La división en el PLD sigue bloqueando la Ley de Partidos

02_06_2018 HOY_SABADO_020618_ El País11 AYa los danilistas aceptan que no sea obligatorio el padrón abierto para elección de los candidatos y lo quieren opcional, pero los leonelistas insisten en que sea el partidario, y hay consenso en que la organice simultáneamente la Junta Central Electoral                                                 

 Por Juan Bolívar Díaz

            Los dirigentes de las cámaras y los bloques legislativos que negocian el proyecto de Ley de Partidos han avanzado en dos de sus aspectos conflictivos, que no sea obligatorio el padrón universal o abierto para la elección de los candidatos a los cargos electivos y que sea simultánea bajo organización de la Junta Central Electoral (ICE).

Pero persiste la división entre las dos corrientes que se disputan el control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pues los danilistas quieren mantener el padrón abierto como opcional y los leonelistas insisten en que ya eso fue declarado inconstitucional y que sólo los miembros de cada partido deben elegir sus candidatos.

Un avance importante

Luego de dos semanas en la nueva ronda de negociaciones sobre el proyecto de Ley de Partidos Políticos, entre los presidentes de las dos cámaras legislativas y los voceros de los bloques partidarios, persisten diferencias, aunque han superado el mayor obstáculo que era la persistencia de los seguidores del presidente Danilo Medina de imponer el padrón abierto en la elección de las candidaturas de todos los partidos.

Voceros de los diferentes bloques parlamentarios concuerdan en que ya los danilistas desistieron de imponer el padrón de la JCE, pero quieren mantenerlo opcional a decisión de los organismos directivos de cada partido. A ello se oponen de forma radical los seguidores de Leonel Fernández, quienes insisten en que ya el padrón abierto fue declarado inconstitucional en el 2005 y que generaría conflictos intrapartidarios y en el Tribunal Constitucional, postulando que sólo los miembros de cada partido elijan sus candidaturas.

Al concluir la reunión de ayer viernes, quedó claro que hay consenso en que las elecciones primarias sean simultáneas para todos los partidos y organizadas y procesadas por la JCE. Pero las mantenían para todos, que hasta ahora son 26, lo que implicaría graves desafíos logísticos, y sobre todo para contar los votos individuales a por lo menos decenas de miles de candidatos en boletas separadas,

El PRM no se opondría

            Un vocero autorizado del principal partido de oposición, el Revolucionario Moderno (PRM) confió que sus legisladores no se opondrían a dejar la opción del padrón abierto, pero advirtió que será la Dirección Ejecutiva la que tendrá que decidir, y en consulta con las demás organizaciones partidistas que vienen accionando de conjunto en post de las reformas político-electorales que requiere la institucionalidad democrática.

Todavía el jueves el bloque de 11 partidos opositores, que incluye al PRM, planteó que “son las organizaciones políticas las que deben escoger el método de selección de sus candidatos, y que en caso de optar por el método de las elecciones primarias, estas deben ser cerradas, simultáneas y vinculantes, con la supervisión y apoyo logístico de la JCE”. Sostuvieron que su posición fue consensuada hace más de seis meses y se hizo constar en un documento impreso depositado en el Congreso Nacional.

Al plantear la “supervisión y apoyo logístico de la JCE”, se deduce que cada partido organizaría su proceso electivo y el cómputo de la votación, lo que eliminaría la congestión en caso de que los operadores de cada mesa electoral tuvieran que contar sus votos a decenas de miles de candidatos a los 4 mil 106 cargos electivos y en boletas por partidos.

La ley sigue en el limbo

El comunicado de los 11 partidos opositores indica que, además de corregir las “incongruencias y errores” del proyecto aprobado por el Senado,  todavía faltan otros “puntos fundamentales” para que la de partidos “no sea una ley insípida”, señalando “los topes de gastos, las alianzas de partidos, las cuotas, la laceración de la democracia interna, el régimen de sanciones, la regulación de la propaganda, así como las causas de extinción de la personería jurídica de los partidos”.

Consideran “excesivos e inaceptables” los topes de gastos aprobados por los senadores, que mantendrían los costos de la actividad política “en niveles sólo al alcance de los narcos, funcionarios corruptos y lavadores de dinero”. Estiman estiman “completamente inaceptable la modificación de la legislación vigente para permitir el financiamiento electoral de parte de las empresas extranjeras”. También reclaman que se incluya “un régimen para la donación de personas físicas y jurídicas que sean proveedores del Estado”.Y que las sanciones establecidas por el Senado sean reforzadas “ya que hay ilícitos que deben ser tratados como crímenes”.

Varios de esos reclamos estaban consignados en el proyecto de ley de Partidos sometido por la JCE tras consultas, pero fueron omitidos en la aprobación senatorial, ejecutada por dos tercios de danilistas, lo que implica que aún si se superan las diferencias intra PLD, quedaría mucho trecho para alcanzar un consenso con la oposición externa.

Amenaza unidad del PLD

            La explicación más lógica de que teniendo los danilistas más de dos tercios de los integrantes del Comité Político del PLD no impusieran allí las primarias abiertas, parece ser el temor a abrir la compuerta a la división del partido que ha dominado el escenario político desde el 2004 y que ya acumula cinco de los últimos seis períodos gubernamentales.

Esa compuerta persistiría si el padrón abierto lo determine sólo el PLD, lo que implicaría un agrio debate interno, incluyendo la modificación de los estatutos que establecen como exclusivo de los miembros del partido la elección de sus candidaturas. Pasaría por un recurso de inconstitucionalidad que sacudiría el Tribunal Constitucional cuyos titulares fueron seleccionados por Leonel Fernández.

Pero aún si pasara esas pruebas los danilistas todavía tendrían que derrotar al tres veces Presidente de la República y actual presidente del partido, lo cual resultaría muy difícil, a menos que Danilo Medina mismo se lance de precandidato. Eso no es descartable en la tradición nacional reeleccionista. Sería más viable si las primarias fueran organizadas por los partidos, porque en este caso apostarían por el hecho cumplido y forzar a todos los peledeístas a una nueva reforma constitucional. Si la organiza la JCE no podría aceptar la precandidatura de Medina sin previa reforma de la Constitución que la prohíbe.

La repostulación del presidente Medina sin previa reforma constitucional sería una maroma política demasiado costosa, no sólo al interior del PLD, sino para la conciencia institucional de la sociedad, por lo que muchos se inclinen por el padrón abierto para buscar que “venza el Estado” una vez más como adujo Danilo cuando perdió de Leonel en el 2007.

Pueden subestimar a Leonel

La opción de los danilistas de cerrar el paso a Leonel Fernández con un candidato nuevo, auspiciado por el poder, puede estar determinada por una subestimación del liderazgo y la decisión del expresidente, y porque éste ya cedió dos veces para respaldar a Medina, en el 2012 y para el 2016. Pero esta última vez para salvar la unidad del partido, previo acuerdo, llevado a la Constitución, de que sería el último período de Medina.

Si a Leonel no lo pueden vencer con el voto de los peledeistas, no será fácil hacerlo con el universo, a no ser que el Estado se vuelque masivamente a comprar votos externos, en cantidades que montarían el temido escenario de la división. Porque en tal circunstancia a Fernández, humillado, no le quedaría nada por buscar en su partido.

Hay quienes olvidan que los peledeístas deben su prosperidad política, económica y social a Fernández, cuyos excesos hasta hicieron posible la entronización de Danilo Medina en el 2012. Tiene inmensas lealtades en todos los niveles del partido, en la mayoría de los aliados y hasta en la ciudadanía, aunque también amplio rechazo.

El problema es más  difícil cuando se pasa revista a los resultados de las encuestas y se comprueba que quoienes se han lanzado como precandidatos para competir con Leonel, no han alcanzado nunca más del 2 por ciento en las encuestas, tanto para el 2016 como posteriormente, excepto su esposa Margarita Cedeño y su seguidor el alcalde de Santiago Abel Martínez.

Las dos últimas Gallup-.HOY de octubre del 2017 y Marzo 2018, y la Asisa de este mismo mes, indican que Reinaldo Pared y Francisco Domínguez Brito no llegan al 2 por ciento ni en el universo de preferencias ni entre los que se confiesan peledeístas. Amarante Baret no aparee, y los que suenan como emergentes tampoco han llegado ni al 1 por ciento. No se han lanzado Radhamés Segura ni Temístocles Montás, ambos que tenían más  posibilidades de ser alternativa entre Danilo y Leonel, fueron puestos en difícil perspectiva con su imputación en el escándalo Odebrecht.

