Compromiso con los derechos humanos

Por Juan Bolívar Díaz
12_06_2016 HOY_DOMINGO_120616_ Opinión9 A

Sería una vergüenza internacional y un gran traspiés que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) concluya el período de sesiones que se inicia mañana en esta capital sin adoptar una resolución para sostener financieramente uno de sus órganos fundamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ya es deplorable que los principales ejecutivos de esa entidad hayan tenido que apelar a la sensibilidad internacional para que se convenza a los Estados americanos de aportar algo más que los 200 mil dólares que destinaron el año pasado al sostenimiento de ese instrumento del sistema interamericano. Para este año han comprometido unos 2.5 millones de dólares, pero un 90 por ciento solo de Estados Unidos. Los demás Argentina, Uruguay y Perú. De los fondos de la OEA el financiamiento para este año no llega a cinco millones de dólares.

Las informaciones disponibles indican que durante años la CIDH ha sobrevivido gracias a donaciones de las naciones europeas, que se han estrechado en la medida en que la crisis inmigratoria del viejo continente les está demandando cientos de millones de dólares para enfrentarla. A pesar de eso deberían seguir contribuyendo, aunque sea por interés particular, ya que las violaciones de derechos humanos en las Américas también impulsa flujos migratorios periódicos.

Como los ejecutivos de la CIDH han advertido que si no los socorren, el próximo mes tendrán que comenzar a despedir el 40 por ciento de su limitado personal de 78 miembros, el destino queda en manos de la Asamblea General, que es precisamente la que elige a los siete ejecutivos de la comisión, a título personal, pero por propuestas de los Estados miembros, que seleccionan a personalidades jurídicas y sociales con probado historial de compromiso con los derechos humanos.

Es comprensible que cuatro o cinco Estados miembros de la OEA se sientan resentidos por denuncias de la Comisión, pero son 35 y la carga financiera pendiente se conjuraría probablemente con aportes mucho menores al medio millón de dólares anuales. Es obvio que la tacañería no es de origen económico, sino derivada de la valentía y esfuerzo con que la institución ha afrontado su compromiso con los derechos humanos. Y vale advertir que sus reclamos han alcanzado hasta a los Estados Unidos, en materias tan sensibles como el vergonzoso e inaceptable régimen carcelario de la base militar de Guantánamo.

Como en este país hay cierta hipersensibilidad frente a una CIDH que ha denunciado violación a derechos humanos en estos lares y ha pedido protección y reivindicación de derechos para personas y comunidades discriminadas o excluidas, conviene recordar los orígenes y fines de esa institución. Data de la creación misma de la OEA en 1948, cuya carta constitutiva habla de los derechos fundamentales de la persona humana. instituida en 1959 como órgano autónomo de la OEA para la promoción y protección de los derechos humanos en el continente, alcanzaría mayor dimensión diez años después con la proclamación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

Cientos de entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos, de muy diferentes ámbitos sociales del continente, están clamando por la preservación de la CIDH, y lo mismo han hecho destacados intelectuales y personalidades sociales. Ese clamor debería ser reproducido aquí, ahora que se reúne la Asamblea General de la OEA. De lo que se trata es del compromiso con los derechos humanos universales y permanentes, mucho más allá de la levedad de los intereses políticos coyunturales.

Fuera la Corte de Derechos Humanos

Por Juan Bolívar Díaz
02_11_2014 HOY_DOMINGO_021114_ Opinión9 A

Informes confidenciales aseguran que el pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando evadir la vinculación con la última sentencia de esta que condenó deportaciones masivas y proclamó la ilegitimidad de la política de desnacionalización puesta en marcha desde el 2007 por la Junta Central Electoral y ratificada por la sentencia 168/13 que en septiembre del 2013 dejó apátridas a decenas de miles de hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.

Se trata de una chapucería jurídica, inspirada en el soberanismo nacionalista que ha rebasado el límite de pequeños grupos y se acunó en el Partido de la Liberación Dominicana, cuyo primer gobierno, del doctor Leonel Fernández, fue que vinculó el país a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1999, al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por el Congreso Nacional en 1977.

La mayoría de los jueces del Constitucional acogieron un recurso elevado hace ocho años por un grupo nacionalista, con tres votos disidentes. A las magistradas Katia Miguelina Jiménez y Ana Isabel Bonilla, que ya se habían opuesto a la sentencia 168-13, se unió ahora el doctor Hermógenes Acosta.

El 31 de agosto pasado habíamos denunciado el propósito que alentaba una mayoría del TC, contenidos por opiniones que provenían hasta del Gobierno y la Procuraduría General. También se dijo que esos jueces declararían inconstitucional la suspensión del leonino contrato para instalar equipos de rayos equis en los puertos, promovido por abogados nacionalistas, por lo que organismos de seguridad del Estado, como las Fueras Armadas y la dirección de Control del Drogas, así como la Cámara Americana de Comercio y otras entidades empresariales. ratificaron sus objeciones.

El desconocimiento de la jurisdicción de la CIDH es ridículo 15 años después del protocolo de adscripción que ha pasado por el reconocimiento de tres gobiernos, donde el Estado ha tenido que defenderse en unos cinco procesos judiciales acumulando cuatro condenas. Incluso el Gobierno propuso como jueza de esa corte a la doctora Radhys Abreu de Polanco, quien fue electa y ejerció en el período 2006-12.

La ratificación de la competencia de la CIDH fue acorde con el artículo 62.1 de la Convención que la creó, la cual especifica que ello no requiere convención especial. Fue objeto de ratificación adicional cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica del TC 137-11, cuyo décimo tercer considerando indica que “dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la regulación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Ahí están sentencias del propio TC, como las 0084-13 y la 136-13 que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”. Y el 28 de noviembre del 2012, el doctor Milton Ray Guevara, presidente del TC firmó un “Acuerdo Marco de Cooperación” con la Corte Interamericana al visitar su sede en Costa Rica.

Según el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni la denuncia de la misma o de sus organismos, elimina una sentencia ya emitida. Y si la objeción es la falta de una expresa ratificación congresual, se subsanaría con su envío al Congreso Nacional. Pero en la actual algarabía que aduce una soberanía que ya no existe en materia de tratados internacionales, especialmente de derechos humanos, se duda que el presidente Medina asuma esa responsabilidad, aunque cargará el costo.

El país está de espaldas al derecho internacional, marchitando aún más su imagen y exponiéndose a otras sanciones y a perder ayudas, condicionadas en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Guillermo Cifuentes recordó esta semana una cláusula que esta última incluye en sus tratados de cooperación: “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo”.

Se olvidó el principio de que las sentencias de los tribunales son de cumplimiento obligatorio, que tanto se aducía frente a la iniquidad de la 168/13, que tenía como última instancia la CIDH. Esta es el techo, como parte del bloque de constitucionalidad dominicano al amparo del artículo 74.3 de la Constitución de la República.

 

Sería absurdo desconocer la Corte de Derechos Humanos

Por Juan Bolívar Díaz
HUMANOS123

El Tribunal Constitucional (TC) sometería al Gobierno a una grave crisis de relaciones internacionales de repercusiones impredecibles si acoge la petición de un grupo para que declare inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que data de 1999.

Entre juristas y sectores gubernamentales se teme la ocurrencia, considerada absurda por cuanto chocaría con la propia ley orgánica y sentencias del Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia y obligaría a llevar la adscripción al Congreso Nacional a no ser que se quiera denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

Una persistente versión. La versión circula desde hace varias semanas entre juristas y relacionados del Gobierno que se niegan a aceptar que tal chapucería jurídica pueda ser posible, pero fue denunciada el pasado día 25 por el exembajador ante la Organización de Estados Americanos Roberto Álvarez en un artículo publicado en el periódico digital Acento, quien expresaba su esperanza de que el informe sea infundado.

