Por Juan Bolívar Díaz

   Al llegar a la mitad del actual período constitucional de dos años ha quedado de manifiesto que la nación pasa por un gobierno de transición, como lo definió el propio Presidente Joaquín Balaguer al prestar juramento el 16 de agosto de 1994 y lo reiteró en su discurso ante el Congreso Nacional el 27 de febrero pasado.

    Durante el último año el Presidente Balaguer ha concentrado todas sus energías en el sector construcción, sin enfrentar ni uno solo de los graves problemas de fondo de la nación; por el contrario, los ha dejado aumentar en proporciones que alarman a los más diversos sectores sociales y políticos.

   A los nueve meses de los comicios presidenciales de mayo de 1996, tal proceso de transición luce irreversible, con gran parte de la sociedad vigilando su cumplimiento y sin que los que han intentado desconocer las reformas constitucionales hayan podido lograr alguna legitimidad.

DIFICIL TRANSICION

   Dos veces dijo Balaguer que su gobierno sería de transición en su discurso del 16 de agosto de 1994. «Deseo hacer una síntesis de las obras que me propongo realizar en este corto período de transición de apenas dos años, de un máximo de dos años». Y lo reiteró luego en el informe ante el Congreso Nacional el 27 de febrero pasado.

   Por eso el gobierno mantiene paralizado el proceso de reformas sociales y económicas iniciado a fines de 1990; por eso también el mandatario propuso en su discurso de febrero que se dejara la reforma de la justicia a «las próximas generaciones», y no ha mostrado el menor interés en la constitución del Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso también habría dicho a los dirigentes del Consejo Nacional de Hombres de Empresa que le visitaron la semana pasada, que la crisis energética es un problema de soluciones a largo plazo, y no está haciendo virtualmente nada

para remediarla.

   Tan renuente a tomar decisiones de largo alcance se ha mostrado el presidente Balaguer en esta primera mitad de su período de transición, que ha dejado una sensación de vacío, e incluso de que «la autoridad se ha diluído», de que «no hay articulación entre los distintos poderes del Estado, ni mucho menos metas y propósitos comunes que beneficien al país», como proclamó el Cardenal Nicolás López Rodríguez, en su homilía de la Jornada Mundial de las Comunicaciones el 23 de mayo pasado.

OBRAS, SOLO OBRAS

   En gran medida el Presidente Balaguer ha sido consecuente con las formulaciones de su discurso de juramentación. Pues cuando dijo lo que haría en su período de transición, se limitó a señalar una serie de obras, de construcciones. Para nada habló de reformas, ni de combatir la pobreza («La eliminación de la pobreza es sin embargo un mito. Pobres hay y habrá en el mundo mientras el mundo exista.»). Mucho menos aludió a las expectativas nacionales de fortalecimiento institucional ni de reafirmación de una democracia participativa.

   Eso no quiere decir que esté cumpliendo el programa de obras que enunció, dejando de lago algunas tan significativas como la reconstrucción de todos los muelles y de los principales puertos del país, o la extensión del aeropuerto de Arroyo Barril, por ejemplo. Tampoco que no se haya metido en obras que no anunció al iniciar el período, como dos hospitales en la capital, o la extensión del zoológico o la plaza de toros de El Seybo, por ejemplo.

   De cualquier forma es obvio que al Presidente Balaguer no se le podrá enjuiciar por no haber construído obras materiales. Su déficit radica en las institucionales, en la escala de prioridades para el desarrollo. Y en este año, entrando en el último de sus ochentas, nadie puede pretender que vaya a cambiar.

LA MAS IMPORTANTE

   En el discurso de juramentación, Balaguer dejó constancia de que además de las obras materiales, hay otras cuestiones que son fundamentales. «La construcción más importante de este programa, es la de la construcción de la paz y la armonía que necesita hoy la familia dominicana».

   Ese punto de su programa de transición está lejos de ser materializado. Balaguer no ha dado la menor tregua a sus opositores políticos ni a la sociedad civil que le ha reclamado masivamente, por ejemplo, el inicio del saneamiento de la justicia, con la constitución del Consejo Nacional de la Magistratura. Como siempre ha sido incapaz de armonizar nada con el Congreso Nacional ni con el otro poder del Estado.

   El espíritu de armonización del mandatario es tan invisible, que la generalidad de la opinión pública tiene la sensación de que está agotando su período de transición embarcando al Estado en inversiones que está seguro que no podrá concluir y que dejará hipotecado a quien lo suceda en la presidencia de la nación.

   Es más, hay quienes creen que Balaguer no auspicia la armonía ni entre sus propios partidarios, a los que podría dejar que se dispersen en duras confrontaciones, ante su mirada aparentemente indiferente. Difícilmente haya quien crea que siquiera en el Partido Reformista Social Cristiano haya más armonía que hace un año.

PROCESO IRREVERSIBLE

   Todavía muchos observadores entienden que Balaguer juega a la anarquía en su partido y a la confrontación o el desgaste nacional, como forma de ganar tiempo, con la esperanza de que un nuevo milagro de su taumaturgia política le permita prolongarse en el poder más allá del 16 de agosto de 1996.

   Sin embargo, es cada vez más generalizada la sensación de que el tiempo de Balaguer y su magia se agotan rápidamente y apenas le dan para completar el año pendiente, especialmente porque los sectores más decisivos tienen sus expectativas firmemente fijas en las elecciones de mayo próximo.

   La Junta Central Electoral trabaja intensamente y con asombrosa independencia en la preparación de los comicios presidenciales, con una armonía y espíritu de equipo que inspiran garantía y esperanzas.

   Ni un solo sector importante de poder ha dado la más mínima señal de disposición a la aventura continuista, y más bien predomina la actitud de vigilancia y de reclamo de transparencia para cumplir el mandato constitucional derivado del Pacto por la Democracia que conjuró la crisis en que devinieron las fraudulentas elecciones generales del año pasado.

   El escenario internacional sigue siendo adverso a cualquier intento de alterar el curso democrático nacional. Cada vez que alguien pretende que los Estados Unidos han bajado la guardia en esa materia, desde Washington sale alguna declaración para reiterar las esperanzas de que los comicios de mayo de 1996 seran un hito en la transición democrática dominicana.

   Sólo el mito sobre los poderes ultranaturales de Balaguer permite que algunos le otorguen aún posibilidades de volver a burlar las expectativas democráticas de los dominicanos, teniendo de frente a toda la sociedad que se siente comprometida con las reformas constitucionales del año pasado. Como no le ven posibilidades objetivas, algunos apuestan a factores tan subjetivos como que vuelva a enfermarse el doctor José F. Peña Gómez, o incluso que pase un huracán y produzca devastación en el país.

   Ni siquiera en su propio partido encontraría el doctor Balaguer consenso suficiente para intentar desconocer las reformas constitucionales y prolongar su mandato mediante algun artificio. La reciente opinión del Procurador General de la República, doctor Juan Demóstenes Cotes Morales, pidiendo a la Suprema Corte que desestime los alegatos contra la reforma constitucional del año pasado, es una señal adicional de lo irreversible del proceso.

   Esta primera mitad del período de transición parece haber sido suficientemente demostrativa de que la nación requiere de un nuevo liderazgo en el Poder Ejecutivo, más a tono con los tiempos que vive el mundo, capaz de auspiciar el fortalecimiento institucional, mediante las reformas precisas, que nos permita incertarnos en el proceso de globalización económica y política de estos finales del siglo veinte.