2016: crecimiento económico con precariedad institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La reelección presidencial, que esta vez se extendió a la mayoría del Congreso y los municipios, volvió este año a poner en jaque la institucionalidad democrática, con un resultado que afianza la extrema concentración del poder en un solo partido, subordinando la justicia y afianzando el reinado de la impunidad y el reparto del Estado.

            Sin embargo, el país tuvo otro año de estabilidad y crecimiento económico, el mayor del continente, aunque mal distribuido como diagnostican los organismos internacionales, y dependiente de un galopante endeudamiento que trilla la ruta de la insostenibilidad por la persistencia de casi una década de déficits fiscales.

El más alto crecimiento

            Lo proclamó esta semana la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la República Dominicana tendrá este año el más alto crecimiento de América Latina y el Caribe, (mayor también que el de Estados Unidos y Canadá), estimándolo en 6.4% del producto interno bruto (PBI), con el beneficio adicional de que tanto la inflación como la devaluación de la tasa cambiaria terminarán por debajo del 3%. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también han reconocido el crecimiento dominicano.

            El crecimiento se fundamenta en factores externos como alza del precio de los minerales y reducción del de los hidrocarburos, incremento del turismo y las remesas, con aumento de la construcción,  agropecuaria y las actividades financieras. El crédito para el país es mayor por cuanto toda la región latinoamericana y caribeña registra una contracción económica del 1.1%, finalizando una década de crecimiento, incluso cuando se benefició de la crisis internacional desde el 2008.

            El crecimiento económico sigue siendo reivindicado por el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha tenido éxito en reorientar un mayor gasto a la educación, acatando el mandato legal del 4 por ciento del PIB para ese sector, con mayor incidencia sobre la pequeña y mediana empresa. La baja inflación y limitada devaluación, junto a la acentuada cooptación del liderazgo sindical, social y comunitario y subsidios clientelistas a través de más de un millón 200 mil tarjetas, han logrado reducir las protestas sociales.

Críticas a ese crecimiento

            Esta semana el Banco Mundial ponderó el crecimiento económico dominicano de los últimos 25 años, como antes lo ha hecho el PNUD en más de cincuenta, con la excepción del 2004 por la crisis bancaria, pero mantuvo el cuestionamiento por no traducirse  en una real reducción de la pobreza y mayor desarrollo humano, con informalidad del 56 por ciento y los salarios en bajo poder adquisitivo, a niveles de 1991, según las cuentas del Banco Central.

            En un informe entregado esta semana, el Banco Mundial cuestiona la calidad del gasto público con limitada generación de empleos, ponderando que mientras en países de menor crecimiento del PIB, logran mayores reducción de la pobreza, con hasta 41% de la población en movilidad ascendente,  aquí es sólo el 7%, pero con un 8% descendiente y el resto estático. Que seis reformas fiscales entre 2004 y 2012, no arrojan incremento real del ingreso, con reducción al impuesto directo, entre ellos al ingreso personal y corporativo.

            La otra crítica al crecimiento nacional es que se basa excesivamente en un  financiamiento muy elevado que se aproxima al 50 por ciento del PIB, y que elevó en más del 100% la deuda estatal consolidada en los 9 años que transcurrieron entre 2008 y  2016, los cuales marcan un déficit fiscal ascendente. Los analistas económicos estiman que el déficit de este año superará los 100 mil millones de pesos, y que el financiamiento pasará de 3,800 millones de dólares sólo en el período gubernamental iniciado en agosto.

            El gobierno concluye el año realizando malabares para enderezar lo más posible las finanzas, con tardíos proyectos de ajustes fiscales en el Congreso y con una situación agravada por los daños a las infraestructuras, la producción agrícola y a las viviendas arrojados por las inundaciones de noviembre.

La reelección lo arrasa todo

            Como indicó esta semana el movimiento Participación Ciudadana, en su balance del 2016, como ha sido constante histórica nacional, la reelección presidencial barrió con la institucionalidad democrática, manipulando los organismos estatales y el presupuesto del Estado,  abusando de los recursos públicos, con un gasto aplastante de propaganda.

            Tal como consigna el movimiento cívico, el año “fue marcado por una campaña electoral y unas elecciones generales caracterizadas por la absoluta desigualdad entre los partidos y candidaturas concurrentes, por la prevalencia del desorden normativo que reduce la democracia y esta vez con un claro retroceso en el arbitraje y la gestión organizativa que, con una imposición de nueva tecnología sin suficientes pruebas previas, derivó en un inmenso tollo en el procesamiento de los resultados de la votación, tomando dos semanas el cómputo del voto presidencial y casi un mes de los niveles congresual y municipal”.

            Esta vez la reelección abarcó también a más del 80 por ciento de los senadores y de la mitad de diputados y alcaldes con un incontrolado derroche de recursos en su mayoría proveniente de la cosa pública. El abuso del poder generó tanta inconformidad que la  oposición no ha reconocido la reelección de Medina, aunque obtuvo el 62% del sufragio.

            Los arreglos continuistas incluyeron el rechazo al procesamiento judicial dictaminados por tribunales bajo control político frente a los graves y documentados expedientes de corrupción elaborados por el Ministerio Público contra el secretario de organización y el tesorero del partido gubernamental, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Muy escasa concertación

            A lo largo del año fue notoria la incapacidad del liderazgo nacional para concertar el mejoramiento institucional, político, social y fiscal. Se celebraron unas segundas elecciones nacionales sin adaptar la ley electoral al marco constitucional del 2010 y sin ley de partidos, y la negativa fue la respuesta a los reclamos de concertar una elección diáfana y sin reparto político de la Junta Central Electoral, Tribunal Electoral y Cámara de Cuentas, no sólo de la oposición política, sino también de una amplia conjunción de fuerzas sociales.

            Pasó un segundo año consecutivo de intentos de acordar los términos del Pacto Eléctrico que demanda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, por la escasa transparencia de la gestión gubernamental del sector, lo que incluyó la construcción de las polémicas plantas de carbón de Punta Catalina. Del otro mandato de pacto, el Fiscal, el gobierno no quiere ni hablar para no enfrentar las demandas de mejoramiento del gasto, reducción de la malversación, del rentismo y del clientelismo políticos.