Álvarez, doctorado en derecho y relaciones internacionales de dos prestigiosas universidades norteamericanas, y quien fuera abogado adscrito a la secretaría general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington, abordó en un extenso artículo las consecuencias del desconocimiento de la CIDH después de 15 años aceptando su jurisdicción. Sostiene que constituiría un grave aprieto para el Gobierno ya que tal decisión podría ser declarada como “un hecho ilícito internacional”.

El TC se aprestaría a acoger la petición de un grupo encabezado por Juan Manuel Rosario, Pelegrín Castillo (actual ministro de Minería), Pedro Casals Victoria, Miguel Castillo Pantaleón, Mario Bonetti y Leyla Roldán, quienes sostienen que el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana es inconstitucional por no haber sido expresamente aprobado por el Congreso Nacional.

El recurso fue iniciado en el 2005 ante la Suprema Corte de Justicia, la que lo traspasó al Constitucional cuando fue constituido en el 2011. La instancia fue revivida bajo la algarabía nacionalista tras la sentencia 168-13 que desconoció la nacionalidad a los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en el país, por temor a que este asunto llegue a la CIDH que ya ha establecido jurisprudencia en el caso de dos niñas descendientes de haitianos a las que en el 2005 dispuso su registro como dominicanas.

Rectificación del Procurador. Al caer el 2013, ya había preocupación en el Gobierno por lo que el Procurador General Francisco Domínguez Brito revocó la opinión consultiva que había emitido en el 2006 el Procurador Adjunto Angel Castillo Tejada respaldando la inconstitucionalidad. Mediante el Auto 0085 Domínguez Brito instruye al Procurador Adjunto Ricardo José Tavera Cepeda para que remita al TC una opinión “acorde con lo establecido por el artículo 62.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

La extensa nueva opinión del Ministerio Público, del 11 de diciembre del 2013, que ha trascendido en los últimos días, fundamenta el rechazo de la petición de inconstitucionalidad en base a la Constitución del 2010, la Convención sobre Tratados de La habana de 1932, la Convención de Viena de 1962 y la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, así como en el instrumento de ratificación de la misma por el Estado dominicano, aprobado por el Congreso Nacional en 1977, entre otros.

En resumen, la constitucionalidad de la adscripción a la CIDH es justificada en la ratificación por el Congreso Nacional de la Convención Americana de Derechos Humanos que creó la Corte como órgano jurisdiccional para interpretar y aplicar la Convención, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el órgano de promoción de los derechos humanos que analiza las denuncias de violación a los mismos. El 25 de marzo de 1999 el Gobierno del presidente Leonel Fernández “reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos”, acogiéndose al procedimiento establecido en el artículo 62.1 de la misma.

Agrega que al aceptar la jurisdicción de la Corte se ejerce el derecho y la obligación contraídos al suscribir la Convención, y que el Estado dominicano ha dado aquiescencia en múltiples oportunidades a la competencia de la CIDH. Cita las sentencias 0084 -13 y 136-13 del Tribunal Constitucional que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”, al igual que la Resolución 1920-2003 de la Suprema Corte de Justicia, y el artículo 74.3 de la Constitución que otorga jerarquía constitucional a los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos suscritos por el Estado.

Sin precedente e ineficaz. No hay precedentes de una desafiliación a la CIDH bajo el pretexto de que no fue aprobada por el parlamento. 15 de los 21 países que han aceptado la jurisdicción de la Corte se acogieron a la suscripción de la Convención, la que dejó sentado que ello no requiere “convención especial”, aunque otros 6 si buscaron la ratificación parlamentaria.

Tres países han renunciado a la jurisdicción de la corte: Trinidad-Tobago porque no pudo adaptarse a la Convención al mantener la pena de muerte, el Perú del dictador Alberto Fujimori, protestando una condena, pero el gobierno que lo sucedió, revocó esa decisión, y Venezuela, que es el único de los suscritores que se mantiene fuera tras denunciar a la Corte y la Comisión como instrumentos de Estados Unidos.

La descalificación por el TCD sería ridícula después que la RD ha aceptado cinco juicios en la CIDH, entre ellos los de las niñas Yean y Bosico y el de la desaparición de Narciso González. Incluso la dominicana Radhys Abréu de Polanco fue electa jueza de la Corte para el período 2006-12 a propuesta del gobierno dominicano en la Asamblea General de la OEA en la cancillería de Santo Domingo en el 2006.

Por otra parte, si los que quieren desconocer la CIDH buscan desligarla de un posible enjuiciamiento a la sentencia 168-13, por los casos de desnacionalizaciones que tramita la Comisión de Derechos Humanos, resulta ineficaz, ya que el artículo 78.2 de la Convención especifica que los órganos del sistema mantienen la jurisdicción sobre violaciones de derechos ocurridas antes de una desafiliación.

Consecuencias impredecibles. La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos es imprescindible para desconocer los órganos que instituye y por lo que la motivaría redimensionaría el escándalo originado por la sentencia 168-13, dejando al país como un paria de derechos humanos en el continente. Lo expone a problemas en los tratados comerciales con Estados Unidos y al de los países Asia, Caribe y Pacífico con la Unión Europea. No ayudaría a una nación con tan alta dependencia de factores externos como el turismo, las remesas, la inversión extranjera y la cooperación y el comercio internacional.

A lo interior colocaría al Gobierno en una situación más embarazosa que la derivada de la sentencia 168-13, que le distrajo la atención durante el último año. Consciente de las impredecibles consecuencias, el presidente Danilo Medina tendría que evadir denunciar la Convención de Derechos Humanos casi después de cuatro décadas de suscrita y ratificada.

En tal escenario el mandatario tendría que optar por la humillación de enviar el protocolo al Congreso Nacional para que lo ratifique. El único resultado sería tiempo perdido y mayor descrédito internacional. Todo parece tan absurdo que hay razones para dudar que se materialice la temida sentencia. Y como las versiones han llegado a altas figuras gubernamentales y ruedan por embajadas y organismos internacionales, se supone que se habrán hecho las advertencias correspondientes.

 

El proyecto de ley busca revocar el genocidio civil

Por Juan Bolívar Díaz
proyecto

El proyecto de ley sometido al Congreso Nacional por el Presidente Danilo Medina convalida la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros residentes irregulares nacidos en el país con actas de nacimiento, y establece una vía para la simple naturalización a otros que nunca obtuvieron el registro civil.

Se trata de un artificio que evade la inequidad de la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) sin enfrentarla, abriendo un atajo con un filigrana jurídico que atiende el clamor nacional e internacional de justicia y respeto a derechos humanos fundamentales, y al mismo tiempo que trata de conciliar las posiciones enfrentadas.

Convalidación y naturalización. Tal como habíamos advertido el 30 de marzo, (HOY: “Danilo Medina se debate entre Naturalización y Convalidación”) el primer mandatario optó por “una fórmula que resuelva el drama de los desnacionalizados y satisfaga los requerimientos del derecho internacional, evadiendo confrontar el dictamen del Tribunal Constitucional”. Se precisaba que “el Presidente podría hacer una fusión de Convalidación y Naturalización, aludiendo a un anteproyecto del Ministerio de la Presidencia y al plan originario de Naturalización rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en diciembre, enarbolado por los defensores a rajatabla de la sentencia.

La propuesta de ley introducida a través de la Cámara de Diputados procura “establecer a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril del 2007 (el que abarca la sentencia del TC) inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para estos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.

Para los primeros, los desnacionalizados por el Tribunal Constitucional, dispone que la Junta Central Electoral (JCE) proceda a “regularizar y/o transcribir” sus actas en los libros del Registro Civil y “los acreditará como nacionales dominicanos”. Los que ya tenían cédulas de identidad y electoral serán dotados del mismo documento con su numeración anterior, y los que no la hayan tenido se les otorgará. El Estado les reconoce retroactivamente todos los actos de la vida civil que realizaron. En resumen, a los desnacionalizados se les convalidan plenamente sus derechos, con lo que se revierte el genocidio civil iniciado por la Junta Central Electoral en el 2007.

