Preguntas que ameritan respuestas

A1Por Juan Bolívar Díaz

1.- Ahora que el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana desistió del propósito de imponer el padrón universal para la elección de los candidatos de todos los partidos, se impone  preguntar si finalmente será aprobada la Ley de Partidos que se viene discutiendo desde hace justamente 20 años.

La decisión implica un revés para el sector peledeísta del presidente Danilo Medina, que trató durante un año de imponer el padrón abierto y ahora falta por verse si los legisladores harán uso de la facultad que se les ha reconocido para votar en conciencia, o si seguirán dándole vueltas a la noria para evadir los asuntos de fondo del proyecto, como los límites al gasto y al tiempo de las campañas, la rendición de cuentas financieras, la cuota de las mujeres en los cargos directivos,  y reales sanciones a la compra de votos y abusos de recursos estatales.

El asunto de la Ley de Partidos ya harta, pero todavía hay que vigilar para que no se apruebe una mojiganga, como ya hizo la Cámara de Diputados en marzo del 2015, que fue un relajo tan grande que se ganó un rechazo universal y tuvieron que dar marcha atrás.

2.- ¿Será verdead que la Procuraduría General de la República no había tenido suficiente tiempo para reclamar al sistema financiero los movimientos de las cuentas de las empresas de Angel Rondón y demás implicados en los sobornos y sobrevaluaciones de Odebrecht?

Por ahí debió comenzar la investigación a Rondón hace 13 meses cuando la justicia norteamericana lo identificó  como la correa de transmisión  de sobornos de la constructora brasileña por 92 millones de dólares, en lo que constituyó el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia. Eso si hubiese habido interés de saber la verdad y no temor de tropezarse conn ella. Pasarán otros meses, que de seguro se le concederán y la Procuraduría seguirá dando palos de invidentes, sin reclamar a l Odebrecht que cumpla el acuerdo de impunidad que se le otorgó, según el cual tenía que identificar en 60 días los sobornados, con cuentas, montos y obras, sus cómplices y todos los mecanismos de pago y traspaso de dinero.

3- ¿Cuándo será que los “organismos de inteligencia” del Estado pondrá en juego toda su capacidad investigativa para determinar y procesar judicialmente a los responsables del cargamento de 109 mil galones de gasoil que llegaron por el puerto de Manzanillo?

Hace tres semanas que fue incautado el cargamento y sometidos a la justicia los tripulantes de la embarcación que lo trajo, pero no hay que ser un sabueso para preguntar y determinar para quién venía consignada la carga, y quién la iba a recibir, porque se necesitaban varios camiones tanqueros para retirarla, y en ese pequeño puerto no hay tantas operaciones como para que no se sepa quién es quién. ¿O es que cien mil galones de gasoil pueden tirarse en un puerto y ocultarse hasta que el propietario los retire sigilosamente?

Todo parece indicar que se trata de un negocio de buen patrocinio, como el de aquellos jóvenes contrabandistas  de Santiago atrapados por Aduanas con la masa en la mano, o como aquella incautación olvidada de mil kilos de cocaína en un avión privado que saldría del aeropuerto Joaquín Balaguer hace como ocho años. Nunca se pudo saber quién era el propietario de la nave.

4.- Y ¿será verdad que los “organismos de inteligencia” no pueden desmantelar y procesar a la mafia de traficantes que durante los últimos años trae cientos de mujeres haitianas embarazadas para que den a luz en el país  a cuenta del Estado?

La dirección de un hospital capitalino secreteó que muchas de esas parturientas no saben nada de español y que dan la misma dirección de presunta residencia. Pero la pregunta del millón es cómo entran al país tantas parturientas, y si vendrán con visas de 250 dólares.  La convicción general es que hay una trata de embarazadas que deja pingues beneficios, cargando su costo al Estado dominicano.-

 

 

Otras graves paradojas

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Por Juan Bolívar Díaz

Cualquiera que se ponga a hurgar en la cotidianidad nacional tropezará con una inmensa cantidad de paradojas, mucha de ellas tan graves que obligan a rememorar al escritor y político Juan Isidro Jiménez Grullón y su planteamiento de que la República Dominicana es una ficción.

La más relevante de los últimos tiempos es que mientras por todo el continente la Odebrecht está a la defensiva, cancelados sus contratos y demandada por los Estados víctimas de sus maquinaciones, no sólo de sobornos, sino también de sobrevaluaciones de obras, aquí es al revés: la constructora ha demandado al Estado a un arbitraje internacional en Nueva York para que se le pague 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas de carbón de Punta Catalina.

Cuando nueve de cada diez dominicanos ya estaba convencidos de que en la contratación original de las plantas por 2,040 millones de dólares, ya había una gran sobrevaluación, un informe técnico recogido por la comisión presidencial que evaluó la contratación concluyó en que más bien estaban subvaluadas. Odebrecht se lo tomó en serio y quiere llevar el costo de las plantas sobre los 2 mil 700 millones de dólares, otro escándalo internacional. No deja de ser paradójico que aquí estemos construyendo plantas de carbón, cuando las existentes se están desmontand0o en gran parte del mundo.

Otra paradoja relacionada con Odebrecht es que el Procurador General Jean Alain Rodríguez ha pedido cuatro meses adicionales para reunir las pruebas de los sobornos de esa empresa, cuando se acerca al año el acuerdo que relevó de toda responsabilidad penal a la constructora a cambio de que entregara toda la documentación e información que posea sobre sus actividades delictivas en el país, en un plazo de 60 días

Se enumeraba concretamente que Odebrecht identificaría a los funcionarios sobornados, coautores y cómplices, las obras adjudicadas mediante sobornos, las personas o entidades que facilitaron los sobornos, los montos entregados y mecanismos financieros, incluyendo las cuentas bancarias, registros contables…Odebrecht demanda al Estado, pero la Procuraduría no anula el acuerdo, como estaba previsto en caso de incumplimiento.

En lo político sobran también las paradojas: el PRD y medio PLD que pretenden imponer el padrón abierto para elección primaria simultánea todos los candidatos  de todos los partidos, a cargo de la Junta Central Electoral, pero quieren quitar el voto preferencial para el nivel municipal por considerar que sería imposible de materializar al tratarse de 3,900 cargos. Aunque en la elección nacional habría que contarle sus votos a un candidato por cargo y partido, en la primaria serían el triple.

Una paradoja más: con todos los déficits en la distribución de la energía, que han implicado miles de millones de dólares de subsidio durante los últimos 15 años, en ese mismo período la estatal Edesur ha pagado 300 mil dólares mensuales, equivalentes a 3.6 millones anuales y a 54 millones de dólares en ese lapso por el alquiler de un edificio. Se ha renovado tres veces el contrato original, cuando desde el principio se debió tomar un préstamo -ese sí justificado- para construir las oficinas. Con esa suma las tres distribuidoras estatales de energía tendrían edificio propio. Ahora siguen pagando.

Y la final: Con casi tres décadas de discurso anti haitiano, rebosante de odio y discriminación, con tanto canto soberanista, se sigue denunciando el incremento de la inmigración de los vecinos. Aunque la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2012 demostró que el mayor flujo se produjo en los cinco años anteriores, cuando los adalides del ultra nacionalismo controlaban la dirección de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras.

Más paradójico todavía es que se sigue proclamando que esos haitianos “despojan” a los dominicanos de los empleos, como si ellos mismos se auto contrataran, para no encarar la responsabilidad de los gobiernos, los empresarios y hasta las personas individuales que prefieren que hayan muchos disponibles, para sobreexplotarlos, con bajos salarios, sin seguridad social ni prestaciones laborales.-

                                               

La continuidad de Maduro bloquea la solución de la crisis de Venezuela

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El adelanto de la elección presidencial al 8 de abril previendo mayor desguañangue económico, se constituye en círculo vicioso al bloquear la posibilidad de participación de la oposición, lo que profundizaría la crisis y el aislamiento de Venezuela  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El diálogo entre el gobierno de Venezuela y su oposición política que se efectúa en Santo Domingo desde marzo del 2016 pende de un hilo, zarandeado por el adelanto de la elección presidencial para el 8 de abril y el desconocimiento de las principales organizaciones políticas y su coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Con una crisis económico-social que se agrava cada día Nicolás Maduro intenta atribuirse otros seis años de gobierno adelantándose al mayor desguañangue que se vaticina para este año, pero dejando pocas posibilidades de participación decorosa a sus opositores, lo que implica un círculo vicioso de ilegitimidad y aislamiento internacional.

Casi dos años de “diálogo”

            Desde marzo del 2016 se celebran rondas de negociación en Santo Domingo entre representantes del gobierno y la oposición venezolana, y desde entonces todo lo que ha hecho el régimen de Nicolás Maduro es adoptar decisiones políticas que contradicen el mínimo espíritu de concertación y de búsqueda de acuerdos políticos. Primero fue con la mediación  de los expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, de España, Panamá y República Dominicana.