            El gobierno hizo algunos cambios, bien acogidos, en varios órganos, como los ministerios de Educación y Medio Ambiente, y en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pero sin que se haya sancionado la corrupción mafiosa detectada allí al final del 2015 por el suicidio de un arquitecto contratista extorsionado. Mientras se documentan repartos políticos como los 36 subdirectores en un organismo inoperante como Inespre y 38 en Bienes Nacionales.

Etapa final muy negativa

            Cuando se revisan los acontecimientos de las últimas semanas, se advierte un panorama de deterioro institucional, marcado por las dificultades del imperio de la ley, como todo el regateo para que miles de funcionarios cumplan la declaración del Patrimonio, o en la aprobación de un código penal que al sancionar toda interrupción del embarazo, aún si peligra la vida de la madre o si ha sido impuesto a la fuerza, retrotrae el país a la edad media, como advirtió el viernes el representante de las Naciones Unidas Lorenzo Jiménez.

            Ahí están los informes de Educa sobre el abuso clientelista del presupuesto de educación, el informe de PISA que deja el país en el último escalón de 72 naciones evaluadas y el del Banco Mundial sobre el crecimiento sin inclusión social. Mientras INDOTEL  anuncia que cerrará 50 radioemisoras que operaban sin licencia y la Comisión de Derechos Humanos estima en 200 los muertos este año a manos de agentes policiales.

            El escándalo de los aviones Tucano se complica por la confesión de la empresa contratista de que sobornó a funcionarios dominicanos, en tanto cuatro nacionales fueron identificados como parte del escándalo de corrupción política “Lava Jato”, de Brasil, donde quedaron suspendidos los financiamientos a una 7 grandes obras en el país adjudicadas a empresas brasileñas. Se pelea por el control político de la Liga Municipal con 800 millones de pesos de presupuesto anual y más de 400 empleos, y el presidencialismo llega al extremo que el presidente Medina preside la graduación de 15 cadetes.-

La clase media dominicana con alto nivel de pobreza

Por Juan Bolívar Díaz
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La propaganda gubernamental, incrementada por el proyecto de reelección total, proclama la reducción de la pobreza al 26 por ciento basado en una metodología que sólo toma en cuenta los niveles mínimos de ingresos, ignorando otras factores no monetarios como las condiciones generales de vida, y particularmente la calidad de los servicios.

Pero aún en los niveles del ingreso, esa conclusión entra en contradicción hasta con estudios recientes del Banco Central y múltiples diagnósticos públicos y privados sobre el empleo, así como con el último informe de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que en enero estimó la pobreza dominicana en 40.7 por ciento.

Gran caída de la pobreza
El Ministerio de Economía sorprendió al país la semana pasada cuando hizo público un estudio sobre “Evolución de la población de la RD por estratos de ingresos en 2005-2015″, basado únicamente en una metodología del Banco Mundial para analizar los niveles de salarios e ignorando otros factores, como las condiciones generales de vida, aunque hace décadas el crecimiento económico y la pobreza no se miden por las simples estadísticas del ingreso per cápita y los indicadores monetarios que diluyen las extremas desigualdades.

La principal conclusión del informe oficial es que, atendiendo a los niveles de ingreso, ya la sociedad dominicana es mayoritariamente de clase media, con un ingreso por persona en una franja demasiado amplia, de 10 a 50 dólares diarios. O sea que quien recibe 10 mil 278 pesos al mes es tan clase media como el de 51 mil 390 pesos.

Pero lo más fabuloso es que el documento plantea que entre septiembre del 2012 y marzo del 2015, es decir en dos años y medio, la población pobre se redujo del 34.6 al 25.9 es decir en 8.7 puntos porcentuales. Y que en casi la misma proporción se incrementó la clase media que habría pasado del 20.7 al 28.9 por ciento. Esas cifras representan una reducción anual de la pobreza de 3.48 puntos porcentuales, sin duda un récord mundial.

Danilo para siempre
Si esas conclusiones fueran ciertas, y ojalá, al presidente Danilo Medina no sólo se le debería elegir para otro período de gobierno, sino para dos, porque en 75 meses habrá desaparecido por completo la pobreza que durante siglos ha agobiado a la sociedad dominicana, y que hasta ahora la dejan en los últimos escalones del desarrollo humano en el continente. Y como en los tiempos del benefactor de la patria, el generalísimo Trujillo, tendría justificación la proclama de Danilo siempre.

Ese cálculo debe ser hermano gemelo del informe publicado en abril por la dirección del Fondo de Desarrollo Agropecuario, según el cual con un desembolso de 1,812 millones de pesos, de 2,273 millones comprometidos en ese sector por las “visitas sorpresas del presidente”, se habían creado 150,383 empleos, 44 mil 511 directos y 105 mil 872 indirectos. Eso implica que se generó un empleo por cada 12 mil pesos invertidos, lo que significa que con mil millones de dólares, de los 35 mil millones que ya debe el Estado, se habría erradicado el 14.5 por ciento de pleno desempleo y otro tanto de subempleo, y el país estaría formando parte del primer mundo, superando a los europeos, con pleno empleo.

El tremendo optimismo en la reducción de la pobreza nacional contrasta con innumerables informes de los últimos años del mismo Banco Mundial, de la CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional, y de instituciones nacionales como el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias y el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles sobre la calidad del empleo, todavía más de la mitad informal, los niveles salariales y las condiciones de los servicios básicos.

Contradice al Banco Central
Esas conclusiones contradicen hasta los estimados del Banco Central, que ahora debería ser reivindicado por quienes le acusan sistemáticamente de maquillar las estadísticas. Este mismo mes, el gobernador Héctor Valdez Albizu sostuvo en una conferencia que el salario real dominicano se encuentra en el mismo poder adquisitivo del 1991, es decir, de hace 24 años, casi un cuarto de siglo y seis períodos gubernamentales. Y se quejaba de que genera pobreza y delincuencia, contrastando que sin embargo la productividad se había elevado en el período en 65.5 por ciento. Eso es dramática concentración del ingreso, que desvirtúa las estimaciones per cápita.

