El predominio de la imposición

26_07_2018 HOY_JUEVES_260718_ Opinión10 A      

Por Juan Bolívar Díaz

La imposición sin reparar en el nivel de violencia que fuere necesario, el arrebato y el despojo quedaron marcados como huella indeleble desde la conquista española de esta isla y más de cinco siglos después, siguen marcando el comportamiento político y social de las élites de la sociedad dominicana, incapaces de aceptar las consecuencias de los resultados del debate de las ideas y de los procedimientos democráticos.

Se trata de toda una cultura según la cual el poder no se cede y hay que mantenerlo sin reparar en el costo, en cualquier nivel organizativo de la sociedad, sobre todo cuando se trata de las máximas instancias de la administración del Estado, por lo que todos los presidentes tan pronto se afianzan en el poder, llegan a la conclusión de que lo imperativo es quedarse ejerciéndolo hasta que la muerte los separe. En consecuencia, no hay juego democrático ni respeto a los textos que lo proclaman, no importa que sean reglamentos, leyes o Constitución.

Esa cultura de la imposición es la que ha impedido por dos décadas la aprobación de una ley que paute el comportamiento democrático en las agrupaciones políticas, aún a su interior, es decir entre sus propios miembros, lo que parece haber llegado al paroxismo en los últimos tiempos, pues gran parte de nuestro máximo liderazgo confiesa sin ruborizarse que no son capaces ni siquiera de establecer el listado o empadronamiento de sus miembros ni mucho menos de regirse por procedimientos democráticos. Y no les da pena ni vergüenza pretender administrar el Estado y regir toda la sociedad, lo que se debe asumir muchas veces más complejo.

De ahí los esfuerzos inauditos por una ley que decline a la Junta Central Electoral (JCE) la responsabilidad de organizar la elección de las candidaturas nacionales, sin la menor racionalidad para entender que se trataría de un proceso casi imposible de materializar en una sola jornada, pues implicaría a decenas de miles de personas. No pueden explicar porqué razón la JCE no ha podido computar sin traumas los votos preferenciales a unos 1,500 candidatos a las 190 curules de diputados. Y muchos que se han opuesto al voto preferencial por los regidores, porque lo consideran inmanejable con un solo candidato por partido, pretenden que se le cuente a tres o cuatro precandidatos por partido, y hasta con métodos diversos, padrón abierto o cerrado, semi-abierto o mediante asamblea de delegados, al mismo tiempo, en los mismos colegios y con los mismos ciudadanos.

No termina el debate sobre padrón para las elecciones primarias, porque el grupo que hegemoniza el poder ha querido imponer a todos el abierto, sin tener consenso ni siquiera en su propio partido, al borde de la división. Después del fracaso de innumerables maniobras, e intento de cooptación, han propuesto que la ley establezca tanto el padrón abierto como el cerrado, para sobreponerla a los estatutos que en todos los partidos, establecen que son sus militantes o miembros quienes escogen sus candidatos, como sus dirigentes, con el voto democrático de todos, o a través de asambleas constituidas por delegados.

Es el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), cuyos estatutos establecen en su artículo 43 que todos sus candidatos se escogen “mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto”, y bajo responsabilidad de una comisión de sus miembros. A la última propuesta del grupo que controla el Estado, el mayor partido opositor respondió formulando que cada partido escoja libremente el método y padrón de elección que prefiera.

Pero la ley sigue empantanada, porque la parte dominante del PLD quiere ahora que se agregue que la decisión sea de los organismos, bajo su control, y la contestataria que “según los estatutos”, cuando en limpia lógica y respeto institucional, debería ser el mismo resultado. Esto así porque en ninguna institución social o política, se puede asumir honradamente que un órgano o un dirigente actúe contrario a lo claramente establecido en sus estatutos. Parece demasiado esperar en una nación cuya Constitución sigue siendo un simple pedazo de papel a 174 años de su proclamación. Los contestatarios de ocasión temen que si no se precisa que es “de acuerdo a los estatutos”, estos se puedan vulnerar. Se acaba, una vez más la legislatura y los detentadores del poder siguen maquinando para ver si logran imponer el padrón abierto que les permita mayores posibilidades de eternizarse, aún al costo de aplastar a sus antiguos compañeros.-

El presidente DM está en mala racha, de escándalos, gestión política y fiscal

21_07_2018 HOY_SABADO_210718_ El País11 A

Danilo Medina luce cada vez más empantanado en el escándalo Odebrecht, los apremios fiscales suturados a golpe de endeudamiento, falso combate a la inseguridad, mayor mortalidad infantil, crisis de la seguridad social y sin poder dar salida a la Ley de Partidos 

 

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

Acercándose a la mitad de su período, el gobierno del presidente Danilo Medina atraviesa una de sus peores rachas, cada vez más enredado en el escándalo de corrupción de Odebrecht, con apuros fiscales, llevando la deuda pública al borde de la insostenibilidad para financiar sus infortunadas plantas de carbón, mientras el peso se reduce a dos centavos de un dólar escaso.

Con el gobernante Partido de la Liberación Dominicana sin poder superar su peor crisis, la posición del mandatario sigue obstruyendo la aprobación de la Ley de Partidos, mientras entra en crisis la seguridad social y se reporta un escandaloso incremento en el año de la mortalidad infantil, que avala los cuestionamientos a la gestión de la salud pública.

El pantano de Odebrecht

            Todo parece indicar que el escándalo Odebrecht, que ha marchitado la primera mitad de su último período gubernamental, seguirá persiguiendo al presidente Danilo Medina sin respuesta a los indicadores que lo salpican y en medio del descrédito por la pobre investigación de su Ministerio Público.

El gobierno quedó atrapado con las revelaciones de cuatro diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con documentos de la Contraloría General de la República (CGR) que demuestran contrataciones públicas con los asesores de las campañas electorales que ejecutivos de la Odebrecht confesaron haber financiado, entre ellas las del presidente Medina. El secretario administrativo de la Presidencia y su director de Comunicaciones trataron de disminuir el nivel del escándalo, admitiendo que a Joao Santana y Mónica Moura se le pagaron 430 millones de pesos por asesorías y marketing político.

Los registros de 11 contratos, entregados por la CGR a requerimiento de los diputados demuestran que lo contratado con las empresas Polis Cribe y Cine&Art 2013, de Joao Santana y Mónica Moura, sobrepasaron los 1,300 millones de pesos, que comenzaron el primer día del gobierno de Medina en agosto del 2012, y se extendían hasta diciembre del 2016. Los libramientos 7231, 7236 y 7587 de la Contraloría autorizaron pagos hasta enero del 2017, estos tres por 24 millones 451 mil pesos, 11 meses después la pareja dejó la asesoría a Medina en febrero del 2016, para ser condenados en Brasil por su implicación en el escándalo Odebrecht.

Nada que transparentar

Tanto en la respuesta de funcionarios palaciegos como en la reacción de la mayoría peledeísta que controla la Cámara de Diputados, resalta su negativa a dilucidar el contenido de los papeles certificados por la CGR y a aceptar el requerimiento de los cuatro legisladores de crear una comisión que investigue contratos “para asesoría en marketing, comunicación y planificación de campaña” un asunto que salpica al propio presidente Medina, al tratarse de los asesores políticos de sus dos campañas electorales. La admisión de pagos por 430.5 millones de pesos, debería obligar a una minuciosa rendición de cuentas, al implicar posible violación de la ley de Compras y Contrataciones y uso político de fondos públicos.

Al menos podrían haber detallado cómo y por qué sólo pagaron esa suma, cuando contrataron fueron por más de 1,300 millones de pesos, incluyendo 4 en años sucesivos a razón  a razón de 100 mil dólares mensuales. Más aún porque una relación de erogaciones del Ministerio de Educación indica que allí también pagaron a la empresa Cine&Arte 2013, una de las dos involucradas,16 millones 800 mil pesos en noviembre del 2014. Los documentos de la CGR deberían ser respondidos también con documentos y no con afirmaciones descalificativas.

Con su negativa a investigar la Cámara de Diputados, desaprovechó la oportunidad para demostrar que los documentos eran falsos como afirmó su presidente Rubén Maldonado, y renunció al deber de fiscalización de los gastos públicos que le ordena la Constitución, ratificando la pobreza institucional y la precariedad de la democracia dominicana.

