Conviene restablecer la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Bastaría con que el Congreso Nacional ratifique la competencia de la Corte, ya contenida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, acogiendo ese requisito de la sentencia 256-14 del Tribunal Constitucional dominicano   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            A la República Dominicana le convendría poner fin a los cuestionamientos internacionales derivados de dos sentencias del Tribunal Constitucional (TC), pudiendo comenzar por someter al Congreso Nacional la ratificación de la Jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejada en un limbo ya por seis años. 

            Un segundo paso para recuperar la imagen del país en los organismos de derechos humanos y la comunidad internacional seria empeñarse en la plena aplicación de la Ley 169-14 que enmendó la desnacionalización producida por la sentencia del TC 169-13 de enorme repercusión universal y que dividió agriamente la sociedad dominicana.

En un limbo jurídico

            Con su sentencia 256-14 de noviembre del 2014 el TC pretendió evadir las responsabilidades que le reclamó parte de la comunidad nacional y la internacional prácticamente a unanimidad, y específicamente la CIDH por haber dejado anulada la nacionalidad que ostentaban decenas de miles de descendientes de extranjeros nacidos en el país (en gran parte haitianos), retroactivamente hasta el 1929, con su sentencia 169-13 del año anterior, pero sólo logró profundizar el descrédito.

            El esfuerzo fue doblemente fallido porque arrojó nuevas condenas de la Corte, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su similar de las Naciones Unidas, así como de numerosas instituciones que velan por los derechos humanos en el mundo, y también por haber dejado al país en un limbo respecto a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, del 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor el 18 de julio de 1978. 

            RD suscribió la Convención el 7 de septiembre de 1977 siendo ratificada mediante la Resolución 739 del Congreso Nacional en diciembre del mismo año, y registrada el 21 de enero de 1978 ante el Consejo de la Organización de Estados Americanos. La misma Convención instituyó la Corte Interamericana y dejó establecido que para aceptar su jurisdicción no se requería nueva convención, que bastaba la adscripción de un representante de los Estados suscribientes. Por eso el presidente Leonel Fernández aceptó la jurisdicción, como casi todos los países, sin otro protocolo que un escrito del 25 de marzo de 1999.

            A raíz de la desvinculación de la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA advirtió que esa decisión solo tendría efecto con la denuncia de la Convención sobre Derechos Humanos, lo que no se ha producido, dejando el país en un limbo, pero susceptible de seguir siendo objeto de sentencias de la CIDH.         

Vergüenza internacional      

La segunda sentencia del TC también apeló a la retroactividad para declarar inconstitucional la jurisdicción de la CIDH en la RD sobre la base de que el Congreso Nacional no la había ratificado, aunque lo “descubrió” 15 años después y tras una decena de eventos que la reconocían, incluyendo algunos del mismo tribunal. La generalidad de los constitucionalistas dominicanos la rechazaron. Eduardo Jorge Prats con un artículo que tituló “¡Qué vergüenza!”.  Con similares calificativos se expresaron  otros como Cristóbal Rodríguez, Olivo Rodríguez Huerta, Flavio Darío Espinal, Carlos Salcedo, Nassef Perdomo y Ariel Gautreaux, y juristas de la categoría de Jorge Subero Isa y Francisco Alvarez Valdez. Las juezas del mismo tribunal Katia Jiménez y Ana Isabel Bonilla, y el juez Hermógenes Acosta, dieron votos disidentes en términos absolutos. 

Se recordó que el Congreso Nacional ratificó la competencia de la CIDH al aprobar la Ley orgánica del TC 137-11, que la reconoce como la máxima instancia en materia de derechos humanos. Para colmo, el mismo TC en sus sentencias 0084-13 y 136-13 también había reconocido “el carácter vinculante de los dictámenes de la CIDH”. Y su presidente, Milton Ray Guevara había firmado, en noviembre del 2012,  un “Acuerdo Marco de Colaboración” con la Corte que dos años después desconocían.

Algunos de los constitucionalistas opinaron que para el país salirse de la Convención, que es la única forma legítima de desconocer la jurisdicción de la CIDH, tendría que mediar una reforma constitucional, ya que el artículo 74.3 de la Constitución proclamada en el 2010, otorga jerarquía constitucional a los tratados y convenciones suscritos por el Estado. Para colmo, la RD logró en el 2006 que la jurista dominicana Rhadys Abréu de Polanco fuera electa como jueza de la CIDH, cargo que ejerció durante 6 años.     

Fácil remedio diplomático

            Ahora que se ha reducido el furor ultranacionalista de la pasada década y que se pone en vigencia una profesionalización de la diplomacia dominicana, empeñada en mejorar el posicionamiento de la República en el ámbito global, sería conveniente restablecer la jurisdicción de la CIDH y salir del limbo, porque al final ese organismo seguirá juzgando casos de violaciones de derechos humanos aunque aquí no la reconozcan, lo que en el ámbito latinoamericano sólo ocurre además con Venezuela, que en estos tiempos no parece la mejor compañía.

            Cualquier legislador o bloque de legisladores, o el Poder Ejecutivo podría tomar la iniciativa con el simple procedimiento de retomar el protocolo enviado por Leonel Fernández en 1999 y someterlo a la ratificación del Congreso Nacional, atendiendo así la única objeción formulada por el TC. Seguro que ello sería celebrado en el ámbito de los organismos internacionales como parte de las rectificaciones que comenzaron con la Ley 169-14 que devolvió la nacionalidad a decenas de miles de afectados por la sentencia 169-13 del TC, que “muy a la dominicana” sostuvo que esta era de aplicación obligatoria, pero “se le buscó la vuelta” para enmendarla.

Poco después de la ley de mayo del 2014, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado de 55 mil personas que podían volver a procurar sus actas de nacimiento. Se estima que sólo 26 mil lo han hecho, y que casi la mitad no han podido, unos porque se habían muerto o marchado del país y muchos porque viven en la extrema pobreza y no han tenido los recursos para gestionar un documento ya de poca utilidad para su condición socio-económica.  

Para salir de la apatridia

            El país  necesita reconciliarse con los organismos multilaterales e instituciones sociales internacionales que velan por los derechos humanos, pero también adoptar políticas efectivas que le permitan salir del estigma de auspiciador de apatridia. No basta con que se niegue, si hay señales tan objetivas como la de los que se acogieron al plan B de  la Ley 169-14, que otorga la ciudadanía por naturalización a los descendientes de extranjeros nacidos en el país, pero que no hicieron, o no se les aceptó oportunamente la declaración de nacimiento. Se da el caso que en una misma familia hijos mayores obtuvieron el registro, pero no así los que llegaron cuando empezó la discriminación, y así unos son ciudadanos dominicanos y otros extranjeros indocumentados. 

            En un rígido plazo de apenas meses, 8 mil 768 personas se acogieron al plan de naturalización, pero seis años después, apenas 750 la han logrado, mediante el decreto 262-20 emitido por el presidente Danilo Medina el 16 de julio pasado, 11 días después que perdió las elecciones presidenciales. El 89 por ciento todavía espera un documento de identidad, porque aquí nacieron y aquí han vivido siempre y no tienen otra nacionalidad ni piensan ni pueden ir a buscarla en ningún otro país. Por eso los consideran apátridas.

            Es posible que muchos de ellos no hayan completado el paquete de requisitos que se les impuso para ser reconocidos, comenzando por los documentos de identidad de sus padres, que en muchos casos no los tenían, desconocidos, o que hace años volvieron a Haití. Una buena proporción son de padre o madre dominicanos. Otros requisitos difíciles de cumplir para muchos son los testigos de su origen o las comadronas que los recibieron, o los certificados de los hospitales, que en muchos casos ni siquiera los registraban. Tampoco les resulta fácil obtener certificados de empleos. Son una proporción tan ínfima de la población que merece la mayor generosidad.

Hay que borrar el estigma  

            El país necesita quitarse de encima el estigma que lo mantiene junto a Myanmar, Costa de Marfil, Letonia y Estonia, a la cabeza de los mayores auspiciadores de apatridia en el mundo. El pasado 30 de septiembre al cumplirse el 66 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos volvió a reclamar a RD un esfuerzo por restañar las heridas  de las sentencias del TC.

