Cuestión de dignidad nacional

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Por Juan Bolívar Díaz

Hay que darle crédito al presidente Danilo Medina por la decisión de reconocer la realidad de la República Popular China, (RPCH) evadida por los gobiernos dominicanos  durante casi medio siglo, desde que en 1971 la mayoría  de los Estados integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la Resolución 2758 que restituyó a esa nación el reconocimiento que, como fruto de la guerra fría, ostentaba la República de China en Taiwán.

Desde los años setenta la mayoría de las naciones del mundo se adhirieron a la resolución reconociendo la realidad de que Taiwán es apenas el 0.4 por ciento del territorio chino y el 2 por ciento de su población. República Dominicana evadía la realidad junto a 21 naciones,  el 11 por ciento de los Estados miembros de la ONU,  en una compañía que para nada nos acreditaba, 5 centroamericanas, Paraguay, Belice, Haití, tres islas del Caribe y 6 del Pacífico y Oceanía, así como dos países africanos y el Vaticano.

Durante años se ha dado la paradoja de que hemos querido formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU sin reconocer la nación de mayor población, 1,380 millones,  el quinto de mayor extensión, 200 veces el territorio dominicano,  segunda potencia mundial disputando el primer lugar, y por todo ello con influjo en el concierto diplomático internacional. Se podía explicar la posición dominicana por la dependencia de los Estados Unidos, pero este país reconoció la RPCH en 1979.

Sólo los esfuerzos de Taiwán invirtiendo una apreciable cantidad de dinero para mantener el reconocimiento de una veintena de países, podía explicar que los gobernantes dominicanos persistieran en el absurdo aunque el intercambio comercial, muy favorable para la RPCH alcanzara los 2 mil millones de dólares anuales. Pero nadie debería fundar nuestra decisión  en que nos va a proporcionar mayor asistencia técnica o financiera. Porque eso rebaja la dignidad nacional y nos proyecta como una nación mercantilista. Ya el senador norteamericano Marco Rubio, ignorando la realidad universal,  nos acusó de dejarnos sobornar por China, cuando sólo hicimos lo que su país decidió hace 39 años.

Nos ha costado mucho esta decisión de soberanía y dignidad nacional, adoptada desde mediados del año pasado, (cuando la publicamos), tras lo cual Taiwán desarrolló una ofensiva desesperada buscando revocarla. En julio envió al país a su canciller, que no fue recibido por su homólogo Miguel Vargas ni por el presidente Medina. En agosto vino el ministro de Defensa, y en noviembre el vice canciller. En Octubre la presidenta de Taiwán cursaba invitación al presidente Medina para una visita oficial, y hace apenas semanas tres buques de las fuerzas navales taiwanenses visitaron el país.

No dejaba de ser penosa la decisión de desconocer a Taiwán, después de décadas de cooperación, pero era cuestión de dignidad. En el comunicado en que anuncia su retiro total del país se expresa que “condenamos enérgicamente  la decisión de China Popular de utilizar la diplomacia del dólar para comprar los aliados diplomáticos de Taiwán”. Eso implica una acusación de que nos vendimos y una desproporcionada reacción, tal vez motivada porque todavía en febrero estábamos firmando un acuerdo de cooperación, y recibimos una contribución de 3 millones de dólares para microempresas, y cientos de ambulancias y motocicletas, cuando ya habíamos decidido un divorcio que debió ser más conciliado.

