.

El rechazo al acuerdo pactado no pudo ser más sorpresivo para todos. Ninguna encuesta lo previó, y el mundo entero lo había celebrado con anticipación y a posteriori, incluyendo el Premio Nobel de la Paz que se otorgó días después al presidente Juan Manuel Santos, el exministro de Defensa de Uribe, que conoció muy bien de la guerra y la violencia ancestral y endémica de los colombianos. Hasta las víctimas de la violencia de las FARC habían perdonado y pedido la aprobación.

Fue relevante que en las zonas donde se concentró la guerra de los últimos 52 años, donde saben lo que es la muerte atroz, el secuestro, las masacres, los desplazamientos de millones de personas, el voto por la paz resultó ampliamente mayoritario. Las grandes zonas urbanas y las clases medias, excepto los bogotanos, negaron la oportunidad a la paz.

Por insistir en recordar los 52 años de violencia de las FARC, alentada por la degeneración y las atrocidades que cometió esa guerrilla en lo que va de este siglo, se nos han olvidado las masacres de campesinos y su despojo por los terratenientes, que la originaron. El intelectual Ricardo Silva Romero ha recordado, en El País de Madrid, esa Colombia capaz de engendrar una guerrilla que dura medio siglo.

En sus memorias “Vivir para Contarla” el ilustre Gabriel García Márquez recuerda dos siglos de violencia en su país, las guerras de los mil días, más de un siglo de lucha armada, y no sólo de los marxistas, sino sobre todo y mucho antes de los liberales y conservadores. En un amplio recorrido por el “bogotazo” producido por el asesinato del líder popular liberal Jorge Eliécer Gaitán, del que fue testigo privilegiado, García Márquez sostiene que “los muertos en las calles de Bogotá, y por la represión oficial en los años siguientes, debieron ser más de un millón, además de la miseria y el exilio de tantos”. Al conservadurismo en el poder le atribuye no menos de 300 mil muertos, más que los 220 mil que se cuentan en los 52 años de la guerrilla de las FARC.

A muchos también se les ha olvidado cómo terminó la paz firmada con las mismas FARC, el M-19 y el EPL por el presidente Belisario Betancurt entre 1984 y 86, tras la que miles se acogieron a la legalidad y fundaron la Unión Patriótica (UP). Concluido el gobierno de Betancurt militares y las milicias paramilitares de los terratenientes desataron una cacería, 15 masacres y 20 atentados a los locales de la UP. En pocos años le asesinaron unos 3 mil dirigentes y militantes, y otro millar fueron desaparecidos. Le mataron 2 candidatos presidenciales, 7 congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 69 concejales.

Después de esa frustración de la paz, a finales de los 90 y principios del siglo, fue que las FARC alcanzó su máximo nivel, llegando a contar con cerca de 20 mil combatientes y controlando un territorio casi del tamaño de la República Dominicana. Y vino lo peor de los paramilitares, los “falsos positivos” del Ejército, y la degeneración de la guerrilla, aislada y obsoleta por el discurrir internacional, que dependió cada vez más del narcotráfico y la extorsión.

Quiera Dios que esta vez la paz no vuelva a escapársele a la sociedad colombiana y que pronto encuentren mecanismos para que prevalezca la vocación fraterna de sus hijos más iluminados. Con múltiples concesiones sí, como todos los tratados de paz universales.-

Una oportunidad para Colombia

Por Juan Bolívar Díaz
COLOMABIA

En este continente latinoamericano de tantas ignominias y violencia institucionalizada, no hay un país que merezca más una oportunidad para la paz como Colombia. No es que la guerra comenzó con el asesinato de Gaitán que generó la indignación del Bogotazo con su devastación y tres mil muertos en 1948, como se pretende. No, la guerra data del origen mismo de la gran nación y se extendió como un fantasma inextinguible a lo largo del millón 142 mil kilómetros cuadrados de montañas, selvas, llanos y acuíferos donde cabe 24 veces la República Dominicana, a través de los dos últimos siglos, como cuenta Gabriel García Márquez en sus memorias Vivir para Contarla.

