La fallida investigación de la PGR abona el camino a la impunidad

09_06_2018 HOY_SABADO_090618_ El País12 B

Tras más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, los imputados por la escandalosa  corrupción de Odebrecht se reducen a la mitad, sin determinar el destino de los sobornos ni la sobrevaluación de sus obras ni su financiamiento político 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La conclusiones de un año y medio de investigación sobre las implicaciones en el país del escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht son profundamente decepcionantes, reduciendo a la mitad el número de imputados y sin avance en determinar los montos de las sobrevaluaciones ni los destinatarios del financiamiento político.

A todas luces la Procuraduría General de la República evadió investigar las responsabilidades del gobierno del que depende, sin imputar ahora ni uno solo de sus funcionarios, ni los responsables legislativos, y revocando las acusaciones que formuló hace un año a tres miembros del Comité Político del partido gobernante.

Vergonzoso e indignante

            El presidente del partido opositor Alianza País, Guillermo Moreno, no necesitó muchas horas para estimar que “la acusación presentada por el procurador en el caso Odebrecht produce vergüenza e indignación ante este nuevo  capítulo de impunidad”, porque han parido un ratón después de un año y medio de investigación, con más de 130 mil horas de trabajo de 50 especialistas, que abarcó a más de 400 personas y compañías, y la revisión de más de 800 mil transacciones y operaciones financieras.

Tan arduo trabajo, según explicó al país el procurador Jean Alain Rodríguez, no logró ni por asomo identificar los destinatarios de los 92 millones de dólares de sobornos confesados por Odebrecht, ni tampoco la magnitud de las sobrevaluaciones de las 17 obras contratadas por tres gobiernos, ni mucho menos los beneficiarios del financiamiento electoral testimoniado por altos ejecutivos de la constructora brasileña.

Resalta que los 14 imputados hace un año por los sobornos se redujeran a 6 y que sólo pudieran añadir un séptimo, el secretario general del principal partido de oposición, y expresidente del Senado Jesús Vásquez, intercambiado por  el expresidente de la Cámara de Diputados  Alfredo Pacheco, del mismo partido, liberado ahora de responsabilidad.

Más relevante es que entre los liberados estén tres miembros del Comité Politico del partido gobernante, el exministro Temístocles Montás, el exadministrador de la CDEEE Radhamés Segura, y el expresidente del Senado Julio César Valentín, Además el aliado gubernamental y exdiputado Ruddy Gonzalez.  Los otros liberados fueron César Sánchez, exadministrador de la CDEEE Máximo de Oleo y Bernardo Castellanos, exfuncionarios de la hidroeléctrica estatal. Parece quedar demostrado que, como proclamó entonces la jueza Miriam Germán, sus imputaciones estaban pobremente fundamentadas.

¿Dónde están los cuartos?

            La pregunta fue formulada en esta página el 8 de julio del 2017. La PGR partió de la documentación de 101 transferencias de fondos de cinco empresas de Odebrecht a dos del imputado Angel Rondón, “el hombre del maletín de reparto”, montante a US$83.2 millones, que ingresaron al país entre el 2007 y enero del 2015, el 25% en el período 2007-11, y el 75% entre 2012-15. El 33% bajo el gobierno de Leonel Fernández, hasta agosto del 2012, y el 67% en el del presidente Danilo Medina, de agosto del 12 a enero del 2015.

Ahora que quedan libres Montás, Segura, Valentín y González, del gobierno de Medina, y que la PGR insiste en que no hubo sobornos en la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, cobra más fuerza la pregunta: dónde fueron a parar esas transferencias, si no hay imputados de este período, a quién y para qué se sobornaba?

Las transferencias, lo mejor documentado en toda la investigación de la PGR, fueron en ascenso progresivo: de US$11.4 millones en el 2012, pasaron a 15.8 millones en el 2013 y a 33.8 millones en el 2014, con una sóla, de 1.1 millón en enero del 2015, cuando la acción judicial en Brasil paralizó las operaciones. Entre el 13 y el 14, ya en el gobierno de Medina fue la mayor contratación con Odebrecht, las plantas de carbón por US$2,040 millones, y la Circunvalación de La Romana por US$298.8 millones.

El fuerte tufo político

El tufo político fue evidente en las imputaciones de mayo del 2017, cuando acusaron y apresaron igual número de funcionarios y legisladores del período 2000-04, que en los gobiernos de Fernández y Medina, 6 de cada uno, aunque en el primero sólo se contrataron dos obras por US$293 millones, una de las cuales no llegó a iniciar, por sólo  el 5% de los US$5 mil 957 millones, 987,457 de las obras contratadas con Odebrecht.