Por eso sería que en su análisis en perspectiva de esta semana The Economist apostó a la candidatura de Leonel Fernández, y un influyente miembro del Comité Político del PLD, nada favorecedor del expresidente, confió su convicción de que éste será el candidato peledeísta del 2020. Porque temen que una imposición divida el partido y los saque del poder.-

Es falta de cultura democrática

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Por Juan Bolívar Díaz

Tanto el largo debate de 20 años sobre el proyecto de Ley de Partidos como el del último año por imponer en ella el padrón electoral abierto para la elección de los candidatos de todos los partidos, lo que ratifican es la ausencia de cultura democrática, en la sociedad dominicana, pero sobre de los que aspiran a administrar el Estado y representar a la ciudadanía.

No es que en la base social haya prendido la cultura democrática, sino que es practicada de forma implacable en los altos niveles, donde no se aceptan reglas que garanticen igualdad de oportunidades, incluyendo la dirección de organizaciones profesionales, sindicales, en las academias, en los clubes de todas las categorías y hasta en las juntas de vecinos. Ojalá fuera sólo en los partidos, porque ya hubiesen sido sustituidos, aunque en ellos el arrebato es más grave puesto que aspiran a regir el Estado y la sociedad.

Sobran los ejemplos de incapacidad para regirse democráticamente en los partidos de todas las corrientes ideológicas, y en instituciones tan respetables como el Country Club y la Asociación Médica Dominicana que llegaron a tener dos directivas paralelas, el Colegio de Abogados que pasó varios años sin elegir dirigentes, la Academia de la Lengua, donde se cuestiona su funcionamiento, al igual que en centrales sindicales y entidades sociales.

Ahora mismo está penosamente dividida la federación de fundaciones patrióticas.
Se habla de diálogo y búsqueda de consenso, pero de lo que se trata casi siempre es de imponer la voluntad de los gobernantes, que son los responsables de que no se haya aprobado una ley que rija democráticamente los partidos, que los obligue a rendir cuentas y que establezca límites a la desmesura con que se ejerce la política atropellando derechos.

Pero lo del padrón abierto es el extremo. Se ha demostrado que no unifica ni al partido de quienes lo promueven, que lo rechazan casi todas las organizaciones políticas, sociales, empresariales y las iglesias y que después de un año en que una Comisión Bicameral consensuó todo el proyecto de Ley de Partidos, excepto lo del padrón abierto, ahora se plantea volver a ese escenario, lo que sólo se explica en empeño de ganar tiempo.

El presidente Medina no puede alegar que quiere un consenso que hace tiempo existe, excepto en su preferencia, y que se debe buscar ahora en la Cámara de Diputados, tras la aprobación del Senado. El debe honrar su investidura acogiendo el proyecto original de la Junta Central Electoral, fruto del consenso, que propone un padrón actualizado y que cada partido, elija la modalidad, según sus estatutos.

El padrón abierto es objetable porque divide a los partidos, porque promovería otra campaña electoral nacional y la compra de votos que convertiría la política en un inmenso mercado de dinero sucio hasta en el último municipio, y porque es inmanejable en elecciones simultáneas de todos los partidos, al margen de su dudoso carácter constitucional.

Lo curioso es que el único dirigente político fuera de los seguidores del presidente Medina, que comparte el padrón abierto, sea Miguel Vargas, porque cuando perdió la candidatura presidencial del viejo PRD, 46.57% a 53.44% de Hipólito Mejía para el 2012 él comenzó su desguañangue bajo el alegato de que “200 mil peledeístas fueron llevados a votar”, ante una Comisión Organizadora integrada por Enmanuel Esquea, Milagros Ortiz, Hugo Tolentino, Ivelisse Prats y Quico Tabar, cinco de los más honestos ciudadanos que han ejercido la política en toda la historia nacional, quienes le negaron razón.

De ahí en adelante, nada pudo detener el desmembramiento del PRD, hasta su reducción del 47% que sacó en las elecciones del 2012, al menos del 6% cuatro años después. Y aquello fue un padrón sólo “semi-abierto”, el mismo que se había utilizado en el 2007 cuando Vargas le ganó la candidatura a Milagros Ortiz Bosch. Tomaban el padrón nacional de la JCE y le excluían los de los otros partidos. Si aún así se sostuvo que votaron 200 mil peledeístas, imagínense cuántos se hubiesen alegado con un padrón totalmente abierto como el que él y Danilo Medina quieren ahora.

Acorralado, Danilo desanda camino por imponer las primarias abiertas

19_05_2018 HOY_SABADO_190518_ El País11 AEl presidente Medina reconoce que no tiene los votos para imponer las primarias abiertas y plantea volver a la Comisión Bicameral de la que sacaron el proyecto hace dos meses, sin acabar de ceder ante un amplio consenso político-social que las rechaza

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Aunque  plantea un diálogo sobre el proyecto de Ley de Partidos, el presidente Danilo Medina se lanza otra maroma en su afán por imponer a toda la sociedad política y civil el padrón electoral abierto en la elección de candidatos, con el efecto inmediato de evadir su empantanamiento en la Cámara de Diputados y ganar tiempo.

Devolver el proyecto de ley a una Comisión Bilateral que ya lo discutió durante un año y lo consensuó, excepto, en las primarias abiertas, y que los danilistas disolvieron,  carece de sentido práctico, pues el diferendo de un solo artículo se puede dirimir por igual entre los mismos diputados a quienes se los remitió el Senado,

Una generosa acogida

            Sólo por el cansancio sobre la interminable discusión en torno al proyecto de Ley de Partidos, con 16 años dando tumbos en el Congreso Nacional, y ahora con diferendo sobre las primarias abiertas para elegir candidatos, se puede explicar la acogida que ha tenido la carta del presidente Danilo Medina dirigida a los presidentes de las cámaras legislativas pidiendo que integren una Comisión Bicameral para buscar una solución de consenso.

El texto del documento es engañoso al plantear que “ha llegado el momento de poner el interés nacional por encima de cualquier otra consideración”, por lo que pide “un escenario de diálogo entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional con miras a buscar una solución  viable y de consenso que haga posible aprobar esta importante legislación”.

De inmediato gran parte de la opinión pública, incluyendo al expresidente Leonel Fernández, el presidente de la Cámara Baja, Rubén Maldonado,  y el líder opositor Luis Abinader, acogieron la propuesta. Fernández porque quiere mantener un perfil conciliador y necesita la unidad de su partido y el apoyo de Medina en su empeño por para volver a la presidencia. Abinader porque el 9 de enero pasado propuso formalmente al presidente Medina un pacto político por las reformas electorales y la gobernabilidad.

El bloque de partidos de oposición, y entidades como Participación Ciudadana y la Finjus, y organizaciones empresariales también han reclamado la concertación del sistema político para viabilizar una ley de partidos que lleva 16 años dando tumbos en el Congreso, insistiendo como fundamental en la transparencia del financiamiento, límites de gastos y tiempos de campañas y mecanismos democráticos internos y equidad política y de género.

Rebasa los legisladores

El primer elemento que cuestiona la sinceridad de la propuesta presidencial es que Medina, como muchos otros, sabe de sobra que la decisión de una salida consensuada al diferendo sobre la elección de candidatos con padrón abierto sobrepasa el marco legislativo y se inscribe en las alturas del liderazgo político. Sólo los retrasados mentales ignoran que la pelota está en la cancha del Palacio Nacional y que es el mismo presidente quien  persiste en imponer un método electivo que divide  hasta su propio partido y que rechaza casi todo el sistema político y las entidades sociales, empresariales y religiosas.

El segundo elemento es que parece absurdo volver al escenario donde se discutió el proyecto durante un año, como si él lo ignorara. Tras su enésima introducción al Congreso Nacional, el Senado bajo su control aprobó el 29 de marzo del 2007, crear una Comisión Bicameral, que integró con 14 senadores y 15 diputados, presidida por el senador danilista Arístides Victoria Yeb. Realizaron vistas públicas y recibieron 18 propuestas. Aprobaron 75 de los 77 artículos del proyecto sometido por la JCE, con más o menos variantes, pero quedaron empantanados sobre las primarias abiertas obligatorias organizadas por la JCE.

