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No hagamos como el avestruz…

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Cada vez con más frecuencia los dominicanos y dominicanas pasamos la vergüenza de leer o escuchar denuncias y evaluaciones reveladoras de nuestras miserias  institucionales, altos niveles de corrupción, malversación y falta de transparencia, y precariedad de los servicios fundamentales determinada por la ausencia de prioridad en las inversiones públicas.

Ya el informe de competitividad internacional del Foro Económico Mundial nos ha calificado como  campeones universales en malversación de los fondos públicos y en desconfianza en la policía, y competimos por los últimos peldaños en calidad de la educación, embarazos de adolescentes, muertos a manos de la policía, en favoritismo de los funcionarios públicos y en otros renglones.

Lo peor es que nos hemos acostumbrado a las denuncias y ya nada parece conturbarnos ni conmovernos. Nada nos espanta ni quita el sueño. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro y entendemos que genéticamente estamos incapacitados para cumplir la Constitución y las leyes y cualquier norma que nos demos. La reacción es de indignación y descalificación de quienes nos desaprueban, creyendo que resolvemos el problema apelando a la soberanía nacional y a un nacionalismo hipócrita y dicotómico que la globalización universal sepultó.

Fuimos tan lejos en el salvajismo institucional que pasamos cuatro años negando las actas de nacimiento a miles de ciudadanos porque son descendientes de haitianos. Aquí no valieron ni las sentencias judiciales en contra y no rectificamos hasta que en la OEA, en el Departamento de Estado norteamericano, en el Congreso de los Estados Unidos y en la Universidad George Washington nos dijeron casi al unísono  que eso es inaceptable, que así como hay méxico-norteamericanos, dominico-americanos y dominico-españoles, puede también haber dominico-haitianos.

Esta semana el embajador de Gran Bretaña, al hablar en un evento oficial ante las máximas autoridades judiciales, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la República, y en el recinto sede de estas instituciones, denunció la corrupción, que se expresa en el tráfico de influencias y la extorsión, como dañino para la imagen de la nación y la inversión extranjera.

Debe estar demasiado motivado el embajador Steven Fisher para denunciar en ese escenario que por “inconvenientes asociados a la corrupción una importante empresa británica se fue hace poco del país”, y que otra ha sido objeto de una “tentativa de soborno muy grande”.

No se trató de una declaración improvisada. El embajador Fisher pronunciaba una conferencia en un evento que se supone parte de los esfuerzos que se realizan ante las Iniciativas Participativas Anticorrupción que promueven organismos internacionales, por las que este 2011 que declina fue denominado como “Año de la Transparencia y la Institucionalidad”.

Pero el mismo día, miércoles 23 de noviembre, el embajador de Estados Unidos, Raúl Izaguirre,  pronunciaba otra conferencia ante la Cámara de Comercio Dominico Americana, en la que retaba a esta sociedad a superar graves deficiencias como las de educación y electricidad, el clientelismo político y la precariedad energética.

En la misma jornada la prensa recogía los resultados de una auditoría que muestra la malversación de 700 millones de pesos en el Instituto Agrario Dominicano, y daba cuenta del piquete realizado por canjeadores de cheques al Consejo Estatal del Azúcar, cuyo director anterior -ahora en otro cargo gubernamental- les dejó con cheques sin fondos por 15 millones de pesos, que tres meses después no han podido recuperar.

Ya se ha producido la clásica indignación contra el embajador británico,  cuando lo procedente que el titular del Departamento de Lucha contra la Corrupción, allí presente, le pidiera una cita para iniciar una investigación. ¿Cuántos creen que lo hará y que terminará en sanciones? Algunos son tan descarados que se atreven a sugerir que Fisher se inventó esa denuncia para “dañar el buen nombre de la nación”. Y en vez de indignarse contra el pecado y los pecadores, lo hacen contra el conferenciante invitado.