La espina de las plantas

            Los papeles de la Contraloría pusieron en apuros al gobierno, cuando trata de completar el financiamiento de las cuestionadas plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina para concluirlas al margen del reclamo de otros 708 millones de dólares que le ha formulado Odebrecht. A eso se atribuye, en parte, la colocación de bonos por 1,300 millones de dólares de la semana pasada, que a la vez alivia la escasez de divisas racionadas para administrar la devaluación del peso que ya llega a 50 por dólar, la que esta semana generó una exigencia pública de la Asociación de Industriales de Herrera al Banco Central para que los empresarios puedan cumplir sus compromisos internacionales.

Tras los nuevos bonos, HOY dio cuenta el sábado 14 que el gobierno de Medina ha emitido más de 12 mil millones de dólares desde el 2013, mientras el exgobernador del Banco Central daba cuenta de que la deuda pública estatal consolidada alcanza 43 mil 400 millones de dólares, 52 por ciento del producto nacional, reiterando sus advertencias de que va camino a la insostenibilidad. El economista Apolinar Veloz, hasta hace poco funcionario del Fondo Monetario Internacional, la cuantificó en 46 mil millones en una entrevista el jueves en Uno+Uno de Teleantillas, al sumarle deudas no registradas con suplidores y constructores.

Las perspectivas apuntan a la continuación del endeudamiento, en su mayoría para cubrir gastos corrientes, ya que el Ministerio de Hacienda advirtió que el presupuesto para el 2019, en proceso de elaboración, contendrá menos recursos para proyectos prioritarios, cuando la inversión de capital apenas alcanza el 15 por ciento del presupuesto. En los lineamientos presupuestarios para el próximo año recién presentados al presidente Medina por el ministro Donald Guerrero, sigue ausente el pacto fiscal postulado por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que el gobierno ha evadido, según dio cuenta el Diario Libre al comenzar la semana.

Traspiés eléctrico en China

            El gobierno tuvo otro revés esta misma semana cuando se reprodujo aquí una información publicada en un portal internacional de que el presidente del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, José Rafael Santana, firmó un acuerdo para la instalación de una planta eléctrica de 1,200 megavatios, que incluiría facilidades del puerto de Manzanillo, en Montecristi, con la empresa china Huayang Investment Holdings. El mismo día el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo,  y el vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Bichara, negaron calidad a Santana para firmar tal acuerdo.

Cuando se esperaba que el funcionario sería destituido, al día siguiente Bichara precisó que lo que se firmó fue un “memorándum de entendimiento no vinculante”, como unos 26 suscritos en los últimos meses con otras empresas interesadas en el negocio eléctrico en el país. Ese tipo de “acuerdos de intención” son de carácter confidencial y por tanto no publicable. Pero este se firmó en una ceremonia en el “Salón del Pueblo” de la capital de China, Beijing, con la concurrencia de varios funcionarios dominicanos y chinos.

Desde luego nadie informó quién cubrió los gastos para esa “carta de intención”, mientras se especulaba sobre la precipitación con que el gobierno procura beneficios económicos, por lo menos de inversión, de su reciente reconocimiento diplomático de la República Popular China.

Una reacción de Danilo

El presidente Medina, negado sistemáticamente a responder cuestionamientos o preguntas, tuvo una reacción de enojo esta semana cuando recriminó a los que criticaron los vicios de construcción develados por los aguaceros en dos grandes hospitales capitalinos, en especial el Moscoso Puello, en cuya remodelación se gastaron más de 400 millones de pesos.

El sector salud está revuelto desde hace meses, con declaraciones de colapso por parte de los gremios como el Colegio Médico Dominicano, con el agravante de que el sistema de seguridad social ha sido sumido en una crisis, con sus organismos inoperantes, al punto que tras un coro de quejas y demandas, contra las aseguradoras de de Riesgos de Salud, esta semana el Ministro de Salud Pública reaccionó proponiendo una mesa de diálogo para buscar soluciones.

Mientras tanto, las muertes de recién nacidos se elevaron en el primer semestre de este año en un alarmante 29.4 por ciento, al totalizar 1,659, con 377 más que las 1,282 ocurridas en el mismo período del año pasado, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud correspondiente a la semana 26. Las muertes maternas del mismo período se redujeron de 88 a 93.

Tampoco en la política

En el rumbo político tampoco ha tenido suerte el presidente Medina, aunque en las últimas semanas han aparecido en las redes cinco spots de promoción de su reelección, con la misma línea gráfica, y el viernes se publicaron fotografías de afiches reeleccionistas con la foto del mandatario, todos de igual impresión, durante una inauguración oficial.

Hace dos semanas se aprovechó un congreso en el país de la Federación Interamericana de Abogados para atribuirle a un supuesto “Comité de Derecho Electoral” haber dictaminado “a unanimidad” que el transitorio de la Constitución que prohíbe otra repostulación de Medina, viola sus derechos, lo que fue rápidamente desautorizado por el presidente de la entidad con sede en Washington, quien dijo que ni siquiera tienen tal comité.

La última propuesta del danilismo para viabilizar la controversial Ley de Partidos, que pedía consagrar tanto el padrón abierto como el cerrado para elegir candidatos, habría sido respondida por el Partido Revolucionario Moderno con que cada partido quede en libertad de escoger el método de elección, pero parece que eso tampoco satisface al danilismo que quiere una ley que le economice los riesgos de convocar un congreso  para modificar los estatutos del PLD que establecen el padrón interno. Mientras tanto, el próximo miércoles concluirá otra legislatura sin aprobarse la Ley de Partidos.-

 

Este Estado es una mojiganga

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Por Juan Bolívar Díaz

            El intento de reducir a 430 millones de pesos los más de mil 300 millones que el gobierno del presidente Danilo Medina otorgó en contratos a los asesores políticos y brazos ejecutivos de Odebrecht en el financiamiento de campañas electorales en diversos países, no puede reducir la gravedad de la denuncia, fundamentada en documentos oficiales entregados por la Contraloría General de la República a requerimiento de 4 diputados del Partido Revolucionario Moderno.

La revelación de la diputada Faride Raful y los diputados Frank Paulino, Robinson Díaz y Agustín Burgos, constituye otra escandalosa muestra de la mojiganga en que ha sido convertido el Estado dominicano por una corporación que se apropia impunemente del patrimonio público y se niega a la menor rendición de cuentas. De ahí el desplante con que fue recibida la propuesta de una comisión especial de la Cámara de Diputados para investigar los alcances de esas contrataciones, fundada en los artículos 93 y 246 de la Constitución de la República, el último de los cuales dispone que “el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional”.

En una carta dirigida a la Cámara de Diputados, el Secretario Administrativo de la Presidencia y el titular de la Dirección de Comunicaciones sostienen que los pagos a las empresas de Joao Santana y Mónica Moura sólo ascendieron a 430.5 millones de pesos, en vez de los casi mil cuatrocientos millones denunciados por los diputados. Y niegan que se les siguiera pagando después que ambos delincuentes internacionales tuvieran que abandonar la campaña reeleccionista del presidente Medina para caer presos y ser procesados en Brasil por corrupción pasiva y lavado de activos.

La extensa carta de los funcionarios José Ramón Peralta y Roberto Rodríguez Marchena, cargada de consideraciones políticas,  queda corta en el abordaje de los documentos hechos públicos por los diputados. No se refieren a once contratos entregados por la Contraloría, que ellos suscribieron con las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013, de los esposos Santana-Moura, para “asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas”, que fue precisamente lo que estos hicieron para las campañas electorales del presidente Medina en el 2012 y 2016, hasta su apresamiento el 22 de febrero de ese año, a tres meses de las elecciones.

Las copias de los registros de esas contrataciones, entregadas a requerimiento de los cuatro diputados, tienen el logo, los sellos y las firmas del Contralor Rafael A. Germosén Andújar, además de las de Elvida Margarita Hidalgo, directora de Certificación de Contratos, o alternativamente de Juana Vélez, Consultora Jurídica del organismo. La Secretaría Administrativa aparece como responsable de 8 de los contratos, 4 por un millón 200 mil dólares cada uno, el último de los cuales tiene vigencia del 3 de diciembre del 2015, al 3 de diciembre del 2016, rebasando el período electoral. Entre los otros 4 hay 2 por 480 millones de pesos cada uno, que ellos solos suman 960 millones, más del doble de lo que admiten haber pagado los funcionarios, y los dos restantes suman 58 millones de pesos. Sólo la Secretaría habría firmado contratos por mil 255 millones de pesos, casi el triple de lo admitido como pagado.

Por su parte la DICOM aparece como responsable de 3 contratos que totalizan 91.6 millones de pesos, lo que genera un gran total de mil 346 millones de pesos contratados, según los registros de la Contraloría. Es bien extraño que la carta ignore los contratos y desperdicie la oportunidad de ganar credibilidad, por ejemplo documentando si fueron modificados o rescindidos, o si el registro es falso, o si se trata de una falsificación, que sería delito penal.