En septiembre pasado Fernández y Torrijos fueron relevados sin explicaciones por el presidente Danilo Medina, quien paree haber tomado la mediación como un desafío personal, dedicándole mucho tiempo, lanzando un salvavidas agradecido al gobierno venezolano por su generosidad petrolera, cuando casi toda la región, Estados Unidos y Europa aislaban progresivamente el régimen. Pero  todavía no han logrado acuerdos mínimos para paliar la crisis.

Tras las últimas rondas de negociaciones en los dos últimos meses, las delegaciones de las dos partes volvieron a Caracas el miércoles con las manos vacías, aunque la gubernamental ha querido vender la idea de que ya lograron un “preacuerdo”, porque se firmó un acta de la última sesión donde se consignan algunos avances; los opositores lo niegan diciendo que faltan asuntos medulares, como las garantías para una elección competitiva y transparente, rechazando que eso pueda ocurrir en dos meses. Sin buscar consenso en la mesa del diálogo, la Asamblea Constituyente de Maduro y un dependiente Consejo Nacional Electoral, procedieron esta semana a fijar la elección presidencial para el 8 de abril.

A Dios rogando y golpeando

            La crisis política venezolana tomó un rumbo abismal a partir del 6 de diciembre del 2015, cuando la oposición, agrupada en la MUD ganó dos terceras partes de los diputados para integrar la Asamblea Nacional, y de inmediato los líderes opositores anunciaron que apelarían al referendo revocatorio constitucional del mandato de seis años  que había ganado Nicolás Maduro el 14 de abril del 2013, cuando obtuvo el 50.6 por ciento de la votación, contra 49.4 del opositor Henríque  Capriles de la MUD.

En marzo del 2016 se inició la mediación de Rodríguez Zapatero, Torrijos y Fernández. Durante meses los órganos electorales controlados por el gobierno obstruyeron toda posibilidad del referéndum, y evadieron celebrar las elecciones de gobernadores y municipales que correspondían a fines de ese año, mientras la oposición optaba por la confrontación en las calles, que alcanzó su punto de ebullición a mediados del 2017, con más de 100 días de violencia callejera, con muertos, heridos y presos políticos, y posteriormente una hégira hacia el exterior de cientos de miles, impulsados por el deterioro económico y la escasez de productos básicos, incluyendo alimentos y medicinas.

El régimen de Maduro hizo patente el antiquísimo predicamento de “A Dios rogando y con el mazo dando”, pues en medio de la confrontación violenta y sin ofrecer garantías mínimas de imparcialidad, y desconociendo el intento de diálogo, convocó a una elección de Asamblea Nacional Constituyente el 30 de julio del 2017, a la que no concurrieron los partidos opositores. El objetivo era reformular la Constitución, pero en la práctica sustituyó la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Ya después de la segunda etapa del intento de diálogo, con el presidente Medina a la cabeza, el régimen celebró las elecciones de gobernadores y municipales sin concertación política, ha desconocido a los principales partidos de oposición, privando a la MUD del derecho a postular como coalición, y finalmente adelanta unilateralmente  la elección presidencial.

Una oposición sin rumbo

Resulta patético que mientras la crisis económica y social, con grave inseguridad por una de las más altas tasas de homicidio del mundo,  alcanzaba niveles insostenibles, y el régimen quedaba casi aislado mundialmente,  la oposición venezolana haya dado múltiples muestras de ineficiencia y de incapacidad para cohesionarse. Primero desafiaron temerariamente al régimen y éste logró conjurar el zarandeo de las calles y algún éxito en dividirla o neutralizarla, incentivando las ambiciones de unos y reprimiendo a otros.

Con evidente inconsistencia y disensiones la oposición ha estado en la segunda etapa del diálogo en Santo Domingo, dando lugar a abusos como el cometido por el gobierno al atribuirle a sus delegados haberle suministrado la información que le permitió localizar y ejecutar al policía rebelde Oscar Pérez y cinco compañeros el 15 de enero pasado, sin atender a su documentada decisión de entregarse. Esa maledicencia debió ser suficiente para, por lo menos, suspender el diálogo por algunas semanas, pero siguieron adelante, y ante tantas debilidades, el gobierno prosiguió golpeándola y tomando decisiones fundamentales de forma unilateral.

La oposición parece resistir las últimas embestidas, lo que ha dejado en un hilo el diálogo que impulsa el gobierno dominicano, con el retiro de los cancilleres “acompañantes”  de México y Chile. Centrados ahora en la fecha de la elección presidencial, que estaba prevista para el último trimestre del año, Maduro bien pudiera ceder por un par de meses y en vez de abril llevarla a junio. Pero habrá que ver si el interés electoral de algunos opositores los lleva a concurrir sin suficientes garantías para todos, sin un consejo electoral independiente ni arbitraje internacional. Están pendientes también los reclamos de restitución de los poderes de la Asamblea Nacional y liberación de presos políticos, aunque en esta materia logró para Navidad algunas concesiones, cuando una treintena fueron excarcelados.

En un círculo vicioso

El régimen de Nicolás Maduro, sin el carisma de Hugo Chávez, ni la bonanza petrolera, ha evolucionado a la dictadura en la medida en que la crisis económica lo ha puesto en jaque, con dos años seguidos de descrecimiento económico de 14 y 15 por ciento, proyectado al 16 por ciento este año. La inflación, del 2 mil 400 por ciento el año pasado, es proyectada por el FMI para este 2018 a un increíble 13 mil por ciento, por los elevados déficits, la desconfianza y el aislamiento internacional.

El desabastecimiento de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad marcan la pauta de los venezolanos, excesivamente dependientes durante décadas de la riqueza petrolera, con las mayores reservas  de hidrocarburos del mundo, y aunque los precios del petróleo han repuntado sobre los 64 dólares el barril, no se espera que vuelvan a los niveles que sustentaron las políticas asistencialistas y las relaciones internacionales del chavismo, con varios años entre 80 y 139.83 dólares, máximo a que llegaron en el 2008, y se mantuvieron sobre los 100 dólares en el periodo 2011-14, para bajar hasta 27.76 en el 2016. La falta de inversión y renovación de la industria ha conllevado una caída de la producción a niveles de 1990.

Con una tasa de homicidios de 89 por cada 100 mil habitantes (más de 26 mil en el 2017), Venezuela es también uno de los países, sin guerra, más violentos del mundo.

El régimen queda cada vez más aislado, con sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, la activa desaprobación del “Grupo de Lima”, que incluye a los 18 países más grandes del continente, fuera de Bolivia y Ecuador, y hasta a antiguos socios de Unasur,  y con arrebatos como la expulsión del embajador de España. Y Venezuela luce atrapada entre la ambición continuista de Maduro, la incoherencia de la oposición y la crisis económico-social. Una reedición cuestionada del régimen no promete más que la prolongación de una agonía que tropezará con una salida violenta, porque a ese ritmo no resistiría otros seis años.-

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La última de Maduro

 “Ya todo lo que se iba a hablar se habló, o firmamos o firmamos. Y nosotros vamos a ir a las elecciones, con o sin ustedes”, dijo ayer el presidente Maduro durante el acto en el que fue proclamado como candidato presidencial del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dirigiéndose a la oposición y aludiendo al diálogo en Sano Domingo.

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Las tierras del CEA siguen generando conflictos, ahora las del ingenio Haina

9874598745Una coalición del Consejo de Desarrollo de Haina, con  organizaciones sociales, apoyada por el ayuntamiento y legisladores pone difícil la aprobación en el Congreso de la venta de 168 mil metros cuadrados, que reclaman para obras comunitarias  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Se ha fortalecido en las últimas semanas la oposición de la comunidad de Haina a la venta de los terrenos donde operó la factoría de lo que fuera el mayor ingenio azucarero de la región, contratada por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) con un consorcio agroindustrial a 1,200 pesos el metro cuadrado, que consideran debajo de su actual valor.

La oposición de la comunidad, que esta semana marchó por las calles, pone difícil a la Cámara de Diputados sellar una venta que ya el Senado aprobó sin vistas públicas, cuyos orígenes datan del 2010, más aún cuando los compradores, tienen arrendados esos terrenos desde el 2002, involucrando los tres últimos gobiernos.

Tirados al medio de la calle

            La falta de información y transparencia podría jugarle una mala pasada tanto al CEA como a los compradores, la Terminal Granelera del Caribe (TEGRA), integrada por un consorcio agroindustrial, pues los dirigentes  del Consejo de Desarrollo Integral de Haina, y los comunitarios están convencidos de que los terrenos incluyen áreas habitadas por miles de personas, aunque sin precisiones. Pero creen que las 14 parcelas que abarcan el distrito catastral 8 del municipio Bajos de Haina, no están claramente deslindadas.