Los senadores agotaron las dos legislaturas del año pasado, mientras ni siquiera el Comité Político del gobernante PLD lograba acuerdo sobre el punto en conflicto, tanto que en octubre decidió integrar una comisión de cinco juristas para que opinara si ese método es inconstitucional, como ya dictaminó la Suprema Corte en el 2005, Tampoco pudo acordar los juristas, por lo que  en febrero revocaron la decisión y dejaron a los legisladores en libertad de votar al respecto. El 7 de marzo los senadores disolvieron la Bicameral y el 18 de abril los más de dos tercios danilistas aprobaron el proyecto con el padrón abierto.

El escenario es la Cámara

Como es mandato constitucional el proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados que ahora tiene el poder de decisión. Cierto que allí la división impide lograr dos tercios de los votos para aprobar o para modificar o rechazar el texto del Senado. Alguien tendría que ceder sobre el método de elección de los candidatos, con padrón abierto a toda la ciudadanía o el que el mismo proyecto manda tener en cada partido, o mediante asamblea de delegados, que es lo racional para los pequeños y emergentes, o por encuestas, según lo establecen la diversidad de estatutos. En todo caso bajo estricta fiscalización de la JCE.

Si nadie cede, el proyecto de Ley de Partidos moriría en manos de los diputados, pero ya el escenario de una Comisión Bicameral fue agotado durante  más de 11 meses, de manera que rebasa esas instancias para depender del liderazgo político, en especial del presidente Medina. De él se espera que atienda el clamor casi general del sistema político y social y hasta las advertencias de la JCE sobre el costo y la dificultades de elegir al mismo tiempo las candidaturas de 26 partidos a 4 mil 106 cargos, con multiplicidad de aspirantes que podrían totalizar cientos de miles a quienes tendrían que contar votos individuales, y de tres o cuatro elecciones nacionales en 7 meses.

Es obvio que el mismo esfuerzo que se podría hacer otra vez en la Comisión Bicameral, puede tener efecto en la Cámara de Diputados, escenario lógico si ya los senadores tomaron su decisión y si es allí donde nadie reúne la mayoría calificada de dos tercios para una ley orgánica, como es la de Partidos.

Otro divertimento de Danilo

            Si el presidente Danilo Medina estuvieran en disposición de aceptar lo que es un consenso nacional casi total, en vez de tratar de revivir la Comisión Bicameral, hubiese pedido a sus parciales en la Cámara de Diputados que no siguieran boicoteando allí el conocimiento del proyecto, como hicieron el 3 de mayo cuando sería introducido al pleno y el martes 15 cuando empezaría a ser evaluado por la Comisión Especial de ese organismo.

En su carta, pidiendo consenso, Medina dedica 4 párrafos a defender sus primarias abiertas y la aprobación senatorial que despreció el amplio consenso nacional. La iniciativa presidencial es tan ilógica que parece fruto de una improvisación, como para sobreponerla y restar impacto al comunicado de la Conferencia Episcopal Dominicana, enviado a los medios el miércoles 16 para publicarse en los diarios del jueves. Así ocurrió, pues para casi todos los medios la carta del presidente fue lo más relevante del día y pocos pusieron atención a lo suscrito por los 23 obispos, incluidos los 7 eméritos.

Varios de esos obispos ya se habían pronunciado individualmente contra la imposición del padrón abierto, y ahora el colectivo plantea que es hora de romper la “prolongada espera” de la Ley de Partidos, “de asumir la responsabilidad con el criterio consensuado por todos, y que responda a los principios democráticos del ejercicio partidario”. Así mismo “que no se puede forzar a la Junta Central Electoral, a la que todos debemos dar nuestro voto de confianza, para que tenga que llevar a cabo tantas elecciones en un mismo año o en unos pocos meses sucesivos”.

Un presidente acorrralado

Si algo queda claro del largo debate es que el presidente Medina, como casi todos los que han alcanzado ese cargo en el país, se siente por encima del resto de la sociedad y trata de imponer a cualquier costo lo que cree conveniente al proyecto de eterno poder. En la sociedad faltan pocos sectores importantes por pronunciarse contra un sistema que abriría de par en par las puertas al ya grave mercado de compras de votos y estremecería el sistema político, amenazando dividir hasta su propio partido.

Nada ha hecho el mandatario para disipar la generalizada convicción de que la imposición del padrón abierto en la Ley de Partidos busca crear  espacio a su continuidad en el poder, y que si lograra para ello los dos tercios de los diputados, “conquistando” opositores, los empleará también para modificar la Constitución que le prohíbe volver a ser candidato a la presidencia.

Los más optimistas creen que al reconocer que no ha podido alcanzar esos votos, el presidente está buscando una salida honrada del acorralamiento en que se metió. De ser así devolvería el sosiego a la sociedad. Pero hubiese sido más elegante y más ponderado que siguiera el curso constitucional y lógico de la Cámara de Diputados, puesto que en el Senado el tiene no un tercio, sino tres cuartas partes de los votos.-

————————————————————————————————————–El largo viacrucis de la Ley de Partidos

1998: El “Diálogo Nacional” aprueba instituir una Ley de Partidos y otras reformas             políticas y electorales.

1999: La Comisión para Reforma y Modernización del Estado entrega el primer        consenso  de Ley de Partidos al Presidente Fernández, quien no lo remite al Congreso.

2001: El Consejo Nacional de Reformas del Estado (CONARE) renueva el consenso             con modificaciones, pero el presidente Mejía tampoco lo envía al Congreso.

2002: Varios diputados, encabezados por Liselotte Marte de Barrios,   someten al      Congreso el proyecto de ley consensuado en  el CONARE

2009: Tras varias infructíferas reintroducciones al Congreso, el proyecto es incluido  en el “Pacto de las Corbatas Azules” entre el presidente Fernández y el     presidente del PRD, M. Vargas.

2010: El Comité Político del PLD crea una comisión presidida por el     vicepresidente           Rafael Alburquerque para consensuar el proyecto.

2011: La JCE envía al Congreso proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, elaborados por técnicos de la OEA tras consultas a los partidos.

2012: En la campaña electoral  los candidatos presidenciales firman un compromiso en la PUCMM para aprobar ese mismo año las reformas electorales.

2017: El 29 de Marzo se crea una Comisión Bicameral para consensuar los proyectos            de reformas electorales.

2017: El 2 de Octubre el Comité Político del PLD aprueba crear comisión de    juristas para opinar sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas.

2018: El 5 de  febrero el Comité Político desiste de la comisión de juristas y deja en libertad a sus legisladores para votar sobre las primarias.   

2018: El 7 de marzo los senadores disuelven la Comisión Bicameral.

2018: El 18 de abril el Senado aprueba el proyecto de ley de partidos con primarias abiertas y simultáneas organizadas por la JCE.

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La post-verdad y las fake news

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Por Juan Bolívar Díaz

            Post-verdad y fake news son de las terminologías que dominan hoy el mundo de las comunicaciones, tanto que pareciera que quien no las emplea está fuera de la era cibernética y digital, que no está en nada, que es un desfasado o desfasada, y la emplean los comunicadores, como los políticos y los intelectuales y hasta el Papa Francisco las ha referido en su reciente mensaje con motivo de la “52 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

Las fake news, que fue a lo que aludió el pontífice no es otra cosa que la noticia falsa. La post-verdad tiene una connotación más amplia o diversa, pero se puede resumir en una falsificación o alteración de la realidad, apelando a las emociones, prescindiendo de la objetividad  y se incuba en las desorientaciones que caracterizan el convulso mundo de esta segunda década del siglo 21, que de tanto ser difundidas instantáneamente por las redes sociales son convertidas y aceptadas como realidad.

No deja de provocar hilaridad que tanta gente crea que las noticias falsas y la manipulación son un fenómeno nuevo, fruto de la era digital. En realidad han existido siempre, y durante la segunda mitad del siglo pasado, fueron objeto de intensos debates académicos y profesionales.