            Tras reconocer y celebrar los efectos positivos de la Ley 169-14 que habría devuelto la nacionalidad a 26 mil personas, y el decreto de Medina que naturaliza a 750, la Comisión instó al Estado dominicano a “buscar medidas sostenibles, asequibles y duraderas” para la situación de unos 6 mil 400 que no han podido obtener la nacionalidad vía el proceso de naturalización, considerados en situación de apatridia. En el mismo sentido se pronunció la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

            Desde las sentencias del TC casi todos los años RD es evaluada en el Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, la Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia, Humans Rights y otras unen sus esfuerzos a la nacional Dominicanos por Derecho para mantener los cuestionamientos y reclamos de rectificaciones. 

            No basta negarlo y el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene suficientes documentos para avalar la necesidad de borrar un estigma que distanció el país hasta de la comunidad de naciones del Caribe, con daños económicos,  y lo dejó en las cuatro esquinas del mundo.-    

La tecnocracia choca con la realidad política y obliga al presidente Abinader a enmendar

Es obvio que no se dan las condiciones mínimas para incrementos de impuestos y mucho menos sin explicar sus alcances, aunque los propuestos no afectaban a los sectores medios y bajos, y faltando documentar la profundidad de la crisis  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El presidente Luis Abinader rectificó el primer tropiezo de su gobierno al anunciar que no habrá incremento de ningún impuesto en el presupuesto del próximo año y que se buscará consensuar los pactos Fiscal y Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo para aplicarlos a partir del 2022, por lo cual merece reconocimiento. .

            No es que los gravámenes propuestos fueran desproporcionados, es que la población no está dispuesta a nuevas contribuciones mientras no se profundice el iniciado desmonte de la malversación, se documente y comunique mejor sus alcances y avancen en el procesamiento de algunos de los responsables de la corrupción que agobió la sociedad.

Por debajo de la puerta

            Fue un error del equipo económico del gobierno el plantear una pequeña reforma tributaria sin considerar aspectos fundamentales en el orden político como en una coyuntura de crisis sanitaria con graves repercusiones económicas y sociales que determinan una atmósfera de rechazo a mayores contribuciones.

            Pero fue peor que los incrementos impositivos “se metieran de contrabando” en el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 y que trascendieran sin la menor explicación, lo que permitió que fueran sobrestimados, cuando en realidad no afectarían a más del 80 por ciento de la población, en nada a los de menores ingresos. Menos todavía el gravamen a las partes de acondicionadores de aire. El paquetito apena representaría unos 20 mil millones de pesos adicionales, una proporción insignificante que serviría para dilatar el pacto fiscal a que está obligado el gobierno.

            De los cinco o seis renglones afectados, el más significativo que podría generar más de la mitad de los ingresos adicionales, era el impuesto de 1 por ciento a los activos netos del sector financiero, señalado entre los menos afectados por la crisis, o entre los pocos beneficiados. Tampoco afectaría a las clases medias ni a los más pobres el gravamen del 8 por ciento a las ganancias adicionales determinadas por la pandemia en algunos sectores empresariales. El presidente informó que el sector financiero y la Barrick Golf aceptaron un adelanto de contribuciones, y luego se supo que sería descontado en plazo de 15 años.    

Reacción desproporcionada

            La falta de explicación contribuyó a la enérgica reacción de rechazo, incluso desproporcionada para el costo de los impuestos planteados, que se centró en el gravamen  del 3 por ciento a los pagos personales en dólares, y el cobro de impuesto sobre la renta a  salarios navideños exentos del mismo.

            Se estima entre 6 y 7 por ciento la proporción de la población que hace pagos en dólares, importando directamente o por viajes. La pandemia ha incrementado las compras por internet, básicamente de sectores medio-altos y altos, en desmedro del comercio y del empleo nacional. Para estos y el que viaja y paga sobre 20% de propina en restaurantes y bares, un 3 por ciento de impuesto no debería considerarse abusivo.

            En cuanto al salario navideño, la confusión fue doble, pues se creyó que era a todos los empleados, cuando se planteaba mantener el actual nivel de exención en el impuesto sobre la renta, que es de 34 mil 700 pesos, lo que dejaba fuera al 85 por ciento de los asalariados, porque ganan hasta esa suma. Y a quienes perciben más de eso, se les mantenía el nivel de exención, cobrándole sólo sobre el excedente. Por ejemplo, quienes ganan hasta 52 mil pesos, sólo pagarían 15 por ciento sobre el excedente de 34 mil 700, es decir sobre 17 mil 300, lo que arrojaría un descuento de 2 mil 595 pesos. Son menos del 10 por ciento de los asalariados en los registros de la tesorería de la Seguridad Social.   

            Convendría saber que en muchas empresas y hasta en organismos estatales, incluso del gobierno central como es el caso del mismísimo Ministerio de Hacienda, no se paga como “regalía navideña” un solo salario, sino varios. Hay empresas donde se evade impuestos manteniendo sueldos bajos a los mandos medios y altos que se compensan hasta con 6 sueldos navideños, libres de impuestos. Eso se llama evasión fiscal.        

Un comprensible rechazo

            Los funcionarios, sean técnicos, tecnócratas o políticos, deberían comprender que en la población dominicana prevalece una actitud subjetiva que rechaza todo nuevo impuesto, sobre todo en la influyente clase media que mueve todos los medios de comunicación y prevalece en las redes sociales. Esa actitud está determinada en gran medida por los altos y persistentemente crecientes niveles de malversación y de corrupción en la administración pública y de evasión de los más ricos, diagnosticados en los últimos años. 

El fenómeno de la Marcha Verde debería estar fresco en la memoria de todos. Eso no significa que ante el primer tropiezo de un gobierno que está tratando de reducir la malversación y combatir la corrupción, con nuevos mecanismos, millares vayan a lanzarse a las plazas o a marchar por las avenidas, como pretendieron algunos. Pero sí implica el rechazo hasta irracional, subjetivo, que lleva a proclamar que no se necesitan más impuestos. Hay mucha gente de altos ingresos y empresas de enormes ganancias que tienen que contribuir más para reducir la enorme desigualdad, la pobreza extrema y las exclusiones. 

Desde luego, la cultura política nacional es tan primitiva y grotesca que a menos de dos meses de instaurado un gobierno, hay quienes están dispuestos a agitarle las aguas para debilitarlo, aunque tengan que esperar casi cuatro años para sustituirlo, condenando a toda la sociedad a seguir en el atraso. Entre estos resaltan los que tienen cuentas pendientes y quieren anular las posibilidades de que les facturen. Pero también personas que por ignorancia se suman a la irracionalidad y exigen milagros aun cuando “el mundo está patas arriba” por la pandemia que ya cobra un millón de vidas, con un impacto económico tan profundo en los países de bajos ingresos, que acarrea el riesgo de “una generación perdida”, como proclamó esta semana Kristalina Georgieva,  la directora general del Fondo Monetario Internacional.

La rápida reacción de Abinader

            Fue relevante la rápida reacción del presidente Luis Abinader ante el generalizado rechazo a la limitada reforma tributaria, sobre todo por haber sido incluida en el proyecto de presupuesto para el 2020 sin previa justificación, demostrativa de sensibilidad ante la opinión pública, primero advirtiendo que no habría imposición y tres días después, en discurso del jueves, anunciando que no habrá nuevos impuestos en el presupuesto del próximo año.

            En el primer gobierno del presidente Leonel Fernández en 1996, también se intentó iniciar con un presupuesto que incluía impuestos no previamente debatidos, pero la diferencia es que ignoró el rechazo generalizado, aunque el partido gobernante sólo tenía un senador y 14 diputados. Como no modificaron el proyecto, el Congreso opositor lo rechazó y en consecuencia el gobierno tuvo que manejarse en el 1997 con el presupuesto del año anterior.

