Perú: ejemplo de avance institucional democrático

Por Juan Bolívar Díaz
12_06_2016 HOY_DOMINGO_120616_ El País13 A

El Perú está demostrando que los países latinoamericanos pueden avanzar en la fortaleza de la institucionalidad democrática, al pasar la prueba de una de las elecciones presidenciales más reñidas de la historia, con un resultado de apenas 0.24 por ciento de diferencia, a favor del economista Pedro Pablo Kuczyinsky.

Es relevante que la perdedora, Keiko Fujimori, con tan estrecho margen, haya aceptado el resultado sin alegar fraude, que no haya habido incidentes, lo que se explica por la independencia de los órganos electorales, y porque el Estado no estuvo en la campaña como ocurre en República Dominicana.

Resultado casi insólito. La diferencia de 0.24 puntos, 50.12 a 49.88 por ciento, con que Kuczynski ha ganado la presidencia de Perú es histórica, probablemente la segunda más estrecha en la democracia universal, después de la registrada en Estados Unidos en 1960 cuando John Kennedy superó a Richard Nixon 49.7 a 49.6 por ciento. Más recientemente en el 2000, George Bush se impuso a Al Gore 48.38 a 47.87 para una diferencia de 0.51 puntos.

Para la candidata perdedora, Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por crímenes y corrupción, el resultado es más que doloroso, porque ya en el 2011 la victoria se le había escapado también en la segunda ronda electoral, a manos del actual presidente, Ollanta Humala, aunque no tan estrechamente: 51.44 a 48.55, para 2.89 puntos de diferencia.

Hace cinco años Keiko había llegado de segunda en la primera ronda, pero en abril pasado fue primera con votación de 40 por ciento, casi el doble del 21 que consiguió Kuczynski, quien debe su triunfo ahora a la tercera candidata, Verónika Mendoza, del Frente Amplio, quien en la primera ronda había quedado en tercer lugar con 19 por ciento.

Hasta tres días antes de la segunda vuelta, las encuestas daban el triunfo a Keiko, con ventaja entre 3 y 5 puntos, pero el apoyo de Mendoza, de la moderada izquierda peruana, al economista centro derechista resultó definitivo. Ella pidió votar por Kuczynski sin siquiera reunirse con él y encabezó una marcha multitudinaria en Lima, proclamando que no podía permitir el triunfo del fujimorismo, recordando la dictadura de Alberto Fujimori (1990-2000), con sus crímenes y corrupción.

Asombrosa tranquilidad. Muchos dominicanos no entienden la asombrosa tranquilidad con la que los peruanos han asumido un resultado tan estrecho en su elección presidencial, sin violencia ni impugnaciones, cerrándose el proceso al quinto día, con la aceptación de la candidata perdedora, Keiko Fujimori, cuyo partido queda en control del Congreso con 73 de sus 130 miembros. Si aquí hubiese habido un resultado parecido, casi estalla una guerra civil, dadas las precariedades de la institucionalidad democrática.

En Perú el resultado de la elección presidencial fue proclamado el jueves, al cuarto día de los comicios, mientras aquí tomó el doble, completándose el 23 de mayo.

Medio día después ya la señora Fujimori había aceptado la realidad, lo que aquí no ha ocurrido formalmente cuatro semanas después de la votación. Y el Perú es un país 26 veces mayor en territorio, con muchas poblaciones aisladas en la zona amazónica y la sierra andina. La población de 32 millones triplica la dominicana, como su padrón electoral de 22.9 millones.

Los peruanos experimentaron el voto electrónico en 19 de los 43 distritos de la capital y su puerto El Callao, incluyendo apenas a 743 mil electores, un 3.25 por ciento del total. Y hubo atrasos y dificultades sobre todo para la población adulta mayor. En la elección del 2011 se probó en un único distrito, Pacarán. Aquí se impuso de golpe en todo el país el 15 de mayo, para registrar un colapso en el escrutinio.

