Las reformas electorales en la picota y no reducen el alto costo de la política

16_02_2019 HOY_SABADO_160218_ El País12 B

En la Ley del Régimen Electoral hay avances, frustraciones y hasta retrocesos, como en la Ley de Partidos con grandes incertidumbres, ambas aprobadas de emergencia después de muchos años relegadas en el Congreso y por el liderazgo político nacional

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La nueva Ley del Régimen Electoral aprobada esta semana por el Congreso Nacional y aún pendiente de promulgación contiene algunos avances, pero también frustraciones y hasta retrocesos, como ocurrió con la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas de agosto pasado, en ambos casos sin que sus resultados justifiquen la larga espera ni limiten el costo de la política.

“Como caña pa´l ingenio” tituló HOY la aprobación de la Ley Electoral, cuando se cerraba la legislatura y en medio de las incertidumbres que afectan la Ley de Partidos, con impugnaciones de inconstitucionalidad y rechazo al financiamiento estatal adicional de la actividad partidista metido de contrabando.

Como caña pa´l ingenio

            El proyecto de Ley del Régimen Electoral llevaba más de siete años, dando tumbos en el Congreso Nacional, presentado por la Junta Central Electoral (JCE) a fines del 2011 para adecuar esa legislación al nuevo marco establecido en la Constitución del 2010 y le pasaron dos elecciones generales relegado por la mayoría peledeísta. El de Ley de Partidos, aprobado en agosto pasado, pasó 16 años en el Congreso. Ambos fueron aprobados de urgencia, en lecturas consecutivas, sin dar tiempo a la ponderación y sin escuchar viejos clamores de democratización.

Como se trata de un texto de 293 artículos, muchos con varios párrafos, es muy probable que muchos legisladores no conocieron más que el informe de la comisión bicameral que lo sancochó para que pudiera ser aprobado en la legislatura que agonizaba, extendida por el presidente Danilo Medina. No lo pudieron salvar de visibles defectos de redacción, redundancias y hasta confusiones, como el artículo 147 sobre “candidaturas independientes”.

Se ignora si de haber sido ponderado, algún legislador hubiese advertido que el régimen de sanciones contenido en los artículos 278-286, no es disuasivo de las violaciones y que en varios casos es hasta ridículo, como cuando establece multas de 2 y 5 salarios mínimos del sector público, que es de 5 mil 110 pesos. Para casi todas las violaciones, incluyendo fraudes electorales, sobornos para inducir el voto, falsedades de registros, o violación de las restricciones de campaña electorales y topes de gasto, las sanciones son de 6 meses a 2 años de cárcel.

Al igual que en la Ley de Partidos, la mayor sanción está reservada para el que denigre o injurie a candidatos y dirigentes políticos, en esta de 3 a 10 años de cárcel, en aquella se le equipara con los crímenes y delitos de alta tecnología que conllevan cárcel, para quien a través de las redes sociales difunda informaciones “que empañe la imagen de un candidato”.

Los aspectos positivos

            El primer elemento positivo de la Ley del Régimen Electoral es que adecúa la legislación a los principios de legalidad, trasparencia, libertad y equidad, establecidos en la Constitución, y separa por completo las funciones administrativas y normativas de las contenciosas en materia electoral, reconociendo la independencia del Tribunal Superior Electoral, instituido por la Constitución promulgada hace 9 años. Demasiado tiempo para algo fundamental.

La ley sanciona el transfuguismo, impidiendo una vieja práctica de perdedores en elecciones de candidatos, que pasan a ser postulados por otros partidos. Establece una Procuraduría Fiscal especializada para perseguir los delitos electorales, aunque la deja dependiendo de la Ley del Ministerio Público, con escasa independencia del Poder Ejecutivo.

Separa la votación de los municipios de la de los distritos municipales y mantiene el voto preferencial para elegir los regidores y vocales municipales, disposición que muchos querían eliminar, aunque se queda corta al no dar también la opción a los electores de votar por un representante en la sala capitular distinto del acalde seleccionado.

La nueva ley prohíbe realizar campaña fuera del período que proclame la JCE, y las inauguraciones de obras nacionales dentro de los 60 días antes de las elecciones presidenciales y congresuales y las de los ayuntamientos desde 40 días antes de los comicios municipales. El abuso de las inauguraciones llegó al extremo de que un mes antes de las elecciones del 2016, el presidente Medina “puso en marcha” la extensión de la segunda línea del metro, aunque no fue hasta dos años y cuatro meses después, en agosto del 2018, cuando en realidad entró en servicio.

Retroceso y frustraciones

            La mayor objeción a la Ley del Régimen Electoral, apuntada como un gran retroceso, está en la aplicación de la cuota mínima de postulaciones por género. El artículo 136 acoge el principio constitucional de equidad de género, y eleva la cuota femenina al establecer que no debe haber menos del 40 por ciento ni más del 60 por ciento de las postulaciones a cargos electivo para mujeres y hombres. Pero lo daña la coletilla “de la propuesta nacional”, en vez de en cada demarcación electoral y por nivel de elección como regía y ratificó la Ley de Partidos 33-18.

Con razón el “Foro Feminista Magaly Pineda” se apresuró a objetarlo y pidió la observación presidencial, en virtud del mandato del artículo 39 de la Constitución que ordena al Estado“garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular”. Con “la propuesta nacional”, los partidos pueden relegar a las mujeres a las candidaturas en las demarcaciones donde tienen menos probabilidad de ganar, como objeta el Foro. Pero también podrían concentrarlas en las más de 3 mil 500 candidaturas municipales, especialmente para regidoras, vocales y suplentes.

La mayor frustración de la ley aprobada está en haber rechazado el viejo clamor nacional de que se garantice el voto directo, de mandato constitucional, en la elección de los senadores, permitiendo la escogencia de estos independientemente de los diputados con voto preferencial. Eso lo reclamaron hasta la última sesión, sin ser escuchados, los legisladores de varios partidos opositores.

Alto costo de la política

La ley Electoral, como la de Partidos, no proyecta la reducción del costo de la política que hace años reclama la sociedad, al quedarse corta en la limitación de la irrupción del Estado en las campañas electorales, así como en los topes de gastos de los candidatos, que en el caso de los presidenciales llegarían el próximo año a casi mil millones de pesos, a razón de 127 por electores empadronados.

Los topes son igualmente altos para los demás candidatos, a razón de 105 pesos por electores para los congresuales y 87.50 para los aspirantes a alcaldes. Así en la provincia Santo Domingo que tendrá alrededor de millón y medio de electores, a cada candidato a senador y a las 36 curules de diputados, se les legitima gastar hasta 157 millones de pesos, y 131 millones para los candidatos a la alcaldía. En una provincia media, como Espaillat, con 175 mil electores, cada candidato al Congreso podría gastar hasta 18 millones de pesos. Además de que a cada partido se le autoriza gastar 1.75 (sin especificar pesos) por elector, muy poco en relación a los candidatos.

La inversión para obtener cargos electivos es muy superior si se toma en cuenta los topes de gastos establecidos para las precampañas en la Ley de Partidos: 70 pesos por elector para los aspirantes a candidatos presidenciales, 60 para los congresuales, 50 pesos para alcaldes, 25 para regidores y vocales. En resumen, que para ganar un cargo electoral se gasta muchas veces más que lo que se percibe como sueldo en 4 años, lo que mantiene el reinado del dinero en la enclenque democracia dominicana, que en gran parte proviene del Estado, del patrocinio de grupos económicos y de actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico.

Además de todo eso está el financiamiento a los partidos, que este año es de mil 506 millones de pesos y el doble en el 2020, el presupuesto de varios millones anuales para la JCE y todavía quieren que les financien las elecciones primarias.

Seguirá pendiente la reforma política

Visto el resultado hasta ahora de la Ley de Partidos y tal como se proyecta la del Régimen Electoral, parece que seguirá pendiente una reforma política integral que garantice el libre juego democrático, independientemente de quien usufructúe los poderes del Estado o reúna más dinero, legítimo o ilegítimo.

Lo de la Ley de Partidos no podría ser más decepcionante, con varias demandas de

inconstitucionalidad, algunas indiscutibles, pendientes en el Tribunal Constitucional que ya las declaró de urgencia, y ahí está el lío de las elecciones primarias, después del rechazo general al financiamiento clandestino impuesto, aunque mucho se advirtió que el subsidio de todos los partidos no alcanzaba para cubrir sus costos, como quedó en el artículo 47 de la ley.

El costo de las primarias ha sido calculado por la JCE en mil 449 millones de pesos, por lo que los 200 pesos que se acordó aportarían los 5 partidos que tendrían elecciones primarias, representan apenas el 14 por ciento, y el 13 por ciento del subsidio de todos los partidos para este año.

El futuro de las leyes queda también en el aire, a la luz de sus débiles sanciones y la disposición a violarlas, ya manifiesta en el financiamiento de las primarias.