¿Todo está consumado?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Cuando me hablaron de ese documento no lo podía creer. Pero un estimado amigo me hizo llegar una copia para sacudir mi incredulidad y desde entonces lo he leído como diez veces tratando de no despertar a la realidad, pero la letra es fría y contundente. Tengo en las manos el oficio 5787 del 11 de septiembre en curso, mediante el cual se solicita la cancelación de las actas de nacimiento y cédulas de identidad de las primeras 126 víctimas de la “limpieza” del registro civil que ejecuta la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral con el apoyo de la mayoría del pleno de los jueces.

El documento suscrito por el doctor Servio Tulio Almánzar Botello, en su calidad de director nacional  de Registro del Estado Civil, está dirigido al doctor Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, y a los demás miembros del organismo.

El segundo párrafo consigna “que se refieren a la cantidad de 126 personas hijas de nacionales haitianos que fueron declaradas en el Registro Civil Dominicano, sin que los padres hayan adquirido la nacionalidad dominicana o su residencia legal en el país” y por lo tanto sin que pudieran presentar una cédula conforme las leyes 6125 y 8-92.

Señala los requisitos constitucionales para adquirir la nacionalidad  para concluir  que a estos hijos de haitianos no les corresponde porque sus padres han estado en tránsito en el país. No presenta documentación para saber hacia dónde transitaban. Seguro que muchos de ellos hacia “la otra vida” puesto que en su gran mayoría se quedaron para siempre aferrados a esta tierra de inmigrantes y emigrantes.

Por ningún lado se encuentra referencia alguna al Reglamento 279 de la Ley de Migración No. 95 de 1939 que establece en diez días el período de tiempo en que a una persona se le podía considerar en tránsito. Se supone que rigió hasta el 2004 cuando fue aprobada una nueva ley de Migración la 285-04, aunque ésta no ha podido ser puesta en vigencia porque cuatro años después aún no se aprueba su correspondiente reglamento.

Resulta que estas 126 personas nacieron en tiempos en que se supone regía la legislación de 1939  y cuando era de general aceptación el precepto constitucional de que los nacidos en el territorio nacional son dominicanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Por eso los oficiales del Estado Civil los inscribían.

El oficio de Almánzar Botello  reconoce esa realidad, aunque expresa que “una mala apreciación o aplicación de la ley, un error de inobservancia o la mala fe de un Oficial del Estado Civil, al inscribir o registrarse un nacimiento, sin que se cumpla con el voto de la ley, no puede generar derechos de nacionalidad a favor de la persona inscrita”.

Por eso recomienda que retroactivamente se prive de la nacionalidad a estos 126 ciudadanos y ciudadanas, casi todos nacidos en la provincia de San Pedro de Macorís, el 56 por ciento en los años noventa, el 29 por ciento en los ochenta y el diez por ciento entre el 2000 y el 2001. Hay tres nacidos entre 1973 y 75 y el caso más relevante es el de Andrés (en el listado solo aparece el primer nombre) quien nació en Hato Mayor el 19 de agosto de 1948.

Se estima que suman cientos de miles los dominico-haitianos, pero la forma de “descubrirlos” es cuando van a solicitar una copia de sus actas de nacimiento, lo que hacen mayormente los que están en edad escolar, de sacar cédula o pasaporte o de contraer matrimonio. Por eso los que tienen 80 y 90 años no tendrán más sufrimiento que el moral, el de saber que administrativamente, sin que medie un dictamen judicial, se les puede privar de la nacionalidad para pagar por la ilegalidad de sus padres. Aunque una sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculante para la República Dominicana, establece que “el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos”.

Andrés es la víctima de más edad de este despojo colectivo en marcha, que no sabemos si finalmente será aprobado por el pleno de la JCE. Sería interesante conocerlo y saber cómo a sus 60 años se le ocurre andar buscando copia de su acta de nacimiento. Ahora le despojarán hasta de la cédula de identidad, pero no quedará apátrida, ya que el director del Registro Civil recomienda que los 126 expedientes sean enviados al Consulado de Haití para que los inscriban como ciudadanos haitianos.

Si este genocidio civil se empieza a consumar, el escándalo repercutirá por todo el universo, ya que es difícil registrar algo similar. Hay muchas legislaciones para restringir la inmigración, pero no para el despojo masivo de la nacionalidad ya otorgada. Aunque un reconocido politólogo me contradijo afirmando que conoce al menos un precedente, cuando la persecución de judíos en la Alemania de Alfred Hitler.