Aunque sólo pagaran fueran 430 millones de pesos, se trata de contrataciones grado a grado, que ignoran las regulaciones de la Ley de Compras y Contrataciones, sin concursos licitaciones o sorteos, a extranjeros, en una materia donde hay mucha competitividad nacional. Y que por “coincidencia” los beneficiarios fueran los asesores de las campañas electorales del presidente de la nación. Y que el primer contrato arrancara el día mismo de su juramentación. Y que el último alcanzara hasta 7 meses después de su segunda elección. Por demás queda aclarar si hubo pagos adicionales por otros organismos estatales, como por ejemplo el de 16 millones 800 mil pesos a Cine&Art 2013, que aparece en una relación de pagos del Ministerio de Educación en noviembre del 2014.

En cualquier democracia de mediana intensidad, el Congreso tendría que investigar y rendir cuenta, pero no en esta mojiganga de Estado como la que sufrimos.-

 

Gobierno de Danilo contrató más de $1,300 millones con Joao y Mónica

5A_El País_13_1,p01Una certificación de la Contraloría General, obtenida por la diputada Faride Raful, revela 11 contrataciones y al menos 35 libramientos de pagos por $1,108 millones y 4.8 millones de dólares a dos empresas de Santana y Moura, que siguieron aún después de ser apresados  

 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Una certificación de la Contraloría General de la República (CGR), obtenida por la diputada Faride Raful, revela contrataciones por más de 1,300 millones de pesos de dos organismos gubernamentales con dos empresas de Joao Santana y Mónica Moura los instrumentos políticos de Odebrecht que asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina.

Las contrataciones y pagos a las empresas Polis Caribe y Cine&Art 2013 comenzaron el mismo día de la juramentación presidencial de Medina, el 16 de agosto del 2012, y se extendieron hasta enero del 2017, 11 meses después que los dos publicistas fueran apresados en Brasil al llegar desde Santo Domingo y procesados por corrupción pasiva y lavado de activos.

Del primer día hasta 2016

El primer contrato de los certificados por la CGR, otorgado a Polis Caribe por la Dirección General de Comunicaciones (DICOM), rigió desde el día inicial del gobierno de Medina, el 16 de agosto del 2012, hasta el 24 de noviembre del mismo año, por un monto de 18 millones 815 mil pesos, para producir la “campaña 100 días de gobierno”, y el último fue un contrato por un millón 200 mil dólares para “asesoría en comunicación y Planificación estratégica”, que venció el 3 de diciembre del 2016.

En la relación de libramientos autorizados por la CGR aparecen 7 pagos a la empresa Cine&Art 2013 entre marzo del 2016 y enero del 2017 por un total de 72.5 millones de pesos, cuando ya los esposos Santana-Mouray había sido apresados y procesados, siendo condenados en enero del 2017 a 8 años de cárcel por corrupción pasiva y lavado de activos provenientes de la empresa Petrbras, tomándose en cuenta que hicieron “declaraciones premiadas”, por lo que cumplen la condena en domicilio privado.

Polis Caribe, representada por Mónica Moura, obtuvo contratos de la Secretaría Administrativa de la Presidencia por 1 millón 400 mil dólares, por 4 años, del 2013 al 2016, con una adenda estableciendo que debían pagársele cada mes 100 mil dólares más el Itebis. El objeto   “asesoría en comunicación y planificación estratégica” es poco descriptivo, pero con mensualidad muy por encima del mercado nacional, casi 5 millones de pesos a la tasa de ahora.

Pero los contratos más generosos fueron dos por 480 millones de pesos cada uno, firmados por la misma secretaría, con vigencia del 3 de marzo del 2014 al mismo día y mes del 2016. Estos fueron con Cine&Art 2013 para “servicio de coordinación de marketing y diseño para campañas en los medios de comunicación”.

Más de $1,300 millones

El total de lo contratado con las dos empresas de los Santana-Moura ascendió a 4  millones 800 mil dólares, que a la tasa actual de 49.40 pesos, sumarían 237 millones 120 mil pesos, más 1,109 millones de pesos para un total general de 1,346 millones 841 mil 796, equivalentes a 27 millones 247 mil dólares.

Pero las contrataciones fueron mayores, ya que la certificación de la CGR indica que no podía establecer los montos de diez de los libramientos solicitados por la diputada Raful, porque “el sistema de información dela Gestión Financiera sólo nos permite visualizar las informaciones de los últimos tres años”. Hace más de un año fue documentado un pago del Ministerio de Educación a Cine&Art 2013 en noviembre del 2014 por 16 millones 198 mil pesos.

La CGR certificó 12 libramientos a Cine&Art 2013 por un total de    164 millones 455 mil pesos, y otros 23 en favor de Polis Caribe por 119 millones 593 mil pesos, todos entre el 2014 y 2017.

Las contrataciones de la Secretaría Administrativa de la Presidencia, certificadas por la CGR, no aparecen en las relaciones de pago de esta, ni hay constancia de que fueran sometidas a las licitaciones o concursos establecidos por la Ley de Compras y Contrataciones. En las de Polis Caribe figura Mónica Moura como representante, y en la de Cine&Art 2013 la brasileña Marcela Masotti, asociada de los Santana-Moura.

La magia de Cine&Art 2013

Como describimos en el artículo “Una ayudita al Procurador General”, en HOY, 20 de julio del 2017, la empresa Cine&Art 2013 fue constituida el 18 de junio del 2013 en Santo Domingo con un capital de apenas 100 mil pesos, por los brasileños Marcelo Mascarenhas Kertesz y Ayla de Souza Santana. Cinco meses después el primero traspasó sus acciones a Daniel Moura Marques y éste luego a su hermana Alice Moura, es decir hijos de la pareja Joao-Mónica. Su registro mercantil en la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es el 100084SD, con sede en calle Helios 102, de Bella Vista, la misma de Polis Caribe.

Cine&Art 2013 saltó a la luz pública cuando un consorcio de periodistas peruanos revelo que la investigación del parlamento del Perú a las operaciones ilegales de Odebrecht en ese país había establecido que la empresa constituida en Santo Domingo había recibido 16 transferencias bancarias por un total de 4 millones 396 mil 796 dólares, entre 2013-14, proveniente de tres filiales de la constructora brasileña en lo que denominaron “conexión del Lavajato en Santo Domingo”.

En mayo del 2017 las entidades sociales Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, Fundación Masada y Santiago Somos Todos depositaron una denuncia en la Procuraduría General que solicitaba, entre otros asuntos, esclarecer el destino de los casi 4.4 millones de dólares enviados por Odebrecht a Cine&Art 2013. La denuncia fue reiterada meses después con la adición del Centro Bonó, pero la Procuraduría nunca se ha referido a la misma.        

Una propuesta fallida

Armada con las certificaciones que obtuvo de la CGR amparada en la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la diputada Raful y otros tres legisladores del Partido Revolucionario Moderno sometieron el jueves una propuesta para que la Cámara de Diputados creara una “Comisión Especial que fiscalice e investigue las contrataciones públicas hechas por el Ministerio Administrativo de la Presidencia y la Dirección de Comunicación (DICOM) durante el período 2012-2016 con las empresas vinculadas a Joao Cerqueira Santana y su esposa Mónica Regina Cunha Moura: Cine&Art 2013 SRL y Polis Caribe SRL, por un monto aproximado a RD$1,400,000,000.00”.

La propuesta fue rechazada enfáticamente por voceros del Partido de la Liberación Dominicana, como el diputado Radhamés Camacho, que llegó a ofender a la proponente diciendo que se presenta como una flor pero tiene espinas de guasábara.

La propuesta dirigida al presidente de los diputados considera, en base a la documentación recibida de la CGR, que en las contrataciones pudieron haberse violado varios artículos de la Constitución de la República, el artículo 14 de la Ley de Contrataciones Públicas 340-06 y el artículo 114 del Código Penal. También los artículos 47,55 y 174 de la Ley Electoral, los artículos 3,7,18 y 24 de la Ley sobre Lavado de Activos, el artículo 54 de la Ley Orgánica del Presupuesto y el artículo 3 de la Ley 448-06 sobre Sobornos.

La asesoría de Joao-Moura

Joao Santana y Mónica Moura asesoraron las campañas electorales de Danilo Medina en el 2012 y 2016, y en principio se dijo que habían sido contratados por empresarios privados. Pero luego los esposos brasileños aparecieron como el brazo de Odebrecht en el financiamiento de  campañas electorales en los países donde esa empresa constructora montó un sistema de sobornos y sobrevaluaciones, incluyendo República Dominicana, lo que fue ampliamente admitido y denunciado por los más altos ejecutivos de la constructora de Brasil.