Por demás es relevante que las campañas por candidaturas, hayan seguido abiertamente sin que nadie pueda aplicar la ley en algo tan visible como las vayas en las vías públicas, lo que deja interrogantes de cómo aplicarán los límites de recaudaciones y de gastos que se pueden ocultar. Se dice que los 32 libros puestos en circulación por Leonel Fernández hace dos semanas, y los regalos de anillos y computadoras de Félix Bautista y Lucía Medina a 70 graduandos con honores en San Juan, no se cuentan como gastos de precandidatos. –

——————————————————————————————————

 

JCE convoca partidos por financiamiento primarias

Miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, convocan a partidos para el próximo lunes.

En medio de las críticas de diversos sectores que se oponen a que el Gobierno financie las primarias simultáneas de los partidos políticos, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) decidió ayer convocar para el próximo lunes a los cincos partidos políticos que acogieron esa modalidad para tratar el tema.

En su reunión de ayer el Pleno de la JCE decidió convocar a los partidos políticos PLD, PRM, PRD, ALPAIS y OD, a los fines de analizar el presupuesto de Primarias Simultáneas, a la luz del artículo 47 de la Ley Número 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, referente a la apropiación de fondos de la contribución que los partidos políticos reciben del Estado.

Además, con el objetivo de consolidar los elementos de un acuerdo previo que debe ser suscrito entre las partes conforme a dicha ley.

Dicha reunión tendrá lugar el próximo lunes 11 de febrero, a las 10:00 horas de la mañana, en el Salón de Partidos Políticos de la sede de la JCE.

El artículo 47 de la Ley 33-18 dispone que “los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”.

Por otro lado, los cinco partidos políticos que notificaron su decisión de acogerse al método de Primarias Simultáneas para la selección de sus candidatos a las elecciones del 2020, concluyeron ayer la firma del documento que corresponde al consenso sobre la plataforma de Voto Automatizado desarrollada por la Junta Central Electoral (JCE) y que será utilizada en el proceso de Primarias Simultáneas que tendrá lugar el próximo 6 de octubre de 2019.

Dicho documento fue suscrito por el equipo técnico de la JCE, encabezado por el Director Nacional de Informática, Miguel Ángel García, y el Director Nacional de Elecciones, Mario Núñez, así como por los delegados técnicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (ALPAIS) y Opción Democrática (OD).

El documento recoge los acuerdos alcanzados en cuatro reuniones de trabajo con los delegados.

El PNUD reconoce crecimiento en RD pero con desigualdad y concentración

075

El último informe del PNUD reconoce un crecimiento económico dominicano del 5 por ciento promedio en la última década, pero todavía con bajos niveles de desarrollo humano, el cual se concentra en el Distrito Nacional y con sólo cuatro provincias en segundo nivel

Por Juan Bolívar Díaz

El Mapa interactivo del Desarrollo Humano en la República Dominicana 2010-2016, que ha publicado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce un crecimiento económico promedio del cinco por ciento, pero concentrado en  el Distrito Nacional con desarrollo humano alto, con cinco provincias bajo y otras 22 en medio bajo.

Aunque muestra mejoría general en el índice de desarrollo humano de los dominicanos, el informe corrobora la desigualdad que recién diagnosticó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y extrema concentración del ingreso, e incremento de la población que vive en vulnerabilidad económica, resaltando los pobres servicios de educación y salud.

Sí crecimiento económico

El informe reconoce un crecimiento económico sostenido en la última década, con promedio del 5 por ciento, lo que ha generado incremento del índice de desarrollo humano, pero sólo en 3 por ciento. La República Dominicana lidera el crecimiento económico en América Latina, casi duplicando el promedio regional, con movilidad ascendente de la clase media.

Se diagnostica una reducción de la pobreza del 26 por ciento en el período 2003-16, pero partiendo del grave retroceso que implicó la quiebra bancaria del 2003, que según los estimados convirtió en pobres a más de un millón de dominicanos. El PNUD sitúa en 44 por ciento la movilidad ascendente de la clase media, lo que avala afirmaciones del actual gobierno, pero al mismo tiempo señala que desde el 2003 la población en vulnerabilidad económica se ha incrementado en 18 por ciento, afectando a 800 mil familias.

Este índice de desarrollo humano se establece a partir de los niveles del ingreso y de la calidad y cobertura de los servicios de salud y educación. La mayor contribución  fue la del ingreso, con 35.6 por ciento, salud 33.6, y la de educación 30.7 por ciento. Las remesas de la diáspora dominicana, que el año pasado pasaron de 6 mil 500 millones de dólares, y que registran un crecimiento sobre el 75 por ciento en la última década, habrían tenido una contribución del 25 por ciento en el incremento del ingreso de la población, con tendencia a concentrarse en las áreas urbanas a consecuencia de la migración interna.

Entre los compromisos del Estado con los objetivos del desarrollo 2030, el informe sugiere “que pueda impulsar una aceleración en el logro de los objetivos del desarrollo social promoviendo una cultura estadística que genere datos con mayores niveles de desagregación y que asegure la captura de información de grupos vulnerables”.

Concentración territorial

El mapa del PNUD muestra una gran concentración del crecimiento del desarrollo humano en el Distrito Nacional, como resultado de mejores indicadores educativos, de salud y de ingreso, siendo la única jurisdicción con categoría de desarrollo humano alto. Eso “refleja la concentración de las oportunidades en la ciudad capital”. En un segundo nivel, medio alto, quedan las provincias Duarte, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Mirabal.

Es relevante que 22 provincias, que registran el 80 por ciento de la población nacional, aparecen en la tercera categoría, desarrollo medio bajo, y entre ellas se encuentran las más pobladas como Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Espaillat, Puerto Plata, San Juan y San Pedro de Macorís. Influye tanto la reducción del ingreso, como de la calidad de los servicios de educación y salud.

Elías Piña es la provincia de menor desarrollo humano, 40 por ciento por debajo del promedio nacional. Junto a Bahoruco, Independencia, Pedernales y El Seibo, integra un quinteto de bajo desarrollo humano. Llama la atención que la provincia La Altagracia, donde se concentra el turismo, uno de los motores impulsores del crecimiento económico nacional, registra uno de los más altos niveles de desigualdad, con el 70 por ciento del ingreso en el quintil más rico.

Al presentar el informe, los economistas dominicanos del PNUD Melisa Bretón y Sócrates Barinas resaltaron que los logros registrados en el período “se ven reducidos por la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con tímidas reducciones en la brecha salarial de género, la inserción laboral de las mujeres y su participación en cargos electivos”. Por eso el país pierde el 44 por ciento de su potencial de desarrollo, y en promedio las mujeres tienen ingresos 18 por ciento menores que los hombres. Oxfam lo sitúa en 20 por ciento en la región latinoamericana.

Una dramática desigualdad

La extrema desigualdad del ingreso salarial y la concentración de la riqueza en el país quedan manifiestos en el mapeo del PNUD: el 20 por ciento del quintil de mayores ingresos recibe el 50 por ciento de la riqueza nacional, mientras el 20 por ciento del quintil más pobres apenas el 6 por ciento.

Ese diagnóstico de la desigualdad es similar al presentado en enero por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), donde se marca un ligero descenso de la desigualdad en el país entre el 2002 y el 2012, pero con incremento entre el 2014 y el 2017, en pleno período de alto crecimiento económico. Fue el peor resultado entre 14 países de la región analizados en el Panorama Social de América Latina 2019 de la CEPAL, donde el quintil más alto concentra el 47 por ciento de la riqueza y el más bajo el 7 por ciento.

La pobreza salarial dominicana ha sido resaltada por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, quien hace diez días insistió en que el crecimiento económico debe derramarse para alcanzar a los más pobres. Sostiene que el poder adquisitivo del salario dominicano está a nivel de la década de los noventa. A diciembre pasado el costo de la canasta familiar del quintil más pobre se situó en 13 mil 818 pesos, pero el promedio de los salarios mínimos del sector privado estaba en 10 mil 947 pesos, 21 por ciento por debajo. El salario promedio cotizable a la seguridad social se sitúa en 22 mil 967 pesos, 23 por ciento por debajo del costo promedio de la canasta familiar, anclado en 30 mil pesos.

La desigualdad salarial es brutal aún en el sector público, donde todavía el salario mínimo es de 5 mil 117 pesos mensuales, incluyendo a más de 100 mil pensionados del Estado. Conviven con salarios y pensiones que llegan hasta 800 mil pesos.

Mayor concentración internacional

La extrema desigualdad ha sido registrada internacionalmente y en América Latina, considerada la región más desigual del mundo, como lo hizo Oxfam en su último informe de finales del año pasado bajo el título “Democracias Capturadas: El Gobierno de unos pocos”.