Quedan imputados dos expresidentes del Senado, que ejercieron hasta agosto del 2006, desde el Partido Revolucionario Dominicano, y que ahora son nada menos que presidente y secretario general del principal opositor el Revolucionario Moderno (PRM). También Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto de Aguas Potables hasta el 2004, los tres antes que comenzaran las transferencias documentadas. De los años de las transferencias, cuando se aprobó el 95% de lo contratado, sólo hay un senador imputado, Tommy Galán, quien no presidió el organismo, el ministro de Fernández, Víctor Díaz Rúa y su abogado Conrado Pittaluga. Por partidos, tres son del PRM y sólo dos del PLD, más Rondón, que habría sido de todos, y el abogado de Díaz Rúa.

Con los resultados presentados por el procurador se justifica la indignación del jurista Guillermo Moreno. Más aún si después de un año de las imputaciones a 14 personas, el funcionario confiesa que no habían reunido evidencias documentales para acusar y meter presos, en un aparatoso circo político, a más de la mitad.

Financiamiento electoral

            Si hay algo en el escándalo que la PGR ha rehuido son las denuncias sobre el financiamiento de campañas electorales, porque todos los caminos conducen al presidente Danilo Medina, quien hizo tres viajes a Brasil, en contacto con los expresidentes Lula Da Silva y Dilma Rousseff y los funcionarios de Petrobras y Odebrecht, en 2005 como ministro de le presidencia, 2011 como candidato presidencial y 2012 como presidente Electo. En el segundo consiguió la asesoría de Joao Santana y Mónica Moura, identificados en múltiples interrogatorios, hasta del presidente de Odebrecht, como sus brazos políticos para el auspicio de campañas electorales en Brasil, República Dominicana y otros 5 países.

Debe asumirse que a la PGR tanto Odebrecht como las autoridades judiciales de Brasil le entregaron los interrogatorios de las delaciones premiadas de Marcelo Odebrecht, y de los directores de su departamento de “Operaciones Estructuradas” o propinas, Fernando Miggliacio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha. Da Silva testimonió que entre 2006-14 invirtieron US$ 3,390 millones en campañas electorales. Todos señalan reiteradas veces cómo operaban con Joao Santana y Mónica, y cómo trasladaron sus operaciones a Santo Domingo, por lugar seguro, cuando la justicia brasileña apretó sus investigaciones. Santana y Moura tuvieron despacho en el Palacio Nacional de Medina hasta que fueron requeridos y apresados al llegar a Brasil, para ser luego condenados. Los procuradores de países como Perú y Colombia incluso obtuvieron interrogar directamente a esos ejecutivos y por eso han investigado y procesado a expresidentes y en ejercicio.

Pero Jean Alain Rodríguez no tiene independencia para llegar tan lejos, y ni siquiera explica cómo liberó a Temístocles Montás, quien admitió en espacio pagado de junio 2017, que recibió financiamiento de Angel Rondón para las campañas electorales del PLD en 2008, 2012 y 2016. Tampoco se ha referido a la instancia formal de investigación de cuatro entidades sociales dominicanas que recogieron la detección en Perú de una triangulación de empresas de Odebrecht que en el 2013 hicieron 16 transferencias por US4 millones 396,796 a la empresa Cine&Art 2013, constituida en Santo Domingo por dos hijos de Joao y Mónica, aunque se le proporcionó el número de la cuenta y el banco donde operaba.

Nada de sobrevaluaciones

            También es indignante que a más de 18 meses del estallido del escándalo de Odebrecht, en diciembre del 2016, se llegue al plazo de las imputaciones sin haber realizado las auditorías reclamadas desde el principio para establecer los montos de las sobrevaluaciones, que según confesión de los ejecutivos de la constructora brasileña “tenían como patrón el 22%, para financiar los sobornos y campañas electorales.

Un consorcio internacional de periodistas que han investigado el escándalo de Odebrecht  estimó en US$1,217 millones las sobrevaluaciones en las obras contratadas en República Dominicana. El 22% de los US$5 mil 957.7 millones de las 17 obras en el país, arroja US$1,119 millones. En todas las contrataciones hubo adendas para escalar costos, en la hidroeléctrica Pinalito de 176%, en la Palomino 163% y en la circunvalación La Romana 132%. En las plantas de carbón se aducen sobreprecios hasta del 100 por ciento, y todavía Odebrecht reclama otros US$708 millones, sobre los 2,040 originalmente acordados.

El procurador dice simplemente que la Cámara de Cuentas no ha hecho las auditorías de costos, lo que debió exigir, incluso con intimación judicial, pero tampoco procuró determinar los responsables de todos los escalamientos de precios sobre el 25% de lo contratado, penalizados por la Ley de Compras y Contrataciones Públicas. Un conteo de 8 de las 17 obras de Odebrecht contratadas por US$1,240 millones, establece que terminaron en 1,838 millones, con escalamiento de US634 millones, para un 51%.-

¡Que pena Lula, que pena!