Tanto en los ámbitos del CEA como de la empresa compradora, se asegura que existe el deslinde y que no incluye ninguno de los barrios del municipio de 124 mil habitantes para el censo del 2010, uno de los de mayor densidad poblacional e industrial del país, que alberga uno de los dos mayores puertos nacionales, la refinería de petróleo, tres plantas eléctricas en operación, dos zonas francas y un parque industrial.

Aunque el contrato data del 2010 y fue aprobado por el Senado en diciembre del 2014, los dirigentes sociales dicen que se enteraron cuando fue puesto en la agenda de  la Cámara de Diputados. Desde entonces crece la oposición que esta semana incluyó una marcha de miles de residentes. Además del Consejo de Desarrollo se han unido en la protesta el alcalde municipal y el Consejo de Regidores, sindicatos, asociaciones de comerciantes, la coordinadora de las juntas de vecinos, el Consejo de Pastores Evangélicos y la Asociación de Profesores. Legisladores y dirigentes políticos locales han acogido los reclamos comunitarios, demandando por lo menos información que disipe los temores.

El valor de los terrenos

Entre los argumentos que sustentan la oposición se cuenta la convicción de que los terrenos donde operó durante décadas la factoría industrial del ingenio Haina, con extensos almacenes, tanque de agua y una franja de acceso al muelle, valen más de los 1,200 pesos el metro cuadrado en que están contratadas las 8 parcelas que totalizan 168 mil metros.

Luis Carrasco, un abogado, comerciante y experto en bienes raíces, quien trabaja para dos conocidas inmobiliarias, está en la coalición que denuncia la venta. Entrevistado  por Teleantillas estimó el valor del terreno donde están estuvo la molienda azucarera, con  sus almacenes y acceso al puerto en unos 150 dólares el metro cuadrado, lo que lo elevaría a unos 7,200 pesos. Estimaciones más conservadoras hablan de entre 80 y 100 dólares.

El valor sería menor en agosto del 2011 cuando el presidente Leonel Fernández autorizó la venta, y llamó la atención que en el poder se fijara el precio de 1,200 pesos por metro,  o todavía en el 2012 cuando el director del CEA, Enrique Martínez Reyes, firmó el contrato, enviado al Congreso en el 2014 por el presidente Danilo Medina.  La TEGRA tenía arrendados los terrenos desde el 2002, por autorización del presidente Hipólito Mejía, a razón de 300 mil dólares anuales, con un incremento de 2.3 por ciento por año.

A la firma del contrato la TEGRA pagó 129.2 millones de los 202.5 millones de pesos de la venta, y se comprometió a otros dos pagos de 36.6 millones de pesos en el 2012 y 2013.  El contrato consigna que en caso de no aprobación congresual la vendedora se obliga a devolver lo cobrado.

Para obras comunitarias

            Además de los temores de que las parcelas en venta incluyan zonas habitadas, como ya ha ocurrido en otras operaciones inmobiliarias del CEA, y en el barrio Los Tres Brazos por la CORDE, y de la convicción de que están subvaloradas, la comunidad de Haina tiene otra causa pendiente con TEGRA: contaminación ambiental certificada por Angel Brea, el director provincial de Medio Ambiente. El olor ambiental es nauseabundo y derrames de materias primas, aguas con desechos industriales y polvillo, son focos de atracción de insectos, comprobables a simple vista.

El abogado Víctor Manuel Báez, quien presidente el Consejo de Desarrollo Integral de Haina, viene denunciando la situación hace tiempo y la comunidad es sensible a los altos niveles de contaminación que se han detectado en Haina, tanto  que hasta el 2013 el Instituto Blacksmith de Nueva York, que vela por un planeta limpio, la mantuvo inscrita entre las 10 ciudades más contaminadas del mundo. Ese año la sacó de las primeras, tras  esfuerzos de sectores industriales, pero aún prevalece alta contaminación en la zona.

Para Báez lo que procede es que esos terrenos sean destinados a obras comunitarias que requiere Haina, como un hospital un instituto politécnico y área de esparcimiento, como parques. Esa aspiración choca con los intereses creados por más de 15 años por TEGRA, que importa por el puerto local materia prima para la producción avícola y porcina de varias empresas accionistas, producción de aceite y otros renglones. Sus costos de desembarque son más baratos por la rapidez con que una correa transporta la materia prima de los barcos a los viejos almacenes del CEA, con nuevos techos. La empresa dice que ha invertido unos 40 millones de dólares. Alicia Ortega recogió abundante información en su Informe del pasado lunes.

Un gran reparto patrimonial      

Lo que resulta obvio es que este arrendamiento y posterior venta forma parte del reparto del patrimonio del CEA, que en 1987 registraba 3.7 millones de tareas que en su mayoría han sido vendidas subvaloradas, donadas u ocupadas por particulares. No se tomó en cuenta a las comunidades. Por ejemplo en Boca Chica, donde todavía hace poco se vendían parcelas urbanas por decenas de miles de metros cuadrados, no aparecen terrenos cerca de la comunidad para construir un hospital.

En septiembre del 2016 el presidente Medina creó una comisión especial, presidida por el dirigente del PLD Bautista Rojas Gómez, para evaluar las ventas del CEA en plazo de un año, pero al cumplirse solicitó una prórroga por similar período, pues no han podido pasar del examen de la mitad de 42 mil transacciones de ventas y donaciones, que en su mayoría favorecieron a grandes empresas, políticos, legisladores, militares y policías.

El año pasado se denunció que el CEA ha necesitado vender terrenos a cualquier precio para cubrir sus déficits, con una nómina que montaba a 1,684 empleados, en su gran mayoría botellas políticas. En el 2016 sus operaciones inmobiliarias sumaron 536 millones de pesos, pero los gastos de nómina fueron 548 millones de pesos, más 121 millones por “otros gastos personales”.

Tragedias recurrentes

Las irregularidades en las transacciones inmobiliarias del CEA pasan por todos los gobiernos, aunque se han agravado progresivamente, como la corrupción general. Hace una década la asignación de las mismas tierras a una empresa española que arrendó un ingenio de San Pedro de Macorís y a otra nacional, generó enfrentamientos con dos muertos.

Pero el caso más emblemático fue el ocurrido el 14 de febrero del 2017, cuando un individuo desesperado porque había pagado por unos terrenos que ya el CEA había vendido a otro, irrumpió en una cabina radiofónica y mató a balazos a dos comentaristas de un popular programa, también en Macorís. El victimario fue perseguido por la policía y luego se dijo que se había suicidado, aunque fueron públicas las sospechas de que lo ultimaron posra que no testificara.

Con todo, una comisión presidida por el Consultor Jurídico de la Presidencia comprobó que el matador había sido timado por ejecutivos del CEA, pero fuera del relevo del director y del encargado de la inmobiliaria, nada más ha ocurrido. La impunidad es norma nacional en todos los renglones.

Otra tragedia ocurrió el 24 de septiembre pasado, cuando varios centenares de agentes policiales irrumpieron en el barrio Cerros de las Américas, erigido por ocupantes de terrenos del CEA desde hace más de una década, para desbaratar viviendas a las 3 de la madrugada de un domingo y día de festividad religiosa. Un teniente de la fuerza aérea, residente allí, Mateo Ogando, fue muerto en el operativo, y otros tres residentes, incluyendo a una menor, resultaron baleados. Todavía se espera que se informe qué juez o autoridad dispuso ese desalojo de madrugada, y quién es el interesado en las tierras, con mayor valor ahora por la cercana construcción de la “Ciudad Juan Bosch”,-                

La cultura del continuismo

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     Por Juan Bolívar Díaz

            Son muchos los que preguntan por qué es tan arraigada entre los dominicanos la cultura del continuismo político que se extiende a otros ámbitos en la historia nacional, afectando al sindicalismo, sin dejar de expresarse hasta en el beisbol, donde figuras legendarias han rehuido el retiro hasta que virtualmente les han dado el portazo en las organizaciones deportivas.

El mayor ejemplo del retiro todavía en momentos de gloria, sin dar pena al someterse a la decadencia, fue David Ortiz. Andan por ahí notables empresarios que reconocieron el imperio del relevo, organizaron sucesiones empresariales y familiares, y ahora se permiten el disfrute que no pudieron tener en los años de responsabilidades.

El continuismo propiamente dicho, se manifiesta en el poder político, y no sólo en los que alcanzan la presidencia de la nación, sino también en el liderazgo de los partidos grandes y pequeños, donde predomina el criterio de que “el poder no se cede” y se cierran al placer de convertirse en líderes propulsores de renovación generacional.

