El presidencialismo danilista buscará hoy la reducción de Leonel en el PLD

27_10_2018 HOY_SABADO_271018_ El País11 A

Se da por hecho que la fuerza del presidente Danilo Medina hará aprobar hoy la votación universal para elegir el candidato presidencial abriendo brecha al continuismo a riesgo de división interna, y como expresión de la miseria institucional del sistema político                                                                  

Por Juan Bolívar Díaz

La fuerza del presidencialismo juega hoy la integridad del Partido de la Liberación Dominicana con la decisión de su Comité Central (CC) de imponer el voto universal ciudadano en la elección por lo menos del candidato presidencial en base a la recién promulgada Ley de Partidos impugnada de inconstitucionalidad.

Se persigue un fuerte golpe para iniciar la liquidación del liderazgo del expresidente Leonel Fernández y su ambición de volver al poder, para de paso reducir la oposición interna y abrir brecha a otra reforma constitucional que permita una nueva postulación presidencial de Danilo Medina, contando con el poder del Estado.

El poder presidencial    

Tanto en los ámbitos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) como en la opinión pública se daba por hecho hasta ayer tarde que en la reunión del CC de esa organización programada para hoy sábado se impondrá el poder presidencial ahora representado por Danilo Medina y aprobarán el padrón abierto, o voto universal de la ciudadanía, por lo menos para escoger su candidatura presidencial para los comicios del 2020.

Nadie duda que Danilo Medina con todo el poder del Estado mantiene el dominio de los 600 integrantes del CC de su partido, en gran mayoría altos funcionarios del Estado, legisladores y funcionarios municipales que dependen de la gracia de quien “reparte los sobrecitos”, aunque parece diferente en la totalidad de los militantes del partido, pues se busca el auxilio exterior en desmedro de los derechos de los miembros.

La decisión llevaría el mayor partido del sistema político nacional a las orillas de la división, dependiendo de la profundidad de la disposición de pelea que tenga Leonel Fernández, quien preside la organización y hasta ahora se aferra a la inconstitucionalidad de la imposición de las primarias abiertas declarada en el 2005 por la Suprema Corte de Justicia y recién ratificada indirectamente por el Tribunal Constitucional, y sobre la cual hay recursos de impugnación.

La brecha reeleccionista

            Muchos indicadores y algunas confidencias permiten advertir que el presidente Medina y sus más férreos seguidores siguen empeñados en abrir alguna brecha que les permita continuar en el poder, convencidos de que el primer paso es liquidar los empeños del expresidente Fernández por la candidatura presidencial para optar al menos por un cuarto mandato, en parte temerosos de que pueda vengar lo que consideran “bellaquerías políticas” con que fue anulado en el proceso electoral anterior.

Esos sectores y muchos otros dentro y fuera del PLD están convencidos de que “sólo Danilo puede ganarle a Leonel la candidatura presidencial” y se basan en la multiplicidad de las encuestas, públicas y privadas, que le otorgan a este una enorme ventaja sobre todos los que se han lanzado a procurar la nominación y varios que suenan, e incluso sobre el propio Medina en tanto entre el 60 y 70 por ciento de la población se expresa contra otra reforma constitucional.

Se trataría de liquidar a Fernández para abrir brecha a la reforma de la Constitución antes que en febrero el presidente Medina se defina al respecto, como adelantó el mes pasado. Tras ello se confía que el poder presidencial disuada a la mayoría de los seguidores del expresidente de que es preferible mantenerse en el poder que jugar una aventura divisionista. No se descarta que la resolución de padrón abierto sea sólo para la candidatura presidencial, con lo cual volverían a jugar la carta del 2015 de “reelección por reelección”, que disuadió a los leonelistas.

Unificar el partido en torno al presidente Medina es el primer escalón para buscar una nueva reforma de la Constitución, que tendría gran rechazo nacional y en la oposición política, pero que sumando los aliados del perredeísmo y el reformismo, reduciría a una veintena los votos necesarios para completar los dos tercios de la asamblea revisora. El pragmatismo y la tradición dan por hecho que el poder del Estado los lograría.

Casi todos contra Leonel   

Para la reunión de hoy del CC del PLD confluye una alianza táctica de casi “todos contra el león”, porque los demás aspirantes a la candidatura albergan la esperanza de que humillado y reducido Leonel, Medina desista de la aventura reeleccionista y se decante por uno de ellos. Hasta ahora aspiran formalmente el secretario general Reinaldo Pared, los exministros Francisco Domínguez Brito, Carlos Amarante, Temístocles Montás y Manuel Crespo, y la exdirectora de Pasaportes Maritza Hernández. Aún sin lanzarse oficialmente se señala como aspirantes a los ministros de Educación, Andrés Navarro, al de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y al de Turismo, Francisco Javier García, además del dirigente Radhamés Segura y de la vicepresidenta y esposa de Leonel Fernández, Margarita Cedeño.

Con la excepción lógica de la doctora Fernández, todos los aspirantes confluyen en el proyecto de reducción de Leonel, a quien consideran desconsideradamente ambicioso, porque habiendo agotado tres períodos de gobierno, y pese a haber proclamado al PLD como “una fábrica de presidentes”, cierra el paso a las nuevas opciones.

Queda un segmento importante, llamado a jugar un papel de moderación y negociación, integrado por la vieja guardia peledeísta que, aunque también distanciada de Leonel, alberga temores de una fractura importante en el partido que les haga perder el poder, sobre todo si tras la imposición interna hay que “comprar otra reforma constitucional”, como en el 2015, para tener que utilizar todo el poder del Estado en un nuevo proceso reeleccionista.

En este sector están quienes se inscriben por no apretar el lazo en torno a la cabeza de Fernández y acarician otra transacción, como en el 2015, esta vez en beneficio de la candidatura de Leonel, bajo el compromiso de volver a la Constitución del 2010 que prohibía la reelección consecutiva, pero la permitía en períodos alternos, y de esa forma dejar habilitado a Danilo para el 2024, con un solo período de Leonel.

El león trata de resistir.

Tirado al medio de la calle, en abierta campaña desde agosto del 2017, Leonel Fernández llega a la crucial reunión de hoy con la decisión de resistir, en la que hasta ahora ha tenido cierto éxito, y todavía al medio día de ayer decía a relacionados que defenderá los principios constitucionales “por encima de todo”. En un artículo de página entera en la mañana de ayer en el Listín Diario concluyó pidiendo “Que Dios nos ilumine, para que la razón impere y sirva de fundamento a la unidad”.

En ese artículo Fernández reitera los planteamientos jurídicos que junto a sus seguidores ha enarbolado contra la imposición de las elecciones primarias abiertas por encima de los estatutos partidarios, a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 286-04 del 2004 que las instituyó por primera vez. Y recuerda que el Tribunal Constitucional está apoderado de 8 recursos de inconstitucionalidad a la recién aprobada Ley de Partidos, que autoriza a determinados órganos directivos a optar por ese método de elección.

Reivindica la autonomía y libertad de los agrupamientos políticos y el estatuto del PLD, que en su artículo 10 señala que el máximo organismo del partido es su Congreso Nacional, que en el 12 es el facultado para aprobarlo, y que el 40 establece que la elección de sus candidaturas es “mediante primarias internas”.

En el cuarto párrafo de su extenso artículo, Fernández proclama que “Lo que está en juego es la prevalencia o no de la supremacía de la Constitución y la existencia de un Estado de Derecho como forma de organización de una sociedad democrática y moderna” Mientras tanto esta semana el presidente del PLD dedicó dos extensas jornadas a escuchar a miles de dirigentes medios y de base de todo el país, movilizados por sus parciales, y que desde luego se pronunciaron en consonancia con su posición, como una nueva demostración de que conserva fuerzas significativas.

Que el Estado vuelva a vencer

El empeño de los danilistas por imponer el padrón abierto en la elección de los candidatos en la Ley de Partidos, sostenido durante más de un año, es un reconocimiento implícito de la fuerza de Leonel Fernández en su membresía, porque de lo contrario no se hubiese gastado tanta energía y tiempo buscando que decidan todos los electores. Pero aún con el voto universal, las encuestas siguen dejando en gran ventaja al expresidente, sobre todo con Danilo inhabilitado constitucionalmente.

Reducir a Leonel imponiéndole las primarias abiertas no sería garantía de éxito. porque como él mismo ha dicho, no teme al voto universal y las encuestan indican que le ganaría con mucho a cualquiera de los demás aspirantes que no sea Danilo, razón por la que buscarían a todo costo rehabilitar la postulación del mandatario.