            Esta vez el PRM y sus aliados podrían reunir votos para aprobar un presupuesto, pero Abinader ha cumplido su promesa de buscar consenso para las grandes decisiones de su gobierno. Tal vez consciente de que una imposición de unos 20 mil millones de pesos adicionales, no sólo mellaría muy rápido su popularidad, sino que dificultaría más el Pacto Fiscal que evadió el presidente Danilo Medina, aunque fue mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada en el 2012, antes de iniciarse su doble período de 8 años.

            Abinader anunció que el Pacto Fiscal, y el también pendiente Pacto Eléctrico, se empezarán a discutir con la meta de alcanzar consenso en seis meses para aplicarlos a partir del 2022. Enfatizó esfuerzos por reducir la malversación, combatir la corrupción y mejorar la calidad del gasto, priorizando salud, educación y asistencia social, pese a la contracción por la pandemia, y señaló que encontró las arcas agotadas, en la peor crisis económica en 60 años, y que sólo en pagos de deudas a sus contratistas el gobierno anterior erogó al final 40 mil millones de pesos. José Rijo, director de Presupuesto, precisó luego que en julio, su último mes completo, el gobierno de Medina gastó 102 mil millones de pesos, reducidos a la mitad, 55 mil millones, en septiembre, el primer mes entero del nuevo gobierno. 

Sanciones y recuperaciones 

            En el rechazo a nuevos impuestos reflejado en los medios de comunicación, sobre todo en las redes sociales, se incluye la indignación porque “todavía no hay un solo preso de la corrupción”, lo que implícitamente respondió de nuevo el presidente Abinader, reclamando auditorías y acción del ministerio público, pero descartando circo. La precipitación podría ser contraproducente, pues sin fundamentos de pruebas, serviría para dictámenes de no ha lugar que harían imposible las sanciones correspondientes.  

            Aún logrando condenas, no es fácil “recuperar lo robado”, como reclama la indignación social, porque generalmente está escondido en paraísos fiscales, a nombre de otras personas, en inversiones y empresas, cuya incautación implica mucho tiempo y recursos. Así quedó demostrado en el caso de las quiebras bancarias, donde el Estado apenas recuperó un mínimo de lo malversado e invertido para solventar la crisis financiera 2002-04.

            El nuevo gobierno ha empezado a reducir la malversación y ha creado mecanismos independientes de prevención y persecución de la corrupción, pero todavía queda mucho por hacer para recuperar la confianza de la sociedad en el Estado. El partido gobernante y el Congreso Nacional deberían ayudar al presidente, quien ha impuesto austeridad en el Palacio Nacional y renunció a los gatos de representación. Los barrilitos y confrecitos de los legisladores resaltan en la indignación social. Ya son casi dos mil los “diplomáticos”, vicecónsules, subdirectores y subadministradores suspendidos, pero quedan muchos más y en  organismos estatales todavía hay demasiados privilegios que reducir.-    

Con Ivelisse Prats en el corazón


Por Juan Bolivar Díaz

En estos días en que la nación demanda de políticos enteros de cuerpo y alma, capaces de subordinar sus ambiciones para actuar con integridad y honradez en medio de las peores penalidades de nuestra época, la memoria nos remite a la figura de la profesora Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, ejemplo de coherencia, de tenacidad y de grandilocuencia ideológica que cultivó la nobleza política.

A punto de entrar en la novena década, nuestra querida profesora libra una difícil y penosa batalla contra las adversidades físicas a las que ha sabido sobreponerse desde joven. Ella, de estructura física endeble, con escoliosis y asmática de siempre, ha sufrido incremento de sus antiguas dificultades visuales, demasiado gravoso para quien se ha leído bibliotecas enteras. Su indeclinable magisterio también le fue consumiendo las cuerdas vocales y hace algún tiempo casi queda sin la voz.

El indomable espíritu de Ivelisse ha logrado vencer todas las limitaciones físicas, pero hace unos tres meses, alrededor de su 89 cumpleaños, una caída le rompió un fémur y desde entonces ha quedado postrada y adolorida, más espiritual que físicamente.

Desde aquí, en la distancia que imponen las circunstancias, hay que expresar solidaridad y los mejores augurios para la maestra, ideóloga, articulista, dirigente política, gremialista, legisladora, funcionaria, forjadora de líderes, madre y esposa.

Una mujer tan extraordinaria, un dechado de virtudes sociales, una maestra como Ivelisse no merece una larga postración ni sufrimiento, por lo que debemos encomendarla al Dios de los justos para que le haga leve la etapa de transición en que se encuentra.

Y para que compense sus penalidades con la firme conciencia de los sembradores e iluminadores colocados mucho más allá de las infinitas limitaciones de la condición humana.
Ojalá que muchos de los compañeros de partido y de los alumnos que ella forjó en el Instituto de Formación Política que lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez se detengan en estos días a reivindicar la vida de doña Ivelisse Prats, para rendirle el tributo que merece, poniendo en primer plano sus enseñanzas de la política como servicio y entrega al ideal colectivo y al engrandecimiento de la patria.

Vale reproducir la salutación que le ofrecimos en el 2001 cuando celebrábamos su medio siglo de entrega al magisterio: Salve profesora; los alumnos de los primeros años te saludamos. Y te deseamos aún larga vida y mayores realizaciones, en la libertad y para la libertad, como en aquellos tiempos (1959-60) en que anhelábamos encontrar voces de aliento que nos ayudaran a levantarnos sobre las tinieblas y a encender antorchas definitivas.

Las tuyas no se apagan ni con los vientos huracanados que tanto soplan en estas latitudes, sin embargo colocadas en el mismo trayecto del sol, como nos dijo entonces el inolvidable poeta don Pedro Mir.
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Tras el artículo de la semana pasada en el que agradecimos la sensibilidad del presidente Luis Abinader, por haber terminado el calvario de los ancianos trabajadores cañeros que por dos décadas demandaron la pensión por la que cotizaron, la querida compañera Altagracia Salazar nos recordó que hay otro grupo, mucho más pequeño, que también espera y merece un tributo.

Se trata de los 28 contralores aéreos cancelados por el político que dirigía el Instituto de Aviación Civil por haber cometido la osadía de denunciar sistemáticas violaciones de las normativas internacionales de seguridad en el espacio aéreo nacional.

Durante muchos meses mantuvieron su demanda de reposición ante la sede del gobierno, y hasta tuvieron ganancia de causa en el tribunal administrativo, sin que le hicieran el menor caso. Se les ignoró hasta convencerlos de que no cabían rectificaciones ni sensibilidades humanas.

Eran los mejores técnicos en su oficio, forjados en instituciones internacionales especializadas. Su pecado fue hacer públicas las preocupaciones profesionales por la seguridad aeroportuaria.

Como entonces, el ahora presidente Luis Abinader los visitó en el 2015, durante aquel calvario y conoció de sus razones, puede esperarse una justa reparación. Vale el recordatorio.-

Los cañeros: Final de un calvario

Una de las mayores penas que me llevaba al retirarme de la televisión tras 33 años y medio de presencia diaria en Uno+Uno de Teleantillas, era no haber podido ganar la batalla por las pensiones que durante casi dos décadas demandaron humildes trabajadores que ofrendaron sus vidas en los cañaverales del Consejo Estatal del Azúcar. Tenía pendiente ocupar este espacio para formular una apelación al nuevo gobierno, como hice numerosas veces a los de los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

La noche del viernes me telefoneó el presidente Luis Abinader, adelantándome una buena noticia. Y sin que le preguntara cuál, me comunicó que al día siguiente visitaría el ingenio Porvenir y recibiría a una comisión de la Unión de Trabajadores Cañeros para anunciarles la concesión de las pensiones que hace años demandaban. Le agradecí el acto de justicia y habérmelo participado personalmente. 

He hablado decenas de veces con el ahora presidente pero no recuerdo que antes tratáramos el caso, pero de alguna forma estaba enterado de que esos trabajadores me designaron padrino protector hace años tras mi artículo “Réquiem por Andrés Charles”, que publiqué en este mismo espacio de HOY el 9 de agosto del 2009, a raíz de la muerte de ese “perdido enamorado de la caña, aristócrata del sudor bajo el ardiente sol de los cañaverales”, que cortó caña en los bateyes de casi todos los ingenios azucareros hasta que un accidente laboral lo sembró para siempre en el Lechería, del Central Río Haina, donde  recibió el pasaporte eterno sin haber podido cobrar la pensión para la que cotizó durante décadas.