Según este informe, el 1 por ciento más rico de América Latina y el Caribe concentra el 37 por ciento de la riqueza, 7 puntos más que en el año 2000. El 20 por ciento más rico concentra el 45 por ciento de los ingresos, mientras el 20 por ciento m ás pobre, sólo alcanza el 6 por ciento de los bienes. La riqueza de 89 latinoamericanos que aparecen en la lista de Forbes con más de mil millones de dólares, es de 440 mil millones de dólares, superando el producto interno bruto de cada uno de los países de la región.

Y las mujeres ganan un promedio del 16 por ciento menos que los hombres, y dedican el doble de horas por día a trabajos no remunerados.

A nivel internacional, el diagnóstico de Oxfam el año pasado sobre la concentración del ingreso es todavía más terrible: el 82 por ciento de la riqueza mundial generada durante el 2017 fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre –3 700 millones de personas– no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. Y sólo 8 hombres acumulan igual cantidad de riquezas que esa mitad de la humanidad.

Una sociedad más insegura

La preocupación por la concentración de la riqueza en el mundo se ha generalizado en los últimos años, sobre todo después de la crisis financiera del 2008, que la disparó aún más, Hasta algunos de los mayores concentradores norteamericanos, como Warren Buffett, se han adherido al clamor, consciente de que están generando un mundo cada vez más inseguro e insostenible.  Los europeos lo han vivido con el terrorismo y los millones de asiáticos y africanos tocando sus puertas, aunque millares hayan convertido el mar Mediterráneo en un inmenso cementerio acuático.

En el mundo desarrollado la concentración y la crisis del capitalismo están reduciendo el estado de bienestar de los últimos 70 años, que amplió la clase media, con expresiones tan desconcertantes como la del brexit en el Reino Unido o el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Mientras en América Latina la democracia capturada hace aguas, entre proyectos populistas insostenibles e inestabilidad política que abre paso a absurdos como el Bolsonaro de Brasil.

En América Latina la concentración y la desigualdad están vinculadas al gobierno para unos pocos a cambio de una enorme corrupción que permite la emergencia de una plutocracia de nuevos multimillonarios. El efecto demostración, los resentimientos y la exclusión generan delincuencia que permea las instituciones represivas del Estado, configurando un futuro sin seguridad para nadie. La República Dominicana no escapará de esa perspectiva, sobre todo cuando termine de agotarse la pista del endeudamiento descontrolado en que se ha cifrado el crecimiento de los últimos años.-

Mayor concentración internacional

La extrema desigualdad ha sido registrada internacionalmente y en América Latina, considerada la región más desigual del mundo, como lo hizo Oxfam en su último informe de finales del año pasado bajo el título “Democracias Capturadas: El Gobierno de unos pocos”.

Según este informe, el 1 por ciento más rico de América Latina y el Caribe concentra el 37 por ciento de la riqueza, 7 puntos más que en el año 2000. El 20 por ciento más rico concentra el 45 por ciento de los ingresos, mientras el 20 por ciento más pobre, sólo alcanza el 6 por ciento de los bienes. La riqueza de 89 latinoamericanos que aparecen en la lista de Forbes con más de mil millones de dólares, es de 440 mil millones de dólares, superando el producto interno bruto de cada uno de los países de la región.
Y las mujeres ganan un promedio del 16 por ciento menos que los hombres, y dedican el doble de horas por día a trabajos no remunerados.

A nivel internacional, el diagnóstico de Oxfam el año pasado sobre la concentración del ingreso es todavía más terrible: el 82 por ciento de la riqueza mundial generada durante el 2017 fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial, mientras el 50% más pobre –3 700 millones de personas– no se benefició lo más mínimo de dicho crecimiento. Y sólo 8 hombres acumulan igual cantidad de riquezas que esa mitad de la humanidad.

Una sociedad más insegura

La preocupación por la concentración de la riqueza en el mundo se ha generalizado en los últimos años, sobre todo después de la crisis financiera del 2008, que la disparó aún más, Hasta algunos de los mayores concentradores norteamericanos, como Warren Buffett, se han adherido al clamor, consciente de que están generando un mundo cada vez más inseguro e insostenible. Los europeos lo han vivido con el terrorismo y los millones de asiáticos y africanos tocando sus puertas, aunque millares hayan convertido el mar Mediterráneo en un inmenso cementerio acuático.

En el mundo desarrollado la concentración y la crisis del capitalismo están reduciendo el estado de bienestar de los últimos 70 años, que amplió la clase media, con expresiones tan desconcertantes como la del brexit en el Reino Unido o el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Mientras en América Latina la democracia capturada hace aguas, entre proyectos populistas insostenibles e inestabilidad política que abre paso a absurdos como el Bolsonaro de Brasil.

En América Latina la concentración y la desigualdad están vinculadas al gobierno para unos pocos a cambio de una enorme corrupción que permite la emergencia de una plutocracia de nuevos multimillonarios. El efecto demostración, los resentimientos y la exclusión generan delincuencia que permea las instituciones represivas del Estado, configurando un futuro sin seguridad para nadie. La República Dominicana no escapará de esa perspectiva, sobre todo cuando termine de agotarse la pista del endeudamiento descontrolado en que se ha cifrado el crecimiento de los últimos años.

MAPA DE DESAROLLO POR PROVINCIAS.pngMAPA DE DESAROLLO POR PROVINCIAS 111.png

La puntería de la Cámara de Cuentas

Juan Bolívar Díaz. Fuente externa.

Por Juan Bolívar Díaz

Con un comunicado publicado el lunes 4, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha pretendido desmeritar una evaluación de su pobre trabajo publicada el 30 de enero último por el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), apelando a los clásicos calificativos de “erróneas y malintencionadas”, alegando que las informaciones que contiene están “distorsionadas y alejadas de la realidad”.

Sólo en el reinado de la impunidad y del analfabetismo interpretativo puede un órgano de esa categoría manipular datos y evadir cuestionamientos tan contundentes como los presentados en el informe de PC, extraídos de la página web de la institución oficial, después que ésta respondió una petición escrita sobre sus auditorías, remitiendo a ese medio de comunicación. La respuesta evade casi todos los cuestionamientos derivados del análisis de sus informes, como veremos a continuación.

Primero lo que la CCRD rebate parcialmente del informe de PC el cual precisa que en el período 2006-18, realizó 798 auditorías, con promedio anual de 66, apenas el 4 por ciento de las 1,500 instituciones estatales, que en los últimos cuatro años cayó notablemente; 18 en el 2015, 22 en el 2016, sólo 4 en el 2017 y ninguna fue terminada en el 2018. La respuesta fue que en el 2018 trabajó 283 auditorías en sus distintas etapas, correspondientes a diferentes períodos, iniciándose en el mismo año 51 auditorías. Se encuentran concluidas y publicadas en la página web 34 informes correspondientes a auditorías e investigaciones especiales realizadas.

No se especifica cuántas son auditorías y cuántas corresponden a “investigaciones especiales”, y PC argumenta que en su plan de trabajo la CCRD se comprometió para el 2018 a realizar auditorías a 196 instituciones que en el 2017 y 18 gastaron la suma de mil 124 mil millones de pesos. Pero hasta ahí es parcialmente aceptable la labor del año pasado.

PC se quejó de que la Cámara guarda silencio sobre las auditorías que debió hacer a las obras de Odebrecht, y la respuesta es que “ya concluyeron los trabajos de campo y se encuentran en la fase de preparación de los informes provisionales”, que tendrán que pasar por un largo proceso que incluye someterlas a consideración de las entidades ejecutoras. A más de dos años del estallido del escándalo Odebrecht y con un proceso judicial en marcha es obvio que la CCRD debió priorizar hace tiempo esas auditorías, sobre todo porque los ejecutivos de la constructora brasileña confesaron un patrón de 22 por ciento de sobrevaluaciones en sus cotizaciones para los sobornos. ¿Terminarán las auditorías después que concluya el burlesco juicio en marcha?

En otros aspectos el informe de PC deja al desnudo la ineficiencia, parcialidad e insustancialidad de las auditorías en aspectos fundamentales que el comunicado de la CCRD pasa por alto. Es cierto que sus actuales titulares no tienen responsabilidad de las deficiencias de los anteriores, pero debieron contestarlos. Por ejemplo, que de las 798 auditorías de 12 años apenas 270, el 33 por ciento, correspondieron a instituciones del gobierno central que manejan el 90 por ciento del gasto. Mientras a los gobiernos locales, con un gasto menor del 5 por ciento nacional, le hicieron 242 auditorías, el 30 por ciento.

Llama la atención que a las distribuidoras de energía, Edenorte y Edesur, sólo les hicieran una auditoría a cada una en esos 12 años, al igual que a Bienes Nacionales, entidades que manejan miles de millones de pesos, y que los cuantiosos recursos provenientes del 4% del PIB entregados al Ministerio de Educación desde el 2013, nunca hayan sido auditados.