La influencia de la pareja en la República Dominicana parece haber superado a los otros 10 países involucrados en lo que se ha estimado el mayor escándalo de corrupción internacional de la historia, exepto Brasil mismo, donde asesoraron campañas de los expresidentes Lula de Silva y Dilma Rouseauff. En Santo Domingo llegaron a despachar en la misma sede del gobierno y aquí estaban asesorando la campaña del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña. En principio se les atribuyó haber incluido a República Dominicana en el financiamiento de campañas por Odebrecht, pero luego la excluyeron. Y aquí les siguieron pagando sus contratos y hasta hace poco se afirmaba que seguían operando sus hijos.

En la instancia de los 4 diputados del PRM se resalta que tras su triunfo electoral del 2012, el presidente Medina agradeció públicamente la asesoría de Joao Santana, pero indica que en los informes del Partido de la liberación Dominicana a la Junta Central Electoral no aparece pago alguno al brasileño. Tampoco en los informes de ejecución presupuestaria del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Joao Santana se despidió el 22 de febrero del 2016, en plena campaña por la reelección de Medina, en carta dirigida al PLD.-

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CONTRATACIONES CON POLIS CARIBE, SRL

(Asesoría en marketing, comunicación y planificación de campañas)

Contratante                           Fecha                                                  Monto                                       

Sec. Adm. de la Presidencia    Del 3-12 del 2012 al 3-12 del 2013     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2013 al 3-12 del 2014     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2014 al 3-12 del 2015     US$ 1,200,000

Del 3-12 del 2015 al 3-12 del 2016     US$ 1,200,000

Direc. Gral. Comunicaciones   Del 16-8 del 2012 al 24-11 del 2012  RD$ 18,815,100

Del 1-6 del 2013 al 30-8 del 2013       RD$ 48,720,757

Del 29-7 del 2013 al 297 del 2014      RD$ 24,190,944

CONTRATACIONES CON CINE&ART 2013, SRL

Sec. Adm. de la Presidencia    Del 3-3 del 2014 al 3-3 del 2015                     RD$ 480,000,000

Del 3-3 del 2015 al 3-3 del 2016         RD$ 480,000,000

Del 1-1 del 2014 al 1-1 del 2015                     RD$   22,232,144

Del 14-12 del 2014 al 27-2 del 2015   RD$   35,762,850

Fuente: certificaciones de la Contraloría General de la República a la diputada Faride Raful

Masiva violación de derechos

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Por Juan Bolívar Díaz

Sólo una sociedad desestructurada, atomizada, en mendicidad institucional y con valores extrapolados puede aceptar como válido el persistente recurso al patrullaje policíaco-militar como mecanismo para enfrentar el incremento de la delincuencia, con el agravante de que deriva en extorsiones y una masiva violación de los derechos humanos de los más pobres y desprotegidos con el consiguiente y contraproducente resentimiento que agrava la inseguridad.

Es más que vergonzoso, degradante socialmente, que la Policía Nacional informe como muestra del éxito de su patrullaje junto a miles de efectivos militares, que en sus primeros cuatro días detuvo para fines de investigación a 4 mil 959 personas, es decir mil 240 en cada jornada, de las cuales apenas “39 fueron sorprendidas en flagrante delito”. En realidad lo flagrante es la confesión de una masiva violación de derechos humanos, ya que el código procesal establece que a ningún ciudadano se le puede privar de su libertad a no ser que sea sorprendido “en flagrante delito”, o mediante una disposición judicial motivada.

En otras palabras, que el vocero oficial de la PN ha confesado el delito de violación de derechos a casi cinco mil ciudadanos, en su gran mayoría jóvenes pobres, de los barrios populares, quienes no tienen quién los defienda de la arbitrariedad. Se trata de parias, del montón salidos, sospechosos de llevar la intranquilidad y la inseguridad a la gran familia dominicana.

Entre las víctimas propiciatorias de la PN están relevantemente los motoristas, pues el informe indica que “fueron depuradas” nada menos que 25 mil 289 motocicletas, de las cuales 5 mil 543 fueron retenidas. Y lo más probable es que muchos de los que han leído el informe justifiquen esa redada contra los motoristas, porque es frecuente que se utilicen esos vehículos para asaltos y otros actos delictivos.

Pero resulta que según la Dirección General de Impuestos Internos, al terminar el pasado año 2017 había en el país 2 millones 238 mil 671 motocicletas, el 54.6 por ciento de nuestro parque vehicular. Y hay quienes creen que son muchas más, sumadas las que ingresan como piezas y son ensambladas aquí, evadiendo el registro correspondiente. En cualquier caso, los propietarios son aproximadamente el 23 por ciento de la población nacional. Hombres y mujeres comunes que las adquieren para transportarse a sus trabajos y lugares de estudio, llevando a esposas e hijos, a vecinos y compañeros de labores, en un país donde el transporte público es pésimo, y consume entre el 20 y 25 por ciento del salario de los trabajadores pobres.

Pueden los lectores estar seguros que para pasar la “depuración” una alta proporción de los propietarios de las 25 mil motocicletas sospechosas tuvieron que pagar sumas considerables y que los de las más de 5 mil retenidas la están pasando mal para recuperar su medio de transporte o de ganarse la vida, porque entre 400 y 500 mil, según estimados, corresponden a dominicanos comunes que trabajan  en el llamado motoconcho, que en el gran Santo Domingo mueve más pasajeros que el metro y el flamante teleférico juntos.

La policía ha precisado que de los casi 5 mil apresados para investigación, 65 resultaron “reconocidos delincuentes”, por lo que se puede deducir que el 98 por ciento son personas en  plenitud de derechos. Y ya hubo un ciudadano, Manuel Merán Maldonado, que pagó con su vida el costo del operativo policíaco-militar. Irónicamente era un miembro de la misma policía, quien vestido de civil conducía una motocicleta.

No hay que tener un doctorado en seguridad ciudadana para concluir que el patrullaje mixto es contraproducente, que se traduce en rechazo de la comunidad barrial, convertida en víctima, que en vez de generar confianza, produce animadversión y resentimientos.

Ese patrullaje mixto al que se apela cada seis o siete meses, es otra iniquidad de nuestro sistema político  social, expresión cínica de la incapacidad para instaurar políticas de seguridad ciudadana, confesión de incapacidad para atacar de raíz la estructura que genera tanta delincuencia e inseguridad.

Lo peor de todo es que estamos tan adormecidos, domesticados y alienados que aceptamos cualquier receta para nuestros males, aunque estén envenenadas o sean fruto de la incapacidad, del cinismo, del allante y la insensibilidad social y humana.-

 

El fenómeno López Obrador liquida el partidismo tradicional en América Latina

Mexico's President-elect Andres Manuel Lopez Obrador gives a press conference in Mexico City, Thursday, July 5, 2018. Lopez Obrador is proposing former Mexico City Mayor Marcelo Ebrard to be the country's next top diplomat. (AP Photo/Moises Castillo) (AP Photo/Moises Castillo)

AMLO no es un izquierdista emocional y su MORENA sienta ejemplo e interpreta la agobiada sociedad mexicana para una barrida electoral, venciendo a dos partidos de 90 y 80 años de vigencia y a todos los poderes fácticos que durante 12 años le cerraron el paso

                                 Por Juan Bolívar Díaz

Con la inmensa victoria electoral del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) que lleva a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a la presidencia de México caen los dos últimos vestigios del partidismo político latinoamericano, con 90 y 80 años de vigencia, en un laborioso proceso que superó el veto de los poderes fácticos tradicionales.

Aunque su partido tiene menos de cinco años, López Obrador no es un improvisado, sino un tenaz y vigoroso contendiente que rompe paradigmas y ensambla su poder desde la estructura municipal, comprometido con las mayorías, con un testimonio y discurso contra la corrupción y la descomposición social en acertada interpretación de las frustraciones mexicanas.

Vencen todos los poderes

La victoria de López Obrador y su MORENA ha sido tan contundente que sólo tiene parangón con las décadas de dominio absoluto del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI). Sólo perdió en uno de los 32 estados de México, incluido el capitalino Distrito Federal,  alcanzando desde la oposición el 53 por ciento de los votos para ganar no sólo la presidencia de la nación, sino también mayoría en ambas cámaras legislativas, en muy diversa alianza con el Partido del Trabajo,  de izquierda, y el Partido Encuentro Social, de conservadores evangélicos.