A1Por Juan Bolívar Díaz

Ya para muchos y para la historia quedará la sensación de que el carismático expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido víctima de un linchamiento político, por las debilidades de las pruebas de corrupción por la que se le condenó, apenas el testimonio de un imputado que negoció una “delación premiada”. Incluso es posible que esta condena con mínimo fundamento reste mérito al histórico papel de los fiscales brasileños que han documentado la corrupción del empresariado y los políticos, extendida por el continente.

Es muy probable, que en el caso de Lula las motivaciones políticas, el interés de liquidar su posible retornase al poder hayan predominado sobre la justicia. Aún asumiendo el testimonio de que el apartamento de  Sao Paolo fuera comprado para Lula, han faltado elementos probatorios exigidos en toda buena justicia, aún en caso de los peores y reincidentes delincuentes. No ha aparecido un título de propiedad, ni prueba de que Lula o sus familiares lo hayan habitado.

El caso es más triste cuando se recuerda que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue destituida en juicio político del Congreso en el 2016, año y medio después de ser reelecta,sin acusación . No la acusaron de corrupción, sino de haber maquillado cifras fiscales, cosa común en el mundo. En ambos casos parece haber predominado el interés de poderosos sectores que querían destruir el mito Lula y sus perspectivas. Fue sustituida por Michel Temer, sobre quien pesan graves indicios de corrupción, pero sigue en el poder.

Más amargo que comprobar los pujos de los grupos dominantes preocupados por la caída del gran crecimiento  de los esplendorosos años del poder de Lula, es saber que éste, como Dilma y gran parte del liderazgo de su partido, son responsables del desastre de corrupción en que devino Brasil, ampliamente documentado en el mensalao, em los contratos multimillonarios de Petrobras y en el entramado de Odebrecht exportado a  una docena de países, incluyendo la República Dominicana, su sede alternativa.

Ningún argumento político ni conmiseración ante los humildes orígenes de Lula y Dilma pueden convencernos de que ellos desconocían los niveles de corrupción que quedaron patentes desde que en noviembre del 2012 recibió una primera condena de 12 años de cárcel José Dirceu, quien fuera jefe del gabinete de Lula y presidente del Partido de los Trabajadores. En este caso abundaron las pruebas de que él dirigía el Mensalao de Petrobras, por lo que luego en el 2016 sus condenas se extendieron a 30 años de cárcel.

Hasta prueba en contrario, Lula ni Dilma se enriquecieron, pero es difícil creer que eran tan distraídos para no enterarse cómo se financiaba a los partidos, líderes políticos y congresistas de todos los colores, porque estúpidos no son. Al menos pecaron de corrupción pasiva, sin olvidar que ambos estuvieron vinculados a operaciones de Odebrecht y premiaron al presidente Danilo Medina con Joao Santana y Mónica Moura los asesores operadores del financiamiento político de la constructora, ampliamente documentado.

Lula vino al país promoviendo las contrataciones de Odebrecht y Dilma apoyó las plantas de Punta Catalina, adjudicadas bajo compromiso de financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil, que no pudo cumplir por los escándalos que la salpicaron.

Un informe de la comisión del congreso peruano que investigó las operaciones de Odebrecht documentó que tres empresas asociadas transfirieron 4.5 millones de dólares en 16 depósitos a la firma Cine&Art 2013, creada en Santo Domingo por los hijos de Joao y Mónica. Hace un año cuatro entidades sociales entregaron a la Procuraduría hasta el número de la cuenta bancaria de los depósitos, sin ninguna reacción.

Yo figuré entre tantos que ponderaron la gestión de Lula, que concluyó con aprobación del 80%, la substancia social que regeneró de la pobreza a unos 30 millones de brasileños. Lo aprecié personalmente cuando compartimos tres días como oradores invitados a un seminario en Berlín en 1997 y en Teleantillas donde lo entrevistamos por casi una hora. Pero no puedo tapar el sol con mis preferencias. Si no se corrompió personalmente, Lula patrocinó la corrupción en la política brasileña y más allá. Y eso merece por lo menos una sanción moral, si no se presentan pruebas contundentes.

Me quedo con la memoria de Nelson Mandela y José Mujica, a quienes el poder no logró obnubilar. ¡Que pena Lula, el limpiabotas, el obrero superado, que pena!