En la “Primera Encuesta de Crecimiento Económico y Financiero de RD 2014″, publicada en noviembre, el mismo Banco Central sostuvo que el 59.7 por ciento de los hogares (no de las personas) recibe ingresos de 18 mil pesos o menos, situando el ingreso promedio por hogares en 19 mil 409 pesos. Eso cuando el mismo BC calcula el promedio del costo de la canasta familiar al 2015 en 27 mil 968 pesos, lo que significa que la mayoría sólo alcanza a cubrir el 69 por ciento de las necesidades básicas.
El ingreso promedio de los hogares sólo cubre el costo de la canasta familiar de los dos quintiles más pobres de los cinco en que se estratifica la población. El más bajo es de 12 mil 756 pesos mensuales, y el siguiente de 18 mil 230. Ya el tercero, de 22 mil 373 pesos, rebasa el promedio del costo.

El último informe de la CEPAL
Para hablar de pobreza la metodología de la CEPAL, con medio siglo de crédito, es mucho más creíble que la del simple nivel salarial, pues evalúa el empleo, la protección social, servicios y sobre todo el rezago educativo, en lo que el Foro Económico Mundial deja al país entre los últimos diez al evaluar 144 países. Se refiere al “núcleo de indicadores de carencias críticas en las condiciones de vida correspondientes al método clásico de las necesidades básicas insatisfechas”, como explica en su “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado en enero pasado.

Ese informe estima la pobreza dominicana en 40.7 por ciento, con 20.2 por ciento de indigentes, cuando los promedios latinoamericanos son de 28 y 20 por ciento. El país está entre los tres peores de los 17 evaluados, en una región que se tomó 34 años, entre 1980 y 2014, para reducir la pobreza promedio en 12 puntos, apenas un tercio más de lo que se atribuye el gobierno dominicano en 30 meses. Entre 2013 y 2014 la CEPAL reconoce disminución de la pobreza, pero sólo de 0.5 por ciento, del 41.2 al 40.7 por ciento.

Los límites del espacio no permiten citar otros estudios de los últimos años donde se revela lo que está a la vista de todos, la dramática pobreza de la familia dominicana, al mismo tiempo que el país registra un alto crecimiento económico, contradicción explicable en la concentración del ingreso, la corrupción y la mala calidad del gasto público.-

 

Trascendente y oportuno dictamen

Por Juan Bolívar Díaz

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Todas las tribunas nacionales deberían ponerse de pies para aplaudir y ponderar el dictamen del juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Santiago, que dispuso el retiro de la masiva propaganda política que desde hace más de un año ha saturado y degradado a arrabales las vías públicas de esa ciudad, en virtud de que se ha ignorado el período establecido en la Ley Electoral 275-97 para realizar esa actividad.

La sentencia dispone que el Ayuntamiento y la Junta Electoral de Santiago retiren de forma inmediata toda la propaganda electoral colocada en calles y avenidas hasta que comience la campaña electoral, lo que según la ley ocurrirá cuando la Junta Central Electoral (JCE) la proclame oficialmente con la convocatoria a las próximas elecciones, a más tardar 90 días antes de los comicios. Es lo que establecen los artículos 87 y 88 de la Ley Electoral, lo que ninguna autoridad se había atrevido a hacer cumplir.

La decisión del magistrado Samuel Guzmán Fernández establece un precedente que ojalá sea replicado en muchas otras instancias institucionales para ver si comenzamos a reducir el enorme costo de las campañas electorales, que paga un pueblo con la mitad de su población en niveles de pobreza. Porque si bien la tasa oficial de pobreza, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es de 42 por ciento, el 52 por ciento de los hogares aún carecen de agua potable corriente, y la mitad de la población sufre de 4 a 12 horas diarias de apagones.

Es un hecho incontrovertible que gran proporción de los aspirantes a senadores, diputados y alcaldes gastan decenas de millones de pesos en precampañas y campañas electorales, que sólo excepcionalmente salen de sus propios bolsillos, que son sustraídos de las contribuciones de la ciudadanía, o provienen de actividades criminales como el narcotráfico.

En las democracias contemporáneas y en casi toda América Latina se han establecido regulaciones para evitar el encarecimiento de las elecciones y que el poder del dinero, especialmente el de origen ilícito, sea lo que determine quiénes son los representantes legislativos y los ejecutivos presidenciales o municipales. Un sistema político primitivo y desenfrenado se ha negado en el país a establecer una efectiva legislación para disminuir la extensión y costos de las campañas electorales. Como muestra están en el Congreso desde hace cuatro años los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral sometidos por la JCE.

La decisión del magistrado Guzmán tiene otro aspecto positivo, por cuanto es fruto de la iniciativa de una entidad de la sociedad civil, la Fundación Masada, cuyo presidente el destacado jurista José Luis Taveras, la ha considerado “un fallo histórico y sin precedentes”, a la que se adhirió otro agrupamiento ciudadano denominado Santiago Somos Todos”. Esa circunstancia es un motivo de aliento para una inmensa cantidad de entidades ciudadanas que por todo el país sueñan con un mejor ordenamiento social, económico y político, las cuales han tropezado con la indiferencia, cuando no la hostilidad, del cada vez más corrompido y desacreditado sistema partidista.

Celebremos este dictamen judicial que, por demás, protege el medio ambiente y satisface a los santiagueros. Mario Fernández, presidente de Santiago Somos Todos, sostuvo que hace meses que en esa urbe “no cabe un afiche más y eso, poco a poco nos enferma, porque tenemos la ciudad agobiada”.

Un ejemplo a ser seguido por la JCE facultada por el Párrafo IV del artículo 212 de la Constitución de la República para “reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

 

Nuestra baja presión fiscal

Por Juan Bolívar Díaz
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Un nuevo informe vuelve a dejar el país en los últimos escalones en las mediciones internacionales, esta vez en la presión fiscal. En efecto un estudio sobre estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 1990-2013, presentado esta semana en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), indica que República Dominicana ocupa el penúltimo lugar en contribuciones fiscales, en relación al producto bruto interno (PBI).