Los argumentos de Danilo. Tanto la carta con la que el presidente Medina remitió su proyecto al Congreso como las consideraciones del mismo, contienen planteamientos básicos sobre la dignidad humana, la justicia y la convivencia, llamados a desinflar el clima de odios y exclusiones que se ha promovido en el país en los últimos siete meses.

Indica que es el fruto del consenso logrado con sus consultas “inspirado en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.

Sostiene que regularizar sus documentos “es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”.

Añade que se trata de permitir que personas que vivieron toda su vida con una identidad jurídica “se les reconozca definitivamente como válida y buena y puedan continuar su vida normalmente”.

En sus primeros considerando, la propuesta se refiere a los planteamientos de la sentencia, reconociendo su carácter vinculante para los poderes públicos, pero no excluye que los órganos políticos fruto de la voluntad popular “den respuestas a situaciones nuevas que se crean a partir de decisiones que dicta el Tribunal Constitucional”.

Luego señala que los órganos de representación popular tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas sociales en base al interés nacional y guiados por los valores “que están plasmados en el Preámbulo de la Constitución, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.

Reconoce insostenibilidad. El proyecto de ley evade herir susceptibilidades, por lo que no se refiere a la posición insostenible del apartheid creado por la sentencia ni al clamor nacional en su contra que crecía cada semana, ni al daño que ha producido a la imagen del país, pero todo eso influyó para que el presidente Medina mantuviera su reacción inicial de buscar una solución humana y justa al conflicto, y contó con la firmeza del equipo técnico y político del Ministerio de la Presidencia, sometido a ataques virulentos.

En el ámbito nacional crecía también la convicción de que había que reparar esa iniquidad y eliminar un elemento que consumió la atención nacional y muchas energías durante un tercio de los 21 meses que lleva esta gestión gubernamental.

El proyecto fue publicado el mismo día que la acreditada encuesta Penn and Schoen-SIN revelaba que el 72 por ciento aprobaba la ciudadanía de los descendientes de haitianos que habían sido registrados. En enero la Gallup-HOY registró 58 por ciento.

La acogida casi general que ha recibido el proyecto y su aprobación a unanimidad y de urgencia en la Cámara de Diputados, adelanta su rápida conversión en ley, ya que es fruto, tal como se había considerado imprescindible, de la voluntad política de los dos mayores líderes del partido gobernante, que tiene 31 de los 32 escaños y el otro, el reformista Amable Aristy adelantó su conformidad. Hasta muchos de los que defendían la exclusión han aceptado la solución “salomónica y pragmática”.

Reparos de derechos humanos. Se puede prever que la ley será acogida con alivio en el ámbito internacional, por los gobiernos y organismos multilaterales y aún en las instituciones que velan por los derechos humanos, porque dejará sin efecto el despojo de la ciudadanía a decenas de miles de personas, que en esos ámbitos se considera la violación más grave de derechos humanos en la historia del sistema interamericano.

Habrá un reparo fundamental a la decisión de convertir en extranjeros y obligar a una “naturalización ordinaria” a los descendientes de inmigrantes irregulares que nunca han sido declarados en el Registro Civil, como ya lo hizo la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para Refugiados y Migrantes (ACNUR), que consideró el proyecto como “un primer paso para restaurar la nacionalidad de decenas de miles de personas”.

Pero planteando que “también debería remediar de manera efectiva la situación de la mayoría de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal cuyo nacimiento no ha sido declarado”.

En el país el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas valoró el proyecto como un esfuerzo del Gobierno por encontrar una salida humanitaria y justa al drama de la desnacionalización y lo acepta como una transacción de consenso, pero ratifica su convicción de que todos los nacidos en el territorio nacional antes de la Constitución del 2010 tienen derecho a la nacionalidad, incluyendo los no declarados.

Citan la sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “nuestra última instancia en materia de derechos humanos, en el caso de las niñas Yean y Bosico.

Por igual, Participación Ciudadana consideró positiva la propuesta de ley y abogó por un mecanismo “sencillo, accesible y razonable” para la naturalización de los indocumentados nacidos en el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se irá por el mismo camino de la aprobación con reparos, dados sus planteamientos históricos al respecto, y fue quien llevó el caso Yean y Bosico a la Corte. Pero por el momento los expedientes que tiene en trámites son todos de los desnacionalizados y la ley los dejaría sin objeto.

Sin duda conjuraría la avalancha de denuncias contra el país.

Los de la naturalización

Empeñado en conjurar el escándalo internacional y hacer justicia a los que habían sido aceptados como dominicanos, el Gobierno mantuvo la esencia del anteproyecto elaborado por el Ministerio de la Presidencia, del que dimos cuenta el 16 de marzo (HOY: “Toca al PLD revocar el genocidio civil”). Pero hizo concesiones a las posiciones nacionalistas en cuanto a los que nunca fueron registrados como dominicanos. Se planteaba una vía rápida para darle acceso a la naturalización sin que tuvieran que registrarse como extranjeros.

El proyecto enviado al Congreso les da un plazo de 90 días para inscribirse en el libro de extranjería y luego y otro de sesenta (60) días para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.

Solo después de dos años podrán optar por la “naturalización ordinaria” Todo ello sujeto a un reglamento por definirse.

Fuentes bien informadas indican que el presidente Medina tuvo que hacer concesiones en el proyecto original que fue denunciado por la Fuerza Nacional Progresista, cuyo líder, Vincho Castillo, habría planteado la ruptura de su alianza con el partido gobernante, con lo que consiguió el apoyo del expresidente Leonel Fernández, quien a su vez negoció y logró el endurecimiento de las condiciones para la naturalización de los no registrados, que son de los más pobres del país, y cuyo número podría superar el de los descendientes de extranjeros que tienen registro de nacimiento.

Quedan excluidas de la validación las actas de nacimiento que configuren el delito de falsedad de escritura cuando el hecho “le sea imputable directamente al beneficiario”, lo que tendría que someterse a un tribunal. Los de la naturalización deberán demostrar haber nacido en el país y tener arraigo social en el mismo.

 

El presidente debería recurrir a la Corte Interamericana

Por Juan Bolívar Díaz
Presidente Danilo Medina

Todo parece indicar que el proyecto de ley que buscaría restituir la nacionalidad a los afectados por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a ser congelado por la resistencia de sectores ultranacionalistas, a pesar de que la última formulación parecía tener apoyo de los dos líderes del partido de Gobierno.

Ante las advertencias y temores de que sea desconocida la sentencia, y si se quiere resolver el drama de decenas de miles de personas que provoca escándalo internacional, el Presidente debería recurrir a la última instancia constitucional dominicana en esa materia, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Un Gobierno indeciso. Cuando al finalizar marzo el presidente Danilo Medina concluyó la ronda de consultas sobre el conflicto generado por la sentencia que desnacionaliza a decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país que habían sido registrados como dominicanos, se dio por hecho que en breve enviaría un proyecto de ley al Congreso buscando una solución humana y justa al problema, que además tuviera la virtud de conjurar el escándalo internacional y el descrédito que afronta el país.

De hecho, cuando inició las consultas, Medina ya tenía el diseño de un proyecto de ley que reconocería la nacionalidad de los que habían sido inscritos en el Registro Civil antes de la promulgación de la Constitución vigente, el 26 de enero de 2010, como manda el numeral 18.2 de la misma, excepto a quienes hubiesen participado en alguna irregularidad. Aceptando la irregularidad dictaminada por el TC, se reconocería las inscripciones a partir del precepto de que nadie puede pagar por culpas ajenas y menos por deficiencias del Estado que les confirió la nacionalidad.