No fueron los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni los del Ejército Revolucionario del Pueblo, ni el Ejército Popular de Liberación los que iniciaron la guerra. Tampoco el Ejército de Liberación Nacional, el Frente Unido de Acción Revolucionaria ni el Movimiento 19 de Abril (M-19). Todas esas y otras nomenclaturas de tendencias soviéticas, chinas, cubanas o de orientación nacionalista fueron reacciones a dos siglos de violencia institucionalizada, a la guerra de los mil días, a la masacre de las bananeras de 1928, al asesinato de Eliezer Gaitán en 1948, al exterminio y el despojo oligárquico, del ejército, de grupos paramilitares, de la dominación bipartidista de liberales y conservadores, de la corrupción sin tregua ni límites y del asesinato selectivo que se llevó a una decena de candidatos presidenciales, a cientos de dirigentes políticos y a miles de militantes de partidos y grupos que se aferraron al juego de la legalidad.

No se puede hablar superficialmente de devolver la paz a una nación que nunca la ha tenido, donde la violencia es endémica. De lo que debería escribirse es de construir la paz para los 48 millones de colombianos que viven en su país y otros dos millones dispersos por el mundo, especialmente para los millones de desplazados, exiliados internos, para los despojados de la tierra y los herederos de la violencia.

Si larga ha sido esta ignominiosa cadena de genocidios, persistente también ha sido la búsqueda de la paz, una y otra vez fallida en las últimas cuatro décadas. Ningún observador honrado puede ignorar lo ocurrido con el M-19 que, tras el acuerdo de paz y desmovilización al caer los ochenta, se constituyó en Unión Patriótica, recibió el asesinato con su candidato presidencial Carlos Pizarro en 1990, cuando era un fuerte candidato a la presidencia. La misma suerte corrieron más de cinco mil exguerrilleros y militantes que se acogieron a la ley, exterminados selectivamente por los organismos de seguridad del Estado, los paramilitares y los sicarios de toda laya.

No hay dudas que la terrible suerte corrida por el desmovilizado M-19, el mismo que ocupó la embajada dominicana el 27 de febrero de 1980, con siete de sus diez miembros de su directorio nacional asesinados, ha dificultado en extremo todos los intentos de paz posteriores, especialmente con las FARC, la mayor organización guerrillera latinoamericana de todos los tiempos, que llegó a integrar entre 12 y 15 mil combatientes y dominó territorios más grandes que el dominicano. Manuel Marulanda Vélez, el legendario Tirofijo, prefirió extinguirse en su territorio liberado a dejarse matar en campaña electoral con un tiro en la frente como Carlos Pizarro, Jaime Pardo o Bernardo Jaramillo.

Tampoco hay dudas que la FARC se institucionalizó en la violencia de todo género, llegando al paroxismo del secuestro indiscriminado (se le cuentan hasta 27 mil), del asesinato atroz y la crueldad de las ergástulas, que no perdonó ni siquiera a mujeres que enarbolaban la paz y denunciaban la corrupción y la violencia institucionalizada como Ingrid Betancurt y Piedad Córdova, humilladas hasta lo inverosímil. Perdieron hasta la capacidad para interpretar el clamor internacional por la liberación de sus rehenes.

Ahora que llevan dos años de esfuerzos constructivos de paz, que han encontrado un interlocutor tan firme y decidido como el presidente Juan Santos, la sobreviviente jefatura de la FARC no puede encontrar el menor justificativo para el secuestro del general Rubén Darío Alzate y varios acompañantes que no estaban en combate. El tiempo ha demostrado que la guerrilla no tiene posibilidad alguna de ganar la guerra. Tampoco puede ya encontrar solidaridad ni apoyo internacional significativo. Pero por encima de todo, y ahora que hasta los familiares de las víctimas lo claman y se muestran dispuestos a perdonar, Colombia merece una nueva oportunidad para la paz.

 

El continuismo es endémico en RD

Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana registra el 36 por ciento de las 14 reelecciones presidenciales ocurridas en América Latina en los últimos 40 años, duplicando a los otros siete países donde se han producido, y Joaquín Balaguer es el líder indiscutible con cuatro, con un intervalo de ocho años, seguido del peruano Alberto Fujimori, quien logró dos.

Más de un centenar de presidentes latinoamericanos se han retirado definitivamente tras cumplir sus períodos de gobierno, mientras apenas una decena logró retornar al poder tras uno o más períodos de alternabilidad.