En cualquiera de los dos escenarios, con Danilo o con un precandidato alternativo, el padrón abierto permitiría mayor influjo del Estado en la campaña interna, porque habría 5-6 millones de personas a ser incentivadas para votar, entre ellas los 2.6 millones de beneficiarios de programas sociales identificados, y los que venden su voto. Con 500 millones de pesos, que no es nada para el poder estatal sin escrúpulos, a mil pesos por voto, se comprarían 500 mil.

Utilizar el poder del Estado es la explicación de los riesgos de división que implica imponer el padrón abierto. Se recuerda el grito de Danilo de “me venció el Estado”, cuando para el 2008 Leonel utilizó sus poderes para imponerse en la candidatura. Fue con el padrón interno del PLD, pero entonces no había prohibición de la reelección. Danilo podría cobrarle la afrenta.

 

Las nueve vidas de Bill Wipfler

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Por Juan Bolívar Díaz

Acaba de partir hacia la región infinita de los seres superiores el reverendo William L. Wipfler, un sacerdote episcopal que empezó su ministerio en la República Dominicana en plena Era de Trujillo y quedó atado a nosotros para siempre, pero cuyos méritos traspasan el inmenso territorio de Estados Unidos, y recorren todo el continente, hasta la Tierra del Fuego, donde no hubo dolor humano que no hiciera propio.

            Por toda América hay gente que celebra en estos días la vida de este inmenso personaje que encarnó como pocos las virtudes y los mandamientos cristianos de buscar a Dios a través del amor al prójimo. Y tanto amó que no es posible llorarlo, sino celebrar sus nueve vidas, como le contaron hace justo tres años, en un homenaje que le rindieran en el Seminario de Nueva York donde fue ordenado en 1955.

Bill Wipfler llegó como misionero de la Iglesia Episcopal a La Romana en 1955, y allí nutrió su espíritu cristiano en la solidaridad con los trabajadores, generando tensiones con la tiranía trujillista, junto a su compañero de ministerio Phill Wheaton, Ambos sobrevivieron a la tiranía que ya había cobrado la vida de otro episcopal, el reverendo Charles Raymond Barnes. Luego se convertirían en dos personajes de las iglesias norteamericanas. En 1967 Wipfler comenzó a dirigir el Departamento para América Latina del poderoso Concilio Nacional de Iglesias, el organismo cúpula de las iglesias protestantes de Estados Unidos. Desde 1977 y hasta el 88, dirigió el Departamento de Derechos Humanos del concilio.

Ecumenista de primera línea no aceptaba límites ni horizonte, su campo visual era el universo de los seres humanos. Estuvo en primera línea en la lucha por los derechos civiles de los norteamericanos, contra la guerra de Vietnam y fue un crítico del dominio de las empresas transnacionales. Se vinculó a la teología de la liberación que blandieron las vanguardias católicas latinoamericanas hace 50 años, tras la Conferencia del Episcopado en Medellín.

Wipfler se multiplicaba y se ganaba declaraciones de no grato por los dictadores de Brasil, Argentina, Nicaragua y El Salvador. Nos contó que fue el último en recibir la comunión de manos del arzobispo Romero en la víspera de que éste fuera asesinado en plena misa el 24 de marzo de 1980, y hace un par de años se apersonó a su beatificación en San Salvador.

Conocí a Wipfler en 1971 en Nueva York, cuando me tocó trabajar en el área de comunicaciones del Departamento para América Latina de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Con él y Wheaton he estado desde entonces en comunión humana. Fueron denunciantes de la intervención militar norteamericana a República Dominicana en 1965 y apoyaron política y financieramente al Comité Dominicano de Derechos que desde Nueva York denunció los asesinatos, cárceles y exilios políticos de la cuasi dictadura de Balaguer. En 1979 su influencia sobre accionistas de la Gulf & Western ayudó a presionar para conseguir que esa empresa devolviera al país 38 millones de dólares que nos correspondían por ventas futuras de azúcar del CEA. Tras una campaña de denuncias desde el diario El Sol la Gulf entregó esa suma a un patronato creado para obras en la región oriental.

Wipfler quiso entrañablemente a nuestro país y sus gentes y vino de visita repetidas veces. Le entrevistamos en Uno+Uno y en Jornada Extra y disfrutamos de sus afectos aquí y en Nueva York. Tuvo otro vínculo importante con el país al haber escrito su tesis doctoral sobre la Iglesia dominicana. Cepae la publicó como libro en 1980: “Poder, Influencia e Impotencia; La Iglesia como Factor Socio-Político en la República Dominicana”.

Amó tanto el país que ya cerca de los 90 años quería venir a despedirse, y a principio de este año me llamó para coordinar su visita y para poner en circulación una reedición de su libro en abril, pidiéndome que hiciera la presentación. Pero su cardiólogo no le autorizó tomar avión y le sugirió que lo dejara para fin del año. La semana pasada viajó al infinito. Todo lo que nos queda es celebrar las nueve vidas que el reverendo John Collins le atribuyó el 10 de octubre del 2015, cuando se despidió del ministerio activo en el seminario de Nueva York de donde partió hace 63 años para dar testimonio de inmenso pastor cristiano.-

 

                                                                                          

Se registra una fatiga política por el gobierno y los partidos

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Si algo queda claro en la última Gallup-HOY es la decadencia del partidismo político y el descreimiento en el gobierno y el liderazgo, y el único que muestra alguna recuperación es Leonel Fernández, lo que dificulta el reeleccionismo, aunque Abinader sigue compitiendo.

Por Juan Bolívar Díaz

La encuesta Gallup-HOY publicada esta semana registra una clara fatiga del cuerpo
social dominicano con una decadencia del partidismo y del liderazgo político nacional, sin
precedente en el proceso de institucionalización democrática, tanto como el descreimiento en la gestión gubernamental, sin que asome un relevo.

Las perspectivas para las elecciones del 2020 siguen inciertas y el único que avanza es el
expresidente Leonel Fernández, quien a su vez registra la mayor tasa de rechazo, mientras los intentos de abrir paso a otra reelección de Danilo Medina con nueva reforma constitucional tropiezan con un creciente rechazo, y Luis Abinader lidera la oposición, pero se estanca.

Indiscutible incertidumbre

No se recuerda un precedente en el país de que a 19 meses de unas elecciones
presidenciales ninguno de los líderes políticos alcance el 15 por ciento de las preferencias, que tres estén empatados y entre cuatro apenas pasen el umbral del 50 por ciento, con un 21 porciento que no sabe o no responde sobre a quién le gustaría de próximo presidente de  la nación.

Luis Abinader y Leonel Fernández sobre el 14 por ciento, el presidente Danilo Medina
con fracciones por debajo (13.8), y la vicepresidenta Margarita con el 10 por ciento, apenas
totalizan el 52 por ciento de las preferencias para las elecciones presidenciales de mayo del 2020, que por primera vez estarán precedidas tres meses por elecciones municipales en febrero. Ese resultado de la consulta realizada entre el 16 y el 21 de septiembre pasado conforma un panorama caracterizado por la incertidumbre, que se acentúa cuando se observa que todos los partidos políticos pierden terreno en las simpatías de la ciudadanía dominicana, incluyendo relevantemente al gobernante de la Liberación Dominicana (PLD), sin que se salve el principal opositor, el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que había avanzado en marzo.

El PLD, que en la Gallup-HOY de abril del 2016, un mes antes de los últimos comicios,
registró 60 por ciento de las simpatías, cayó al 42, 40 y 39 por ciento en las tres siguientes. El PRM, que alcanzó 26%, se redujo al 14 en octubre del 2017, repuntó a 22 en marzo, pero bajó ahora al 15 por ciento. Los otros dos de los llamados mayoritarios por haber obtenido ambos poco más del 5 por ciento en las últimas presidenciales, han caído también significativamente. El Partido Revolucionario Dominicano subió al 7 por ciento hace un año, para caer ahora al 4 por ciento. Y el Partido Reformista Social Cristiano, afectado por el cáncer de la división, y que en marzo subió al 3 por ciento, volvió ahora al 2.

Afluentes de la fatiga

Las complicaciones de los problemas nacionales, sin soluciones a la vista, mientras los
partidos, líderes y congresistas se han mantenido en un infructífero enfrentamiento político, por ejemplo en la Ley de Partidos, aprobada y promulgada con numerosas contradicciones, vaguedades y evidentes vicios de inconstitucionalidad, después de 16 años dando tumbos en el Congreso Nacional, pueden haber contribuido a la fatiga nacional que registran las encuestas.