Quise acompañar al presidente Abinader reciprocando su acto de justicia y sensibilidad, y el sábado reviví los años de la infancia en los bateyes petromacorisanos, especialmente en Alejandro Bass, que pertenecía al mismo ingenio Porvenir y me dejé invadir por las emociones, recordando aquella tropa brava de la caña, que algunas veces llegué a acompañar con sus hijos, ayudándolos a cargar el fruto hasta la carreta. 

Desfilaron por mi memoria los ingenios Las Pajas, Angelina, Consuelo, Santa Fé, Porvenir, y hasta Romana y Cristóbal Colón, y sus hermosos campos sembrados de caña, con toda la pobreza en los bateyes, y los pesos arreglados para robarle el sudor a los trabajadores en los tiempos en que los millones de la caña eran la gran industria y riqueza nacional.

Cuando llegó la privatización en el primer gobierno de Leonel Fernández, que llamaron “capitalización de las empresas públicas”, todo aquel andamiaje se vino abajo como si lo hubiese atacado un terremoto. Bueno, lo que quedaba, porque ya hacía más de tres décadas que a la caída de Trujillo se había creado la Corporación Azucarera Dominicana, luego rebautizada Consejo Estatal del Azúcar. Y casi siempre aquello fue una sola zafra para administradores, políticos, legisladores, militares, empresarios.

Se lo robaron casi todo. Inmensas fortunas salieron de los cañaverales. Y tras la privatización se repartieron no sólo gran parte de  los terrenos que quedaban, 4 millones de tareas, sino también las reses, y las carretas y desmontaron hasta los rieles que fueron a parar a China exportados como metal. Se supuso que los beneficios serían utilizados para rehabilitar los bateyes y sustituir cultivos en asentamientos de los trabajadores. Pero no, hace poco supimos que el Fonper fue otra madriguera donde se repartía el patrimonio y más de 250 personas cobraban por años, muchos con salarios de lujo. 

En principio eran unos 8 mil los cañeros que demandaban pensiones por haber cotizado durante décadas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Pero no les hacían caso y se fueron muriendo sumidos en la más profunda  miseria. A partir del 2009 bajo el liderazgo de Jesús Núñez, un consagrado gremialista, salieron a las calles en innumerables plantones ante el Palacio Nacional. Leonel pensionó a 2,185 y Danilo a 1,028, mientras  muchos morían en el camino, o poco después de recibirlas, a tan avanzada edad que apenas vieron  los 5 mil 117 pesos mensuales. Vivos quedan 1,610 a los que Abinader anunció que pensionará de inmediato y los incorporarán al Senasa. Todos pasaron de 60 años, muchos sobre 70 y 80. 

Puede decirse que la alegría de sus pensiones será de corta duración. Ojalá que la otra vida, si es que existe, les resulte más dulce que nuestra caña.-       

Ruidos absurdos en elección de JCE; PRM ratifica que será independiente

La Dirección Ejecutiva del PRM ratificó a unanimidad el compromiso de integrar la Junta Central Electoral con profesionales ajenos a la militancia partidista y que garanticen su independencia como ha reiterado el presidente Luis Abinader  

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

            En reunión celebrada el miércoles la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ratificó a unanimidad su compromiso programático de integrar la Junta Central Electoral (JCE) con profesionales ajenos a la militancia partidista y que garanticen la independencia de ese importante órgano estatal.

            Se espera que la ratificación ponga fin a los intentos de desconocer un compromiso programático enarbolado por el presidente Luis Abinader, que comenzó por el Ministerio Público y se extiende a los demás órganos de control del Estado, como la Cámara de Cuentas, Defensoría del Pueblo y las altas cortes.

Un ruido más que absurdo 

            Ha llamado la atención que a escasas cinco semanas del inicio del Gobierno de Luis Abinader y el PRM se desatara un movimiento que ha implicado a dirigentes y legisladores tendientes a desconocer un compromiso programático, sustentado y reiterado recientemente por el mismo mandatario. Se puede apreciar como una imprudencia política que sólo sirve para revivir las pugnas que caracterizaron al Partido Revolucionario Dominicano, de donde proceden muchos de los perredemeistas.

            La circunstancia de que el extitular de la JCE Eddy Olivares, postulado ahora para presidir el organismo, fuera durante los últimos cinco años vocero del expresidente Hipólito Mejía, dio pie para que este fuera vinculado a la acción, por lo que el vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, consideró necesario advertir que “no habrá medición de fuerzas” entre los dos líderes, sino “coherencia y consenso”.

            El anuncio de que Olivares tenía apoyo de muchos diputados del PRM, desató inquietudes y temores a una absurda lucha interna cuando apenas comienza la gestión gubernamental y en medio de las penalidades de la triple crisis sanitaria, económica y social, que enfrenta. Aunque dirigentes de ese partido han sostenido que sólo es un ruido innecesario, porque no hay la mínima posibilidad de reunir apoyo para contradecir el programa de gobierno y la posición del presidente Abinader, quien ha sido reiterativo en que no auspiciará la politización  de ningún órgano de control del Estado.

Desde el 2016, cuando se eligieron los titulares que concluyen su período en noviembre al frente de la JCE, el PRM se comprometió en dos comunicados públicos con la independencia del organismo, y lo postuló en su programa de gobierno y en los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional” que firmó junto a otros 6 partidos y varios grupos sociales. Su presidente José Ignacio Paliza lo reiteró en dos recientes declaraciones.  

No habrá reparto partidista

            Dirigentes y voceros del Partido de la Liberación Dominicana ponderaron a Olivares, favoreciendo un consenso para elegir los titulares de la JCE, lo que en el PRM se interpreta como un gancho de doble filo, primero para demostrar que “no hay tal cambio y todos los partidos son iguales”, y segundo para garantizarse la inclusión de alguno de sus dirigentes.

            En los altos niveles del PRM se le resta importancia a lo que consideran “un simple incidente inoportuno”, como lo definió un ejecutivo al informar que no hubo el menor problema en ratificar la posición de la Dirección Ejecutiva del Partido, mientras trascendió que el presidente Abinader se reunió con los diputados y allí tampoco hubo dificultades.    

            La independencia de los integrantes de la JCE se discute desde hace décadas, cuando Joaquín Balaguer la conformaba con personas de su confianza, y aunque a veces colocó independientes en la presidencia, incluía a dirigentes partidistas que se encargaban de su politización. La junta de 1994, cuando se verificó el más documentado fraude electoral que incluyó alteración del padrón de electores, era presidida por Manuel García Lizardo, pero fue señalado como responsable otro titular, el dirigente reformista Leonardo Matos Berrido

            Esa junta, como la de 1990 cuando también hubo fuertes indicios de fraude electoral, fue integrada mediante la fórmula del reparto, que garantizaba la presidencia y la mayoría al partido gobernante, y se elegían dos por los opositores, que  lo legitimaban considerando que era preferible “tener gente dentro del organismo”. 

Lo pactado tras la crisis

Tras el pacto que zanjó la crisis postelectoral de 1994 se acordó una JCE sin reparto partidista, y por consenso, la que encabezó el doctor César Estrella Sadhalá, y que pudo organizar exitosamente la doble votación del 1996. Le sucedieron luego Juan Sully Bonelly, Manuel Morel Cerda  y  Luis Arias que tampoco eran dirigentes políticos al ser escogidos. Pero en 1998, en medio de una confrontación con el gobierno del PLD en la Liga Municipal y la Cámara de Diputados, la mayoría senatorial del PRD rompió el consenso al escoger unilateralmente a  Morel Cerda, quien nunca había militado en ese partido y era un reputado jurista, cuatro veces presidente de la Asociación Dominicana de Abogados. Hizo nuevo y desde entonces eficiente padrón electoral y sin trauma las elecciones del 1998 y 2000.

