Parece innegable la apatridia de miles de domínico-haitianos

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El discurso de odio, las agresiones y la negación a los desnacionalizados hasta del derecho a reclamar parece una pobre respuesta al Comité de Derechos Humanos de la ONU que acaba de pedir medidas eficaces para poner fin a la masiva apatridia  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Resultó lacerante la agresividad verbal y casi física con que grupos extremistas intentaron impedir un reclamo público de los grupos que aún procuran sacar de la apatridia a miles de descendientes de haitianos nacidos en el país antes de la Constitución del 2010, y repugnante a forma en que medios informativos convirtieron las víctimas en victimarios.

Esa ofensiva parece la respuesta al reciente informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reclamó medidas urgentes y eficaces para reducir los casos de apatridia, incluyendo la plena aplicación de la ley 169-14 que intentó enmendar parcialmente los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC).

Inconcebible intolerancia

            Ninguna racionalidad ni justificación tiene el hecho de que una veintena de personas intentaran impedir el sábado 18 que grupos que defienden los derechos de los domínico-haitianos desnacionalizados, primero por la Junta Central Electoral y luego por la sentencia 168-13 del TC, reclamaran pacíficamente lo que consideran derechos fundamentales.

Entre los convocantes de la actividad cívica, cultural y artística, había varias entidades con reconocimiento nacional e internacional en la lucha contra la exclusión, incluyendo una que, como el Centro Bonó de los Jesuítas, es portadora del mandato del Papa Francisco a los obispos dominicanos de “seguir colaborando con las autoridades civiles para alcanzar soluciones solidarias a los problemas de quienes son privados de documentos o se les niega sus derechos básicos”. Otros como Reconocidos o el Movimiento de Mujeres Domino-Haitianas son interlocutores en organismos como la ONU y la OEA, justamente en defensa de los desnacionalizados.

Los irruptores profirieron insultos y exhibieron un discurso xenofóbico cargado de odio y se llegó al manoteo y los empujones, con evidente tolerancia de las autoridades del orden. Los manifestantes tenían la autorización correspondiente del Patrimonio Monumental y el Ayuntamiento del DN y la habían notificado a la Autoridad Metropolitana del Transporte.

Más relevante que la pretensión de los de xenófobos fue lo que predominó en los medios informativos que convirtieron a las víctimas en simples haitianos inmigrantes ilegales, provocadores, insultantes desconocedores de la soberanía nacional, profanadores del altar de la patria y otros calificativos justificadores del discurso de odio que degrada internacionalmente el país.

El Comité ONU de DD-HH

La convocatoria al acto del sábado no era sorprendente, pues esos grupos han proseguido firmemente su lucha contra la apatridia en que han quedado miles de  domínico-haitianos, tan defendibles como los domínico-americanos o los domínico-españoles, o mexico-americanos.

Lo sorprendente es que se reactivara el movimiento xenofóbico, lo que se atribuye al último informe del Comité de Derechos Humanos de la ONU emitido el 9 de noviembre en Ginebra que ratificó su condena, compartida por muchos otros organismos internacionales, al despojo de la nacionalidad dominicana, con efecto retroactivo hasta 1929 por la sentencia 168-13.

El informe cuestionó otros hechos, pero principalmente la desnacionalización que a juicio del responsable de Amnistía Internacional para el Caribe, Robin Guittard, constituye “la mayor crisis de apatridia jamás vista en el continente americano”. El Comité pasa balance de nuevo al proceso iniciado en el 2007 por la JCE,  y a la sentencia del TC “que dejó a miles de dominicanos, la mayoría de ascendencia haitiana, sin nacionalidad dominicana y en situación de apatridia”. Dice haber tomado nota de la adopción de la Ley 169-14 para mitigar los daños, pero expresa su preocupación “por el limitado alcance de esta ley y los obstáculos adicionales que ha creado, incluidos trámites y requisitos excesivos”.

El documento incluye demandas específicas al Estado dominicano, como  garantizar el restablecimiento de la nacionalidad a todos los del Grupo A en la Ley 169-14, que son los que tenían registro de ciudadanía y medidas especiales para los del Grupo B, que no pudieron acogerse a los requisitos para ser reconocidos como dominicanos, pero todos nacidos en el país, que no son inmigrantes.