El partido dominante ha devenido en una corporación con dos grupos que disputan
rabiosamente la hegemonía, enfocados desde que comenzó el actual período gubernamental más en echar las bases del predominio para el 2020 que en resolver los problemas nacionales.

Al natural desgaste de cuatro períodos de gobierno consecutivos, con once años seguidos de déficits fiscales y gran endeudamiento, se suman los escándalos de corrupción que han llevado al 58 por ciento de los encuestados a considerarla ahora mayor, con 27 por ciento que la ve igual y sólo 13 por ciento menor. En abril del 2016 sólo 33 por ciento la estimaba mayor que antes.

Esta Gallup indica que la ciudadanía no certifica una oposición significativa al gobierno,
pues quien aparece como principal líder del PRM, Luis Abinader, apenas es calificado como opositor por el 21.4 por ciento y es relevante que señalen a Leonel Fernández, presidente del partido gobernante, como segundo opositor en proporción de 10.7 por ciento, por encima del 6 por ciento de Hipólito Mejía, también en el liderazgo del mayor partido de la oposición.

Con el PRD y el PRSC consumidos por las divisiones y su papel de comodines
electorales, y con la mayoría de los líderes políticos recibiendo ínfima valoración como
opositores, no debería sorprender la fatiga política nacional. Apenas se salva Guillermo Moreno, señalado por el 30 por ciento para candidato presidencial entre los partidos minoritarios.

Grandes insatisfacciones

La caída de la valoración del presidente Medina registrada en las anteriores Gallup-HOY,
desde 91 en el 2014, al 81 en 2015, 63 en febrero del 2017, hasta 47 en marzo pasado, se contuvo esa vez, con un registro de 48 por ciento de aprobación. Pero cuando se preguntó sobre sus seis años de gestión gubernamental sólo 43 por ciento le dio aprobación y sólo 39 por ciento cree que ha cumplido sus promesas, contra 57 que opina negativamente.

A pesar del crecimiento económico indicado por las estadísticas oficiales, la insatisfacción sobre la situación de la economía nacional sigue muy alta, con un 66 por ciento que la ve peor que hace seis años y 75 por ciento que la considera negativa para el país, mientras las expectativas para final del período gubernamental son de que será peor en un 56 por ciento de los encuestados, 11 puntos más que el 45 por ciento registrado en marzo pasado.

La delincuencia y la inseguridad siguen siendo percibidas como el principal problema
nacional, en 66 por ciento, con una desaprobación de 84 por ciento a las políticas
gubernamentales de combate a las mismas. Igual alta, 81 por ciento, al combate a las drogas y narcotráfico, y 81por ciento de desaprobación a los controles inmigratorios. Es relevante el 85 por ciento de los encuestados que aprueba el movimiento de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad, aunque casi la mitad cree que no logrará el objetivo.

La generalidad de las respuestas a esta encuesta indica la fatiga nacional por los
problemas insolutos y el desparpajo de la política, con un debate de bajos vuelos que se repite incesantemente.

Sólo Leonel avanzó

De todos los aspirantes declarados a las candidaturas presidenciales, sólo el expresidente
Leonel Fernández registró avance en esta última versión de la encuesta más acreditada del
mercado nacional, y lo logró tanto en el universo de los encuestados como entre quienes se
dijeron vinculados al PLD, y es relevante que en todos los escenarios superó en preferencias al presidente Medina, con quien se disputa hace años el liderazgo de su partido.

Favorecido por el impedimento constitucional a la reelección de Danilo, Leonel lo supera
por fracciones (empate técnico) en las preferencias generales para próximo presidente, y 22 a 19 por ciento para la candidatura del PLD, pero la diferencia crece, 39 a 22 por ciento entre los encuestados que se manifestaron simpatizantes de ese partido.

El exmandatario parece favorecido por llevar más de un año, desde agosto del 2017,
recorriendo el país promoviendo sus expectativas de volver al Palacio Nacional, mientras
Medina se desgasta en el poder y sin poder promoverse abiertamente, aunque sí lo hacen sus partidarios, que en los últimos tres meses han colocado en las redes por lo menos 6 spots reeleccionistas con similar línea gráfica y de contenido.

La cultura política nacional que inviste como presidentes de por vida a todos los que
logran más de un periodo gubernamental, favorece a Fernández, quien acumula tres y fue el arquitecto principal del dominio que su agrupación ha impuesto sobre todas las instituciones del Estado y gran parte de las entidades sociales, medios de comunicación y comunicadores.

Buena proporción de los peledeístas le agradecen su prosperidad y la de los suyos, y hasta el haber llevado al poder a Danilo Medina en el 2012, gracias al desbordamiento del gasto que en ese año electoral generó un déficit fiscal sin precedente que superó los 150 mil millones de pesos.

Entre Leonel y Abinader

Con las crecientes dificultades para eliminar la restricción constitucional para la repostulación de Danilo Medina, Leonel Fernández aparece con las mayores posibilidades de encarnar la candidatura del PLD para los comicios del 2020, sin que emerja un contendiente fuerte entre los demás aspirantes de su partido, más allá de su propia esposa, Margarita Cedeño, que esta vez se reduce al 4 por ciento. De los cuatro que adicionalmente se han lanzado de precandidatos, sólo Francisco Domínguez Brito supera el 2 por ciento de preferencias.

A Fernández le favorece que el porcentaje de quienes se manifiestan opuestos a la
reforma constitucional para posibilitar la reelección se incrementó en esta Gallup-HOY al 71 por ciento, del 67 en la anterior de marzo. Y es relevante que incluye al 57 por ciento de quienes se confesaron simpatizantes del PLD, lo que junto a las preferencias que registra entre los peledeístas para la candidatura presidencial, explica por qué los danilistas quieren a toda costa elegir sus candidatos con padrón abierto.

Aunque se ha frenado el avance que Luis Abinader registró en las dos Gallup anteriores,
en octubre del 2017 llevaba 11 puntos sobre Leonel y 8 sobre Danilo, y ahora empatados, el
economista sigue como el mejor situado para encabezar la oposición en el 2020, superando ampliamente a Hipólito Mejía, en el universo de los encuestados por 32 a 10 para la candidatura del PRM, y entre los que se manifiestan simpatizantes de este partido, por 70 a 16 por ciento, más de cuatro a uno.-

Corrupción, impunidad y complicidad

 

Por Juan Bolívar Díaz

           Razones le sobraron al obispo de La Vega, Monseñor Héctor Rafael Rodríguez, cuando encaramado en el santuario de las Mercedes el pasado 24 de septiembre proclamó que “la corrupción, la impunidad y la complicidad están carcomiendo a la sociedad dominicana”.  El grito se expandió por todo el valle del Cibao y en todas las direcciones del país, aunque para muchos careció de trascendencia porque hace tiempo que perdimos la capacidad de asombro.

Al mismo tiempo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicaba un informe dando cuenta de que la malversación cuesta a América Latina y el Caribe 220 mil millones de dólares por año, una cifra suficiente para eliminar de un tiro la pobreza extrema y hacer mella en la pobreza nominal o para mejorar significativamente la inversión en los servicios de los que carecen las mayorías empobrecidas de la región.

La generalidad de los medios informativos ignoró el informe, o por lo menos lo referente a la República Dominicana, donde según el BID el dinero malgastado por el Estado implica anualmente el 3.8 por ciento del producto interno bruto. Como cada punto del PIB dominicano equivale a 43 mil millones de pesos, estamos hablando de la friolera de 163 mil millones de pesos cada año.

Si esa cifra no le dice nada, calcule que representa el 24 por ciento de los ingresos fiscales proyectados en el proyecto de presupuesto para el próximo 2019. Más gráfico aún, con esos 163 mil millones de pesos, se podrían realizar cada año 40 proyectos como el de La Nueva Barquita, del que con tanta razón se ufana el gobierno del presidente Danilo Medina, que no cesa de promoverlo, más de dos años después de su conclusión y a más de cinco de su inicio.

Vale recordar que La Nueva Barquita incluyó mil 800 apartamentos que dignificaron la vida de más de ocho mil personas, con adecuados servicios de educación, salud, agua potable, tres plantas de saneamiento de aguas residuales, áreas de recreación y comercio. Todo un éxito urbanístico, que lamentablemente queda como un proyecto piloto, ave de un solo vuelo, muestra de lo que podría haber sido si la malversación no distrajera la cuarta parte de nuestros ingresos.

A la corrupción y su correlativa impunidad, el obispo vegano agrega la complicidad, y eso es lo que explica que para muchos ya no represente nada que un organismo tan insospechado de arbitrariedad, parcialidad o exageración como el BID, supere tan ampliamente los estimados de la malversación que habían hecho una institución privada como Oxfam, que la cifró en 96 mil millones de pesos para este año, y un partido de oposición como el Revolucionario Moderno.