Muy pocas reelecciones.  Cuando se pasa balance al proceso político latinoamericano de las últimas cuatro décadas se comprueba que, contrario al planteamiento nacional de que el poder no se abandona, las reelecciones presidenciales han sido mas bien excepciones que norma, y sólo República Dominicana y Brasil y Perú registran más de dos.

De dieciocho países latinoamericanos, excluyendo a Cuba, donde no ha habido comicios con más de un partido, sólo en seis se han producido reelecciones de los presidentes, ninguna de ellas en las naciones centroamericanas, donde más de 50 mandatarios se han retirado tras cumplir períodos de cuatro años de gobierno.

La República Dominicana es la líder en el reeleccionismo latinoamericano de las últimas cuatro décadas, cuando se ha fortalecido la tendencia a elegir sus gobernantes, aunque varios países, particularmente sudamericanos, pasaron por regímenes militares, el más prolongado en Chile donde se extendió por 17 años.

Joaquín Balaguer encabeza con amplia ventaja la lista de los gobernantes que han sido reelectos en esos 40 años, habiéndolo logrado en dos etapas, la primera en 1970 y 1974, y tras un intervalo de 8 años fuera del poder, nuevamente en 1990 y 1994. A esas cuatro hay que sumar la conseguida en el 2008 por el presidente Leonel Fernández, para totalizar cinco, que son el 36 por ciento de las 14 reelecciones ocurridas en la región.

Brasil y Perú son los otros países de la región donde se han registrado más de una reelección. En el primer caso por los presidentes Fernando Henrique Cardoso, que gobernó entre 1995 y 2003, y Luiz Inácio Lula da Silva, quien el año próximo concluye el período iniciado en el 2003. El peruano Alberto Fujimori es, aparte de Balaguer, el único que ha conseguido dos reelecciones consecutivas, aunque no pudo concluir su tercer mandato, habiendo gobernado del 1990 al 2001.

Los otros cinco presidentes que consiguieron una segunda elección consecutiva (una sola reelección) fueron Raúl Menem en Argentina (1989-99), Álvaro Uribe en Colombia (2002-10), Evo Morales en Bolivia (2005-15), Rafael Correa de Ecuador (2007-13) y  Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013). Este tiene en realidad tres elecciones consecutivas, porque acortó su primer período a dos años tras una nueva Constitución.

Los que regresaron.   Son apenas diez los presidentes latinoamericanos que han logrado retornar al poder entre el 1970 y el 2010, después de por lo menos un período de intervalo. El primero en lograrlo fue Juan Domingo Perón, en Argentina,  el que más tiempo tardó en volver, del 1955 en que fue derrocado al 1973, pero para morir un año después. Le siguieron los venezolanos Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quienes iniciaron sus segundos períodos en 1989 y 1994. Habían concluido sus primeras gestiones en 1979 y 1974, respectivamente.

Oscar Arias, de Costa Rica, retornó en el 2006, tras haber gobernado entre 1986 y 1990. El peruano Alan García salió del poder en 1990 para retornar en el 2006 y Daniel Ortega salió también en 1990 y volvió en el 2007. En Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue presidente entre 1993 y 97 y volvió a ser electo en el 2002, pero fue desplazado al año siguientes  por una asonada popular. Jean Bertrand Aristide y René Préval, en Haití,  también registran dos elecciones con intervalos cada uno, el primero en 1991 y 2001 y el otro en 1996 y 2006. El décimo que volvió fue Leonel Fernández, quien lo consiguió sólo 4 años después de haber salido del poder en el 2000.

Durante las cuatro décadas indicadas la República Dominicana, Colombia, Guatemala y Costa Rica son de los que más elecciones con intervalos regulares han tenido, 11 en cada caso. México y Venezuela registran menos porque sus períodos presidenciales han sido de 6 años en el primer caso, y de 5 y ahora 6 en el segundo.

Han sido muy escasos los que han fracasado en el intento de volver tras un intervalo fuera del poder. Más de un centenar se resignó a un solo período. Por ejemplo en los seis países de América Central, incluyendo a Panamá,  ha habido 53 presidentes electos y sólo Arias y Ortega se repostularon y volvieron después de haber dejado el poder.