Con una presión fiscal del 14 por ciento, sólo Guatemala queda por debajo, con un 13 por ciento, ambos muy lejos del 21.3 por ciento que promedia la región, en la que países como Brasil y Argentina llegan a registrar tasas de 35.7 y 31.2 por ciento de su PBI, lo que se corresponde con las proporciones de las naciones desarrolladas.

El estudio viene a confirmar las persistentes quejas de funcionarios dominicanos del área económica, los cuales casi nunca hurgan en las raíces para determinar las causas de esa baja contribución: un sistema tributario inequitativo, excesivamente dependiente de los gravámenes indirectos, altísima deficiencia de los servicios públicos fundamentales, lo que se relaciona con mala calidad del gasto, así como prevalencia de un fuerte dispendio y corrupción que desincentivan la contribución y fomentan la evasión.

Hay que verificar lo que tiene que gastar una familia promedio de clase media para proporcionar a sus hijos una educación de calidad mínima y unos servicios de salud que no proporciona el Estado, para garantizarse energía eléctrica y agua potable que hace un siglo ya eran expresión de la modernidad, y para el transporte de toda la familia. Si se calcula lo que representa el gasto en estos cinco renglones y se suma a las contribuciones fiscales, seguramente que se duplicaría nuestra presión fiscal y tal vez alcance el nivel de los países desarrollados.

La mayoría de los dominicanos entiende que ya no puede pagar más impuestos, especialmente los que dependen de salarios que según el ministro de Economía tienen ahora mismo un poder de compra menor al 2003, es decir a 12 años atrás. Son tan bajos que nueve de cada diez salarios están exentos del impuesto sobre la renta, y la inmensa mayoría de los trabajadores informales, que a su vez integran el 57 por ciento del empleo, no contribuyen directamente de sus ingresos.

El dispendio y la corrupción, con la rampante impunidad imperante en el país y la mala calidad del gasto y la inversión, relacionado excesivamente con un descarado clientelismo político, desincentivan la contribución fiscal y promueven la evasión.

Estamos ante un círculo vicioso, pues resulta obvio que el Estado requiere mayores contribuciones fiscales para invertir mucho más en los servicios fundamentales y para mejorar los míseros salarios de la mayoría de los servidores públicos. Pero para cultivar un clima que lo haga propicio tiene que comenzarse por una disminución drástica y sanción de la corrupción, del nepotismo y del clientelismo, por una reducción de las campañas electorales y control y transparencia de los ingresos y gastos de los partidos.

De esa forma se irá creando el clima necesario para impulsar una reforma tributaria que promueva la equidad y una mejor distribución del ingreso nacional, con mayores gravámenes sobre la propiedad y los ingresos de los segmentos más altos de la sociedad, extendiendo la contribución a sectores profesionales independientes situados en las capas más elevadas de las clases medias.

Para esas transformaciones y un salto al desarrollo se requiere verdadera voluntad política, una firme decisión de sanear esta sociedad, con austeridad y honradez en el manejo de la cosa pública, reivindicando la dimensión ética y social de la actividad política que no puede seguir siendo el concurso de voracidad, rapacidad y pragmatismo oportunista sin límites en que la hemos convertido.

 

Que justicia y paz se encuentren

Por Juan Bolívar Díaz
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El Mensaje de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) emitido con motivo del 171 aniversario de la Independencia Nacional ha sido considerado uno de los más progresistas y abarcadores de la historia de esa institución, comparándosele con la histórica pastoral de enero de 1960 que denunció los excesos de la ya entonces moribunda dictadura de Trujillo.

Esta vez los obispos no están denunciando una dictadura, pero diagnostican con claridad y valentía muchos de los males que agobian a la sociedad en los ámbitos económicos, institucionales, políticos y sociales, formulando propuestas para que la justicia y la paz se hagan realidad. Las preocupaciones y el lenguaje parecen fruto de ese nuevo “aggiornamento” que para la Iglesia Católica está representando el Papa Francisco.

El mensaje, titulado “Que la Justicia y la Paz se encuentren”, se fundamenta en el concepto bíblico de la paz que “designa el bienestar de la existencia cotidiana, el estado del ser humano que vive en armonía con la naturaleza, consigo mismo, con Dios; concretamente, la paz es bendición, reposo, gloria, riqueza, salud, vida.” Citan el Salmo 18: “la justicia y la paz se besan”.

Tras la fundamentación en la doctrina social de los católicos, el documento plantea que en el país la justicia y la paz no se encuentran, coincidiendo con los estudios que diagnostican una enorme inequidad y sosteniendo que “persiste una violencia institucionalizada”, con niveles de pobreza de 40 por ciento, muy superior al 19 por ciento de la región, con 20 por ciento en la indigencia, que fueron las cifras del reciente informe 2015 de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.

La CED sostiene que “Es en este modelo excluyente de crecimiento económico material que se debe buscar la explicación fundamental del desasosiego y la violencia cotidiana en que vive la generalidad del pueblo dominicano”. Y lo primero que desasosiega “es no saber a quién acudir ni a qué atenerse”, por una débil institucionalidad que se percibe en casi todas las esferas, como salud, vivienda, descanso, trabajo, circulación pública, seguridad, contratos y “especialmente en los aspectos fiscales, es decir en la manera en que el gobierno recauda y gasta los recursos que son de todos”.

Denuncian la corrupción pública y privada, fuente de inequidad y desconfianza, el clientelismo y la política concebida como negocio, las carencias del sistema eléctrico, la baja inversión en salud, la menor en la región, que “no puede seguir secuestrada por intereses económicos privados que basan su actividad empresarial en el lucro desmedido”.

