Denuncia a la Procuraduría contiene múltiples indicios

Por Juan Bolívar Díaz

A1La denuncia presentada esta semana ante la Procuraduría General de la República (PGR) por cuatro organizaciones sociales para que se investiguen indicios de que la Odebrecht financió las campañas electorales del presidente Danilo Medina y su partido es un legítimo recurso constitucional que debe ser respondido.El documento se refiere a interrogatorios de las autoridades brasileñas a los ejecutivos de Odebrecht y los mecanismos operativos de financiamiento a campañas electorales en varios países, pero su mayor aporte es la documentación del ingreso enmarañado de 4.3 millones de dólares a una cuenta bancaria en Santo Domingo.

Denuncia y recusación. Al iniciarse el quinto mes desde el estallido del escándalo internacional de la corrupción de Odebrecht, cuatro entidades sociales, integrantes de la Marcha Verde, elevaron una instancia, amparadas en derechos constitucionales, para que la PGR investigue indicios de que la constructora brasileña habría financiado campañas electorales del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

El Centro Social Juan XXIII, integrado por profesionales e intelectuales católicos, el movimiento cívico Participación Ciudadana, la Fundación Masada, presidida por el destacado jurista y escritor José Luis Taveras, y Santiago Somos Todos, estos últimos dos de Santiago, se amparan en los artículos 22, 246 y 262 de la Constitución de la República que establecen el derecho a “Denunciar las faltas cometidas por funcionarios públicos en el desempeño de su cargo” y en “la facultad de toda persona que tenga conocimiento de una infracción de acción pública para denunciarla ante la Procuraduría General”.

Citan presumibles violaciones a la Constitución, al Código Penal y a la Ley Electoral, para fundamentar su petición de que “se proceda con la comprobación de los hechos”, que consideran atentatorios contra la soberanía nacional por injerencia de una empresa extranjera en los asuntos políticos dominicanos, con financiamiento proveniente de actos delictuales que constituyen lavado de activos.

A la vez los demandantes apelan a la Ley del Ministerio Público para pedir la inhabilitación del Procurador Jean Alain Rodríguez en la investigación, por su condición de miembro del Comité Central del partido gobernante, y que la asuma su primer adjunto suplente o el de mayor edad.

El aporte más relevante. Entre los indicios más relevantes de la denuncia formal resalta la documentación de depósitos por 4 millones 396 mil 796 dólares (unos 208 millones de pesos), mediante una maraña triangular hasta llegar a una cuenta bancaria en Santo Domingo de una empresa creada aquí con el artístico nombre de Cine & Art 2013, atribuida al asesor electoral del presidente Danilo Medina, Joao Santana, entre octubre del 2013 y julio del 2014. Identifica cinco depósitos con fechas, tres por montos de 200 mil 174 dólares, otro por 380 mil 173 y el quinto por 400 mil 174 dólares.

Documenta cómo Odebrecht hace transferencias de fondos de entre 105 mil y 289 mil dólares a ocho empresas constituidas en Lima, Perú, por su socio Eduardo Monteverde, y estas los pasan a una novena, Isagon SAC, que los envía finalmente a Cine & Art 2013 en Santo Domingo, a través de bancos reconocidos identificados en la instancia.

El origen de la documentación es un informe del congresista peruano Juan Pari Choquecota a la comisión investigadora de los sobornos en Perú de Odebrecht y otras dos empresas brasileñas, a su vez recogida en una investigación del consorcio IDL Reporteros que encabeza el destacado periodista Gustavo Gorriti, titulada “Los Sinuosos Caminos del Lava Jato en Perú, cuyo capítulo II se titula “Cine & Arte del Lava Jato en la República Dominicana”. Consigna 16 transferencias bancarias de Isagon SAC a Cine & Art 2013, cuyo registro mercantil la ubica en la calle Helio 102, donde estaba Polis Caribe, la empresa formal de Joao Santana. Un asociado de éste, Marcelo Macarenhas Kertész, figura como presidente y en la misma tendría acciones un hijo del asesor político.

Pagos del gobierno a Joao. La instancia investigativa se refiere ampliamente a la condición de Santana como asesor político del presidente Medina y dice que en las declaraciones de estados financieros presentados por el PLD a la Junta Central Electoral “no se evidencia ningún pago a Santana ni a sus empresas. Sin embargo refiere dos pagos del gobierno a las empresas de Joao, un cheque del 16 de diciembre del 2014 a Polis Caribe por 16 millones 720 mil 754 pesos por concepto de “saldo en el pago de servicios de realización y producción de comerciales Publicitarios”. Este había sido denunciado en la campaña electoral del año pasado por el Partido Revolucionario Moderno. La segunda erogación fue a Cine & Art 2013, por otros 16 millones 198 mil pesos, que aparece en una relación de pagos de noviembre del 2014 del Ministerio de Educación, sin concepto identificado.

Esos serían indicios de que Cine & Art 2013 tenía vínculos con el Gobierno, y de que las empresas de Santana recibían pagos del erario público, y de hecho se ha informado con anterioridad de que Polis Caribe tenía registro como suplidora del Estado, lo cual sugiere una confusión en los papeles del asesor electoral del presidente hasta su requerimiento en febrero del 2016, por la justicia brasileña, tres meses antes de las elecciones nacionales, para ser apresado a su llegada a Brasil, lo mismo que su esposa y administradora financiera Mónica Moura.

La denuncia se refiere también a la sentencia condenatoria de los Santana-Moura a 8 años de cárcel dictada por la Sala Criminal de Curitiba, Brasil ,atribuyéndola a su condición de haber sido parte de “una red mafiosa” constitutiva de una “asociación de malhechores”.

Una buena oportunidad. La denuncia demanda de investigación de las cuatro entidades sociales coincidió con el testimonio de Joao Santana ante la Corte Electoral de Brasil esta semana donde sostuvo que no había financiado las campañas del presidente Medina, lo que fue celebrado por este afirmando que su asesor político “dijo lo que tenía que decir y nadie puede decir lo que no ha sucedido”. De acuerdo con esto, por lo menos los jefes de Santana dijeron lo que no es cierto.

Dada la seguridad que tiene el mandatario de que no hubo dinero de Odebrecht en su campaña, debería ser el primero en auspiciar que se investiguen y aclaren los indicios en que se fundamenta la petición de las entidades sociales, que no parecen inventos y han sido publicadas por los diarios brasileños y de otros países.

Con los datos aportados no sería difícil establecer la veracidad o falsedad de las cuentas de Cine & Art 2013, aclarar los pagos del gobierno a Santana y referirse a las versiones de los ejecutivos del departamento de operaciones estructuradas de Odebrecht. Es que el Presidente no puede referirse sólo a los testimonios que le convienen, sino abordar el escándalo en todas sus dimensiones.