Han desplazado a los dos partidos dominantes del último siglo mexicano, el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN), que el próximo año tendrán 90 y 80 años de fundados. De paso dejaron en la insignificancia al Partido de la Revolución Democrática (PRD) creado en 1988 y que fue la plataforma de lanzamiento del liderazgo de AMLO. Esta vez el viejo PRI sólo ha ganado la gobernación del Estado de Yucatán, tropiezo histórico sin precedente.

Pero no sólo han sido vencidos los partidos tradicionales, López Obrador logró superar el veto de los poderes fácticos, especialmente del gran capital y sus medios de comunicación que, como Televisa y TV-Azteca lograron cerrarle el paso en 2006 y 2012, cuando perdió por escaso margen, especialmente en la primera cuando el panista Felipe Calderón fue proclamado presidente por una disputada diferencia de 0.56 por ciento, tras dos meses y 4 días de graves denuncias de fraude electoral.

Los esfuerzos por cerrar el paso a AMLO llegaron en mayo al extremo de que grandes empresarios reunieron a sus trabajadores para advertirles “los peligros” que representaba el candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, pero esta vez la oposición de los poderes fácticos obró en sentido adverso, ya que en medio año pasó del 40  al 53 por ciento.

Un fenómeno llamado AMLO

No se debe simplificar el fenómeno llamado AMLO, que no es un improvisado en la política ni un izquierdista tradicional, como lo han presentado para arrinconarlo, y si algo lo define es la coherencia con que ha actuado desde que en los ochenta abandonó el PRI, junto a un grupo disidente generado por la represión de 1968 y la institucionalización de la corrupción. Entre los fundadores del PRD para los comicios de 1988, partió desde las bases para hacerse con la jefatura del Distrito Federal en las elecciones del 2000, y fue ahí donde sembró su poder político con una brillante gestión que mejoró notablemente la gran urbe mexicana, administrando un presupuesto entonces similar al de República Dominicana, sin que nadie le imputara actos de corrupción.

Otro factor del éxito ha sido su tenaz persistencia. La victoria de ahora no se puede entender sin el arrojo con que se enfrentó a los partidos dominantes en las dos elecciones anteriores, obligando a reformas políticas importantes que esta vez no le permitieron al presidente López Nieto meter al Estado en la campaña como hizo Vicente Fox en el 2006. Ni al duopolio televisivo repetir la campaña sucia, ni a sus contrincantes gastar miles de millones de pesos como en las ocasiones anteriores.

En el 2006 López Obrador y sus fieles ocuparon durante 50 días la principal plaza capitalina El Zócalo e instalaron campamentos en otras avenidas, denunciando fraude y manipulaciones. Sus recursos se extendieron los cinco meses de la larga transición mexicana y Felipe Calderón tuvo que celebrar el acto de juramentación en la residencia presidencial de Los Pinos, porque el Congreso estaba sitiado por los opositores.

Los cuatro años de Morena

Tras perder por segunda vez en el 2012, con mayor diferencia, de 8 puntos, López Obrador consideró que el PRD se había convertido en una carga y en enero del 2014 fundaba un nuevo partido, con un nombre que subrayaba su proyecto: Movimiento de Regeneración Nacional, y a eso se dedicó con un vigor admirable, captando dirigentes comunitarios de base para competir en comicios locales y crear ayuntamientos modelos, como el de Valladolid, en Yucatán, cuyo ejemplo se expandió.

AMLO acarreó gran proporción de los diputados del PRD, bajo una mística de renovación y regeneración en dimensión inversa al deterioro del país. El rigor contra la corrupción y las incoherencias implicaron varios centenares de medidas disciplinarias y sanciones impuestas por su Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, presidida por el antropólogo dominico-mexicano Héctor Díaz Polanco. Las sanciones alcanzaron a dirigentes nacionales y diputados, como el caso de Eva Cadena, a quien en el 2017 grabaron un video recibiendo dinero. El mismo día de la denuncia quedó separada de la bancada y posteriormente despojada de una candidatura a alcaldesa en Veracruz.

La vida personal de López Obrador fue convertida en ejemplo de austeridad y modestia, mientras recorría el inmenso país de casi dos millones de kilómetros cuadrados, 40 veces el territorio dominicano, y de 123 millones de habitantes, alcanzando zonas como la norteña, donde antes tuvo poco apoyo. Si algo le faltaba lo suplió con alianzas hacia la derecha y la izquierda. Desarrolló suficientes iniciativas y energías para vencer la dominación política de casi un siglo y sus poderosos opositores, sin puritanismo, acogiendo grupos provenientes de todos los sectores.

No podía haber más miedo

Esta vez la campaña del miedo a López Obrador no dio resultado. Hace meses que quedó en evidencia, porque la sociedad mexicana ya está saturada de miedo, a la inseguridad ciudadana, a la extrema desigualdad y a la crispación social, traducida en violencia de todo género.

La descomposición social y el derrumbe de la seguridad agobian a los mexicanos, con cerca de 100 homicidios por día, 21 mil 726 desaparecidos en el período de gobierno (6 años) de Peña Nieto que concluye, fruto de las bandas de narcotraficantes y otros géneros, que han operado cementerios clandestinos en la mayoría de sus estados, con casos tan dramáticos como la desaparición y asesinato de 43 estudiantes de magisterio en Ayotzinapa. Guerrero, cuatro años después en la impunidad.

A pesar del potencial de su inmenso territorio y un mercado interior de 123 millones de personas, la mitad menores de 29 años, México ha acumulado más de 50 millones de personas viviendo en la pobreza, pero es al mismo tiempo un país de grandes fortunas, algunas de las más grandes del mundo.

AMLO ha interpretado las carencias y frustraciones de las mayorías mexicanas, convirtiéndose en una esperanza, bajo la promesa de hacer la cuarta gran transformación, después de la independencia de 1810, la reforma de mediados del siglo 19 y la revolución en la segunda década del veinte.

Caen los viejos partidos

La magnitud de la derrota del PRI y el PAN, que juntos apenas sumaron 38.63 por ciento de los votos, el 73 por ciento del 53.17 por ciento y 30.4 millones de votos alcanzados por AMLO, viene a sellar la caída de los partidos más antiguos de América Latina, tras el derrumbe del peronismo en Argentina, del Aprismo y Acción Popular en Perú, de Acción Democrática y Copey en Venezuela, de Liberación Nacional en Costa Rica, y por igual las catedrales políticas de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Uruguay, Chile, Guatemala, Panamá.

El desafío es inmenso para López Obrador y su partido, con los graves problemas que heredan. Ha proclamado que “no levito y no voy a cambiar nunca”, que se mantendrá cerca de la realidad, hasta el punto de anunciar que no se mudará a la residencia presidencial de Los Pinos.

Tendrá que incrementar las habilidades que le permitieron vencer  a todos los poderes fácticos mexicanos, incluyendo la de haber escogido como jefe de gabinete a uno de los grandes empresarios de Monterrey, Ricardo Romo, y de haber anunciado medio año antes un gabinete de lujo, en paridad de hombres y mujeres, y estas en secretarías o ministerios importantes, como Economía, Gobernación, Energía y en la de Función Pública, Irma Sandoval, cuya especialidad es la investigación de la corrupción.-

Los partidos: renovarse o morir

A11

Por Juan Bolívar Díaz

He sostenido por convicción un rechazo sistemático al discurso de descalificación  absoluta de los partidos, generalmente enarbolado por ciudadanos profundamente decepcionados y hasta indignados por la degeneración que ha sufrido el sistema político nacional, y por los altos niveles de corrupción e impunidad que nos colocan entre los peores del universo, como han certificado persistentemente el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y las evaluaciones de Transparencia Internacional.

Sobran las razones para rechazar a los que han dominado el escenario político nacional durante las últimas décadas, sin haber logrado fortalecer la institucionalidad democrática, ni resolver siquiera problemas que como el energético y del agua potable fueron reivindicaciones universales hasta mediados del siglo pasado. Todavía destinamos a salud pública menos de la mitad del promedio latinoamericano, y apenas hemos comenzado a invertir en educación gracias a que durante dos décadas la ciudadanía se empoderó y lo exigió hasta vencer.

Pero el discurso anti-partido no es correcto por varias razones, preponderantemente porque no todas las organizaciones políticas tienen igual responsabilidad en la descomposición institucional y la corrupción, pero también porque la degeneración no es patrimonio exclusivo del partidarismo, y se extiende por casi todo el cuerpo social dominicano. Cuando la sociedad se sacuda y grite basta ya, esos partidos tendrán que renovarse o morir, más probablemente lo segundo, que es lo que viene ocurriendo por todo el continente. Pero en última instancia tendrán que emerger otros, porque no hay democracia sin partidos políticos.