La gran novedad es la diversidad de fuentes; antes las noticias falsas y la manipulación eran producidas por un sistema comunicativo concentrado en unas cuantas agencias informativas internacionales, y las propias de las naciones dominantes que a menudo se confundían,  y los periódicos, radio y televisión concentrados en los grandes poderes económicos. Ahora, las nuevas tecnologías de la comunicación han diversificado y multiplicado las posibilidades de la manipulación de las emociones y hasta de las conciencias de millones de personas, de forma instantánea. Lo pueden hacer hasta los individuos, pero los consorcios políticos y económicos siguen liderándolo.

Nos vienen a la memoria infinidad de casos de lo que hoy llaman post-verdad, como aquella película ítalo-norteamericana “El Monstruo en Primera Plana”, cuyo argumento discurría en un joven dirigente del Partido Comunista italiano acusado falsamente de un crimen de violación convertido por periódicos en un mayúsculo escándalo de repercusiones políticas en una campaña electoral.

Al gobierno de Salvador Allende lo convirtieron en un estrangulador de las libertades en Chile, aunque cayó sin haber reducido ningún derecho; de la revolución constitucionalista dominicana de 1965 se tejieron historias hasta de violación de las monjas para  tratar de justificar la invasión de Estados Unidos. Y todavía al comienzo de este siglo el sistema comunicativo justificó la inmensa destrucción de Irak con la consigna de que Sadan Hussein tenía unas armas de destrucción masiva que todavía no han aparecido.

Lo que el Papa Francisco nos ha dicho esta semana es que “El drama de la desinformación es desacreditar al otro, presentarlo como enemigo, hasta llegar a la demonización que favorece los conflictos. Las noticias falsas revelan así la presencia de actitudes intolerantes e hipersensibles al mismo tiempo, con el único resultado de extender el peligro de la arrogancia y el odio. A esto conduce, en último análisis, la falsedad”.

En los años setenta y ochenta cuando la UNESCO recogió las preocupaciones académicas y de los profesionales de la comunicación por los monopolios de la información fue satanizada, y al igual que quienes promovían la profesionalización del periodismo, convertidos en enemigos mortales de la libertad de prensa, lo que muchos llegaron a creer.  Era la post-.verdad.

Fueron los años del Informe MacBride “Un Solo Mundo, Voces Múltiples” proclamando que “con el establecimiento de un nuevo orden mundial de la comunicación, cada pueblo debe poder aprender de los demás, informándoles al mismo tiempo de cómo concibe su propia condición y de la visión que tiene de los asuntos mundiales. Cuando ello se logre, la humanidad habrá dado un paso decisivo hacia la libertad, la democracia y la solidaridad”.-

El PRM necesita coherencia y disciplina para vencer el inmenso poder del PLD

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El principal partido opositor pareció superar el desafío de 7 diputados y del expresidente Hipólito Mejía a su Dirección Ejecutiva, pero sin poder aprovechar el descontento nacional frente a la garata y la imposición política que lidera el PLD   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) pareció haber superado esta semana el desafío de siete diputados y sobre todo del expresidente Hipólito Mejía a su Dirección Ejecutiva por el sostenido rechazo a la imposición del padrón electoral abierto en la elección de las candidaturas, contenido en el proyecto de Ley de Partidos del Senado.

Sin embargo, se advierte que los perremeístas caen en la tentación de reproducir las luchas intestinas que destruyeron el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de donde procede la mayoría ellos, desperdiciando el descontento nacional que anhela una coherente y disciplinada adscripción a los principios y prácticas democráticas.

Casi se arma la de Troya

El PRM comenzó la semana con una crisis cuando uno de sus dos principales líderes, el expresidente Hipólito Mejía, emitió un declaración escrita expresando su “decisión de apoyar la modalidad de primarias abiertas” con el padrón nacional de electores, desafiando la posición contraria de su Dirección Ejecutiva y coincidiendo con el interés del grupo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que hegemoniza el poder, encabezado por el presidente Danilo Medina, y que busca imponerlo por encima de casi todos los partidos y de las expresiones de la sociedad civil.

El pronunciamiento de Mejía, el domingo 6, ocurrió cuando se había convocado para el día siguiente al órgano ejecutivo y a 7 diputados que el jueves 3 coincidieron con sus colegas danilistas en boicotear la sesión donde la Cámara de Diputados conocería el proyecto de Ley de Partidos aprobado el mes pasado por el Senado. Se hablaba de sancionar a los que desatendieron los reclamos del vocero de la bancada perredmeísta, Alfredo Pacheco.

Después de una reunión del presidente y el secretario general, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, de sus relevos electos, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, y  del precandidato presdencial Luis Abinader con el también precandidato Hipólito Mejía, se anunció que éste, aunque prefería el padrón abierto, “como un demócrata acogería la línea del partido”. Tras varias horas de reunión con los diputados, los siete  bajo cuestionamiento se comprometieron también a acatar la decisión de la Dirección Ejecutiva, tras asegurar que no estaban en desacuerdo con el fondo,  sino con la forma en que se condujo la frustrada sesión y que preferían que el proyecto fuera a comisión de estudio.

Inconsistencia de Hipólito

            Hasta ahora la dirección del PRM salió bien del trance, Mientras Hipólito Mejía quedaba como coherente defensor de las primarias abiertas, pero incoherente e indisciplinado dirigente partidario, ya que apenas 10 días antes, el 23 de abril, su vocero de prensa Andrés Matos había emitido un comunicado tras la difusión de una entrevista de enero donde defendía las primarias abiertas: “Luego el propio presidente (Mejía) ha reiterado que aunque está de acuerdo con las primarias abiertas, respeta y apoya la decisión del PRM, su partido, que aprobó que sean primarias cerradas”, indicaba. La misma posición había externado en otras entrevistas de televisión y al periódico El Día el 23 de octubre.

Hipólito hizo un largo recuento de su apoyo a las primarias abiertas, señalando que en su gobierno promulgó la ley 286-04, donde se establecieron, pero no recordó que la Suprema Corte la declaró inconstitucional en el 2005. Relató gestiones ante el presidente Medina en el 2013 junto a otros dirigentes del PRD, asumiendo que el PRM, constituido después, tenía que seguir la misma línea. Y sostuvo que la aprobación del padrón cerrado  se produjo “Sorpresivamente, en una reunión de la Dirección, convocada sin agenda ´previa”. Aunque fue hace 13 meses, en abril del 2017, él nunca la había objetado.

Por televisión, la doctora Milagros Ortiz Bosch, reconoció cambios de preferencias a causa del dominio de los mecanismos electorales que estableció el PLD, pero rechazó que el PRM lo aprobara de improviso. Entregó los informes de comisiones encargadas por la Dirección Ejecutiva para estudiar los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral. La primera, de siete miembros, dos vinculados a Mejía  incluyendo a Salvador Ramos que la presidió, consignó en el punto 17, página 12, que “La elección de los candidatos será mediante el voto universal, personal, directo y secreto de la militancia de cada partido, con el Padrón de Militante de cada partido”.

Unapérdida de tiempo

            Después de las reuniones del lunes, Hipólito Mejía no ha desmentido lo que se le atribuyó, de haber acatado la línea partidaria. Como él decía en su declaración que la decisión sobre el padrón no fue llevada a la Comisión Política del Comité Nacional para su ratificación, lo que él nunca solicitó, la salida pudo haber sido esa. Pero podría ser una simple pérdida de tiempo, ya que los seguidores de Abinader, firme opositor al padrón abierto, aparecen como mayoría en ese partido, según las encuestas y por el resultado de la reciente elección de dirigentes.

Una desautorización de la Dirección Ejecutiva, constituida por 50 miembros, hubiese constituido una catástrofe para el PRM que justamente encabeza un bloque de 11partidos que han mantenido una oposición cerrada al proyecto de los danilistas, y remitía directamente y sin amortiguamiento a las confrontaciones que destrozaron el antiguo PRD.

Otra expresión de la recurrencia de los antiguos perredeístas a la garata es la petición del secretario general Jesús Vásquez de que anulen la reciente votación para elegir los dirigentes, basado en irregularidades organizativas, como no haber entregado el padrón a todos los candidatos con anticipación o que hubo que diferir la votación en una diez por ciento de las localidades por retrasos logísticos.