Al Presidente se le debería dar crédito y presumirlo inocente de esos cargos, como corresponde en justicia, pero su Gobierno y partido en vez de empeñarse en establecer la realidad del escándalo, han tratado de ignorarlo, estigmatizan a los que reclaman sanciones y su justicia no ha encontrado hasta ahora camino de sanciones. Alguien debería recordarles la histórica máxima de que “no basta que la mujer del César sea honesta, también tiene que parecerlo”.-

De licenciado a licenciado

Por Juan Bolívar Díaz
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A finales de aquellos ardorosos años sesenta cuando inicié la carrera periodística y todavía en los setenta, al hablar por teléfono con mis amigos de la izquierda (Rafael Chaljub Mejía Carlos Pimentel, Rafael Carvajal, Fafa Taveras entre otros), asumí llamarles licenciado, sin identificarlos por sus nombres, lo que ellos reciprocaban conscientes de que los espías del Gobierno podían estar interceptando nuestros teléfonos.

Sabíamos que la discreción no nos libraba de que fuéramos identificados, pero que por lo menos tuvieran el trabajo de hacerlo, hablábamos de “licenciado a licenciado”. Traje la titulación de México, donde los profesionales no eran doctores como aquí, sino licenciados. Y al que no le llamaban licenciado era un don nadie. Tanto que trabajando en el Centro Nacional de Comunicación Social dejé caer a los oídos de una secretaria que yo no era licenciado, pero sí ingeniero. Pocos días después un superior me preguntó por qué yo no había reportado mi profesión, y tuve que aclarar que lo de ingeniero era por haber nacido en un ingenio azucarero.

Todavía ahora, con Chaljub y Fafa nos saludamos con la exclamación de ¡licenciado! Nos quedó también la habilidad de iniciar las conversaciones con banalidades y claves improvisadas para distraer la atención de los interventores telefónicos. Me río de aquellos que dicen por teléfono hasta lo obvio y peor los que anuncian su ruta. Hace par de años en México un colega que ha escrito seis libros sobre el narcotráfico y debería cuidarse me llamó por teléfono para anunciar el tiempo en que pasaría a buscarme y ratificar la dirección de la casa donde me hospedaba. Cuando abordé su auto media hora más tarde le manifesté extrañeza de su falta de discreción telefónica en un país donde matan un periodista cada mes. Pensé que hasta corría peligro andando con él.

El anecdotario viene a cuento por la impúdica revelación del Ministro de Interior y Policía, de que ellos saben lo que los activistas de la Marcha Verde hablan por teléfono. Carlos Amarante Baret intentó rectificar cuando Huchi Lora le recordó los derechos constitucionales, pero como aquí “to e to y na e na”, se borra el pecado si una introducción de extremidad inferior es retirada ipso facto, como recitaba el exvicepresidente Carlos Goico Morales, quien exhortaba a los jóvenes reporteros a no pasar como “caprino satisfecho de frutas tropicales” (chivito harto de jobos).

El espionaje telefónico es una de las expresiones más crónicas de la anomia social dominicana. Infundió terror en los años de las dictaduras y ha proseguido campante en el período de intento democrático. Con agentes oficiales y extraoficiales, y empresas privadas de espionaje, como si fueran de seguridad o relaciones públicas. Cuando los presidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía ganaron las elecciones, una de sus primeras visitas fue a Frank Cabral, pionero civil del oficio de interceptor, que en una de las primeras emisiones de Jornada Extra hace justo 25 años se auto definió como un “experto en comunicaciones”.

El abuso descarado de la intervención telefónica, violatorio del artículo 44 de la Constitución de la República que proclama el “Derecho a la intimidad y el honor personal”, llegó al extremo en la campaña electoral del 2012, cuando el entonces Procurador General de la República Radhamés Jiménez participó en una rueda de prensa de carácter político, en la que se reprodujo una conversación telefónica del jefe de seguridad del principal candidato opositor a la presidencia Hipólito Mejía.

En cuanto a mí, hace mucho que he sabido de intervenciones a mis teléfonos, pero me burlo de ellos, y comienzo a hablar enviando saludos a los amigos, Frank, Pepe, o Sigfrido. Evado que se enteren de asuntos personales, y en cuanto a los políticos, no tengo nada que ocultar, porque he sido un periodista tan libre, y tan afecto a la ética, que todo lo que hablo por teléfono puedo sostenerlo en la televisión o en este periódico. Y lo saben todos mis amigos, especialmente los licenciados.

Graves desafíos ambientales

Por Juan Bolívar Díaz
30_04_2017 HOY_DOMINGO_300417_ Opinión9 A

El diagnóstico presentado esta semana en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio sobre el manejo de los residuos sólidos representa otro de los grandes desafíos para la sostenibilidad de un país que persiste en dar vuelta sobre sus problemas ancestrales, que dilata hasta lo infinito la aprobación de estrategias y normativas y que luego se hace de la vista gorda para no cumplirlas. Subyace una sensación de impotencia, como si no pudiéramos invertir los recursos y las energías que demandan nuestros graves problemas.

El ministro de Medio Ambiente y los principales ejecutivos de la Federación Dominicana de Municipios y de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo más el director de Programas Especiales de la Presidencia coincidieron en que en disposición de los desechos sólidos el país vive en etapa primitiva, solo que ahora genera cada día 14 mil toneladas, con abundante material no degradable y contaminantes, y que apenas una ínfima parte se recicla en condiciones prehistóricas.

El cuadro presentado no podía ser más dramático: tenemos 358 vertederos de basura a cielo abierto, uno por cada 135 kilómetros cuadrados, sin ningún control, en una maraña de intereses, tráfico y corrupción, como ha quedado evidente una y otra vez en el de Duquesa, que recibe más de la mitad de los desechos sólidos del país, con un desorden tan grande que abarca hasta la propiedad de los predios donde se asienta. Y además la empresa que lo gestiona se dio el lujo de poner en jaque la mayor urbe del país, dejándola saturar de basura para buscarse un desproporcionado incremento de sus tarifas.

En múltiples casos la ubicación de esos vertederos contamina las aguas de ríos, arroyos. cañadas y costas, constituyéndose en otra calamidad para la salubridad pública en un país que tiene el turismo como su principal industria.

Ayuntamientos en mendicidad financiera frente a un Gobierno que le sustrae dos terceras partes del presupuesto que le asigna una ley, sin transparencia, mucho clientelismo y dispendio, confiesan su incapacidad para enfrentar el reto de los desechos sólidos. Gestores municipales se han aliado a buscadores de oportunidad para usufructuar contratos de simple recogida de basura, y aún esto con evidenciada y alarmante ineficiencia.

En muchos lugares del mundo, incluyendo a países con menor crecimiento económico, los desechos sólidos han sido convertidos en fuente de energía, con adecuadas clasificaciones y reciclaje, derivando de ellos riquezas en vez de fomentar la insalubridad y la suciedad.
Desde hace cuatro años cursa en el Congreso un proyecto de ley que constituiría el marco jurídico y gerencial para el manejo de los residuos sólidos y según el ministro Francisco Domínguez Brito falta poco para su aprobación. No parece mucho tiempo de ponderación, si se compara con el proyecto de ley de aguas, que lleva dos décadas de estudios técnicos y discusiones.