El mensaje es descarnado al referirse a “la preocupante situación de la independencia de los Poderes del Estado” que son percibidos “sujetos a unos cuantos líderes y a un solo partido”, con cuotas de poder institucional utilizadas “para agendas políticas e ideológicas, en detrimento del reconocimiento automático de los derechos fundamentales. Tampoco evaden denunciar un endeudamiento excesivo.

Los obispos siguen la línea del Papa Francisco que se preocupa por los inmigrantes, en tanto población vulnerable, y abordan con serenidad el problema de la inmigración, que requiere una solución “racional y justa”, quejándose de que las soluciones para los descendientes de inmigrantes nacidos en el país contempladas en la Ley 169-14 y en el Plan de Regularización para los extranjeros indocumentados, “son obstaculizadas por múltiples sectores involucrados”.

Merecen atención las propuestas de la CED para el dinamismo económico, la institucionalidad y justicia, cultura de derechos, política laboral apegada a principios de justicia universal, así como para la ley de partidos y la regulación de la actividad política y electoral, “con los principios fundamentales de la vida democrática”, y para reencauzar institucionalmente las relaciones internacionales, especialmente con Haití. con regulación del comercio, la migración y la colaboración mutua.

Correlación entre corrupción, relajo institucional y pobreza

Por Juan Bolívar Díaz
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La alarma se disparó esta semana cuando se conoció el último informe de la prestigiosa Comisión Económica para América Latina (CEPAL) que deja al país con la mayor tasa regional de indigencia (20 por ciento) y 41 por ciento en la pobreza, pese a figurar entre los de más alto crecimiento económico de las últimas décadas.

Sin embargo, está diagnosticado, y lo ratificó aquí esta semana el experto internacional Daniel Kauffmann, que hay una estrecha correlación entre los niveles de pobreza, corrupción e impunidad que por demás se reproducen en la delincuencia de todo género y nivel, incluyendo el narcotráfico.

Liderando la indigencia. En realidad las tasas de pobreza e indigencia en RD que presenta el documento “Panorama Social de América Latina 2014″, publicado el lunes 26, se mantienen similares al anterior, la diferencia es que el país aparece como líder porque otros, como Paraguay, registraron avances significativos, y no se midió a Haití, Guatemala y Honduras, con los que competimos históricamente. Sólo registran datos de 12 países de AL, sin los de Argentina y México, siempre mejor situados, ni los de Bolivia, donde el informe anterior había reducido la pobreza e indigencia a tasas de 36 y 19 por ciento.

El problema no es sólo que RD aparece liderando la pobreza y la indigencia, con tasas de 40.7 y 20.2, sino que supera con mucho el promedio latinoamericano, de 28.1 y 11.7 por ciento.

El resultado objetivo es que la pobreza nacional supera el promedio en 45 por ciento y la indigencia casi en 73 por ciento. Paraguay está casi empatado con tasas de 40.7 y 19.2, pero con notable avance positivo, ya que en el informe anterior registraba 49.6 y 28 por ciento de pobreza e indigencia. Otro que recibe crédito es El Salvador, donde la pobreza cayó del de 45 a 41 y la indigencia de13.5 a 12.5 por ciento.

La CEPAL, un organismo del sistema de Naciones Unidas, tiene prestigio en la región desde los años sesenta. Pero su diagnóstico no difiere de los que en el último año ofrecieron otras instituciones internacionales como el Banco Mundial y Oxfam-Intermón, y en años anteriores el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional.

Una grave contradicción. Lo que más llama la atención de los analistas es que el país mantenga tales niveles de pobreza e indigencia, pese al alto crecimiento económico que registra en los últimos 60 años, como han venido diagnosticando estudios nacionales e internacionales. Lo hizo el PNUD hace justo una década, cuando sostuvo que RD era de los países del mundo de mayor crecimiento en el anterior medio siglo, pero al mismo tiempo el que más lo había desaprovechado para traducirlo en desarrollo humano.

Baste señalar el contraste del nuevo informe de la CEPAL con el ofrecido pocos días antes por el Banco Central dominicano, que estimó en 7.5 por ciento la tasa de crecimiento del PIB en 2014, cuando el promedio latinoamericano del organismo regional fue apenas de 2.7 por ciento, casi la tercera parte.

El crecimiento económico dominicano de la última década es estimado en 5.5. En ambos casos liderando la región.

La generalidad de los análisis escarban en la distribución del ingreso, pero habría que buscar también en la artificialidad del crecimiento económico, basado en gran proporción en endeudamiento estatal, nacional e internacional, sector financiero y no financiero, que se multiplicó seis veces en lo que va de siglo, con un derroche enorme, y gasto corriente que ya consume el 85 por ciento. Con una deuda estatal consolidada de unos 34 mil millones de dólares, que incluye la del Banco Central, cada dominicano que nace ya debe 3 mil 400 dólares, más de 150 mil pesos.

Los diagnósticos nacionales. La unidad nacional del PNUD, diagnosticó suficientemente la pobreza y la desigualdad prevalecientes, pero también lo han hecho instituciones públicas. El mejor indicador, de los recientes, es la Primera Encuesta de Cultura Económica y Financiera, presentada en noviembre por el Banco Central, donde se registra que casi tres quintas partes de los hogares dominicanos tiene ingresos mensuales menores de 18 mil pesos, con un ingreso promedio nacional de 19 mil 409 pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar nacional se estima en 27 mil 887, y en 36 mil 697 a nivel de la capital.

Un indicador indiscutible es el de la Tesorería de la Seguridad Social, que registra el 70 por ciento de los afiliados con salarios mensuales menores de 20 mil pesos. Y hay que tomar en cuenta que los asegurados son los trabajadores formales, con mayor nivel promedio de ingresos. En 2013 el FMI diagnosticó que el salario real se había reducido en 27 por ciento desde comienzo del siglo. Otro indicador de pobreza es que todavía el 45 por ciento de los asalariados estatales ganan el salario mínimo público de 5,117 pesos, suma que recibe también el 85 por ciento de los pensionados.