Hasta ahora nadie ha denunciado exclusiones, dislocaciones o manipulación del padrón, y Vázquez, un veterano organizador, debió admitir que los fallos no fueron por manipulación ni engaño, sino fruto de prisa y deficiencias, El tenía suficientes méritos para haber sido escogido para repetir en el cargo, pero por “prudencia unitaria”, que debió entender, los dos mayores líderes del partido sumaron fuerzas por Carolina Mejía para secretaria general y a José Ignacio Paliza para presidente.

Muy difícil de entender

            La detonación del conflicto por el padrón en el principal partido de oposición es difícil de entender cuando los organismos locales están eligiendo los delegados para culminar a principio de junio el proceso convencional que ha producido una  significativa renovación en la dirección partidaria nacional y local del PRM, algo que no ocurre hace muchos años en el sistema partidista.

Es comprensible que los seguidores de Danilo Medina, enfrentados a Leonel Fernández por el control del PLD, traten de imponen el padrón abierto para beneficiarse de  que el 23 por ciento de los electores reciben cada mes un ingreso del Estado. Pero es muy difícil de entender que todavía haya opositores que no se den cuenta que si los danilistas logran los dos tercios de los votos de los diputados, “conquistando” los 30 que les faltan para imponerle a todos  el padrón abierto, su paso inmediato sería la reforma de la Constitución, para lo cual se requiere la misma proporción.

Mucho peor es que con todas las desventajas que confrontan, los dirigentes del PRM no puedan interpretar el sentimiento nacional que reclama unidad, coherencia y firmeza para limitar el desmesurado control que el PLD ha impuesto sobre el Estado y la sociedad, hasta el extremo de plantear que lo de la ley de partidos es un asunto exclusivo  de Danilo Medina y Leonel Fernández. Las encuestas indican una mayoritaria desconfianza de a ciudadanía en el sistema partidista, y sin revertirla significativamente no hay posibilidad de cambio alguno. Sin eso ni todos los partidos juntos desplazan al PLD.

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La única opción de los diputados  

En cuanto al proyecto de Ley de Partidos aprobado por los senadores, el miércoles la Cámara de Diputados agotó la única opción que tenía sin previo acuerdo político: enviarlo a la comisión que ya venía estudiando las dos piezas de reformas electorales, pues  ninguna de las dos posiciones sobre el padrón puede conseguir las dos terceras partes de los votos ni para modificar el proyecto de los senadores, ni para rechazarlo o aprobar otro.

Quedó evidente que la ausencia del bloque danilista la semana anterior fue una maniobra política, tal vez para medir cuántos diputados del PLD y el PRM estaban dispuestos a seguirlos. Con ellos fuera, los demás podrían completar el quórum, lo que hubiese ocurrido con todos los del PRM. Pero en tal caso entraban de inmediato los gobiernistas para evitar que dos tercios de esos decidieran. Para evitarlo, el jefe de esa bancada se mantuvo dentro del salón, aunque escondiera la cabeza cuando pasaban lista.

El balance de la maniobra fue que no le desertó ni uno a Leonel, y que los 7 del PRM se arrepintieron. Con todo hay quienes siguen apostando a que “el presidente se impondrá como quiera y a cualquier costo”, Mientras todo indica que pasará semanas para el siguiente capítulo del drama político, ya que la presidencia de los diputados está en manos del experimentado y firme leonelista Rubén Maldonado, hasta el 16 de agosto.

¡Viva la Comisión de Derechos Humanos!

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Por Juan Bolívar Díaz

Contra todos los prejuicios y maledicencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos  celebra en estos días en la capital dominicana su 168 período de sesiones, a contrapelo del furor nacionalista que ha afectado la vida nacional en los últimos años y creado confusión en una parte apreciable de la ciudadanía.

Hay que darle crédito al gobierno del presidente Danilo Medina por haberle cursado la invitación para que sesione en el país y conozca de la situación de los derechos humanos en múltiples naciones del continente, atendiendo a la misión que le fuera encomendada cuando fue creada por los estados americanos en 1959 y ratificada una década después cuando fue adoptada la Convención Americana de los Derechos Humanos, y en ambos casos la República Dominicana puede reclamar la condición de cofundadora.

En sus ya casi seis décadas la CIDH tiene legítimos méritos en la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente,  tanto que aún siendo un instrumento de los estados, se ha ganado la animadversión de varios de ellos por no haber transigido en el cumplimiento de su misión, actuando con la independencia que le confieren sus estatutos, aunque sus miembros titulares son electos por la Asamblea General de la OEA..

El simple anuncio de que sesionaría en el país, disparó  las alarmas del ultranacionalismo que la detecta por su persistente  preocupación por los derechos de los dominicanos de ascendencia extranjera, en gran proporción haitianos, nacidos  en el país y dejados en apatridia por decisión administrativa de la Junta Central Electoral posteriormente avalada por la histórica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Si posteriormente adoptamos la Ley 169-14 que ha rescatado a gran parte de los decenas de miles de desnacionalizados se le debe en buena gran medida a la firmeza con que la CIDH defendió sus derechos, denunciando el despojo retroactivo de quienes habían recibido un estatus de ciudadanos dominicanos. Esa fue la decisión consensuada por el presiente Danilo Medina y adoptada por el Congreso Nacional ante un problema que superaba a mera condición de legalidad para inscribirse en un drama humano de magnitud.

Si fuimos obligados a adoptar esa legislación por el papel preponderante de la CIDH y otros organismos internacionales, deberíamos reconocer que su prestigio y fuerza internacional están por encima de las arbitrariedades, miserias y mezquindades.

Comisiones de ese organismo vinieron varias veces al país reclamando derechos fundamentales, desde la caída de la tiranía trujillista en 1961, tras el golpe de estado del 1963 y durante la guerra civil y la ocupación militar norteamericana de 1965. También en 1991, en 1997 y finalmente en el 2013 tras la crisis de los desnacionalizados.

No es cierto que la CIDH se ensañara contra la República Dominicana como algunos han pretendido, simplemente cumplió su misión, como lo ha hecho en múltiples naciones  por violaciones a derechos humanos, políticos y sociales, especialmente de lo que han dejado de los pueblos originarios del continente. Y sus denuncias y reclamos han chocado con miembros tan poderosos como Estados Unidos, México, Brasil o Argentina, durante tiranías y dictaduras y bajo nuestras precarias democracias.

En el caso particular de Estados Unidos sólo habría que leer el informe de la CIDH de junio del 2015 que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en la prisión norteamericana de Guantánamo, pide liberación de detenidos sin acusaciones ni juicios, cese, investigación y sanción de torturas, traslado de prisioneros y reparación a las víctimas de abusos, concluyendo con la demanda del cierre de ese establecimiento.

La CIDH ha tenido muchos enemigos y la desidia de países miembros, salvándose  por donaciones de naciones europeas y entidades internacionales. Hace sólo dos años Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Panamá ayudaron a superar su peor crisis financiera. Aunque algunos de ellos habían sido objeto de sus denuncias y reclamos.

En un mundo de tantas ignominias, siempre serán necesarias instituciones independientes que promuevan y defiendan los derechos humanos. ¡Que viva la CIDH!

 

 

 

                       

 

Las primarias abiertas sacuden el Congreso, el PLD y el PRM

2222Lo montado en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de Ley de Partidos con elección primaria abierta fue un espectáculo indicativo de la resquebrajadura del partido de gobierno, cuyos vientos siembran incertidumbres en el principal opositor 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El boicoteo de la sesión de la Cámara de Diputados que el jueves conocería el proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría peledeísta seguidora del presidente Danilo Medina ratifica la decisión de imponer el padrón nacional en la elección de todos los candidatos, aún al costo de desguañangar el sistema partidista.

El empeño gubernamental, que divide al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reflejó ya sobre el principal partido de oposición, cuando ocho de sus 49 diputados se sumaron al boicot oficialista, y fueron determinantes para impedir la sesión, sembrando incertidumbres sobre la unidad de su organización opuesta al proyecto.

Nudismo en la Cámara Baja

            Lo del jueves en la Cámara de Diputados fue un espectáculo de nudismo y miserias políticas e institucionales, con una mayoría de los legisladores del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) boicoteando una sesión, estando presentes en el mismo edificio congresual, presidida por uno de los propios, el diputado Rubén Maldonado, pero adscrito a la corriente del expresidente Leonel Fernández, enfrentado al presidente Danlo Medina. Alegaron que no participaban de la sesión para evitar “un desorden orquestado”.