Más allá del agradecimiento por la asistencia técnica y la amplia ayuda financiera de Taiwán durante décadas, hay que reconocer la tremenda laboriosidad de ese pueblo de 23 millones de seres humanos, que levantó un emporio económico en una isla un tercio menor que el territorio dominicano, favorecido por haber sido convertida en frontera de contención del comunismo chino. Fue un error estratégico no haberse declarado independiente en plena guerra fría cuando habrían conseguido reconocimiento, en vez de seguir proclamándose como la nación china. Con todo, merecen la mejor de la suerte, que la peor sea un estatus semejante al de Hong Kong, que ha mantenido relativa autonomía y su gran prosperidad económica.-

RD:CRECIMIENTO ECONÓMICO excluyente durante 60 años

Por Juan Bolívar Díaz
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Con un crecimiento económico del 7 por ciento en el 2015, certificado esta semana por el gobernador del Banco Central (BC), el país lideró el continente y alcanzó a India y China, pero fundado en un insostenible endeudamiento estatal, que acaparó gran proporción del ahorro nacional, en detrimento de los sectores productivos.

Son ya 60 años de crecimiento económico del país, concentrado y excluyente, con niveles salariales de absoluta pobreza, como reconoció el gobernador Héctor Valdez Albizu, y basado en la construcción estatal de alta rentabilidad política en una sociedad de bajos niveles educativos y de conciencia sobre derechos.

Calidad del crecimiento. Escrito antes del informe del BC, la página de los jueves del financista Alejandro Fernández, Argentarium, de esta semana, desmonta la calidad del crecimiento económico dominicano, al analizar cómo se distribuyó el ahorro nacional durante el 2015. Para preguntar “¿qué economía es la que tenemos, donde el crédito a los tres sectores productivos fundamentales de la economía solo recibe RD$4.3 mil millones del ahorro nacional en todo un año?”.

Fernández contrasta que para consumos, vehículos y viviendas el financiamiento nacional fuera 12 veces mayor, RD$50.9 mil millones, y para financiar las operaciones del Gobierno y del mismo BC se destinaron nada menos que RD$83.2 mil millones, para concluir en que el sector productivo apenas alcanzó el 5 por ciento del ahorro nacional, con el sector agropecuario cayendo en casi tres mil millones de pesos, profundizándose el desequilibrio en relación a los años anteriores. Que en el 2015 el financiamiento al Gobierno aumentó 90 por ciento, mientras el privado solo 12 por ciento, cuando agricultores e industriales fueron afectados por sequía y restricciones comerciales.

En otras palabras, que el crecimiento no está fundamentado en la producción nacional, sino en una inversión pública financiada por endeudamiento, mismo que llevó ya la deuda del sector público no financiero a casi 24 mil millones de dólares, sin contabilizar la oculta, y a unos 35 mil millones de dólares la consolidada del Estado, incluyendo la del BC, que ronda los 10 mil millones de dólares. Ya Participación Ciudadana ha documentado que en el 2015 montó los 3,700 millones de dólares, y que para este año podría llegar a cinco mil millones.

Gran iniquidad salarial. Por segunda vez en menos de seis meses, el gobernador Valdez Albizu ha llamado la atención sobre la inequidad e iniquidad de los salarios en un país que registra tan alto crecimiento económico, lo que reactualiza la pregunta de para quién. Y esta vez fue más dramático al plantear que “la única forma de derramar el crecimiento es mejorando los salarios. Lo he planteado en más de 20 ocasiones, y me han mandado a callar la boca, de todos los lados”.

Las cuentas del BC revelan que los salarios mínimos nacionales no alcanzan, -ni siquiera en las grandes empresas- para cubrir el costo de la canasta básica del quintil más bajo de la sociedad, es decir del más pobre, que se calcula en 13 mil 22 pesos. El mayor salario mínimo es de 12,873, pero el de las medianas empresas es de 8,850 y en las pequeñas 7,843. En el Gobierno el mínimo apenas llega a 5,117, para un promedio nacional del salario mínimo de 7,500 pesos. Representa solo el 58 por ciento del costo de la canasta básica inferior y el 27 por ciento del costo promedio de la canasta familiar nacional promedio.

Es relevante que dos de los sectores productivos mayores en ingresos de divisas y empleos, como el turístico y zonas francas, mantengan salarios mínimos de RD$8,040 y 7,220 pesos, lo que condena a largas jornadas laborales o doble empleo para que gran proporción de sus empleados puedan cubrir el costo de la canasta de los más pobres.