Nadie ha pedido una investigación, y mucho menos consecuencias, a la presentación por parte de la periodista Alicia Ortega de una nominilla del Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el epígrafe de “Personal Contratado”, con 227 salarios por un monto de 18 millones 160 mil pesos mensuales, o 217 millones 920 mil pesos anuales. Esa es sólo una muestra del costo que cobra el Partido Revolucionario Dominicano que preside el canciller Miguel Vargas Maldonado, por su apoyo electoral al gobierno de Medina.

Descubrimos que la cancillería ya tiene encargados provinciales, seccionales y regionales, hasta en el exterior, que no son otra cosa que activistas y dirigentes políticos pagados con extrema generosidad, a un promedio de 80 mil pesos mensuales, cuando todavía el salario mínimo público es de 5 mil 117 pesos, suma que también recibe el 90 por ciento de los pensionados del Estado.

Pagamos muy cara la política, con absoluta ignorancia de los principios más elementales de la administración, contando con la impunidad que garantiza el pleno control de los organismos de fiscalización, comenzando por el Congreso, pasando por la Cámara de Cuentas y aterrizando en la justicia.

Todo ello contando con la complicidad o la indiferencia de gran parte de la población que se resigna ante la depredación de lo que corresponde a toda la sociedad, especialmente a los más necesitados de una inversión pública que hace tiempo está por debajo del 20 por ciento del presupuesto de gastos públicos.

 

 

La Ley de Partidos en incertidumbre por recursos de inconstitucionalidad

Un recurso de inconstitucionalidad contra una decena de disposiciones de la Ley de Partidos que ultiman nueve agrupaciones políticas, otro de dos abogados y el que anuncian los leonelistas prolongarán la crisis del partido gobernante y del sistema electoral

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El sistema electoral y particularmente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quedarán en la incertidumbre cuando en los primeros días de octubre nueve organizaciones opositoras lleven ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra una decena de disposiciones de la recién promulgada Ley de Partidos.

Se complicará aún más con las objeciones que anuncia el sector leonelista del partido gobernante, mientras ya dos abogados recurrieron contra el artículo de la ley que dispone cárcel para quienes divulguen “mensajes negativos” de los candidatos, y el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) advirtió que otro choca con el derecho ciudadano a elegir y ser elegido.

Tres frentes contra una ley

Nueve partidos opositores ultiman detalles para elevar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) y el Tribunal Superior Electoral (TSA) contra numerosas disposiciones de la recién promulgada Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas, mientras los leonelistas preparan otra impugnación constitucional, anunciada por el Delegado ante la JCE, José Manuel Hernández Peguero, enfocada primordialmente contra las primarias abiertas.

No serán las primeras objeciones por cuanto ya los abogados Namphy Rodríguez y Héctor Herrera Cabral, a nombre de la Fundación Prensa y Democracia, recurrieron ante el TC contra el numeral 6 del artículo 44 de la ley que sanciona que cárcel y multa a quienes difundan “mensajes negativos a través de las redes sociales que empañen la imagen de los candidatos”, más severa que la que se dispone para quienes hagan fraudes electorales. La objetan como violatoria del derecho constitucional a la libre expresión.

Hasta el presidente de la JCE, Julio César Castaños, expresó el pasado fin de semana su convicción de que el numeral 3 del artículo 49 de la Ley 33-08 rebasa la Constitución al establecer que los estatutos partidistas requerirán un tiempo de militancia como condición para postular candidatos, lo que desconoce el derecho ciudadano a elegir y ser elegido.

Las organizaciones que preparan la instancia concertaron acciones durante más de dos años con los partidos Revolucionario Moderno y Reformista Social Cristiano, de los cuales se separaron cuando estos apoyaron la aprobación de la ley 33-18.  Ellos son Alianza País, Frente Amplio, Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano, Alianza por la Democracia, Fuerza Nacional Progresista, Revolucionario Social Demócrata, Opción Democrática y Socialista Cristiano.

Adelanta doce objeciones

            En los ámbitos de los nueve partidos se aseguró que trabajan intensamente en la elaboración de dos instancias para atacar la ley ante el TC y el TSE, y que esperan entregarla en los primeros días de octubre, y de hecho el doctor Guillermo Moreno, presidente de Alianza País, adelantó una docena de objeciones en su artículo del pasado lunes en el periódico Diario Libre, entre las cuales se cuentan tanto el artículo 49.3 objetado por Castaños Guzmán, como el 44.6 que impugnan los abogados Rodríguez y Herrera.

También el artículo 46 que instituye las primarias simultáneas bajo responsabilidad de la JCE, por no figurar en las fechas que la Constitución dispone para convocar los colegios electorales y por contradictorio al instituir primarias abiertas pero con campaña interna. Igual objetan el 44.III que dispone la retención de los fondos públicos a un partido por violaciones en que incurriera un solo candidato, y el artículo 8 que sanciona como “renuncia automática” al partido, al que haga pronunciamientos en contra de sus candidaturas.

Moreno también objetó el artículo 9 que obliga a depositar ante la JCE el padrón de miembros, por circunscripción, municipio y provincia, argumentando que choca con el secreto del voto y podría facilitar coacciones. Igual el 15.8 que condiciona el reconocimiento de un partido a que tenga organismos operando en cada uno de los municipios, y el 25.12 que consideran discriminatorio al prohibir a los partidos concurrir aliados en los primeros comicios tras su reconocimiento. Así mismo el artículo 31 por establecer que los partidos deberán tener un comité de ética nacional, en las 32 provincias y los 158 municipios, el artículo 42 por disponer un tope de gastos tan alto que “legaliza que sea el dinero y no el debate de ideas lo que determine las candidaturas, y el 49.5 que obliga a los precandidatos a presentar ante la JCE certificados de no adicción a sustancias sicotrópicas.

Afectaría el calendario

            Con una proporción tan alta de los 27 partidos reconocidos objetando la ley 33-18, el TC y el TSE tendrían que priorizar el conocimiento de sus instancias, pero mientras tanto los interesados se proponen recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo pidiendo la suspensión cautelar de la aplicación de la ley, lo que de inmediato afectaría el calendario electoral organizativo que ha presentado la JCE y que tiene como plazo hasta el 5 de diciembre para que todas las organizaciones digan cuál será el método para elegir sus candidaturas. Namphy Rodríguez dijo también que se impone esa medida cautelar.

La JCE originalmente dio un plazo de 90 días que luego extendió a 105 para que los partidos escojan el método de elección de candidatos acorde con la ley, dada la complejidad de  una elección primaria que podría ser con el padrón universal y el partidario simultáneamente, y que requerirá un entrenamiento especial a decenas de miles de miembros para los colegios que nunca se han visto con un desafío similar. Y aún no se sabe con qué equipos se procesarían los datos y el tiempo que requeriría, todo lo cual se traduce en incertidumbre.

Por otro lado, con tantas objeciones, la labor del TC, que requiere años para recursos ordinarios, sería más compleja, y nadie sabe si termina acogiendo sólo tres o cuatro objeciones a artículos con claros indicios de inconstitucionalidad o si encuentra suficientes para terminar anulando por completo la ley, en cuyo caso la elección de candidaturas quedaría, como ha sido norma, bajo responsabilidad de cada partido.

Prolonga crisis del PLD

Con un sector importante objetando la ley, al mismo PLD le resultará más difícil decidir por cuál de los métodos de elección de candidaturas opta, especialmente si la mayoría danilista insiste en las primarias abiertas, que figuran entre los aspectos recusados. De hecho, diversos dirigentes peledeístas esperaban que la JCE extendiera hasta principios del 2019 el plazo para optar, especialmente después que el presidente Danilo Medina dijera que será en marzo cuando anunciaría su decisión sobre si busca una nueva nominación presidencial reclamada por sus más fieles seguidores.

Leonelistas y juristas independientes señalan una contradicción entre el párrafo II del artículo 26 y el III del 45. El primero establece que “sin perjuicio de las leyes que les sean aplicables, los estatutos constituyen la norma fundamental de los partidos… y establecen los poderes, derechos y obligaciones partidarias a las que sus autoridades y a afiliados ajustarán sus actuaciones”. Mientras el segundo atribuye la decisión a órganos específicos, el Comité Central en el caso del PLD.