Hay más en el informe de PC: que en 12 años sólo se han hecho 54 auditorías a los partidos, 4.5 por año, aunque 32 han recibido subsidio estatal. La discriminación política es evidente, pues al PLD sólo una en ese apso, al PRD cinco, y al PRM cuatro, a razón de una por año. Sólo auditaron 8 organizaciones no gubernamentales, aunque pasan de 900 las que reciben fondos públicos.

Es una pena que los actuales titulares de la CCRD, que pueden aducir que no son responsables de las gestiones anteriores, descalificaran el informe y las peticiones de PC de que las instituciones que manejan la mayor parte del presupuesto, apenas unas decenas, sean auditadas cada año para una eficiente rendición de cuentas. Podrían contribuir de esa manera a uno de los objetivos fundamentales del movimiento cívico, la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad.-

El PLD en la hora de los hornos; DM y LF se entienden o se dividen

02_02_2019 HOY_SABADO_020219_ El País12 B

La crisis del PLD se profundizó en el primer mes del decisivo 2019, disparando las alarmas de dirigentes, legisladores, y de su amplia tropa comunicativa, quienes advierten una deriva que los lleva al borde de la división, sin árbitros a la vista, temiendo la pérdida del poder  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El primer mes del 2019, año decisivo para determinar quién se queda con el liderazgo y las candidaturas del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue devastador para la unidad partidaria desatando una guerra generalizada entre los seguidores del Presidente Danilo Medina y los del expresidente Leonel Fernández.

En la última semana de enero las hostilidades han sido tan fuertes que hicieron sonar las alarmas entre dirigentes, legisladores y comunicadores con advertencias de que están pisando la línea divisoria y poniendo en juego la continuidad en el poder para las elecciones del próximo 2020, la primera de las cuales, las municipales, justo dentro de un año.

Guerra generalizada

Tras la pausa navideña, los dos sectores hegemónicos que se disputan el control del PLD rompieron hostilidades con más fuerza que nunca. Legisladores y funcionarios, dirigentes, comunicadores partidistas y aliados daban por hecho que ya tenían los votos necesarios para imponer una segunda reforma constitucional para la continuidad de Danilo Medina en la presidencia de la nación, como proclama el diputado Elpidio Báez. Se incrementaba el clamor reeleccionista en las incesantes actividades del presidente Medina por todo el país.  Restaban valor al expresidente Leonel Fernández para enfrentarse decididamente al actual mandatario.

Los leonelistas respondieron a la ofensiva, incrementando las actividades proselitistas en el territorio, casi solos, pues los precandidatos alternativos han seguido dependiendo de lo que decida el mandatario. Con afirmaciones como la del expresidente de la JCE Roberto Rosario de que “no hay posibilidad de que Leonel no sea candidato”, avalando la afirmación leonelista de que  “en cualquier circunstancia es pa´lante que vamos”. Ya el miércoles 8 una treintena de diputados seguidores de Fernández ofrecieron una rueda de prensa para reafirmar su lealtad, asegurando que son 37 más tres de los aliados, a los que sumarían 5 senadores, mientras un sexta, la de Dajabón, Sonia Mateo, habría desertado. El Tema de HOY del 19 de enero les contó 39 legisladores, sin aliados. Días después llegarían a 40 cuando se definió la diputada del MODA, Rosa Iris Guzmán.

A partir de ahí se generalizó la guerra entre legisladores, dirigentes nacionales del partido y de provincias decisivas como Santiago, y entre comentaristas y articulistas de ambos bandos, que ya dicen abiertamente que la unidad partidista está en riesgo, que no volverán a ser como antes, que hay que reordenar la casa, impugnándose unos y otros.

El mayor detonante

El mayor detonante, que disparó todas las alarmas, fue la rueda de prensa del domingo 27 del estado mayor leonelista, donde se denunció la puesta en marcha de una campaña sucia contra Leonel “que ha sido orquestada y está siendo ejecutada por sectores enquistados en el gobierno”, que de manera desesperada intentan convencer al mandatario para que se lance “a una aventura de reformar nueva vez la Constitución para fines de quedarse en el poder, poniendo en riesgo su legado, la tranquilidad social, la estabilidad política y económica y el futuro de nuestra nación”. Identificaron al venezolano J. Rendón, experto en “campaña sucia” como contratado al efecto, el cual lo negó rápidamente por las redes sociales.

Como se leyó y entregó un texto escrito, y con previa convocatoria, se dio por hecho que tenía la autorización de Leonel, por lo que sus contrincantes internos lo interpretaron como declaración de guerra y falta de respeto al presidente. Los precandidatos presidenciales Francisco Domínguez Brito, Reinaldo Pared y Carlos Amarante fueron de los primeros en salirle al frente a los leonelistas, lo que fue seguido por una avalancha de declaraciones y acusaciones de la inmensa red de comunicadores apegados al poder.

Sólo dos días después reapareció en las redes el convicto narcotraficante Quirino Paulino para reiterar la acusación de que Leonel le debe 200 millones de pesos que él “le habría prestado” para su campaña del 2004, cuando retornó a la presidencia, lo que para los leonelistas constituyó “una prueba” de que su denuncia tenía fundamento. Esa acusación de Quirino en el 2015 redujo a Leonel, quien no se defendió eficientemente, pero hay quienes creen que esta vez tendría poca relevancia. No faltan quienes entienden que podría revertirse. Por de pronto el vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños, deploró un deterioro político tal que el narcotraficante pueda poner la agenda política nacional, y el filósofo peledeísta José Tomás Olivero, crítico desde los gobiernos de Leonel, escribió en Acento.com que la “perpetuidad sin límites reeleccionista”, más “su decisión de construir una estructura compleja de maldad y perversidad nos obliga a emburujarnos con lo absurdo, como forma de vivir la angustia de lo inconcebible”.

Sin árbitros a la vista

El lenguaje ha ido subiendo de tonto, tano que el diputado leonelista Levis Suriel dijo a HOY que deben irse del partido los que provocan división, indicando que “los perversos están ahí en el Palacio Nacional”, incrementando los temores de que la confrontación esté “cruzando la línea de Pizarro”. Por eso el exvicepresidente Jaime David Fernández pidió la convocatoria urgente del Comité Político (CP), lo que fue respaldado por otros dirigentes. El diputado Tobías Crespo, distante del discurso sectario, advirtió a Medina y Fernández que la confrontación no solo se los puede llevar del paso a ellos, sino a toda una generación que ha empujado y disfrutado los triunfos del partido, y se quejó de que no dejan emerger nuevos liderazgos.

No faltan quienes temen creen imprudente convocar el CP con el nivel actual de la confrontación, que tiene como protagonistas a sus principales dirigentes, al presidente de la República, Danilo Medina, al presidente del partido Leonel Fernández y al secretario general Reinaldo Pared, quien se ha pronunciado por una alternativa que no sea ninguno de los dos que ya han sido presidentes de la nación. En igual sentido se manifestó esta semana Rhadamés Segura, otro miembro del CP, al igual que Temístocles Montás quien lo ha expresado antes varias veces.

La convocatoria del CP para dirimir la crisis tiene un inconveniente, y es que va contra el pujo continuista de quienes ostentan el poder, ya que fue en ese organismo donde, para evitar la división, se pactó en el 2015 una reforma constitucional que posibilitó la reelección  de Medina, pero con expresa consignación de que sería un segundo período y nunca más. Roberto Rosario reitera que quienes se oponen a la nueva reelección “son los reales defensores de la línea del partido, plasmada en el acuerdo que firmaron todos los miembros del Comité Político en el 2015”.

Del eterno continuismo

Por más vueltas que se dé al problema, todo concluye en que el principal factor es el eterno continuismo que ha castrado el desarrollo institucional de la nación y dividido a los partidos que han logrado afianzarse en el poder. Así lo reconocen muchos dirigentes del PLD que prefieren mantener silencio para no ir contra el presidencialismo. Todo el partido parece depender de la promesa del presidente Medina de definir su posición “en marzo o en julio”.

En público y en privado quieren que sea en marzo, o incluso en el discurso del 27 de febrero, y eso incluye a los seis que han lanzado precandidaturas alternativas y a otros dos o tres que podrían hacerlo si Medina declina. Temen, con razón que Leonel siga polarizando y corriendo virtualmente solo. Uno de ellos, el secretario general Reinaldo Pared, rechazó en rueda de prensa la “idea tramposa” de que sólo Medina y Fernández puedan mantener al PLD en el poder, reiterando que a lo interno del partido y en la sociedad se aspira a figuras frescas.

En el fondo de todos subyace la convicción de que para Danilo mantenerse en el poder, tendrá que llevarse varios muros, como aplastar a Leonel y a todos los aspirantes a la candidatura, realizar una traumática reforma a su propia Constitución y luego vencer a la oposición con todo el rechazo que generaría en la sociedad. Hasta un ponderado y capaz politólogo danilista, como el embajador ante la OEA Gedeón Santos, lo plasmó en un sonado artículo del 16 de enero en el Listín Diario. Sostuvo que para alcanzar la reelección Danilo tendría que “dinamitar cada muro con un costoso compuesto, de tal poder y letalidad, que no se tendría control de los daños ni de la inevitable secuela de estruendos, escombros, “muertos” y heridos que inevitablemente generará la explosión y el consecuente derribo de los muros”.