Pero no se crea que la inequidad afecta solo a los salarios mínimos, es que el 85 por ciento de los asalariados formales dominicanos no alcanzan a cubrir los 28,221 pesos del costo promedio de la canasta familiar, y más del 60 por ciento no se topan con lo necesario para pagar la canasta familiar del segundo quintil más bajo, calculada por el BC en 18 mil 128 pesos.
60 años de concentración

Fue en el 2005 que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo documentó que la República Dominicana era uno de los países de más alto y sostenido crecimiento económico del mundo durante el último medio siglo, pero al mismo tiempo el que “más ha desaprovechado el crecimiento para traducirlo en desarrollo humano”. Pues ha pasado otra década y van 60 años sin que las políticas públicas y la inversión empresarial hayan generado mayor equidad.

El crecimiento del PIB en RD durante la última década promedia entre sobre 5 por ciento, más 6 entre 2005 y 2007, para caer al 3 y 1 en 2008-09, repuntando al 8.3 en el 2010. Se redujo de nuevo a 2.8 y 2,6 en 2011-12 y repunta al 4.8, 7.3 y 7 por ciento en los últimos tres años. En el período las grandes economías del mundo han volado bajo. En el 2015 Estados unidos crece 2 por ciento y Alemania poco más del uno por ciento. Japón lucha por salir de la recesión lo mismo que el conjunto de la Unión Europea.

Responsabilidad política. Lo que agrava la iniquidad en el país es la miseria de las políticas sociales, que derraman boronas en subsidios que apenas alcanzan para estabilizar la pobreza, concentrando la inversión en edificaciones y vías públicas que benefician básicamente a los sectores altos y medios y son caldos de cultivo de la corrupción para el enriquecimiento rápido. Las deficiencias de la inversión en los servicios de salud, educación, energía, transporte, vivienda, agua potable, seguridad y salarios públicos son factores fundamentales de mantenimiento de la inequidad social.

Las carencias educativas de las mayorías, que incluyen la ignorancia sobre lo que son los derechos humanos y el desarrollo, han permitido que los gobernantes mantengan políticas de inversión faraónica, exhibibles a corto plazo, como forma de mantener el poder y adquirir aureola de grandes constructores. Por ello la nación sigue ocupando los más bajos escalones en las evaluaciones de la competitividad internacional de transparencia y pulcritud administrativa, así como en los índices de desarrollo humano.

Alcanza a India y China

El 7 por ciento del crecimiento económico del 2015 es el mayor del continente y de los más altos del mundo, al nivel de India y China, las economías de mayor auge en la última década, aunque en progresiva reducción, que el año pasado apenas alcanzaron esa cifra. Solo países de poco peso mundial sobrepasaron el 8 por ciento, como Papúa Nueva Guinea (líder con 19), Turkmenistán, Etiopía y Myanmar sobre el 8 por ciento.

Fue positivo que tal crecimiento dominicano se alcanzó con inflación menor del 3 por ciento y relativa estabilidad cambiaria, con elevación de las reservas líquidas de divisas reducción del déficit de cuenta corriente, gracias a una disminución de 1,300 millones de dólares fruto de la caída de los precios del petróleo.

Lo negativo es que ese nivel de crecimiento no fue determinado por los sectores productivos y generadoras de más empleo, como el manufacturero y el agropecuario, con 5 por ciento o menos, con caída del 13 por ciento en las exportaciones, sino básicamente por la inversión pública derivada de un financiamiento de unos 3 mil 700 millones de dólares que impulsaron la construcción en 18 por ciento, el comercio y la intermediación financiera en 9 y la enseñanza en 8.6 por ciento.

El informe presentado por Valdez Albizu no incluyó el crecimiento del endeudamiento público, ni el del Banco Central, al cual el Gobierno no entregó los intereses que dispone la ley de recapitalización de esa entidad, ni se refirió al déficit fiscal, que nuevamente sobrepasó los 80 mil millones de pesos, sin que se pueda precisar por los atrasos del Gobierno en pagar a los suplidores de energía, de bienes y servicios, a los contratistas de obras y hasta de la alimentación escolar.