Por supuesto que la ley no será suficiente y después habrá que pasar años discutiendo su reglamentación y más tarde desarrollar jornadas de oración para que se acaten las normativas y aparezcan los recursos necesarios para las inversiones, con unos ingresos fiscales que apenas alcanzan ya para cubrir gastos corrientes, para pagar la creciente deuda, para el reparto y el enriquecimiento ilícito.

El próximo mes de junio hará un año que se proclamó la Estrategia Nacional de Saneamiento, derivada de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y fruto del esfuerzo de la Comisión Nacional de Saneamiento y del patrocinio de la cooperación española. Pero los responsables de su implementación se empeñan en el silencio, aparentemente a la espera de los recursos que demanda.

Ojalá que los dominicanos podamos superar las intensas querellas y dolencias que nos paralizan y comencemos a enfrentar desafíos como los del saneamiento ambiental, dentro de los cuales resalta el manejo de los desechos sólidos.

 

El Gobierno debe reconocer el creciente clamor social

Por Juan Bolívar Díaz
30_04_2017 HOY_DOMINGO_300417_ El País13 A

Transcurrida la tercera parte del año, el Gobierno dominicano sigue empeñado en desconocer el clamor y la indignación nacional contra la corrupción, tratando de descalificar la Marcha Verde y apelando a recursos como la intimidación y el espionaje, evadiendo claras señales políticas y judiciales de que se acabará la impunidad.

El creciente riesgo social, con potencialidad de traducirse en político, que comienza a afectar el interés de la nación, recomienda aprovechar la convocatoria para el 15 de mayo del Consejo Nacional de la Magistratura para empezar a despolitizar los órganos judiciales, y buscar real consenso sobre los proyectos de reformas electorales en el Congreso.

El cuarto mes perdido. Abril completa hoy el primer cuatrimestre del 2017, perdido en el desconcierto generado por la crisis política-institucional estallada en diciembre cuando la justicia de Estados Unidos develó el inmenso entramado de corrupción montado por la constructora Odebrecht y agentes políticos en una docena de naciones, con la mayor proporción relativa en la República Dominicana, tanto en monto de sobornos por 92 millones de dólares, como por las sumas implicadas en contratos, el tamaño de la economía, del territorio y la población. Agravado por haberse operado desde el país el financiamiento de campañas electorales en varias naciones a través del asesor político del presidente Danilo Medina, Joao Santana y su esposa, hasta sus encarcelamientos y posterior condena.

A diferencia de lo ocurrido en casi todos los demás países involucrados en los sobornos por 788 millones de dólares, en RD la justicia no ha producido la primera coerción, esperando que le caigan desde el nublado cielo brasileño, aunque desde el 12 de enero, cuando interrogó al agente de Odebrecht Angel Rondón, el procurador general Jean Alain Rodríguez lo identificó como el repartidor de los sobornos locales.

El presidente Danilo Medina, como el secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared, han dicho que no prevalecerá la impunidad, ha faltado una condena contundente al entramado de corrupción nacional y transnacional operado en el país. Los órganos superiores del PLD desaprovecharon sus recientes reuniones sin emitir un documento anticorrupción, como los que acostumbró al país antes de alcanzar el Gobierno, cuando llegaron a organizar grandes marchas contra la corrupción, que ahora estigmatizan.

Desconcierto generalizado. Tanto el Gobierno como su partido y su Ministerio Público han aparecido desconcertados a lo largo del cuatrimestre, buscando ganar tiempo, mientras la indignación social en vez de mermar da muestras de crecimiento. Han centrado la atención en los nombres de los sobornados que daría Odebrecht y la justicia brasileña, relegando el apoyo a las campañas electorales, sin el menor esfuerzo por esclarecer el financiamiento de Joao Santana y el uso del país como plataforma internacional de corrupción política.

Más allá de interrogatorios a una veintena de personas, sin la menor coerción ni imputación, el empeño del Gobierno y su justicia se ha centrado en un cuestionado acuerdo que garantiza impunidad a la Odebrecht y su ilegal mantenimiento como contratista del Estado, ejecutando aún cuatro obras, incluyendo las discutidas plantas de carbón.

Fue el domingo pasado cuando el procurador Rodríguez pidió a la Cámara de Cuentas que auditara las obras ejecutadas por Odebrecht para determinar si hubo sobrevaluación, diez días después de haber dicho que a su despacho no le correspondía investigarlo.

Para colmo, el presidente de la Cámara de Cuentas anunció al día siguiente que ya había contactado para esa tarea al experto Augusto Nardes, del órgano federal de auditorías de Brasil, sin previa licitación. De inmediato la Marcha Verde denunció que este aparece entre los sobornados de la Petrolera brasileña que originó la operación Lava Jato, según publicó el acreditado diario Folha de Sao Paulo, lo que revocó la contratación.

Palos de invidentes. Tras la cuarta exitosa marcha del Movimiento Verde, el domingo 23 en San Francisco de Macorís, funcionarios y voceros del PLD aparecieron dando palos de invidentes. Primero acusaron a los propulsores de albergar propósitos de desestabilizar al Gobierno y luego el ministro de Interior y Policía dijo por televisión que escuchan las llamadas telefónicas y leen los whatsaps de los promotores de las marchas, dislate que trató de enmendar el mismo día, alegando que respetan las jurisdicciones privadas.

Al principio de las marchas los gobiernistas trataron de atribuir su patrocinio al Partido Revolucionario Moderno, luego a la oposición en general, después a los empresarios, particularmente a los generadores eléctricos, y esta semana a grupos de vocación subversiva que la habrían infiltrado. Ahora dicen que la desnaturalizaron.

La mejor respuesta se la dio el obispo de Mao-Monte Cristi, monseñor Diómedes Espinal, quien defendió la Marcha Verde, cuestionó la lentitud en la investigación del escándalo Odebrecht, y proclamó que “lo que puede poner en riesgo la estabilidad son los actos de corrupción”.
Aumenta el riesgo social. En los más diversos sectores sociales se incrementa la preocupación por los riesgos a que expone el país el alto nivel de corrupción y la percepción generalizada de que se evade esclarecer por completo y sancionar aún un caso transnacional y confesado como el de Odebrecht. Hay preocupación por la deslegitimación de las autoridades y hasta líderes empresariales, como Franklin Báez Brugal, apoyan públicamente la Marcha Verde.

Báez Brugal, expresidente del CONEP, escribió en HOY ayer sábado que “Pretender vender la idea de que las marchas tienen una agenda oculta y que quieren desestabilizar al Gobierno, es desconocer los hechos y tratar de tapar el sol con un dedo, los que apoyan públicamente el movimiento y los que desde sus casas se sienten complacidos con lo que ocurre, lo único que quieren es castigo para los corruptos, que terminen las componendas y que los políticos actúen de manera diferente, y dejen de creer que todos somos retardados mentales que no nos damos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor”.