            Maldonado presidía solitario, pues los demás directivos de la cámara estaban en el boicot, mientras el vocero de los diputados peledeistas, Gustavo Sánchez, aún dentro del salón de sesiones, escondía la cabeza cuando se pasaba lista para darse por ausente. En tanto  ocho diputados del principal partido opositor, fuera del salón se sumaban a los oficialistas desatendiendo los llamados de su propio vocero, Alfredo Pacheco, para que respetaran la decisión del máximo organismo partidario que junto a casi todos los opositores y gran parte de la sociedad civil ha mantenido rechazo a los intentos de imponer el padrón abierto en la elección de candidaturas.

Seis de los ocho disidentes del PRM son señalados como seguidores de Hipólito Mejía, cuyo vocero Eddy Olivares persiste en coincidir con los oficialistas en la defensa del padrón abierto, mientras la hija del expresidente, la recién electa secretaria general del partido, Carolina Mejía, se manifestaba indignada porque los peledeístas han reducido la ley de partidos a un asunto de padrón abierto o cerrado. Los danilistas no tenían votos para ratificar el proyecto y con múltiples ausencias y el presidente de la Cámara opuesto, temían que pudieran rechazarlo o enviarlo a la comisión propia de la Cámara de Diputados donde pasaría mucho tiempo.

Agudizada la confrontación

            La ocurrenciadel jueves eleva a su máximo nivel la confrontación en el seno del PLD por la candidatura presidencial del 2020, con el presidente Medina impedido por la Constitución de optar por la reelección y el expresidente Fernández lanzado a las calles en búsqueda de la nominación. Cada día crecen los enconos  grupales y la decisión de los danilistas de impedir a cualquier precio  la candidatura “de un Leonel vengativo”.

La situación está fuera de control, ya que la división se incuba en los órganos directivos, después de un año de diferencias sobre la inclusión de las primarias abiertas en la Ley de Partidos. El 2 de Octubre el Comité Político del PLD, máximo organismo ejecutivo, decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminaran sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas como método único de elección de candidatos, objetada por Fernández en base a que la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley que la instituyó en el 2004.

Cuatro meses después, el 5 de febrero, el mismo organismo dejó sin efecto la resolución, y autorizó a sus legisladores a decidir individualmente. Para el 8 de marzo se anunció una nueva sesión del Comité Político, suspendida en la víspera, sin que hayan podido reunirlo nuevamente. Fue ese Comité Político el que saldó la anterior confrontación Danilo-Leonel en mayo  del 2015 por la candidatura presidencial del 2016, votando por  reformar la Constitución para que Medina pudiera optar por la reelección, pero con un transitorio que le impide volver a postularse en el 2020, lo que ahora favorece a Fernández.

¿Un prueba de fuego?

            Dl boicot de los danilistas a la sesión de la Cámara de Diputados, reenviada para el próximo miércoles, pudo haber sido decidido para ganar tiempo en la búsqueda de votos opositores al proyecto de las primarias abiertas en que cifran su preponderancia electoral, pero también para probar cuántos diputados leonelistas y de la oposición habían logrado atraerse, especialmente del PRM que ha advertido su decisión de sancionar a quiénes se vayan contra la línea partidaria.

Con los leonelistas esta vez no avanzaron, porque no desertó ninguno de los 34 diputados que el 18 de abril se comprometieron a rechazar las primarias abiertas. Se cree que ganaron un voto adicional para acumular 3 de los 10 reformistas. Su éxito estuvo en la ausencia probada de los 8 perremeistas, una de los cuales, Jacqueline Montero, adujo que tenía su esposo enfermo. Seis son señalados como hipolitistas; Edelis Olivares (hermana del vocero de Mejía), Cuqui Morel, Lía Díaz, Edward Jorge, Nelson de la Rosa y Andrés Templar, El octavo, Sergio Goris Moya fue la mayor sorpresa, pues se le señala como seguidor de Luis Abinader, como Mejía precandidato presidencial, pero persistente opositor a la imposición de las primarias abiertas.

La actitud de esos diputados estaba en cuestionamiento ayer en los predios del PRM, cuyo Directorio Ejecutivo fue convocado para el lunes a fin de ponderar la situación. El vocero del bloque de diputados, Pacheco, se inclinaba por un llamado a reunión de los 8 para que expliquen su actitud, mientras otros abogaban por una sanción verbal y advertencia de suspensión y expulsión si repiten la coincidencia con los oficialistas.

Alto costo institucional

            Si los promotores de la imposición del padrón abierto a todos los partidos avanzaron con 9 opositores, todavía le faltaría conquistar otra veintena para estar en capacidad de pasar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, lo que no paree tan fácil, dado el nivel de oposición política y social al proyecto y sin dañar severamente la institucionalidad de los partidos. Esta misma semana 18 de los 26 partidos llegaron hasta la Cámara de Diputados para manifestar su oposición al proyecto.

También esta semana Participación Ciudadana y la Fundación institucionalidad y Justicia, mostraban las incoherencias y contradicciones del proyecto aprobado en el Senado, y el presidente de la Asociación de Industrias, Campos de Moya, reiteró ayer  por televisión la posición de las entidades empresariales de que se deje a cada partido escoger cualquier método democrático para elegir sus candidatos.

Seguía impactando el costo sobre 5 mil 600 millones de pesos en que la Junta Central Electoral ha estimado unas complicadas elecciones primarias de 26 partidos a la vez, con el padrón universal, lo que podría implicar hasta 320 mil precandidaturas, con un promedio de tres por cada uno de los 4 mil 106 cargos a elegir. Saltó al debate que no podrían ser entregando a cada elector la boleta por el partido que prefiera, porque violaría el principio del secreto del voto, y obligaría a entregarle las 26 enormes boletas.

La dicotomía de Hipólito

El proyecto comienza a cobrar su costo institucional ya no sólo en el PLD, sino también en el PRM, que no esperaba tan alto número de deserciones, en medio de versiones de que los gobiernistas se muestran dispuestos a utilizar recursos estatales para conquistar opositores y con ya inocultables inquietudes sobre la real posición de Hipólito Mejía, quien todavía la semana anterior declaraba por escrito que aunque favorecía las primarias abiertas, respetaba la decisión de su partido, que ue adoptada el año pasado tras varias reuniones de su Dirección Ejecutiva, se dice que por una “mayoría holgada”.

Pero llama la atención que todavía en la víspera de la sesión de los diputados, el vocero oficial de Mejía, Eddy Olivares, volviera a defender lo que prefiere el grupo del presidente Medina y rechazan casi todos los partidos y la sociedad civil. Se cree que Mejía envió una señal errónea cuando hace dos semanas en Santiago se enganchó al presidente Medina, éste de brazos cruzados, en una foto que difundieron ampliamente los medios oficialistas.

Defensores del gobierno en todos los medios cuentan con que los legisladores que siguen a Hipólito votarán finalmente por las primarias abiertas, aún desafiando al partido. Y no faltan quienes alientan la idea de que el mandatario peledeísta, imposibilitado de buscar la reelección, pudiera respaldar a Mejía en una fórmula que envolvería al Partido Revolucionario Dominicano, para evitar un eventual triunfo de Leonel.

Mejía tiene gran desventaja en las encuestas para la candidatura del PRM. Gallup-HOY de marzo arrojó 67 a 9% de preferencias a favor de Luis Abinader entre los que se dijeron perremeistas. En Octubre pasado fue 69 a 14%. Abinader le ganó la  candidatura para el 2016 por 70 a 29%, casi el 69 a 28% que arrojó la Gallup-HOY un mes antes. Por eso los hipolitistas creen que les conviene el padrón abierto, aunque también en el universo de los electores las preferencias por Abinader superan con mucho las de Mejia: 49 a 1l% en la Gallup-HOY de marzo pasado.-

 

Cuestión de dignidad nacional

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Por Juan Bolívar Díaz

Hay que darle crédito al presidente Danilo Medina por la decisión de reconocer la realidad de la República Popular China, (RPCH) evadida por los gobiernos dominicanos  durante casi medio siglo, desde que en 1971 la mayoría  de los Estados integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la Resolución 2758 que restituyó a esa nación el reconocimiento que, como fruto de la guerra fría, ostentaba la República de China en Taiwán.