Entenderse o dividirse

En medio del fragor de la batalla verbal, Felucho Jiménez, fundador y miembro del CP, señaló el jueves en Uno+Uno de Teleantillas, que Danilo Medina y Leonel Fernández “están obligados a entenderse” o van todos fuera del poder. Aunque expresó su convicción de que el pueblo preferiría que Medina siga gobernando, por su “magnífica obra”, manifestó que “está muy difícil” reformar una Constitución que claramente le prohíbe repostularse. Y aunque hace tiempo es un crítico de Fernández  y cree que este tampoco debe buscar la candidatura por cuarta vez, no titubea en proclamar que ninguno de los otros precandidatos le ganaría una votación. Pero también cree que Leonel no vuelve a la presidencia sin el respaldo de Danilo.

Felucho se atreve a decir lo que muchos otros piensan pero se lo guardan para no contradecir al presidencialismo. En la medida en que siga profundizándose la confrontación y los riesgos de división, tomarán terreno dos posiciones: la de quienes dicen que ni Leonel ni Danilo, o la más silente, que propone un pacto de alternabilidad, ahora en favor de Leonel, con garantías para el mandatario de que se reformaría la Constitución para quitar el nunca más, volviendo a la prohibición de dos períodos consecutivos, para que Medina pueda volver a optar en el 2024. Esa corriente quedó recogida en el Tema de Hoy del 15 de septiembre, bajo el título “Sugieren pacto de alternabilidad para evitar una división del PLD”. –

 

 

 

 

 

¡Por fin brillaron Las Estrellas!

31_01_2019 HOY_JUEVES_310119_ Deportes3 B

Por Juan Bolívar Díaz

Hace unos años cuando veíamos a profesores universitarios dejar aflorar lágrimas en una derrota de las Aguilas, aunque habían ganado 4 de los últimos 10 torneos, vaticinamos con tristeza: a llorar vamos en Macorís el día que vuelvan a ganar Las Estrellas. La victoria se escapó durante más de medio siglo, especialmente en 12 ocasiones que fueron a la final, con tan mala suerte que a veces se desplomaban inexplicablemente después de todo el torneo en la cima, o cuando en la serie final los dos lanzadores estelares sufrieron lesiones en un accidente automovilístico. EDn el 2000 pelearon con las Aguilas hasta el hálito 27. En el 2015 brillaron de primeras en la serie regular y en la seminal, pero se apagaron después de hacer 24 carreras en los dos primeros de la ronda definitiva.

No valió en alguna final ni el incienso del obispo, porque “el fucú” reaparecía una y otra vez para frustrar a los aficionados beisboleros más leales, con un equipo que data del 1910, al que sólo se le acreditaban tres coronas, en 1936, 1954 y 1968. La frustración y el sufrimiento parecían patrimonio de Macorís, la jurisdicción que más estrellas ha aportado al beisbol.

Cada año se nos prometía el año verde, hasta que resultó ahora, con una impresionante determinación de directivos, entrenadores, jugadores y aficionados, que comenzaron a celebrar desde que el equipo concluyó la semi final en primer lugar. La noche del miércoles 23 de enero se rompió el maleficio y los macorisanos lloraron repasando el largo calvario, algunos evocando a Domínguez Charro cuando cantó al viejo negro del que fuera principal puerto del país: embárcate en la leve piragua imaginaria de tu inconsciente mártir y llora inconsolable en esta noche lánguida, sólo un millar de estrellas verán correr tus lágrimas”.

Macorís, la ciudad más pluricultural, de aportes españoles, africanos, árabes, cocolos y haitianos, celebró acompañada de casi todos los aficionados del beisbol dominicano, vitoreando a los Mallén y los Tatis, a Lake y Sirí y a esos lanzadores nativos y cubanos que no permitieron carrera a los Toros en sus últimas 24 entradas. Y recordó a su legión de estrellas, desde Tetelo Vargas, Chico Conton, Walter James, el Mulo Jiménez, Vidal Nicolás, Bell Arias, Ricardo Carty, Rafael Batista, Rafaelín Ramírez, Alfredo Griffin, Félix José, Silvano Quesada, Radhamés Liz…

Los petromacorisanos han celebrado durante 4 noches y tres días, como si el pueblo se hubiese levantado para recuperar el esplendor de la danza de la caña y del azúcar, o si su puerto recuperaba la dinámica y se remozaban sus vetustos edificios y sus calles se vacunaban contra las inundaciones. Por allí asomaba Pedro Mir con su Son del Ingenio, en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, y que siguiendo el carril de la carreta un boyero se extingue con la tarde.

Aunque siempre he rehuido todo fanatismo, durante toda la vida mantuve mi afición por las Estrellas, concurriendo a sus juegos apenas 4 o 5 veces por año, prevenido contra las mil frustraciones y decepciones, empuñando los retazos de aquel domingo 29 de agosto de 1954, cuando a los 9 años mi padre, el estrellita impenitente don Nico Díaz, me llevó al viejo estadio para ver el triunfo de las Estrellas Orientales, y desfilar con los guloyas en carnaval de ramos verdes, vitoreando a Tetelo, a Papito Mateo y Manolete Cáceres, al Carrao Bracho, Wenceslao González y Valentín Arévalo, con Ramón Bragaña de mánager, cubano como Tony Pacheco que las llevaría a la victoria del 1968.

Seguros de que esta vez saldrían victoriosos, los directivos orientales confeccionaron miles de banderas para que no sacrificaron los árboles, y las telas verdes escasearon. De los ingenios quebrados, de todos los rincones orientales, y de los más diversos sectores sociales llegaron los danzantes para la celebración que duró hasta la noche del sábado.

Y resucitó René del Risco cuando sentado en el parque Salvador, frente al Bebe y Vete esculpía la figura central de Ahora que Vuelvo Ton, evocando los años que van cayendo con todo su peso sobre los recuerdos, sobre la vida vivida, y el pasado comienza a enterrarse en algún desconocido lugar, en una región del corazón y de los sueños en donde permanecerán, intactos tal vez, pero cubiertos por la mugre de los días…

 

RD desperdició oportunidad de ayudar a restaurar la democracia en Venezuela

26_01_2019 HOY_SABADO_260119_ El País11 A

Bajo presión internacional el gobierno dominicano se suma al desconocimiento del nuevo período de gobierno de Nicolás Maduro, después de haber desperdiciado, con una mediación parcializada, la oportunidad de contribuir a la restauración de la democracia venezolana

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La crisis venezolana ha alcanzado el temido punto de no retorno que presagia agravamiento de la convivencia democrática, de mayor ruptura institucional y de los procedimientos democráticos, con un agobio económico insostenible, y casi total aislamiento internacional tras el generalizado rechazo a la legitimidad del nuevo período de gobierno que inició Nicolás Maduro.

El Gobierno dominicano se ha sumado al concierto internacional que declara la ilegitimidad del gobierno de Maduro, después de haber desperdiciado absurdamente durante dos años la oportunidad de contribuir a la búsqueda de una salida democrática a la peor crisis institucional, económica y social de la historia de Venezuela.

Una crisis sin retorno

             La crisis política, institucional y económica que por varios años abate a Venezuela entró esta semana en un nivel sin aparente retorno después que el presidente Nicolás Maduro se juramentó para  un nuevo período de 6 años, en medio de un desconocimiento sin precedente de las elecciones celebradas en mayo pasado, adelantadas unilateralmente en medio año, con rechazo de la oposición política que se negó a participar por falta de condiciones para competir.

No se recuerda un precedente de rechazo casi unánime de la comunidad internacional a unas elecciones ni a un gobierno, incluyendo a la Organización de Estados Americanos, con la gran mayoría de sus miembros, especialmente de los mayores, exceptuando a México, de la Unión Europea y de organismos internacionales, así como una veintena de expresidentes. También es inédito el consenso internacional en reconocer como “presidente legítimo”, al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien se erigió presidente de Venezuela hasta nuevas elecciones, después que ese órgano, bajo control de la oposición, proclamara ilegítimo el nuevo período de Maduro.

Maduro pretende desconocer la dimensión y consecuencias de su aislamiento internacional, atribuyéndolo al imperialismo norteamericano, aunque hace tiempo que rebasa con mucho el interés de Estados Unidos. El anuncio de la ruptura de  las relaciones diplomáticas y de la expulsión de los representantes diplomáticos y consulares norteamericanos es una medida temeraria porque puede desatar respuestas que agraven la situación, por ejemplo si se cumple el anuncio estadounidense de que mantendrá su representación  en Venezuela. Se descarta la posibilidad de una intervención militar.