Los peledeístas tienen una discordia adicional, porque el artículo 43 de sus estatutos especifica que sus candidatos “se escogerán mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto”. Leonelistas postulan que sus estatutos ya contemplan uno de los métodos indicados en la ley 33-18 y para variarlos deben seguir el mecanismo instituido que es un congreso partidario. Danilistas entienden que basta la decisión del Comité Central, pero por el medio están dirigentes que temen que se precipite una fractura definitiva del partido, y preferirían esperar marzo y la decisión presidencial.

Distracción de la atención nacional

            Todo parece indicar que el 2018 terminará como comenzó discutiéndose la Ley de Partidos que cumplió 16 años dando tumbos en el Congreso antes de ser promulgada en agosto, con múltiples contradicciones, vaguedades y claras violaciones de derechos ciudadanos, y desviando la atención de graves problemas nacionales, como los siguientes planteados en las últimas semanas:

  • Presupuesto para el 2019 con déficit fiscal por onceavo año consecutivo, ahora de $76 mil millones, que obligarán a buscar financiamiento de $232 mil millones, US$4,600 millones.
  • Advertencia del representante del Banco Mundial de que el país necesita reforma fiscal y evaluadoras internacionales ven la deuda nacional en la línea de riesgo considerable.
  • El precio del petróleo sube sobre US$72 el barril y va de nuevo rumbo a 100, con repercusiones inflacionarias y protestas sociales.
  • Déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de US$ 141 millones en el primer semestre, versus superávit de US$417 millones en período igual del 2017
  • Sobrecosto de las plantas de carbón y apagones financieros
  • La ONU pide medidas efectivas contra la tasa de 22% de embarazos de adolescentes dominicanas, mientras la mortalidad infantil se dispara este año en más de 25%
  • Presentación de una nominilla en el Ministerio de Relaciones Exteriores con 225 botellas por $18 millones mensuales.
  • Informe del BID indica que el despilfarro del gasto público en RD es del 3.8% del PIB, unos $163 mil millones, muy superior al estimado de Oxfam de $96 mil millones.
  • La Comisión Bicameral que estudia el proyecto de Ley del Régimen Electoral lleva cuatro convocatorias sin lograr quorum.

¿Ya me lanzo para presidente?

27_09_2018 HOY_JUEVES_270918_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

            A pesar de que he transcurrido gran parte de mi vida bordeando la política sin haberme procurado militancia partidista, todavía es muy frecuente que me pregunten cuándo me voy a lanzar a la búsqueda de la presidencia de la República, por la tendencia a creer que tener alguna relevancia pública es suficiente para enfrentar y vencer a los políticos profesionales en un país donde una considerable proporción de la población vive o espera de ellos.

A esa pregunta suelo responder que no caeré nunca en el gancho a que fueron empujados notables y meritorios ciudadanos que a lo largo de las últimas décadas de procesos electorales crearon un partido para postularse a la presidencia, para no alcanzar siquiera el uno por ciento de la votación, con la excepción del doctor Guillermo Moreno, un extraordinario jurista, excelente ciudadano, de probidad y ética a toda prueba, de magnífico discurso hablado y escrito, a quien le ha costado tres torneos electorales aproximare al 2 por ciento.

Sólo la quiebra del sistema político, que ha ocurrido ya en muchos países, permite la emergencia de candidatos triunfantes sin haber hecho carrera política ni estar cimentados en un partido de real alcance nacional, y aquí eso no ha ocurrido. Está en vías del descalabro, pero todavía esta sociedad es muy conservadora y se aferra a la falsa estabilidad que brinda.

En el caso dominicano aún la alternabilidad política es difícil por el entramado de dominación social que ha impuesto el partido gobernante, utilizando sin el menor escrúpulo el presupuesto nacional para comprar arriba, en el medio y abajo, a todo el que esté en disposición de venderse. Y no se ha salvado el mismo sistema partidista, porque los aliados ya han sobrepasado la docena, más incontables grupos informales. Tampoco se han salvado muchos de los sindicalistas, de los profesionales -incluyendo los periodistas-, de los intelectuales, de los empresarios, y de los religiosos.

En los estratos sociales bajos se han repartido dos millones de tarjetas en programas contra la pobreza que sólo sirven para estabilizarla, pero sus posesionarios son objeto de seguimiento y manipulación electoral, por barrios y colegios electorales. Entre unos y otros, por lo menos la cuarta parte de los electores reciben sueldos y subsidios del Estado. Y muchos lo agradecen como privilegio o como si saliera del bolsillo del político que se lo otorgó.

Todo el sistema electoral está concebido como embudo para mantener la dominación de los que controlan e integran en grado significativo los poderes del Estado, precisándose de una profunda reforma política para cambiarlo, no para ratificarlo como ha ocurrido recientemente con la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Mientras eso no ocurra, la competencia será cuesta arriba para todos los que no dispongan de fortuna, ni del patrocinio de los poderes económicos, y que se rijan por preceptos éticos, hasta en los niveles municipales y congresuales, y ni hablar de la presidencia de la nación.

Pero si por algún lado debe comenzarse es en los gobiernos locales y las candidaturas legislativas, aun luchando contra baulitos y cofrecitos, contra los abusos de los recursos estatales, incluyendo los municipales, y contra el monopolio del financiamiento público. Pero esa tarea es casi imposible en la dispersión en que se encuentra la oposición, dividida en una docena de partidos y numerosos grupos y proyectos. Ni siquiera han podido concertar candidaturas aquellos que tienen posiciones políticas similares. Los presidencialismos y personalismos están por encima de toda racionalidad.

La próxima coyuntura electoral volverá a desafiar la inteligencia y capacidad de toda la oposición, llamada a una gran concertación política y social que todos reconocen como imprescindible para por lo menos empezar a romper el monopolio del poder. Eso sólo será posible bajo un programa fundamental de un gobierno de transición democrática que siente las bases para un nuevo modelo de desarrollo económico y social.

Esa concertación tiene que comenzar por importantizar los gobiernos locales y los cargos congresuales desde los cuales se puedan garantizar los cambios políticos e institucionales que requiere la restauración democrática. Sólo entonces se justificarán los alegres lanzamientos de múltiples candidaturas presidenciales.-

Nadie sabe cuál sería el costo del calvario de Punta Catalina

22_09_2018 HOY_SABADO_220918_ El País11 A

El costo económico y político de las emblemáticas plantas de carbón de Punta Catalina del presidente Medina se incrementa con el abono de otros US$336 millones a la constructora Odebrecht, y ya podría alcanzar los 3 mil millones, superando los peores vaticinios

Por Juan Bolívar Díaz

El anuncio unilateral de que el gobierno abonará US$336 millones a la constructora
Odebrecht para concluir las infortunadas plantas de carbón de Punta Catalina, apunta a reconocer sino la totalidad al menos gran parte del sobre costo de 708 millones reclamado, en la mayor inversión nacional, saturada de opacidades y conflictos desde su origen.

Las proyecciones de los mayores críticos llevan su costo sobre los US$3 mil millones, un
volumen escandaloso convertido en el gran calvario del presidente Danilo Medina, empeñado en concluirla antes de un año y medio de retraso para paliar una nueva crisis energética, y alejarla del próximo proceso electoral.

Generosidad con Odebrecht

El anuncio unilateral, de “un fondo de contingencia” para entregar US$336 millones
adicionales a Odebrecht para que concluya las plantas de carbón de Punta Catalina, es otro acto de extrema generosidad del gobierno con la constructora que empieza a reconocer el sobrecosto reclamado de US$708 millones, con una tentativa rebaja que se adelantó el 2 de septiembre del 2017 en el análisis “Las plantas Catalina ser convierten en calvario del presidente Medina”.

Desde antes de oficializarse el adicional, se decía que sería de entre 300 y US$500
millones, pero se habría acordado pedir 708 para dejar un margen de reducción que permita al gobierno “amortiguar el golpe de cara a la opinión pública”. Amparándose en la Ley de Compras y Contrataciones, que permite un incremento hasta el 25% de los contrato, en este caso de US$1,945millones, podrían transarse por US$486.2 millones, antes o después del fallo sobre el recurso ante una corte de arbitraje internacional en Nueva York.

Aunque se estableció un precio definitivo, en el contrato se incluyó un artículo 9.1
indicando que “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 del presente Contrato de EPC, el precio del Contrato de EPC podrá ser ajustado en virtud o como resultado de una Variación emitida de conformidad con los términos y condiciones que se indican más adelante en este Artículo 9”. Y en efecto, luego indica que cualquier aumento de precio tendrá que ser sometido a aprobación de la Vicepresidencia de la CDEEE, derivando al gobierno la responsabilidad del costo de implementar “medidas de protección, contención y remediación derivadas del posible impacto ambiental” En esa dirección van los reclamos de Odebrecht que se refieren a “condiciones oceanográficas imprevistas”, aumento de altura del muelle, modificación del puente de acceso y de planos. Los expertos dan por hecho de que saldría gananciosa del arbitraje, sino en su totalidad, en gran parte, y en última instancia negociaría rebaja.