Con todos esos datos y un 26 por ciento de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, la pobreza real puede ser todavía mayor que la diagnosticada por la CEPAL. Y si no es así, hay que atribuirlo a que una proporción considerable de los dominicanos y dominicanas tienen dos o más empleos o actividades económicas para sobrevivir, lo que se traduce en jornadas laborales de 12 y 14 horas. Así se “estabiliza” la pobreza, al reducirse la capacidad de estudio y entrenamiento, de esparcimiento y de convivencia familiar y social.

Corrosión institucional. Esta misma semana, durante una charla en el aniversario del telediario El Día, el experto internacional Daniel Kaufmann presentó un mapa continental de la corrupción, proyectado en pantalla gigante en el auditorio del Banco Central, en el que aparecían cuatro países teñidos de rojo, por su alto nivel de corrupción: RD, Venezuela, Paraguay y El Salvador. El orador sostiene que en “algunas naciones de la región la corrupción se ha convertido en sistémica o endémica”.

Kaufmann resaltó la necesidad de la transparencia, pero precisando que no es suficiente si no hay voluntad política, sanciones y participación social y si las instituciones no funcionan. En realidad el proceso de la corrupción termina en la corrosión de la justicia, el Congreso, los organismos de control, partidos políticos y otros sectores, que es lo que viene ocurriendo en el país. El reparto clientelar se expande por el cuerpo social anestesiándolo, y junto al rentismo consumen una proporción de lo que Chile, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y hasta Bolivia vienen invirtiendo en los últimos años.

Con la impunidad se minan las instituciones y el efecto demostración reproduce hacia todos los sectores la corrupción que se ejerce desde el gobierno del Estado. La justificación de la riqueza fácil lleva a todo género de delincuencia y al narcotráfico que termina penetrando Fuerzas Armadas, cuerpos policiales y la política misma, convirtiendo a RD en uno de los mayores puentes del narcotráfico internacional. El círculo vicioso concluye en el deterioro democrático que diagnosticó en diciembre un estudio de la Fundación Konrad Adenauer.

 

 

 

Tasas pobreza revelan fracaso gubernamental

Por Juan Bolívar Díaz
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Los recientes informes de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del Programa de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como la Encuesta Nacional de Hogares (ENHOGAR), ratifican altas tasas de pobreza que contrastan con el pregonado crecimiento económico dominicano.

La tasa de pobreza del 42 por ciento, incrementada en el último año,  revela el fracaso de la clase gobernante en un país que se aproxima a las seis décadas con uno de los más altos crecimientos económicos del continente, pero sin lograr adecuados servicios de salubridad, educación, energía, agua potable, transporte y seguridad.

 Informes CEPAL-UNFPA.  En medio del debate sobre el déficit fiscal y el nuevo paquete impositivo casi han pasado desapercibidos los últimos informes de organismos internacionales y de la ENHOGAR que revelan la prevalencia de altas tasas de pobreza y pésimos servicios básicos en la República Dominicana, que  junto a Costa Rica y Venezuela fueron los únicos países latinoamericanos donde aumentó el porcentaje de pobres del 2010 al 2011, según el último estudio de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicado al finalizar noviembre. El retroceso dominicano fue más doloroso puesto que las tasas de pobreza de costarricenses y venezolanos son más bajas, de 18.8 y 29.5 por ciento respectivamente.

La pobreza se incrementó del 41.4 al 42.2 por ciento de la población dominicana, aunque la franja de indigencia registró un leve descenso del 20.9 al 20.3 por ciento, quedando como el sexto más pobre de 19 países incluidos en el estudio, bastante por encima del promedio que se redujo del 31 al 29.4 por ciento. Argentina, con 5.7 por ciento, Uruguay 6.7 y Chile con 11.5 por ciento, son los menos pobres de la región. Paraguay, Ecuador, Perú y Colombia lograron reducir la tasa de pobreza en más de 3 puntos porcentuales en el período.

En el informe sobre el Estado Mundial de Población 2012 de la UNFPA publicado este mes, la República Dominicana vuelve a quedar en los peores niveles continentales en mortalidad materno-infantil y en embarazos de adolescentes, capítulos que revelan la pobreza de la educación y baja calidad de servicios.

En la tasa de natalidad en adolescentes el país se sitúa en el liderazgo continental con 98 por mil, cuando el promedio mundial es de 49 y el de América Latina y el Caribe se sitúa en 79. La dominicana es mayor incluso que la de Haití que aparece con 69 por  mil. Mientras la tasa de mortalidad materna para América Latina y el Caribe es situada en 81 por 100 mil, pero la dominicana aparece casi en el doble con 150.

 La Encuesta ENHOGAR.  La encuesta ENHOGAR 2011, publicada al finalizar octubre por la Oficina Nacional de Estadística sobre una amplia muestra nacional de 18 mil hogares, abunda en indicadores de los niveles de pobreza prevalecientes en el país. Resalta el dato de que apenas el 44% de las viviendas tienen dentro agua en tuberías. Y es información generalizada que en una buena parte de estas falta con frecuencia y en períodos prolongados.

La investigación revela un buen promedio de electrificación que alcanza al 95.8% de las viviendas, aunque lamentablemente no establece el promedio de horas en que reciben el servicio, que sigue siendo escaso en los estratos medios y bajos de la población. Todavía el 17 por ciento utiliza leña para cocinar los alimentos.

Se registra que el 95.5% de las mujeres paren en centros de salud, lo que revela una amplia cobertura y contrasta con la alta tasa de mortalidad registrada por otros estudios. Pero sólo el 79% de los nacidos en los últimos cinco años fueron registrados. El trabajo infantil se presenta como una verdadera calamidad nacional, con tasa de 15.5 por ciento en los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 15 años de edad.

Revelador de la baja calidad de los servicios de seguridad es que en los últimos cinco años el 25 por ciento de las personas ha sido víctima de un robo, atraco, agresión o amenaza y que sólo el 56 por ciento se sienten seguros en sus hogares.

La ENHOGAR muestra resultados sorprendentes como que apenas el 14.8 por ciento de las personas están casadas, menos de la mitad del 31.9 por ciento que mantiene unión libre, lo que indica una prevalencia de la informalidad. Es relevante que aunque solo 8 por ciento se dice analfabeta, los niveles educativos son bajos. Los profesionales y técnicos medios solo representan el 12.2 por ciento del empleo.