La renuencia en aprobar una Ley de Partidos que fortalezca esas instituciones es la mejor demostración de la miserable postración en que se encuentra el liderazgo político nacional. Ya es demasiado tiempo, son más de dos décadas de reclamos y 16 años dando tumbos en el Congreso, una responsabilidad que corresponde en mayor grado a quienes durante ese período han controlado la gestión legislativa, especialmente en los últimos 12 años cuando el control ha sido absoluto por los actuales gobernantes.

La realidad es que la mayoría de nuestros partidos se declaran incapacitados para gestionar su democracia interna, para elegir sus dirigentes y algunos llevan más de una década sin poder hacerlo. Tampoco pueden rendir cuentas del subsidio que se le otorga de los insuficientes ingresos nacionales. Y en el debate de la Ley de Partidos han proclamado sin ruborizarse que están incapacitados para elegir sus candidatos a los puestos electivos. Apelan a que sea la Junta Central Electoral que les organice los procesos electivos, que les monte la logística y el cómputo y financie todo con el dinero de los contribuyentes.

Se ha escuchado a dirigentes políticos proclamar impúdicamente que sus partidos no están capacitados ni para celebrar sus asambleas, y que deberían también quedar bajo control de la Junta Central Electoral, porque sus dirigentes no pueden garantizar equidad, transparencia ni honestidad en el proceso y la computación de resultados.

Ese sí que es un discurso anti-partido. Porque si el sistema partidista no puede regirse así mismo, será imposible que pueda gestionar las mayores complejidades del Estado y de la sociedad en su conjunto. Si se confiesa que son incapaces de actuar con honestidad en las competencias internas, entre compañeros de partidos, está implícito que serán despiadados, abusivos y corruptos frente a los más diversos sectores de la sociedad. Ellos mismos están gritando que hay que sustituirlos.

Durante los últimos años hemos asistido al empeño de imponer a la JCE el cómputo de los votos a decenas de miles de precandidatos en una sola jornada, bajo el argumento de que los partidos no pueden garantizarlo a 8 o 12 mil aspirantes. Como si el organismo electoral no tendría que apelar a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas para que hagan la gestión de los colegios. En otras palabras, que la ciudadanía puede sustituir los partidos.

Lo peor de todo es que están tan obsesionados, tratando de preservar inequidades e iniquidades, que no caen en cuenta que se están descalificando ellos mismos. Ojalá que pronto la ciudadanía lo haga entender.-

La oposición no puede prescindir de una reforma electoral integral

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El documento “Propuestas desde la Oposición para el establecimiento de un sistema electoral realmente democrático”, entregado en enero a la Comisión Bicameral contempla las esencias de la Ley de Partidos y de la más importante Ley del Régimen Electoral  

 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            A menos que quieran volver en el 2020 a enfrentarse al abuso del Estado en la campaña electoral, los once partidos opositores en concertación tienen que dedicar sus mayores esfuerzos a enarbolar como fundamentales sus “Propuestas desde la Oposición para el Establecimiento de un Sistema Electoral Realmente Democrático”, presentadas el 26 de enero pasado.

Después de más de dos años de concertación, tras las demostradas inequidades y abusos del Estado en el último proceso electoral, los opositores no han logrado vencer las resistencias del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a unas reformas electorales que democraticen los procesos eleccionarios, lo que los obliga a mayores presiones.

Se acaba otra legislatura

            La encarnizada lucha del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández por el absoluto control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha determinado el nuevo estancamiento del proyecto de Ley de Partidos con 16 años dando tumbos en el Congreso. Esta semana se vence el plazo de un mes que se dio a la comisión especial de la Cámara de Diputados para dictaminar sobre el proyecto, y el próximo 26 concluirá otra legislatura de vanos debates.

El diferendo intra peledeísta sigue siendo el tipo de padrón a utilizarse en la elección de las candidaturas, que el actual mandatario quiere que sea el de todos los ciudadanos (abierto), mientras su antecesor reivindica el estatuto orgánico del PLD, que la limita a los miembros del partido (cerrado), como ocurrió en el 2015, con los aspirantes a los cargos municipales, y una fracción de los diputados, pues  la mayoría de estos como los senadores, fueron repostulados como parte de los acuerdos políticos para unificarlos en torno a la reforma constitucional que posibilitó a Medina optar por la reelección.

Aunque voceros de los sectores peledeístas enfrentados siguen diciendo que habrá acuerdos, la comisión especial ya ni logra quorum, porque ambos saben que no reúnen los dos tercios de los votos necesarios para una aprobación que, de ser contraria a los intereses de los danilistas, chocaría contra el muro del Senado, donde estos aprobaron el proyecto con primarias abiertas. Como la presidencia de los diputados está en el leonelista Rubén Maldonado, la otra facción podría esperar el inicio de la próxima legislatura, el 16 de agosto, cuando pasará a manos del danilista Radhamés Camacho, por el reparto del poder acordado. Aunque esta semana circuló la versión de que Camacho sería designado en agosto como ministro de Educación, en lugar de Andrés Navarro, quien pasaría a trabajar por la candidatura presidencial, y que volvería al mando de los diputados Lucía Medina, la experimentada hermana del presidente.

Responsabilidad del PRM

            El principal parido de la oposición, el Revolucionario Moderno (PRM), con 50 de los 190 diputados, tuvo la posibilidad de inclinar la balanza a la posición del presidente Danilo Medina, cuando llegó la última propuesta de éste, de que la Ley de Partidos establezca que las primarias puedan ser abiertas o cerradas. El vocero de los diputados perremeístas, Alfredo Pacheco, no ocultó su inclinación a aceptar esa fórmula transaccional “en interés de sacar adelante la ley”, y hay quienes dicen que hasta Luis Abinader la contempló, pero tropezó con el compromiso contraído con los otros diez partidos de oposición, con los que vienen concertando acciones.

            Cuando revisaron sus “Propuestas desde la Oposición”, se encontraron con que allí se consigna que cada partido podrá decidir el método de elección de sus candidatos “de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos”, y que las primarias deberán realizarse “con el padrón de cada partido”. Un comunicado conjunto lo acababa de ratificar y el rechazo de los demás partidos de la oposición pareció liquidar el último intento por las primarias abiertas, vetadas por los leonelistas, amparados en la declaración de inconstitucionalidad del 2005.

Los perremeístas no podían poner en riesgo la concertación con el resto de la oposición para aparecer transando con el poder presidencial y contribuir a que éste se impusiera sobre la facción de Leonel Fernández, a menos que fuera en el marco de un firme compromiso con el conjunto de reformas electorales demandadas por toda la oposición y la sociedad civil, que no ha  aparecido en ninguno de los sectores peledeístas que aspiran a llegar a otras elecciones, ya a año y medio las municipales, sin democratizar el sistema electoral, como lo dispone la Constitución del 2010. Después de esta hubo tres elecciones, ese año congresuales y municipales, en el 2012 presidenciales, y generales en el 2016. Los abusos del Estado en esta última pasaron de la inequidad a la iniquidad, obligando a los opositores a la concertación.

El éxito de los peledeístas  

Aunque la lucha de facciones ha debilitado al PLD, con sus organismos inoperantes y casi al punto de la división, sus facciones han tenido el éxito de mantener el debate político en torno al padrón, abierto o cerrado, cuando en el proyecto de Ley de Partidos hay otros aspectos más trascendentes, como el respeto a la equidad competitiva, la transparencia del financiamiento privado y rendición de cuentas y mejor distribución del estatal.

Pero el mayor de los éxitos peledeístas está en haber subordinado la reforma del régimen electoral, más trascendente que la Ley de Partidos, para que “los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, como dispone el artículo 212 de la Constitución. Las facciones enfrentadas confían en que el final el amor por el poder salve su unidad, y seguir disfrutando de la falta de regulaciones efectivas de la competencia electoral.

Esta semana los nuevos presidente y secretaria general del PRM; José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, dejaron claro por televisión, como lo había hecho días antes Luis Abinader, que mantendrán la posición unitaria de los once partidos de oposición sin doblarse ante la posición de ninguna de las facciones peledeístas, y que seguirán luchando por la ley de Partidos, pero sobre todo por la reforma del Régimen Electoral, que es más trascendente.

Retoman sus propuestas

            En el bloque de los once partidos parece predominar la decisión de retomar sus propuestas electorales del 26 de enero, consignadas en un folleto que entregaron no sólo al Congreso, sino también a las principales entidades de la sociedad civil, a los organismos electorales y a instituciones y diplomáticos internacionales.

