2016: crecimiento económico con precariedad institucional

Por Juan Bolívar Díaz
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La reelección presidencial, que esta vez se extendió a la mayoría del Congreso y los municipios, volvió este año a poner en jaque la institucionalidad democrática, con un resultado que afianza la extrema concentración del poder en un solo partido, subordinando la justicia y afianzando el reinado de la impunidad y el reparto del Estado.

            Sin embargo, el país tuvo otro año de estabilidad y crecimiento económico, el mayor del continente, aunque mal distribuido como diagnostican los organismos internacionales, y dependiente de un galopante endeudamiento que trilla la ruta de la insostenibilidad por la persistencia de casi una década de déficits fiscales.

El más alto crecimiento

            Lo proclamó esta semana la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la República Dominicana tendrá este año el más alto crecimiento de América Latina y el Caribe, (mayor también que el de Estados Unidos y Canadá), estimándolo en 6.4% del producto interno bruto (PBI), con el beneficio adicional de que tanto la inflación como la devaluación de la tasa cambiaria terminarán por debajo del 3%. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también han reconocido el crecimiento dominicano.

            El crecimiento se fundamenta en factores externos como alza del precio de los minerales y reducción del de los hidrocarburos, incremento del turismo y las remesas, con aumento de la construcción,  agropecuaria y las actividades financieras. El crédito para el país es mayor por cuanto toda la región latinoamericana y caribeña registra una contracción económica del 1.1%, finalizando una década de crecimiento, incluso cuando se benefició de la crisis internacional desde el 2008.

            El crecimiento económico sigue siendo reivindicado por el gobierno del presidente Danilo Medina, que ha tenido éxito en reorientar un mayor gasto a la educación, acatando el mandato legal del 4 por ciento del PIB para ese sector, con mayor incidencia sobre la pequeña y mediana empresa. La baja inflación y limitada devaluación, junto a la acentuada cooptación del liderazgo sindical, social y comunitario y subsidios clientelistas a través de más de un millón 200 mil tarjetas, han logrado reducir las protestas sociales.

Críticas a ese crecimiento

            Esta semana el Banco Mundial ponderó el crecimiento económico dominicano de los últimos 25 años, como antes lo ha hecho el PNUD en más de cincuenta, con la excepción del 2004 por la crisis bancaria, pero mantuvo el cuestionamiento por no traducirse  en una real reducción de la pobreza y mayor desarrollo humano, con informalidad del 56 por ciento y los salarios en bajo poder adquisitivo, a niveles de 1991, según las cuentas del Banco Central.

            En un informe entregado esta semana, el Banco Mundial cuestiona la calidad del gasto público con limitada generación de empleos, ponderando que mientras en países de menor crecimiento del PIB, logran mayores reducción de la pobreza, con hasta 41% de la población en movilidad ascendente,  aquí es sólo el 7%, pero con un 8% descendiente y el resto estático. Que seis reformas fiscales entre 2004 y 2012, no arrojan incremento real del ingreso, con reducción al impuesto directo, entre ellos al ingreso personal y corporativo.

            La otra crítica al crecimiento nacional es que se basa excesivamente en un  financiamiento muy elevado que se aproxima al 50 por ciento del PIB, y que elevó en más del 100% la deuda estatal consolidada en los 9 años que transcurrieron entre 2008 y  2016, los cuales marcan un déficit fiscal ascendente. Los analistas económicos estiman que el déficit de este año superará los 100 mil millones de pesos, y que el financiamiento pasará de 3,800 millones de dólares sólo en el período gubernamental iniciado en agosto.

            El gobierno concluye el año realizando malabares para enderezar lo más posible las finanzas, con tardíos proyectos de ajustes fiscales en el Congreso y con una situación agravada por los daños a las infraestructuras, la producción agrícola y a las viviendas arrojados por las inundaciones de noviembre.