La politización partidista de la JCE volvió con la elección de Roberto Rosario quien presidió el organismo entre el 2010 y 2016. Había llegado en el reparto partidista, restaurado en el 2006 y por cuatro años presidió su entonces determinante Cámara Administrativa, donde comenzó a mostrar su eficiencia partidista. Al ser incorporado a la Junta tomó una licencia de su condición de miembro del Comité Central del PLD. 

El debate se ha mantenido, y en el 2016 el gobierno peledeísta accedió a elegir un presidente apartidista, Julio César Castaños Guzmán, y otros dos miembros sin militancia en partidos, Carmen Imbert Brugal y Roberto Saladín. Pero mantuvo a Rosario Graciano, también exdirigente del PLD, y a Henry Mejía, proveniente del PRD.        

            La mayoría de las instituciones sociales, encabezadas por Participación Ciudadana (PC) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), han promovido sistemáticamente una JCE integrada por personas sin militancia partidista, para evitar los conflictos de intereses. Es lo mismo que postula la Constitución para los jueces, los miembros de la Junta Monetaria, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En estos casos no se consideran violados sus derechos ciudadanos, como ocurre cuando se plantea en órganos electorales o la Cámara de Cuentas.       

“Mentada sociedad civil”

            Los partidos políticos dominicanos han mantenido una relación de amor y odio con las organizaciones sociales que militan en la promoción de reformas políticas e institucionales y en la defensa de los derechos políticos y sociales. Cuando están en la oposición son amantes, pero desde que llegan al gobierno comienzan a menospreciarla, llamándola “la mentada sociedad civil”, pretendiendo desconocer una categoría universal de la democracia, reconocida en convenciones internacionales y códigos y constituciones nacionales. Ante los organismos de las Naciones Unidas hay más de diez mil instituciones sociales reconocidas.

            Ya en ambientes perremeístas se ha comenzado a evocar la “mentada”, a la que le atribuyen un supuesto interés por quitar sus derechos a los militantes políticos, “que son los que se fajan en las campañas electorales”. El desaparecido líder perredeísta José Francisco Peña Gómez fue el dirigente que más importancia ha dado a la participación social, al extremo que reformistas y peledeístas decían que la sociedad civil era perredeísta. Pero cuando el PRD llegó al poder en el 2000, se comenzó a hablar de la “sociedad civil perfumada”, tratando de descalificar a PC y la Finjus. A sus actividades van los políticos cuando están en la oposición, pero se ausentan desde que llegan al poder. 

            La más combatida ha sido Participación Ciudadana, pero eso no impidió que fuera invitada por el PLD, PRSC, PRD y PRM a observar sus elecciones internas, lo que ocurrió en los tres primeros, entre el 2000 y 2006. Con financiamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, PC mantuvo durante varios años un diplomado de formación de dirigentes políticos por el que pasaron más de 2 mil jóvenes dirigentes de esos partidos.

Buscan el buen gobierno

            Hay innumerables definiciones de la Sociedad Civil, aunque algunos la sintetizan en todas las formas de organización de ciudadanos y ciudadanas, e instituciones y organizaciones conformadas para la promoción social, que no forman parte del Estado, y que no tienen por objeto alcanzar el gobierno, como los partidos políticos. Se trata de organizaciones para promover el buen gobierno, que “la sociedad civil no lucha para gobernar, sino para ser bien gobernada”.

            Es la pérdida de confianza en las instituciones del Estado, incluyendo el partidarismo político, documentada en innumerables investigaciones y encuestas de todo tipo de instituciones nacionales e internacionales lo que ha dado mayor relieve a la necesidad de organizar agrupaciones sociales.

            Esa “mentada” fue la que movilizó a cientos de miles de personas en las marchas verdes contra la corrupción y la impunidad, entre 2017-18 y la que colmó las plazas públicas en muchas ciudades del país y del exterior. Múltiples analistas han coincidido que esa militancia no partidista fue clave para desplazar este año el dominio del Estado y de la sociedad que había impuesto el PLD. 

          El PRM y en especial su candidato presidencial Luis Abinader, interpretaron ese sentimiento social y pactaron “un verdadero cambio”, que incluyó la despolitización de todos los órganos estatales de control, que es lo que acaban de ratificar en la JCE, sin que implique desconocer los méritos de los dirigentes políticos.-  

Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales

Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos.

Por Juan Bolívar  Díaz

Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.

Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos

Tres informes relegados

El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020.

Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica  medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.

Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían  desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.

Las propuestas de Attalí

De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados.

También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.

Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes.

“Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.

Aumentó la desconfianza

Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.

En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018.  En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.

En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.     

Una gran oportunidad

Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.

Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado.

Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo  autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.     

El triste lamento de Danilo

Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias  con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos.

Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.

Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.

Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.-

Lo prioritario sigue siendo recuperar la confianza en las instituciones estatales

Diez años después de su presentación en el Palacio Nacional, el “Informe Attalí”, sigue con plena vigencia, al proclamar que el primer paso para el desarrollo nacional es recuperar la confianza en las instituciones del Estado, lo que incluye a los partidos 

                                                Por Juan Bolívar  Díaz

            Ahora que el país pasa por una coyuntura de cambios, conviene desempolvar el informe de la comisión que presidió Jacques Attalí, por el cual el gobierno de Leonel Fernández pagó un millón de dólares para luego dejarlo archivado, de cuya presentación en el Palacio Nacional se cumple una década en noviembre próximo.

            Así como Danilo Medina recomienda a los peledeístas revisar por qué perdieron un poder que creían eterno, los líderes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus aliados deberán ponderar por qué la sociedad les otorgo el poder sin olvidar el enorme crecimiento de la desconfianza en las instituciones estatales y sobre todo en los partidos

Tres informes relegados

            El Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la República Dominicana, que presidió el destacado economista francés Jacques Attalí fue recibido con entusiasmo en diversos ámbitos de la sociedad, tras su presentación en un acto que presidió el presidente Leonel Fernández en noviembre del 2010. Contiene 7 iniciativas con 77 propuestas específicas para la década que concluye este año 2020. 

Si se revisan se puede comprobar que muy pocas fueron puestas en práctica  medianamente y el documento popularizado como “Informe Attalí”, se juntaría con otro, igualmente crítico publicado en julio del 2012, el “Reporte Harvard, Construyendo un mejor futuro para la República Dominicana: Herramientas para el Desarrollo”. Ambos partieron del ponderado crecimiento económico que había registrado el país en las últimas cinco décadas, y apuntaban políticas para refundar el Estado y abrir puertas al desarrollo integral.

Se les dio mayor ponderación a esos dos estudios por el prestigio de sus responsables, pero dos años antes, el “Informe Nacional de Desarrollo Humano República Dominicana 2005”, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo responsabilidad del ahora Ministro de Economía Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, había documentado que el país era de los de mayor crecimiento económico a nivel mundial durante medio siglo, con promedio de 5%, pero también de los que más lo habían  desperdiciado para traducirlo en desarrollo humano sostenible, y también contenía decenas de recomendaciones, aún vigentes, “para una inserción mundial, incluyente y renovada”.

Las propuestas de Attalí

De las 7 iniciativas, con 77 propuestas específicas, el informe Attalí, que se apoyó en la colaboración de un notable grupo de dominicanos, privilegió como prioritaria la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, en una primera iniciativa en tres capítulos con 16 propuestas que mantienen absoluta actualidad: restaurar el contrato social, reforma del Estado y fortalecer el poder Judicial. Ahí están colocar las mujeres en el centro de desarrollo, reformar la Cámara de Cuentas y el financiamiento de los partidos para hacerlos transparentes, eliminar la práctica del barrilito, (clientelismo) imponer la transparencia en los contratos públicos, limitar el secreto bancario, reforzar la prensa y facilitar el acceso a la información, y aplicar la ley de presupuesto para una gestión por resultados. 

También formula propuestas que el presidente Luis Abinader trata ahora de desarchivar, como limitar el número y tamaño de los ministerios, de los viceministerios, de las delegaciones diplomáticas y de las instituciones en general, eliminar las comisiones, consejos y direcciones sin funciones, racionalizar el organigrama del Estado reagrupando las instituciones similares, profesionalizar la función pública, luchar contra las violencias de las fuerzas del orden, y combatir la impunidad reforzando el sistema judicial.