Los cambios en Venezuela y Argentina

Por Juan Bolívar Díaz

13_12_2015 HOY_DOMINGO_131215_ Opinión9 A

Los resultados de las recientes elecciones en Argentina y Venezuela revelan insatisfacción no sólo con la gestión económica, sino también político-social, derivada del prolongado usufructo del poder de dos regímenes caracterizados por la implementación de políticas que buscaban beneficiar a las masas populares, y se inscriben en una tendencia regional a reivindicar los procedimientos democráticos, rechazar la corrupción y exigir eficiencia y prioridades en la gestión pública.

Esa tendencia se ha manifestado contundentemente en los últimos años en la región centroamericana, donde el electorado ha desplazado a los partidos dominantes en El Salvador, Costa Rica, Panamá y Guatemala, mientras en Honduras se producen sacudimientos que auguran cambios significativos.

En Argentina, el peronismo, uno de los dos más vigorosos movimientos políticos latinoamericanos con más de seis décadas de vigencia, perdió el gobierno después de 12 años consecutivos de absoluto predominio, mientras en Venezuela, un frente que logró aglutinar a toda la oposición barrió al partido que desde finales del siglo pasado había ganado más de una docena de comicios y consultas, en la mayoría de las ocasiones con mayorías indiscutibles.

Ambos casos han tenido como detonantes crisis económicas derivadas de mala gestión, aislamiento internacional, y de la reducción de los precios de materias primas fundamentales, que está afectando a otros países de la región, incluido el gran Brasil. En el caso venezolano la caída de los precios del petróleo han reducido el aporte de este producto a menos de la mitad del promedio de la última década.

El caso de Venezuela es patético, porque aunque es indiscutible que logró mejorar los servicios de educación, salud y viviendas de los sectores populares, y redujo la pobreza, con los altísimos ingresos del petróleo, no logró la sostenibilidad económica nacional, como tampoco la gestión argentina, afectada por bajo crecimiento económico, alta inflación y devaluación de la moneda y consiguientemente del poder adquisitivo de la población.

Pero en Argentina el factor desencadenante ha sido la división del peronismo, indiscutible ya que las dos candidaturas en que se dividió sumaron más del 56 por ciento del voto en la primera vuelta, con Daniel Scioli en primer lugar con 37 por ciento, para quedarse en el 49 por ciento en la votación definitiva, cuando el conservador Mauricio Macri ganó la presidencia pasando del 34 al 51 por ciento.

En Venezuela los herederos de la revolución de Hugo Chávez no han perdido el poder ejecutivo, pero sí las dos terceras partes del legislativo, lo que obliga a rectificaciones económicas y políticas, si no quieren sumir el país en la confrontación definitiva, en la que pesarán sin dudas los dos millones de votos y casi 10 puntos porcentuales que perdieron en relación a las elecciones presidenciales del 2013. Ha quedado patente que Nicolás Maduro no tiene el carisma ni la sabiduría popular de Chávez, que el chavismo no se recicló seriamente y que el autoritarismo antidemocrático genera hostilidad y cansancio nacional e internacional, por más controles del poder que se tengan.

Todos los que nos sentimos cercanos al pueblo venezolano tenemos que augurarle una transición ordenada e institucional hacia un estadio más democrático, sin retornar a la enorme corrupción, la descomposición, el latrocinio y la ceguera social que -nadie debe olvidarlo- hicieron aguas y generaron el chavismo.

Estos resultados electorales dejan lecciones, particularmente a la sociedaddominicana, cuyo sistema político e institucional naufraga en la corrupción y la descomposición, con un partido que acapara el poder y manipula a la sociedad pretendiendo perpetuarse.-

 

Otra vergüenza nacional

Por Juan Bolívar Díaz
VERGUENZA

Los reportajes publicados esta semana por el diario newyorkino Wall Street Journal sobre el pago de comisiones en la compra dominicana de los famosos ocho aviones tucanos adquiridos en Brasil en el 2008, constituyen una nueva vergüenza nacional que de ninguna forma puede ser pasada por alto, por más que en este país hayamos perdido la capacidad de asombro.

No es que el periódico esté descubriendo el hilo en bollito, pues hace tiempo que se sabe que autoridades norteamericanas y brasileñas están investigando lo que aquí fue un secreto a voces desde que se anunció la compra y especialmente cuando fue aprobada por el Senado de la República, ocasión en que el rumor del soborno alcanzó dimensiones de río desbordado en tiempo de huracán.

Lo que ocasiona real vergüenza es la indiferencia con que las autoridades nacionales, de todos los estamentos, y el Congreso Nacional, han tomado la denuncia, y la complicidad o resignación con que se acepta en amplios espectros de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de las instituciones sociales, donde aparentemente crece la convicción de que el destino nacional es la corrupción.