El director de Migración, José Ricardo Taveras, dirigente del grupo promotor de la desnacionalización denominado Fuerza Nacional Progresista, fue de los que pareció aceptar la transacción bajo el predicamento de que el Estado tenía que pagar por su negligencia. El presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, quien inició administrativamente las desnacionalizaciones en el 2007, también pareció tirar la toalla cuando dijo que acataría lo que decidieran el Gobierno y el Congreso.

El resultado de las consultas ratificó la división de la sociedad dominicana sobre el conflicto, sin que el presidente Medina haya dado un balance. Novedoso para el mandatario debió ser que el grupo de altos empresarios consultados en una reunión se manifestó prácticamente a unanimidad a favor una solución justa del escándalo, como ocurrió con los representantes de las iglesias evangélicas.

El clave Leonel Fernández. El primer sábado de abril, al reunirse con los dirigentes del Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y expresidente de la República, Leonel Fernández, admitió que coincidía con la fórmula del proyecto de ley que barajaba el presidente Medina. Defendió firmemente la sentencia del TC en el sentido de que no correspondía la nacionalidad a los nacidos en el país hijos de inmigrantes indocumentados, considerándolos en tránsito, pero admitía la fórmula de reconocérsela por ley a quienes no fueran responsables de la irregularidad.

El líder peledeísta llegó a especificar que el reconocimiento se extendería a las 24,392 personas que la JCE estima afectadas por la sentencia, y consecuentemente a los descendientes de estos, a quienes se les ha negado el registro ciudadano. También precisó que a los descendientes de indocumentados nacidos en el país pero que no fueron declarados, la ley consensuada les daría la opción de la naturalización. Como sus interlocutores, una docena de profesionales y religiosos, insistieran en que la ley debería abarcar a todos los que a su juicio tenían derecho a la nacionalidad por el jus soli, Fernández prometió hacer llegar ese criterio de la nación al Presidente, aunque persistió en que no les correspondía la nacionalidad.

La posición del exmandatario no fue sorpresa, pues ya la había manifestado en otra conversación informal, en dos declaraciones en Estados Unidos y en un artículo del 30 de diciembre en el Listín Diario, donde favoreció “una solución que sin quebrantar los atributos de nuestra soberanía nacional satisfaga los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos”.

La Corte Interamericana. En los últimos días los más duros defensores de la desnacionalización han vuelto a formular advertencias al Gobierno, algunos aliados en tono chantajista, y se ha visto el espectáculo del presidente del TC advirtiendo de riesgos de un golpe de Estado constitucional, mientras el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared, planteaba que la sentencia es intocable, y se afirma que las presiones sobre el Presidente, en ambas direcciones, son de gran magnitud.

En tal circunstancia, el camino lógico para el Gobierno debía ser recurrir en consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisdicción es parte del bloque constitucional dominicano, según el artículo 74.3 de la Constitución, por lo que sus decisiones son vinculantes para los tribunales y demás órganos del Estado.

La Corte fue creada por la Convención Americana de los Derechos Humanos, ratificada por la nación dominicana en 1978. El presidente Leonel Fernández reconoció formalmente en 1999 la competencia de la Corte “sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos”.

Por su parte el Tribunal Constitucional, en su sentencia 136/13 del 22 de agosto pasado, un mes antes de la 168/13, reconoció que RD es integrante de la Convención Americana de los Derechos Humanos y “aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como órgano consultivo y contencioso”. Y en noviembre del 2012 firmó con ella un Acuerdo Marco de Colaboración. Los que creen que pueden denunciar ambos pactos deben saber que el párrafo del artículo 57 de la Ley orgánica del TC establece que “si el tratado internacional es reputado constitucional, esto impide que, posteriormente, el mismo sea cuestionado por inconstitucional ante el Tribunal Constitucional o cualquier juez o tribunal”.

El presidente puede apelar a la “Opinión Consultiva” de la Corte, prevista en el artículo 72 de su reglamento y en el 64 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. De esa forma se quitaría de encima un conflicto que le ha consumido seis meses y amenaza afectar toda su gestión, al tiempo que reduciría el escándalo internacional.

Así también podría evadir una condena como la emitida por ese organismo en el 2005 en el caso de dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en el país, y a las que se les había negado el registro.

La Comisión Interamericana, que opera como procuraduría fiscal de la Corte, tiene unos 48 casos de desnacionalizados bajo ponderación desde el 2011 y se cree que podría agilizar su trámite.

Se sabe que organismos internacionales, como la Asociación de Estados Africanos y el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos han contemplado acciones contra la República Dominicana bajo acusaciones de discriminación racial y xenofobia, y que han sido persuadidos de esperar la solución prometida por el Gobierno.

Las agencias de las Naciones Unidas y la Unión Europea no ocultan su expectativa de una solución a lo que se ha denominado como genocidio civil.

Desconcierto general

La indecisión gubernamental ha creado desconcierto en la opinión pública y en los círculos diplomáticos así como en los organismos internacionales, tanto dentro como fuera del país. A ello se puede atribuir que el embajador de Estados Unidos, James Brewster reiterara el viernes en Santiago que “como ya lo he dicho en otras ocasiones anteriores, lo que nos interesa es garantizar que a nadie se quite su ciudadanía”.

Se creía que con el consenso entre los dos mayores líderes del partido de Gobierno y que controla absolutamente las dos cámaras legislativas, la solución al conflicto estaba garantizada. Ambos partían de la convicción de que el llamado genocidio civil tiene un costo muy elevado para la imagen del país y que puede llegar a una condena en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha hecho repetidas veces la Comisión Interamericana.

Pero un mes después del aparente consenso nadie sabe a ciencia cierta por qué el proyecto de ley no ha sido enviado al Congreso, y en cambio se vuelve a hablar del proyecto de naturalización que habían preparado en noviembre y que fue congelado hace cuatro meses tras la opinión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país la primera semana de diciembre, la que advirtió que eso no solucionaría la masiva violación de derechos.

El rechazo internacional a la desnacionalización masiva es tan significativo que concurren al mismo Estados Unidos y Venezuela, enfrentados hace tiempo en el ámbito interamericano. A gestiones del canciller venezolano se atribuye que las conversaciones domínico haitianas iniciadas a fines del 2013 puedan continuar el jueves en Puerto Príncipe, tras un cuarto aplazamiento de dos días. Con auspicios de Venezuela, movida por el Caricom, el Gobierno dominicano se comprometió con el de Haití el 19 de noviembre a “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en el país”. La importancia de Caricom para Venezuela quedó explícita el mes pasado cuando los 14 votos del bloque caribeño impidieron que la crisis venezolana se discutiera en el Consejo Permanente de la OEA.

 

Danilo Medina se debate entre Naturalización y Convalidación

Por Juan Bolívar Díaz
tema de hoy 30 de marzo

Tras agotar una semana de consultas al liderazgo político, empresarial y religioso, el presidente Danilo Medina se debate entre una Ley de Naturalización Especial u otra de Convalidación de las Actas de Nacimiento instrumentadas por los oficiales civiles a los dominicanos descendientes de extranjeros indocumentados.

El mandatario también tiene la opción de la “opinión consultiva” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte), pero se inclinaría por una fórmula que resuelva el drama de los desnacionalizados y satisfaga los requerimientos del derecho internacional, evadiendo confrontar el dictamen del Tribunal Constitucional.

Ley de Naturalización. La primera opción que ha contemplado el Gobierno y que se llegó a anunciar en noviembre, es una Ley Especial de Naturalización, que ha sido favorecida por los sectores ultranacionalistas, medios de comunicación y aliados del Gobierno, pero tropieza con los organismos internacionales de derechos humanos que han advertido que no hay solución sin restitución plena de los derechos conculcados.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe preliminar y al conversar con el presidente Medina dejó bien claro que una ciudadanía de segunda categoría, como la naturalización que contiene limitaciones constitucionales a los derechos (cuadro anexo), dejaría abierto el conflicto internacional y en camino a la Corte, cuya jurisprudencia augura una condena revocatoria de la TC-168-13.