¿Cuántos son apatridas?

Aunque el Estado dominicano no reconoce que tenga apátridas, el país ha sido catalogado entre los cinco con mayor número en el mundo. En junio del 2015 el Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los estimó en 210 mil.  Myanmar lideraba con 800 mil, Costa de Marfil 700 mil, Tailandia 506 mil, y Letonia 262 mil.

Los estimados son muy diversos. ACNUR se basa en los resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes del 2012, que estimó los descendientes nacidos en el país en 244 mil 151, cifra avalada por la sentencia 169-13, y le descuenta los que han podido recuperar la nacionalidad en virtud de la Ley 169-14.

La información oficial al respeto es muy parca obedeciendo a la política del avestruz, de esconder la cabeza, y tratar de que el tema se olvide, lo que no está en la agenda de los organismos de derechos humanos, ni aquí ni en el mundo. El cierre es bien hermético, pues se ha sabido que la JCE no ha respondido varias solicitudes de audiencia del Representante Permanente de las Naciones Unidas en el país, Lorenzo Jiménez, quien ha reiterado la disposición de colaborar para resolver las dificultades que han impedido que gran parte de los desnacionalizados se beneficien de la Ley 169-14, aprobada hace 3 años y medio precisamente para mitigar la apatridia generada por la sentencia del TC.

No soy de aquí ni de allá

            Nadie puede precisar número, pero no hay dudas de que son decenas de miles los que han quedado como dice la canción de Facundo Cabral: “no soy de aquí ni soy de allá”, parte de los cuales ya estaban muertos cuando fueron condenados a la apatridia. Se les dice que, como descendientes de haitianos, tienen derecho a la nacionalidad de sus padres, pero su realidad social les impide trasladarse a Haití para iniciar un proceso de ciudadanía, en su mayoría sin documentación, ni siquiera de sus padres. Aún si quisieran, no tendrían con qué pagar viajes, hospedaje ni trámites. Carecen de vínculos en el vecino país y por demás se sienten dominicanos.

Hay apátridas todavía en el Grupo A, aquellos a quienes la ley 169-14 dispone

la regularización de la nacionalidad dominicana, “libre de todo trámite administrativo”. Pero el proceso de recuperación es lento y con trámites que disuaden a los potencialmente beneficiarios. Muchos son tan pobres que no tienen  para pagar el transporte.

Contradictoriamente la JCE ha persistido en mantener recursos de anulación de la nacionalidad a símbolos internacionales como Juliana Deguís, la que encarnó la sentencia del TC, o Ana María Belique, una de las líderes de los domínico-haitianos, con cédula y pasaporte dominicano que viaja por el mundo. Ambas tienen recursos de apelación a sentencias que disponen la anulación, en base a la documentación de sus padres. Aunque la ley 169-14 sólo excluye de la restitución de la nacionalidad “cuando el hecho le sea imputable directamente al beneficiario”. El 26 de mayo del 2015  un comunicado de la JCE dijo que después de haber revisado 10 millones 321 mil actas, y de ellas 53 mil 827 “con posibles irregularidades”, sólo encontró 132 “que darían lugar a apoderamientos judiciales”, es decir el 0.58%, dejando en el descrédito la versión de que muchos miles habían obtenido registro fraudulento.

Los nunca registrados

La mina de los apátridas está en el Grupo B de la ley 169-14, que son los que nunca fueron registrados como dominicanos, aunque nacieron en el país. A muchos de ellos se les negó la inscripción desde que empezó la discriminación de los domínico-haitianos en los años noventa. Otros no la procuraron como aún quedan cientos de miles de dominicanos.