El aislamiento del gobierno venezolano y las presiones internacionales en su contra se han elevado tanto en los últimos meses que Maduro ha venido perdiendo apoyo de gobiernos  de la región a quienes había beneficiado con facilidades de financiamiento al petróleo, como el caso de la República Dominicana, cuyo canciller anunció que no reconocerá el nuevo gobierno de Maduro, un giro de 180 grados, y luego sumándose a unos 15 países de la región que han reconocido a Guaidó como presidente. .

Un colapso casi total

            El problema del gobierno de Maduro es que la crisis no es sólo diplomática, sino también institucional y económica, con graves dificultades para mantener suministros de alimentos, medicinas y equipos y materiales de todo género, con déficits fiscales y de intercambio comercial que han destrozado la economía de la nación, especialmente después que terminó el boom petrolero que llevó el barril de ese combustible sobre los 100 dólares el barril, situándose ahora por menos de la mitad.

Las versiones sobre inflación el año pasado pasan del millòn por ciento, pero sería suficiente considerar que al comenzar este año, el gobierno produjo un incremento salarial de 300 por ciento en un intento por compensar la devaluación del peso. La represión política, altas tasas de criminalidad, entre las mayores del mundo, con creciente inseguridad y desempleo, han generado una masiva huida hacia el exterior, estimada sobre 2 millones de venezolanos.

El jueves decenas de miles de personas volvieron a salir a las calles a demandar el final del periodo autocrático, que ya muchos califican como dictadura. Fue en una de múltiples concentraciones, en la que Guaidó se proclamó presidente legítimo. La repuesta fue tan violenta que cobró más de dos docenas de vidas. Con fuego dentro del país y aislamiento casi total en el exterior, no se vislumbra la menor estabilidad y por el contrario se pueden esperar agraviantes desbordamientos.

Mientras el presidente Donald Trump  no descarta ninguna vía para sacar a Maduro del poder, la Rusia de Putin teme un baño de sangre y los mandos militares leales al gobierno de Maduro denuncian que se intentaría un  golpe de Estado, parecen extinguirse las posibilidades de una solución negociada ,temiéndose agravamiento de la represión y la violencia.

Maduro se las juega todas  

            El proceso tras la muerte del carismático Hugo Chávez en marzo del 2013, indica que Nicolás Maduro está dispuesto a jugárselas todas bajo cualquier circunstancias, lo que contribuye a que sus oponentes descarten salida que no sea su deposición. La precariedad de su triunfo electoral, tras la desaparición del líder de la “Revolución Bolivariana”, con apenas 50.6% del sufragio, en unos comicios donde el gobierno tuvo las máximas ventajas, indicó que Venezuela entraba en una nueva etapa.

Sin el Chávez que lograba sobre el 60 por ciento de los votos en numerosas consultas, el régimen comenzó a resquebrajarse. La respuesta fue primero la unilateral convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente,  en la que la oposición no participó alegando manipulaciones. Se esperaba que el objetivo fuera una nueva reforma constitucional, pero en la práctica se trató de un golpe de Estado institucional, al despojar a la Asamblea Nacional de sus funciones.

El paso siguiente fue el adelanto de las elecciones presidenciales que deberían efectuarse a final del 2018. Aunque en principio la fijaron para abril de ese año, se materializaron un mes después, sin participación de la oposición, y lo peor es que la decisión fue unilateral justo cuando oposición y gobierno llevaban dos meses de intensas negociaciones buscando solución a la crisis. Por demás, se prohibía la participación de líderes y de la Mesa de la Unidad Democrática que había alcanzado éxito en la elección de la Asamblea Nacional el 30 de julio del 2017.  El régimen no dejó opción a la oposición que no fuera la abstención, con lo que Maduro  evitaba exponerse a otra derrota electoral que le costaría el gobierno.

Penosa mediación de RD

            Ahora que casi toda la comunidad internacional aísla y desconoce el régimen de Maduro, el presidente Danilo Medina ha roto sus vínculos con el madurismo y no sólo se ha sumado a la declaración de ilegitimidad del nuevo período gubernamental, sino que también ha reconocido como Presidente a Guaidó, demandando nuevas elecciones.

Pero fue penoso el papel jugado por el gobierno dominicano, con el presidente Medina participando intensamente en una mediación que se parcializó con el régimen venezolano. Fue tanto que la cancillería dominicana montó un escenario para que los opositores firmaran el acuerdo que proponía el gobierno venezolano, que ellos rechazaban porque ignoraba sus reclamos de garantías para participar en las elecciones que habrían de celebrarse al final del 2018.

Los opositores pedían un nuevo consejo electoral independiente, libre participación de todos los partidos y candidatos, restablecimiento de los pode4res de la Asamblea Nacional legítimamente electa, y liberación de presos políticos. Lo peor fue que el adelanto de las elecciones en 6 meses se anunció unilateralmente en Caracas mientras en Santo Domingo las dos partes negociaban solución conjunta.

Una oportunidad perdida

Una mediación menos complaciente pudo haber presionado al gobierno venezolano a atender los reclamos de la oposición y evitado decisiones políticas fundamentales unilaterales en medio de las conversaciones, pero aparentemente pudo más la  gratitud del gobierno dominicano con el venezolano que había dado facilidades de financiamiento petrolero al país por más de 4 mil millones de dólares, utilizados hasta para apoyo presupuestario.

Esa pudo haber sido la razón de la confabulación del gobierno de Medina con el de Maduro, ingratitud ante la histórica deuda por la reiterada solidaridad venezolana con los dominicanos desde el nacimiento de la Repùblica, pero lo que no se ha explicado nunca ha sido la del expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero, quien por momentos apareció más complaciente aún y renunció al papel del facilitador de acuerdos.

En “El Tema de HOY” del 3 de febrero del 2018 se advertía que la continuidad impuesta de Maduro bloquearía la solución de la crisis venezolana y que “no promete más que la prolongación de una agonía que tropezará con una salida violenta, porque a ese ritmo no resistirá otros seis años”. Las actuales circunstancias no auguran más que mayores sufrimientos para los venezolanos, y una salida que podría ser muy explosiva.-

———————————————————————————————————

Cronología mínima de la crisis venezolana

Marzo del 2013:Muere el presidente Hugo Chávez, tras 14 años de gobierno y Nicolás Maduro asume el poder, convocando elecciones en 30 días.

Abril del 2013:Maduro es electo presidente con el 50.6% del sufragio. Pese a la desigual competencia, el opositor Henrique Capriles alcanza el 49.4%

Abril del 2015:La opositora Mesa de la Unidad Democrática gana dos terceras partes de los escaños en la elección para nueva Asamblea Nacional

2016-2017:Los órganos del poder electoral y judicial rechazan la solicitud de un referéndum con apego a la Constitución para revocar el mandato de Maduro

Marzo del 2016:Se inicia un diálogo oposición-gobierno con la mediación de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos

Mediados del 2017:La confrontación gobierno-oposición alcanza altgos niveles de violencia que se extiende por cien días

Julio del 2017:La oposición se abstiene de participar en la elección de una Asamblea Constituyente convocada por el gobierno, el que obtiene la totalidad de los delegados

Agosto del 2017:La asamblea Constituyente empieza a asumir las tareas de la Asamblea Nacional, desconocida de facto por el gobierno.

Septiembre del 2017: El presidente Danilo Medina releva a Leonel Fernández en la mediación, que se intensifica a fin de año. También queda excluido Torrijos

Enero del 2018:La Asamblea Constituyente y el Consejo Electoral anuncian elección presidencial para el 8 de abril, adelantándola 8 meses, sin consulta a la oposición

Enero del 2018:Fracasa definitivamente el diálogo celebrado durante dos meses en Santo Domingo con participación directa de Medina y Rodríguez Zapatero

Mayo del 2018:Se celebran las elecciones sin participación de la oposición y Maduro se da por reelecto, aunque la abstención pasó del 50%

Durante el 2018:La República Dominicana apoya la posición de Venezuela frente a los reclamos de la OEA y el Grupo de Lima por el el restablecimiento de la democracia. Al final se abstiene

Enero del 2019: Maduro se juramenta para nuevo período de 6 años, con muy amplio rechazo internacional. El Gobierno dominicano se suma en la OEA a la declaración de ilegitimidad

 

Solidaridad con Puerto Rico

24_01_2019 HOY_JUEVES_240119_ Opinión8 APor Juan Bolívar Díaz

Gracias a la convocatoria de las intelectuales Chiqui Vicioso y Verónica Sención, se acaba de constituir el Comité Dominicano de Solidaridad con Puerto Rico, hermano país antillano declarado en quiebra económica, golpeado inclementemente por el huracán María a finales del 2017, y en proceso de desintegración, por la huida masiva de sus pobladores, por mala gestión de sus gobernantes y por el proceso de desculturización a que ha sido sometido.

