El informe de la CIDH: desafío a la concertación

Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país esta semana es contundente en un firme rechazo a la desnacionalización de millares de ciudadanos dominicanos de ascendencia extranjera dispuesta por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).

Las recomendaciones al Estado dominicano se sintetizan en la necesidad de “adoptar medidas urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su nacionalidad”, incentivando un clima de armonía, respeto a la diversidad, participación y concertación.

Firmes conclusiones. El informe preliminar de la visita de la CIDH al país concluida el viernes es preciso y contundente en los múltiples aspectos que aborda, en especial frente al conflicto de la desnacionalización: “La Comisión estima que la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”.

Sostiene que con una nueva interpretación del concepto extranjeros en tránsito el TC priva retroactivamente de su derecho a la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas que durante toda su vida habían sido consideradas dominicanas, muchas de las cuales fueron registradas por las autoridades competentes como nacionales dominicanos al nacer y a lo largo de su vida se les otorgaron otros documentos de identidad, tales como cédulas, carnets electorales y pasaportes”.

Los comisionados dicen que al visitar bateyes contactaron las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación en que viven sus habitantes y que “afecta desproporcionadamente a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, y esto guarda relación con los obstáculos que enfrentan en el acceso a sus documentos de identidad”. También sostienen que la sentencia del TC afecta a “personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza”.

La CIDH se fundamenta en el artículo 20 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que postula que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”. Citaron el numeral 3 del artículo 74 de la Constitución dominicana que señala que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Las recomendaciones. “Debido a la gravedad de las vulneraciones de derechos”, la Comisión destaca que es indispensable adoptar medidas urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su nacionalidad, hasta tanto se implemente una solución de largo plazo que ponga fin a estas situaciones”. Consigna cuatro recomendaciones específicas:

1) Debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.

2) No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquéllas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.

3) Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria.

4) Los mecanismos deben ser accesibles en términos económicos.

Finalmente, a los efectos de lograr un resultado eficaz, sería importante crear un espacio de consulta y participación de la sociedad civil y representantes de las poblaciones afectadas por la sentencia.

Desafío a la concertación. El informe no deja dudas sobre la contundencia del rechazo al genocidio civil, y sus repercusiones internacionales obligan a la búsqueda de una solución que proteja los derechos vulnerados y no extienda el sufrimiento de las víctimas, y que impida un mayor descrédito de la imagen del país. El escándalo creado sigue ganando atención de instituciones, personalidades y medios de comunicación de todo el mundo. El último en abordarlo fue The Economic, bajo el título de “Tormenta en La Hispaniola”.

El desafío es fuerte para el presidente Medina y el presidente del partido gobernante, Leonel Fernández, que han reconocido las graves implicaciones humanas derivadas de la sentencia, y también han cuestionado la legitimidad de su efecto retroactivo. Ambos están conscientes de las implicaciones internacionales y de la necesidad de evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión visitante advirtió que tiene un número de querellas presentadas por los primeros afectados que pueden llegar a la Corte.

Más allá del discurso nacionalista y soberanista que ha contaminado hasta a los presidentes de las cámaras legislativas, el Gobierno y el liderazgo de su partido tienen el desafío de buscar solución que reivindique los derechos humanos vulnerados. El pasado viernes el expresidente Fernández se reunió con los diputados de su partido. Tras una hora y media, no alcanzaron consenso pero barajaron diversas opciones legislativas.

Durante un encuentro efectuado el jueves en la Universidad Autónoma, el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, al que asistieron más de 2 mil personas, propuso a las autoridades y el liderazgo nacional “Un pacto que permita dar una solución dominicana, definitiva y respetuosa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática”, a partir del numeral 2 del artículo 18 de la Constitución proclamada en el 2010 que reconoce la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

 

Solución dominicana mediante pacto político

Por Juan Bolívar Díaz

Más allá de la pretensión de reducirla a un diferendo dominico-haitiano, en círculos políticos, sociales y jurídicos se han barajado hasta seis opciones para solucionar la crisis originada por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que despoja de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia extranjera.

Los análisis más racionales parten de la urgencia de contener el deterioro de la imagen del país en el mundo globalizado y plantean la necesidad de un pacto político que solo pueden impulsar el Gobierno y su partido para generar una “solución dominicana” al conflicto.

Retroceso en la semana. El proceso de apertura del Gobierno a una solución que evite el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos descendientes de extranjeros, en gran mayoría haitianos, sufrió un retroceso esta semana a causa de la dura posición adoptada por la Comunicad del Caribe (Caricom) con claro aliento de Haití, lo que llevó al Gobierno dominicano a suspender el diálogo bilateral iniciado con auspicios de Venezuela.

Cuando se esperaba que Caricom suavizara sus críticas por la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) y alentara la posibilidad del diálogo, pasó a la ofensiva dando un portazo a la petición dominicana de formar parte del bloque regional, con la advertencia de que actuarían contra el país en diversos escenarios internacionales. La decisión fue precedida por un discurso del presidente de Haití, Michel Martelly, que no honraba el acuerdo suscrito por su canciller la semana anterior. El resultado fue que el Gobierno dominicano optó por la retirada y llamó a consultas a su embajador, mientras las relaciones bilaterales alcanzaban su mayor tensión de las últimas dos décadas.

La radical posición de Caricom devolvió protagonismo a los núcleos ultranacionalistas y antihaitianos que integran la “Red Nacional por la Defensa de la Soberanía”, y sus voceros, que habían comenzado la semana denunciando el acuerdo del viernes 22 y advirtiendo que “podría generar una reacción desestabilizadora de la paz social” y hasta cuestionando la legitimidad de la acción del Gobierno.

Las confrontaciones bilaterales cobraron nuevo impulso, generando rumores que crearon incertidumbres en la zona fronteriza, por lo que el presidente Danilo Medina instruyó a los organismos de seguridad a actuar con moderación, mientras el ministro de las Fuerzas Armadas, almirante Sigfrido Pared Pérez, denunciaba que “sectores oscuros nacionales e internacionales” promueven conflictos.

El Comité Político del PLD. En los entornos políticos y ejecutivos de los dos mayores líderes del partido que controla ampliamente el Congreso Nacional se reconoce el daño internacional que está ocasionando la crisis al país, aislado ya del vecindario, y el que pudiera agregarse si se comienza a aplicar la sentencia. Y son conscientes de que si llega a la Corte Interamericana las posibilidades de un dictamen desfavorable son muy altas, dada su jurisprudencia del 2005 en el caso de las niñas Yean y Bosico de ascendencia haitiana.

En ambos entornos políticos se han barajado alternativas que pasarían por el Congreso Nacional, o por un decreto presidencial, pero para no cargar toda la responsabilidad de solución al primer mandatario, la balanza se inclina por el Congreso. En lo que no hay dudas es en que tendría que ser decidido por el Comité Político del PLD, entre cuyos 26 miembros habría oposición como la del doctor Euclides Gutiérrez Félix, señalado como firme partidario de aplicar la sentencia, incluso desafiando a la comunidad internacional, a la cual considera promotora de la “fusión con Haití”.

Nadie duda que una acción concertada entre Medina y Fernández se impone fácilmente tanto en su partido como el Congreso, aunque enfrentaría la resistencia de su partido aliado Fuerza Nacional Progresista, real fortaleza de los ultranacionalistas, pero cuya votación no supera el 2 por ciento en elecciones congresuales y municipales, aliado al partido gobernante, y el 0.32 por ciento del sufragio (6 mil 63 votos) la única vez que postuló para presidente, en 1990, a su líder Vincho Castillo.