Desde el principio hubo debate sobre la procedencia de la compra. Evidentemente porque no era una prioridad nacional invertir casi un centenar de millones de dólares en ocho aviones que en última instancia no íbamos a poder mantener en el aire las 24 horas del día para impedir que el país siguiera siendo puente del narcotráfico. En última instancia porque el costo de la lucha contra el narcotráfico no se le debe cargar a un país pobre, sino a los ricos, responsables de la demanda que fomenta el primer o segundo más grande negocio de la historia humana.

El tufo de la corrupción se olfateó desde que no hubo una licitación transparente y se optó por aviones poco eficientes para la prevención del uso ilegítimo del territorio nacional y cuando abundaron las informaciones de que Chile y Colombia habían adquirido naves similares a mucho menor costo.

Ahora el Wall Street Journal informa que en Brasil hay ocho funcionarios de la empresa vendedora imputados del delito de corrupción, que eso es el pago de comisiones. Relevante por involucrar a una empresa que cotiza en bolsas de valores internacionales, donde algunas normas son fundamentales.

Para colmo de la vergüenza, se identifica por su nombre a un oficial militar al que se habría pagado una comisión de 3.5 millones de dólares, sin hacerse lo mismo con un senador, que según los informes en manos de los investigadores, habría repartido entre sus colegas una parte de esa comisión. Pero aquí, ya el mismo día de la publicación del diario de Nueva York una fundación radicaba una demanda judicial, precisando los montos de otras comisiones derivadas del mismo negocio.

En justicia no hay suficiente fundamento para dar por procedente la demanda radicada por la Fundación Primero Justicia, que eleva el pago de comisiones a 13 millones de dólares e involucra hasta al entonces presidente de la nación. No se puede descartar que se busque aprovechar la circunstancia para pasar una factura al expresidente Leonel Fernández. Pero los hechos obligan a una investigación judicial propia, de la nación dominicana, sin depender de lo que soliciten las autoridades brasileñas. Investigación que no debe dejar piedra sobre piedra hasta esclarecer esta vergonzosa denuncia internacional.

Los más interesados en esa investigación deberían ser los involucrados, comenzando por el Senado de la República, a quien corresponde el primer paso. Pero es probable que ellos no lo crean necesario y mucho menos procedente. Cuentan con la indiferencia generalizada, y con el olvido. Pensarán que otros escándalos de corrupción con sumas muchas veces mayores han quedado en la impunidad y el olvido. Por suerte en este caso la sanción final no dependerá de las deterioradas instancias judiciales nacionales.

 

La corrupción es política de Estado

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/776/460x390/0/A60FF75B-788D-44E3-AE85-927A2F26EC17.jpeg

China y Brasil son del puñado de países que han logrado un crecimiento asombroso en las últimas décadas, hasta entrar al círculo de las diez mayores economías del mundo, teniendo en común su enorme territorio, entre los cuatro más grandes y que, por demás, concentran cerca de la cuarta parte de la población mundial.

Ninguna de las dos naciones figura en los primeros lugares en los índices internacionales de transparencia pero están haciendo esfuerzos extraordinarios para combatir la corrupción, rechazando el criterio conformista de que es un mal de la humanidad, como quedó evidente esta semana en discursos de sus mandatarios.

Al inaugurar un congreso del partido oficial, sin oposición en capacidad de relevo, el presidente chino Hiu Jintao, dirigió sus cañones contra la corrupción, proclamando que “si no somos capaces de gestionar bien este problema, podría ser fatal para el partido y causar incluso el derrumbe del partido y la caída del Estado”.

Vale recordar que Jintao ya había abierto fuego contra la corrupción desde el discurso con que inició su gestión en el 2002, y luego en el 2007, y que desde entonces son miles las destituciones y procesos judiciales abiertos contra funcionarios de todos los niveles, incluyendo a un ex secretario del Partido Comunista Chino. Y en ese país las sanciones por corrupción llegan a la pena de muerte, que se aplica con frecuencia.

En una conferencia internacional anticorrupción, la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, resaltó el papel de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción, a través de sus órganos de control ético, de la ley de transparencia y de la “Ficha Limpia” que impide la postulación a cargos públicos de quienes hayan sido condenados en alguna instancia judicial.

La admirada mandataria sostuvo que la lucha contra la corrupción es de las preocupaciones fundamentales de su gobierno y de la sociedad brasileña, al punto de que en la actualidad hay más de cien proyectos contra ese mal en el parlamento, proclamando que “no debe confundirse con una lucha contra el Estado o contra la política, porque se corrompen las personas, no las instituciones”.

Además de los órganos del Estado, Dilma Roussef  resaltó el papel de la prensa libre en el combate a la corrupción, aún cuando se produzcan exageraciones, porque “siempre es preferible el ruido de la prensa al ruido de la tumba de los dictadores”.