Frente a las vulnerabilidades nacionales, el Informe Attalí planteó tres  opciones fundamentales, aumentar el endeudamiento del Estado, elevar la presión fiscal, ampliando la base e incrementando las tasas, y la tercera, que consideraba imprescindible y precedente a las dos anteriores, racionalizar el gasto público para devolver la confianza a los contribuyentes. “Para ello el Estado tiene que erigirse en un modelo de virtud cívica y mostrar a sus ciudadanos que los fondos recolectados a través del sistema fiscal son dedicados a gastos considerados por la mayoría útiles y beneficiosos para la sociedad”.

Aumentó la desconfianza

            Es obvio que los gobiernos del PLD no se colocaron nunca en los linderos del informe Attalí, y en vez de restringir la malversación la multiplicaron en todas las direcciones posibles, porque en los ocho años de Leonel Fernández, aunque hubo varias reformas tributarias y el de Danilo Medina comenzó con otra, el gasto creció dos veces por encima de los ingresos, para generar los permanentes déficits fiscales de la última década que conllevaron una duplicación de la deuda del Estado.

            En el mismo período se deterioró mucho más la confianza de la población en las instituciones estatales, como ha quedado patente en los diversos estudios internacionales y las encuestas nacionales. El acreditado Latinobarómetro registró en el 2018 que la confianza en los partidos políticos era apenas del 14%, del 20 en el Congreso, 21 en el Poder Judicial, y 22% en el gobierno. Y que la confianza en la democracia había caído del 65 al 44% entre el 2005 y 2018.  En marzo del 2019 un estudio del PNUD sobre calidad de la democracia en 24 países de América Latina, colocó a RD entre los 5 peores, dando positivo tan sólo en el 20% de los indicadores, para concluir en que eso “sugiere un sistema frágil y vulnerable a turbulencias políticas, económicas o sociales de origen interno o externo”.

            En muchas otras mediciones internacionales quedó patente el descreimiento en la institucionalidad democrática, además en la calidad de los servicios de educación, salud, vivienda, electricidad y agua potable. El Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, ha sido el más patente, dejando el país en los últimos 10 escalones entre 144 y 145 evaluados en la última década, en confianza en la justicia, la policía, congreso y gobierno, así como en malversación y desviación de los fondos públicos, en favoritismo de los funcionarios y hasta en ética empresarial.     

Una gran oportunidad

            Las perspectivas con que comienza el gobierno de Luis Abinader y el PRM ofrecen una oportunidad para revertir la desconfianza y establecer la prioridad para el desarrollo que consigna el Informe Attalí. El nuevo mandatario participó en casi todas las marchas verdes del 2017-18, sin buscar la primacía se quedó siempre entre la multitud y tuvo oportunidad de comprobar la profundidad del descontento frente a las instituciones estatales, particularmente por los niveles alcanzados por la corrupción y la impunidad. De ahí los compromisos consignados en sus lineamientos básicos y programa de gobierno.

            Un factor que puede contribuir a impulsar la recuperación es el hecho visible de que el nuevo gobierno agotará por lo menos su primer año administrando la triple crisis de salubridad, económica y social, cuya dimensión todavía es impredecible, y que para mantener el apoyo poblacional tendrá que avanzar en las reformas del Estado, que en vez de costar aportan. Pero aunque el presidente Abinader aparece firme en sus propósitos, no se percibe que los congresistas quieran hacer lo mismo, por ejemplo proscribiendo los barrilitos y repartos para concentrarse en sus funciones de legislar y fiscalizar los organismos del Estado. 

            Harían falta iniciativas legislativas para imponer austeridad en todas las instituciones estatales, incluyendo las autónomas y descentralizadas. En la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo duerme el sueño eterno el proyecto de reglamento de la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público que procura poner límite al desbordamiento de sueldos, compensaciones, bonificaciones y pensiones en múltiples instituciones, incluyendo  autónomas y semiautónomas, promulgada hace 7 años, después de una década de estudios.      

El triste lamento de Danilo

             Todos los dirigentes políticos deberían escuchar con suma atención el triste lamento expresado esta semana por el expresidente Danilo Medina en una reunión con legisladores de su partido, que se escucha en una grabación filtrada a los medios de comunicación, donde pedía a todos que revisaran por qué la población no votó por ellos en los comicios de este año. Se quejó de que los peledeístas ya no se movían sin dinero de por medio, en la campaña electoral más cara de la historia del país. Que familias hasta a familias  con 4 miembros cobrando en el gobierno había que rogarles para que hicieran el trabajo político y que la población los observaba de lejos. 

            Por supuesto que Medina no asumió su responsabilidad en la derrota, por su insaciable ambición de poder que lo llevó a secuestrar las instituciones de su partido para imponer su absoluta voluntad pasando por encima de todos los dirigentes o manipulándolos con los recursos del Estado. Pero en su lamento hay un reconocimiento de que el PLD devino en un partido que no merecía la confianza de la sociedad.

            Ya la había previsto Temístocles Montás, uno de los más preclaros fundadores del PLD, en artículo publicado en HOY el 17 de enero del 2019, al describir una triple crisis que anquilosaba su partido. La primera orgánica, originada en las ambiciones que producían divisiones profundas que parecían irreconciliables, como se demostró meses más tarde. “La segunda es una crisis moral, por el predominio de los intereses personales por encima de los del partido” que condujeron a la adulteración de la democracia interna. Y también una crisis ideológica por la pérdida de la brújula de que los dotó su fundador, Juan Bosch.

            Temístocles concluía prediciendo el desastre: “Muchos dirigentes de nuestro partido han reducido el ejercicio de la política a un proyecto de Poder, pero sin tener claro un proyecto de sociedad. En áreas del Poder hemos terminado justificando lo que sea, se ha caído en el cinismo, el partido ha devenido en una aglomeración de personas sin preparación política e ideológica, que se mueven por un empleo en el gobierno. Se les ha dicho adiós a las ideas políticas”. Palabras que deben ponderar antes que sea tarde los dirigentes del PRM.- 

Más y mejor Sociedad Civil

Por Juan Bolívar Díaz

            En estos días de renovación del alto funcionariado del Estado ha vuelto a escucharse la queja de dirigentes políticos, secundada absurdamente por algunos comunicadores, sobre la supuesta puja de la sociedad civil por apoderarse de cargos en el gobierno central, sobre todo  en los organismos de control, que en muchos casos tienen el imperativo constitucional o legal  de ser dirigidos por personas sin militancia política. 

            Es fruto de una cultura política que ha concebido al Estado como un botín, para el reparto de cargos y canonjías, aprovechamiento de oportunidad de enriquecerse a cualquier precio, especialmente por parte de quienes “se fajan” a hacer campañas electorales. El “dame lo mío” se ha expandido de arriba hacia abajo, creando una situación que deviene en espantosos reclamos y hasta chantajes que se formulan públicamente sin el menor escrúpulo.

            A consecuencia de esa cultura cada año el Estado abulta más, con nóminas y nominillas que, para colmo, ningún organismo público se atreve a certificar, por la falta de transparencia y el desorden. Un estudio del BID cuantificó los empleados en la nómina pública en 486 mil 732, a comienzos del 2019, con un incremento de 114 mil 783 en los últimos cinco años, equivalente al 31%. A ese ritmo hoy sobrepasan los 525 mil, que si les suman 152 mil pensionados, al 2017, más de 100 mil de las nóminas municipales y miles en nominillas hasta en los distritos municipales, es seguro que rondamos los 800 mil.

            Un estudio de Oxfam indica que el empleo público crece 5.2% por año, 2.8 veces más que el privado, con 61 mil 911 empleos por cada millón de habitantes, tercero más grande en la región latinoamericana, y que al 2018 el empleo público por millón de habitantes es 38.6% mayor que el promedio regional,  y 43.6% más que cinco países de América Central. 