En los sectores gubernamentales hay quienes postulando el “realismo político” entienden que no hay nada que hacer, porque alguna encuesta no publicitada ha arrojado una mayoría de la población en respaldo a la sentencia del TC, pero el Barómetro de las Américas recién publicó un estudio del año pasado que arrojaba una mayoría a favor de que se reconociera la nacionalidad a los hijos de indocumentados nacidos en el país, especialmente en los segmentos de mayor nivel educativo, secundario hacia arriba, donde la aprobación llegaba hasta 59 por ciento.

Al menos seis alternativas

1.- La más institucional de todas las alternativas a la desnacionalización masiva es que el propio Gobierno apele a la última instancia en materia de derechos humanos, que es la Corte Interamericana, parte del bloque de constitucionalidad dominicano, solicitándole una “opinión consultiva”, prevista en el artículo 72 de su propio reglamento y en el 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La ventaja es que aparecería como iniciativa nacional. No desconoce el TC, cuya ley orgánica reconoce la instancia internacional.

2.- Una ley del Congreso Nacional que interprete el mandato del artículo 18.2 de la nueva Constitución que reconoce la ciudadanía a todos los que la tenían al momento de su promulgación. Todavía hay múltiples leyes pendientes para dar vigencia a los postulados de esa carta magna. Los ultranacionalistas podrían objetarla ante el mismo TC, pero muy pocos creen que este desafiará un acuerdo político de las fuerzas mayoritarias que obviamente tendría respaldo unánime de la comunidad internacional. Y si la objetara todavía quedaría el recurso a la Corte Interamericana.

3.- Una reforma constitucional ad hoc del artículo 18 para reconocer que la condición de transeúnte tiene un límite de tiempo, como establecían leyes desconocidas por el TC, como la anterior de Migración y la de la Cédula de Identidad, que lo reducían a 10 y 60 días, respectivamente.

Las otras tres alternativas forman parte de una propuesta del Sistema de las Naciones Unidas, entregada al Gobierno por su representación local, que ha insistido en mantenerla hasta ahora como documento reservado. Una fuente gubernamental dijo que se fundamentan en consideraciones de la sentencia del TC y las resumió:

4.- El Poder Ejecutivo otorga por decreto la condición de residente a los padres de la señora Juliana Deguis y cualquiera en situación similar, para eliminar la transitoriedad en que se fundamentó el TC.

5.- En base a que nadie obtiene automáticamente la nacionalidad de otro país, sin un proceso que puede ser extenso y costoso, para evitar que miles de personas devengan en apátridas un decreto presidencial o una ley les reafirma la nacionalidad.

6.- Conceder, por decreto o ley, la naturalización automática de todos los afectados por la sentencia, liberándolos de trámites más allá de la presentación de sus actas de nacimiento originales. Implica la pérdida o limitación de algunos derechos reservados solo a los dominicanos de nacimiento.

La solución del conflicto de la nacionalidad permitiría a la sociedad y el Gobierno concentrar su atención en la ejecución del Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes, discutido durante dos años como mecanismo para controlar y reglamentar la inmigración, promulgada el viernes por decreto presidencial. Es una versión que supera positivamente las dos anteriores que parecían concebidas más bien para que nadie se regularizara y prosiguiera el desorden.

Es obvio que el Gobierno preferiría que todo terminara con que se aceptara que los desnacionalizados simplemente se acojan al Plan de Regularización como extranjeros, pero muchos de sus responsables saben que eso no resolverá la ignominia del despojo de la nacionalidad y dejará vivo el problema en la comunidad internacional y en la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos.

 La solución dominicana

Tal como planteó el viernes el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, la denuncia del propósito de diálogo con Haití no puede anular el reconocimiento que hizo el Gobierno de “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”.

Aunque se había aceptado el diálogo bilateral auspiciado por Venezuela, como un paso de avance, desde el principio hubo quienes señalaron que si bien Haití, como el Caricom y toda la comunidad internacional, tienen derecho a expresase en un asunto que afecta derechos fundamentales de miles de personas, en esencia la solución debe ser nacional, a no ser que se prefiera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que rechazan absolutamente los núcleos ultranacionalistas y trataría de evadir el Gobierno.

El Comité de Solidaridad abogó por “una solución dominicana al conflicto”, a partir del planteamiento del artículo 18.2 de la Constitución vigente desde enero de 2010 que reconoce la ciudadanía “a quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, así como del artículo 110 de la misma, que ratifica el principio jurídico universal de no retroactividad de la ley.

Aunque han reconocido el carácter vinculante de la sentencia y tratado de salvar la institucionalidad del TC, creado por la reforma constitucional de 2010, tanto el presidente Danilo Medina como su antecesor Leonel Fernández, quien por demás es presidente del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), han expresado reservas sobre la retroactividad del dictamen que deja sin la nacionalidad a los hijos de extranjeros indocumentados hasta el 1929 y han reconocido la necesidad de una solución humanitaria.

 

La Comisión de Derechos Humanos

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque parezca innecesario, conviene comenzar señalando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no es un organismo privado, de las no gubernamentales fruto de la iniciativa ciudadana, nacional o internacional, sino un órgano intergubernamental, de lo que se conoce como Sistema Interamericano.

También conviene advertir que la visita oficial que inicia mañana, no es la primera, sino la sexta que ese organismo realiza al país, la primera en 1961 tras la caída de la tiranía de Trujillo, después en 1963, luego en 1965 tras la guerra civil y la intervención militar norteamericana, cuando se extendió por más de un mes, siendo la más larga en su historia. Volvió en 1991 y por última vez en 1997. La de ahora tiene la particularidad de ser la más nutrida, ya que vienen 6 de sus 7 titulares y un amplio equipo ejecutivo.

Creada por los estados americanos en 1959 antecede incluso a la Convención Americana de los Derechos Humanos aprobada en 1969, aunque entró en vigencia a partir de 1978, año en que fue ratificada por el Estado dominicano. Hoy día la CIDH es un órgano fundamental de la Organización de Estados Americanos, y al igual que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, tiene régimen propio de autonomía. Ambas entidades están instituidas por la Convención Americana de Derechos Humanos.

La Comisión es un órgano consultivo de la OEA y tiene como mandato la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente y está integrada por siete miembros independientes, electos a título personal por la Asamblea General de la entidad que agrupa a 34 estados americanos.

Con sede en Washington, algunos la confunden con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, radicada en Costa Rica, ratificada por el gobierno del presidente Leonel Fernández en 1999, en virtud de lo cual sus dictámenes son vinculantes para la nación, al igual que para otros 23 países de la región que han reconocido su jurisdicción, lo que no ha hecho Estados Unidos, pero sí todos los de América Latina. Pero ambos organismos están vinculados en el propósito de proteger los derechos consagrados por la Convención Americana. De hecho la Comisión es como la procuraduría fiscal de la Corte, la que decide los casos que tienen los méritos necesarios para ser conocidos por el máximo órgano judicial de las Américas.

Con todo lo apuntado nadie debe sorprenderse de que la Comisión visite el país en medio de la grave crisis de derechos humanos determinada por la decisión administrativa de la Junta Central Electoral que desde 2007 despoja de la nacionalidad a miles de dominicanos de ascendencia haitiana, agravada por la sentencia del Tribunal Constitucional que la justifica y amplía a decenas de miles de personas.