El Sistema de las Naciones Unidas en un pliego entregado al Gobierno en noviembre, proponía dos fórmulas para devolver los derechos conculcados, sin enfrentar al TC: que a los extranjeros indocumentados que tuvieron hijos en el país se les dé retroactivamente categoría de residentes, o que se establezca un mecanismo jurídico fundamentado en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954. Al referirse a la propuesta ley de naturalización, el documento, que nunca ha sido publicado, la condicionaba a que otorgara a los desnacionalizados la condición de “naturalizados dominicanos, de pleno derecho”.

En la audiencia del lunes 24 de la CIDH dos de sus titulares, el chileno Felipe González y la paraguaya Rosa María Ortiz, insistieron en que no se puede considerar extranjeros a los nacidos en el país antes de la Constitución del 2010 y pidieron al Estado que responda las propuestas del informe preliminar sobre su visita al país.

Ley de Convalidación. Un anteproyecto de ley que busca atender los requerimientos constitucionales y del derecho internacional, que elaboró el Ministerio de la Presidencia, estaría como opción tras algunas modificaciones que no han trascendido. Se fundamenta en los artículos 38 y 18.2 de la Constitución. El primero proclama que la “dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”, y el segundo reconoce como dominicanos a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

Su artículo primero dispone “la convalidación de todas las actas de nacimiento instrumentadas por Oficiales del Estado Civil sin el cumplimiento de los requisitos legales en el período comprendido entre el 20 del mes de junio de 1929 y el 18 de abril del año 2007, a personas de ascendencia extranjera o no”. El segundo dice que para beneficiarse de esa disposición se requiere “(a) que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil y (b) que no se trate de duplicidad o suplantación de identidad.”

Este proyecto buscaba también resolver de una vez el problema de los descendientes de inmigrantes que no tienen registro de nacimiento, pero a quienes las constituciones del jus soli (hasta 2010) les otorgaban también la nacionalidad, cuando en su artículo 6 establece una “Regularización documental” condicionada a que “acrediten fehacientemente el hecho del nacimiento, el arraigo y vínculos con la sociedad dominicana”, lo que sería reglamentado.

Fusión de transacción. No hay pacto sin dolor pero hasta los triunfadores en las guerras a menudo tienen que hacer concesiones y transar en aras de la convivencia. El Presidente podría hacer una fusión de Convalidación y Naturalización. La primera para reconocer a los que estaban registrados como ciudadanos y la segunda para los que no fueron declarados a tiempo. A los ultranacionalistas les ofrendaría el sacrificio de la “regularización documental”, planteada en el artículo 6 del anteproyecto elaborado por el equipo del ministro de la Presidencia.

La sociedad dominicana está dividida a fondo por el conflicto, y así habría quedado de manifiesto en las consultas del Presidente. La encuesta Gallup-HOY de enero indicó que el 58 por ciento de la población (65 en el gran Santo Domingo) considera dominicanos a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en el país inscritos en el Registro Civil. Se percibe un crecimiento de los que comparten la justicia, incluyendo a importantes sectores empresariales, que habrían incentivado al presidente Medina a una solución que conjure el escándalo y evite complicaciones internacionales que podrían afectar el país hasta económicamente.

El intercambio de Medina con el presidente de su partido, Leonel Fernández, fue un paso fundamental en dirección a una solución mediante ley, porque este también ha cuestionado la retroactividad de la sentencia y hasta ha planteado que “Juliana Deguis debe ser considerada dominicana”. Los dos líderes del PLD tienen el poder suficiente para hacer al Poder Legislativo, bajo amplio control de su partido, compromisario de una ley reivindicativa que resuelva tan grave problema.

Debe asumirse que los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen suficiente legitimidad, por lo menos tanta como el TC, para tomar una iniciativa que sin confrontar la sentencia 168-13 satisfaga las mayorías nacionales, el interés de la nación y el derecho internacional, en cuyo caso sería aplaudida ampliamente en el país y a unanimidad en el exterior. No se debería descartar que los ultranacionalistas la interpelen en el TC, pero se debe esperar que los jueces tendrán suficiente talento para aceptar el “bajadero” y no desafiar a los otros dos poderes y a la comunidad internacional.

Pero mientras esa posibilidad se materializa, pasarían meses y el Gobierno se habrá quitado el peso de encima y logrado el reconocimiento internacional, de los decenas de miles de personas a quienes se haría justicia y de todos los que les respaldan. Si predominara el absurdo tampoco pierde el Gobierno, porque entonces sí que tendría que pedir la opinión consultiva de la Corte Interamericana (opción que también tiene ahora) y nadie duda que el TC quedaría enterrado y sus miembros tendrían que renunciar para que se pueda rescatar ese organismo del descrédito. Pero hasta ahí no llegará el conflicto si Danilo Medina y Leonel Fernández quieren, porque no hay tanta independencia judicial.

 La convicción de Danilo

Tras admitir esta semana que el Gobierno está sujeto a fuertes presiones internacionales por los efectos de la sentencia, (y personas bien informadas indican que son más graves de lo publicado) el Presidente planteó que resolverá el conflicto por convicción personal. Eso remite a sus dos declaraciones iniciales en octubre, tras escuchar a un grupo de desnacionalizados a los que pidió excusas por los daños causados y poco después al visitar la mina de oro de Cotuí. Dejó interrogantes sobre la retroactividad de la sentencia y planteó una “solución humanitaria”.

Esa convicción fue lo que llevó el Gobierno a firmar el 19 de noviembre un acuerdo con el canciller de Haití, con el aval de Venezuela, para iniciar conversaciones sobre los diferendos binacionales, cuyo segundo punto no deja dudas al reafirmar su voluntad de “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica, el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en el país”. Venezuela y Haití han estado demandando el cumplimiento del compromiso, tras dos reuniones bilaterales en las que se ha adelantado varios acuerdos. A eso se atribuye las dos suspensiones de la tercera cita, ahora hasta la segunda semana de abril.

La convalidación de las actas, y no la naturalización, resolvería el conflicto tanto a nivel nacional como internacional y eliminaría un escándalo que ha consumido demasiado tiempo del Presidente y sus principales colaboradores, que desacredita a la nación y deja pendientes posibles condenas y hasta sanciones. Sin confrontar la TC-168-13, se podría proteger a los que fueron admitidos como ciudadanos, cuyo despojo es lo más inaceptable para todo el mundo.

 

Toca al PLD revocar el “genocidio civil”

Por Juan Bolívar Díaz
juan bolivar

Versiones de que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería convocado para discutir la grave situación que afronta la nación con un creciente aislamiento internacional a causa de la desnacionalización de miles de ciudadanos alientan el criterio de que corresponde a ese organismo buscar una solución.

En todos los sectores aumenta la convicción de que urge conjurar el grave conflicto que divide hasta las iglesias, para lo cual funcionarios palaciegos elaboraron un anteproyecto de ley en beneficio de los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional, convalidando las actas de nacimiento que les fueron instrumentadas.