La reelección lo arrasa todo

            Como indicó esta semana el movimiento Participación Ciudadana, en su balance del 2016, como ha sido constante histórica nacional, la reelección presidencial barrió con la institucionalidad democrática, manipulando los organismos estatales y el presupuesto del Estado,  abusando de los recursos públicos, con un gasto aplastante de propaganda.

            Tal como consigna el movimiento cívico, el año “fue marcado por una campaña electoral y unas elecciones generales caracterizadas por la absoluta desigualdad entre los partidos y candidaturas concurrentes, por la prevalencia del desorden normativo que reduce la democracia y esta vez con un claro retroceso en el arbitraje y la gestión organizativa que, con una imposición de nueva tecnología sin suficientes pruebas previas, derivó en un inmenso tollo en el procesamiento de los resultados de la votación, tomando dos semanas el cómputo del voto presidencial y casi un mes de los niveles congresual y municipal”.

            Esta vez la reelección abarcó también a más del 80 por ciento de los senadores y de la mitad de diputados y alcaldes con un incontrolado derroche de recursos en su mayoría proveniente de la cosa pública. El abuso del poder generó tanta inconformidad que la  oposición no ha reconocido la reelección de Medina, aunque obtuvo el 62% del sufragio.

            Los arreglos continuistas incluyeron el rechazo al procesamiento judicial dictaminados por tribunales bajo control político frente a los graves y documentados expedientes de corrupción elaborados por el Ministerio Público contra el secretario de organización y el tesorero del partido gubernamental, Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa.

Muy escasa concertación

            A lo largo del año fue notoria la incapacidad del liderazgo nacional para concertar el mejoramiento institucional, político, social y fiscal. Se celebraron unas segundas elecciones nacionales sin adaptar la ley electoral al marco constitucional del 2010 y sin ley de partidos, y la negativa fue la respuesta a los reclamos de concertar una elección diáfana y sin reparto político de la Junta Central Electoral, Tribunal Electoral y Cámara de Cuentas, no sólo de la oposición política, sino también de una amplia conjunción de fuerzas sociales.

            Pasó un segundo año consecutivo de intentos de acordar los términos del Pacto Eléctrico que demanda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, por la escasa transparencia de la gestión gubernamental del sector, lo que incluyó la construcción de las polémicas plantas de carbón de Punta Catalina. Del otro mandato de pacto, el Fiscal, el gobierno no quiere ni hablar para no enfrentar las demandas de mejoramiento del gasto, reducción de la malversación, del rentismo y del clientelismo políticos.

            El gobierno hizo algunos cambios, bien acogidos, en varios órganos, como los ministerios de Educación y Medio Ambiente, y en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, pero sin que se haya sancionado la corrupción mafiosa detectada allí al final del 2015 por el suicidio de un arquitecto contratista extorsionado. Mientras se documentan repartos políticos como los 36 subdirectores en un organismo inoperante como Inespre y 38 en Bienes Nacionales.

Etapa final muy negativa

            Cuando se revisan los acontecimientos de las últimas semanas, se advierte un panorama de deterioro institucional, marcado por las dificultades del imperio de la ley, como todo el regateo para que miles de funcionarios cumplan la declaración del Patrimonio, o en la aprobación de un código penal que al sancionar toda interrupción del embarazo, aún si peligra la vida de la madre o si ha sido impuesto a la fuerza, retrotrae el país a la edad media, como advirtió el viernes el representante de las Naciones Unidas Lorenzo Jiménez.

            Ahí están los informes de Educa sobre el abuso clientelista del presupuesto de educación, el informe de PISA que deja el país en el último escalón de 72 naciones evaluadas y el del Banco Mundial sobre el crecimiento sin inclusión social. Mientras INDOTEL  anuncia que cerrará 50 radioemisoras que operaban sin licencia y la Comisión de Derechos Humanos estima en 200 los muertos este año a manos de agentes policiales.