De hecho hace más de dos años que la CIDH está apoderada de instancias de 48 de las primeras víctimas de la desnacionalización, y ha realizado ya dos audiencias públicas sobre sus casos, teniendo pendiente decidir si los remite a la Corte.

No hay duda que esta visita puede ser crucial para la suerte de los dominicanos de ascendencia haitiana principalmente, condenados a constituir un guetto en la República Dominicana. Y como tal debemos saludarla, con el mismo respeto y consideración que tenemos por los órganos del Estado dominicano. Porque ella es parte del bloque de constitucionalidad nacional.

No hay que olvidar que en la reciente sesión del Consejo Permanente de la OEA que conoció la sentencia del Constitucional dominicano se anunció esta visita como un esfuerzo para abrir senderos que solucionen el conflicto partiendo del principio fundamental de que a nadie se le puede despojar de su nacionalidad, como planteó allí el Secretario general del organismo interamericano, José Miguel Insulza. Bienvenida la comisión.

Se requiere racionalidad frente al genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz

Tras una serie de errores del grupo ultranacionalista, que han acentuado el persistente rechazo de la comunidad internacional y la próxima visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aparecen indicios de que el gobierno contempla alternativas a la sentencia que dejaría sin nacionalidad a miles de personas.

El diálogo con el gobierno haitiano, impulsado por Venezuela, y un mejor manejo del proyectado Plan Nacional de Regularización de Inmigrantes abren espacio de diálogo, mientras se atribuye al expresidente Leonel Fernández preocupación por la presión internacional y el esbozo de alternativas.

La sugerencia de Venezuela. En la opinión pública no se entendió por qué una comisión de alto nivel, presidida por el Ministro de la Presidencia, tuvo que volver a Venezuela tres días después de que fuera a explicar la posición del gobierno dominicano frente a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) que despojaría de la nacionalidad a decenas de miles de dominicanos nacidos en el país descendientes de haitianos.

La explicación se conoció el jueves con el comunicado en el que el gobierno dominicano se avino a dialogar con el de Haití para “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”. Eso es ni más ni menos lo que han pedido no sólo el gobierno haitiano, sino relevantemente todos los organismos nacionales e internacionales y las naciones caribeñas.

No se puede olvidar que el grupo de 14 países agrupados en el Caricom ha radicalizado el rechazo internacional a la sentencia, tanto como condicionar el solicitado ingreso de RD a ese bloque, su retiro del Cariforo y hasta su exclusión de las facilidades del programa venezolano Petrocaribe. Aunque aquí muchos restaron importancia a la posición de los caribeños, la realidad es que son un amplio bloque de 14 naciones con peso diplomático en el sistema interamericano y en otros organismos internacionales, con los que tanto Venezuela como Cuba han contado en los últimos años.

Es obvio que Venezuela sugirió al gobierno dominicano que dialogue con Haití, a cambio de lo cual lograba el aplazamiento de una reunión del Caricom que habían convocado esta semana para plantear acciones contra el genocidio civil de los domínico-haitianos.

Fisuras en el gobierno. Desde el principio no ha habido unanimidad en el gobierno sobre la adopción sin reparos de la aplicación de la sentencia del TC, y el tremendo rechazo de la comunidad internacional y la próxima llegada de la CIDH, han acentuado las diferencias. Hasta en el entorno del presidente Medina hay quienes promueven una “solución diplomática” y plantean retomar la posición original del mandatario cuando al reunirse con un grupo de los domínico-haitianos excluidos les pidió excusas por el daño que se les ha hecho, dejó interrogantes sobre la retroactividad de la sentencia y proclamó la necesidad de buscar una “solución humanitaria”.

Incluso hay quienes no entienden por qué el mandatario no ha reivindicado sus planteamientos y ha permitido que entre sus funcionarios y los dirigentes de su partido predominara la posición de la minoría ultranacionalista que pretende un enfrentamiento con toda la comunidad internacional a nombre de una soberanía limitada por los tratados internacionales, por lo menos en materia de derechos humanos.

Los radicalismos en que ha incurrido el grupo ultranacionalista, aliado político del partido gobernante, han acentuado las fisuras en el gobierno y partidarios, donde algunos consideran que se han justificado acusaciones de actitudes fascistas con actos como los gritos de “muerte a los traidores” en manifestaciones ante el altar de la patria y en Santiago, publicación de un “album de traidores a la patria”, quema publicitada de una novela del crítico Mario Vargas Llosa, a quien llegaron al extremo de considerar agente pagado, hostilidad contra su hijo Gonzalo Vargas Llosa, representante en el país del Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes, estigmatización a las organizaciones no gubernamentales y persecución y acoso a periodistas, juristas y hasta a las dos juezas que objetaron la sentencia.

La visita de la CIDH. La visita de la CIDH fue finalmente acordada para la semana del 2 al 5 de diciembre. Se dijo que por lo menos seis de los siete titulares del organismo y su director ejecutivo constituirán la misión que sostendría reuniones con los funcionarios gubernamentales, entidades de la sociedad civil, grupos de afectados por la sentencia y con forjadores de opinión pública. Al final darían una rueda de prensa.

De acuerdo con su firme rechazo de la sentencia y lo dicho por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la misión buscaría ayudar al gobierno a abrir espacio para una solución acorde con los principios de la Declaración Americana de los Derechos Humanos, sin esperar un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por su jurisprudencia implicaría una salvaguarda de los derechos de los dominicanos de ascendencia haitiana.

La CIDH adelantó parte de su posición cuando el viernes 8 dijo públicamente que deseaba visitar el país a más tardar a principio de diciembre, antes de que se fuera a comenzar a implementar la sentencia del TC. El organismo tiene facultad para pedir a la corte una medida cautelar a favor de los afectados hasta que la Corte Interamericana conozca el caso. Por lo menos 18 afectados ya recurrieron ante la comisión desde hace dos años.

¿Mediación de Leonel?

Dos de los participantes en la reunión de casi cuatro horas que sostuvo el presidente del PLD y expresidente de la nación Leonel Fernández con sus aliados políticos el lunes 18 confirmaron que allí se discutió ampliamente la sentencia y sus consecuencias y que el líder político manifestó preocupación por el rechazo de la comunidad internacional.

El doctor Fernández habría enfatizado la necesidad de buscar alguna salida que atenúe la presión internacional “sin dejar mal parado al Tribunal Constitucional”. Esbozó la posibilidad de reconocer la nacionalidad a los 13 mil 672 domínico-haitianos que serían afectados de acuerdo al inventario relámpago que hizo la Junta Central Electoral, pero sin que se especificara una fórmula. En círculos políticos y hasta diplomáticos se ha barajado una posible mediación del líder peledeísta, quien hablando en Nueva York poco después de la sentencia, hizo reservas sobre su carácter retroactivo.

Lo primero es que no hubo unanimidad ni voluntad de los participantes para asumir la promoción de la sentencia. José González Espinosa y Rafael Peguero Méndez, del Partido de los Trabajadores Dominicanos y del Partido Popular Cristiano, incluso se manifestaron en contra de la desnacionalización de los domínico-haitianos y se quejaron de “mal manejo” de la situación. El representante de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, esbozó la posición radical de ese grupo en favor del TC, y Miguel Mejía, del Movimiento Izquierda Unida, se quejó de la ineficacia de la diplomacia dominicana para terminar sugiriendo un apoyo del bloque de partidos.