A este segmento la Ley 169-14 les dispone registrarse como extranjeros para a los dos años, llenando una serie de requisitos, poder optar por la ciudadanía, vía la naturalización. La información oficial es que sólo 8 mil 755 pudieron inscribirse en un plazo de 90 días, luego llevado a 180, perentorio, pues pudieron haberlo dejado abierto más tiempo y hasta abierto. Se estima que eran más de 53 mil, a los que habría que sumarle sus descendientes,

La realidad es que hay en el país un apharteid, un guetto o una población excluida, que seguirá creciendo cada día porque sus descendientes heredarán la apatridia. Y si sus padres y abuelos no pudieron llenar los requisitos para obtener ls ciudadanía ni regularizarse como extranjeros, ni se fueron para Haití, menos podrán hacerlo los descendientes. Hay familias donde los primeros hijos, registrados como dominicanos, recuperan su nacionalidad, mientras hermanos menores quedan como extranjeros. Un verdadero drama humano cuya solución será demandada eternamente por los organismos establecidos para defender los derechos humanos, entre los cuales resalta el de la ciudadanía.-

La JCE debe esclarecer el nuevo padrón


Por Juan Bolivar Diaz

 

La Junta Central Electoral (JCE) debería hacer un esfuerzo para responder algunas inconsistencias registradas en el crecimiento del padrón electoral a regir en las elecciones generales de mayo próximo, que se consignan en el segundo informe de observación electoral del movimiento cívico Participación Ciudadana del pasado día 8.

No se encuentran explicaciones a la abrupta caída del crecimiento del total de los empadronados y en especial de los nuevos electores, en relación a los tres cuatrienios anteriores, como tampoco a la categoría de “ciudadanos con biométricos validados” que la JCE cifra en 207 mil 977.

Padrón con último ajuste. Al cierre del padrón electoral el pasado 16 de enero para los comicios de mayo, la JCE reportó un total de 6 millones 765 mil 136 inscritos, ajustados en otro informe del 11 de febrero, cuando suprimió 63 casos de doble inscripción, por lo que queda definitivamente en 6 millones 765 mil 073 electores, con ligera predominancia de las mujeres, el 50.84 por ciento, quedando los hombres en 49.16 por ciento.

Los electores dominicanos están registrados para votar en 15 mil 339 colegios o mesas electorales, ubicadas en 4 mil 158 recintos. Geográficamente hay una gran concentración, el 41.83 por ciento, en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo y Santiago. Y alcanza a las dos terceras partes, 67.25 por ciento, cuando se le adicionan los 5.68 por ciento del exterior del país, el 5.52 y el 4.22 por ciento de las provincias San Cristóbal y La Vega. La mayor jurisdicción provincial es Santo Domingo que con 1 millón 397 mil 104 electores, el 20.85 casi duplica el DN, que tiene el 10.84 y a Santiago con el 10.34 por ciento, con 733 mil 486 y 699 mil 424 respectivamente.

Por municipios el mayor es el DN con sus 733 mil 486 electores, seguido de Santo Domingo Este con 592 mil 660 y Santiago que registra 489 mil 670. En orden descendiente siguen los Santo Domingo Norte y Oeste, La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, Los Alcarrizos y San Pedro de Macorís.

El 5.68 por ciento del padrón correspondiente a 26 países, se concentra en 71 por ciento en Estados Unidos y el 17 por ciento en España, seguidos de las Antillas Menores, Italia, Panamá, Suiza, Venezuela y Holanda, que registran el 11 por ciento, y los restantes 18 países no llegan entre todos al 2 por ciento.

Caídas en crecimientos. Ya lo habíamos advertido el 17 de enero en el artículo “El padrón electoral queda corto”, pero Participación Ciudadana lo contextualizó y formuló interrogantes: el crecimiento se redujo en términos significativos, tanto del total de habilitados para votar, como de los nuevos electores.

El total del padrón del 2016 sólo supera al del 2012, que fue de 6 millones 502 mil 968 electores, en 262 mil 168, es decir, en apenas 4.03 por ciento, cuando el incremento fue del 12.81 para el 2012, de16.02 en el 2008 y de 16.87 por ciento en el 2004, en todos los casos en relación a los cuatrienios anteriores, cuando fue de 717 mil, 796 mil y 738 mil electores adicionados.

Con sólo un 11 por ciento de crecimiento en el último cuatrienio, el padrón del 2016 hubiese tenido un incremento cercano a los anteriores, más de 715 mil, para totalizar sobre los 7 millones 218 mil electores, una diferencia sobre 511 mil.