            El escándalo de los aviones Tucano se complica por la confesión de la empresa contratista de que sobornó a funcionarios dominicanos, en tanto cuatro nacionales fueron identificados como parte del escándalo de corrupción política “Lava Jato”, de Brasil, donde quedaron suspendidos los financiamientos a una 7 grandes obras en el país adjudicadas a empresas brasileñas. Se pelea por el control político de la Liga Municipal con 800 millones de pesos de presupuesto anual y más de 400 empleos, y el presidencialismo llega al extremo que el presidente Medina preside la graduación de 15 cadetes.-

Casi $11 mil millones para un sistema político corrompido

Por Juan Bolívar Díaz
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La inequidad del sistema electoral dominicano quedó de manifiesto esta semana con el reparto muy desigual de otros $1,600 millones de pesos de los contribuyentes dominicanos para unos partidos que han desertado de los mecanismos democráticos y persisten en subordinar la Constitución y las leyes a su conveniencia coyuntural.

Presidentes de las altas cortes cazando fantasmas y evadiendo afrontar el colapso de las instituciones judiciales, que aplazan la aplicación de un mandato constitucional, otro reparto impúdico, ahora en la Liga Municipal, una nueva quemazón del país en transparencia y corrupción preocupan a una sociedad que reclama prioridades.

$10,941 millones en 18 años.

Con la entrega de $1,610,086,923 anunciada esta semana por la Junta Central Electoral (JCE), asciende a $10,941,913,714 el financiamiento que han recibido de los contribuyentes, en forma desproporcionada, básicamente los tres partidos políticos que han dominado el escenario de los últimos 18 años. El miembro de la JCE José Ángel Aquino lo había cuantificado en $9,331,826,791 desde que la ley Electoral 275-97 lo instituyera.

En reciente seminario INTEC-Participación Ciudadana, Aquino proclamó el fracaso de esa inversión pública porque “no se logró una mayor equidad en la competencia electoral, ni se evitó la influencia excesiva de grupos económicos ni del crimen organizado”. Que benefició “a un número limitado de partidos y candidatos contrariando un principio fundamental público, que es lograr un proceso electoral más equitativo y justo”.

Entre las reformas que se han venido demandando a la Ley Electoral está la de conciliar el financiamiento a los partidos con los mandatos de los artículos 211-212 de la Constitución del 2010 que responsabilizan a la JCE de garantizar “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, indicando que “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad”, además señalan una transparencia y rendición de cuentas que nunca han mostrado la generalidad de los partidos.

Tremenda desigualdad.

Los tres “partidos mayoritarios” que dominan el Congreso han evadido adecuar la Ley Electoral, entre otras razones para mantener el monopolio del financiamiento público que ellos instituyeron, atribuyéndose de entrada el 80% para los que obtengan más del 5% de los votos, ésta proporción en partes iguales lo que privilegia al PRSC que en el 2012 sólo obtuvo 5.87% y que recibirá lo mismo que el PLD a quien se le computó el 37.73% y que el PRD, el cual consiguió el 42.13% de los votos.

Pero la inequidad es tremenda cuando se ve el detalle del reparto, en el que los tres tradicionales recibirán $1,288,969,538, dejando apenas $322,917,384 a los restantes 23 partidos más los 8 movimientos provinciales y municipales reconocidos. Los tres recibirán cada uno $429,356,512, aunque dos de ellos, el PRSC y el PRD han devenido en minoritarios, ya que todas las encuestas sitúan sus preferencias en menos del 5%, mientras el PRM, resultado de la división de uno de ellos, y que aparece como segunda fuerza electoral, apenas recibirá $12,563,600. Alianza País, que en algunas encuestas es tercero en preferencias, sólo obtendrá $8,372,805. Un diseño perfecto para mantener un monopolio.

Burlan Constitución y leyes.