Lo del genocidio civil y la crítica evaluación del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS) de Washington, que considera que el país marcha en dirección a un régimen de partido único, consumieron gran parte de las más de tres horas y media que duró el encuentro y centraron las preocupaciones de Fernández. En ningún caso se concretó una respuesta colectiva.

Lo del Consejo de Migración

El comunicado tras la reunión el viernes del Consejo Nacional de Migración también fue expresión de prudencia gubernamental, al no pretender esta vez vincular el Plan de Regularización de Inmigrantes, que se viene discutiendo desde hace dos años, con la desnacionalización de los domínico-haitianos, como han hecho algunos.

De forma escueta se informó el plan que sería proclamado próximamente por decreto presidencial, que conllevaría una primera etapa para programar, presupuestar y organizar su implementación, y luego documentar y regular la entrada y permanencia en el país de los trabajadores inmigrantes, mayoritariamente haitianos.

La idea del plan ha tenido respaldo generalizado de organizaciones sociales, incluso las que trabajan en defensa de los derechos humanos, aunque una primera propuesta de la Dirección General de Migración fue criticada por los costos que conllevaba. Ese organismo puso en práctica su plan a partir de abril del 2012 y en año y medio sólo logró regularizar a 205 obreros. Migración comenzó cobrando 15 mil pesos sólo por emitir el carnet final, y aunque lo ha rebajado a 8 mil, aún ese y los demás costos que con- lleva lo han hecho inviable.

Organismos como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el Acnur han alentado el Plan de Regularización, comprometiendo ayuda. Pero se rumoró que no se sintieron satisfechos con que se vinculara un viejo apoyo a la circunstancia derivada de la sentencia del TC. Todas las agencias de las Naciones Unidas vinculadas han cuestionado las implicaciones de la desnacionalización masiva. Y se sabe que el PNUD propuso tres alternativas al gobierno, favoreciendo el reconocimiento de los derechos fundamentales, como el de la nacionalidad y evadiendo la apatridia, las cuales estarían siendo consideradas por el gobierno.

 

Se impone la solidaridad

Por Juan Bolívar Díaz

Desde la primera lectura a la penosa sentencia con que el Tribunal Constitucional decreta un apartheid o gueto que conformarían cientos de miles de dominicanos y dominicanas de diversas ascendencias, especialmente haitiana, consideré que terminará resolviendo a corto plazo la situación que desde hace seis años afecta a miles de personas.

El dictamen viola tantos preceptos de la Constitución dominicana, como de los códigos del derecho internacional, que no dejará espacio a la indiferencia. Toda persona con un mínimo de sensibilidad tendrá que reaccionar y muchos militarán en la solidaridad que ha comenzado a manifestarse con las víctimas de esta “limpieza étnica”, que afectaría también a descendientes de chinos, árabes, judíos y de muchas otras nacionalidades, que hace tiempo son parte de la dominicanidad.

Un cable de la agencia española Efe daba cuenta de cómo la sentencia de marras ha dividido a los dominicanos desatando amplias manifestaciones de solidaridad. Ha sido relevante que casi todos los expertos en derecho constitucional, como destacados juristas han coincidido en señalar que el dictamen viola principios constitucionales y universales fundamentales que la hacen insostenible, por lo que está destinada a ser revertida tan pronto sea dilucidada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la que está adscrito el Estado Dominicano desde que en 1978 suscribió, con aprobación congresual, la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Como esa corte es parte de la Convención, bastaba con una declaración posterior que la reconociera, por parte del Congreso o del Poder Ejecutivo, que fue lo que hizo en 1999 el presidente Leonel Fernández. Si alguien quería redundancia, se puede encontrar en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional donde se ratifica que sus decisiones quedan subordinadas a la CIDH.

Al disponer una limpieza del registro civil retroactiva al 1929 para excluir de la ciudadanía a todos los hijos de extranjeros que estuvieran indocumentados al momento en que nacieron, dando cuenta la sentencia misma que podrían ser cientos de miles, quedó desafiada la sensibilidad de quienes creen en principios fundamentales, como la irretroactividad de la ley, consagrada en el artículo 110 de nuestra Constitución, la que, por demás, en su artículo 18.2 proclama dominicanos y dominicanas a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

La inmensa mayoría de la opinión pública sensata reconoce que sería ignominioso crear un apartheid de cientos de miles de personas nacidas y con décadas de vida en el país, que no se irán para ninguna parte, ni pueden irse sin pasaporte, en base a los prejuicios y sentimientos de odio que destilan algunos defensores a ultranza de la “pureza de la dominicanidad”, ignorando que este es un país de inmigrantes, donde los colonizadores no dejaron vivo uno solo de los nativos, y que al mismo tiempo somos una nación de emigrantes que ha mandado millón y medio de sus hijos al exterior, en su inmensa mayoría sin previa autorización para permanecer en múltiples países del mundo, en algunos con una saturación que crea tensiones.

Lo bueno del dictamen del Constitucional es que despeja las dudas: Ya no es si los hijos de indocumentados que nacen ahora en el país tienen derecho a la nacionalidad, cosa que niega claramente la Constitución del 2010, sino que se pretende despojar a cientos de miles que ya la tenían.

Hay que saludar la sensibilidad mostrada por el presidente Danilo Medina ante el grito desgarrante de los jóvenes descendientes de haitianos, que son los más afectados, y esperar que no se deje enmendar la plana ni chantajear. El prestigio de la nación está en juego y es preciso enmendar el despojo antes que nos lo imponga la CIDH, cuya sentencia del 2005 a favor de dos niñas de ascendencia haitiana no deja dudas. Mientras más rápido rectifiquemos mejor, porque el escándalo seguirá expandiéndose y quedará como el mayor despojo después del que decretó Hitler contra judíos, gitanos y otras minorías, en vísperas de la mayor matanza de la historia.

 

Danilo debe frenar el genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz
Fallo TC

El camino más expedito para conjurar la el genocidio civil avalado por el Tribunal Constitucional (TC) antes que el país sufra nuevas condenas internacionales es una ley que reivindique la Constitución vigente, y reconozca la nacionalidad dominicana a todos los que la recibieron antes del 26 de enero del 2010.

Por de pronto la sentencia 168-13 del TC ya perdió la opinión pública nacional e internacional con un contundente rechazo al “tránsito de décadas” y al efecto retroactivo que viola un precepto fundamental de carácter universal, sobre todo en materia de un derecho básico como el de la nacionalidad.

244 mil serían afectados. La sentencia que desconoce a los dominicanos de ascendencia haitiana contiene en sí misma elementos que la condenan al zafacón de la historia, como el dislate de declarar en tránsito a decenas de miles de descendientes de inmigrantes de hasta 84 años y ordenar un rastreo desde 1929, lo que incluirá a los miles asesinados por la guardia trujillista en 1937, cosa que esta semana recordó BBC Mundo en un extenso reporte, y de disponer el despojo retroactivo de su nacionalidad, en violación de la Constitución de la República en su artículo 110, sino también de un principio básico del derecho internacional. El reglamento de Migración 279 de 1939 limitaba el tránsito a 10 días.

Asumiendo el antihaitianismo de grupos ultranacionalistas, a 11 de los 13 jueces del TC se les fue la mano en otros aspectos, por los cuales su dictamen ha tenido el rechazo casi absoluto de los expertos en derecho constitucional e internacional y de las ciencias sociales. Se cogieron para sí una instancia que reconocían facultad de otro tribunal, juzgaron sin escucharla a la señora Juliana Deguis Pierre que lo que les pedía era amparo y extendieron la condena a 244 mil personas que integrarían un apartheid.