El cerco internacional. Hasta en sectores que favorecieron la sentencia 168-13 del TC se reconoce que urge encontrar una solución que contenga el deterioro internacional de la imagen de la nación y evitar lo peor, que culmine en un dictamen revocatorio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde podría llegar el caso. El Gobierno se vería obligado a acatar la última instancia en materia de derechos humanos, según los tratados suscritos por el Estado dominicano, de los que el artículo 74.3 de la Constitución de la República dice que “tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Debería evitarse a toda costa el daño de una condena de la Corte Interamericana tras un prolongado escándalo, que ya lleva 6 meses, y en vez de mermar sigue en aumento en el ámbito internacional. En tal caso desafiar una sentencia generaría acciones que podrían afectar comercio, turismo, financiamiento, participación del Estado en organismos internacionales y en relaciones con bloques como los Países ACP y la Unión Europea, y en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

El hecho objetivo es que el país está en las miras de los organismos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, en el ámbito de la Comunidad Económica del Caribe (Caricom), de naciones como Estados Unidos y España y otra veintena que se expresaron en la sesión de enero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Se llegó a anticipar que la suspendida visita del vicepresidente norteamericano Joe Biden tenía como primer punto de agenda las desnacionalizaciones, días después de una segunda condena del Departamento de Estado norteamericano.

La más grave violación. Para el próximo día 24 el Estado dominicano está convocado en Washington a una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para discutir el informe preliminar de la misión de ese organismo que visitó el país en diciembre, el cual no dejó resquicio de salvación a la sentencia 168-13.

Cumplido ese trámite el informe sería remitido a la Asamblea Permanente de la Organización de Estados Americanos, en cuyos ámbitos se estima que el genocidio civil de decenas de miles de ciudadanos dominicanos, constituye “la más grave violación de derechos humanos discutida en la historia de la organización creada en 1948.”

Son públicos los pronunciamientos en defensa del derecho a la nacionalidad de decenas de organismos, de influyentes medios de comunicación y personalidades internacionales, incluyendo a entidades con tradición de campañas por derechos humanos, como el Black Caucus del Congreso de Estados Unidos, órganos especializados del Consejo Nacional de Iglesias norteamericanas, y Amnistía Internacional, que esta semana envió una misión de investigación al país, y que se plantea incrementar una campaña de denuncias que inició a fin del año pasado y a la que se atribuyen cientos de mensajes recibidos en el Palacio Nacional.

El arzobispo de Boston, Seán Patrick O´Malley, uno de los ocho asesores escogidos por el Papa Francisco, los Premios Nobel Mario Vargas Llosa y Adolfo Pérez Esquivel, así como una veintena de legisladores de Estados Unidos, figuran entre las personalidades que han demandado revocación de la sentencia.

Entre Danilo y Leonel. El escándalo internacional y las divisiones nacionales provocadas por la sentencia del TC han agobiado al Gobierno, le han consumido mucho tiempo y lo mantienen indeciso sobre el camino a seguir. Se inclinaba por una Ley de Naturalización, que daría oportunidad a los afectados a optar por una ciudadanía limitada, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Sistema de las Naciones Unidas advirtieron que eso dejaría vivo el escándalo en los ámbitos internacionales. La Comisión lo rechazó tajantemente, tanto en su informe como en su conversación con el presidente Medina, indicando que sólo la restitución plena de los derechos afectados impedirá que el caso pase a la Corte Interamericana. Luego se ha hablado de una ley especial que no fue presentada el 27 de febrero como se prometió. Esta semana el presidente dijo que aún se busca consenso.

Los que dentro del Gobierno han favorecido la solución de fondo, encabezados por el ministro Montalvo, han tropezado con la resistencia de los ultranacionalistas que los han llegado a incluir entre sus denunciados “traidores a la patria”. El último esfuerzo parece haber sido abortado cuando al caer febrero los nacionalistas publicaron un borrador de anteproyecto de ley elaborado en el Ministerio de la Presidencia.

Las divisiones y los recelos resaltan aún en los aliados del Gobierno, lo que obliga a una solución que tendría que partir de un acuerdo entre los dos mayores líderes del PLD, Medina y Fernández, ambos conscientes del difícil escenario internacional que afecta al país. Los dos han escuchado sabias recomendaciones internacionales y compartirían la responsabilidad de una condena y aislamiento internacional. Pero sólo de común acuerdo pueden imponer una solución política que pase por el Congreso que dominan y sea acatada por el TC, cuyos jueces no podrían desafiar un acuerdo político que sería aplaudido en los ámbitos internacionales.

Ley de Convalidación

El anteproyecto que se atribuye al Ministerio de la Presidencia fue denunciado cuando todavía se discutía entre sus redactores. Se fundamenta en el artículo 38 de la Constitución que proclama que “la dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable” y su respeto “una responsabilidad esencial de los poderes públicos”. También en el artículo 18.2 que reconoció como dominicanos a quienes “gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

En su artículo 1 “Se dispone la convalidación de todas las actas de nacimiento instrumentadas por Oficiales del Estado Civil, sin el cumplimiento de los requisitos legales, en el período comprendido entre el 20 del mes de junio de 1929 y el 18 de abril del año 2007, a personas de ascendencia extranjera o no”. El artículo 2 establece que para beneficiarse de esa convalidación “será necesario constatar: (a) que la persona titular del acta de nacimiento no tuvo participación directa en la irregularidad de su inscripción en el Registro Civil, y (b) que no se trate de casos de duplicidad o suplantación de identidad”.

El artículo 5 dispone que la JCE demande ante el tribunal competente la nulidad de las actas que se correspondan con situaciones de duplicidad y suplantación de identidad.-

Divisiones al granel.

La desnacionalización de los descendientes de inmigrantes irregulares, en su mayoría haitianos, pero también cocolos, españoles, árabes, chinos y de otras nacionalidades, según el inventario de la Junta Central Electoral de 24 mil 392 afectados por la sentencia, ha dividido profundamente la sociedad dominicana, el Gobierno, los medios de comunicación y hasta las iglesias. Hay afectados en todos los sectores sociales, incluyendo militares y policías, deportistas, artistas, profesionales, dirigentes políticos y funcionarios civiles.

La división se expresa dramáticamente en la Iglesia Católica, donde el cardenal arzobispo de Santo Domingo, Nicolás López Rodríguez, aparece como cabeza de los defensores de la exclusión, pero la Conferencia Dominicana de Religiosos, que agrupa a todas las órdenes religiosas de sacerdotes y monjas, la rechaza. La Conferencia del Episcopado no ha podido fijar posición, pero se sabe que varios obispos no comparten la actitud de López Rodríguez. En la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, Codue, se han expresado posiciones contradictorias.

En el Gobierno y su partido también hay divisiones, aunque pocas se han expresado públicamente. Tanto el presidente de la República, Danilo Medina, como el presidente del PLD Leonel Fernández, han disentido discretamente de la sentencia. Ambos formularon cuestionamientos a su carácter retroactivo. Medina planteó una solución humanitaria al conflicto y Fernández llegó a decir en Estados Unidos que para él Juliana Deguis, cuya instancia de amparo motivó la sentencia del TC, es dominicana. Ningún organismo del partido oficialista se ha manifestado.

Sin embargo, los presidentes de las cámaras legislativas, Reinaldo Pared y Abel Martínez, y el consultor Jurídico del Ejecutivo, César Pina Toribio, han dado pleno apoyo a la desnacionalización. Mientras al secretario de la Presidencia, Gustavo Montalvo, se le atribuye favorecer la devolución de los derechos conculcados. Ha sorprendido el silencio de gran parte de los dirigentes peledeístas y muy pocos, como la diputada Minou Tavárez Mirabal y el artista-diputado Manuel Jiménez, se han pronunciado firmemente en defensa de los excluidos.

 

Hay que ayudar al Presidente

Más allá del discurso ultranacionalista que pretende reivindicar una soberanía limitada por múltiples tratados internacionales, en muchos ámbitos del Gobierno y de su partido, como de diversos sectores sociales, existe la convicción de que la República Dominicana tiene que encontrar un camino que le permita revertir el creciente aislamiento internacional en que la ha colocado la desnacionalización masiva de descendientes de extranjeros nacidos en el país, dictada por el Tribunal Constitucional.