Nunca Puerto Rico había atravesado por una situación tan lastimosa. De repente como que le cayeron todas las desgracias tras las elecciones de noviembre del 2016 que produjeron el fenómeno Donald Trump. A principios del 2017 el gobernador Rosselló pedía a la junta federal de supervisión fiscal que su país pudiera acogerse a la ley de quiebra, al no tener cómo afrontar el acoso de los acreedores por una deuda sobre los 73 mil millones de dólares.

A fin de ese año el huracán María, uno de los fenómenos atmosféricos más letales de la historia, deja a Borínquen en la ruina. La indiferencia y la discriminación, cuando no la burla, ha sido la respuesta del gobernante que predica el aislamiento y la supremacía norteamericana.

Los puertorriqueños no han podido recuperarse de la devastación del huracán, cuyo costo supera el nivel de su impagable deuda, y el trauma general fue tan grande que pasaron meses antes que pudiéramos enterarnos de que las pérdidas incluían tres mil vidas humanas. Todavía 16 meses después quedan comunidades que no han recuperado el servicio de energía eléctrica y el agua potable y los niveles de pobreza han alcanzado los dominicanos, hasta 40 por ciento.

Por cierto, llama la atención que mientras tres o cuatrocientos mil puertorriqueños han huido en ese lapso hacia territorio de Estados Unidos, escapando del desempleo y las precariedades, millares de dominicanos hayan seguido arriesgando la vida, cruzando el canal de la Mona para llegar a Borínquen. La Armada Dominicana acaba de informar que sólo en los últimos cinco meses decomisó 154 embarcaciones, una cada día, que serían utilizadas para esos viajes clandestinos y que rescató o detuvo a 911 personas. Ya Efe había informado que en sólo 48 horas de la segunda semana del 2019, las autoridades frustraron 7 de esos viajes ilegales.

Al justificar la expresión de la solidaridad dominicana, Chiqui Vicioso resaltó como grave peligro para la puertorriqueñidad que ya más boricuas viven en Estados Unidos, 5.4 millones, mientras en la isla sólo quedan 3 millones. Las medidas de constreñimiento del gasto impuestas por interventores federales han incluido el cierre de 179 escuelas y la reducción del estudiantado en una tercera parte. Así las cosas, la lengua hispánica y la cultura, que con tanta fiereza han defendido los borinqueños durante un siglo, pueden estar más que nunca en peligro, una vigorosa razón para que se exprese la hermandad y solidaridad de los dominicanos.

Sin que se lo propusieran las convocantes, la reunión donde quedó constituido el Comité de Solidaridad con Puerto Rico se produjo el 11 de enero, cuando se cumplían 180 años del nacimiento del antillanista Eugenio María de Hostos, uno de los más firmes eslabones de la fraternidad entre nuestros dos pueblos.

Hay que agradecer a Chiqui y a Fidelio Despradel, los anfitriones, y celebrar la presencia de Danny Rivera y su compañera Raquelita, puertorriqueños y dominicanos de entrega y convicciones, y de una treintena de intelectuales, artistas, escritores y comunicadores que animan la solidaridad, que en este caso es mucho más espiritual y cultural que material.

Pronto deberemos proclamar aquí ese comité de solidaridad, rescatando los nexos históricos entre nuestros pueblos, y realizar una visita a Puerto Rico, esta vez no por yolas, para expresar gratitud por los tantos de los nuestros que durante décadas han sido acogidos en esa tierra del edén y perla de los mares, como también nosotros recibimos a cientos de ellos cuando vinieron tras la danza de la caña y el azúcar a comienzos del siglo pasado. –

El proyecto reeleccionista sigue confrontando serias dificultades

19_01_2019 HOY_SABADO_190119_ El País12 B

Con tantos factores adversos, el presidente Medina no podría lanzarse en marzo a buscar otra reelección, que sería traumática, y en julio podría ser tarde para detener a Leonel Fernández, quien se afianza como posible candidato del partido que él entronizó en el poder

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Aunque aumentan las afirmaciones de que ya cuentan con los votos necesarios para eliminar la prohibición constitucional de otra reelección del presidente Danilo Medina y las denuncias de intentos de compras de legisladores, los factores objetivos siguen indicando serias dificultades internas y externas para el acariciado proyecto continuista.

Las señales que dan los poderes fácticos -empresariales, transnacionales y religiosos-, no avalan una segunda reforma constitucional reeleccionista del mismo presidente, ni menos otro camino que pudiera romper la frágil institucionalidad democrática y poner en riesgo una estabilidad macroeconómica de por sí encaminada a la insostenibilidad fiscal.

Auge de la confrontación

Con el inicio del año tomó mayor fuerza la confrontación que se desarrolla a nivel nacional entre el grupo que encabeza el presidente Medina y promueve el continuismo, y el expresidente Leonel Fernández, lanzado al medio de la calle en búsqueda de restaurar su liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y asegurar la candidatura presidencial para el 2020 para un cuarto período presidencial.

            Unos y otros han inundado los medios de comunicación y desatado especulaciones, con sus afirmaciones de que ya han asegurado los votos de legisladores necesarios para reformar la Constitución y eliminar la disposición transitoria que prohíbe repostular a Danilo, mientras del otro lado, se multiplican las acciones políticas bajo el predicamento de que está en juego la democracia y la unidad del PLD porque la decisión de Leonel no tiene marcha atrás en ninguna circunstancia.Ante quienes dudan que él se vaya a enfrentar a Danilo, Leonel deja claro que no tendría alternativa frente a un proyecto que, a su juicio, devendría en una dictadura. Se afirma que ha sostenido que si echa para atrás, hasta sus seguidores lo lincharían, porque ya la confrontación se generalizó a lo largo del país, y los suyos “se la están jugando”.

            Una treintena de diputados leonelistas salieron en rueda de prensa a desmentir que hayan sido cooptados por sus contrincantes, mientras se hacen públicas denuncias, como la del diputado del opositor Frente Amplio Fidel Santana, de que las ofertas de compras de votos llegan a 35 millones de pesos, además de apartamento y camioneta. Las declaraciones públicas y los rumores llegaron a considerar que la extensión de la legislatura decretada por el presidente de la República incluiría el proyecto de reforma constitucional, cosa que se duda sea posible.

Factores internos adversos

            A diferencia de lo que ocurría hace cuatro años, cuando más del 70 por ciento favorecía una oportunidad de reelección para Danilo, ahora esa misma proporción la rechaza, por entender que él pactó y promulgó la Constitución que le impide volver a postularse y juró ante la sociedad que la del 2016 sería su última. También por el desgaste de una gestión que no ha podido resolver ninguno de los graves problemas nacionales, y porque los terceros períodos han sido desastrosos, y hasta Balaguer fracasó en 1978, también con todo el poder del Estado. Gedeón Santos,  embajador ante la OEA, advirtió sobre lo negativo que resultan  los terceros períodos  consecutivos, en artículo en el Listín Diario del miércoles.

En el 2015 Leonel Fernández fue conminado a dar una segunda oportunidad a Danilo, en base a un acuerdo de 15 puntos, donde no sólo se le inhabilita para repostularse a partir del 2020, sino que también dispone “fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos” para futuras reformas constitucionales. Adicionalmente se establece que las decisiones del Comité Político del PLD serán en base al consenso, y en su defecto por sus tres cuartas partes.

Aquel pacto, firmado por Medina, Fernández y todo el Comité Político, buscaba evitar una división del PLD, por lo que los leonelistas argumentan que lo correspondiente ahora es cumplirlo, mientras siguen en ampaña. Hay quienes lo subestiman olvidando que fue él quien llevó a los peledeistas al disfrute del poder, incluyendo a Danilo, pues sin su apoyo en el 2012, con un déficit fiscal sobre 150 mil millones de pesos, éste no hubiese alcanzado la presidencia.

Para los comicios del 2016 el pacto fue de “reelección por reelección”, algo que se ve difícil repetir ahora sin abonar una rebelión de las bases y los dirigentes que tienen aspiraciones en todos los niveles. Si Leonel no acepta la reforma constitucional, auto erigido en defensor de la institucionalidad democrática, sería peligrosa una elección primaria que dividiría el PLD de arriba abajo. Tal vez por eso es que hasta el secretario general, dirigentes y  precandidatos presidenciales opuestos a Leonel, desestiman otra reforma constitucional reeleccionista.

Pesados factores externos

            Los poderes fácticos tradicionales han rechazado una nueva reforma constitucional, comenzando por las principales organizaciones empresariales, y por su Fundación Institucionalidad y Justicia que en múltiples ocasiones ha dicho que pondría en juego la institucionalidad democrática nacional. Hasta sectores empresariales que se sienten cómodos con Danilo y lo preferirían sobre Leonel, expresan temores de que una imposición del poder desate una crisis institucional que ponga en juego el crecimiento y  la estabilidad macroeconómica cada vez más amenazados por sostenidos déficits fiscales solventados por un galopante endeudamiento.