Pero es en la presidencia de la República donde el continuismo alcanza el paroxismo. Es la razón por la que casi todos los dominicanos que concluyen un período de gobierno, han intentado la continuidad a cualquier precio, con las excepciones de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, por haber sido fruto de un partido liderado por un firme antireelecionista, el doctor Francisco Peña Gómez. Hipólito Mejía se erigió presidente bajo la herencia mítica dejada por Peña Gómez, y cambió el curso de su partido y el precepto constitucional que prohibía la reelección,  para ser el único en la historia nacional en fracasar en el intento.

La cultura continuista explica que sólo 7 presidentes hayan gobernado 111 años, dos tercios de la vida republicana, excluyendo los 8 años de dominación norteamericana del 1916-24, y contando los dos períodos que agota Danilo Medina. Trujillo y Lilís bajo signos de la tiranía se anotaron 44 años, en las cuasi dictaduras de Santana, Báez y Balaguer se fueron 47 años, y Leonel y Danilo están agotando 20 bajo rígido control de casi todos los poderes del Estado.

Hay quienes postulan que el continuismo es de la naturaleza humana, pero cuando se pasa balance sólo en contados países, generalmente sin instituciones democráticas, algunos han gobernado 8 períodos como Trujillo, 7 como Balaguer (incluyendo el breve 1961-62 y el reducido 1994-96),  cinco como Báez, o tres como Lilís y Leonel. Y no son pocos los que ya abogan porque Danilo busque su tercero, o los que creen que lo intentará, aunque tenga que atropellar otra vez la Constitución de la República.

En la región centroamericana apenas tres o cuatro han conseguido un segundo período de más de sesenta que han gobernado en el último medio siglo. Aparte de los dominicanos, sólo Daniel Ortega en Nicaragua,  Hugo Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia, logrado tres períodos  en todo el continente, con dominio casi absoluto de los poderes del Estado. Alberto Fujimori se impuso para un tercero en Perú pero tuvo que huir pocas semanas después.

Lo relevante es que la inmensa mayoría sólo gobierna un período y se retiran o los retiran felices, incluso abandonando la actividad política. Entre nosotros eso parece imposible. También porque la cultura continuista está arraigada en la población general, que devota de los que llegan al poder, contribuyendo a que se conviertan en imprescindibles redentores, líderes salvadores, constructores del progreso de un país que sigue entre los diez  más pobres del continente, no sólo en riqueza, sino de instituciones democráticas.

La pregunta que más bulle en los dominicanos en este comienzo de año es si Danilo Medina se está preparando para romper ese maleficio y retirarse en el 2020 acatando el imperio de su propia Constitución, o si quedará atrapado en la cultura del continuismo a cualquier precio.-

 

 

La Marcha Verde debe seguir sin cansarse ni sobrestimarse

La Marcha Verde afronta el desafío de seguir acumulando fuerza con metas realistas, consciente de que doblegar la corrupción y la impunidad no es cuestión de meses, controlando a los que se desesperan y a quienes subestiman el poder gubernamental  

Por Juan Bolívar Díaz

El movimiento Marcha Verde (MV), reconocido como el acontecimiento político-social más impactante del año pasado, tiene su primer desafío del 2018 el próximo domingo 28 con una concentración ante el Palacio Nacional llamada a demostrar que, al cumplir su primer aniversario,  no se ha extinguido como anhelan y pregonan los voceros del gobierno.

Para entonces los líderes del movimiento contra la corrupción y por el fin de la impunidad tendrán que presentar demandas concretas con metas alcanzables progresivamente y fomentar la conciencia de que vencer las resistencias de un sistema político profundamente corrompido no es cuestión de meses, probablemente años, aún con la incorporación de múltiples segmentos sociales.

La convocatoria al Palacio

Una asamblea nacional de la MV impuso una meta muy alta para comenzar el 2018, después de una pausa de meses en sus exitosas movilizaciones por gran parte del país, como es la de reunir una significativa concurrencia ante la sede del gobierno que se da por hecho que tendrá un cerco policíaco militar capaz de disuadir a una proporción de los inconformes.

Hubiese sido mejor inversión repetir la marcha con que arrancó el movimiento el 22 de enero del 2017, la cual partió de la confluencia de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez hasta el Altar de la Patria, pasando por el costado norte del Palacio Nacional, para demostrar que ahora son muchos más los que sustentan la lucha contra la corrupción y por el fin de la impunidad. Pero predominaron los “más vigorosos” que ya para la marcha del 16 de julio querían ir hacia la sede del gobierno, y luego proponían una ruta de 12 kilómetros, a la Plaza de la bandera en la avenida Luperón, inalcanzable para las mayorías.

La concentración del 28 está prevista para la confluencia de la avenida México y 30 de Marzo, con tribuna de espalda al Palacio, conscientes de que las autoridades establecerán límites que tendrá que acatar una movilización ciudadana pacífica y ordenada, que convoca hasta a los niños, y le obligará a invertir recursos humanos para evitar y evadir provocaciones que degeneren en algún incidente para buscar su descrédito. El gobierno, que ha evadido confrontar abiertamente el movimiento no puede exponerse a una represión que potencie la protesta, pero sus bocinas intentarán meter miedo para reducir la participación.

Seguir acumulando fuerza

No hay dudas de que la MV logrará una gran concurrencia el 28, cuando deberá presentar la agenda para el 2018, que diseñó en los foros regionales de noviembre y diciembre pasados.  Lo que correspondería es proseguir la acumulación de fuerza manteniendo las características que le han dado impacto, de movimiento ciudadano pacífico y ordenado, de amplio espectro social, apartidista, de un gran liderazgo horizontal, sin protagonismos individualistas,  que convoca a todos los preocupados por el nivel que ha alcanzado la corrupción y la impunidad que la incentiva.

Los que pretenden milagros a corto plazo se muestran insatisfechos de los resultados del primer año de la MV, aunque la mayoría de sus líderes están conscientes del impacto logrado, posicionando la preocupación por la corrupción y la impunidad en el primer plano del debate nacional en todos los medios de comunicación, en las redes sociales y en las tertulias cotidianas. La concentración evangélica del día de año nuevo y la pastoral de los obispos dominicanos de esta semana podrían ser fruto de la esencia de la movilización ciudadana. La orden de los Jesuitas difundió un video exhortando a proseguir la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Es obvio que el  gobierno y sus sustentadores han apostado a que la población se canse de marchar, guardando silencio frente a la movilización y sus demandas, pero no han podido dejar traslucir sus temores de que alcance mayores dimensiones, sobre todo cuando tiene pendiente en lo inmediato documentación de las acusaciones por el escándalo Odebrecht y salida de la incierta situación de las polémicas plantas de carbón, cuya finalización está afectada por la demanda de  708 millones de dólares adicionales para una obra considerada sobrevaluada desde su inicio.

Hay quienes se desesperan y preguntan si la MV podrá alcanzar su objetivo fundamental. Y la respuesta es que lo peor es darse por vencido o pretender que toda una cultura de corrupción puede ser desarraigada en cuestión de meses. El éxito de la lucha por la aplicación de la ley del 4% del PIB para la educación fue fruto de la persistencia de la movilización ciudadana durante varios años y era más fácil que poner límites a la corrupción y la impunidad.

Un programa aglutinante

La MV tendría que darse un programa que  siga convocando la ciudadanía, acentuando didácticamente la iniquidad de la corrupción y sus perjuicios, sobre todo para los sectores sociales excluidos y los más carenciados, que no han predominado en el movimiento de perfil de clases medias.            Es fundamental proponerse metas alcanzables que no generen frustración, y aún si no se consiguen, que  mantengan la indignación. Las propuestas que luzcan ambiciosas, en vez de sumar, desalientan a las mayorías adormecidas en los últimos tiempos por políticas de desmovilización y de cooptación de la dirigencia social, tanto en los niveles populares, como en los sindicales, gremios profesionales y empresariales, medios de comunicación, periodistas, artistas e intelectuales.

Como la MV no es un partido que pretenda el poder para transformar el país, sus metas tienen que estar vinculadas al combate de la corrupción y la proscripción de la impunidad, tanto de corto como mediano y largo plazo, enfatizando un calendario de prioridades.

En lo inmediato debería exigir que el 7 de febrero, al término del plazo de 8 meses, para fundamentar acusaciones por los sobornos del escándalo Odebrecht, la Procuraduría General presente las investigaciones realizadas en el país, independientemente de los vagos testimonios obtenidos en Brasil. También para que procese a todos los implicados, que presente la correspondiente investigación de las denuncias de sobrevaluaciones de las obras y del financiamiento político y que no se pague un peso más por las plantas de carbón.