Es asombroso que gente de influencia reconozcan el daño que sufre la imagen del país en el mundo globalizado y en privado se muestren partidarios de una solución al escandaloso conflicto, pero no se atrevan a formularla en público. Ahora que la encuesta Gallup ha ratificado que la mayoría de la población (58.5 por ciento), considera que las víctimas de la Junta Central Electoral y de la sentencia 168-13 son efectivamente ciudadanos dominicanos, contradiciendo lo que se daba por cierto, debería motivar a muchos a salir del silencio y la indiferencia.

Son muchos los que entienden que el presidente Danilo Medina es el más consciente de la necesidad de conjurar el escándalo, primero al escuchar a representantes de los afectados y tras recibir personalmente las recomendaciones del sistema de las Naciones Unidas en el país y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos de sus funcionarios esperan una fórmula salvadora y algunos hasta alientan las propuestas.

Ya es tiempo de que dirigentes del partido gobernante y los líderes de opinión vean con serenidad la situación y reconozcan que el costo de mantener esa exclusión será causa de incesantes denuncias internacionales y, por la jurisprudencia establecida, de una sentencia revocatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, integrado por más de 400 personalidades de todos los sectores sociales, y que desde su constitución se ha propuesto un discurso inclusivo y un debate racional y respetuoso, entregó esta semana un ante proyecto de ley que buscaría saldar la situación.

La propuesta, de la que prometieron hacerse cargo varios de la veintena de diputados a quienes se les presentó, había sido enviada previamente al presidente de la nación, después de una extensa conversación en la que se le sugirió, junto a la alternativa de la “opinión consultiva” prevista en el estatuto que ampara la CIDH que podría ser el camino más institucional, puesto que la misma es parte del sistema constitucional dominicano que la reconoce como última instancia en derechos humanos.

Una de las consideraciones plantea “que se torna imperioso encontrar una solución nacional, jurídicamente consistente y humanamente respetuosa de la dignidad y los derechos de las personas, a la situación que se ha suscitado en el país con la nacionalidad de decenas de miles de personas, que a la vez sustraiga el caso de los ámbitos de las negociaciones bilaterales y de las jurisdicciones internacionales reconocidas por la Constitución de la República”.

El anteproyecto se justifica en una veintena de consideraciones, partiendo como fundamental del numeral 2 del artículo 18 de la Constitución de la República que proclama como dominicanos a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

Otros han hablado de una ley de amnistía, o de propuestas que desconozcan solo las actas de nacimiento fraudulentas por la acción del mismo beneficiario. Cada día parece haber más convicción de que la simple ley de naturalización que desconozca los derechos adquiridos, como se ha propuesto, deja viva la violación de derechos humanos que rechaza la comunidad internacional y sus consecuencias.

Cualquier fórmula que resuelva el conflicto, que se traduzca en reconocimiento de los derechos ciudadanos, incluyendo el anteproyecto de ley propuesto, debe ser objeto de atención y razonable ponderación. Hay que ayudar al presidente Medina a despejar el panorama.

Exaltación del nacionalismo lleva al aislamiento de RD

Por Juan Bolívar Díaz

El acontecimiento político de enero fue el discurso del presidente Danilo Medina en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) con el que se inscribió en la exaltación del nacionalismo y la soberanía nacional como justificación del despojo de la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas.

Al mismo tiempo el discurso afianzó el camino al aislamiento internacional del país, especialmente del vecindario caribeño, y lo expone a cuestionamientos y hasta condenas de organismos mundiales, especialmente de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Exaltación nacionalista. El enfático tono y las medias verdades con que el presidente Medina respondió en la CELAC los cuestionamientos a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que desnacionaliza a decenas de millares de dominicanos descendientes de extranjeros, satisfizo el nacionalismo de amplios segmentos nacionales y probablemente le ganó algunos puntos de popularidad al mandatario.

Pero el escenario escogido pareció equivocado ya que sus planteamientos, aunque satisfacen a los más exaltados nacionalistas dominicanos, no están llamados a obtener el mínimo apoyo internacional que le ha faltado en el debate, pero sí a afianzar el aislamiento con la comunidad del Caribe, que ya le dio un portazo a la petición de ingreso a Caricom, cuyos jefes de Estados constituían la mitad del auditorio, incluyendo a Venezuela y Cuba que diplomáticamente han expresado solidaridad con Haití.

El licenciado Medina abandonó su discurso original que pedía excusa a los afectados por la sentencia desnacionalizadora, cuestionaba su retroactividad y privilegiaba una solución humanitaria y se adscribió a los planteamientos del hecho cumplido que exalta un soberanismo hace tiempo limitado por múltiples tratados internacionales, especialmente en materia de derechos humanos. Adoptó el discurso de que “no es cierto que en República Dominicana se le ha quitado la nacionalidad a alguien. Yo no le puedo quitar lo que no tenían algunas personas”, con lo que concuerda una apreciable proporción de los dominicanos, no así la mayoría de los expertos constitucionalistas y juristas que se han pronunciado al respecto.

La posición oficial se fundamenta en una ley de naturalización que ofrecería diversas opciones a los dominicanos declarados extranjeros sin corregir la violación del derecho fundamental a la nacionalidad, instituido en pactos internacionales y en la Constitución de la nación.

Pedradas al más chiquito. No hay dudas de que el presidente tenía que responder “discursos como los que se han pronunciado aquí”, como comenzó diciendo, lo que implica que no fue sólo al primer ministro de San Vicente-Granadinas, Ralph Gonzalves. Se refirieron también al conflicto, directamente la presidenta de Caricom y primera ministra de Trinidad, e indirectamente el mismo presidente de Cuba y anfitrión, Raúl Castro, cuando volvió a pedir el entendimiento entre Haití y República Dominicana, afectado por la sentencia excluyente, lo que también ha movilizado a Venezuela. Los jefes de Estado de estas dos naciones han expresado recientemente su solidaridad con Haití.

En términos dominicanos, Medina “mandó a freir tuzas” a Gonzalves, “cogiendo piedras para el chiquito”, individualizando los cuestionamientos de todo el Caricom, con un chivo expiatorio del rechazo que ha tenido el genocidio civil dominicano en múltiples organismos internacionales, del gobierno de Estados Unidos, de personalidades y de la prensa mundial. Todavía no ha aparecido un apoyo exterior. San Vicente-Granadina es un país de 103 mil habitantes, casi la centésima parte de los dominicanos y 389 kilómetros cuadrados, que caben 123 veces en el territorio nacional.

El problema es que estos cuestionamientos se hicieron en una cumbre regional, transmitidos por televisión y en presencia del mandatario dominicano, lo que le obligaba a responder. Pero lo que allí se dijo no dista nada de lo expresado por el secretario general de la OEA, por diversas agencias de las Naciones Unidas o por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras su visita al país en diciembre, cuyo informe planteó que “la sentencia conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad” y que “tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes, priva de la nacionalidad retroactivamente y genera apatridia”…

 Debilidades del discurso

El discurso presidencial tuvo acierto en resaltar la solidaridad dominicana con Haití tras el terremoto del 2010, la convivencia entre los nacionales de ambos países y en rechazar el calificativo de racistas, así como al señalar el proceso de diálogo bilateral, la positiva disposición al respecto del presidente haitiano, y el plan de regulación de la inmigración, defendido como derecho del país, lo que debió satisfacer al auditorio, no así el enfático tono con que respondía los cuestionamientos allí expresados.

La improvisación condujo a errores, como afirmar que el país nunca ha sido sentado en el banquillo por violación de derechos humanos, cuando acumula dos condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sobre el mismo tema de la nacionalidad de dominico-haitianos y tiene allí otro caso sobre el cual hubo audiencia en octubre en México, unos 48 casos sobre los que la Comisión Interamericana ha celebrado dos audiencias en Washington, y múltiples en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que precisamente sesiona el miércoles 5 de febrero en Ginebra para conocerlos. En la agenda ya tiene cuestionamientos al genocidio civil.