La corrupción es política de Estado

Por Juan Bolívar Díaz
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China y Brasil son del puñado de países que han logrado un crecimiento asombroso en las últimas décadas, hasta entrar al círculo de las diez mayores economías del mundo, teniendo en común su enorme territorio, entre los cuatro más grandes y que, por demás, concentran cerca de la cuarta parte de la población mundial.

Ninguna de las dos naciones figura en los primeros lugares en los índices internacionales de transparencia pero están haciendo esfuerzos extraordinarios para combatir la corrupción, rechazando el criterio conformista de que es un mal de la humanidad, como quedó evidente esta semana en discursos de sus mandatarios.

Al inaugurar un congreso del partido oficial, sin oposición en capacidad de relevo, el presidente chino Hiu Jintao, dirigió sus cañones contra la corrupción, proclamando que “si no somos capaces de gestionar bien este problema, podría ser fatal para el partido y causar incluso el derrumbe del partido y la caída del Estado”.

Vale recordar que Jintao ya había abierto fuego contra la corrupción desde el discurso con que inició su gestión en el 2002, y luego en el 2007, y que desde entonces son miles las destituciones y procesos judiciales abiertos contra funcionarios de todos los niveles, incluyendo a un ex secretario del Partido Comunista Chino. Y en ese país las sanciones por corrupción llegan a la pena de muerte, que se aplica con frecuencia.

En una conferencia internacional anticorrupción, la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, resaltó el papel de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción, a través de sus órganos de control ético, de la ley de transparencia y de la “Ficha Limpia” que impide la postulación a cargos públicos de quienes hayan sido condenados en alguna instancia judicial.

La admirada mandataria sostuvo que la lucha contra la corrupción es de las preocupaciones fundamentales de su gobierno y de la sociedad brasileña, al punto de que en la actualidad hay más de cien proyectos contra ese mal en el parlamento, proclamando que “no debe confundirse con una lucha contra el Estado o contra la política, porque se corrompen las personas, no las instituciones”.

Además de los órganos del Estado, Dilma Roussef  resaltó el papel de la prensa libre en el combate a la corrupción, aún cuando se produzcan exageraciones, porque “siempre es preferible el ruido de la prensa al ruido de la tumba de los dictadores”.

Vale también recordar que en Brasil acaba de concluir “el juicio del siglo” en el que 24 políticos y un publicista han sido condenados por corrupción, a penas que alcanzan hasta 40 años de cárcel. Los políticos del mismo partido de la presidenta, incluyendo a José Genoino y Delubio Soares, presidente y tesorero de la organización, y a José Dirceu, quien fue jefe del gabinete y mano derecha del presidente Lula Da Silva.

Si lo fue alguna vez, es obvio que ya la corrupción no es una política de Estado en Brasil, como lo sigue siendo en la República Dominicana, donde todo el aparato administrativo y de fiscalización del Estado, los organismos encargados de la ética, y una gran parte de los comunicadores son partícipes y defensores de la corrupción.

Aquí la corrupción es política del Estado para enriquecimiento personal, para ganar adeptos y elecciones, mediante el clientelismo y el rentismo. Se corrompe para comprar silencios y complicidades, para doblegar opositores. El reparto de lo público, la apropiación de lo colectivo, corroe las instituciones y reduce las posibilidades de progreso y cultiva la ignorancia, como base de la dependencia de los cuasi ciudadanos.

En este país se ha llegado tan lejos que es peligroso radicalismo  exigir transparencia, rendición de cuentas, límites a la podredumbre y sanciones. Por eso hasta gente seria ve con  indiferencia que el país sea situado en el escalón 144 en malversación de recursos públicos, entre 144 naciones, en el Índice de Competitividad del nada sospechoso Foro Económico Mundial.