Vale también recordar que en Brasil acaba de concluir “el juicio del siglo” en el que 24 políticos y un publicista han sido condenados por corrupción, a penas que alcanzan hasta 40 años de cárcel. Los políticos del mismo partido de la presidenta, incluyendo a José Genoino y Delubio Soares, presidente y tesorero de la organización, y a José Dirceu, quien fue jefe del gabinete y mano derecha del presidente Lula Da Silva.

Si lo fue alguna vez, es obvio que ya la corrupción no es una política de Estado en Brasil, como lo sigue siendo en la República Dominicana, donde todo el aparato administrativo y de fiscalización del Estado, los organismos encargados de la ética, y una gran parte de los comunicadores son partícipes y defensores de la corrupción.

Aquí la corrupción es política del Estado para enriquecimiento personal, para ganar adeptos y elecciones, mediante el clientelismo y el rentismo. Se corrompe para comprar silencios y complicidades, para doblegar opositores. El reparto de lo público, la apropiación de lo colectivo, corroe las instituciones y reduce las posibilidades de progreso y cultiva la ignorancia, como base de la dependencia de los cuasi ciudadanos.

En este país se ha llegado tan lejos que es peligroso radicalismo  exigir transparencia, rendición de cuentas, límites a la podredumbre y sanciones. Por eso hasta gente seria ve con  indiferencia que el país sea situado en el escalón 144 en malversación de recursos públicos, entre 144 naciones, en el Índice de Competitividad del nada sospechoso Foro Económico Mundial.

 

Dilma y Pepe dan envidia

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/583/460x390/0/1C289494-4F5A-4516-BFAB-A8FA3D466899.jpeg

Cuando se leen las informaciones sobre el estilo y las normas de austeridad y transparencia que están imponiendo los nuevos presidentes de Brasil y Uruguay, Dilma Rouseff y José (Pepe) Mujica, lo menos que se siente es envidia y deseos de vivir un proceso similar.

El diario El País de Madrid daba cuenta el miércoles pasado de cómo la novísima presidenta brasileña está imponiendo su propio estilo de austeridad, eficiencia y aprovechamiento del tiempo, con una reingeniería del gobierno, distante aún de su antecesor y propulsor, el presidente Lula Da Silva, aunque éste concluyó sus dos períodos de gobierno con una aprobación del 80 por ciento.

Brasil se cuenta ya entre las diez mayores potencias económicas del mundo, todo un continente al que no le falta ninguna riqueza natural, pero la presidenta ha establecido reuniones ministeriales los viernes para evitar que los altos funcionarios se apropien de ese día laborable y ha impuesto un régimen de austeridad destinado a reducir la malversación de lo público con severas normas de ética y limitaciones en el uso de automóviles y aviones del Estado.

La presidenta da ejemplo de austeridad personal, de puntualidad y dedicación al trabajo, evadiendo los discursos y apariciones en público con la única excepción de una visita a la región afectada por inundaciones que han cobrado cientos de vidas.

Uruguay es un país mediano, pero que aparece en los primeros escalones en todas las evaluaciones latinoamericanas en educación y salud, seguridad, respeto al orden y la institucionalidad democrática, y en distribución equitativa del ingreso. Pero su presidente Mujica se empecina en seguir trasladándose en un cepillo Volswaguen de los ochenta, en el que llegó al palacio de gobierno, lo que ya fue un adelanto, porque años antes había acudido a ocupar una curul de senador montando una motocicleta.

Se dirá que Dilma y Pepe son exguerrilleros que no quieren aceptar las normas que imponen el protocolo y la seguridad. Pero es mucho más que eso, quieren ser coherentes con lo que predicaron desde sus organizaciones revolucionarias y respetar la memoria de los miles de compañeros que vieron caer en las luchas contra las dictaduras militares que resultaron tan caras al cono sur latinoamericano en las décadas de los setenta y ochenta.

Mujica aceptó ponerse un saco para su juramentación presidencial, pero no ha dejado de ir casi solo a los restaurantes y cafeterías donde frecuentaba antes de llegar al poder y nadie se atreve a dejar de pasarle  la factura correspondiente o a pagarle una cuenta.

Nada de eso le ha impedido establecer un régimen moderno, ni abrirse al capital nacional y la inversión extranjera, ni adoptar medidas innovadoras para promover un mayor y más equitativo desarrollo y mejorar las posibilidades de competir en el escenario internacional.

Seguramente que muchos dominicanos considerarán que esos estilos son radicales, casi imposibles de materializar en un país como éste tan cerca de Europa y de Estados Unidos. Aunque la verdad es que los funcionarios norteamericanos y europeos son verdaderos monjes al lado de los nacionales, en salario, gastos discrecionales, malversación de los recursos estatales, viajes, vehículos y demás facilidades.