La anulación de la Circular 017

by Juan Bolívar Diaz Santana

Aunque sin expresarlo específicamente, la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) ha dejado sin efecto su polémica Circular 017 del 29 de marzo del 2007, que decretaba la muerte civil de miles de ciudadanos, sustituyéndola por un “Instructivo” para la aplicación de la Resolución 12-2007 emitida por el pleno de jueces del tribunal en fecha 10 de diciembre del 2007.

El instructivo del 7 de agosto en curso, suscrito por los tres titulares de la Cámara Administrativa y la secretaría viene a dar la razón, sin admitirlo, al doctor Eddy Olivares y a la doctora Aura Celeste  Fernández, también jueces de la JCE, que en sendas instancias ante el plenario del organismo consideraron la Circular 017 como ilegal, ilegítima e inconstitucional.

Fue mediante esa circular que la Cámara Administrativa instruía a los oficiales del Estado Civil para que se abstuvieran de emitir copias de actas de nacimiento consideradas irregulares y se basaba en que tenían denuncias de que “fueron expedidas en tiempo pasado Actas de Nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana”.

A partir de esa resolución se negó de facto la expedición de copias de sus actas de nacimiento a millares de dominicanos de ascendencia extranjera, casi todos haitianos, bajo sospecha de que al ser declarados sus padres no eran residentes legales.

El doctor Olivares consideró que con esa circular la Cámara Administrativa había desbordado sus competencias al “trazar pautas que sólo podría disponer el Pleno de la JCE como órgano normativo”. La doctora Fernández fue más lejos atacando la Resolución 12-2007 porque ninguna disposición legal autoriza al tribunal a desconocer actos del Estado Civil, que corresponden a los jueces del Poder Judicial

En una sesión del 16 de julio pasado la mayoría del Pleno de la JCE validó la Circular de la Cámara Administrativa y su propia Resolución de diciembre pasado, aunque el documento informativo suscrito por el presidente del organismo no se refiere al fondo de las objeciones y se queda en las generalidades del legítimo interés por sanear el registro civil de irregularidades y falsedades.

El Instructivo recién emitido por  la Cámara Administrativa viene a dar la razón a sus objetores, al dejar sin efecto, sin mencionarla siquiera, su circular, ya que en su numeral 18, indica que “El presente Instructivo sustituye, con todos sus efectos, cualquier disposición de carácter administrativo que sobre esa materia se haya dictado”.

El instructivo no deja dudas de su carácter rectificativo cuando se fundamenta en la Resolución del Pleno de la JCE emitida nada menos que nueve  después que la Circular, en un intento por dotarla a posteriori de legitimidad.

Los defensores de la legitimidad tienen que celebrar la derogación de la Circular 017, especialmente porque en el instructivo desaparece la consideración de que la condición migratoria de los padres al momento de haber declarado un hijo le daba retroactivamente condición de irregularidad a un acta de nacimiento no importa cuantos años tenga de aceptada ni las veces que se hubiese certificado como buena y válida.

Ahora el Instructivo queda como una guía a seguir ante adulteraciones, fraudes e irregularidades que siempre se han producido y que sin dudas deben ser enmendadas, aunque sigue siendo discutible si no es violatorio de la ley sobre Actos del Estado Civil que determina un dictamen judicial previo a la negación de copias de las actas asentadas.

Resta por comprobar si de todas formas se sigue aplicando preventivamente a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que no demuestren que sus padres eran legales al momento en que fueron declarados, aún hubiese ocurrido hace un siglo.

Porque eso sí que es una barbaridad jurídica sin precedente universal, que debería herir la susceptibilidad de todos los seres humanos.

La Circular 017 era inconstitucional por su carácter retroactivo, ilegal porque hasta hace 4 años la Ley de Migración no reclamaba estatus migratorio para declarar como dominicana o dominicano a quien naciere en territorio nacional. Ilegítima, por cuanto lesiona gravemente a miles de personas que en última instancia no pueden ser culpadas por un acto ilegal de sus padres, mucho menos después de años y décadas de que se les reconociera la nacionalidad.