Puro providencialismo.   El continuismo que hasta mediados del siglo pasado fue una epidemia política en América Latina, está fundado en el providencialismo. Comienza siempre proclamando imprescindible al gobernante de turno, que al principio se sonroja, luego deja correr la pelota y al final entra al juego, a menudo incentivado por temor a que su partido pierda el poder y le pasen cuenta por malversaciones y hasta crímenes.

El primer pretexto para alentar las ondas reeleccionistas es que si el mandatario se acoge a la Constitución y proclama que no se va a repostular, “lo dejan solo” y se debilita el gobierno. Eso obliga a sus partidarios a hacer el coro o por lo menos guardar discreto silencio para no caer en desgracia, mientras se prepara el escenario para la continuidad.

Cientistas sociales como Daniel Zavatto, quien ha venido múltiples veces al país, atribuyen el continuismo a las debilidades institucionales, la personalización de la política y al hiperpresidencialismo. Siempre tiene un costo institucional, democrático y hasta económico, pues se practica abusando de los recursos del Estado.

En el caso dominicano el continuismo invade todas las instituciones y los funcionarios y líderes no conciben el retiro. Don Antonio Guzmán no pudo pasar la prueba de la descompresión del poder y prefirió suicidarse. Hipólito Mejía intentó continuar en medio de una terrible crisis financiera cuando muy pocos lo veían posible, y ya está en ajetreos para retornar. Balaguer, ciego, quería volver a los 94 años, y Juan Bosch fue candidato con dificultades mentales y casi nonagenario.

Pero la renuencia al retiro supera la política y se constituye en una endemia cultural en el país. Por eso los actuales jueces de la Suprema Corte interpretaron que no se les puede aplicar la ley de carrera judicial que plantea su retiro a los 75 años, aún cuando le garantiza el 90 por ciento de su salario, como justa compensación. Tres extraordinarios directores de periódicos, Don Rafael Herrera, Germán Ornes y don Mario Álvarez, murieron en sus puestos de mando, pese a sufrir largas enfermedades. Y glorias del béisbol como Samuel Sosa y Pedro Martínez han rehuido proclamar su retiro.-

El tercero traumático

El planteamiento de que un tercer período de gobierno consecutivo es dañino se convierte en un axioma, a la luz de la historia latinoamericana. En el caso de Joaquín Balaguer desde su primera reelección en 1970 medió la fuerza militar y el abuso total del poder. Lo mismo ocurrió en 1974. Esas dos elecciones no catalogan como democráticas. Y la siguiente, en 1978, concluyó en derrota y una grave crisis política cuando intentó desconocer por la fuerza ese  resultado.

Lo mismo ocurriría en el segundo período de gobiernos balagueristas, con sus reelecciones  de 1990 y 1994, ésta última derivada en la peor crisis política nacional tras la guerra civil y la intervención norteamericana de 1965.

El caso de Alberto Fujimori en Perú es paradigmático. Logró una cómoda y fácil reelección en 1995, tras haber tenido suerte con la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y con la estabilización de la economía que había encontrado maltrecha en 1990. Para repostularse la primera vez hubo de reformar una Constitución que la prohibía, instituyendo una reelección. Para buscar una segunda reelección sustituyó tres jueces del Tribunal Constitucional para conseguir una “Ley de interpretación auténtica”, según la cual con la nueva carta magna se contaba de nuevo y por tanto podía postular para un tercer período consecutivo. Es justamente lo que postulan aquí quienes plantean que las elecciones del presidente Leonel Fernández anteriores a la Constitución proclamada en enero no cuentan para la prohibición de la reelección inmediata que postula su artículo 124, lo que, según esa “interpretación auténtica”, le permite postularse de nuevo en el 2012.

Para lograr el tercer período consecutivo, Fujimori pervirtió no sólo el Tribunal Constitucional, sino muchas otras instancias democráticas, y Vladimiro Montesinos compró políticos, comunicadores y hasta empresarios y religiosos. Se impuso a todo costo, pero la explosión de los “Vladivideos”, desató una crisis política que lo obligó a huir del Perú cuatro meses después, en noviembre del 2000. Extraditado en el 2007 cumple condenas que suman 32 años de cárcel por latrocinio, matanzas, secuestros y abuso de autoridad.