Este es un país netamente de emigrantes, porque aunque el 6.5 por ciento de los hogares tenían al menos un extranjero como residente permanente, en el 9.4 por ciento había al menos uno viviendo permanentemente en otro país, 57.5 por ciento mujeres. El hogar promedio es de 3.5 personas y el 66 por ciento reside en las zonas urbanas.

Fracaso de la gestión.  Ya en el 2005 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) diagnosticó, y lo ha ratificado en informes posteriores, que la República Dominicana es de los países del continente y del mundo que ha mantenido mayores niveles de crecimiento económico sostenido durante medio siglo, pero al mismo tiempo el que más había fracasado en traducirlo a desarrollo humano.

La misma tendencia se mantuvo en los últimos 7 años, a pesar de una tasa promedio de crecimiento del producto bruto interno sobre el 8% que ha sido exhibida y ponderada por los gobernantes y reconocida por los organismos internacionales. El despilfarro, la corrupción y la exclusión social en lo que el país aparece como campeón mundial, explican la pobreza del 42 por ciento.

El fracaso de la clase gobernante fue reconocido el 22 de septiembre del 2010 por el presidente Leonel Fernández, al hablar ante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos del Milenio, cuando dijo que la nación no podrá cumplir con las metas establecidas en los mismos para el 2015. Lo atribuyó a la crisis financiera de 2003, obviando referirse a la calidad de la gestión gubernamental con los altos crecimientos que él mismo pregonaba. Aunque las metas no eran tan altas: universalizar la educación primaria, corregir la desigualdad de género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir enfermedades crónicas y un desarrollo sostenible.

Ya con casi un millón 900 mil beneficiarios de programas “para combatir la pobreza” que en realidad solo sirven para mantenerla, el fracaso de la gestión política es obvio. Aunque se puede advertir que ha habido notable progreso en la elevación de los niveles de vida de la clase gobernante, donde los salarios y compensaciones compiten y superan los del sector privado, aunque más de las dos terceras partes de los asalariados no reciben suficiente para cubrir su canasta básica de bienes.

Baja calidad de vida

 Si los servicios son indicadores de la calidad de vida, la de los dominicanos puede considerarse baja cuando se comprueba la precariedad del suministro de agua potable, la insuficiencia y carestía de la electricidad, los bajos niveles educativos, con promedio de tres horas diarias de docencia y con la mitad de la población en edad de educación secundaria fuera de las aulas. El 57 por ciento del empleo es informal y no tiene acceso a la seguridad social.

Un funcionario público reveló recientemente que solo cinco de unos 28 sistemas de procesamiento de aguas negras están operando, por falta de mantenimiento y reparaciones, mientras los desechos se van al subsuelo o a las fuentes acuíferas, en un país que tiene el turismo como industria fundamental. Los niveles de contaminación de algunas playas son tan altos que se prefiere no medirlos.

Otro indicador de baja calidad de vida es el transporte público tan precario que determina la existencia de millón y medio de motocicletas, que generan alta contaminación sonora, más de la mitad operadas como sistema público de pasajeros.

La inversión en el Metro de Santo Domingo es tan ineficiente que la primera línea en operación todavía no transportaba hasta el año pasado 55,333 pasajeros por día,  ni siquiera el 1 por ciento de la población del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo.

La pobreza es más que visible en las viviendas urbanas y rurales, más de la mitad en mal estado, con un déficit estimado de alrededor de 900 mil unidades y el 50 por ciento alquilada.

Eso mientras durante años los gobiernos se han dedicado a construir torres de apartamentos bien dotados y hasta de lujos para beneficiar a sus partidarios y relacionados de medianos y alto poder adquisitivo.

 

El cemento ha sido la prioridad nacional

Por Juan Bolívar Díaz

Pese al discurso de modernidad que caracteriza al presidente Leonel Fernández, el proyecto de Presupuesto para el 2011 vuelve a quedar rozando el 2 por ciento del producto interno bruto (PIB) para educación, 1.63 por ciento en las últimas cuatro décadas, que es menos de la tercera parte del 5.5 por ciento que invertirá este año la región latinoamericana.

Muchos no logran entender por qué los dominicanos no pueden alcanzar la meta del 4 por ciento del PIB para la educación que incluso se estableció por ley hace trece años, pero la explicación está en la predilección de los gobernantes por las construcciones buscando perpetuarse en cemento y piedra y en las comisiones que dejan.

Rezago presupuestario.  Con un presupuesto de gastos públicos de 390 mil 475 millones de pesos para el 2011, la nación apenas dispondrá de 41 mil 568 millones para el sector educativo, una vez más rezagado en relación a la Ley General de Educación. Esa partida es apenas el 10.6 por ciento del total y equivale a poquito menos del 2 por ciento del producto interno bruto estimado.

La Acción para la Educación (EDUCA) estimó la partida en 1.98 por ciento del PIB, en tanto que la ex presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores María Teresa Cabrera la dejaba en 1.95, absolutamente insuficiente para la demanda de recursos que deben destinarse a la educación para alcanzar las metas de competitividad nacional y comenzar a superar la pobreza que afecta a más de un tercio de la población.

El propio ministro de Educación, Melanio Paredes, ha dicho por segundo año seguido que lo destinado al sector impide cumplir las metas que se había trazado esa cartera. El año pasado dijo que “los programas de expansión y mejoramiento de la calidad de la enseñanza” no podrían ejecutarse por insuficiencia presupuestal y llegó a reclamar públicamente entre 4 y 6 mil millones de pesos adicionales que no le fueron asignados. Ahora dice que a pesar de un incremento de 4 mil 500 millones de pesos tendrá que “desacelerar la ejecución de los programas iniciados este año e incluso desistir del reajuste salarial a los docentes”.