La misma sentencia exagera las víctimas de la limpieza racial que dispone, cuando en su numeral 1.13 interpreta los resultados de la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes publicada en abril por la Oficina Nacional de Estadística, que estima en 458 mil los nacidos en Haití y en 244,151 sus descendientes nacidos en República Dominicana. Sin el menor rigor, igualan las dos categorías, para elevar su total a 668,145, y sostener que la recurrente señora Deguis es solo una del total “por lo que el problema que ahora nos ocupa no solo le atañe a ella, sino también a otra cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes los cuales constituyen el 6.87 por ciento de la población que habita el territorio nacional”.

Según el censo, los nacidos aquí son el 2.04 por ciento de la población nacional, y solo esos pueden equipararse a Juliana Deguis, porque como ella reclaman la nacionalidad.

La Constitución del 2010. Para negar la nacionalidad a los hijos de inmigrantes indocumentados fue que en la Constitución del 2010 se modificó lo relativo a quiénes son dominicanos, artículo 18.

En las anteriores, donde imperaba el jus soli, solo se excluía a los hijos de diplomáticos y extranjeros en tránsito. Se excluye ahora también a los hijos de quienes “residan ilegalmente en territorio dominicano”.

Como ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el tránsito debe ser por un período razonable, no por décadas, y como el artículo 110 de la Constitución declara que “la ley solo dispone y se aplica para el porvenir”, la Sentencia del TC ha sido considerada inconstitucional por casi todos los expertos constitucionalistas.

Hasta el expresidente Leonel Fernández rechazó la retroactividad esta semana en declaraciones a periodistas en Nueva York.

Según publicó el digital 7días.com, el líder peledeísta dijo que si la sentencia es de aplicación retroactiva creará un problema con personas “que han tenido la impresión de ser dominicanos y en algún momento hasta tuvieron la documentación dominicana”.
Agregó que “lo que tiene que verse… es si tiene efecto retroactivo o solamente rige para el futuro. Si se interpreta simple y llanamente como para regir en el futuro, no hay discusión…”.

Un apartheid imposible. En la globalización actual no será posible que florezca un apartheid que de entrada pudiera afectar a 244 mil personas y en el futuro a toda su descendencia. Ellos no se irán y resistirán el despojo de la nacionalidad, prefiriendo “hasta la muerte” como dijo la joven petromacorisana Altagracia Yan en una rueda de prensa esta semana.

Resulta imposible imaginar a decenas de miles de personas sin poder acceder a una identidad, a un empleo, ni a la seguridad social, sin derecho a casarse ni divorciarse, ni inscribirse en una escuela o universidad.

Las autoridades tendrían que pasar años notificando anulaciones de actas. Será impracticable también el inventario hasta 1929 buscando descendientes de inmigrantes indocumentados.

El dictamen del TC divide la sociedad dominicana, porque una proporción muy considerable, legitima el despojo, confundiendo los derechos adquiridos de los nacidos en el país con la creciente inmigración de haitianos, promovida por intereses empresariales y del mismo Estado que se garantizan un excedente de mano de obra, lo que abarata el costo del trabajo.

Cuando la Junta Central Electoral (JCE) contrató en el 2005 para automatizar todo el registro civil, se pudo comprobar que el 22 por ciento de los folios estaban deteriorados y otro porcentaje desaparecido.

Hasta 1993 se obtenía la cédula de identidad sin acta de nacimiento y el 25 por ciento de los que han dado sus datos biométricos carecían del acta, sostiene una fuente del organismo.

El presidente Medina. Se creyó que el TC tenía la llave para poner fin al genocidio civil iniciado en el 2007 por la JCE pero su dictamen avalándolo y multiplicándolo, obligará a la búsqueda de una “solución pragmática”, como la propuesta a principio de año por el doctor José Angel Aquino, titular del organismo estatal, quien llegó a presentar un proyecto de ley para reconocer la nacionalidad a unos 22 mil afectados por la resolución de la JCE a partir de 1982. Tres de los cinco miembros de la JCE lo rechazaron.

En las actuales circunstancias el presidente Danilo Medina sería el más indicado para tomar la iniciativa legislativa, tanto para evitar el apartheid como para economizar descrédito internacional, que en el exterior no podrá ser desvinculado de su gobierno. Más aún cuando su director de Migración, José Ricardo Taveras, ha llegado al extremo de alentar públicamente manifestaciones antihaitianas.

El mandatario podría motivar su proyecto aún en razones humanitarias, como borrón y cuenta nueva, reivindicando el artículo 18, numeral 2 de la Constitución que dice que “son dominicanos y dominicanas quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Haría justicia y ganaría reconocimiento, ya que esos ciudadanos no se adjudicaron un derecho, sino que les fue reconocido por el Estado cuando los inscribieron como dominicanos. Y tendría mayor legitimidad para hacer centrar la acción del Estado en limitar la inmigración actual en vez de andar mirando hacia atrás.

 

El Constitucional ignora la Corte Interamericana

Por Juan Bolívar Díaz

El Tribunal Constitucional (TC) no solo negó amparo a una ciudadana que lo solicitaba, sino que la declaró no dominicana y se fue lejos al disponer un rastreo desde el 1929 (84 años) para despojar de la nacionalidad a nacidos e inscritos en el registro civil en por lo menos tres generaciones, si sus padres eran inmigrantes ilegales.

La sentencia, objetada por dos juezas y por varios expertos constitucionalistas, choca con el dictamen del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), vinculante para el Estado Dominicano, que rechaza que quienes residan por largo tiempo en el país estén en tránsito y que la ilegalidad sea heredada por los hijos.

Una sentencia histórica.  Tal como habían adelantado dos de sus integrantes, el TC evacuó una sentencia que hará historia como un adefesio jurídico que pretende el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de personas que durante 8 décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes.

La corte conoció una solicitud de amparo de la señora Juliana Deguis Pierre, nacida en Yamasá en 1984 (hace 29 años) y declarada por sus padres haitianos, a quien desde el 2008 la Junta Central Electoral (JCE) le niega copia de su acta de nacimiento con  la que pretendía obtener la cédula de identidad, declarándola no dominicana y dejándola como muerta civil, junto a varios miles de descendientes de haitianos.

Aunque en la misma sentencia se reconoce que el caso era competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, y contrariando al menos 4 dictámenes propios en sus dos años de vigencia, el TC decidió conocer la instancia, “para garantizar el principio de economía procesal” pero sobrepasó la petición de la recurrente, no se pronunció sobre la legalidad o ilegalidad de la negativa de la copia del acta de nacimiento, y además dictaminó sobre la nacionalidad de millares de personas.

La corte reconoció implícitamente la ilegalidad de la retención del acta al disponer que la JCE emita el documento a la señora Pierre y al mismo tiempo lo remita “al tribunal correspondiente para que determine su  validez o nulidad”. Como la sentencia se fundamenta en que la recurrente es hija de “personas en tránsito”, categoría de todas las constituciones dominicanas desde 1929, ordena a la JCE realizar una auditoría  minuciosa de los libros del registro civil “para identificar e integrar en una lista documental” a todos los extranjeros desde ese año que  “se encuentran irregularmente inscritos por carecer de las condiciones instituidas por la Constitución. Ese listado deberá ser incorporado a los nuevos libros de registro de nacimiento de extranjeros”.