Lo que más llama la atención es que los nuevos electores que registra la JCE apenas sumen esta vez 351 mil 044, menos de la mitad de los que se registraron en cada uno de los tres cuatrienios anteriores. Esta cifra se complica cuando un informe de la JCE del 28 de abril del 2015 ya registraba 662 mil 313 “nuevos electores”, lo que implica que se incrementaban en promedio de 220 mil por año, proporción congruente con los registros de los 12 años anteriores, lo que debió llevar los nuevos a unos 882 mil en mayo del 2016. El déficit en relación al actual sería entonces de 531mil.

Un renglón fantasma. El balance del padrón se complica todavía más porque en los informes de este año la JCE ha incluido un nuevo renglón, “ciudadanos con biométricos validados”, que suman 207 mil 977, y que no ha sido posible esclarecer. Dos miembros titulares de la JCE no han podido explicarlo y su dirección de comunicaciones de la JCE no ha respondido llamadas.

Se dijo que podrían ser parte del déficit de los nuevos electores, o de los que quisieron renovarla, y les tomaron las huellas y fotografía, pero no han vuelto a retirar las cédulas, en lugares donde no se entregaban de inmediato. Pero están contados en el padrón y la JCE había dicho que quedarían excluidos del mismo quienes no renovaran la cédula antes del cierre del plazo que venció el 16 de enero. Si así era con los que ya tenían cédula, con más razón deberían excluir a los nuevos solicitantes, o dejar a los otros también.

Por demás, se supone que a todo el que se otorgó una cédula, nueva o renovada, se le validaron previamente sus datos biométricos, razón por la que el renglón debería explicarse por sí mismo, sobre todo cuando esos más de 207 mil representan el 60 por ciento de los 351mil que figuran como “nuevos inscritos mayores de edad”. Y no es razonable que 6 de cada 10 jóvenes que solicitaron la cédula por primera vez se hayan desentendido de buscarla.

Se buscan explicaciones. Se ignora si alguno de los partidos ha registrado las abruptas reducciones del crecimiento del padrón electoral en general, y de los nuevos electores en particular, y si han pedido explicaciones a la JCE. El coordinador de Participación Ciudadana dijo que sí lo hicieron, pero hasta el viernes no habían recibido respuesta.

No hay razón demográfica que explique una reducción tan brusca de los nuevos electores. La tasa de crecimiento poblacional dominicana ha disminuido casi a la mitad en las últimas décadas, pero progresivamente, y como quiera aumentaba el padrón entre 13 y 17 por ciento en cada cuatrienio.

Es posible que una parte del déficit sea debido a un subregistro de los fallecimientos, que deberían ser más de los 26 mil 677 que excluyó la JCE del padrón desde el 2012. Los difuntos no podían renovar su cédula.

Otro factor que pudiera haber reducido las renovaciones de la cédula sería la emigración, pero esta no parece haber sido mayor que en los cuatrienios anteriores. Y por cierto que los empadronados fuera del país pasaron de 328 mil 649 a 384 mil 522, es decir con incremento de 55 mil 873, justo el 17 por ciento.

Excluidos y auto-excluidos.
Una parte del déficit del padrón pudiera constituirlo la población de origen haitiano a la que se ha privado de documentación, que no pudieron renovar la vieja cédula ni obtenerla al llegar a la edad reglamentaria en los últimos dos cuatrienio. La exclusión por parte de la JCE comenzó en el 2007.

Esa sería una razón para que el organismo no tenga interés en transparentar todo lo concerniente al padrón electoral, para reducir el escándalo internacional. Hace ya varios meses que se atribuye a un interés electoral la dilación en restituir la documentación a los 55 mil que la propia JCE identificó como beneficiarios de la ley 169-14 que enmienda parcialmente la sentencia que privó de la nacionalidad a decenas de miles de dominico-haitianos. Tanto el embajador norteamericano como el sistema de las Naciones Unidas habrían expresado preocupación al respecto, ante el presidente de la República y al de la JCE.

Parte del déficit sería la recurrente autoexclusión de una parte de la población dominicana indigente, alejada de las actividades ciudadanas y sin interés por obtener o renovar cédula de identidad, pero no puede ser mayor que en los cuatrienios anteriores.