Sobre US$3 mil millones

Desde el principio, los mayores críticos del contrato vaticinan que las plantas terminarán
costando cerca de US$3 mil millones, entre ellos los expertos energéticos Eulogio Santaella, Antonio Almonte, los economistas José Rijo, Juan Lladó y Pedro Silverio y el Comité de Lucha contra el Cambio Climático. Pero ya algunos creen que sobrepasará ese monto. Las cifras oficiales siguen sin la menor transparencia, y aunque la CDEEE sostiene que a las plantas le faltan sólo un 5% para concluirse y que está casi para iniciar pruebas, los 336 millones adicionales, representan el 17% de lo contratado.

A una solicitud de información de la diputada del PRM Faride Raful, en diciembre del
2016, la CDEEE dijo que habían pagado US$1,316 millones y que tenía 179.9 millones en hitos ya facturados, y otros 724.2 por facturar, lo que totalizaría US$2,220 millones. A lo pagado hasta 2016, Rijo le suma 670 millones en el 2017 (600 de bonos soberanos) y 334 millones en el 2018, provenientes de bonos globales, bonos internos y del fondo general, lo que totalizaría US$2,320 millones, que con los 336 llegarían a US$2,656 millones y si pagan los 708 millones reclamados, ya sumarían US$3,028 millones, sin el costo de los terrenos y obras físicas conexas, de los intereses del período de construcción, seguros y enorme gasto publicitario.

El costo cercano o superior a los US$3 mil millones es de cualquier forma dramático para
Eulogio Santaella, quien documenta que la asociada de Odebrecht como subcontratista en Punta Catalina, firmó dos contratos para plantas de carbón en Brasil a mitad del precio de aquí.

Una en Porto di Itaqui, de 360 mws. por US$494 millones, y otra en porto do Pecem, de 720 mws. por US$910 millones. El experto recuerda que la licitación que anuló Medina en el 2010 implicaba la inversión privada de US$3,000 millones para generar 1,500 mws. En México, la empresa española Iberdrola construye dos plantas en los estados de Nuevo León y Sinaloa con inversión propia de 800 millones para generar 1,737 mws. En base a gas natural. El único compromiso del Estado es comprarle la energía al precio del mercado.

Odebrecht no cumple nada

Contrasta la generosidad del gobierno con Odebrecht, a la que sólo multó por la
confesión de sobornos y no ha hecho ningún esfuerzo por auditar para ver si en el país siguió su confesado patrón de sobrevaluaciones del 22 por ciento. La revisión del contrato indica que la constructora no ha cumplido nada de lo fundamental, ni en los costos ni en la fecha de entrega, que era en septiembre del 2017 y que ya pasa del año en retraso, con proyección de llegar a los 18 meses. Al formular su reclamo de costo adicional, prometió qjue entregaría la primera planta en febrero del 2019 y la segunda en mayo. A ese tiempo se encamina si las pruebas de la primera comienzan en diciembre próximo.

La empresa brasileña falló también en conseguir los financiamientos. El Eximbank se
negó a invertir en carbón, el Banco dce Desarrollo de Brasil no pudo aportar lo prometido por el escándalo que pratagonizó la misma Odebrecht y que terminó afectando también elunos US$ 650 millones de financiamiento comprometido por un pool de bancos europeos, los cuales llegaron a desembolsar cerca de la mitad, de los que 80 millones se destinaron a pago de seguros. Eso obligó al Estado a elevar su endeudamiento para no paralizar la mega obra.

Mientras la empresa va al arbitraje internacional reclamando un incremento del 36%
sobre lo contratado, el gobierno no le aplica las cláusulas de penalidades por retraso, que a un máximo del 10 por ciento implicaría US$194 millones. La comisión especial que creó el
presidente Medina para indagar sobre la contratación no sólo concluyó en que no deben pagar un solo peso más, lo que en palabras el gobierno dice sustentar, sino que también dejó constancia de que cada mes de retraso en la conclusión de la obra implica 25 millones de d´+olares de pérdida, por 18 meses totalizarían US$450 millones.

Salir pronto del calvario

Para el gobierno y los intereses políticos del presidente Medina, lo prioritario es salir lo
más rápido posible del laberíntico calvario de las plantas de Punta Catalina. De ahí el adelanto de los US$336 millones, sabiendo que el contrato dejó margen legal para el sobrecosto. Se trata de conseguir que el inicio de la generación aporte su cuota al mejoramiento del servicio energético antes de que entre de lleno el año 2019 en que se definirán muchos asuntos de cara a las elecciones del 2020, más aún con la actual crisis de apagones aunque más financieros que de oferta.

Es que las Plantas Catalinas fueron convertidas en la obra emblemática del actual
gobierno, y ya tiene una carga muy grande de costo político, pues las encuestas y la percepción generalizada indican que hubo favoritismo y corrupción en su contratación, y el presidente Medina se involucró en el proceso desde sus viajes a Brasil, hasta sus conversaciones con los ex presidentes brasileño Lula da Silva y Dilma Rousseff.

Más temprano que tarde, los costos totales y reales de la construcción tendrán que ser
aireados y reconocidos, así como la carga de deuda e intereses que dejan y que pudieron ser evitados dejando que continuara la licitación que Medina encontró en marcha al asumir el gobierno en el 2012, que por demás preveía que las plantas, de carbón y gas natural, estarían en servicio en el 2016. Ya las Catalina son un peso muerto para Danilo Medina, y lo serán peor cuando todo quede en la transparencia, hasta ahora evadida.

El oscuro calvario de las plantas de carbón

* Danilo Medina inicia su gestión suspendiendo anulando una licitación ya con empresas precalificadas que invertirían en plantas por mil kws. Sin costo financiero para el Estado
* Una nueva licitación desestima las plantas de gas natural, más eficientes por las de carbón que están en proceso de desmantelamiento
* El comité de licitación dominado por la CDEEE y los dos integrantes externos rechazan otorgarla a Odebrecht al quedar con un solo concursante, querían otro siquiera “virtual”
* En la licitación la empresa constructora garantiza el financiamiento y a precio fijo, pero en el contrato
queda bajo responsabilidad del Estado y con posibilidad de escalamiento
* Fracasa el financiamiento por el Eximbank USA, Bndes, Brasil y queda a medias el de un pool de bancos europeos
* Se hacen cálculos sobre rendimiento bruto de 720 mws, pero el neto sería 674
* La fecha original de entrega 7 de agosto y de octubre del 2017, concluiría en el 2019
* La mayor inversión estatal se hace en terreno privado, sin completar estudios de suelo y costa
* Tras el escándalo Odebrecht, la Procuraduría dice que hubo sobornos en todas sus contrataciones, luego rectifica que en las plantas sólo para la aprobación y acusa un único senador
* DM designa una comisión para investigar la licitación y denuncias de sobrevaluación, pero presidida por un directivo de la empresa Estrella, asociada de Odebrecht
* La Procuraduría firma un acuerdo de impunidad con Odebrecht, sin hacer auditoría
* El sector privado no responde la oferta de inversión en las plantas en reunión y en discurso de DM
* Odebrecht reclama US$708 millones adicionales al contrato de 1,945 millones, con exenciones impositivas. Le adelantan US$336 millones
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Un incierto régimen electoral

20_09_2018 HOY_JUEVES_200918_ Opinión10 A

 

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque la Junta Central  Electoral (JCE) hizo público el calendario de actividades encaminadas a la organización de las elecciones municipales y las presidenciales y congresuales, en febrero y mayo del 2020, un manto de incertidumbre planea sobre el proceso, por las impugnaciones a la Ley de Partidos y las dificultades de lograr consenso para la imprescindible democratización del Régimen Electoral.

En el Congreso se anuncian avances en los aspectos elementales hace tiempo establecidos en la legislación, pero todos saben que las dificultades comenzarán cuando se aborden las previsiones para evitar  los abusos de los recursos estatales en las campañas electorales, para que no se repitan las inequidades e iniquidades que se vieron en los últimos comicios.

Para democratizar las elecciones será imprescindible impedir que los altos funcionarios públicos sean a la vez directores de campañas  que involucran inevitablemente el uso de empleados, vehículos, dietas, combustibles, secretarias y servicios de telecomunicaciones del Estado. También evitar que se designen decenas de miles de activistas partidarios como empleados temporeros, que se duplique la publicidad gubernamental y se conviertan las inauguraciones de obras públicas en actos partidistas durante las campañas. En el 2016 el candidato a la reelección “puso en servicio” la segunda línea del metro, con un enorme séquito político social, lo que vino a ocurrir en realidad dos años y cuatro meses después, dejando al descubierto una grosera manipulación.