El obispo emérito de Santiago, monseñor Ramón de la Rosa reiteró su condena de la corrupción como “basura moral que hace daño y contamina”. Y en rueda de prensa, la orden religiosa de los Capuchinos Franciscanos apoyó la Marcha Verde planteando que “la corrupción y la impunidad empobrecen la sociedad dominicana”.

Circula en las redes sociales un estudio de la institución internacional Enodo Global con el título de “República Dominicana: Corrupción, Riesgo Social y Seguridad”, que concluye en que las confesiones de Odebrecht “generaron riesgo social” en la nación. “Transformó las tensiones sociales y las quejas subyacentes contra el Gobierno en hostiles discusiones en línea y protestas. Movilizó a individuos, redes sociales, grupos de activistas y grandes segmentos de la población a la acción como nunca antes. Más aún logró que los ciudadanos cambiaran su percepción de la corrupción y la impunidad.

Sostiene que “El riesgo social representa una amenaza real para las estructuras sociales formales e informales, el Gobierno y las instituciones políticas, la seguridad y la economía”, por lo que recomienda desarrollar una comprensión profunda para diagnosticar los factores de riesgo social, diseñar estrategias para evitar que se transforme en agitación civil, y “fortalecer la agenda anti corrupción y el sistema de partidos políticos”.

La oportunidad de comenzar se la brinda la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura para renovar el Tribunal Superior Electoral y cuatro (4) miembros de la Suprema Corte de Justicia, iniciando la despolitización de las altas cortes, y buscando consenso para aprobar las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.

Falta mucho para saldar el escándalo Odebrecht

 

Por Juan Bolívar Díaz

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El Gobierno del presidente Danilo Medina y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) lograron un respiro con el testimonio de Mónica Moura, quien en su declaración ante el tribunal electoral brasileño negó que se utilizaran recursos de Odebrecht en las campañas electorales que ella y su esposo Joan Santana asesoraron en el país.

Ese primer éxito en el calvario de cuatro meses fue seguido por otro, el haber logrado que un juez validara el acuerdo de la Procuraduría General de la República (PGR) con la empresa constructora, pero con tan alto tufo de impunidad que parece otro soborno y reactiva la indignación nacional por el escándalo, faltando muchas explicaciones.

Un éxito preanunciado. El Gobierno estaba preparado para, tras la pausa de la Semana Santa, intentar salirse del cerco en que lo ha situado el escándalo de los confesados sobornos de Odebrecht para obtener contratos de obras en el país y las denuncias de que financiaron las campañas electorales del presidente Medina. El activo ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, había anunciado que esperaran el testimonio que se presentaría esta semana, sólo que lo atribuía a Joao Santana y le tocó a su esposa Mónica.

Peralta demostró estar bien informado, porque sostuvo que ese testimonio demostraría que no hubo dinero de Odebrecht en la campaña de Medina, y así lo repitieron los voceros del PLD en los medios de comunicación, incentivando las versiones de que han mantenido contactos y posibles tratativas con los Santana-Moura. Se sostiene que uno de los hijos de Joao y gente de su equipo todavía trabajan para el gobierno dominicano.

Tan pronto se produjo, al inicio de la semana, la PGR logró que el juez Danilo Amador Quevedo validara el acuerdo que el 1 de marzo había rechazado el juez Juan Alejandro Vargas, sin pérdida de tiempo, al día siguiente de haberse informado la recurrencia. Se evade un juicio que prolongaría indefinidamente el escándalo y podría arrojar informaciones más comprometedoras.

La principal motivación de la PGR para justificar un acuerdo que ha sido calificado como “otro soborno de Odebrecht”, es que la empresa se compromete a entregar a más tardar el 19 de mayo, la lista de los sobornados, y que eso permitirá procesarlos. El costo de impunidad para Odebrecht es alto, sobre todo porque existe el compromiso de que esa lista sería aportada por las autoridades judiciales de Brasil a partir del 1 de junio, es decir que se conseguiría en dos semanas sin costo alguno.

Faltan los US$163 millones. La PGR ha justificado el acuerdo en que Odebrecht se compromete a pagar en los próximos 8 años, hasta el 2025, la multa por el duplo (US$184 millones) de los US$92 millones que confesó haber pagado en sobornos para obtener contratos en el país, dejando en el olvido los US$163 millones que obtuvo de los mismos actos de corrupción admitidos.

El experto Enmanuel Cedeño Brea, en Acento.com, calcula el valor neto que recibirá el país por el acuerdo. Con una tasa de descuento por los intereses a 8 años, concluye en que serían sólo US$137, 865,764, que el “valor del dinero en el tiempo” le aporta a la empresa un descuento de US$46, 134,236, equivalente al 25 por ciento.

Así como RD es, de los 9 países involucrados en el escándalo, el que no ha adoptado ninguna coerción, pese a liderar proporcionalmente el volumen de sobornos tanto en lo pagado como en relación a lo contratado, es el primero que cierra un acuerdo con la sobornadora, garantizándole que no habrá procesamiento de sus ejecutivos y que podrá seguir realizando obras en el país, en violación a la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y la propia ley sobre sobornos. En lo inmediato se ayuda a Odebrecht a iniciar un camino que pudiera estabilizarla en los mercados, evitando su posible quiebra, en cuyo caso el país no recibiría el grueso de los US$184 millones.

Lo de que el acuerdo es “oportunidad” para otro soborno parte del generoso trasto dado a la empresa, sin imputación previa. La mejor prueba es que, con el anuncio del acuerdo en febrero, sin que hubiese sido validado u homologado por un juez, la PGR dijo que ya había recibido los primeros 30 millones de dólares, que por cierto nunca se ha dicho por dónde ingresaron al Estado, pero que según versiones fueron destinados a cubrir necesidades del Ministerio Público, completando el soborno.

Otros graves testimonios. La indignación generada por el acuerdo de la PGR con Odebrecht superó con mucho el respiro de la declaración de Mónica Moura, que tiene algún valor, pero no supera otras declaraciones de ella misma, de Joao Santana y sobre todo de sus jefes del Departamento de “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht, Fernando Migliaccio e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, quienes identifican tanto a Moura como a Joao Santana como los ejecutivos internacionales de una trama de financiamiento electoral, identificando a República Dominicana, junto a Panamá, Venezuela, El Salvador y Angola.

El reconocido diario O Globo dio cuenta de los testimonios de los esposos Moura-Santana en su “delación privilegiada” ya validada por el Tribunal Supremo de Brasil, donde admitieron que se involucraron en financiamientos irregulares en campañas electorales de Medina, Chávez, Maduro, y Funes, que “ninguna de las campañas en que participaron fue dejada fuera de las denuncias”. En su primera declaración, se quedaron en cuestiones banales, por lo que tuvieron que hacer una segunda arrojando mayor información, sin que nadie pueda garantizar que lo han dicho todo.