 Objeciones fundamentales. La sentencia fue firmada por once de los trece magistrados del Tribunal Constitucional que preside el jurista Milton Ray Guevara.  Las doctoras Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez dejaron por escrito sus objeciones en documentos de quince y treinta páginas respectivamente, donde rechazan el planteamiento fundamental de la mayoría, de que es inválido todo registro de nacimiento realizado por inmigrantes ilegales desde 1929.

Las dos magistradas se ampararon en la sentencia del 2005 emitida por la CIDH sosteniendo que son vinculantes para el Estado Dominicano. Bonilla planteó que de conformidad con los artículos 67 y 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “los estados partes reconocen que los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son definitivos e inapelables y no pueden ser impugnados o revisados en el ámbito interno”.

Tanto las dos magistradas como los expertos en derecho constitucional rebaten la interpretación que hace la sentencia de los artículos constitucionales referente a la nacionalidad. Específicamente el planteamiento de que los trabajadores inmigrantes están en tránsito, recordando que hasta la Constitución del 2010 todos los textos constitucionales establecían que todos los nacidos en territorio nacional tenían derecho a la nacionalidad, con la excepción de los hijos de diplomáticos y personas en tránsito, lo que se interpretaba como de paso, no los que legal o ilegalmente se quedan en el territorio nacional.

Han objetado la sentencia los doctores Eduardo Jorge Prats, Cristóbal Rodríguez Gómez, Olivo Rodríguez  Huerta, Luis Gómez y Ramón Antonio Veras. La han respaldado el director general de Migración, así como por el cardenal Nicolás López Rodríguez y monseñor Agripino Núñez Collado. En cambio el obispo emérito de la iglesia Episcopal, Telésforo Isaac, la ha condenado en los términos más enérgicos.

La irretroactividad de la ley.  Todavía hay mucha confusión, pero de lo que trató la sentencia no es del derecho que tienen los descendientes de haitianos u otra nacionalidad, cuyos padres sean ilegales a ser declarados como dominicanos. Eso quedó proscrito en la Constitución del 2010, que en su artículo 18 numeral 3 estableció la restricción a los residentes ilegales.

De lo que se trata es de despojar de la nacionalidad a miles de personas descendientes de haitianos que fueron inscritos en el registro civil cuando bastaba haber  nacido en el país. Muchos de ellos tienen décadas de haber sido aceptados como dominicanos. Ellos no se inscribieron, sino que fueron inscritos, y en estricto derecho no se le puede aplicar retroactivamente la exclusión a los ilegales establecida en la Constitución del 2010, ni tampoco la ley de migración del 2004.

La Constitución del 2010 en su artículo 18 numeral 2 indica que son dominicanos y dominicanas  “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”. Y el artículo 110 establece que “La ley solo dispone y se aplica para el porvenir, no tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior.

La Corte Interamericana.   En su sentencia del 2005 cuando conoció el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que el Estado se había negado a reconocer como dominicanas a pesar de que sus madres ya tenían cédula y documentación nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que fueran inscritas y compensadas por el Estado.

En su sentencia la CIDH dejó establecido que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de sus padres. Textualmente indicó que “El estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos”, y que  “La condición de nacimiento en el territorio del Estado es la única a ser demostrada para la adquisición de la nacionalidad”.

Para deshacer el alegato que equipara como persona en tránsito a todos los inmigrantes, la CIDH recordó el propio Reglamento de Migración de la República Dominicana número 279 de 1939, que fija un máximo de 10 días para considerar transeúnte por el territorio nacional a un extranjero.

El argumento de que los inmigrantes residentes por largo tiempo en el país están en tránsito es rebatido por las dos magistradas que emitieron votos disidentes. Citan que la CIDH estableció que “Para considerar a una persona como transeúnte o en tránsito, independientemente de la clasificación que se utilice, el Estado debe respetar un limite temporal razonable, y ser coherente con el hecho de que un extranjero que desarrolla vínculos en un Estado no puede ser equiparado a un transeúnte o a una persona en tránsito”. La corte estableció además que “En un sistema de jus soli, sólo hace falta el hecho de que un niño o niña haya nacido en el territorio del Estado, y que la condición migratoria de sus padres no puede ser una condición para el otorgamiento de la nacionalidad, exigir la prueba de la misma, constituye una discriminación”.

Esta sentencia deja abierta la vía para que el caso sea llevado a la CIDH, que si ya dispuso dos inscripciones con más razón dictaminará contra el despojo de la ciudadanía a miles que hasta por ocho décadas se les había otorgado, y en momentos en que en Estados Unidos se busca legalizar, con opción a la ciudadanía, a 12 millones de inmigrantes ilegales, más de cien mil de ellos dominicanos. El proceso llevará tiempo, pero mientras tanto el genocidio civil seguirá penalizando a millares de personas, aunque cada vez será más rechazado en los ámbitos de los derechos humanos al ocurrir en un país que tiene en el exterior cerca de millón y medio de emigrantes.

Serán decenas de miles

Esa auditoría será una tarea bien difícil para realizarse en un año, prorrogable a dos, y tropezará con el hecho de que muchos libros de registro están desaparecidos o dañados. Tendrán que rastrear entre más de diez millones de personas, incluyendo los nacidos después del 1929 que han fallecido. Si sólo perseguirán intrusos haitianos, la tarea es menos difícil, buscando por apellidos de origen francés o patois. Los chinos e inglés serán menos. Los españoles no podrán ser detectados sin una lectura del acta para determinar los declarantes.

Uno de los méritos de la sentencia es que confirma el estimado de unos 20 mil  afectados por la resolución de la JCE cuando en su página 39 cita un cuadro que cuantifica en 16 mil 945 los expedientes remitidos por la Dirección de Inspectoría del organismo para investigación y en 4 mil 836 los investigados y devueltos. El estimado del doctor José Ángel Aquino sólo abarcaba los nacidos después de 1984. Desde 1929 serán decenas de miles, aunque muchos habría que buscarlos en los cementerios.

En miles de casos habrá tres y hasta cuatro generaciones de personas de un mismo tronco familiar “residentes ilegales”, que constituirían un verdadero apartheid que seguiría transmitiendo la ilegalidad a sus descendientes. Tendrán que decirle que ya no son dominicanos a personas hasta de 80 años que nacieron en el país, en una aplicación retroactiva de una nueva interpretación de la Constitución.

 

Urge la suspensión del genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) volvió a conocer esta semana en Washington las denuncias contra el Estado dominicano por negarse  a expedir copias de sus actas de nacimiento a miles de nacionales de ascendencia haitiana, lo que condenó el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial.

Lo que se ha denominado como genocidio civil contra miles de personas tiene un agravante en la reciente decisión de la Junta Central Electoral, que traspasó a la Dirección de Migración 19 mil 15 expedientes de personas que ha considerado de forma retroactiva que no tenían derecho a la nacionalidad dominicana.

Otra vez en Washington

Una vez más la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sesionó en su sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, el martes 12 de marzo, para conocer una solicitud de amparo incoada por 48 de los miles de ciudadanos dominicanos a quienes desde el 2007 la Junta Central Electoral reusa expedirles copias de sus actas de nacimiento porque sus padres no tenían residencia legal cuando los declararon hace hasta más de medio siglo.

Agobiado por las críticas y condenas internacionales el Estado, en la persona del embajador dominicano ante la OEA, doctor Roberto Saladín, pidió a la CIDH que no convoque más audiencias sobre esta temática considerando que “ha sido suficientemente debatido en más de cinco oportunidades”. La última audiencia había sido el 24 de octubre del 2011. Los impetrantes constituyen una alianza de unas 35 organizaciones y grupos defensores de derechos humanos, de entidades religiosas y de personas afectadas, incluyendo instituciones de Estados Unidos y Europa.