Como se puede apreciar en síntesis en el recuadro anexo, formularon 25 propuestas, la mayoría con detalles específicos que recogen los planteamientos y expectativas que datan de los años noventa, para la actualización y democratización del régimen electoral dominicano, considerado el más atrasado de América Latina, y que han sido objeto de numerosos consensos no sólo entre los partidos, sino también con las instituciones sociales.

Gran parte de esas propuestas están contempladas en los proyectos sometidos al Congreso por la Junta Central Electoral, fruto de asesoría internacional y de consenso partidista, pero son desconocidas, como la transparencia del financiamiento privado,  y hasta objeto de contra reforma, por ejemplo, en el proyecto aprobado por el Senado se instituye que empresas extranjeras puedan financiar a los partidos, reducir la proporción del financiamiento público destinado a educación y formación política, y elevar la cuota de candidaturas que decidirían las cúpulas partidarias.

Entre las propuestas de los 11 partidos resaltan las sanciones para el abuso de los recursos del Estado, para el transfuguismo y el clientelismo, considerados delitos electorales, topes reales de gastos por candidaturas, regulación del tiempo y el gasto en las campañas, separar la elección de senadores y diputados, más equidad en la distribución del financiamiento y de las curules de diputados, el debate de los candidatos presidenciales y el escrutinio público de las votaciones.

Necesitan mayor presión

En los ámbitos opositores se admite que no han podido desarrollar la presión necesaria para forzar al PLD a negociar una reforma electoral integral, aunque propuestas no han faltado, como la formulada al respecto dos veces por el precandidato perremeísta Luis Abinader, dirigida específicamente al presidente Danilo Medina y su partido, que las han ignorado.

En el silencio del presidente Medina frente a los reclamos de las reformas electorales por los partidos, de la mayoría de las instituciones sociales, incluyendo las empresariales y las iglesias, sobrevive el interés por mantener el absoluto dominio de las instituciones públicas y gran parte de la sociedad, logrado por el PLD en elecciones altamente viciadas por el peso del Estado y la concentración del financiamiento.

El continuismo sigue planeando sobre la nación, y aunque atraviesa serias dificultades por la prohibición constitucional de otra reelección, el mandatario no ha dado ningún paso a la concertación político social. Su único interés ha sido imponer las primarias abiertas, buscando el total control de su partido y de las candidaturas del 2020. El desafío es total a la eficiencia de la oposición y de la sociedad dominicana que reclama un ordenamiento más democrático, que abarate el costo de la política y abra posibilidades de reducir la corrupción.

En la concertación opositora participan los partidos Revolucionario Moderno,   Reformista Social Cristiano, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Revolucionario Social Demócrata, Opción Democrática y Partido Socialista Cristiano.-

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Propuestas de Reformas Electorales de 11 partidos opositores

I.- Para la Ley del Régimen Electoral

1.- Establecer el “Cociente Hare”, para distribuir los escaños de diputados

2.- Separar la elección de senadores y diputados

3.- Descentralización y depuración de las Juntas Municipales Electorales

4.- Incorporar un sistema de voto electrónico con respaldo físico

5.- Establecer la obligatoriedad del voto ciudadano

6.- Regulación más equitativa del financiamiento público a los partidos

7.- Sancionar el financiamiento ilícito, del Estado y/o extranjero de las campañas

8.- Fijar topes de gastos para cada nivel de candidaturas

9.- Instituir un sistema de transporte gratis para la jornada electoral

10.- Hacer obligatorio al menos un debate entre candidatos presidenciales

11.- Regular las encuestas y sondeos electorales

12.- Establecer períodos de pre-campañas y campañas electorales, con sanciones

13.- Que los pactos de alianzas se anticipen al período de las precampañas

14.- Establecer un régimen de sanciones para cada tipo de delito electoral

15.- Incluir la degradación o “muerte” civil a condenados por delitos electorales

16.- Tipificar como delitos electorales el transfuguismo y el clientelismo

17.- Más equidad en distribuir los diputados nacionales y al Parlacén

18.- Garantizar el acceso del público al escrutinio electoral

II.- Para la Ley de Partidos Políticos

1.- Limitar la propaganda a los períodos de campaña, con equidad y sanciones

2.- Garantizar representación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas

3.- Establecer un máximo de 20% para reserva de candidaturas

4.- Controlar y transparentar el financiamiento público y privado a los partidos

5.- Un régimen efectivo de rendición de cuenta del financiamiento público

6.- Cada partido escoge el método de elección de candidatos acorde con sus estatutos; Las elecciones primarias con el padrón de cada partido

7.- Eliminar la concesión de poderes absolutos a una persona

 

La frontera se nos cae a pedazos

A2Por Juan Bolívar Diaz

            Cada vez que he podido caminar por las provincias fronterizas tengo la misma sensación de descubrir un mundo realmente macondiano, donde no alcanzan los adjetivos para describir el inmenso drama de pobreza y abandono, de donde huyen todos los que pueden, relevantemente la población más joven que escucha decir que este ya es un país de clase media, lo que por cierto se traduce en reducción de los programas asistenciales internacionales.

Llego siempre a la misma conclusión: que los políticos, comentaristas y  periodistas viven muy alejados de la realidad nacional, y lo vacío que es el discurso antihaitiano, y los ímpetus ultranacionalistas que buscan tras la frontera explicaciones pueriles a nuestras carencias, irresponsabilidades y hasta miserias y que pretenden que la contención de la inmigración es asunto de arengas radiofónicas y televisivas.

La República se nos está derrumbando en la zona fronteriza, más parecida a Haití que a las prosperas regiones del Cibao y, desde luego, muy distante del Nueva York chiquito del polígono central de Santo Domingo. Quien quiera comprobar la enorme disparidad tiene que darse un viaje por el tramo fronterizo que integran Pedernales, Independencia, Bahoruco y Elias Piña, donde muchos pueblos y parajes parecen arrancados de la madre patria Africa.

Entre el 30 de abril y el 7 de mayo la exquisita periodista Leonora Ramírez publicó una serie de reportajes sobre las provincias fronterizas, que seguramente pasó desapercibida para gran proporción de los lectores de este diario HOY, y otros no lograron hacerse una clara representación de sus alcances.

Las cifras oficiales establecen que en la provincia Elías Piña el 83% de la población vive en la pobreza, la mitad en pobreza extrema, con 63 % desocupados, y que tiene municipios como Guananico y Juan Santiago, donde 9 de cada 10 habitantes viven bajo el agobio de la pobreza. En Bahoruco y Pedernales los niveles de pobreza con del 75%, y del 73% en Independencia, con poblaciones como Boca de Cachón con 80% de pobres, o Cabeza del Toro donde el 62% vive en extrema pobreza.

Escapa un poco a esos niveles de miseria la provincia de Dajabón, dónde “sólo la mitad de la población es pobre”, por tener el mayor mercado fronterizo, ese que algunos desaprensivos gritan que deben cerrar cada vez que se presenta algún incidente con los vecinos. A lo largo de la franja fronteriza el intercambio binacional es fundamental, tanto que en Pedernales hubo que apresurare a levantar el cierre del mercado binacional hace par de meses tras graves incidentes.

Pero las cifras no son suficientes. El que quiera conocer la honda y golpeante realidad tiene que caminar por esos poblados fronterizos, más allá de las cinco o seis grandes poblaciones, para ver cómo se le caen las alas del alma. Los colmaditos con algunos productos imprescindibles, sin energía eléctrica la mayor parte del tiempo, sin que les llegue agua potable, y las escuelitas casi deshabitadas.

Viendo ese submundo se puede explicar que los jóvenes lo abandonen y lo dejen dependiendo de la mano de obra haitiana para cualquier pequeño o mediano emplazamiento agrícola, casi de subsistencia todos. En Oviedo hace 8 años levantaron un liceo secundario que no ha podido ser utilizado porque sus vicios de construcción no garantizan seguridad. Nadie ha salido responsable ni parece que haya prisa en sustituirlo. Total, que la mayoría de sus potenciales alumnos ya levantaron vuelo hacia la civilización.

En Boca de Cachón el actual gobierno desarrolló un proyecto habitacional modelo para albergar a 600 familias damnificadas de la crecida del Lago Enriquillo, pero no les han entregado  las tierras y animales para producir, lejos de las otras poblaciones, sobreviven en sus estanques de miseria, con viviendas de bloques y edificaciones comunitarias, pasando hambre, sin energía ni agua potable, a la buena de Dios y por obra y gracia del Espíritu Santo.