El presidente cuantificó en un millón los haitianos que trabajan en el país, cuando su propio gobierno entregó el año pasado una encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas que los estimó en 458 mil. Serían 668 si se convierten en haitianos los 209 mil descendientes nacidos en el país. Le sacaliñó que reciben servicios de salud y educación, (muy limitados y con exclusiones los domínico haitianos) como si fuera un regalo, cuando admitía que son el 80 por ciento de los trabajadores agrícolas y de la construcción. Sin ellos esos dos sectores fundamentales de la producción entrarían en crisis, pero el mandatario no reconoció que los inmigrantes haitianos aportan el 5.4 por ciento del valor agregado de la economía nacional, 115 mil 920 millones de pesos, de acuerdo a un estudio reciente de la Unión Europea y el Fondo de Población de la ONU.

Aislamiento internacional. Si algo demostró la cumbre de la CELAC es las serias dificultades internacionales del Gobierno, que deplora el propio presidente Medina, a quien muchos ven como víctima de un temerario desaguisado alentado por ultranacionalistas e intereses políticos que no son los suyos, cuya posición inicial en el conflicto no fue respaldada por su propio partido y apenas por sus más cercanos funcionarios.

Esta semana el país volverá al banquillo de los acusados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, mientras se celebrará mañana la segunda ronda del nuevo diálogo con Haití, montado como tabla de amortiguamiento del escándalo de la sentencia, donde tienen pendiente el tema urticante, en tanto el jueves el presidente de Haití, Michel Martelly, será recibido en la Casa Blanca de Washington por el único presidente norteamericano de ascendencia africana. En marzo próximo viene la audiencia en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las casi 4 mil denuncias de violación de derechos humanos que recibió durante su visita al país.

En el escenario de Ginebra chocarán las visiones de los grupos sociales dominicanos que han enviado cuatro delegados y la misión oficial que encabezará el Ministro de Interior y Policía José Ramón Fadul, que no será tan extensa como los 22 miembros que asistieron al anterior período de sesiones del Consejo de Derechos humanos en diciembre del 2009, cuando se comprometieron a responder decenas de recomendaciones. Varios países europeos ya han avanzado cuestionamientos que deberán ser respondidos sobre la sentencia 168-13.

La posición adoptada por el presidente Medina en la cumbre de Cuba remite el conflicto a la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, donde la jurisprudencia proyecta una condena revocatoria del genocidio civil, y entonces habrá que ver si los gritos nacionalistas y argumentos soberanistas serán suficientes para desafiar el dictamen, lo que agravaría la imagen y el aislamiento internacional de la nación, y si entonces bastarán los gritos del cardenal arzobispo de Santo Domingo que denuncia un acoso internacional.

Por de pronto el boche de Medina a Gonsalves, extensivo a todos los cuestionadores de la sentencia, afianza el aislamiento del país del bloque de 14 naciones de la propia región del Caribe, con capacidad para hacerse sentir no sólo en el hemisferio, sino también en la muy extensa comunidad de naciones africanas. Un grave retroceso en las relaciones internacionales de la nación dominicana.-

 

El informe de la CIDH: desafío a la concertación

Por Juan Bolívar Díaz

Tal como se había advertido, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitó el país esta semana es contundente en un firme rechazo a la desnacionalización de millares de ciudadanos dominicanos de ascendencia extranjera dispuesta por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).

Las recomendaciones al Estado dominicano se sintetizan en la necesidad de “adoptar medidas urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su nacionalidad”, incentivando un clima de armonía, respeto a la diversidad, participación y concertación.

Firmes conclusiones. El informe preliminar de la visita de la CIDH al país concluida el viernes es preciso y contundente en los múltiples aspectos que aborda, en especial frente al conflicto de la desnacionalización: “La Comisión estima que la sentencia del Tribunal Constitucional conlleva a una privación arbitraria de la nacionalidad. La sentencia tiene un efecto discriminatorio, dado que impacta principalmente a personas dominicanas de ascendencia haitiana, quienes son personas afrodescendientes; priva de la nacionalidad retroactivamente; y genera apatridia respecto de aquellas personas que no son consideradas como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación”.

Sostiene que con una nueva interpretación del concepto extranjeros en tránsito el TC priva retroactivamente de su derecho a la nacionalidad dominicana a decenas de miles de personas que durante toda su vida habían sido consideradas dominicanas, muchas de las cuales fueron registradas por las autoridades competentes como nacionales dominicanos al nacer y a lo largo de su vida se les otorgaron otros documentos de identidad, tales como cédulas, carnets electorales y pasaportes”.

Los comisionados dicen que al visitar bateyes contactaron las condiciones de pobreza, exclusión y discriminación en que viven sus habitantes y que “afecta desproporcionadamente a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, y esto guarda relación con los obstáculos que enfrentan en el acceso a sus documentos de identidad”. También sostienen que la sentencia del TC afecta a “personas ya sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza”.

La CIDH se fundamenta en el artículo 20 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que postula que “toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla”. Citaron el numeral 3 del artículo 74 de la Constitución dominicana que señala que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado dominicano, tienen jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”.

Las recomendaciones. “Debido a la gravedad de las vulneraciones de derechos”, la Comisión destaca que es indispensable adoptar medidas urgentes que garanticen el pleno goce de los derechos humanos de las personas que han sido privadas de su nacionalidad, hasta tanto se implemente una solución de largo plazo que ponga fin a estas situaciones”. Consigna cuatro recomendaciones específicas:

1) Debe garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.

2) No se puede exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquéllas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.

3) Las medidas para garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas perjudicadas por la sentencia 168-13 deben ser generales y automáticas. Dichos mecanismos deben ser sencillos, claros, rápidos y justos. No pueden ser discrecionales o implementados en forma discriminatoria.

4) Los mecanismos deben ser accesibles en términos económicos.

Finalmente, a los efectos de lograr un resultado eficaz, sería importante crear un espacio de consulta y participación de la sociedad civil y representantes de las poblaciones afectadas por la sentencia.

Desafío a la concertación. El informe no deja dudas sobre la contundencia del rechazo al genocidio civil, y sus repercusiones internacionales obligan a la búsqueda de una solución que proteja los derechos vulnerados y no extienda el sufrimiento de las víctimas, y que impida un mayor descrédito de la imagen del país. El escándalo creado sigue ganando atención de instituciones, personalidades y medios de comunicación de todo el mundo. El último en abordarlo fue The Economic, bajo el título de “Tormenta en La Hispaniola”.

El desafío es fuerte para el presidente Medina y el presidente del partido gobernante, Leonel Fernández, que han reconocido las graves implicaciones humanas derivadas de la sentencia, y también han cuestionado la legitimidad de su efecto retroactivo. Ambos están conscientes de las implicaciones internacionales y de la necesidad de evitar que el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión visitante advirtió que tiene un número de querellas presentadas por los primeros afectados que pueden llegar a la Corte.

Más allá del discurso nacionalista y soberanista que ha contaminado hasta a los presidentes de las cámaras legislativas, el Gobierno y el liderazgo de su partido tienen el desafío de buscar solución que reivindique los derechos humanos vulnerados. El pasado viernes el expresidente Fernández se reunió con los diputados de su partido. Tras una hora y media, no alcanzaron consenso pero barajaron diversas opciones legislativas.

Durante un encuentro efectuado el jueves en la Universidad Autónoma, el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas, al que asistieron más de 2 mil personas, propuso a las autoridades y el liderazgo nacional “Un pacto que permita dar una solución dominicana, definitiva y respetuosa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática”, a partir del numeral 2 del artículo 18 de la Constitución proclamada en el 2010 que reconoce la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”.