Después de la proclama de repostulación total, los partidos dominantes siguen avasallando el ordenamiento constitucional y legal, atendiendo al reparto del Estado y la conveniencia política. Esta semana el PLD logró que el Tribunal Superior Administrativo suspendiera la ejecución del mandato del artículo 81 de la Constitución que dispone la distribución de los 178 diputados en proporción a la población provincial. La JCE sólo reubicó 8 diputados el 5 de julio pasado, igual para todos los partidos, pero afectaba al reparto oficialista de las candidaturas.

Lo grave es que el TSA tomara casi cuatro meses para dictar una medida cautelar cuya ponderación era cuestión de días, y que se plegó al advertir que no tendrá tiempo para conocer el fondo antes de las elecciones.
El otro atropello fue a la Ley 176-07 sobre los Municipios y el DN que dispone la elección por cuatro años del secretario general de la Liga Municipal Dominicana. La disputa entre aliados del PLD por ese pastel estatal que no cumple ninguna función alcanzó tales dimensiones que se resolvió limitando a un año la reelección del reformista Johnny Jones, dejando a los demás con la ilusión de que se sacarán el premio en un año.

Entre tanto, titulares del Tribunal Superior Electoral daban otro paso inconcebible, tras su reciente sentencia que reconoce a Fello Suberví como candidato a alcalde sin haberse cumplido el mandato del artículo 68 de la Ley Electoral que pone esa responsabilidad en una asamblea electora que aún no se ha producido.

Llegaron al extremo de adelantar que podrían imponer al PRM un pago por cada día que pase sin reconocer esa decisión, para lo cual tendría que producirse una nueva instancia del interesado. No se concebía que los jueces adelantaran juicio. Eso los descalifica. Y todavía una de sus integrantes, la doctora Mabel Feliz, alega que hay una campaña para desacreditarlos como si no se conociera la militancia política de cuatro de sus cinco miembros.

Desguañangue institucional. Esta semana cinco destacados juristas, incluyendo al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, diagnosticaron con abundantes indicadores el colapso del sistema judicial y proclamaron la urgente necesidad de despolitizar las cortes, cuyos gestores se dedican a cazar fantasmas y quieren reducir al enjuiciamiento de dos jueces, la denuncia de una amplia red que traficaba sentencias en los altos niveles del Poder Judicial hasta para casos graves de narcotráfico y sicariato para asesinatos.

Una jueza declaró complejo el caso del regidor de Pedro Brand que junto a un sargento policial y un exmayor integraba una banda de sicarios a los que se procesa por tres asesinatos. Fue el caso que llevó a la justicia a la jueza Awilda Reyes, tras recibir y devolver un soborno de 350 mil pesos. Resuena el grito de “viva la patria” que soltó el regidor Ericson de los Santos en el tribunal. Un acusado que ha tenido pública solidaridad de dirigentes políticos, legisladores y alcaldes.

La presidenta de la Cámara de Cuentas, Liselotte Marte, volvía a denunciar que más de 1,200 funcionarios siguen sin cumplir impunemente la ley sobre declaración jurada de bienes. Mientras los presidentes de la JCE y del Tribunal Constitucional denunciaban supuestas tramas contra la patria y la memoria de su fundador.

Con el país recibiendo una nueva quemazón en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, con calificación de 30 sobre 100, en la posición 103 de 167 naciones evaluadas, dirigentes de una veintena de organizaciones sociales fueron a la Cámara de Diputados a presentar una agenda de prioridades para este año, incluyendo los proyectos de código penal, del régimen electoral y de ley de partidos y muchos otros de los que la partidocracia corrompida está divorciada.-

La institucionalidad democrática estará a prueba en el nuevo año

Por Juan Bolívar Díaz

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El año 2016 llega con grandes incertidumbres sobre el rumbo de la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentra el sistema político, corroído por la corrupción, el clientelismo y el reparto de candidaturas, y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado en el país los proyectos reeleccionistas.

El primer desafío será evitar que el gasto público vuelva a disparar el déficit fiscal como aconteció en las dos últimas elecciones presidenciales lo que haría más perentorio un nuevo parche tributario que asoma para frenar el rumbo de la insostenibilidad fiscal, ya que pocos creen que el pragmatismo político permita una reforma integral.