En Perú las elecciones municipales y locales están separadas de la presidencial y congresual. En la primera vuelta solo elegían 138 cargos, presidente, dos vicepresidentes, 130 diputados de un congreso unicameral y 5 representantes al Parlamento Andino. Aquí el 15 de mayo se eligieron 4,106 funcionarios, incluyendo 222 para dos cámaras legislativas. En Perú se eligió un legislador por cada 246 mil peruanos y aquí uno por cada 45 mil dominicanos.

El electorado sanciona. Otra diferencia fundamental con RD es que en Perú es bajo el clientelismo político y el electorado es exigente y sanciona, tanto que los partidos tradicionales han desaparecido y ninguno de los nuevos domina el escenario, desde hace casi cuatro décadas. En 1980 Belaúnde gana la elección y en 1985 su partido obtiene 6%; gana Alan García y en 1990, su APRA cae al 11%, Fujimori gana y se constituye en dictador, pero tras imponer una segunda reelección en el 2000, es obligado al exilio y luego condenado a 25 años de cárcel por crímenes y corrupción; electo Toledo, termina en el piso en el 2006, y vuelve Alan, pero su partido ni siquiera pudo presentar candidato en el 2011, cuando llega Ollanta Humala, cuyo partido tampoco pudo llevar candidatura presidencial ahora en el 2016.

Cualquiera tiene la tentación de creer que los resultados gubernamentales han sido un desastre, pero relativamente no es cierto. La economía ha crecido en promedio anual de 5% en lo que va de siglo, en 7 años por encima del 6 por ciento, y en tres con más del 8.5%. Perú es el país de América Latina que más redujo la pobreza, según la CEPAL, a menos de la mitad, del 54.7 en el 2001, al 22.7 en el 2014, con gran descentralización de la inversión. República Dominicana solo logró bajarla del 42 al 37% en ese período, según la misma fuente.

Como en todas partes, hay mucha corrupción en el Perú, pero su principal diario, El Comercio, informaba el 2 de enero pasado, que durante el 2015 el Poder Judicial dictó 13,307 condenas por delitos de corrupción en todos los niveles del país.

La realidad dominicana. A cuatro semanas de las elecciones generales dominicanas, todavía se conocen impugnaciones en juntas municipales, el Tribunal Superior Electoral, partidarizado y sin el menor crédito, tiene decenas de impugnaciones pendientes, y la oposición sigue restando legitimidad al proceso, tras una automatización fallida que prometió resultados la misma noche de la votación.

La diferencia fundamental fue que aquí el Estado irrumpió, se involucró por completo, con el presupuesto, sin el menor escrúpulo, desde la reforma de la Constitución hasta una campaña absolutamente desigual, aplastante, con enorme clientelismo y decenas de miles de activistas pagados del presupuesto nacional y con los órganos electorales y gran parte de los medios comunicativos secuestrados. El resultado es que los aplastados se niegan a reconocer a quienes consideran impostores.

La ventaja del 62 por ciento en la reelección presidencial y la captura de dos terceras partes del Congreso y los municipios por el partido gobernante, no han sido disuasivos y están cobrando un alto costo de descrédito e ilegitimidad. Mientras hay razones para cuestionar si es beneficioso o perjudicial el colapso de los partidos que dominaron el escenario político peruano en el siglo pasado.

El continuismo es endémico en RD

Juan Bolívar Díaz

La República Dominicana registra el 36 por ciento de las 14 reelecciones presidenciales ocurridas en América Latina en los últimos 40 años, duplicando a los otros siete países donde se han producido, y Joaquín Balaguer es el líder indiscutible con cuatro, con un intervalo de ocho años, seguido del peruano Alberto Fujimori, quien logró dos.

Más de un centenar de presidentes latinoamericanos se han retirado definitivamente tras cumplir sus períodos de gobierno, mientras apenas una decena logró retornar al poder tras uno o más períodos de alternabilidad.

Muy pocas reelecciones.  Cuando se pasa balance al proceso político latinoamericano de las últimas cuatro décadas se comprueba que, contrario al planteamiento nacional de que el poder no se abandona, las reelecciones presidenciales han sido mas bien excepciones que norma, y sólo República Dominicana y Brasil y Perú registran más de dos.