Desde los años setenta la mayoría de las naciones del mundo se adhirieron a la resolución reconociendo la realidad de que Taiwán es apenas el 0.4 por ciento del territorio chino y el 2 por ciento de su población. República Dominicana evadía la realidad junto a 21 naciones,  el 11 por ciento de los Estados miembros de la ONU,  en una compañía que para nada nos acreditaba, 5 centroamericanas, Paraguay, Belice, Haití, tres islas del Caribe y 6 del Pacífico y Oceanía, así como dos países africanos y el Vaticano.

Durante años se ha dado la paradoja de que hemos querido formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU sin reconocer la nación de mayor población, 1,380 millones,  el quinto de mayor extensión, 200 veces el territorio dominicano,  segunda potencia mundial disputando el primer lugar, y por todo ello con influjo en el concierto diplomático internacional. Se podía explicar la posición dominicana por la dependencia de los Estados Unidos, pero este país reconoció la RPCH en 1979.

Sólo los esfuerzos de Taiwán invirtiendo una apreciable cantidad de dinero para mantener el reconocimiento de una veintena de países, podía explicar que los gobernantes dominicanos persistieran en el absurdo aunque el intercambio comercial, muy favorable para la RPCH alcanzara los 2 mil millones de dólares anuales. Pero nadie debería fundar nuestra decisión  en que nos va a proporcionar mayor asistencia técnica o financiera. Porque eso rebaja la dignidad nacional y nos proyecta como una nación mercantilista. Ya el senador norteamericano Marco Rubio, ignorando la realidad universal,  nos acusó de dejarnos sobornar por China, cuando sólo hicimos lo que su país decidió hace 39 años.

Nos ha costado mucho esta decisión de soberanía y dignidad nacional, adoptada desde mediados del año pasado, (cuando la publicamos), tras lo cual Taiwán desarrolló una ofensiva desesperada buscando revocarla. En julio envió al país a su canciller, que no fue recibido por su homólogo Miguel Vargas ni por el presidente Medina. En agosto vino el ministro de Defensa, y en noviembre el vice canciller. En Octubre la presidenta de Taiwán cursaba invitación al presidente Medina para una visita oficial, y hace apenas semanas tres buques de las fuerzas navales taiwanenses visitaron el país.

No dejaba de ser penosa la decisión de desconocer a Taiwán, después de décadas de cooperación, pero era cuestión de dignidad. En el comunicado en que anuncia su retiro total del país se expresa que “condenamos enérgicamente  la decisión de China Popular de utilizar la diplomacia del dólar para comprar los aliados diplomáticos de Taiwán”. Eso implica una acusación de que nos vendimos y una desproporcionada reacción, tal vez motivada porque todavía en febrero estábamos firmando un acuerdo de cooperación, y recibimos una contribución de 3 millones de dólares para microempresas, y cientos de ambulancias y motocicletas, cuando ya habíamos decidido un divorcio que debió ser más conciliado.

Más allá del agradecimiento por la asistencia técnica y la amplia ayuda financiera de Taiwán durante décadas, hay que reconocer la tremenda laboriosidad de ese pueblo de 23 millones de seres humanos, que levantó un emporio económico en una isla un tercio menor que el territorio dominicano, favorecido por haber sido convertida en frontera de contención del comunismo chino. Fue un error estratégico no haberse declarado independiente en plena guerra fría cuando habrían conseguido reconocimiento, en vez de seguir proclamándose como la nación china. Con todo, merecen la mejor de la suerte, que la peor sea un estatus semejante al de Hong Kong, que ha mantenido relativa autonomía y su gran prosperidad económica.-

Las costosas primarias de Danilo con entre 110-327 mil precandidatos

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El presidente de la JCE puso en jaque el proyecto de ley con primarias abiertas aprobado por el Senado, por su elevado costo económico, que además resultaría impracticable al involucrar por lo menos 110 mil precandidatos en 26 boletas   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La declaración del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños, de que la elección obligatoria de los candidatos de todos los partidos para las elecciones del 2020 con padrón abierto costarían 5 mil 628 millones de pesos, sacudió los ámbitos políticos esta semana, mientras seguían las objeciones al proyecto de ley.

Lo que no ha hecho la JCE es un estimado del número de precandidatos a los que habría que contarle votos individuales, los que en boletas separadas de al menos 26 partidos oscilarían entre 110 mil y 327 mil, un descomunal desafío organizativo  con un cómputo  imposible en el plazo de tres días que establece el proyecto aprobado por el Senado.

Imposible de materializar

El proyecto original sometido por la JCE desde el 2011 establecía la obligatoriedad de elecciones primarias sólo para los partidos “mayoritarios”, es decir los que reciben más del 5 por ciento de la votación, que actualmente serían cuatro, el de la Liberación
Dominicana (PLD) el Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC). Podrían escoger el padrón abierto o cerrado y en la fecha de su conveniencia dentro de un plazo; organizadas por ellos mismos, o por el órgano electoral, pero costeado del subsidio estatal.

Pero el proyecto aprobado por el Senado y remitido esta semana a la Cámara de Diputados  establece en su artículo 42 que “Todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos de elección popular, mediante elecciones primarias abiertas, y simultáneas, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto”.

El proyecto no hace excepción ni siquiera en los casos de alianzas o coaliciones políticas, lo que implicaría a los 26 partidos actualmente reconocidos, que junto a nuevos y agrupaciones locales podrían llegar a la treintena. Debe asumirse que cada organización tendrá que tener al menos una extensa boleta con sus precandidatos a nivel presidencial, congresual y municipal, que para el 2016 totalizaban 4,106. Si se depositan en urnas comunes, habría que separarlas para iniciar el escrutinio.

Podrían llegar a 320 mil   

Se ignora si los promotores del proyecto calcularon la cantidad de precandidaturas que implicarían esas primarias, lo que no es tan difícil partiendo de tres aspirantes por partido a cada uno de los 4,106 cargos electivos, límite que establecía el proyecto de la JCE, pero que desapareció en el del Senado. Asumiendo que promedien tres, el total por partido serían 12 mil 318, que por 26 partidos totalizarían 320 mil 268 precandidatos.

Si se quiere un cálculo conservador, asumiendo que los cuatro partidos mayoritarios mantengan el promedio de 3 precandidatos por cargo, sumarían cada uno 12 mil 318, que  totalizarían 49 mil 272. Con otros 6 partidos que lleven dos candidatos a cada cargo, los aspirantes se duplicarían a 98 mil 544. Asumiendo que sólo 13 agrupaciones postulen, y los otros 3 con sólo un precandidato por cargo, habría que agregar otros 12 mil 318 y entonces el gran total sería de 110 mil 862 precandidaturas.

Con cualquiera de los dos cálculos, la JCE tendría serias dificultades para computarles sus votos individuales al mismo tiempo, y ni hablar de que pueda concluirlo en el plazo de 72 horas, ni proclamar los ganadores en la primera semana de diciembre, cuando las primarias serían en el tercer domingo de noviembre, según el proyecto aprobado. El artículo 40 indica que la precampaña se iniciaría el tercer domingo de agosto del año anterior a las elecciones, y que la escogencia de candidatos sería tres meses después. En febrero se celebrarían las elecciones municipales y en mayo las presidenciales y congresuales, con la eventual segunda vuelta en julio, lo que podría implicar cuatro procesos electivos en 8 meses.

En los comicios del 2016 la JCE sólo computó individualmente los votos para elegir 190 diputados nacionales, que con un promedio de 12 aspirantes, incluidas las alianzas, habrían sido sólo 2,280, y en cientos de colegios no se hizo este cómputo y terminaron anuladas los preferenciales. El resultado final tomó dos semanas. Tanto la JCE como muchos dirigentes políticos han considerado casi imposible cumplir la ley que instituye el voto preferencial para los cargos municipales desde el 2020, que sólo serían unos 3 mil 900 que por 12 aspirantes (incluidas alianzas) totalizarían 46 mil 800.