Otras demandas inmediatas deben dirigirse al presidente Danilo Medina para que desbloquee la aprobación de las urgentes leyes del Régimen Electoral y de partidos, enfatizando los aspectos llamados a reducir la corrupción, como el alto costo de las campañas electorales sin controles ni sanciones, que auspician el abuso de los recursos estatales, la incursión de dinero mal habido, el rentismo empresarial y el culto al clientelismo que manipula la conciencia de los pobres.     De mediano y largo plazo

            En los próximos meses empieza la renovación de órganos como el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, que deben tener la atención de la MV por cuanto inciden en el control de la corrupción política y derechos ciudadanos. Sin descuidar el seguimiento firme al rosario de decenas de escándalos de corrupción pendientes de esclarecimiento y sanciones,

            El programa de la MV tendría que implicar metas de mediano y largo plazo, como las reformas institucionales para dar vigencia a la independencia de los poderes del Estado, especialmente de la justicia y el ministerio público, y para constituir los órganos de control del Estado, desde la Suprema Corte y la Junta Central Electoral, hasta el Tribunal Superior Electoral, Tribunal Constitucional,  Cámara de Cuentas y Defensoría del Pueblo. Y para que el Congreso cumpla su función fiscalizadora, sin barrilitos ni cofrecitos.

Estas metas son de mediano y largo plazo por cuanto implican una reforma constitucional que no saldrá de un Congreso controlado plenamente por el mismo partido gobernante, pero son fundamentales para la regeneración institucional y el control de la corrupción y de la persistente impunidad. Todo eso es más aglutinante que la petición de renuncia y/o de juicio político al presidente Medina, cuando éste tiene bajo absoluto control todos los órganos del Estado.

Ni subestimar ni sobrestimar

            Los sectores incidentes en la MV tienen que tener en cuenta que el PLD ni su gobierno cederán nada si nl se ven obligados, para lo cual al movimiento y a la oposición política partidista les falta acumular mucho más fuerza, evadiendo la confrontación con acciones que, como un paro general que algunos acarician, sólo servirían para alejar sectores que apenas empiezan a caminar.

Algunos recuerdan las paralizaciones de los ochenta y noventa, pero olvidan que las promovían los sectores sindicales y populares, y estuvieron siempre acompañadas de coerción al comercio y los transportistas, con obstrucción de calles y carreteras, quemando gomas y árboles, y que nunca lograron cambios significativos.  Métodos que desnaturalizarían los pacifistas de la MV que han movido hasta a las monjas con todo y hábitos y a sectores empresariales.

A atletas que apenas comienzan a caminar no se les puede proponer que salten obstáculos o emprendan maratones, sin riesgos de que se sienten o se lesionen. La dirección de la MV ha tenido éxito en contener a los más entusiastas que sobrestiman sus propias fuerzas y subestiman las de un gobierno con amplio control político y social. También a quienes pretenden convertirla en partido político, desconociendo que ahí mismo empezaría a dividirse y reducirse, porque en ella participan militantes de una decena de grupos partidistas que no han pido concertar y menos unirse.

La coyuntura electoral

Los dirigentes de MV tienen también que seguir conteniendo las corrientes anti partidos, propias de coyunturas revolucionarias donde las masas se imponen a todo costo, lo que está lejos de la realidad. Su éxito dependerá de la persistencia en sus objetivos, como fue el caso del movimiento  por el 4% del PIB para la educación, que logró imponer su meta en la campaña electoral del 2012, por su capacidad para negociar con los partidos, incluyendo al de gobierno.

A menos que se produzca un desbordamiento de masas o un abrupto descalabro económico, que no están en el horizonte del corto plazo, el punto de inflexión para la Marcha Verde será la coyuntura electoral del 2020. Si llega con mayor fuerza  podría obligar a los gobernantes a acoger sus reclamos, o a los partidos opositores a levantarlos en un amplio frente. Si ninguna de estas dos alternativas operan, entonces, y sólo entonces, pudiera nacer alguna opción política nueva.     Pero que nadie sueñe con programas revolucionarios ni ambiciosos, pues la coyuntura nacional ni la internacional parecen ni remotamente propiciarlos. Un proyecto de transición democrática que revierta el deterioro institucional, con respeto de la Constitución y la leyes, que contenga la corrupción, la impunidad y la carrera insostenible de endeudamiento y que mejore las políticas sociales y promueva equidad, sería una revolución en las circunstancias actuales.-

Contundente álbum de la corrupción agravada cada año por la impunidad

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El partido Alianza País acaba de publicar un contundente álbum de la corrupción y la impunidad, muy superior al del PLD de 1981 y que se inscribe en los más recientes informes de Participación Ciudadanos “20 años de Impunidad y “La corrupción sin castigo”  

Por Juan Bolívar Díaz

         El Partido Alianza País (AL País) acaba de publicar un contundente álbum de la Corrupción que supera con creces el de “Vanguardia del Pueblo”, el periódico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en 1981 y se inscribe en la línea de los más recientes  informes de Participación Ciudadana “20 Años de Impunidad” y “la Corrupción sin castigo”.

La verificación gráfica de la magnitud de los casos de corrupción de los últimos años evidencia la cada vez más complicada trama de corrupción que afecta la sociedad dominicana y el nivel de impunidad predominante a pesar de que crece en la población la consciencia sobre su impacto en la pobreza material y en la institucionalidad democrática.

Valioso documento gráfico

                  El vocero oficial de Al País, “El Aliancista” dedica sus veinte páginas tabloides bajo el título “20 años de corrupción e impunidad” a recopilar más de 50 escándalos de corrupción de dos décadas que incluyen varios  del gobierno del presidente Hipólito  Mejía 2000-04, pero la mayoría de los tres períodos del presidente Leonel Fernández y luego de los dos que agota el presidente Danilo Medina.    Los escándalos más antiguos en que se detiene la publicación son los de las sobrevaluación denunciada en la construcción del aeropuerto La Isabela, el Programa de Empleos Mínimos Estatales (PEME) y desfalco en el Banco Agrícola en el primer gobierno de Fernández. Luego los del período de Mejía: tarjeta de Pepe Goico (Pepegate), en Autoridad Portuaria, el Instituto de la Vivienda y el Plan de  Renovación de Vehículos (Renove).

Del período de 8 años de Fernández (2004-12) son la mayoría: en la Liga Municipal, Lotería Nacional, direcciones de Migración, Pasaporte e Instituto de Recursos Hidráulicos, desfalco aduanal en Santiago, los mayúsculos de la Sun Land y los aviones Tucano, la construcción de polideportivos del Ministerio de Deportes, las sobrevaluaciones en los parqueos de la UASD, de Bellas Artes, los vagones del metro, en la OTTT, Ministerio de la Juventud,  y 29 empresas encubiertas de Diandino Peña.

De los gobiernos de Medina se incluyen los referentes a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), la venta de Los Tres Brazos, la tragedia del CEA en San Pedro de Macorís, la de OMSA y asesinato del abogado Juniol Ramírez, la tecnología de la Junta Central Electoral,  y el malecón de Nagua. Espacios especiales tienen el escándalo de Odebrecht, la contratación de las plantas de carbón, el déficit fiscal del 2012 por 153 mil millones de pesos, la Fundacion Global, los barrilitos y los cofrecitos de los diputados.  Muchos de ellos documentados en auditorías de la Cámara de Cuentas, todos impunes, excepto el Plan Renove,  aunque ampliamente dilucidados en los medios informativos.

El Album de la Corrupción              

El PLD hizo historia en 1981 con la publicación de su “Album de la Corrupción”, referente sólo a los tres primeros años del gobierno del presidente Antonio Guzmán, en los tiempos en que ese mal social formaba parte de su credo político. Cuando se le revisa resulta “un juego de niños” comparado con la magnitud de los escándalos denunciados en sus gobiernos, algunos que han envuelto hasta 130 millones de dólares como el de Sun Land, o las aún no cuantificadas sobrevaluaciones, sobornos y financiamientos electorales de Odebrecht por miles de millones de pesos..

Lo más relevante fueron las fotografías de tres residencias construidas por el vicepresidente Jacobo Majluta, el secretario sin cartera Lorenzo Sánchez Baret y el secretario particular de Peña Gómez, Aridio García de León, con inversión, según el periódico, de $475 mil, 250 mil pesos, y más de cien mil pesos, respectivamente. Resalta que una auditoría reveló que el síndico del DN Pedro Franco Badía gastó 673 mil pesos en asistencia social entre 1977 y 1981, con interés de promoverse.

Como “Fraude escandaloso” indica que Frank Desueza Fleury, director del IDSS, efectuó compras por 550 mil pesos, cuando solo le habían autorizado 235 mil, para favorecer a 7 empresas en detrimento de otras 6. A Gustavo Sánchez Díaz, quien después sería aceptado en el PLD, le endilgan como corrupción haber hecho donaciones por 203 mil pesos en los 3 años que dirigió el INESPRE.

