El PRM necesita coherencia y disciplina para vencer el inmenso poder del PLD

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El principal partido opositor pareció superar el desafío de 7 diputados y del expresidente Hipólito Mejía a su Dirección Ejecutiva, pero sin poder aprovechar el descontento nacional frente a la garata y la imposición política que lidera el PLD   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) pareció haber superado esta semana el desafío de siete diputados y sobre todo del expresidente Hipólito Mejía a su Dirección Ejecutiva por el sostenido rechazo a la imposición del padrón electoral abierto en la elección de las candidaturas, contenido en el proyecto de Ley de Partidos del Senado.

Sin embargo, se advierte que los perremeístas caen en la tentación de reproducir las luchas intestinas que destruyeron el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de donde procede la mayoría ellos, desperdiciando el descontento nacional que anhela una coherente y disciplinada adscripción a los principios y prácticas democráticas.

Casi se arma la de Troya

El PRM comenzó la semana con una crisis cuando uno de sus dos principales líderes, el expresidente Hipólito Mejía, emitió un declaración escrita expresando su “decisión de apoyar la modalidad de primarias abiertas” con el padrón nacional de electores, desafiando la posición contraria de su Dirección Ejecutiva y coincidiendo con el interés del grupo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que hegemoniza el poder, encabezado por el presidente Danilo Medina, y que busca imponerlo por encima de casi todos los partidos y de las expresiones de la sociedad civil.

El pronunciamiento de Mejía, el domingo 6, ocurrió cuando se había convocado para el día siguiente al órgano ejecutivo y a 7 diputados que el jueves 3 coincidieron con sus colegas danilistas en boicotear la sesión donde la Cámara de Diputados conocería el proyecto de Ley de Partidos aprobado el mes pasado por el Senado. Se hablaba de sancionar a los que desatendieron los reclamos del vocero de la bancada perredmeísta, Alfredo Pacheco.

Después de una reunión del presidente y el secretario general, Andrés Bautista y Jesús Vásquez, de sus relevos electos, José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, y  del precandidato presdencial Luis Abinader con el también precandidato Hipólito Mejía, se anunció que éste, aunque prefería el padrón abierto, “como un demócrata acogería la línea del partido”. Tras varias horas de reunión con los diputados, los siete  bajo cuestionamiento se comprometieron también a acatar la decisión de la Dirección Ejecutiva, tras asegurar que no estaban en desacuerdo con el fondo,  sino con la forma en que se condujo la frustrada sesión y que preferían que el proyecto fuera a comisión de estudio.

Inconsistencia de Hipólito

            Hasta ahora la dirección del PRM salió bien del trance, Mientras Hipólito Mejía quedaba como coherente defensor de las primarias abiertas, pero incoherente e indisciplinado dirigente partidario, ya que apenas 10 días antes, el 23 de abril, su vocero de prensa Andrés Matos había emitido un comunicado tras la difusión de una entrevista de enero donde defendía las primarias abiertas: “Luego el propio presidente (Mejía) ha reiterado que aunque está de acuerdo con las primarias abiertas, respeta y apoya la decisión del PRM, su partido, que aprobó que sean primarias cerradas”, indicaba. La misma posición había externado en otras entrevistas de televisión y al periódico El Día el 23 de octubre.

Hipólito hizo un largo recuento de su apoyo a las primarias abiertas, señalando que en su gobierno promulgó la ley 286-04, donde se establecieron, pero no recordó que la Suprema Corte la declaró inconstitucional en el 2005. Relató gestiones ante el presidente Medina en el 2013 junto a otros dirigentes del PRD, asumiendo que el PRM, constituido después, tenía que seguir la misma línea. Y sostuvo que la aprobación del padrón cerrado  se produjo “Sorpresivamente, en una reunión de la Dirección, convocada sin agenda ´previa”. Aunque fue hace 13 meses, en abril del 2017, él nunca la había objetado.

Por televisión, la doctora Milagros Ortiz Bosch, reconoció cambios de preferencias a causa del dominio de los mecanismos electorales que estableció el PLD, pero rechazó que el PRM lo aprobara de improviso. Entregó los informes de comisiones encargadas por la Dirección Ejecutiva para estudiar los proyectos de leyes de Partidos y del Régimen Electoral. La primera, de siete miembros, dos vinculados a Mejía  incluyendo a Salvador Ramos que la presidió, consignó en el punto 17, página 12, que “La elección de los candidatos será mediante el voto universal, personal, directo y secreto de la militancia de cada partido, con el Padrón de Militante de cada partido”.

Unapérdida de tiempo

            Después de las reuniones del lunes, Hipólito Mejía no ha desmentido lo que se le atribuyó, de haber acatado la línea partidaria. Como él decía en su declaración que la decisión sobre el padrón no fue llevada a la Comisión Política del Comité Nacional para su ratificación, lo que él nunca solicitó, la salida pudo haber sido esa. Pero podría ser una simple pérdida de tiempo, ya que los seguidores de Abinader, firme opositor al padrón abierto, aparecen como mayoría en ese partido, según las encuestas y por el resultado de la reciente elección de dirigentes.

Una desautorización de la Dirección Ejecutiva, constituida por 50 miembros, hubiese constituido una catástrofe para el PRM que justamente encabeza un bloque de 11partidos que han mantenido una oposición cerrada al proyecto de los danilistas, y remitía directamente y sin amortiguamiento a las confrontaciones que destrozaron el antiguo PRD.