De dieciocho países latinoamericanos, excluyendo a Cuba, donde no ha habido comicios con más de un partido, sólo en seis se han producido reelecciones de los presidentes, ninguna de ellas en las naciones centroamericanas, donde más de 50 mandatarios se han retirado tras cumplir períodos de cuatro años de gobierno.

La República Dominicana es la líder en el reeleccionismo latinoamericano de las últimas cuatro décadas, cuando se ha fortalecido la tendencia a elegir sus gobernantes, aunque varios países, particularmente sudamericanos, pasaron por regímenes militares, el más prolongado en Chile donde se extendió por 17 años.

Joaquín Balaguer encabeza con amplia ventaja la lista de los gobernantes que han sido reelectos en esos 40 años, habiéndolo logrado en dos etapas, la primera en 1970 y 1974, y tras un intervalo de 8 años fuera del poder, nuevamente en 1990 y 1994. A esas cuatro hay que sumar la conseguida en el 2008 por el presidente Leonel Fernández, para totalizar cinco, que son el 36 por ciento de las 14 reelecciones ocurridas en la región.

Brasil y Perú son los otros países de la región donde se han registrado más de una reelección. En el primer caso por los presidentes Fernando Henrique Cardoso, que gobernó entre 1995 y 2003, y Luiz Inácio Lula da Silva, quien el año próximo concluye el período iniciado en el 2003. El peruano Alberto Fujimori es, aparte de Balaguer, el único que ha conseguido dos reelecciones consecutivas, aunque no pudo concluir su tercer mandato, habiendo gobernado del 1990 al 2001.

Los otros cinco presidentes que consiguieron una segunda elección consecutiva (una sola reelección) fueron Raúl Menem en Argentina (1989-99), Álvaro Uribe en Colombia (2002-10), Evo Morales en Bolivia (2005-15), Rafael Correa de Ecuador (2007-13) y  Hugo Chávez en Venezuela (1999-2013). Este tiene en realidad tres elecciones consecutivas, porque acortó su primer período a dos años tras una nueva Constitución.

Los que regresaron.   Son apenas diez los presidentes latinoamericanos que han logrado retornar al poder entre el 1970 y el 2010, después de por lo menos un período de intervalo. El primero en lograrlo fue Juan Domingo Perón, en Argentina,  el que más tiempo tardó en volver, del 1955 en que fue derrocado al 1973, pero para morir un año después. Le siguieron los venezolanos Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera, quienes iniciaron sus segundos períodos en 1989 y 1994. Habían concluido sus primeras gestiones en 1979 y 1974, respectivamente.

Oscar Arias, de Costa Rica, retornó en el 2006, tras haber gobernado entre 1986 y 1990. El peruano Alan García salió del poder en 1990 para retornar en el 2006 y Daniel Ortega salió también en 1990 y volvió en el 2007. En Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada fue presidente entre 1993 y 97 y volvió a ser electo en el 2002, pero fue desplazado al año siguientes  por una asonada popular. Jean Bertrand Aristide y René Préval, en Haití,  también registran dos elecciones con intervalos cada uno, el primero en 1991 y 2001 y el otro en 1996 y 2006. El décimo que volvió fue Leonel Fernández, quien lo consiguió sólo 4 años después de haber salido del poder en el 2000.

Durante las cuatro décadas indicadas la República Dominicana, Colombia, Guatemala y Costa Rica son de los que más elecciones con intervalos regulares han tenido, 11 en cada caso. México y Venezuela registran menos porque sus períodos presidenciales han sido de 6 años en el primer caso, y de 5 y ahora 6 en el segundo.

Han sido muy escasos los que han fracasado en el intento de volver tras un intervalo fuera del poder. Más de un centenar se resignó a un solo período. Por ejemplo en los seis países de América Central, incluyendo a Panamá,  ha habido 53 presidentes electos y sólo Arias y Ortega se repostularon y volvieron después de haber dejado el poder.