Al vicepresidente Jacobo Majluta y su hermano Freddy que después sería aliado y funcionario del PLD les dedican las páginas centrales del álbum. Al primero le endilgan que como director de CORDE había donado más de $92 mil a 160 personas que no eran empleados, en sumas que oscilaban entre $200 y $4,000. También que gastó $116 mil para imprimir calendarios donde aparece en fotografía con el Papa y otros $28 mil para hacerse 200 mil fotografías a color para promoción política.  A Hipólito Mejía, que como secretario de Agricultura hizo compras de fertilizantes de forma irregular  por 10 millones de pesos, entre ellas a la empresa Fuerza Agrícola a la que estaría vinculado, sin aportar pruebas.

Un referente por años

El album de Vanguardia del Pueblo fue de ocho página y tuvo una tirada de 100 mil ejemplares que se distribuyeron en las  calles y durante años quedaría como un referente de las denuncias de corrupción. Su análisis pormenorizado revela una carencia de documentación, incluyendo como corrupción programa de asistencia social que realizaba la entonces  Secretaría de Salud Pública entre apenas cientos de indigentes. Origen de los  programas asistencialistas por miles de millones de pesos en los gobiernos del PLD.

Llegaron al extremo de calificar de “repartidera” el gasto de 260 mil pesos del Fondo de Asistencia Social de Salud Pública, documentando cheques de 500 y 600 pesos. Y hasta dos cheques a un restaurante por 454 y 329 pesos, y siete cheques que pagaron dietas entre 200 y 610 pesos a seis funcionarios por viajes al interior de entre dos y cinco días. Denunciaron como “imperdonable derroche” una remodelación del palco presidencial del Estadio Quisqueya por 175 mil pesos, donde los gobiernos del PLD han invertido cientos de millones de pesos en sucesivas remodelaciones y ampliaciones.

En 8 páginas el vocero del PLD incluyó otros casos menores de denuncias que  quedaron cortas en relación a corrupción y malversación, por escasa investigación y porque la política no había degenerado a los niveles de las últimas décadas, especialmente por la extensión de las campañas electorales que distraen recursos públicos incuantificables.

Participación Ciudadana

            El movimiento cívico Participación Ciudadana ha dedicado mucho esfuerzo a denunciar la corrupción y la impunidad en sus 25 años de existencia, con decenas de pronunciamientos, resaltando dos libros,  bajo los títulos de “20 años de Impunidad” y “La Corrupción sin Castigo”, y un folleto didáctico sobre el expediente de corrupción presentado por la Procuraduría General contra el funcionario y senador Félix Bautista..

El primero fue publicado en febrero del 2004 y se refiere al período 1983-03, abarcando los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. Registra 227 denuncias de corrupción, de las cuales 185 llegaron al Departamento de Prevención de la Corrupción, de la Procuraduría General, sólo 22 a los juzgados de instrucción, cámara de calificación y cámaras penales, 2 a cortes de apelación y uno a la Suprema Corte. Apenas en 6 casos hubo decisiones judiciales definitivas.

El segundo libro fue publicado en junio del 2014, con investigación de la corrupción del período 2000-13, que incluyó 94 denuncias, pero sólo hubo 8 dictámenes de los tribunales, el más significativo sobre el Plan Renove, por sobrevaluación y favoritismo en la asignación de minibuses financiados por el Estado. Participación Ciudadana figura entre las entidades que han promovido la Marcha Verde contra la impunidad que durante el último año ha sacudido el país, mientras las encuestas señalan ya registran la corrupción entre los mayores problemas nacionales, junto a la delincuencia e inseguridad ciudadana y el desempleo.

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Cómo definía la corrupción el PLD de 1981

Cuando el PLD publicó su Album de la Corrupción el 4 de noviembre de 1981, su líder e ideólogo Juan Bosch estaba en la plenitud de su sus prédicas sobre la ética y la política en función del servicio público. Se le atribuye  haber escrito los dos párrafos siguientes, que fueron la introducción a esa publicación denuncia:

“La palabra corrupción tiene muchas significaciones. Una de ellas es podrido o putrefacto, así como todas las que se derivan de esas dos,  pero en la lengua de los latinos, de la cual pasó a la española, quería decir, y quizás de manera preponderante, no sólo corrompido sino también corruptor, porque el que ejerce la corrupción necesita que alguien sea su cómplice y para conseguir cómplices corrompe a otro como sucede en todos los casos de aprovechamiento del poder sobre el Estado y sus fondos para enriquecerse.

“La corrupción tiene muchas formas, porque no se limita al robo de los dineros que el pueblo le paga al Estado a través de los impuestos directos e indirectos. Se actúa en forma corrupta cuando se sabe que alguien está ejerciendo la corrupción y se le protege con el silencio o se le defiende. Es corrupción usar la influencia que da un cargo público para hacer negocios con el Estado o para beneficiarse de negociantes sin escrúpulos, pero sería también corrupción que nosotros, que no tenemos puestos en el aparato del Estado, nos quedáramos callados ante la ola de corrupción que se ha levantado en el país”.

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Alianza por el derecho a la salud

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Por Juan Bolívar Díaz

Resulta positivo que una treintena de organizaciones sociales y personalidades públicas hayan constituido una Alianza Por el Derecho a la Salud (ADESA), respondiendo a los persistentes problemas de la salubridad nacional, que durante el año recién concluido registró un vergonzoso incremento de las muertes maternas e infantiles, en las que el país ya ocupaba el cuarto y segundo lugar, respectivamente en América Latina y el Caribe.

Esa preocupación debe conectar con el anuncio de la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán, de que a mediados del año estará listo un Plan Decenal de Salud y con el llamado del director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH-SIDA, Víctor Terrero, a una jornada nacional permanente contra la mortalidad materna, que a su juicio debe incluir no sólo a los organismos estatales y los gremios sectoriales, sino también a las organizaciones sociales.

Las estadísticas indican que el año pasado el esfuerzo oficial logró reducir significativamente la incidencia de enfermedades contagiosas como el dengue, cólera, malaria y chikungunya, no así la leptospirosis, pero es relevante que no pudieran combatir eficazmente las muertes materno-.infantiles, aunque fue propósito anunciado por el ministerio de Salud al comienzo del 2017.

A mediados del año pasado, un informe de Unicef colocó al país como el segundo en mortalidad neonatal, y desde años anteriores es el cuarto en mortalidad materna en la Latinoamérica. Las estadísticas de la Dirección General de Epidemiología, del Ministerio de Salud, muestran que el año pasado hubo un crecimiento sobre el 10 por ciento en  muertes maternas e infantiles, Algo que debería avergonzarnos a todos en pleno siglo 21.

No hay manera de desligar esa ocurrencia del hecho de  que mil 400 médicos y 2 mil 500 enfermeras fueran pensionados sin que se hayan designado sus sustitutos, y de que cerca de medio centenar de hospitales de todo el país permanecen severamente afectados por la reconstrucción a que fueron sometidos al mismo tiempo hace al menos cinco años. Entre ellos los dos principales hospitales de maternidad del gran Santo Domingo y los dos mayores de Santiago, incluyendo al materno-infantil. Estamos pagando las consecuencias de la improvisación y el reparto alegre de obras, sin contar con los recursos necesarios. T en casi todos los costos contratados originalmente han sido superados con creces.

Hay que aferrarse a la esperanza de que esta vez, a diferencia del anterior, el Plan Decenal de Salud en proceso de elaboración, resulte lo que fueron programas similares puestos en vigencia para la educción, en cuanto crearon las condiciones que propiciaron el cumplimiento del mandato de la Ley General de Educación de 1997 que dispuso una inversión mínima del 4 por ciento del PIB para ese sector. Todos sabemos que en Salud Pública todavía estamos a menos de la mitad del 5-6 por ciento del PIB que recomiendan para el sector los organismos internacionales especializados y que en esa materia también nos encontramos en la cola regional.

Mientras tanto  se impone que el gobierno cumpla lo antes posible la promesa formulada por el presidente Danilo Medina en su informe del 27 de febrero pasado, de que concluirían las remodelaciones de 56 hospitales. Parece que apenas pudieron terminar unos ocho, y  que en muchos se avanzó muy poco. El gobierno se mostró satisfecho del aumento en las personas incorporadas al Servicio Nacional de Salud, pero de nada vale una tarjeta plástica, sino mejoran los servicios hospitalarios y se evitan los conflictos con los gremios generan frecuentes paralizaciones por asuntos como los salariales, sobre los que ahora se anuncian acuerdos.