Un panorama nublado. El año que concluye deja espesas nubes sobre la institucionalidad democrática nacional por el desguañangue en que se encuentran los partidos que han sostenido el sistema político, la profunda crisis del sistema judicial, por la progresiva descomposición social y por los efectos corrosivos que históricamente han acompañado los procesos reeleccionistas en la historia del país.

Aunque la percepción más generalizada es que el presidente Danilo Medina logrará la reelección, la crisis interna por la que atraviesa su partido, y los escándalos de los últimos meses arrojan dudas que solo pueden disipar la persistente debilidad y dispersión de la oposición política que presentará por lo menos cuatro candidatos presidenciales para una competencia enormemente desigual.

Se asume que, además del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llegarán a las urnas los que postulan a Luis Abinader, Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal y Pelegrín Castillo. Se cree que otros tres candidatos proclamados, Hatuey De Camps, por el Partido Revolucionario Social Demócrata, Juan Cohén, del Partido Nacional Voluntad Ciudadana y Soraya Aquino, del Partido de Unidad Nacional, terminarán firmando alianzas.

Las dos principales opciones, PLD y PRM, comenzarán el año con dificultades para completar sus boletas congresuales y municipales, el primero aún sin dilucidar los traumas de la muy parcial elección primaria que celebró el 13 de diciembre, y de la que dos semanas después no ha podido concluir, afrontando impugnaciones derivadas de la violencia con muertos y heridos y de acusaciones de alteración de padrones y robos de urnas, que afectan municipios como Santiago, La Vega y Santo Domingo Norte. El PRM con complicaciones en el Distrito Nacional y otras jurisdicciones y sin haber podido explicar los alcances de su reciente pacto con el PRSC, mientras el resto de los partidos tiene dificultades hasta para completar el listado de 4 mil 200 candidatos.

La crisis de la justicia. La circunstancia de que al terminar las fiestas navideñas, el mismo 7 de enero, se celebra con un acto solemne el Día del Poder Judicial, pondrá de nuevo sobre el tapete la crisis que sacude a ese poder del Estado. Ese día en el tradicional discurso el presidente del Consejo Superior del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, tendrá que responder los cuestionamientos que sacuden a esas dos instancias, la primera involucrada en una banda de traficantes de sentencia y la segunda descalificada nada menos que por el Procurador General de la República, cuando intentaba explicar su decisión de no recurrir en casación el descargo del dirigente peledeísta Félix Bautista del grave expediente de corrupción que había sostenido.

El último agravamiento lo ha constituido una instancia-demanda del juez Rafael Ciprián, degradado por el organismo superior sin explicación ni justificación, en clara violación de la Constitución y de la Ley de Carrera Judicial. Tras haber declarado que la motivación habría sido que no declaró ganadora la plancha del PLD a la presidencia del Colegio de Abogados, ese magistrado plantó pleito en términos radicales, en dos desafiantes comunicados.

Ciprián escribió, entre muchos otros cargos: “ya basta de humillaciones sin nombre y de chantajes del poder. Lucharé hasta el final para que se respeten la independencia y la dignidad del juez dominicano, para que haya verdadera justicia, para que los jueces dicten sentencias conforme al Derecho y no a la orden superior”… y agregó “Sentaremos un precedente contra la arbitrariedad del poder, el abuso y el autoritarismo”.

Problemas del arbitraje. Entre analistas se da consenso en que si la competencia por el poder se cierra, la institucionalidad democrática afrontará mayores dificultades, especialmente por la histórica imposición del reeleccionismo y la cultura del abuso del Estado. Cincuenta mil tarjetas para subsidios sociales se suman en enero a más de dos millones ya en manos de la población más pobre y políticamente manipulable. En la elección congresual y municipal del 2010, en el barrio capitalino de San Carlos la observación electoral de Participación Ciudadana pudo contactar la existencia de centros informáticos que verificaban cuáles beneficiarios de tarjetas no habían votado, y salían a buscarlos.