La intervención del embajador Saladín fue contestada por Rosa María Ortiz, una paraguaya relatora de la CIDH que visitó el país en febrero, así como por el señor Felipe González, quienes expresaron que “la desnacionalización de dominicanos de ascendencia haitiana ha empeorado” y denunciaron hostigamiento a los grupos que reclaman sus derechos. Justo la noche antes de lo audiencia el padre Mario Serrano, del Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, y un grupo que hacía vigilia frente a la JCE reclamando sus actas de nacimiento, fueron detenidos una hora por la Policía,

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Las audiencias de la CIDH pretenden conciliar conflictos por ejercicio de derechos humanos. El organismo formula recomendaciones y en ocasiones llega a solicitar a los estados miembros del Sistema Interamericano la adopción de medidas cautelares hasta que un expediente sea conocido en todos los órganos judiciales nacionales, para poder traducirlo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que opera como la última instancia de los países que, como República Dominicana, han reconocido esa jurisdicción.

No habrá escapatoria

Al país le esperan múltiples condenas de organismos de derechos humanos, incluso de la Corte Interamericana cuando finalmente le llegue el expediente, por la decisión de la JCE del 2007 que prohíbe emitir copias de actas de nacimiento a ciudadanos dominicanos cuyos padres no tenían residencia legal cuando los registraron. Hace poco tiempo, de manera confidencial, un funcionario del sistema interamericano alentó a persistir en recomendar a las autoridades que rectifiquen esa práctica.

Con amplio conocimiento de causa, se refirió al hecho de que la Constitución proclamada en enero del 2010, modificó el jus solis justo para crear un nuevo marco jurídico en el que la nacionalidad pasa a ser un derecho de origen sanguíneo, no de suelo, pero especificó que “en ninguna instancia de derecho internacional se aceptará que pueda aplicarse retroactivamente”. Entre los 19 mil casos registrados hay personas con más de medio siglo de nacidas en el país, y declaradas como dominicanas, que viven aquí. La mayoría son pobres que nunca han salido del país, jóvenes, porque son los que más necesitan copias de sus actas de nacimiento para fines escolares, obtener cédula o pasaporte, casarse o divorciarse. Estos, a su vez están impedidos de declarar a los hijos que les están naciendo. Los mayores que tienen cédulas de identidad y viven en la pobreza, no son afectados porque casi nunca necesitan acta de nacimiento.

El funcionario internacional recordó que ya en octubre del 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que el Estado inscribiera como ciudadanas a las niñas Yean y Bósico, tras considerar que les correspondía. Dio por indudable que con más razón dictaminará a favor de quienes ya habían sido inscritos como dominicanos al amparo de los mismos preceptos constitucionales y legales que favorecían a las dos menores descendientes de haitianas pero declaradas dominicanas. 

Otra condena de la ONU

Es relevante que hasta hace poco los reclamos internacionales eran para que el  Estado dominicano reconociera a los descendientes de haitianos nacidos en el país, ahora es para que no despoje de la nacionalidad a quienes ya había reconocido. Los sistemas jurídicos son lentos y pasarán varios años antes de que un expediente de esta naturaleza llegue a la Corte Interamericana. Pero una condena no sólo será una nueva humillación internacional, sino que podría conllevar reparaciones y dar paso a demandas previstas en el sistema constitucional y legal.

Pero mientras tanto habrá que prepararse para seguir recibiendo sanciones de organismos internacionales como la contenida en un documento del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial que exhortó a restituir sus documentos de identidad a los descendientes de haitianos a quienes “les han sido confiscados, anulados o destruidos”.

El documento se refiere a audiencias celebradas por el organismo en febrero pasado con participación del director de Migración, de un embajador ante la ONU y dos legisladores dominicanos, quienes defendieron o explicaron el asunto como decisión migratoria soberana y no de nacionalidad. Pero el Comité responde que “el alcance de soberanía nacional en materia de nacionalidad tiene sus límites en el respeto a a los derechos humanos, específicamente en el principio de no discriminación”.

Diplomáticos dominicanos se han visto en verdaderos apuros al tener que defender ante colegas una causa tan absurda como la aplicación retroactiva de una normativa en materia tan sensible como el derecho a una nacionalidad que condena a los afectados a vivir segregados civil y jurídicamente en el medio donde han nacido y se han reproducido y del que no podrían escapar por carecer de recursos para emigrar e iniciar una nueva identidad. Entre los afectados dominicanos ya ha habido intentos de suicidios y jóvenes que han perdido oportunidades de trabajo y becas de estudios.

La JCE saca el bulto

El empecinamiento del ahora presidente de la JCE, Roberto Rosario, desde que presidía la desaparecida Cámara Administrativa de la institución que adoptó la resolución 12-07 restringiendo la expedición de copias de sus actas a los ciudadanos de ascendencia haitiana, ha metido el país en un callejón sin salida en los ámbitos del derecho internacional.

Consciente de la insostenibilidad de sus argumentos pretenden confundir alegando cuestiones migratorias en un conflicto de nacionalidad. Por eso en octubre del 2011, en vísperas de la anterior audiencia temática de la CIDH se puso a la directora del Registro Civil a emitir una circular autorizando a entregar copias de sus actas a los ciudadanos bajo investigación “hasta tanto el pleno de la  JCE determine si las mismas son válidas… y proceda a suspenderlas provisionalmente, a demandar su nulidad ante un tribunal o a reconocer su regularidad”. Esa circular, que después de la audiencia fue ignorada,  implicaba una rectificación, al reconocer el imperio del artículo 31 de la Ley 659 Sobre Actos del Estado Civil. De hecho varios jueces ya han dictado resoluciones disponiendo entregas de las actas, pero la JCE las ha apelado e ignorado.

El 21 de febrero pasado, por decisión de tres a dos votos, el pleno de la JCE quiso sacar el bulto al problema remitiendo a la dirección de Migración 19 mil 15 expedientes de “personas con situaciones especiales” para que sean depuradas al amparo del artículo 9 de la Ley de Migración. En un voto disidente razonado”, el miembro titular Eddy Olivares Ortega calificó de inconstitucional e ilegal esa resolución en virtud de que ese artículo se refiere a materia migratoria y no a registros del estado civil y porque el organismo no puede delegar sus facultades constitucionales.

Olivares ratificó la posición que desde la emisión de la circular 12-07 ha sostenido junto a la doctora Aura Celeste Fernández. Ex titular de la JCE,  de que se ese organismo carece de facultad para anular actas de nacimiento debidamente registradas. Volvió a citar el artículo 45 del Código Civil y el 31 de la Ley 659 que establecen que “Cualquier persona podrá pedir copia de las actas sentadas en los registros del Estado Civil. Estas copias libradas conforme a los registros legalizados por el juez de paz de la jurisdicción o por el que haga sus veces se tendrán por fehacientes mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas”.  Citó también jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que las actas debidamente asentadas  por los oficiales del estado civil “constituyen documentos con enunciaciones de carácter irrefragable hasta inscripción en falsedad”.

Más allá de cualquier alegato, es relevante la persistencia en crear un cementerio de muertos civiles en el país con miles de almas en pena y la indiferencia generalizada ante un atropello a un derecho fundamental de miles de personas.-

 

Vergonzoso aval del genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz
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Tuve que leer hasta la última letra la sentencia de los cinco magistrados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre el recurso de casación interpuesto por uno de los dominicanos descendientes de haitianos a los que se les niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento, para creer que pudieran avalar el genocidio civil que se viene practicando con miles de personas.