Por todo eso resulta positiva la emergencia de la ADESA que el próximo domingo realizará una caminata en plena capital para reclamar los recursos que son urgentes para enfrentar lo que se ha considerado como colapso de los servicios hospitalarios de salud.-

 

 

 

Los grandes retos para el Gobierno, los partidos y la sociedad en el 2018

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 La respuesta judicial al escándalo Odebrecht y la corrupción, la conclusión de las plantas de carbón, el déficit fiscal y endeudamiento, el acato al límite constitucional para la reelección, las reformas electorales y los problemas de salud y seguridad son los mayores desafíos para el gobierno     

Por Juan Bolívar Díaz

            El presidente Danilo Medina afrontará grandes retos institucionales, económicos y políticos en un año que agotará más de la mitad de su gobierno, comenzando con su propia base de sustento partidista sumida en una parálisis por la emergencia de tendencias continuistas que precipitan  una pre-campaña electoral del expresidente Leonel Fernández.

Las limitaciones fiscales, las dificultades para concluir su obra cumbre de las plantas de carbón de Punta Catalina y la respuesta judicial al escándalo de Odebrecht marcan el inicio de un año fundamental para que la oposición política empiece a constituir una alternativa organizativa y con base en las reformas electorales pendientes.

Los primeros desafíos

            Entre los primeros desafíos que enfrenta este año el gobierno está la respuesta al escándalo de corrupción Odebrecht. El 7 de febrero se cumplen los 8 meses del plazo para que la Procuraduría General formalice o amplíe las acusaciones presentadas  a finales de mayo contra 14 implicados en los soborns denunciados por 92 millones de dólares. Aunque el juez Francisco Ortega dictó coerción el 7 de junio, posteriormente la jueza Miriam Germán, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, consideró el expediente cargado de vaguedades o suposiciones.

La generalidad de opiniones de juristas, abogados defensores y comentaristas han coincidido en que el ministerio público se limitó a transcribir las implicaciones caracterizadas por generalidades, que le entregó la justicia brasileña, con notoria ausencia de investigaciones en el ámbito nacional para documentarlas. Lo más objetivo o documentado del expediente fueron el centenar de transferencias de cinco empresas offshore de Odebrecht a dos del dominicano Angel Rondón por 83 millones de dólares. El 21 de diciembre Rondón fue incluido por Estados Unidos en una lista de 15 personas a las que acusa de corrupción o violación de derechos humanos, lo que fue interpretado como aviso de que da seguimiento a las denuncias de Odebrecht ante su justicia.

El gobierno afronta la primera renovación de cuatro de los 13 de los integrantes del Tribunal  Constitucional cuyo  período de 6 años venció en diciembre: Víctor Gómez Bergés, quien por edad debió ser relevado en el 2015, Jottyn Cury David, Leyda Margarita Piña, e Idelfonso Reyes. Con el control mayoritario del Consejo de la Magistratura, será importante hacia qué dirección se inclina el presidente Medina.

La confrontación política

            Con el inicio de la legislatura a fin de febrero, se verá si el presidente mantendrá su empeño en imponer el padrón electoral abierto en la elección de candidatos, que se inscribe en la ruta continuista que se le atribuye, lo que congeló en el Congreso el proceso de aprobación de la Ley de Partidos y la Ley del Régimen Electoral, ambas orgánicas, por lo que requieren dos tercios de los votos.

El tranque ha dejado paralizado al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que no ha podido decidir al respecto. Pasado más de tres meses de la última reunión de su Comité Político el 2 de octubre, donde decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminen sobre si la imposición a todos los partidos de esa forma de elección es inconstitucional, como ya decidió en el 2004 la Suprema Corte de Justicia sobre una ley que la había establecido.

El discurso-informe del presidente ante la Asamblea Nacional, el 27 de febrero, será crucial para despejar la atmósfera política en su propio partido y a nivel nacional, dependiendo de que prosiga o no la ruta de la imposición, lo que mantiene un malestar que abarca la mayoría de los partidos y de las instituciones sociales, y ha disparado la lucha interna a niveles sin precedentes en el PLD.

El mandatario podría seguir guardando silencio sobre lo que es obvio, pero mientras tanto, su contrincante interno, el expresidente de la República Leonel Fernández,  por demás presidente del PLD, aprovechó diciembre para lanzarse al medio de la calle en la búsqueda de apoyo público para una eventual candidatura que Medina no parece dispuesto a avalar. La decisión sacudirá la segunda mitad de su período gubernamental.

Sociedad civil y oposición

            Las dificultades del continuismo en el poder podrían agravarse por efectos externos de repercusión fiscal, como la tendencia alcista del precio del petróleo y la drástica reducción de impuestos decidida en Estados Unidos, que podría generar alzas de intereses.

Está por verse si el Movimiento Marcha Verde logra mantener el vigor que exhibió a lo largo del año pasado, cuando se constituyó en la principal preocupación política para el PLD y su gobierno. La primera prueba será el 28 de enero cuando ha convocado una marcha hacia el Palacio Nacional conmemorativa de su debut el 22 de enero del 2016, cuando sorprendió al país al movilizar a decenas de miles de ciudadanos. Tras una decena de grandes marchas por el país, la última 16 de julio con más de cien mil manifestantes en Santo Domingo, quedó como la mayor demostración de la ciudadanía  dominicana.

La oposición política al régimen peledeísta, debilitada desde los desmembramientos de los tradicionales partidos Revolucionario Dominicano y Reformista Social Cristiano, consumidos por luchas internas e incentivos estatales, afronta este año el desafío de su recomposición a través del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que emergió como alternativa en las elecciones del 2016 con el 35 por ciento de los votos.

El fortalecimiento de la opción PRM depende en gran medida del éxito que alcance el 18 de febrero cuando tendrá su primera votación para elegir sus dirigentes nacionales, municipales y locales con un padrón de casi 500 mil militantes confeccionado en los últimos meses. Si prevalece la voluntad mayoritaria de sus miembros, sin mayores conflictos, se fortalecería como partido de oposición y liquidaría el argumento de que los partidos nacionales no pueden tener un padrón confiable de miembros.

Los problemas de fondo

Las prioridades que ponga en ejecución el presidente Medina a partir de este año  indicarán si asume que está en su último periodo, “y que no podrá postularse jamás al mismo cargo”, como consigna su modificación constitucional del 2015 que le permitió optar por su segundo mandato. Así como no debe esperarse que a estas alturas emprenda la urgente pero difícil reforma fiscal, cuyos beneficios netos se cosecharían al finalizar del período, tampoco debería emprender obras que no pueda terminar en dos años, y por el volumen de inversión que demandan, como la presa de Rio Grande en el sur, o el proyecto de remodelación de La Ciénaga-Los Guandules en Santo Domingo.

Las nuevas inversiones deberían priorizar la conclusión de obras fundamentales como las plantas de carbón, afectada por la grave disyuntiva de dilación por un arbitraje internacional que plantea el reclamo de 708 millones de dólares adicionales por la constructora Odebrecht. Así mismo la segunda línea del metro capitalino, a paso de tortuga aunque  Medina la “estrenó” en la campaña electoral del 2016,  el teleférico de Santo Domingo y la remodelación de casi medio centenar de hospitales, varios de los mayores del país, que llevan cinco años semiparalizados. Es lógico el anuncio de  expansión del exitoso programa 911, que ya opera en Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y Puerto Plata.

En lo que le queda de período el gobierno de Medina ya sólo podrá poner parches en los problemas de fondo, como agua potable, electricidad, seguridad ciudadana, salubridad y seguridad social, reordenamiento del transporte y vivienda, con programas limitados por la precariedad de financiamiento. Mientras al mismo tiempo tendría que contener el déficit fiscal y su correlativo endeudamiento. Parece tarde para alcanzar  mejoramiento de la competitividad y reducción del crónico déficit de balanza comercial.

Necesidad de nuevo aliento

Ya sea que Danilo Medina acate el imperio constitucional que le prohíbe buscar otra reelección, o que contribuya a desmembrar su poderoso partido y enfrentar al resto de la sociedad, para aspirar al éxito requiere insuflar un nuevo aliento, como jefe del Estado.

La reducción del crecimiento económico durante el año pasado constituye un reto adicional, y el gobierno ha comenzado el año en conflicto con el fundamental sector turístico al cambiar unilateralmente las reglas, sin previo estudio ni consulta, para permitir edificaciones de hasta 22 pisos en las playas, con grandes inversiones limitadas a cinco.

El segmento más vivo de la sociedad dominicana ha iniciado el 2018 agobiado por la corrupción, la impunidad y la desconfianza en las instituciones estatales, manifiesta en las calles, en las encuestas y en el debate de los medios de comunicación.