Se ha publicado preguntas y respuestas de Fernando Migliaccio ante el Tribunal Electoral, y cuando le preguntaron si sabía para qué se destinaba el dinero que enviaba a !Feira” (seudónimo de Moura, respondió: “Sabía, porque había momentos en los que había cruce de programas. Así, por ejemplo, tenía elecciones en Brasil, pero además tenía en la República Dominicana y en El Salvador, por ejemplo. No tengo de si son esos todos los países”,,, “Yo sabía exactamente que estábamos pagando por las elecciones, pagamos su trabajo en las elecciones, muy bien hecho por cierto, su trabajo en El Salvador, Venezuela, Angola, Brasil, República Dominicana y Panamá”.

No es para celebraciones. Son tantos los testimonios que presentan a Joao Santana y Mónico Moura como ejecutivos de una red mafiosa de delincuentes internacionales, comenzando en Brasil, que la negativa de ella esta semana queda en lo relativo. Incluso admitiendo que pudiera ser este el único país donde ellos no aplicaron dinero de Odebrecht en las campañas, de cualquier forma eran delincuentes que operaban hasta en el palacio de gobierno hasta ser apresados.

Existe el testimonio de empresarios dominicanos de que contrataron a Santana para la campaña del 2012, pero eso no demuestra que paralela y posteriormente no hubiese dinero de Odebrecht en sus diversas tareas políticas, que no sólo incluyeron asesoría, sino también elaboración y pago de saturante publicidad y documentales. El Gobierno y el PLD han celebrado pero sin informar nada. Por ejemplo, cuánto costó la contratación de los Santana. Ni han respondido quién desde Santo Domingo hizo diez depósitos de 500 mil dólares en una cuenta en Suiza de Joao que sumaron 5 millones de dólares.

También merece explicación la revelación de que en una triangulación originada en fondos de Odebrecht, la Shellbil Finance SA, depositaba dinero en la cuenta de la empresa de Joao Polis Caribe, en Santo Domingo, y que bajo el mismo esquema la Isagón SAC, de Perú hizo 8 depósitos, entre 2011 y 2014, en la cuenta de la empresa Cine y Art 2013, creada en Santo Domingo por un asociado de Santana, por un total de 4 millones 396 mil 796 dólares. En todos esos casos se citan bancos locales a través de los cuales ingresaron y salieron depósitos, lo que es de fácil comprobación.

Ah! y deben esperarse explicaciones al testimonio de los jefes de las Operaciones Estructuradas de Odebrecht, de que cuando la investigación Lava Jato les complicó el panorama, trasladaron sus actividades al paraíso denominado República Dominicana.-

El difícil tránsito de una ley

Por Juan Bolívar Díaz
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Dos meses después de promulgada la ley, asistimos a un insólito debate sobre si está o no en vigencia, y autoridades del sector, como el director general de Tránsito Terrestre, Luis Estrella, consideran que para que empiece a regir habrá que aprobar los 30 reglamentos que la misma contempla, un verdadero exceso que desconoce la lentitud reglamentaria que caracteriza al Estado dominicano. Duplica los 16 reglamentos de la nueva ley de la Policía Nacional que, promulgada el 15 de julio pasado, todavía no estrena el primero.

La Ley de Defensa de la Competencia 42-08, lleva más de 8 años esperando su reglamento, por lo cual no se ha podido aplicar plenamente. Michel Cohén, primera presidenta de Pro-Competencia terminó su gestión el año pasado sin haber logrado la reglamentación que reclamó sistemáticamente.

Hay muchos otros ejemplos, pero baste señalar la Ley Orgánica de la Administración Pública 247-12, que arriba a su quinto año, y la Ley 105-13, sobre Regulación Salarial del Estado, en camino a su cuarto año, esperando un reglamento que según la misma, debió promulgarse en seis meses, plazo que cumplió el Ministerio de Administración Pública, para tropezar con una gaveta de la Presidencia de la República. Tras varios años de estudios, consultorías nacionales e internacionales y consensos, ahora se dice que no hay recursos para aplicarla.

Si quieren irse más lejos, por ahí anda la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que dispone los pactos eléctrico y fiscal, el primero con dos años de discusiones y el segundo relegado por soberana decisión de la máxima autoridad responsables de las aplicación de la leyes y del ordenamiento institucional.

Peor aún es que la Constitución del 2010 dispuso una veintena de leyes orgánicas para su aterrizaje, la mayoría de las cuales no se han abordado siete años después, algunas tan urgentes y manoseadas como las del Régimen Electoral y la de Partidos Políticos.

La ley de Movilidad, Transporte y Tránsito es lo que podríamos denominar un desafío de vida o muerte, si tomamos en cuenta que la República Dominicana es el segundo país de mayor mortalidad por accidente de tránsito en el mundo, después de una minúscula isla del Pacífico conocida como Niue, de unos 5 mil habitantes. Nuestra tasa de 41.7 muertos por accidentes vehiculares por cada 100 mil habitantes, es mucho más del doble que el promedio americano que es 16.l. Los datos no son un invento para “desacreditar” el paraíso nacional, sino de la Organización Mundial de la Salud.

La pregunta obligada es cuántos años nos tomará aprobar los 30 reglamentos de la nueva ley de tránsito y cuántas personas más morirán antes de que comencemos a afrontar el caos del transporte terrestre y la peor epidemia nacional.

Puede entenderse que sean necesarios reglamentos para poner en vigencia el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, llamado a refundir unos ocho organismos de la materia sobrepuestos. Pero en otra parte del mundo se pensaría que rigen aspectos como la normativa de transporte en motocicletas, que originan más de la mitad de las muertes que conforman una auténtica epidemia nacional. Menos aún se puede entender que más de dos meses después de una ley tan esperada, el presidente de la nación no haya comenzado su “revolución” del transporte designando el director del instituto que tendrá las misión de elaborar los reglamentos.

A Dios que reparta suerte con la trascendente ley, cuyo nombre es tan largo como el calvario que le espera.

Grave e inexplicado deterioro

Por Juan Bolívar Díaz
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La RD atrasada también en Indice del Estado de Derecho

Por Juan Bolívar Díaz
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Al igual que en el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el país se quema en el Indice del Estado de Derecho, ocupando la posición 85 entre 113 países, descendiendo 7 puestos en relación al 2015, y con nota de 47%, uno menos   

                 La República Dominicana volvió a quemarse en el Indice del Estado de Derecho del 2016 (IED-16), publicado esta semana por el Proyecto Justicia Mundial que auspicia el Colegio de Abogados de Estados Unidos junto a 21 socios estratégicos, ocupando la posición 85 entre 113 países, y la 30 entre 37 de América Latina y el Caribe.

En una escala de 0 a 1, el país obtiene una puntuación de 0.47 (equivalente a 47%), casi igual al 0.48 del 2015, cuando entre 102 naciones ocupó el escalón 67, lo que implica un descenso de 7 posiciones, ratificando otras evaluaciones como las del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y la de Transparencia Internacional.