Obviamente que la pendiente Ley del Régimen Electoral es más trascendente que la de Partidos y Agrupaciones Políticas para los fines democráticos e institucionales, razones por las que debió ser abordada con anticipación y en una sola negociación.  En cualquier caso hay que desearle mayor ponderación para evitar contradicciones como las aprobadas en la Ley de Partidos, que establece primarias con padrón abierto, es decir participación de toda la ciudadanía en la elección de candidatos, pero al mismo tiempo restringe la propaganda sólo al interior de los partidos, en locales cerrados; y que niega a los residentes en el exterior su facultad de elegir candidatos a representarlos en la Cámara de Diputados, establecidos en la Constitución. Su artículo 2 establece como ámbito de aplicación “todo el territorio nacional”.

Las contradicciones y nebulosidades de ley de partidos son significativas, y son varios los aspectos que están siendo impugnados ante el Tribunal Constitucional, comenzando por las primarias simultáneas con padrón abierto, ya declaradas inconstitucionales cuando se establecieron en una ley del 2004.  El párrafo II del artículo 26 establece los estatutos como “la norma fundamental de los partidos”, y luego el párrafo III del 45 faculta a los comités cúpulas para decidir el tipo de primarias. Ni hablar de la sanción con cárcel a quien difunda información que afecte a un candidato, que no se establece para los fraudes ni el uso de dinero sucio.

Se impugna la imposición de la condición de un tiempo de militancia en un partido para ser postulado a cargos electivos, contradictoria con la posibilidad de que los no miembros elijan los candidatos. También la prohibición a los nuevos partidos de la posibilidad de aliarse a otros en su primera participación electoral, pues se trata de una discriminación en relación a otros que llevan décadas sobreviviendo adheridos a las organizaciones dominantes. Es casi abusivo cuando la ley da plazo a la JCE hasta cuatro meses antes de los comicios para responder las solicitudes de reconocimientos.

Y lo peor es que el proyecto de reglamento de aplicación de la JCE crea una figura no contemplada en la Ley de Partidos, el llamado “Período Previo de Precampaña”, con extensión de un año, el doble del tiempo de precampaña y campaña electoral, abriendo de par en par las puertas a que persista el dispendio y encarecimiento de las campañas electorales contra el que tanto ha clamado la sociedad.

Es deprimente que después de dos décadas de debate persistan tantas incertidumbres en la institucionalidad democrática y electoral.-

Sugieren pacto de alternabilidad para evitar una división del PLD

15_09_2018 HOY_SABADO_150918_ El País11 A

Ante las dificultades para otra reelección del presidente Medina con Leonel Fernández al medio de la calle, estrategas del PLD empiezan a contemplar un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos líderes eliminando el “jamás” constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) habrían comenzado a sentar
las bases para un nuevo pacto de alternabilidad entre los dos principales líderes de la
organización, volviendo a la Constitución del 2010, reconociendo las dificultades internas y externas con que tropieza el proyecto de otra reforma constitucional para hacer posible una tercera postulación consecutiva del presidente Danilo Medina y los riesgos de que devenga en una profunda división que les haga perder el poder en el 2020.

Que Danilo pueda regresar

En los ámbitos de la alta dirección peledeísta crece la convicción sobre la necesidad de
buscar un nuevo pacto entre los dos grupos enfrentados ferozmente por el control del partido gobernante y la candidatura presidencial del 2020, a fin de evitar el visible riesgo de una división que los haga perder el poder, volviendo a la Constitución del 2010 que permitía la reelección sin límites pero no consecutiva.

Dos dirigentes tan influentes como Félix Jiménez (Felucho) y José Ramón Fadul
(Monchy) han expresado últimamente sus reservas sobre la factibilidad de reformar la
Constitución para viabilizar la repostulación de Medina, pero al mismo tiempo han dicho que “en algún momento” habrá que abordar la prohibición de “jamás”, instituida en el artículo 124 de la Constitución del 2015 fruto del pacto en el Comité Político del PLD para permitir la repostulación y posterior reelección del actual mandatario, en la que además se incluyó un transitorio para ratificar que “no podrá postularse en ningún otro periodo”.
En una entrevista en Uno+Uno de Teleantillas esta semana Felucho reconoció un riesgo
real de división del PLD a causa de la disputa por la candidatura presidencial del 2020, y planteó la necesidad de entendimiento. Evadió pronunciarse categóricamente sobre el cumplimiento del pacto del 2015, pero tampoco favoreció una nueva reforma para la continuidad de Medina, aunque expresó que “en algún momento” habrá que revisar la limitación. Monchy Fadul dijo más o menos lo mismo una semana antes en el mismo programa, y lo repitió días después en otro medio. En el PLD se considera “una injusticia” que Leonel, quien ya gobernó tres períodos, pueda postularse a un cuarto y hasta optar por una última reelección, que sería la quinta, y Danilo quede en dos. Plantean como transacción otra reforma para rehabilitarlo con alternabilidad.

Golpe del Constitucional

Además del creciente rechazo en los diversos sectores de la sociedad a las propuestas de
otra reforma constitucional para la continuidad del presidente Medina, sus promotores sufrieron un rudo golpe con el dictamen del Tribunal Constitucional que motivó la imposibilidad de juzgar la “constitucionalidad de la Constitución”. Sin embargo, la promoción continúa a través de dirigentes, legisladores y funcionarios peledeístas, y de una serie de spots profesionales de similar línea gráfica, colocados en las redes sociales.

Eran públicas las expectativas de que el Constitucional declarara nulo el transitorio fruto del pacto del Comité Político peledeísta, para entonces alegar que a Medina le tocaría una segunda postulación, aunque la redacción del artículo 124 de la Constitución tampoco lo permite al instituir que “El Presidente o la Presidente de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá repostularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

Después de esa frustración, a los reeleccionistas sólo les queda la posibilidad de otra reforma constitucional, sin contar con los dos tercios de los votos que requerirían en una asamblea revisora, 148 de los 222 integrantes. Contarían seguros con 95 del PLD y 4 de aliados, más la posibilidad de sumar los 14 del PRD y hasta los 11 reformistas, que totalizarían 124. Le faltarían 24 que tendrían que buscarlos entre 42 peledeístas comprometidos con Leonel Fernández, 52 del PRM, más los 4 opositores del Frente Amplio, Alianza País, Moda y Partido Popular Cristiano. No es imposible para el poder, pero esta vez desataría más resistencias y escándalos que hace tres años, hasta por fatiga social.

Leonel sería candidato

Hace ya 6 meses que un destacado miembro del Comité Político peledeísta expresó en privado su convicción de que Leonel Fernández sería el candidato de su partido en el 2020, aunque él personalmente no lo favorece, y lo ratificó hace poco cuando se le replanteó el dilema. Parece partir de las dificultades que tendría ese organismo para evitar la división del partido, como hace tres años, si desconoce los acuerdos en que se sustentó. Cercanos a Fernández juran que por nada del mundo éste aceptaría el desconocimiento del pacto y por ello se lanzó desde agosto del 2017 a buscar el apoyo de su partido.

Esta misma semana se publicaron los resultados de la última encuesta de la firma Asisa,
que se presume encargada por Leonel, donde le otorgan un 62 por ciento de apoyo entre los peledeístas, frente a un 17 por ciento a Medina para la candidatura del 2020, con un 75 por ciento que entiende que la Constitución no le permite repostularse, y un 70 por ciento que rechaza que se le reforme. Frente a Luis Abinader como más probable candidato del PRM, Fernández queda en ventaja 48 a 40 por ciento.

Así como en el 2015 las circunstancias obligaron a Leonel a ceder ante las exigencias de
unidad del Comité Político, para evitar la división, ahora parecen apuntar a Danilo, y esta vez con otra reforma para volver a la Constitución del 2010 que postulaba la prohibición de la reelección consecutiva, pero permitía volver sin límites después de un período fuera de la presidencia. Se da por hecho que hasta dirigentes que se expresan públicamente por la reelección de Medina respaldarían el proyecto de pacto de alternancia si ven en peligro la unidad del partido y los privilegios del poder.
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Informe de la Comisión de Venecia sobre límites a la reelección Síntesis de las conclusiones del informe de 28 páginas a renglón seguido emitido en marzo del 2018 por la Comisión Europea para la Democracia a Través del Derecho (Comisión de Venecia), a solicitud de la OEA sobre la legitimidad de los límites a la reelección presidencial:

¿Existe un derecho humano a la reelección? En caso afirmativo, ¿cuáles son los límites de este derecho?