 Ese dictamen no sólo es un adefesio jurídico, como sostienen los abogados recurrentes, sino también un acto de extrema inhumanidad que desnacionaliza a miles de personas de todas las edades y las condena a un ghetto sin precedente, en violación a preceptos jurídicos universales como el de la irretroactividad de la ley y la Constitución.

Con el agravante de que remite el caso al escenario internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la nación dominicana volverá a ser condenada.

Con un retraso de tres años y medio, inexcusable en un recurso de amparo sobre un asunto tan fundamental como el derecho a la identidad de un ciudadano, la corte rechaza el recurso de casación interpuesto por Emildo Bueno Oguis, nacido en Villa Altagracia, San Cristóbal, hace más de tres décadas sobre una sentencia del 30 de abril del 2008 del entonces denominado Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, que había avalado la decisión de la oficialía del Estado Civil de negarle la expedición de copia de su acta de nacimiento, atendiendo a una simple circular administrativa de la Junta Central Electoral.

 Irónicamente el dictamen encuentra al impetrante Bueno Oguis residiendo legalmente en los Estados Unidos, amparado en el pasaporte que legítimamente había obtenido con su documentación de dominicano.

Al parecer encontró más humanidad en las autoridades inmigratorias norteamericanas que le proporcionaron la residencia en base al pasaporte, ya que le resultó imposible presentar copia de su acta de nacimiento, para que pudiera reunirse con su familia.

 Para comprender la dimensión del abuso debe saberse que Bueno Oguis había obtenido copias de su acta de nacimiento una docena de veces para inscribirse en la educación primaria, secundaria y universitaria, para sacar su cédula personal de identidad y su pasaporte, para casarse y para otros actos legítimos de cualquier ciudadano.

Como él decenas de miles de descendientes de haitianos,  cuya inscripción como dominicanos era común pues se entendía que estaban amparados por la Constitución vigente y hasta por la ley de migración y su reglamento.

 Era tan obvio que esos actos del Estado Civil eran legítimos, que quienes en las últimas dos décadas empezaron a cuestionarlos, promovieron y consiguieron en el 2004 una modificación de la Ley de Migración para limitar el acceso a la nacionalidad de los descendientes de inmigrantes ilegales aunque nacieran en el país.

 Lo mismo restringieron el precepto del jus soli en la Constitución proclamada en enero del año pasado.

 Produce consternación la lectura de esa sentencia, donde los jueces supremos no aportan un solo argumento propio en una materia tan fundamental, limitándose a repetir los del Tribunal contencioso, avalando una aplicación retroactiva de la nueva ley de migración y de la Constitución del 2010 y evadiendo responder a cuatro de los cinco alegatos del recurso de  casación, como explicó por Teleantillas el reputado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, abogado de Bueno Oguis.

 Nadie ha negado que la Junta Central Electoral tenga facultad para adoptar decisiones en materia de su incumbencia ni para emitir circulares, como avala la sentencia.

Lo que se objeta es que asuma facultades que corresponden a los tribunales, como establece el artículo 31 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil.

Esta sentencia abre las puertas de par en par para que los afectados recurran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en el 2005 dictaminó disponiendo la inscripción de dos niñas descendientes de haitianos proclamando que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de sus padres.

Con más razón en casos como el de Bueno Oguis con décadas de inscrito. Sólo nos esperan nuevas condenas y escarnios internacionales.

¡Qué pena Sonia, qué pena!

Por Juan Bolívar Díaz
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A Sonia Pierre no tuve oportunidad de tratarla a fondo. No era el tipo de persona que confluía en mis ambientes sociales o profesionales. Fuera de seis o siete entrevistas de televisión en casi dos décadas, sólo una vez tuve oportunidad de conversar largo con ella, frente a frente en su oficina del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, a raíz de la penosa resolución de la Junta Central Electoral que discrimina la expedición de copias de sus actas de nacimientos a los dominicanos de origen haitiano.

 Durante casi dos horas escuché sus planteamientos y tuve la impresión de que estaba frente a una persona de profunda tristeza, que se le salía por los ojos, con un esfuerzo visible para contener las lágrimas. La última vez que escuché su voz fue en los días anteriores a la audiencia celebrada en octubre pasado en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el genocidio civil que implica la negativa a expedir copias de sus actas de nacimiento a los dominicanos descendientes de haitianos.

Me resultó obvio que ella no quería dar una entrevista, que no se sentía cómoda con el papel de enemiga de su país que le querían endilgar por el pecado de ser consecuente con sus orígenes. Llegó a decirme que esa no era una causa personal señalando que la llevaba una coalición de más de veinte instituciones.

En los últimos años sus luchas habían sido reconocidas por la Fundación Kennedy, por el Departamento de Estado norteamericano que la declaró Mujer Coraje, por Amnistía Internacional, por universidades e instituciones internacionales que la invitaban a exponer su causa, lo que no siempre podía aceptar.

Me hizo confidencias sobre las amenazas e intimidaciones de que era víctima, y le mortificaba especialmente por cuanto incluían a sus cuatro hijos y dos nietos. Y aunque le restaba importancia, sufría porque en los últimos años se había llegado al extremo de tratar de despojarla de la nacionalidad.

En una ocasión le hice contar por Teleantillas cómo había sido su infancia, tras haber nacido en 1963 en un batey de Villa Altagracia, casi en la capital dominicana. Y  cómo se levantó para hacerse profesional y luchar toda la vida. Todavía al morir muchos la trataban de haitiana 48 años después de haber sido declarada dominicana.

Como la Constitución  que regía cuando ella vino a este mundo cobijaba a todos los nacidos en el país, excepto los hijos de diplomáticos y de los extranjeros en tránsito, y como no de eran de los primeros, los declararon en tránsito. Y era cierto, Sonia como sus padres transitó hacia el fondo del terruño nacional.

A ella no se atrevieron a negarle la expedición de copias de su acta de nacimiento, pero la vergonzante sentencia de la Suprema Corte de Justicia que avala el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de dominicanos descendientes de haitianos la golpeó en lo más recóndito del alma. Su corazón no pudo resistir la nueva embestida y apenas días después dejó de latir abrumado por la pena.

La intempestiva partida de Sonia Pierre nos deja un nudo en el alma y representa un rudo golpe al sentimiento humanitario de los hijos de esta tierra donde tantos llegaron sin visa desde que los europeos nos invadieron hace  más de cinco siglos, lo que no impidió que los recibiéramos y acogiéramos para convertirlos en dominicanos de ascendencia española, africana, libanesa, palestina, china, judía, japonesa o cocola. Pero también de donde más de un millón han partido para ser ciudadanos del mundo. Ellos mismos y sus descendientes son hoy dominico-americanos, dominico-españoles y un largo etcétera.

Qué pena Sonia que nos resulte tan difícil entender y aceptar que también puede haber y hay dominico-haitianos, lo que debería ser lo más natural del mundo dado que compartimos una pequeña isla dividida precisamente por los que llegaron sin pedir ni recibir autorización hace medio milenio.

¡Ay Sonia Pierre que el subsuelo de esta tierra tan perturbada te resulte más leve y que algún día podamos reivindicarte como lo que fuiste: un monumento humano de dignidad, coherencia y coraje! ¡Cuánta pena acumulaste y cuántas penas nos dejas ilustre hermana dominicana!