En octubre pasado estuve sólo un día en Montevideo y salí con envidia de aquella capital que parece detenida en el tiempo, por su singular limpieza y orden institucional y legal. Alguna vez volveré a pasar unas vacaciones para vivir intensamente el ambiente de renovación real y autenticidad que ha impuesto Pepe Mujica.

El continuismo es endémico en RD

Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana registra el 36 por ciento de las 14 reelecciones presidenciales ocurridas en América Latina en los últimos 40 años, duplicando a los otros siete países donde se han producido, y Joaquín Balaguer es el líder indiscutible con cuatro, con un intervalo de ocho años, seguido del peruano Alberto Fujimori, quien logró dos.

Más de un centenar de presidentes latinoamericanos se han retirado definitivamente tras cumplir sus períodos de gobierno, mientras apenas una decena logró retornar al poder tras uno o más períodos de alternabilidad.

Muy pocas reelecciones.  Cuando se pasa balance al proceso político latinoamericano de las últimas cuatro décadas se comprueba que, contrario al planteamiento nacional de que el poder no se abandona, las reelecciones presidenciales han sido mas bien excepciones que norma, y sólo República Dominicana y Brasil y Perú registran más de dos.

De dieciocho países latinoamericanos, excluyendo a Cuba, donde no ha habido comicios con más de un partido, sólo en seis se han producido reelecciones de los presidentes, ninguna de ellas en las naciones centroamericanas, donde más de 50 mandatarios se han retirado tras cumplir períodos de cuatro años de gobierno.

La República Dominicana es la líder en el reeleccionismo latinoamericano de las últimas cuatro décadas, cuando se ha fortalecido la tendencia a elegir sus gobernantes, aunque varios países, particularmente sudamericanos, pasaron por regímenes militares, el más prolongado en Chile donde se extendió por 17 años.

Joaquín Balaguer encabeza con amplia ventaja la lista de los gobernantes que han sido reelectos en esos 40 años, habiéndolo logrado en dos etapas, la primera en 1970 y 1974, y tras un intervalo de 8 años fuera del poder, nuevamente en 1990 y 1994. A esas cuatro hay que sumar la conseguida en el 2008 por el presidente Leonel Fernández, para totalizar cinco, que son el 36 por ciento de las 14 reelecciones ocurridas en la región.

Brasil y Perú son los otros países de la región donde se han registrado más de una reelección. En el primer caso por los presidentes Fernando Henrique Cardoso, que gobernó entre 1995 y 2003, y Luiz Inácio Lula da Silva, quien el año próximo concluye el período iniciado en el 2003. El peruano Alberto Fujimori es, aparte de Balaguer, el único que ha conseguido dos reelecciones consecutivas, aunque no pudo concluir su tercer mandato, habiendo gobernado del 1990 al 2001.

Los otros cinco presidentes que consiguieron una segunda elección consecutiva (una sola reelección) fueron Raúl Menem en Argentina (1989-99), Álvaro Uribe en Colombia (2002-10), Evo Morales en Bolivia (2005-15), Rafael Correa de Ecuador (2007-13) y  Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013). Este tiene en realidad tres elecciones consecutivas, porque acortó su primer período a dos años tras una nueva Constitución.

Los que regresaron.   Son apenas diez los presidentes latinoamericanos que han logrado retornar al poder entre el 1970 y el 2010, después de por lo menos un período de intervalo. El primero en lograrlo fue Juan Domingo Perón, en Argentina,  el que más tiempo tardó en volver, del 1955 en que fue derrocado al 1973, pero para morir un año después. Le siguieron los venezolanos Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quienes iniciaron sus segundos períodos en 1989 y 1994. Habían concluido sus primeras gestiones en 1979 y 1974, respectivamente.

Oscar Arias, de Costa Rica, retornó en el 2006, tras haber gobernado entre 1986 y 1990. El peruano Alan García salió del poder en 1990 para retornar en el 2006 y Daniel Ortega salió también en 1990 y volvió en el 2007. En Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue presidente entre 1993 y 97 y volvió a ser electo en el 2002, pero fue desplazado al año siguientes  por una asonada popular. Jean Bertrand Aristide y René Préval, en Haití,  también registran dos elecciones con intervalos cada uno, el primero en 1991 y 2001 y el otro en 1996 y 2006. El décimo que volvió fue Leonel Fernández, quien lo consiguió sólo 4 años después de haber salido del poder en el 2000.

Durante las cuatro décadas indicadas la República Dominicana, Colombia, Guatemala y Costa Rica son de los que más elecciones con intervalos regulares han tenido, 11 en cada caso. México y Venezuela registran menos porque sus períodos presidenciales han sido de 6 años en el primer caso, y de 5 y ahora 6 en el segundo.