Hay quienes tienen confianza en que Danilo Medina se sobrepondrá a los intereses que abogan por el continuismo a cualquier precio, y leerá los signos de los tiempos buscando el aliento necesario para concluir su gestión gubernamental con relativo éxito. Pero eso ya no será posible prolongando su silencio y dejando que prosiga la impunidad generalizada y el desprecio a la institucionalidad democrática.-

2017: Un año perdido por la corrupción, crisis institucional y salvajismo político

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El crecimiento económico, aunque reducido, y mejor inversión en educación, salvó al gobierno, sacudido por la Marcha Verde, en un año de incremento del presidencialismo, debilidad del Congreso y la justicia y crisis de la salud pública

Por Juan Bolívar Díaz

            La ralentización del crecimiento económico, el déficit fiscal que acentúa el endeudamiento estatal y la incapacidad para contener la inseguridad ciudadana, la corrupción y la impunidad generan un ambiente pesimista y de incertidumbres en la sociedad dominicana al caer el 2017.

El acentuado presidencialismo que precipitó un debate sobre otra reelección, cuando apenas transcurría un cuarto del período de gobierno y la incapacidad para concertar los pactos eléctrico y fiscal y las leyes de partido y régimen electoral incrementan la desconfianza de la población en las debilitadas instituciones estatales y políticas.

 2017, un año para olvidar

            Por más vueltas que se le den el balance del 2017 es devastador para la institucionalidad democrática, para el Congreso Nacional, con la justicia empantanada en una arrolladora cadena de  escándalos de corrupción, comenzando por el de los sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos políticos de Odebrecht, ante los cuales la respuesta de Ministerio Público fue ridiculizada por la juez presidente de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán.

El primer año completo de la segunda gestión del presidente Danilo Medina marcó un declive de su aprobación, manifiesto en las encuestas, el gobierno quedó a la defensiva y el mandatario enmudeció frente a la masificación de los reclamos contra la corrupción y la impunidad que encarnó la Marcha Verde, la mayor expresión de ciudadanía en la historia del país.

El año concluye sin que se firmara el Pacto Eléctrico pese a tres años de discusiones y con el gobierno evadiendo el pacto fiscal, ambos dispuestos por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012, compensando la falta de contribuciones tributarias con un endeudamiento que en la primera mitad del año llegó a 12 millones de dólares por día, más de 570 millones de pesos.

El Congreso Nacional agotó las dos legislaturas del año discutiendo los proyectos de leyes de partidos políticos y del Régimen Electoral, quedando paralizado por la persistencia del presidente Medina en imponer el padrón electoral abierto como obligatorio para todos los partidos escoger sus candidatos a las elecciones generales, evadiendo planteamientos de fondo como la transparencia y limitaciones del financiamiento y las sanciones a las repetidas incursiones del aparato estatal en las campañas electorales.

La economía y la educación

La estabilidad macroeconómica, con un crecimiento del producto interno bruto proyectado a  4.5%, aunque reducido en relación al promedio sobre 6% de los últimos años, con baja inflación de 4% y relativa estabilidad cambiaria salvan el gobierno de Medina en el 2017, aunque para ello tuvo que proseguir la carrera de endeudamiento que disparó la deuda estatal a unos 40 mil millones de dólares, sobre el 53% del PIB, cuyos intereses se acercan a la cuarta parte de los ingresos fiscales. Se crítica un crecimiento económico que no reduce la pobreza y se basa en sectores que generan poco empleo y de baja calidad, con informalidad que pasa del 58%, y que persiste un desbalance comercial que sobrepasará los 8 mil millones de dólares.

La inversión del 4% del PIB en la educación siguió siendo el mayor éxito de la gestión de Medina, con algunos pasos más allá de la construcción de aulas, en la formación docente y programas dirigidos a atacar el bajo nivel educativo nacional. La acción Empresarial por la Educación (Educa) reconoció que el volumen de inversión de este año en el sector, 152 mil millones de pesos, comenzó a consolidar el esfuerzo imprescindible para alcanzar la calidad.

El gobierno tuvo éxitos en la expansión del sistema de asistencia 911, en mayor  crédito a pequeñas empresas y a la agropecuaria, pero quedó atrapado al tener que destinar alto financiamiento a su obra emblemática, la central eléctrica de carbón bajo fuerte cuestionamiento. El informe de la comisión presidencial que pretendía esclarecer su contratación, obtuvo escasa credibilidad y se vió sobrepasado cuando la Odebrecht reclamó otros 708 millones de dólares para terminarlas, y ya no en el próximo año, sino en el 2019. agravando los apuros del gobierno, que enfrenta la disyuntiva de tener que someterse a un arbitraje internacional que dilataría aún más su conclusión.

Diagnósticos negativos

            Las evaluaciones de instituciones reconocidas como Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus) Participación Ciudadana (PC) y el Comité Nacional de Derechos Humanos, ponen acento en el deterioro de la credibilidad en las instituciones estatales. Finjus dice que 2017 es “el más escandaloso en materia de justicia y corrupción. PC: “uno de los años más representativos en los anales de los escándalos de corrupción, con prevalencia de la más pertinaz impunidad”. Denuncian el deterioro de los partidos políticos, y el auge de la inseguridad, con desprecio a las normativas constitucionales y legales.

Por su parte las escuelas de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el Centro Regional de Estratregias Económicas Sostenibles diagnostican una economía que se encamina aceleradamente a la insostenibilidad y para contenerla enfatizan la necesidad de abocarse al  al pacto fiscal que obligaría a reducir el dispendio, la multiplicidad de organismos con funciones similares, el clientelismo y la corrupción, que según un estudio de Oxfam publicado en octubre consumieron este año más de 90 mil millones de pesos.

En las evaluaciones internacionales del año el país no ha quedado mejor, resaltando el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial donde retrocedió 12 escalones, cayendo de la posición 92 a la 104 entre 137 países, perdiendo pequeños avances de los últimos años, notablemente en fortaleza institucional, en el escalón 129, entre los últimos 8, y quedando sublíder mundial en corrupción y en desconfianza en los políticos. Mientras recientes informes del Banco Mundial, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y discursos de las representaciones del Banco Interamericano de Desarrollo y de la embajada de Estados Unidos, urgieron a reformas por la institucionalidad y la competitividad.

Déficit de Justicia y salud         

Uno de los sectores peor evaluados en el año es el de la justicia, que no logró avanzar en la ejecución de las conclusiones de la Cumbre Judicial celebrada el año anterior, suspendiendo y trasladando jueces, sin alcanzar sanciones ni en los mayores escándalos y con un ministerio público que no logró éxitos, no sólo en el escándalo Odebrecht, sino en otros muchos, como los de la Corporación de Empresas Estatales, las muertes del CEA en San Pedro de Macorís y Cerro de las Américas y con un pobre expediente sobre los sobornos en la compra de los aviones Tucano. La escandalosa fuga de Quirinito encueró al sistema judicial.

La justicia fallida en los grandes escándalos hizo minimizar tres condenas dictadas este año por corrupción que involucró a los exalcaldes de San Cristóbal, Raúl Mondesí, de San Francisco de Macorís, Félix Rodríguez, y a Gabriel Mora (Canoa), de Cabarete, que implicaron cárcel para ellos y cinco funcionarios municipales.

            El 2007 marcó una crisis de la salubridad pública, sin que se haya concluido la remodelación de medio centenar de hospitales, incluyendo muchos de los mayores, con repetidas paralizaciones, alarmante incremento de la mortalidad infantil y materna en 18 y 23%. Un incremento del narcotráfico, con incautación de 12 mil 843 kilos de cocaína, 3 mil 170 más que en 2016, crímenes espantosos como el de la adolescente Emely Peguero y el abogado Juniol Ramírez, y unas 180 mujeres asesinadas, casi un centenar en arranques pasionales, contribuyeron a mantener alta percepción de inseguridad.

Aliento de la Marcha Verde

            Con un partido gobernante sacudido por luchas internas, con una oposición dispersa y en prematura lucha por candidaturas y sin nutrirse de la caída de la aprobación del gobierno, las perspectivas políticas se han mostrado inciertas y las encuestas marcan una bajísima credibilidad en los partidos, entre 15 y 23%, y por primera vez cayó por debajo de la mitad, a 42%, la proporción que muestra simpatías partidarias.

La desesperanza parece dominar, especialmente cuando el Barómetro de las Américas ha mostrado que el 42% de los dominicanos tienen expectativas de irse del país, con un altísimo 60% entre los jóvenes de 18 a 25 años, y 48% en la franja de 26 a 35 años. Contrasta con más de medio siglo de crecimiento económico, con tasas en los mayores  niveles mundiales, y evidente progreso urbanístico.

Casi todas las evaluaciones concluyen en que el despertar ciudadano contra la corrupción y la impunidad, ha sido el acontecimiento más alentador de un año en que se acentuó el presidencialismo y las tendencias a la imposición política, proyectándose como un gran desafío a los que gobiernan y a los que pretenden relevarlos.-