Por cierto que en los últimos 24 años, no sólo se triplicó la nómina pública, sino que se acentuó una enorme disparidad, con salarios superiores a los del sector privado en los mandos altos y medios, sobre todo en los organismos autónomos y descentralizados donde reina un régimen de auto beneficios, que incluye espléndidas pensiones, dietas y representaciones. El Congreso, la justicia, órganos electorales, banca estatal y superintendencias tienen regímenes especiales de salubridad, en algunos casos con seguros internacionales, y pensiones que alcanzan hasta más de 100 veces el monto de lo que reciben la mayoría de los pensionados del Estado, subido el año pasado de 5 mil 117 a 8 mil pesos.               

            Por esas razones es que con cada cambio de gobierno se desata un huracán de persecuciones de los cargos públicos, sobre todo de los dotados de mayores privilegios. No se puede ignorar que hasta en las naciones desarrolladas y bien organizadas la alternabilidad de gobernantes implica cambios de millares de funcionarios, no sólo del más nivel, sino también sus asistentes y personal de confianza. Pero aquí la persecución de cargos supera los límites razonables, vinculado con la pobreza y la congelación de los salarios del sector privado y con ese 55% de los empleados que están en la informalidad. 

            Pero con tantos empleos, es ridículo que algunos pretendan que se despoja a los dirigentes políticos de sus derechos si no los ponen también a dirigir la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y las altas cortes, lo que implica un centenar de cargos. Como si los que militan en la sociedad civil no fueran también ciudadanos y ciudadanas y como tales llamados a dirigir los órganos de control sobre  el universo de los cientos de miles de políticos y relacionados que constituyen el funcionariado público.

            Lo lamentable es que haya tan pocas instituciones y dirigentes sociales empeñados en garantizar la independencia de los órganos de control frente a un estado tan corrompido y dilapidador. Ahora que el presidente Luis Abinader se empeña en cumplir su promesa de no llevar dirigentes políticos a los órganos de control, sosteniendo que el Estado no es un botín partidista, deberíamos ver una lluvia de comunicados de respaldo. Que hablen al respecto las organizaciones empresariales y sindicales, que las iglesias se ocupen de algo más que de las tres excepciones a la penalización del aborto, que las universidades y los intelectuales se pronuncien por la reforma del Estado.

Necesitamos más y mejor sociedad civil para empezar a cambiar la cultura de aprovechamiento del Estado. Si lo dejamos solo a los políticos, todo seguirá igual.-   

El PLD va a su Congreso sin claro liderazgo y acosado por la fuerte atracción de Leonel

El mayor partido opositor enfrenta el desafío de renovar sus anquilosados organismos sin hacer una catarsis sobre su corrupción y dependiendo de la eficacia de las autoridades para documentarla y obtener las condenas demandadas por la sociedad.

Por Juan Bolívar Díaz

La incertidumbre es el signo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que enfrentaría por primera vez un congreso renovador de sus dirigentes sin un líder que lo unifique, y sin haber hecho una catarsis sobre su desguañangue en un ejercicio gubernamental que llegó a controlar casi absolutamente el Estado y gran parte de los organismos sociales.

El ahora principal partido de oposición está amenazado por el polo de atracción que representa su exlíder Leonel Fernández, mientras se teme que pasen factura los dirigentes relegados por el expresidente Danilo Medina cuando impuso la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, quien no pudo levantar vuelo ni para competir por el liderazgo del partido.

El desafío de su Congreso

La reunión del Comité Político del PLD del pasado domingo ratificó la convocatoria de su IX Congreso con el propósito de renovar sus dirigentes, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como del Comité Político y los organismos intermedios, anquilosados durante los últimos 16 años que estuvo en el gobierno, con un poder tan absoluto que para muchos era insuperable hasta las aplastantes derrotas tanto en las elecciones municipales de marzo como en las presidenciales de julio.

El desafío no es poco para una organización que durante casi dos décadas mantuvo los mismos dirigentes nacionales, incluyendo presidente y secretario general, y que apenas realizó ampliaciones de la matrícula de sus organismos superiores, constituido en refugio de una casta de dirigentes que se llegaron a sentir por encima de la sociedad y proclamaban que el poder era para utilizarlo, que no se cedía y que se imponía por encima de todo.

La otra maquinaria disciplinada por el genio del profesor Juan Bosch devino en una corporación con dirigencia inamovible y la ambición de poder terminó por dividirla profundamente, con la partida en octubre, tras una traumática convención electiva, de Leonel Fernández, quien encarnó el mayor liderazgo tras el final del fundador, y que condujo a los peledeístas al disfrute del poder durante sus primeros tres períodos de gobierno.

El congreso que está programado para iniciarse con el próximo mes de octubre y culminar con el año, enfrenta el desafío de la renovación, sin el liderazgo y el arbitraje que encarnó Bosch y sin la fuerza de moderación que se derivaba del poder ejercido por tres períodos presidenciales de Leonel  y los últimos dos de Danilo Medina, en virtud de la “repartición de los cobrecitos” y un presidencialismo cada vez más pronunciado, pero que no pudo evitar la división.

¿Podrá Danilo sobrevivir?

La primera interrogante sobre el próximo congreso peledeísta gira en torno a si el expresidente Medina podrá retener el poder que ejerció casi omnímodamente en la organización durante sus ocho años de gobierno, tras sus fracasos políticos del último cuatrienio, al intentar una segunda reelección consecutiva, al haber impuesto un candidato presidencial sacado del bolsillo a costa de la división del partido y por el fracaso en las elecciones generales, tras asumir que él las ganaría, aún sin ser candidato.

El principal hándicap de Medina es que ha quedado con una prohibición constitucional de volver a ser candidato presidencial, tras agotar los dos períodos de orden constitucional, y no se vislumbra posibilidad de que pueda cambiarlo para el próximo torneo electoral, dado que necesitaría dos terceras partes del actual Congreso Nacional.

Medina es  un gran trabajador de la política, armador de juegos, pero carece del carisma necesario para entusiasmar a sus partidarios. Su liderazgo de los últimos años estaba fundamentado en el poder del Presidente de la República, repartidor de favores que llevó a extremos el clientelismo y la corrupción de sus partidarios, perfeccionando los mecanismos de cooptación del liderazgo social iniciado en los períodos de su antecesor Fernández.

El infortunio de Medina fue tan grande que su delfín Gonzalo Castillo, fue incapaz de levantar vuelo para ser una real opción presidencial, pero ni siquiera para quedar con posibilidad de disputar ahora el liderazgo del PLD, pues ha quedado con más enemigos dentro del partido, donde lo consideran un impostor, que en el resto de la sociedad, donde se le percibe con piedad, al considerarse que “fue un invento de Danilo”.    .         

Varias facturas pendientes

Danilo Medina tiene varias facturas pendientes de quienes dentro de su partido se sintieron “traicionados” o por lo menos relegados en la carrera por la candidatura presidencial, a quienes había incentivado a buscarla sobre la base de que él no aspiraría a un tercer período consecutivo. Varios de ellos corrieron durante par de años con las riendas tensas, dándose cuenta del doble juego del mandatario, que siguió pretendiendo continuar.

Pero fue peor cuando en julio del 2019 a Medina se le cerraron las posibilidades de la segunda reforma constitucional y entonces se sacó de la manga la precandidatura de Gonzalo Castillo, y la impuso por encima de los que llevaban años persiguiéndola, para lo cual utilizó todo el poder del Estado, nombrando promotores a los ministros y altos funcionarios y forzando el retiro de varios aspirantes con viejos méritos partidistas. Luego selló la división del PLD y su salida del poder, al extender la votación por varias horas, cuando los cómputos de la elección primaria otorgaban la candidatura presidencial al expresidente Fernández.

Por lo menos el secretario general Reinaldo Pared Pérez, con influyentes hermanos, y otros dos precandidatos, Carlos Amarante Baret, y Manuel Crespo expresaron públicamente su indignación por el abuso del Estado en la campaña interna. Pared dejó por escrito que “se han violado todas las normas de equidad y justicia”. Amarante: “se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar”. Otro de los influyentes, Temístocles Montás, que con Leonel y Danilo constituía una trilogía de herederos de Bosch, se conformó con que le dieran la presidencia del PLD, mientras Francisco Domínguez Brito guardaba discreto silencio. Ninguno de ellos puso entusiasmo por la candidatura de Gonzalo y se cree que no apostarán por el liderazgo de un Danilo Medina, a no ser que esperen heredarlo de dedo.        