Han sido muy escasos los que han fracasado en el intento de volver tras un intervalo fuera del poder. Más de un centenar se resignó a un solo período. Por ejemplo en los seis países de América Central, incluyendo a Panamá,  ha habido 53 presidentes electos y sólo Arias y Ortega se repostularon y volvieron después de haber dejado el poder.

Puro providencialismo.   El continuismo que hasta mediados del siglo pasado fue una epidemia política en América Latina, está fundado en el providencialismo. Comienza siempre proclamando imprescindible al gobernante de turno, que al principio se sonroja, luego deja correr la pelota y al final entra al juego, a menudo incentivado por temor a que su partido pierda el poder y le pasen cuenta por malversaciones y hasta crímenes.

El primer pretexto para alentar las ondas reeleccionistas es que si el mandatario se acoge a la Constitución y proclama que no se va a repostular, “lo dejan solo” y se debilita el gobierno. Eso obliga a sus partidarios a hacer el coro o por lo menos guardar discreto silencio para no caer en desgracia, mientras se prepara el escenario para la continuidad.

Cientistas sociales como Daniel Zavatto, quien ha venido múltiples veces al país, atribuyen el continuismo a las debilidades institucionales, la personalización de la política y al hiperpresidencialismo. Siempre tiene un costo institucional, democrático y hasta económico, pues se practica abusando de los recursos del Estado.

En el caso dominicano el continuismo invade todas las instituciones y los funcionarios y líderes no conciben el retiro. Don Antonio Guzmán no pudo pasar la prueba de la descompresión del poder y prefirió suicidarse. Hipólito Mejía intentó continuar en medio de una terrible crisis financiera cuando muy pocos lo veían posible, y ya está en ajetreos para retornar. Balaguer, ciego, quería volver a los 94 años, y Juan Bosch fue candidato con dificultades mentales y casi nonagenario.

Pero la renuencia al retiro supera la política y se constituye en una endemia cultural en el país. Por eso los actuales jueces de la Suprema Corte interpretaron que no se les puede aplicar la ley de carrera judicial que plantea su retiro a los 75 años, aún cuando le garantiza el 90 por ciento de su salario, como justa compensación. Tres extraordinarios directores de periódicos, Don Rafael Herrera, Germán Ornes y don Mario Álvarez, murieron en sus puestos de mando, pese a sufrir largas enfermedades. Y glorias del béisbol como Samuel Sosa y Pedro Martínez han rehuido proclamar su retiro.-

El tercero traumático

El planteamiento de que un tercer período de gobierno consecutivo es dañino se convierte en un axioma, a la luz de la historia latinoamericana. En el caso de Joaquín Balaguer desde su primera reelección en 1970 medió la fuerza militar y el abuso total del poder. Lo mismo ocurrió en 1974. Esas dos elecciones no catalogan como democráticas. Y la siguiente, en 1978, concluyó en derrota y una grave crisis política cuando intentó desconocer por la fuerza ese  resultado.

Lo mismo ocurriría en el segundo período de gobiernos balagueristas, con sus reelecciones  de 1990 y 1994, ésta última derivada en la peor crisis política nacional tras la guerra civil y la intervención norteamericana de 1965.

El caso de Alberto Fujimori en Perú es paradigmático. Logró una cómoda y fácil reelección en 1995, tras haber tenido suerte con la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y con la estabilización de la economía que había encontrado maltrecha en 1990. Para repostularse la primera vez hubo de reformar una Constitución que la prohibía, instituyendo una reelección. Para buscar una segunda reelección sustituyó tres jueces del Tribunal Constitucional para conseguir una “Ley de interpretación auténtica”, según la cual con la nueva carta magna se contaba de nuevo y por tanto podía postular para un tercer período consecutivo. Es justamente lo que postulan aquí quienes plantean que las elecciones del presidente Leonel Fernández anteriores a la Constitución proclamada en enero no cuentan para la prohibición de la reelección inmediata que postula su artículo 124, lo que, según esa “interpretación auténtica”, le permite postularse de nuevo en el 2012.

Para lograr el tercer período consecutivo, Fujimori pervirtió no sólo el Tribunal Constitucional, sino muchas otras instancias democráticas, y Vladimiro Montesinos compró políticos, comunicadores y hasta empresarios y religiosos. Se impuso a todo costo, pero la explosión de los “Vladivideos”, desató una crisis política que lo obligó a huir del Perú cuatro meses después, en noviembre del 2000. Extraditado en el 2007 cumple condenas que suman 32 años de cárcel por latrocinio, matanzas, secuestros y abuso de autoridad.