A la frontera alguna vez el verdadero nacionalismo, la racionalidad y la sensibilidad tendrán que echarle una mirada, cuando dejemos de pasarnos la vida discutiendo miserias políticas y exhibiendo impúdicamente las carencias institucionales. Ojalá que sea pronto que dejemos de hablar tantas pendejadas y nos ocupemos de los problemas fundamentales.-

La JCE debe reglamentar la elección de candidatos y la campaña electoral

A2

Ante el bloqueo del proyecto de Ley de Partidos, que se extenderá al del Régimen Electoral, la Junta Central Electoral está en el deber de utilizar sus facultades  constitucionales para reglamentar toda la precampaña y la campaña electoral  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La  ciudadanía organizada debería dar pleno apoyo a la Junta Central Electoral (JCE) para que, ante el bloqueo de los proyectos de leyes de partidos y del Régimen Electoral, utilice sus facultades constitucionales para reglamentar tanto la elección  de candidatos (o primarias), como la campaña electoral propiamente dicha.

La resolución limitando la precampaña, debe ser sólo el comienzo normativo para reducir el inmenso costo del proselitismo electoral, financiado por la corrupción pública y privada, para sacar al Estado de la competencia electoral y garantizar el mandato constitucional de libertad, transparencia, equidad y objetividad en las elecciones.

La facultad constitucional

            Como en cualquier otro asunto de interés público, podrá haber opiniones encontradas sobre la decisión adoptada esta semana por el pleno de la JCE estableciendo límites a las actividades proselitistas por las candidaturas para los comicios del 2020, pero la lectura de los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República no dejan dudas sobre su procedencia y legitimidad.

El artículo 211 indica que “Las elecciones serán organizadas, dirigidas y supervisadas por la Junta Central Electoral y las juntas electorales bajo su dependencia, las cuales tienen la responsabilidad de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”. El 212, declara a la JCE como “un órgano autónomo, con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, “cuya finalidad principal será organizar y dirigir las asambleas electorales” y le otorga “facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia”.

Los constitucionalistas parecen reiterativos, cuando en el párrafo IV del mismo, establecen que la JCE “velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”. Y todavía más cuando dice que “En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación”.

Garrafal error político         

Parece un fuerte error político del expresidente Leonel Fernándezdeclarar inconstitucional la decisión de la JCE, tomándosela para sí, cuando afecta más a los demás que en su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también habían iniciado campañas con excesiva anticipación, por cuanto necesitan mayor movilización  para disputarle la candidatura presidencial, dadas las amplias ventajas por haber sido tres veces presidente de la nación y por presidir el partido. Por eso Francisco Domínguez  Brito y Carlos Amarante renunciaron a la condición de ministros, lo que ahora parece haber sido precipitado.

Leonel Fernández, que no acostumbra reaccionar precipitada y emocionalmente,  esta vez se lanza contra unos límites que él mismo declara “que aspiran a recoger un sentimiento que se ha albergado en la población durante varios años, que estima que los procesos electorales son muy prolongados en el tiempo y muy costosos desde el ´punto de vista económico”. Peor aún después que su jefe de campaña, Bautista Rojas, se manifestó insultante contra los titulares de la JCE.

Al fin de cuentas, lo que ha prohibido la JCE es realizar manifestaciones abiertas como caminatas, marchas y caravanas vehiculares, así como propaganda en los medios de comunicación, vallas y afiches y uso de altoparlantes  en las vías públicas. Eso no impide actos políticos en locales cerrados, ni conformación de comités de trabajo en los barrios y viviendas, incluso sus visitas a determinadas persona o locales partidarios, en las cuales podrían reunirse decenas y hasta cientos de personas. Si el rechazo se convierte en instancia anti-constitucional, Fernández corre el riesgo de conferirse un autogol o por lo menos marchar contra un sentimiento generalizado.

Legitimidad de la acción

En efecto, la JCE ha respondido un reclamo nacional que lleva más de dos décadas y que se incrementa en la medida en que hasta para alcanzar una candidatura a regidor se requiere invertir varios millones de pesos, y decenas para alcalde, diputado o senador, así como miles millones para presidente, lo que incentiva el dinero mal habido en las campañas, a costa del robo al Estado, de la evasión impositiva, y el rentismo o inversión privada que se cobra con favores y contratas y del narcotráfico. El reclamo de “bajar el costo de la política” ha sido levantado por todos los sectores sociales y  se ha incrementado en el clamor contra la corrupción, sin ser acogido por Fernández y su partido.

La acción de la JCE sería excesiva, si hubiese una ley que rigiera la campaña por las candidaturas, pero a falta de ella cobra mayor vigencia su responsabilidad y la facultad para reglamentarla. Sobre todo porque el PLD con absoluto control del Congreso ha bloqueado un proyecto presentado por la misma en el 2011 y reintroducido varias veces, obviamente porque saca mayores ventajas de la ausencia de regulaciones. Con ese mandato de la Constitución del mismo Leonel Fernández, no puede concluirse que la JCE se excede, cuando hasta los ayuntamientos limitan la propaganda callejera y la circulación vehicular, y el Ministerio de Interior y Policía los actos públicos que pueden afectar las actividades de la sociedad, sin que ello implique violar la libertad de expresión, de circulación o asociación, porque todos los derechos conllevan reglamentos impuestos por el bien común.

Faltará mucho más

            La resolución del 20 de junio ha sido justamente respaldada por múltiples partidos, por editoriales de casi todos los periódicos y por los comentarista y analistas de televisión más independientes. Ese apoyo conlleva el compromiso de la JCE de seguir supliendo la ausencia de reglamentación de las actividades proselitistas.

Esas restricciones no son improvisadas, pues están contempladas en el proyecto de ley de partidos sometidos por la JCE hace 7 años, que fue consensuado con los partidos políticos, por lo que tampoco se justifica el alegato del secretario general peledeista y precandidato presidencial Reinaldo Pared Pérez, de que debió consultar a los partidos.

Por demás, el presidente de la JCE, Julio César Castaños, ya había reiterado que si no se aprueban las nuevas normativas electorales, harían uso de sus facultades reglamentarias. Ahora falta que sigan adelante, y a menos que se apruebe la ley, hagan valer los estatutos de cada partido como normativa para elegir candidaturas.

La independencia y valentía del organismo en cumplir sus facultades serán más necesarias cuando se trate de reglamentar la campaña electoral mismo para “grantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, especialmente para atender el relcamo de sacar al Estado de la campaña electoral.

Leonel tropieza y Danilo estancado

            Leonel Fernández tropezó innecesariamente con la resolución de la JCE, que  percibieron como parte de la ofensiva gubernamental por cerrarle el paso callejero, cuando pudo dejarla pasar y asumir algunas limitaciones. Lo que van directo a él son las suspensiones como dirigentes del PLD, del secretario de Organización Félix Bautista y del secretario de Finanzas Víctor Díaz Rúa, considerados entre sus principales “alcancías”, dispuestas unipersonalmente por el secretario general Reinaldo Pared Pérez.

En este caso pudieron haber peleado, porque fue una decisión personal de un competidor, y porque no mediaba la urgencia en que los estatutos facultan al secretario general para adoptar decisiones, aunque “en consulta con el Comité Político”, que no realizó. En el caso de Bautista, llama la atención que aceptara la sanción sin discutirla, cuando ahora no tiene ningún expediente judicial y no lo suspendieron cuando tuvo uno grueso por corrupción, del que fue liberado  tras los acuerdos políticos del 2015 para canalizar la repostulación de Danilo Medina. Francisco Domínguez Brito, quien ahora pidió sanción, le ayudó cuando era Procurador General al no apelar el “no ha lugar” judicial.

Díaz Rúa estaba imputado por la corrupción de Odebrecht desde hacía un año, por lo tanto no había urgencia para justificar la acción unipersonal del secretario general. También lució parcializado que no se suspendiera por igual al senador Tommy Galán por los sobornos de Odebrecht y al ex-director de la OMSA, acusado de un asesinato que envolvió denuncias de corrupción, éstos como miembros del Comité Central del PLD.

Aunque los golpes preanunciados para frenar a Leonel comenzaron, el proyecto de primarias abiertas de Danilo para “el plebiscito reeleccionista”, sigue sin conseguir el apoyo de los dos tercios de los diputados, y parece que cada día crece la renuencia de los perremeistas a echarle una mano, y se afianza la reiteración de su posición, junto al bloque de partidos opositores, de que las primarias sean con el padrón partidario, y dejar que Leonel y Danilo sigan su pelea y carguen el bloqueo de la legislación electoral.-