El polo de Leonel Fernández

El futuro del PLD está signado por el polo de atracción que representa en sus militantes medios y de bases el expresidente Fernández, que los llevó al poder por los primeros tres períodos y los prolongó por otros dos al imponer en el 2012 a Danilo Medina utilizando todo el poder del Estado, con un déficit fiscal de todo el Estado ese año del 8% , y más de 150 mil millones de pesos sólo del gobierno central.

Leonel con su nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP) sigue atrayendo dirigentes medios y de las bases del PLD, y casi todas las semanas recibe desertores, en la última juramentó a 20 presidentes de comité intermedios capitalinos, y al recuperar dos de los senadores del PLD electos, desplazó a este como segunda fuerza senatorial. Con la ventaja de que no tiene impedimento para optar por la candidatura presidencial en el 2024 y podría incubar una posibilidad de relevar al debutante Partido Revolucionario Moderno.

El líder de la FP tiene otra ventaja: que aunque fue impulsor de la degeneración del peledeísmo histórico, que Temístocles Montás documentó el 19 de enero del 2019 en crisis orgánica, moral e ideológica, quedó superado por los escándalos de la gestión de Danilo Medina, ahora primera opción para pagar las desproporciones del poder y sancionar la corrupción. Hasta tácticamente habría que concentrarse en los últimos dos períodos.  

Necesidad de una catarsis

Para cualquier analista es obvio que el PLD necesitaría una profunda catarsis primero para regenerarse internamente y escoger nuevo liderazgo, dejando atrás una legión de momias políticas, y segundo para recuperar crédito ante la sociedad. Ninguna de las dos resultarán fáciles después que durante años fue aniquilada toda criticidad y dependerá en gran medida de la capacidad de las nuevas autoridades para documentar  y sancionar la enorme corrupción denunciada.

Podría ser contraproducente el desafío del presidente del PLD, Temístocles Montás, para que las nuevas autoridades procesen sus denuncias de corrupción,  por lo que ya el líder de Alianza País, Guillermo Moreno, le recordó que él fue el único de los vinculados a los sobornos de Odebrecht que admitió, y por escrito, que había recibido financiamiento del agente de la constructora brasileña, Angel Rondón, para tres campañas electorales.

El desafío o la arrogancia son contraproducentes cuando hay tantos escándalos que pueden ser fácilmente documentados, por ejemplo el que ya fue tramitado el jueves al Ministerio Público, de los 1os 11 mil 500 millones de pesos en contratos para comprar asfalto repartidos nada menos que por Gonzalo Castillo, meses antes de asumir la candidatura presidencial peledeísta. Más imprudente porque la periodista Alicia Ortega  pudo documentar que violó la ley de Compras y Contrataciones, y José Rijo que se saltó la ley de presupuesto gastando diez veces lo establecido, y porque no resulta difícil rastrear los beneficiarios para encontrar vinculados. Tampoco será difícil demandar a Odebrecht que identifique los 28 seudónimos de los que, según documentó el consorcio internacional de periodistas de investigación, recibieron sobornos por 39 millones de dólares para la contratación de las plantas de Punta Catalina y otras obras del gobierno de Medina. La transnacional está obligada a identificarlos, por el acuerdo de lenidad de que fue beneficiaria. Y hay muchos casos más que originarían procesos judiciales con bastante fundamento.

Las nuevas autoridades no deberán inventar persecuciones ni apresurarse para caer en el vacío, pero están compelidas por la inmensa y sostenida demanda nacional, en gran medida generadora del cambio político de este año, de sanción a los que colocaron al país entre los líderes mundiales en corrupción y malversación, con decenas de denuncias públicas y según informes tan autorizados como los del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y los de Transparencia Internacional.-     

Vueltas y más vueltas a la noria

Por Juan Bolívar Díaz

Hay que mantener la esperanza de que pronto los dominicanos y dominicanas superemos esa constante histórica de darle vueltas a la noria, una y otra vez, en la misma dirección y con similares resultados. Es lo que está ocurriendo nuevamente a propósito de la elección de los cinco titulares y sus respectivos suplentes de la Junta Central Electoral, sobre el borrón y cuenta nueva que siempre encuentra multitud de auspiciadores, o sobre el debate de la legitimidad de las tres causales para interrumpir un embarazo. Menos justificable en medio de la triple crisis sanitaria, económica y social.

            Para que no tengan que buscarlo en internet, lo de vueltas a la noria alude a un artefacto primitivo o rueda girada por la fuerza de animales para extraer agua de los pozos, superado por la irrupción de la electricidad hace mucho más de un siglo. Pero entre nosotros la rueda del tiempo a menudo parece detenida.

            Lo de la JCE se repite cada cuatro años y pocas veces ha predominado la innovación, el nuevo camino para intentar que esa institución fundamental de la institucionalidad democrática salga definitivamente fortalecida y acreditada. Ese debate es propio de la cultura de la imposición, del abuso del poder, del presidencialismo y del continuismo a ultranza. 

            Es obvio que en las democracias modernas no hay que debatir si los árbitros electorales deben actuar con independencia de los poderes públicos y privados, atendiendo sólo al imperio de los principios constitucionales y de las leyes adjetivas. En muchos países ni siquiera existe como tal un organismo autónomo para administrar el registro civil y los procesos electorales, lo que es facultad de los ministerios correspondientes, o sea del gobierno de turno, como en España o Francia, y a nadie se le ocurre pensar que actuarán por encima de las normativas para favorecer al partido gobernante. 

            En la República Dominicana llegamos al extremo de que probablemente somos el único país que instala oficinas de la JCE en el exterior para funciones que universalmente corresponden a los consulados. Sin duda se debe a la cultura de la mañosería que genera desconfianza porque se impone sistemáticamente. Y se llega al extremo de sospechar que un funcionario electo pueda trabajar para beneficio de los nacionales del país vecino. 

            En esos países no se debatiría si un militante o dirigente político tiene derecho a formar parte del arbitraje electoral, pero aquí tiene sentido y razón, porque con efímeras excepciones, se eligen ejecutivos electorales para que actúen en beneficio de los intereses de los gobernantes. El extremo fue en la campaña electoral del 2016 cuando el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se negó a recibir y escuchar a todos los candidatos presidenciales de oposición que fueron a su sede. La actual composición  mejoró, pero de cinco titulares quedaron dos dirigentes del entonces partido gobernante y de un aliado. Nadie les niega seriedad, pero tenían conflicto de intereses con gobernantes que querían prevalecer por encima de la institucionalidad.

Si revisamos el récord, veremos que cada cuatro años se ha dado el mismo debate. Para la elección de los incúmbentes salientes en noviembre del 2016, como ahora Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la entonces vigorosa Iniciativas Democráticas, iniciativa empresarial impulsada por el presidente del CONEP Rafael (Papo) Blanco Canto, de la que huyó su sucesor, y otras entidades sociales e iglesias, coincidieron en reclamar árbitros independientes de todos los poderes, políticos y económicos, de diversa profesionalidad y con un perfil de  honestidad y valor civil. 

Vale recordar que los entonces opositores, el Partido Revolucionario Moderno, por separado, y después junto a otras 11 organizaciones políticas, se pronunciaron en términos coincidentes con las entidades de la sociedad civil, como puede comprobarse en comunicados publicados en HOY el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2016.

Si esos partidos y el ahora presidente de la nación, Luis Abinader, han empezado a actuar con coherencia ratificando que no impondrán unilateralmente ni llevarán dirigentes políticos a los órganos de control electoral, como han hecho con el Ministerio Público y prometen en la Cámara de Cuentas y las altas cortes judiciales, lo que tenemos que hacer todos es celebrarlo y apoyarlo como lo ha hecho hasta el expresidente Leonel Fernández, que consumó un gran secuestro partidario de esos órganos. 

En la sociedad dominicana sobran profesionales responsables que fortalecerían la institucionalidad democrática, con valor civil para no subordinarse a los poderes establecidos. Elijamos entre ellos para ver si pronto dejamos de dar vueltas a la noria y pasa a ser insustancial la independencia partidista.-