Con una legislación electoral tan atrasada que ni siquiera han querido adaptarla a los planteamientos de la Constitución promulgada hace seis años y un arbitraje, Junta Central Electoral (JCE) y Tribunal Superior Electoral, bajo control del partido gobernante, la competitividad se reduce substancialmente.

El primer desafío del año para el arbitraje es que la JCE conozca una instancia de su titular Eddy Olivares y abra en enero el período de campaña electoral, como ha hecho en tres de los últimos cuatro comicios nacionales, sin esperar el límite de 90 días, para lo cual está facultada. Eso le permitiría un mayor margen legal para contener los excesos, aunque hay pocas expectativas al respecto.

Los graves excesos en la elección primaria del PLD que solo escogía candidaturas a regidores y unos cuantos diputados y alcaldes, certificados por su presidente Leonel Fernández en artículo en el Listín Diario del pasado lunes, se proyectan ominosamente sobre la elección nacional, sobre todo si ven riesgos de perder parte substancial del poder.

Costo de una larga fiesta. De lo que no hay dudas es que cuando concluya el proceso electoral el 15 de mayo, o el 26 de junio (último domingo del mes, artículo 209-1 de la Constitución) si es necesaria la segunda vuelta para la mayoría absoluta, a la sociedad se le pasará la factura del alto costo de la política. Es imposible estimar con alguna certeza a cuánto asciende una campaña electoral que empezó antes que se juramentara el gobierno electo en el 2012.

Cientos de precandidatos a todos los niveles de elección se han gastado miles de millones de pesos, la mayoría de ellos inútilmente ya que al final no hubo convenciones democráticas. En gran proporción los ha pagado el Estado, sea por sustracción de fondos, en vehículos, combustibles, teléfono, oficinas, en sueldos y nominillas, y por los barrilitos y cofrecitos de los legisladores, casi todos buscando reelegirse.

Del presupuesto nacional saldrán este año para los partidos unos 1,700 millones de pesos, y nadie podrá calcular cuántos miles más costará el proyecto reeleccionista más grande de la historia nacional, ya que esta vez no solo incluye al presidente, sino a todos los senadores, y a más de dos tercios de los diputados y de los alcaldes en ejercicio.

De que el Gobierno piensa gastar mucho en la campaña hay indicadores visibles en el presupuesto aprobado para el 2016. Como ejemplo, la partida de materiales y suministros de la Presidencia, que este año ejecutó 2 mil 500 millones de pesos, está triplicada a casi 8 mil millones de pesos.

Viene otro parche tributario. Los déficits fiscales crónicos del Gobierno dominicano comenzaron precisamente en la campaña reeleccionista del 2008, con cerca de 60 mil millones de pesos, porque los ingresos solo crecieron 5 por ciento, el gasto se disparó en 30 por ciento. En los años de elecciones 2010 y 12 los déficits alcanzaron récord, el último por 156 mil millones de pesos solo en el Gobierno Central. El FMI lo estimó en 8 por ciento del PIB, aunque aquí se redujo al 6 por ciento.

La última reforma tributaria, pues el Gobierno eludió el compromiso de una fiscal integral, fue precisamente para conjurar ese hoyo. Y pese al incremento de los tributos, ha mantenido persistentes déficits por encima de los 70 mil millones de pesos anuales. Participación Ciudadana documentó en su evaluación de fin de año que para el 2016, al déficit presupuestario proyectado de 75 mil 894 millones de pesos, habrá que adicionarle empréstitos por 97 mil 366 millones para amortización de la deuda pública y el costo financiero de la deuda del Banco Central, para un total de unos 230 mil millones de pesos. Una insostenibilidad que volverá a reclamar parches en la resaca electoral, cualquiera que sea el veredicto de las urnas.