117. La Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de presentarse para un cargo para otro período prevista en la legislación es una modalidad, o una restricción, del derecho a la participación política y, específicamente, a contender por un cargo.

118. Según las normas internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de su forma de constitución o gobierno, los Estados deben adoptar las medidas legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los derechos protegidos…

¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos?

119. En las democracias modernas, a pesar de que el principio del sufragio universal disfruta de amplia aceptación y protección cuidadosa, el derecho de ser elegido puede verse limitado con mayor facilidadcomo consecuencia tanto de los requisitos legales como del número limitado de puestos de elección disponibles…

120. Los límites a la reelección presidencial son comunes tanto en sistemas presidenciales como semipresidenciales y también existen en los sistemas parlamentarios (tanto cuando el Jefe de Estado es elegido directamente como indirectamente), mientras que en estos últimos sistemas no se imponen para los primeros ministros, cuyo mandato, a diferencia del de los presidentas, puede ser retirado por el Parlamento en cualquier momento. En los sistemas presidenciales y semipresidenciales, los límites a la reelección presidencial representan entonces un medio para reducir el peligro del abuso del poder por el jefe del poder ejecutivo. Así pues, persiguen los fines legítimos de proteger los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho. El derecho de postularse en elecciones tras un primer mandato no puede ser garantizado si la constitución dispone lo contrario. La restricción del derecho de los presidentes en funciones a ser elegidos se deriva de una elección soberana del pueblo en busca de los objetivos legítimos de interés general a los que se hizo referencia arriba, que prevalecen por sobre el derecho del Presidente en funciones…

121. En conclusión, los límites a la reelección que satisfacen los criterios anteriores no restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los candidatos.

¿Los límites a la reelección restringen indebidamente los derechos humanos y políticos de los electores?

122. En una democracia constitucional y representativa queda implícito que los representantes ejercen solamente los poderes que se les asignan de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Las elecciones genuinas, libres y periódicas acordes con el párrafo (b) del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son esenciales para asegurar la rendición de cuentas de los gobernantes en el ejercicio de los poderes que se les confieren. Estas elecciones deben celebrarse a intervalos que no sean indebidamente prolongados y que aseguren que la autoridad del gobierno continúe basándose en la libre expresión de la voluntad de los electores.

123. Es cierto que los límites a la reelección pueden desalentar a los votantes de seleccionar de nuevo a un presidente o ex presidente. Sin embargo, esta es una consecuencia inevitable de la necesidad de restringir el derecho a la reelección de un presidente o de un expresidente… Contribuyen a garantizar que las elecciones periódicas sean “genuinas” en el sentido del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 23(1b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a asegurar que los representantes sean libremente elegidos y responsables ante los ciudadanos.

Adicionalmente, cuando el pueblo decide adoptar un sistema presidencial o semipresidencial, también tiene la facultad de decidir el poder presidencial y el período de la presidencia. Por lo tanto, los límites a la reelección presidencial son una restricción autoimpuesta al poder del pueblo de elegir libremente a un representante con el objetivo de mantener un sistema democrático.

124. En opinión de la Comisión y a la luz del análisis comparativo de las constituciones de los 58 países considerados, abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en materia de logros democráticos. Sea como fuere, si el pueblo desea modificar los límites a la reelección, ha de buscarse una enmienda constitucional acorde con las normas constitucionales aplicables.

¿Cuál es la mejor manera de modificar los límites a la reelección dentro de un Estado
constitucional?

127. Los límites a la reelección presidencial están consagrados en la constitución; por lo tanto, se requiere una reforma constitucional para modificarlos. Solamente el pueblo, que tiene poder soberano legal, puede modificar el alcance de la delegación que le otorgó al presidente. La decisión de alterar o eliminar los límites a la reelección presidencial debe sujetarse a un escrutinio y debate públicos minuciosos y debe respetar plenamente los procedimientos constitucionales y legales relevantes.

128. Cuando se proponen reformas constitucionales que aumenten o prolonguen los poderes de los altos niveles de Estado, dichas enmiendas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros y no para el funcionario en el cargo.

¿Y mis cuartos, dónde están?

13_09_2018 HOY_JUEVES_130918_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

La pregunta en que se fundamentaba aquel popular anuncio financiero de los años setenta cobra de nuevo vida cuando se trata sobre los fondos de pensiones acumulados durante quince años por los aportes de las empresas y los trabajadores dominicanos, que al cerrar el primer semestre de este año ascendían a 559.7 mil millones de pesos, y que por irresponsabilidad, complicidad o ignorancia han quedado cubriendo los déficits fiscales consecutivos de la última década del gobierno y de más de dos décadas del Banco Central.

La fundamentada preocupación del presidente de la Asociación de Empresas de Herrera, Antonio Taveras Guzmán, una excepción ante el silencio generalizado al respecto, ha puesto sobre el tapete la incertidumbre en que va quedado ese inmenso patrimonio de los trabajadores dominicanos. No cabe la menor duda, de 504 mil millones de pesos invertidos por las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP), el 45.39 por ciento está en manos del Banco Central, y el 29.97 del Ministerio de Hacienda. Lo que suma 75.36 por ciento. Pero el también estatal Banco de Reservas, agrega el 5.72, totalizando 81.08 por ciento.

Lo más impresionante es que hasta los líderes de las centrales sindicales parecen ignorar las graves implicaciones, cuando se leen sus reacciones ante la denuncia de Taveras Guzmán, recogidas por el diario El Nacional del 4 de Septiembre. El veterano Pepe Abréu llegó al extremo de calificarla de “temeraria y peligrosa”, mientras Jacobo Ramos y el eterno Gabriel del Río pedían explicaciones al gobierno, como si no leyeran los informes trimestrales de la Superintendencia de Pensiones y los de la Tesorería de la Seguridad Social.

A diferencia de lo que se plantea como conveniente, que los fondos de pensiones se inviertan en instrumentos financieros que generen racional rentabilidad, que promuevan desarrollo económico social y empleo, con una existencia real en el mercado, han servido para cubrir déficits del Estado y convertidos en simples papeles o números de contabilidad, con la excepción del 5 por ciento en Banreservas que, por el momento, mantiene solvencia. Pero la rentabilidad real de los fondos cayó en el primer semestre del 2018 del 6.45 al 5.42 por ciento, es decir un 16 por ciento.

Ese porcentaje de reducción es casi el mismo 15.7 en que se incrementaron las comisiones recibidas por las AFP, de junio del 2017 a igual mes de este 2018. Dicho sea de paso para las administradoras sí que los fondos de las pensiones han sido un gran negocio, del que derivan rentabilidad anual, mientras la de los contribuyentes está en veremos.

Es que los expertos proyectan la tasa de reemplazo, o los beneficios de los pensionados, apenas entre un 23 y un 30 por ciento de lo que devengarán como salario cuando les llegue la hora del retiro. Para los “ignorantes” hay que recordar que las cotizaciones mínimas para la jubilación son de 30 años y que quienes las iniciaron al mismo tiempo ya cumplieron la mitad, lo que implica que dentro de 15 años más de un millón de personas podrían estar reclamándola.

Es difícil que aparezca un economista, un empresario, un sindicalista o un analista serio que no tenga dudas de si ese año, al paso que vamos, el gobierno de turno tendrá de dónde sacar para pagar las pensiones, por miserables que resulten, sin emitir dinero inorgánico que devaluaría más su poder adquisitivo, o si seguirá encontrando quien le preste; si el mantenimiento  del ritmo del endeudamiento total del Estado, duplicado en esta década, no llevará a una insostenibilidad financiera que volvería sal y agua los fondos de pensiones; o si quedarían en un corralito, como ocurrió en varios países; o si multarían a toda la población con un impuesto para pagarlas.

Para algunos irresponsables estas advertencias son simples malos augurios. Aunque las advertencias de los riesgos de insostenibilidad fiscal ya salen hasta de organismos tan prudentes y diplomáticos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, que sitúan la deuda estatal sobre el 50 por ciento del producto interno bruto. Fuentes dominicanas como el empresarial Centro de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) la llevan al 54, y el experto financiero internacional Apolinar Veloz hasta 60 por ciento.

Ojalá que los augurios resulten infundados y que nuestras finanzas generen desarrollo y sostenibilidad para que dentro de quince años la población envejeciente no tenga que lanzar el grito lacerante de ¿y mis cuartos dónde están?