Puro providencialismo.   El continuismo que hasta mediados del siglo pasado fue una epidemia política en América Latina, está fundado en el providencialismo. Comienza siempre proclamando imprescindible al gobernante de turno, que al principio se sonroja, luego deja correr la pelota y al final entra al juego, a menudo incentivado por temor a que su partido pierda el poder y le pasen cuenta por malversaciones y hasta crímenes.

El primer pretexto para alentar las ondas reeleccionistas es que si el mandatario se acoge a la Constitución y proclama que no se va a repostular, “lo dejan solo” y se debilita el gobierno. Eso obliga a sus partidarios a hacer el coro o por lo menos guardar discreto silencio para no caer en desgracia, mientras se prepara el escenario para la continuidad.

Cientistas sociales como Daniel Zavatto, quien ha venido múltiples veces al país, atribuyen el continuismo a las debilidades institucionales, la personalización de la política y al hiperpresidencialismo. Siempre tiene un costo institucional, democrático y hasta económico, pues se practica abusando de los recursos del Estado.

En el caso dominicano el continuismo invade todas las instituciones y los funcionarios y líderes no conciben el retiro. Don Antonio Guzmán no pudo pasar la prueba de la descompresión del poder y prefirió suicidarse. Hipólito Mejía intentó continuar en medio de una terrible crisis financiera cuando muy pocos lo veían posible, y ya está en ajetreos para retornar. Balaguer, ciego, quería volver a los 94 años, y Juan Bosch fue candidato con dificultades mentales y casi nonagenario.

Pero la renuencia al retiro supera la política y se constituye en una endemia cultural en el país. Por eso los actuales jueces de la Suprema Corte interpretaron que no se les puede aplicar la ley de carrera judicial que plantea su retiro a los 75 años, aún cuando le garantiza el 90 por ciento de su salario, como justa compensación. Tres extraordinarios directores de periódicos, Don Rafael Herrera, Germán Ornes y don Mario Álvarez, murieron en sus puestos de mando, pese a sufrir largas enfermedades. Y glorias del béisbol como Samuel Sosa y Pedro Martínez han rehuido proclamar su retiro.-

El tercero traumático

El planteamiento de que un tercer período de gobierno consecutivo es dañino se convierte en un axioma, a la luz de la historia latinoamericana. En el caso de Joaquín Balaguer desde su primera reelección en 1970 medió la fuerza militar y el abuso total del poder. Lo mismo ocurrió en 1974. Esas dos elecciones no catalogan como democráticas. Y la siguiente, en 1978, concluyó en derrota y una grave crisis política cuando intentó desconocer por la fuerza ese  resultado.

Lo mismo ocurriría en el segundo período de gobiernos balagueristas, con sus reelecciones  de 1990 y 1994, ésta última derivada en la peor crisis política nacional tras la guerra civil y la intervención norteamericana de 1965.

El caso de Alberto Fujimori en Perú es paradigmático. Logró una cómoda y fácil reelección en 1995, tras haber tenido suerte con la captura del líder de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y con la estabilización de la economía que había encontrado maltrecha en 1990. Para repostularse la primera vez hubo de reformar una Constitución que la prohibía, instituyendo una reelección. Para buscar una segunda reelección sustituyó tres jueces del Tribunal Constitucional para conseguir una “Ley de interpretación auténtica”, según la cual con la nueva carta magna se contaba de nuevo y por tanto podía postular para un tercer período consecutivo. Es justamente lo que postulan aquí quienes plantean que las elecciones del presidente Leonel Fernández anteriores a la Constitución proclamada en enero no cuentan para la prohibición de la reelección inmediata que postula su artículo 124, lo que, según esa “interpretación auténtica”, le permite postularse de nuevo en el 2012.

Para lograr el tercer período consecutivo, Fujimori pervirtió no sólo el Tribunal Constitucional, sino muchas otras instancias democráticas, y Vladimiro Montesinos compró políticos, comunicadores y hasta empresarios y religiosos. Se impuso a todo costo, pero la explosión de los “Vladivideos”, desató una crisis política que lo obligó a huir del Perú cuatro meses después, en noviembre del 2000. Extraditado en el 2007 cumple condenas que suman 32 años de cárcel por latrocinio, matanzas, secuestros y abuso de autoridad.