Entre peores de la región

            Una vez más la Dominicana queda entre las últimas naciones de América Latina y el Caribe en evaluaciones internacionales, esta vez ocupando la posición 23 de 30,  sólo mejor que México, Ecuador Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia y Venezuela, sin moverse de escalón en relación a la evaluación del 2015, que fue el 12 de 19.

Llama la atención que los demás países del Caribe quedan en mejor posición que  Dominicana en el IED-16, todos ubicados entre los escalones 5 y 14 de la región latinoamericana y caribeña, encabezados por Barbados y seguidos por Antigua-Barbuda, San Cristóbal-Nieves, Granada, Santa Lucía, San Vicente-Las Granadinas, Bahamas, Dominica, Jamaica y Trinidad-Tobago. Haití no aparece en este índice.

En todo el índice del 2016, la República Dominicana fue el país que más descendió, en 7 escalones, quedando por debajo de muchos de Africa, el continente más pobre y de menos desarrollo institucional en todas las evaluaciones internacionales. Sólo en dos renglones RD avanza, y en los otros seis, retrocede, en relación al índice del 2015.

Como es habitual en las evaluaciones, los países nórdicos europeos lideran en esta: Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, con puntuación de  0.89 a 0.87, seguidos por Suiza, Holanda, Alemania, Austria, Nueva Zelandia, Singapur  y Reino Unido. Australia y Canadá ocupan la posición 11 con 0.81 y Estados Unidos la 18, con 0.74 puntos.

Peores renglones de RD

El IED-16 evalúa 8 factores, con un total de 44 renglones, que son: limitación al poder gubernamental, ausencia de corrupción, transparencia gubernamental, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento de la ley, justicia civil y justicia penal.

Las peores  puntuaciones dominicanas corresponden a ausencia de corrupción y justicia penal, ambos con 0.34, seguidos por cumplimiento de la ley y limitación al poder gubernamental, que registran 0.41 y 0.44. Apertura gubernamental y justicia civil quedan en 0.54 y 0.46.

Cuando se verifican los 44 renglones, el peor en RD es el correspondiente a corrupción en el Poder Legislativo, con una aprobación de apenas 0.15, seguido de la efectividad del sistema correccional y control de la violencia, con 0.23. La sanción de las inconductas gubernamentales y el respeto al debido proceso legal sólo obtienen 0.25 y 0.26. La no influencia gubernamental en la justicia criminal  y dilación razonable de la justicia civil registran 0.28.

Los mejores resultados

            Sólo en 2 de los 8 factores de la evaluación el país alcanza la aprobación, 0.61 en orden y seguridad y 0.60 en derechos fundamentales. El primero está determinado porque sólo contiene tres renglones, y en el de ausencia de conflictos civiles alcanza la máxima puntuación 1, equivalente al 100%, único de RD en todo el IED-16. Aunque en ausencia de delitos tiene aprobación de 0.60.

En la mayoría de los 8 renglones del factor derechos fundamentales, el país consigue aprobación, la mayor en libertad de religión, con 0.71, mientras la libertad de asociación y los derechos laborales alcanzan ambos el 0.65, en libertad de expresión el 0.62. También logró aprobación el de los mecanismos de quejas, con 0.65.

Llama la atención que el derecho a la vida y la seguridad aparezca entre los diez renglones que alcanzaron aprobación, con 0.64, lo que contradice la percepción generalizada de que en el país prevalece la inseguridad ciudadana.        El 0.62 que registra la vigilancia del gobierno, es congruente con la fortaleza de las organizaciones sociales que velan por la transparencia y los derechos sociales e individuales.

En tendencia generalizada

            Los resultados que arroja para República Dominicana el IED-16 prosigue la tendencia generalizada de las evaluaciones internacionales, especialmente las del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y el de Transparencia Internacional, aunque esta vez mejora su promedio a 0.47, que es 4.7 sobre 10.  La de competitividad global del 2016 dejó al país en la posición 92 de 138 países, con puntuación de 3.9 sobre 10. En relación a los 21 países latinoamericanos le correspondió el escalón 14, con siete por debajo.

El índice de transparencia de la organización Transparencia Internacional del 2016 colocó al país en la posición 120 de 176 evaluados, y entre los diez peores de América Latina, con 31 puntos sobre 100, o 3.1 sobre 10.

Es relevante que en todos los casos la quemazón dominicana sea mayor en materia de corrupción, particularmente en el poder legislativo. y en la ausencia de sanciones a la corrupción gubernamental y de la justicia y en la escasa independencia en la auditoría de las gestiones públicas.

El  IED-16 viene a justificar la indignación nacional por la corrupción que sacude el país en  los últimos meses  y fundamenta la demanda del Movimiento Verde por el fin de la impunidad.

El Proyecto Justicia Mundial

            El World Justice Proyect, (proyecto Justicia Mundial, en español) fue creado en el 2006 por el Colegio de Abogados de Estados Unidos, en asociación con 21 socios estratégicos. Es una institución independiente y multidisciplinaria que procura promover el estado de derecho en el mundo.

Su trabajo de investigación y promoción de las mejores prácticas se fundamenta en dos premisas: 1. El estado de derecho es la zapata de la paz, las oportunidades y la equidad. Y 2. La manera más efectiva para promover el estado de derecho es a través de la colaboración multidisciplinaria.

Han desarrollado el Indice del Estado de Derecho para medir cuantitativamente cómo el ciudadano común experimenta la vigencia o precariedad de sus derechos. En el informe del 2015 incluyó a 102 países, en el del 2016, publicado esta semana, abarcó a 113.

El índice se obtiene a través de encuestas a ciudadanos y cuestionarios que responden especialistas de cada país. La mejor puntuación, o máxima, es el 1, equivalente al cien por ciento y la mínima es 0.

En América Latina esta vez el país mejor evaluado fue Uruguay, con 0.72 puntos, seguido por Costa Rica y Chile con 0.68, y Barbados y Antigua-Bermudas con 0.67. El peor fue Venezuela con 0.28, seguido por Bolivia 0,40, y Honduras y Nicaragua con 0.42.-

República Dominicana en el Indice del Estado de Derecho

Factores                                         2016           2015           Diferencia

Ranking global                                 85  de 113        67 de 102    -7.00

Ranking regional                              23 de 30         12 de 19        0.00

Puntuación general                                0.47            0.48            – 0.01

Limitación al poder gubernamental  0.44            0.49            – 0.05

Ausencia de corrupción                       0.34            0.36            – 0.02

Transparencia gubernamental           0.54            0.52            +0.02

Derechos fundamentales                     0.60            0.61            – 0.01

Orden y seguridad                                 0.61            0.59            +0.02

Cumplimiento de la ley                        0.41            0.42            – 0.01

Justicia civil                                           0.46            0.51            – 0.05

Justicia penal                                         0.34            0.37            -0.03

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Elaboración de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016-2015

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RD en el Indice del Estado de Derecho 2016