Un costo muy elevado

            Al hablar el miércoles ante la Cámara Americana de Comercio, el doctor Castaños Guzmán informó que un estimado realizado por la Dirección General de Elecciones de la JCE sitúa el costo que tendría organizar las primarias de todos los partidos simultáneamente en 5 mil 628 millones de pesos.

Aunque los defensores del proyecto de ley aprobado por el Senado consideraron exagerado ese monto, no lo parece si se compara con los 4 mil 980.4 millones de la ejecución presupuestaria de la JCE para las elecciones del 2016, cuando sólo se manejó una boleta por cada nivel de elección. En las prima4rias podrían ser 26 boletas con los tres niveles de candidaturas juntos, ó 78 si se separan por presidencial, congresual y municipal.

El costo estimado sería equivalente al 42 por ciento de los 13 mil 480.4 millones de pesos que el Estado ha gastado en subsidio a los partidos en los 20 años de instituido a partir del 1998. Superaría en 4 mil 18 millones de pesos, el subsidio entregado a todos los partidos para las elecciones del 2016.

El proyecto aprobado por el Senado establece, en su artículo 54, que los costos de las primarias “serían deducidos” del aporte que daría el Estado a los partidos, pero el estimado de la JCE, supera en 250  por ciento el subsidio de los comicios pasados, y sería más del doble del monto del 2020. Aparte estaría la inversión de los por lo menos 110 mil precandidatos buscando votos en el universo de los electores.

En la Cámara de diputados

            Cada vez es más generalizada la convicción de que no habrá ley de partidos ni una nueva ley del Régimen electoral para los comicios del 2020 y que la JCE tendrá que cumplir su promesa de  establecer los reglamentos para garantizar la equidad y transparencia, como le faculta el artículo 212 de la Constitución. Por eso esta semana el partido Alianza País, que lidera Guillermo Moreno, intimó al organismo para que proceda en consecuencia.

El proyecto de Ley de Partidos llegó el jueves a la Cámara de Diputados, presidida por un declarado opositor a las primarias abiertas, Rubén Maldonado, un  seguidor del expresidente Leonel Fernández, quien ha reiterado que no habrá imposición y se decidirá democráticamente, sin ninguna prisa, tras el estudio de la comisión correspondiente. Los diputados realizan su propio estudio de los dos proyectos introducidos por la JCE.

El jueves la dirigente peledeista Alejandrina Germán se quejó de que el Comité Político de su partido evadió la responsabilidad de decidir si las primarias deben ser abiertas o cerradas, olvidando que en el 2014 había optado por dejar en libertad a cada partido de escoger el método, como establece el proyecto de la JCE. Y según los acuerdos que el PLD adoptó en el 2015 para pactar a reforma constitucional, ahora ese organismo tendría que decidir por consenso y si no con al menos 75 por ciento de sus votos. Mientras el expresidente Fernández decía en Nueva York que si imponen lss primarias  de manera forzada “habrán vencido, pero no convencido”.

Intrigas contra oposición

            Los once partidos de oposición que sostienen posición común ante la Ley de Partidos, fueron esta semana a la Cámara de Diputados para reiterar su rechazo al padrón abierto y reclamar que se priorice la Ley del Régimen Electoral, lo que podría ser también una opción para ese órgano legislativo. Coincidieron  con ellos allí los dirigentes de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, que agrupa a miles de iglesias protestantes.  .   

            Mientras crece el rechazo político y social al intento de imponer un único método de elección de candidatura, comienzan las denuncias de intentos de sobornos para lograr unos 30 votos de diputados, o ausencias, que faltarían para poder aprobar las primarias abiertas. El vice-vocero del PRSC en la cámara, Pedro Botello, denuncio ofrecimientos de personeros para conseguir votos.

La ofensiva incluyó la puesta en difusión de una vieja entrevista televisiva al expresidente Hipólito Mejía donde él defendía el padrón abierto, determinando que su vocero aclarara que eso fue el 7 de enero y que “luego el propio presidente (Mejía) ha reiterado que aunque está de acuerdo con primarias abiertas, respeta y apoya la decisión del PRM, su partido, que aprobó que sean primarias cerradas”. Pese a ello la entrevista ganó primeras páginas en varios diarios.

Una fotografía de Mejía con el presidente Dahilo Medina el lunes, durante la inauguración de un centro de convenciones privado en Santiago, fue ampliamente difundida por órganos gubernamentales y sus voceros. Medina muy sonriente aparece de brazos cruzados, mientras Hipólito se le engancha con un brazo. La gráfica también de primera página en diarios generó intrigas y especulaciones.-

Los pobres partidos opositores

Por Juan Bolívar Díaz

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Con mucha frecuencia y en todos los sectores de la sociedad dominicana se escucha el lamento sobre la pobreza, la incapacidad y falta de propuestas de los partidos dominicanos de oposición. En unos por interesada conveniencia, en otros por complicidad y también por ignorancia. Muchos porque quisieran otro resultado de la actividad política.

La frustración es tan extendida que los partidos figuran entre las instituciones públicas de menor credibilidad en el país, con aprobación fluctuante entre 15 y 20 por ciento en las encuestas nacionales de las firmas Gallup, Penn o Asisa, o en las internacionales como Barómetro de las Américas o Latinobarómetro.

En realidad la crisis de los partidos es hoy universal, incluyendo a los viejos templos políticos europeos, socialistas, socialdemócratas, democristiano, y comunistas, tan malparados que muchos creen que las ideologías desaparecieron para siempre, un craso error, demostrado por el resurgimiento de los nazi fascistas. La crisis de los dos grandes partidos norteamericanos no hay que demostrarla, que para eso está ahí Donald Trump.

Si eso ocurre en las naciones donde más de desarrolló la cultura democrática, con instituciones centenarias, mayor explicación en las incipientes del tercer mundo. El caso dominicano es de los que acumula mayores tropiezos históricos en la creación de la cultura democrática, por el arraigo de la imposición, el exterminio, la exclusión y el caudillismo como forma de dominación política, desde la brutal colonización y el régimen esclavista, al reparto de la isla y el reinado de piratas, corsarios y filibusteros.

En ninguna otra nación latinoamericana los fundadores quedaron tan inmediatamente excluidos, aislados, exiliados y hasta fusilados, como en esta,  y la dominación prolongada y sistemática, al margen de todo derecho, apenas ha dado treguas signadas por la anarquía derivada de la falta de cultura democrática y participativa.

El actual dominio de todas las instituciones del Estado, con los poderes legislativo, judicial y municipal, con los organismos de control, incluyendo una alta proporción de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales de todo género, en especial las sindicales, es la nueva forma de expresión de la gobernanza antidemocrática. Parece la “dictadura con apoyo popular” que una vez postuló erráticamente el profesor Juan Bosch, pero sin las virtudes que él propugnaba en la actividad política.

Ello ha sido posible por el auto debilitamiento de los partidos que debieron encarnar la alternativa, por su incapacidad para la renovación, además de la crisis de propuestas ideológicas y programáticas. Pero también por el uso y abuso público del Estado para corromper y pervertir el liderazgo y destruir las posibilidades de alternativa, además de la manipulación de los órganos electorales y judiciales en manos de dirigentes partidistas.

Claro que no todos los partidos son exactamente iguales, y que incluso los hay donde predomina un discurso más democrático, con visión y propuestas. Pero son tan pobres de recursos y medios de comunicación que no pueden competir con los dominantes.

Todos debemos reconocer que la corrupción y la cooptación no es sólo del liderazgo político, sino que abarca fuertes estamentos del sindical, profesional, académico, empresarial, comunicacional, comunitario  y hasta religioso. Si las debilidades fueran sólo de los partidos, hace tiempo que la sociedad los hubiese sustituido.

Como no hay posibilidad de democracia sin partidos, hay urgencia de salir al rescate de la política. Para ello hay que comprender los procesos sociales y hacer conciencia de que la disolución de los partidos afianza la dominación y conduce a crisis sistémicas que la experiencia reciente ha demostrado que resultan remedios tan malos como la enfermedad.

Hay que abandonar el discursito de “los pobres partidos opositores” o alternativos. Son pobres todos, aunque los que están en el poder han acumulado una enorme riqueza a costa de toda la sociedad para afianzar la dominación comprando todo lo posible, y con gran indulgencia social. Ellos son los que merecen mayor atención y desaprobación.-