Educa pegó el grito sosteniendo que el 1.98 por ciento del PIB para educación es violatorio de la Ley General de Educación 66-97, que establece un mínimo del 4 por ciento. Pero también del Plan Decenal 2008-18 elaborado por este Gobierno, así como de los acuerdos de la Cumbre por la Unidad Nacional celebrada a principios del 2009. Esta elaboró un calendario de incremento que llevaría la asignación del 2011 al 3.42 por ciento del PIB, lo que hubiese implicado 71 mil 797 millones de pesos, es decir 30 mil 229 millones más que lo consignado.

Pírrico promedio de 1.63% .  En un artículo publicado en HOY (página 14-B del 1 de octubre pasado), el ministro Paredes incluyó un gráfico indicativo de que entre 1970 y 2008 el promedio de la inversión nacional en educación fue apenas de 1.63 por ciento del PIB, el cual  ha variado muy poco ya que en los últimos dos años supera en muy poco el 2 por ciento.

El pico más bajo se registró en 1991 cuando la inversión quedó en 0.56 por ciento del producto bruto, siendo presidente de la nación el afamado intelectual Joaquín Balaguer, y el más alto, de 2.70 en el 2002 cuando lo era el agrónomo Hipólito Mejía. El “presidente agricultor” Antonio Guzmán había elevado el promedio al 2.43% en 1979. Entre 1987 y 92  se mantuvo por debajo de 1.50, originando un deterioro tan grande de la educación que generó una reacción nacional. Se consensuó el Plan Decenal de Educación 1992-02 y todo un movimiento que llevó al consenso de una inversión  mínima del 4% del PIB o del 16% del monto del Presupuesto, consignada en la Ley General de Educación.

La República Dominicana se sitúa en los últimos escalones en inversión en educación en el continente y en el mundo. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) estimó  el promedio de la región para este año en 5.1% del PIB, aunque uno de sus funcionarios dijo el mes pasado en Buenos Aires que podría llegar al 5.5. En cualquier caso la inversión nacional no alcanza el 40 por ciento del promedio regional.

En su primer período de gobierno, 1996-2000, el presidente Leonel Fernández logró elevar la inversión del 1.93 al 2.63 por ciento del PIB. Con la crisis financiera del 2003 descendió a 1.30, y en el período 2004-10 no ha pasado del 2.33 logrado el año pasado. El mandatario atribuyó reiteradamente al peso de la deuda externa la imposibilidad de destinar mayores recursos a la educación.

Si el argumento es válido las perspectivas son peores ya  que el endeudamiento estatal casi se ha duplicado en los últimos seis años, elevando la proporción de los ingresos que conlleva el pago de la deuda, 41 por ciento para el 2011.

Palacios y monumentos.  Lo que explica la contradicción entre crecimiento económico y educación es la vocación de constructores de los gobernantes, especialmente de los que más tiempo han gobernado el país en el último siglo, Rafael Leónidas Trujillo, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández.

La cultura de lo monumental ha sido introvertida por la población y por eso se habla de palacios nacionales, de justicia, municipales y policiales aún en jurisdicciones de extrema pobreza. De lo que no hay dudas es que el país se ha “modernizado” en materia de urbanismo, desde las edificaciones públicas, las carreteras, aeropuertos, elevados y hasta un Metro, especialmente durante los gobiernos que menos han invertido en educación.

El gasto superfluo, de lo que se ve, sin prioridad, ha superado no sólo el de educación y salud, sino también el de energía eléctrica, acueductos y alcantarillados pluviales y sanitarios, constituyendo una cultura nacional. De ahí que muchas personas se compren un automóvil de lujo antes que una vivienda y que el país tenga un parque vehicular más caro que el de naciones ricas como Argentina, Chile o Uruguay.

La explicación hay que buscarla en la cultura política del continuismo en el poder. La inversión en obras materiales se puede exhibir en cuatro años y en educación requiere períodos más prolongados para demostrar sus frutos. Pero también las obras implican grandes tráficos en comisiones y sobreprecios que financian la costosa política nacional y explican la prosperidad de los agentes políticos.

 De nada han valido las leyes ni los consensos, los discursos y las promesas, por lo que dirigentes sociales se preguntan qué podrán hacer para convencer a los gobernantes de que la prioridad por la educación se demuestra primero que nada en los presupuestos, como planteó el ex presidente de España Felipe González, en el Congreso Iberoamericano de Educación recién celebrado en Buenos Aires.

Grave contradicción

El desprecio de los gobernantes dominicanos por la educación, especialmente de los más ilustrados, queda de manifiesto en el hecho de que mientras el país es el que menos recursos dedica a la formación de los recursos humanos, es al mismo tiempo el de mayor crecimiento económico en la región latinoamericana durante los últimos 50 años, como lo han resaltado los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Según la CEPAL, en las últimas cinco décadas la República Dominicana registró un crecimiento económico promedio de 5.4 por ciento, 59 por ciento superior al 3.4 por ciento de América Latina en el mismo período. Aún en la llamada “década perdida” de los años ochenta, que impactó en el país con los duros ajustes económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional, el crecimiento económico dominicano más que duplicó el promedio de la región, con tasa de 2.64% contra 1.02%.

A todos los analistas llama poderosamente la atención que la inversión en educación entre 1970 y 2008 promedie 1.63 por ciento, apenas el 30 por ciento del crecimiento de la economía, lo que demuestra que el liderazgo del Estado ha despreciado todos los planteamientos de que la educación es la base del desarrollo, y lo que es peor, ha ignorado la experiencia de las naciones que han dado el salto al progreso, en todos los casos privilegiándola  con tasas de inversión del 5 al 10 por ciento de su producto bruto.

El resultado no ha podido ser más catastrófico, pues los dominicanos tienen todavía un promedio educativo del sexto año de primaria y el país aparece en los últimos escalones de las evaluaciones internacionales sobre calidad de la educación. En el reporte sobre Competitividad del Foro Económico Mundial 2010-11, publicado el mes pasado, el país ocupa la posición 137, de 139 países evaluados, en calidad de la educación primaria. Ninguna de las universidades dominicanas aparece entre las 200 mejores del continente en las evaluaciones internacionales.