El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) ha tenido la valentía de revocar la devolución a los empleadores públicos y privados de 10 mil millones de pesos de los fondos del Seguro de Riesgos Laborales, lo que había lesionado su propio crédito y el de sus actores fundamentales, del Estado, empresariado y sindicalistas.

Como fuimos de los que cuestionamos la legalidad y la moralidad de esa expropiación, estamos en el deber de reconocer la sabiduría de la rectificación, contenida en la resolución 274-01 que deroga las 257-01 y la 260-06 de diciembre y enero pasados, las que habían ocasionado sensibles divisiones internas en las representaciones del régimen tripartito del Estado, sector privado y sindicalistas.

Aunque en los tres sectores hubo disensiones, tanto como en el mismo CNSS, se  validó un acuerdo que devolvía al gobierno tres mil 12 millones 856 mil pesos, pagaderos de inmediato, y 6 mil 982 millones 647 mil pesos a los empleadores privados acreditándolos con cargos a cuotas durante 60 meses. Parte de la representación laboral se hizo cómplice del dislate seguramente por los 60 millones de pesos que les dejarían caer como borona durante cinco años para programas de capacitación.

El mayor crédito por esta rectificación corresponde al Colegio Médico Dominicano, cuyo representante el doctor Fulgencio Severino encabezó la resistencia y denuncia de la operación, tomando la iniciativa de elevar un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo para invalidarla. Este órgano, cuya  naturaleza se supone de acción rápida, ha dado en este caso una pobre demostración de ineficiencia, ya que a casi seis meses de la petición de amparo aún no se ha pronunciado.

Mantenemos la esperanza de que, contrario a lo denunciado, el gobierno no se haya apoderado de los tres mil millones de pesos que se atribuyó, porque la experiencia y las actuales circunstancias generan temores de que puedan recuperarse.

Ahora como colofón de este deplorable conflicto debe esperarse que los órganos de la seguridad social adopten cuanto antes las medidas correspondientes para simplificar los mecanismos y elevar considerablemente los montos de las pensiones por accidentes laborales, que según una evaluación de la Dirección de Defensa de los Afiliados al sistema de seguridad social son dramáticamente pocas e  irrisorias.

Esa evaluación demostró que el monto de 202 pensiones otorgadas por discapacidad era hasta fines del año pasado de 240 pesos mensuales y que “los 779 beneficiarios de pensiones de sobrevivencias (155 viudas y 624 huérfanos) reciben pensiones de hasta RD$93.50 mensuales”, el 54 por ciento menos de mil pesos mensuales. Se trata de montos vergonzosos, indignos de un sistema de seguridad social. Con razón se han acumulado más de diez mil millones de pesos.

Como en efecto esos fondos pertenecen a los trabajadores bien podrían servir para reparar una grave deuda contraída con por lo menos 18 mil trabajadores que cotizaron durante años al Instituto Dominicano de Seguros Sociales y que esperan las pensión que en justicia les corresponden, muchos de ellos enfermos, muriéndose a plazos y en la mayor indigencia. Debemos suponer que ninguno de los sectores que integran el sistema de seguridad social se opondría a una reivindicación como esa.

Mientras tanto, hay que celebrar la rectificación dispuesta por el CNSS y felicitar a los que se mantuvieron firmes y a quienes escucharon el clamor de justicia y de respeto a la ley.