Pero por encima de todo, lo que más urge aclaración de la JCE es la tremenda incongruencia entre su informe de abril del 2015 que cuantificaba los “nuevos electores” en 662 mil 313 y el último de este febrero que dice que los “nuevos inscritos mayores de edad” son 351 mil 044. Mucho ha avanzado el organismo rector de los comicios en la organización del registro electoral para que ahora deje sombras que pudieran generar conflictos y dudas.-

JCE suspende su “genocidio civil”

Por Juan Bolívar Díaz

Mediante un oficio de la directora del Registro Civil, la Junta Central Electoral (JCE) dispuso la entrega de copias de sus actas de nacimiento a todos los descendientes de extranjeros que se encuentren en investigación hasta que se determine si procede pedir a un tribunal que disponga su nulidad.

De esa forma se da satisfacción al movimiento nacional e internacional que viene denunciando un genocidio civil contra ciudadanos descendientes de haitianos a quienes se les venía negando la expedición de copias de actas de nacimiento, lo que fue debatido esta semana en Washington, D. C. en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Modifica la Resolución 12-07.  El oficio 32-2011, suscrito por la licenciada Dolores Fernández Sánchez, directora Nacional del Registro del Estado Civil, modifica la polémica Resolución 12-07 (en adelante R12-07) del Pleno de la JCE emitida el 10 de diciembre del 2007 que dispuso “que sea suspendida provisionalmente la expedición de Actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición”.

El documento está fechado el 19 de octubre, cinco días antes de la audiencia de la CIDH, y está dirigido a los oficiales del Estado Civil. El asunto indica: Decisión sobre expedición de actas de nacimiento en investigación correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros.

El único párrafo del oficio señala: “De conformidad con la decisión adoptada por la Comisión de la Junta Central Electoral de fecha 05 de octubre de los corrientes, se les instruye en el sentido de que las actas de nacimiento correspondientes a hijos (as) de ciudadanos extranjeros que se encuentren en estado de investigación, sean expedidas libremente hasta tanto el Pleno de la Junta Central Electoral determine si las mismas son válidas o no, conforme a la investigación correspondiente, y proceda a suspenderla provisionalmente, a demandar su nulidad ante un Tribunal o a reconocer su regularidad”.

La decisión trascendió el miércoles y ya al día siguiente decenas de afectados habían concurrido a las oficialías del Estado Civil en Monte Plata para reclamar actas que se les había negado desde el 2007, primero por la Circular 17-07 de la Cámara Administrativa de la JCE, validada después  por la R12-07 del pleno del organismo, entonces presidido por el doctor Julio César Castaños, aunque con la oposición de los jueces Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares.

Procedimiento irregular.  La circular fue hecha pública este viernes en el telediario Uno Más Uno de Teleantillas, generando incertidumbre, porque se creía que solo el Pleno de la JCE podía modificar o derogar una resolución propia. Incluso, la quinta disposición de la R12-07 dice expresamente que “El levantamiento temporal o definitivo de la suspensión provisional, requiere de una decisión expresa de la Junta Central Electoral”.

Pero extrañamente la decisión atribuida a la Comisión de Oficialías de la JCE y firmada por una jefa departamental, modifica la resolución de la máxima instancia de la institución. No se sabe si tuvo algún vínculo, pero fue adoptada el 5 de octubre cuando  llegó al país la Secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton, quien advirtió de “preocupaciones muy serias” sobre el despojo de la ciudadanía a descendientes de haitianos que la habían obtenido por haber nacido en el país, e instó a que se adoptara una resolución que reconozca sus derechos.

La circular fue emitida apenas cinco días antes de la audiencia celebrada el lunes 24 por la CIDH en su sede de Washington, D. C. donde se debatió la situación de unas 457 personas a las que se les ha negado administrativamente la expedición de copias de sus actas de nacimiento. Allí los representantes del Gobierno dominicano restaron magnitud al problema, repitiendo el argumento de la JCE de que solo han afectado a 120 bajo cargos de que fueron inscritos fraudulentamente. Los han querido confundir con casos de declaraciones tardías de mafiosos y de beisbolistas que buscaban aparecer más jóvenes. Pero la Circular 17-07 que inició el genocidio civil especifica en su segundo párrafo que “fueron expedidas en tiempo pasado Actas de Nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana”. Luego prohibió a los oficiales del Estado civil expedir actas de nacimientos con “cualquier irregularidad”, debiendo proceder a enviar el expediente a la JCE para investigación.