                  Mejores puntuaciones     

Renglones                                                Puntuación

Ausencia de conflictos civiles                                     1.00

Libertad de religión                                                      0.71

Libertad de asociación                                                 0.65

Derechos laborales                                                        0.65

Mecanismos de quejas                                                  0.65

Imparcial y efectivo ADRs en justicia civil               0.65

Derecho a la vida y la seguridad                                 0.64

Libertad de expresión                                                    0.62

Vigilancia del gobierno                                                  0.62

Ausencia de delito                                                           0.60

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Elaboración de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016

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RD en el Indice del Estado de Derecho 2016

                  Peores puntuaciones

Renglones                                                Puntuación

No corrupción en el Poder Legislativo                                         0.15

Sistema correccional efectivo                                                        0.23

Control de la violencia                                                                    0.23

Sanción de las inconductas  gubernamentales                          0.25

Respeto al debido proceso legal                                                    0.26

No influencia gubernamental en justicia criminal                    0.28

Dilación razonable en la justicia civil                                           0.28

No discriminación en la justicia criminal                                    0.31

Efectiva investigación criminal                                                     0.32

Independencia de auditoría del gobierno                                   0.34

No influencia gubernamental en justicia civil                            0.35

Transparencia de leyes e información gubernamental             0.37

No corrupción en la justicia criminal                                           0.37

No corrupción gubernamental                                                      0.38

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Elaboración  de JBD. Fuente: World Justice Proyect 2016

Desafíos del Movimiento Verde tras su indiscutible impacto

   Por Juan Bolívar Díaz

02_04_2017 HOY_DOMINGO_020417_ El País11 A

          La marcha del domingo 26 en Santiago contra la corrupción y la impunidad superó todos los vaticinios y ya no dejó la menor duda de la fortaleza de la mayor movilización social de la historia del país al margen de los partidos políticos y los sindicatos, sin quemar una goma ni tirar una sola piedra y con incorporación masiva de las clases medias.

El Movimiento Verde, que ha cifrado su éxito en su carácter policlasista, multisectorial y de dirección muy colectiva, que ha dejado al gobierno y su partido desconcertados y sin respuesta, afronta ahora el desafío de manejar su diversidad y evitar el aventurerismo, para lograr una consolidación que le garantice alcanzar sus objetivos.

Santiago es Santiago

Volvió a cobrar vigencia el acertijo de que “Santiago es Santiago”. Prometieron que superarían el tremendo éxito de la manifestación del 22 de enero cuando decenas de miles de capitalinos marcharon despertando sectores sociales adormecidos, y lo lograron. Entre observadores sociales hay consenso en que la marcha del 26 en “la ciudad corazón” alcanzó las dimensiones de la capitalina y la superó por lo menos en entusiasmo y creatividad, incluyendo una comparsa carnavalesca con máscaras que proclamaban el fin de la impunidad.

Tras esta manifestación las centenares de bocinas gubernamentales en los medios de comunicación y las redes sociales, tuvieron que admitir que están frente a un fenómeno social y fueron reprogramadas, enfilando ahora sus cañones a la difusión de intrigas que procuran incentivar competencias y división en el múltiple liderazgo del movimiento.

Ya el 5 de marzo en Puerto Plata tuvo lugar otra marcha multitudinaria y constituyó un éxito el libro verde que en febrero logró reunir 312 mil firmas de ciudadanos y ciudadanas demandando el fin de la impunidad para contener la expandida corrupción gubernamental y política. Entre el 13 y el 19 de marzo, una llama verde recorrió el país expandiendo y generalizando el sentimiento de indignación que se agiganta en la medida en que pasan meses sin la menor coerción judicial por el escándalo de corrupción internacional de Odebrecht que alcanzó aquí el mayor nivel en términos proporcionales. El verde fue enarbolado hasta en los estadios de beisbol del país y Miami.

Una gran diversidad

            La principal característica del movimiento verde es su heterogeneidad y el papel protagónico de las clases medias, a través de grupos emergentes que no conocían el fragor de las protestas callejeras. Pero su dirección no es tan improvisada, pues incluye entidades  sociales con experiencia en las movilizaciones que lograron la inversión del 4 por ciento en educación, que levantaron campamentos para defender de una cementera el parque nacional de Los Haitíses y de una explotación minera la loma Miranda. Más recientemente esos movimientos sociales lograron la recuperación de la Bahía de las Aguilas y del barrio Los Tres Brazos y paliar la desnacionalización de los domínico-haitianos con la ley 169-14.

El Foro Ciudadano, que agrupa a más de cien entidades sociales y comunitarias, el Centro Bonó, el movimiento Participación Ciudadana, Copadeba, Acopro, Poder Cudadano y el Centro Juan XXIII ya habían sido protagonistas en las coaliciones por la Educación Digna y Justicia Fiscal. Están también agrupaciones sociales, barriales y campesinas vinculadas a las viejas luchas populares, como el Frente Amplio de Lucha Popular, Feflas, Articulación Nacional Campesina y  Conamuca. Y resaltan nuevos agrupamientos, en especial cibaeños, como la Fundación Masada, Santiago Somos Todos  y Somos Pueblo.

El movimiento ha tenido decenas de voceros  en sus actividades y presentaciones mediáticas, muchos de ellos jóvenes debutantes  en las luchas sociales, pero ha contado con la experiencia de incansables activistas como María Teresa Cabrera, Manuel Robles, Mario Bergés, Mario Serrano, Fernando Peña, Domingo de la Cruz, fortalecidos con profesionales como de José Luis Taveras, Lucienne Carlo, Giovanny D´Alesandro, Ricardo Ripol, Mario Fernández y otros. Han contado con un amplio apoyo en los medios de comunicación, expertos en publicidad y en el manejo de las redes sociales y de periodistas de la categoría de Altagracia Salazar, Ricardo Nieves, Jhonatan Liriano, Natalia Mármol y Franiel Genao.

Sin partidos ni sindicatos

En la memoria colectiva hay coincidencia en que las manifestaciones del Movimiento Verde son las mayores protagonizadas en el país sin el concurso directo de grandes partidos ni del movimiento sindical cada vez más distante de las luchas populares. Aunque el mayor partido de la oposición, el Revolucionario Moderno, las ha respaldado desde el principio, sus dirigentes no han tenido incidencia. Lo mismo los de Alianza País, Alianza por la Democracia, Opción Democrática, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Partido Comunista del Trabajo, Patria para Todos y otros partidos. Han respetado el carácter apartidista del movimiento, aunque a título particular profesionales y cuadros vinculados a ellos han tenido participación en tareas organizativas.

Otra característica relevante del  movimiento contra la corrupción y la impunidad es que no ha levantado reivindicaciones sectoriales, como tampoco ha quemado una goma ni se ha ejercido presión para lograr participación o paralizaciones de actividades, a diferencia de las grandes jornadas de lucha popular y paros generales de las décadas de los ochenta y noventa. Su carácter absolutamente pacífico ha facilitado la incorporación de las clases medias en proporciones sin precedentes.