Los líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, se han pronunciado casi a unanimidad contra el proyecto continuista, incluyendo a los predicadores de multitudes protestantes. El arzobispo de Santo Domingo, Francisco Ozorio, no desaprovechó  el Día del Poder Judicial, el 7 de enero, para señalar entre los “graves vicios nacionales” además del enriquecimiento ilícito, “la justificación del poder mediante la fuerza,  la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo”. En diciembre el arzobispo de Santiago, Freddy Bretón,  reiteró advertencias sobre las constantes reformas constitucionales reeleccionistas.

Los poderes fácticos externos, comenzando por Estados Unidos, serían copartícipes de la  preocupación de que forzar la continuidad de Danilo desestabilice el país y coloque la precaria institucionalidad democrática nacional a nivel de Venezuela, Bolivia y Nicaragua, agravando la inestabilidad regional.

Le faltarían casi 40 votos

Para lograr una nueva reforma constitucional, los danilistas tendrían que aniquilar los esfuerzos que desde agosto del 2017 realiza Leonel para posicionarse como alternativa, exitosos según las encuestas, pero enfrentan un círculo vicioso, pues no lo lograrían mientras el presidente tenga el veto constitucional, y para superarlo necesitarían conseguir los votos de gran parte de los 36 diputados y 6 senadores que siguen a Leonel, o buscarlos en el principal bloque opositor.

En los comicios del 2016 el PLD y sus aliados consiguieron 127 diputados y 28 senadores para totalizar 155 en la Asamblea Nacional. De estos 36 diputados y 6 senadores peledeistas siguen actualmente a Leonel y 4 de los aliados perredeístas se pasaron al PRM, con lo cual los danilistas contarían con 109 votos y le faltarían 39 para completar los dos tercios de la reforma constitucional. Podrían conquistar parte de los 15 reformistas, y algunos del PRM, que en la reforma del 2015 perdió dos. Los líderes del PRM juran que su bloque está firme y lo mismo aducen los leonelistas.

Buena parte de los analistas entienden que, aunque esta vez no haya dinero de Odebrecht, como se afirma que hubo hace 4 años, el Estado tiene suficientes recursos para comprarse tres docenas de legisladores. Habría que corromper a muchos si no media un pacto formal como el logrado por Danilo con el PRD en el 2015, que le sumó una treintena, a los cuales se les garantizó la repostulación en las nóminas peledeístas. Ahora habría más repugnancia social y política y mayor quiebra institucional que en el 2015 para imponer otra vez la reforma constitucional.

Forzaría un frente unitario

            El expresidente Hipólito Mejía, con suficiente experiencia por haber fracasado cuando forzó una reforma constitucional para repostularse en el 2004, dividiendo su partido, le advirtió esta semana a Danilo Medina que hacer lo mismo en las actuales circunstancias lo llevaría, junto a familiares y seguidores, a un suicidio político. Es que una compra masiva de legisladores resquebrajaría el sistema partidista con un costo institucional y político muy fuerte en el PLD y en la sociedad y forzaría sería un gran estímulo a los esfuerzos que ya se realizan desde ámbitos sociales y partidistas por una gran coalición socio-política para enfrentar la dominación peledeísta.

Tras la reforma constitucional todavía los danilistas tendrían que imponerse en las primarias abiertas de octubre, apelando también al abuso de los recursos estatales para incentivar votos, los que profundizaría las heridas internas y aún si no se produjera una división, alguna proporción de los heridos reduciría las posibilidades de triunfo en las elecciones del próximo año.

Los costos y riesgos serían tantos que hay quienes creen que Danilo mantendrá su frialdad y no se lanzará a la aventura, por lo menos en las actuales circunstancias, que difícilmente cambien de aquí a febrero, y en julio, fecha límite por las primarias, podría ser tarde para detener a Leonel Fernández. Le podría pasar como a los guzmancistas que esperaron muy tarde para entender que no lograrían imponer la repostulación de Antonio Guzmán en 1982, y cuando apoyaron a su vicepresidene Jacobo Majluta, ya fue imposible detener a Salvador Jorge Blanco. Danilo tendría que declinar en febrero e intentar una alternativa, o negociar un pacto. como en el 2015, pero ahora los vientos soplan en favor de su archi rival Leonel Fernández.-

Distribución de la Asamblea Nacional

(En base a los resultados de los comicios 2016)

Partidos                      Diputados      Senadores      Total

PLD + aliados*          127                  28                    155

PRM + aliados**        46                     2                      48

PRSC + aliados           14                      1                       15

BIS + aliados                 1                      1                         2

Al País                             1                                                 1

PQDC                              1                                                 1

Totales                    190                 32                  222

*Ahora del PLD+aliados: 105 danilistas y 46 leonelistas

**A sus 48 legisladores El PRM sumó 4 perredeístas exaliados del PLD

Responsabilidad del Gobierno

17_01_2019 HOY_JUEVES_170119_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina tiene tanta suerte que todavía los partidos de oposición no le han exigido que explique al país su política de combate al narcotráfico y los esfuerzos que hace su gobierno para esclarecer acontecimientos tan graves como el asesinato del coronel Daniel Ramos Alvarez, comandante de la policía preventiva en Bani a manos de un grupo pandillero y el silencio que rodea la incautación de mil kilogramos de cocaína hace dos meses en el puerto de Haina.

Se generaliza la percepción de impune incremento del narcotráfico en el país, y una evidencia es que el año pasado las autoridades incautaron cerca de 6 mil kilogramos de cocaína, casi la mitad en el último trimestre. Para los entendido, el incremento de las incautaciones implica mayor tráfico, y se trafica más por las rutas donde se abren mejores facilidades para transportar una de las mercancías más lucrativas, que según la ONU genero US$320 mil millones en el 2017.

Expertos internacionales estiman que apenas entre 10 y 20 por ciento de las drogas ilegales caen en manos de las autoridades, y que la isla de Santo Domingo es uno de los puentes para su traslado, especialmente de cocaína, hacia los insaciables mercados de Estados Unidos y Europa.

El 16 de noviembre pasado fue incautado un cargamento de mil kilos de cocaína traídos a Haina Oriental por el buque San Amérigo, pero extrañamente se le permitió la partida ese mismo día con su capitán y sus 21 tripulantes libres, sin que hasta la fecha se haya informado quién era el destinatario de la mercancía, aunque desde el primer momento se dijo que había oficiales de la DNCD involucrados. Lo informó el 29 de noviembre el presidente de la DNCD, mayor general Eugenio Matos de la Cruz, quien lo reiteró el 5 de diciembre, precisando que había oficiales bajo arresto e investigación. Cumplidos dos meses, el caso es de misteriosa impunidad.

Lo ocurrido en el barrio Santa Cruz de Baní el 8 de enero no estremecerá tanto como aquella ejecución de siete narcotraficantes colombianos y la desaparición de un cargamento de cocaína, ocurrida en el 2008 en Paya, también Baní, que involucró a oficiales de la Marina de Guerra dominicana, pero también tiene ribetes escandalosos y desafía la capacidad, honestidad y credibilidad de los investigadores. HOY ha dado cuenta de contrariedad entre una comisión de alto nivel policial y el Procurador fiscal, que investigan el caso.

Son muchas las explicaciones que se necesitan para esclarecer este asesinato, por ejemplo: por qué el coronel Ramos, quien no era agente anticarcóticos, fue quien acudió al lugar donde operaba un negocio de drogas que ahora la DNCD dice que había sido intervenido 20 veces y su principal operador, Rafael Antonio Díaz, sometido en varias ocasiones a la justicia, pero permanecía en libertad. En vez de aligerar la carga de las autoridades, esa explicación la complica.

Hay que despejar la responsabilidad de los dos oficiales acompañantes de la víctima en el operativo, sin tropa de respaldo, que lo abandonaron herido, ahora que el senador por la provincia, Wilton Guerrero, denunciara que “el coronel Ramos fue llevado a una emboscada”. Como se le consideraba un oficial honesto, cabe preguntar si lo asesinaron por tratar de imponer autoridad.

El senador Guerrero, como su colega de Pedernales Dionis Sánchez, no sólo denunciaron la proliferación del narcotráfico en la región sur, sino la complicidad de las autoridades, hasta con detalles de sobornos por semana. La posibilidad de involucramiento de oficiales anticarcóticos, no sería ninguna novedad, pues ya en el 2013 se extraditó a Estados Unidos al ex contralmirante Francisco Hiraldo Guerrero, condenado allí por asociarse al narcotráfico siendo nada menos que jefe de operaciones de la DNCD.

Por cierto, los dos senadores denunciantes no son de la oposición, sino figuras relevantes del partido gobernante, lo que agrava el desafío de las autoridades judiciales y policiales, pero también del Gobierno, que debería enfrentar la proliferación del tráfico interno, por pagos en especies, y las matanzas de las bandas de narcotraficantes, antes que sea demasiado tarde. Hay varios casos de matanzas con signos del narcotráfico sin esclarecer, como la triple de anteayer en La Romana, una doble en julio también en Baní, y la cuádruple del 28 de diciembre en Guerra.-