Un triunfo de la razón.  La decisión de expedir libremente las actas de nacimiento está llamada a eliminar un factor que generaría múltiples desaprobaciones y condenas internacionales al país, y es un triunfo del  “Movimiento por un Registro Civil Libre de Discriminación”,  que defiende los derechos de los desnaturalizados.

Ese movimiento esta integrado por una docena de entidades religiosas y sociales como el Centro Bonó,  Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), el Consejo Nacional de la Unidad Evangélica, Visión Mundial, Catholic Relief Services, Centro de Estudios Constitucionales de la  UASD y la Coalición de ONGs por la Infancia, así como por decenas de núcleos de afectados. Y han movilizado la solidaridad de una docena de instituciones internacionales.

Sostienen que los afectados no son solo los 457 documentados ante la CIDH, sino miles y potencialmente decenas de miles que todavía no han requerido actas de nacimiento o no lo harán  por estar en edades y circunstancias de pobreza en las que no la necesitan al tener la cédula personal de identidad. Un comunicado publicado en HOY del viernes por el movimiento citado indica que “un estudio de campo realizado por el SJRM revela que en Monte Plata, San Pedro de Macorís y Guaymate unos 1600 dominicanos-as han ido a las oficialías a buscar una copia de sus actas de nacimiento y la negación ha estado amparada bajo alegatos discriminatorios tales como tu apellido es de haitiano, eres negro, etc.”

Para muchos de los afectados en los cuatro años en que se aplicó la restricción los daños son irreparables, al haber perdido oportunidades de realización personal, porque el acta de nacimiento es requerida para tener acceso a la cédula y al pasaporte, a estudios de todos los niveles, a empleos formales, al seguro médico y los fondos de pensiones, a casarse o divorciarse, al crédito bancario, a vender y comprar inmuebles. De ahí que se hablara de muertos civiles y de genocidio civil.

Carencia de sustento jurídico.  Los jueces electorales Aura Celeste Fernández y Eddy Olivares se opusieron firmemente tanto a la Circular 17 como a la R12-07 que originaron la exclusión de los dominico-haitianos, considerando que la JCE invadía el ámbito de la justicia, que es la que puede dictaminar. En una instancia de impugnación, la doctora Fernández sostuvo que “No existe ninguna disposición expresa de la ley 659 sobre actos del Estado Civil que le confiera a la JCE la facultad de ordenar la retención de actos del Estado Civil. Por el contrario ese papel se le confiere de manera exclusiva a los jueces del Poder Judicial.” Citó el Artículo 31 de esa ley el cual dispone que cualquier persona podrá pedir copia de las actas asentadas en los registros del Estado Civil, las cuales “se tendrán como fehacientes mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas”.

En similares términos fue concebida la instancia del doctor Olivares, quien  además citó un dictamen de la Suprema Corte de Justicia la cual sostiene que las declaraciones de nacimiento debidamente asentadas y realizadas dentro de los plazos legales, “constituyen documentos con enunciaciones de carácter irrefragable, hasta inscripción en falsedad”.

Abogados y las entidades defensoras de los derechos humanos han denunciado que la acción de la JCE ha violado principios constitucionales básicos, como el del Artículo 18 de la nueva Constitución que proclamó dominicanos a todos los que disfruten de la nacionalidad antes de su entrada en vigencia, el ordinal 13 del Artículo 48, el cual indica que “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones o comisiones que en el momento de producirse no constituyan infracción penal o administrativa”.Y el Artículo 110 y el 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre la irretroactividad de la ley. También han citado violaciones a la Ley 659-44 sobre Actos del Estado Civil, así como a los códigos  Civil y de Procedimiento Civil.

La decisión de la JCE es correcta porque suspende la arbitrariedad de un acto administrativo que suspende un derecho fundamental y reivindica la jurisdicción de los tribunales donde seis afectados que recurrieron encontraron amparo, dos de ellos incluso en la Suprema Corte. Puede ser una forma subrepticia de rectificar el genocidio civil.