Hay miles como Sonia Pierre

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Sólo nos falta que un día de estos se produzca una decisión revocando la nacionalidad de Sonia Pierre, defensora de los derechos de los que como ella son dominicanos de ascendencia haitiana. Es decir fruto de la inmigración de cientos de miles de ciudadanos que en el último siglo vinieron desde la vecina nación a ganarse la vida, con el sudor de su frente como mandó Dios.

Fue simbólico del furor y el odio de algunos fanáticos el que recientemente fueran desprendidas la fotografía y la biografía de la señora Pierre de la exposición en el parque Independencia sobre mujeres dominicanas distinguidas, de las artistas Nicole Sánchez y Giovanna Bonnelly, quienes ahora deben estar siendo consideradas por esos “fieles” sospechosas de “actitudes antidominicanas” .

Tengo entendido que Sonia nació en Villa Altagracia a principios de los sesenta, hija de dos ciudadanos haitianos, y como entonces no había sido reinterpretada la Constitución, todavía se documentaba a los hijos de extranjeros llegados a este mundo, independientemente del estatus legal de los padres. Así ella fue declarada y documentada como ciudadana dominicana.

Desde entonces ha vivido y se ha desarrollado aquí y, guardando el equilibrio emocional a pesar de las discriminaciones que ha tenido que enfrentar, decidió asumir la realidad de que es simbiótica expresión de la pobreza domínico-haitiana, el fruto de la migración tan vieja como los seres humanos.

Es consecuencia de una extensión de la nacionalidad dominicana, la domínico-haitiana, como existe también la domínico-español, domínico-chino y muchas otras variedades. En Estados Unidos hay cientos de miles que son domínico-americanos o américo-dominicanos. Como hay millones de méxico-americanos, con todas las consecuencias no solo legales sino también culturales y raciales.

Antes que Sonia Pierre ha habido en el mundo una inmensa legión de hijos de la migración que han asumido la defensa de los de su misma condición. Uno de los paradigmáticos fue César Chávez, legendario méxico-norteamericano nacido en Arizona, quien ayer 31 de marzo hubiese cumplido 80 años, de no haber muerto en 1993 minada su salud por las huelgas de hambre y otras formas de lucha que adoptó.

Al comenzar su lucha a mediados del siglo pasado Chávez consideraba que el 40 por ciento de los trabajadores campesinos eran mexicanos indocumentados. El, a quien no se le regateó la ciudadanía americana, asumió su defensa y en ello se jugó la vida. Tras su muerte, el presidente Clinton le confirió la medalla de la libertad.

Por cierto que el año pasado Sonia Pierre recibió el Premio de Defensora de los Derechos Humanos que otorga en Washington una fundación a la memoria de Robert Kennedy, quien tuvo el valor de defender a Chávez en los finales de los años sesenta cuando el líder era objeto de persecuciones e incomprensiones.

Al igual que hace la señora Pierre aquí, hay dominicanos y dominicanas que defienden los derechos de los hijos de nuestros emigrantes cuyo volumen también genera actitudes irracionales en Estados Unidos, Puerto Rico, en las islas del Caribe y en varias naciones europeas.

Ahora sólo falta que un día de estos nos tropecemos con una resolución que prive a Sonia de la nacionalidad dominicana, como ya algunos reclaman. El paso subsiguiente y lógico sería desconocer sus raíces territoriales y deportarla, no sin antes quitar también la nacionalidad a sus cuatro hijos.

Para ser justos y no andar con contemplaciones, tendríamos que hacer lo mismo que cientos de miles de domínico-haitianos a quien en el siglo pasado se les reconoció la nacionalidad dominicana por el jus-soli, es decir por haber nacido en el territorio nacional. Habría que desarraigarlos de familias, propiedades y vidas para echarlos del otro lado de la frontera.

De esa forma habremos “resuelto” gran parte del “problema haitiano” con el aplauso del mundo, y ya entonces no habrá ningún Movimiento de Mujeres Domínico-haitianas que se atreva a salir con alegatos sobre supuestos derechos humanos. Manos a la obra.