Al principio las bocinas gubernamentales pretendieron estigmatizar el movimiento atribuyéndolo al PRM, lo que abandonaron cuando la encuesta Gallup mostró que el 91 por ciento de la población lo respaldaba. Luego han querido afiliarlo a los intereses de los generadores eléctricos, pero cada vez es más evidente que tiene un carácter masivo, con costo mínimo, porque no reparte ni regala nada, como tampoco promete. Los paraguas, camisetas y gorras verdes se venden y la mayor parte cubre su transporte.

Los próximos pasos

            Con el mes de abril comienza un segundo trimestre clave para el movimiento contra la corrupción y la impunidad, para alcanzar junio-julio cuando se espera que la justicia brasileña haga públicas todas las implicaciones del escándalo Odebrecht que, según se adelanta, sacudirán el sistema político de los países implicados.

Después de las manifestaciones masivas, los activistas del movimiento discuten este fin de semana los próximos pasos para mantener encendida la llama que ha conmovido la nación. Tienen pendiente terminar de recoger los libros verdes esparcidos por todo el país y en el exterior y presentar un balance que, según habría duplicado las 312 mil firmas de febrero. También se contempla la posibilidad de algunas marchas regionales en el sur, este y nordeste y enfatizar la necesidad de profundas reformas políticas, electorales e institucionales fundamentales para combatir  la corrupción y la impunidad.

No han faltado propuestas de una paralización nacional, pero predomina la convicción de que ese es un recurso extremo, descartado en la actual etapa de espera del desenlace judicial y que podría implicar recogimiento de los importantes segmentos de las clases medias, fundamentales en la lucha contra la impunidad, por su mayor independencia económica y su influencia en los medios de comunicación, en las redes sociales y  en la opinión pública. En todo caso buscan mantener el consenso, aunque implica mucho tiempo.

Afianzar la compactación

            En el liderazgo del Movimiento Verde hay conciencia de las dificultades de afianzar  la compactación de tan gran diversidad y pluralidad de grupos, segmentos y personalidades tan independientes y saben que ese es su principal desafío. También están alertas de los esfuerzos que podrían provenir de los poderes políticos y voceros beneficiarios de la corrupción y la impunidad, que buscarían sembrar cizañas en el liderazgo social.

Pero hay quienes advierten contra las tendencias a sobreestimar los éxitos, a atribuirse protagonismos y liderazgos, a manipular políticamente el movimiento o a asumir un discurso antipartidos que desconozca el rol de estos en la democracia y le vuelque en contra todo el sistema político. Han insistido en que se trata de un movimiento esencialmente cívico, de ciudadanía, por lo que rechazan las banderas partidistas en sus actos, pero no excluyen la participación de dirigentes y militantes políticos coincidentes en la necesidad de contener la corrupción y la impunidad.

Al liderazgo social le convendría una reflexión profunda sobre la suerte que han corrido las grandes movilizaciones nacionales del pasado y las internacionales de los últimos años, como los indignados de España, Grecia, Nueva York o de la primavera Arabe, que se han diluido por no haber hecho alianzas tácticas con los sectores políticos más sanos sin alcanzar los objetivos fundamentales. Más temprano que tarde las decisiones son siempre políticas, en el Congreso, la justicia y sobre todo en el gobierno central.-

Inmensa gratitud comprometida

Por Juan Bolívar Díaz

02_04_2017 HOY_DOMINGO_020417_ Opinión9 A
Permítaseme ocupar este espacio semanal para expresar inmensa gratitud por las verdaderamente innumerables muestras de reconocimiento y estímulo que hemos recibido en ocasión de la celebración del 30 aniversario del telediario Uno+Uno que fundáramos junto a Luis González Fabra y Luis Concepción el 17 de marzo de 1987, con el invaluable apoyo de Teleantillas y la familia Corripio, del que todavía disfrutamos.

 

Hasta hace poco esos reconocimientos se hubiesen limitado a algunas decenas de cartas y arreglos florales entregados por mensajería, y a un par de editoriales y artículos en los periódicos, pero ahora son miles las expresiones a través del correo electrónico y las redes sociales, por lo que resulta imposible responderlas y hacer saber cuánto nos comprometen a proseguir una profesión que marca 49 años, haciendo honor a los principios fundamentales de la comunicación, hacer común los sueños, aspiraciones, demandas y necesidades de los seres humanos, defender derechos y dar voz a los que no la tienen, enlazar la convivencia humana.

Aunque siempre hemos tratado de que los reconocimientos no produzcan arterioescrelosis cerebrales, también nos hemos negado a incurrir en la hipocresía muy común de que no los necesitamos ni los merecemos. Los necesitamos porque la pelea cotidiana por los derechos integrales de los seres humanos, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la convivencia, por la honestidad y la transparencia, es bien cuesta arriba, a menudo desgastante, y porque nos obliga a repetirnos y dar vueltas a la noria de nuestras debilidades. Y quizás también porque hay muchos que quisieran nuestro silencio, el que nada ha podido comprar.

Esos reconocimientos los merecemos por cuanto nuestro ejercicio profesional nunca ha sido fruto de un llanero solitario, sino de la conjunción de múltiples esfuerzos humanos, en la radio, en los periódicos y en la televisión, como en las aulas universitarias y en el gremialismo al que dedicamos dos tercios de nuestra vida profesional. Por eso en el reciente discurso de celebración repetimos que hubiésemos sido polvo pasajero de no habernos ligado siempre a una gran legión de compañeros y compañeras que comparten sueños y esperanzas. E incluso de no haber tenido la comprensión y el estímulo de muchos empresarios, de los medios donde laboramos y algunos muy relevantes del ámbito nacional, los que personifiqué en Pepín Corripio, Alejandro Grullón, José León y Rafael Perelló.

Entre todas las gratitudes que nos han comprometido en estos días no es posible pasar por alto la de la profesora Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, quien tuvo la inmensa generosidad de dedicarnos su columna En Plural del domingo 26 en el Listín Diario. Ella, que fue atrevida llama iluminante de los que fuimos sus alumnos antes que cayera fulminado el tirano de 31 años, a quien en el 2001 definimos como “madre y maestra sin tregua ni plazos, merecedora en vida de los mayores reconocimientos como forjadora de hombres y mujeres libres, a través de un ministerio del nivel medio y universitario, por ser militante de la política límpida y trascendente y del gremialismo llamado a ennoblecer la vida y el trabajo de los maestros”.

La profesora Ivelisse, quien se mantiene impertérrita tras más de ocho décadas de luchas sin tregua, recordó un debate en su aula del Liceo nocturno Eugenio María de Hostos, con aquel alumnado tan variopinto, como ella indica, y nos atribuyó haberle dado una lección, a los 16 años. Fue un exceso de generosidad de ella, pero me impresionó que recordara detalles que no percibimos y apenas palpadean en nuestro disco duro. Ella, la hija de un presidente del Partido Dominicano de Trujillo, nos enseñó el camino de la libertad y lo ha transitado junto a sus alumnos por los años de los años.