!Por fin el Reglamento de Migración!

Por Juan Bolívar Díaz

Todos los preocupados por el desbordamiento de la inmigración en este país  saturado de atrasos y pobreza, debemos celebrar que esta semana el Presidente de la República promulgara el Reglamento a la Ley General de Migración 285/04 y colocarnos en verdadera vigilancia para que no se quede en letra muerta y rinda los frutos esperados.

Desde luego esa vigilancia debe ser mayor de parte de ese segmento de la población que se califica por una enfermedad sicosomática denominada anti-haitianismo que los impulsa al insulto y al griterío, incapaz de razonar más allá de lo que creen derechos soberanos, que se niegan a reconocer la realidad de que los haitianos están ahí, y que serán vecinos por siempre, con los que tenemos que entendernos mediante normas, pactos y contratos.

Una parte significativa de la sociedad dominicana tiene propensión a enjuiciar las relaciones dominico haitianas con emotividad y prejuicios extremos, tanto que no pudieron registrar lo que dijo la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en su reciente visita al país, respondiendo con insultos y descalificaciones, lo que llevó al embajador Raúl Izaguirre a transcribir sus palabras en un artículo publicado en el Listín Diario el viernes 21.

Lo primero resaltante es que a Hillary le preguntaron periodistas dominicanos, y al responder comenzó ponderando la solidaridad dominicana con Haití a raíz de la catástrofe del 2010. Y reconoció el derecho soberano de esta nación a establecer normas sobre su seguridad fronteriza o nacionalidad. Pero advirtió, así mismo, que los inmigrantes son sujetos de derechos, aludiendo específicamente a los descendientes de haitianos que fueron inscritos como ciudadanos dominicanos y ahora se les está privando de sus derechos, lo que es inaceptable en la comunidad internacional.

La respuesta de Hillary fue amplia, conceptuosa y hasta con ribetes autocríticos cuando aludió a que en Estados Unidos también han confrontado posiciones extremas, ponderando el equilibrio entre los derechos soberanos y los derechos humanos. El estado de Arizona, por ejemplo, ha adoptado legislaciones extremas para limitar la inmigración, lo que ha generado un amplio rechazo en ese país y de parte de líderes estatales y sociales norteamericanos y de América Latina. Aunque allí no han llegado al extremo de pretender quitarle la ciudadanía a los millones de extranjeros descendientes de inmigrantes ilegales.

Pero qué bueno que ya tenemos un Reglamento a la Ley de Migración, aunque nos tomó siete años promulgarlo, pese a que muchos lo reclamamos sistemáticamente. Podemos disentir de algunos de sus planteamientos, pero es la ley que nos hemos dado y ahora debemos cumplirla.

La nueva normativa pone a prueba nuestra capacidad para organizarnos en un asunto de tanta importancia y trascendencia. Establece responsabilidades a las autoridades y a los empresarios contratantes de mano de obra y prevé mecanismos justos para las detenciones y deportaciones.

El cumplimiento de esta normativa es fundamental para despejar el criterio de que el desorden inmigratorio, como el emigratorio, se alimenta del tráfico de seres humanos ejecutado por empresarios, funcionarios y buscavidas que han hecho fortuna a lo largo de las últimas décadas.

Los inmigrantes haitianos, casi todos ilegales, representan hoy día más del 80 por ciento de la mano de obra de toda la agricultura nacional así como de la próspera industria de la construcción. Sería irracional pretender que podamos prescindir de ellos, razón por la que se impone su reglamentación.

Pero también es imprescindible que entendamos que no son invasores, que somos nosotros los que los hemos buscado y empleado y explotado. Y si los vamos a tener con nosotros, también tenemos que reconocerles derechos, como a los dominicanos y dominicanas que saturan y originan rechazo en Puerto Rico, en Estados Unidos, España, Italia, Holanda, Suiza, en todas las islas del Caribe inglés, francés y holandés y en Centroamérica y varias naciones sudamericanas. Ni más ni menos. Ya una vez me declaré en este mismo espacio con alma de migrante. Y defiendo sus derechos, aunque me traten de traidor, vende patria y asalariado de Estados Unidos.