Otra expresión de la recurrencia de los antiguos perredeístas a la garata es la petición del secretario general Jesús Vásquez de que anulen la reciente votación para elegir los dirigentes, basado en irregularidades organizativas, como no haber entregado el padrón a todos los candidatos con anticipación o que hubo que diferir la votación en una diez por ciento de las localidades por retrasos logísticos.

Hasta ahora nadie ha denunciado exclusiones, dislocaciones o manipulación del padrón, y Vázquez, un veterano organizador, debió admitir que los fallos no fueron por manipulación ni engaño, sino fruto de prisa y deficiencias, El tenía suficientes méritos para haber sido escogido para repetir en el cargo, pero por “prudencia unitaria”, que debió entender, los dos mayores líderes del partido sumaron fuerzas por Carolina Mejía para secretaria general y a José Ignacio Paliza para presidente.

Muy difícil de entender

            La detonación del conflicto por el padrón en el principal partido de oposición es difícil de entender cuando los organismos locales están eligiendo los delegados para culminar a principio de junio el proceso convencional que ha producido una  significativa renovación en la dirección partidaria nacional y local del PRM, algo que no ocurre hace muchos años en el sistema partidista.

Es comprensible que los seguidores de Danilo Medina, enfrentados a Leonel Fernández por el control del PLD, traten de imponen el padrón abierto para beneficiarse de  que el 23 por ciento de los electores reciben cada mes un ingreso del Estado. Pero es muy difícil de entender que todavía haya opositores que no se den cuenta que si los danilistas logran los dos tercios de los votos de los diputados, “conquistando” los 30 que les faltan para imponerle a todos  el padrón abierto, su paso inmediato sería la reforma de la Constitución, para lo cual se requiere la misma proporción.

Mucho peor es que con todas las desventajas que confrontan, los dirigentes del PRM no puedan interpretar el sentimiento nacional que reclama unidad, coherencia y firmeza para limitar el desmesurado control que el PLD ha impuesto sobre el Estado y la sociedad, hasta el extremo de plantear que lo de la ley de partidos es un asunto exclusivo  de Danilo Medina y Leonel Fernández. Las encuestas indican una mayoritaria desconfianza de a ciudadanía en el sistema partidista, y sin revertirla significativamente no hay posibilidad de cambio alguno. Sin eso ni todos los partidos juntos desplazan al PLD.

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La única opción de los diputados  

En cuanto al proyecto de Ley de Partidos aprobado por los senadores, el miércoles la Cámara de Diputados agotó la única opción que tenía sin previo acuerdo político: enviarlo a la comisión que ya venía estudiando las dos piezas de reformas electorales, pues  ninguna de las dos posiciones sobre el padrón puede conseguir las dos terceras partes de los votos ni para modificar el proyecto de los senadores, ni para rechazarlo o aprobar otro.

Quedó evidente que la ausencia del bloque danilista la semana anterior fue una maniobra política, tal vez para medir cuántos diputados del PLD y el PRM estaban dispuestos a seguirlos. Con ellos fuera, los demás podrían completar el quórum, lo que hubiese ocurrido con todos los del PRM. Pero en tal caso entraban de inmediato los gobiernistas para evitar que dos tercios de esos decidieran. Para evitarlo, el jefe de esa bancada se mantuvo dentro del salón, aunque escondiera la cabeza cuando pasaban lista.

El balance de la maniobra fue que no le desertó ni uno a Leonel, y que los 7 del PRM se arrepintieron. Con todo hay quienes siguen apostando a que “el presidente se impondrá como quiera y a cualquier costo”, Mientras todo indica que pasará semanas para el siguiente capítulo del drama político, ya que la presidencia de los diputados está en manos del experimentado y firme leonelista Rubén Maldonado, hasta el 16 de agosto.

¡Viva la Comisión de Derechos Humanos!

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Por Juan Bolívar Díaz

Contra todos los prejuicios y maledicencias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos  celebra en estos días en la capital dominicana su 168 período de sesiones, a contrapelo del furor nacionalista que ha afectado la vida nacional en los últimos años y creado confusión en una parte apreciable de la ciudadanía.

Hay que darle crédito al gobierno del presidente Danilo Medina por haberle cursado la invitación para que sesione en el país y conozca de la situación de los derechos humanos en múltiples naciones del continente, atendiendo a la misión que le fuera encomendada cuando fue creada por los estados americanos en 1959 y ratificada una década después cuando fue adoptada la Convención Americana de los Derechos Humanos, y en ambos casos la República Dominicana puede reclamar la condición de cofundadora.

En sus ya casi seis décadas la CIDH tiene legítimos méritos en la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente,  tanto que aún siendo un instrumento de los estados, se ha ganado la animadversión de varios de ellos por no haber transigido en el cumplimiento de su misión, actuando con la independencia que le confieren sus estatutos, aunque sus miembros titulares son electos por la Asamblea General de la OEA..

El simple anuncio de que sesionaría en el país, disparó  las alarmas del ultranacionalismo que la detecta por su persistente  preocupación por los derechos de los dominicanos de ascendencia extranjera, en gran proporción haitianos, nacidos  en el país y dejados en apatridia por decisión administrativa de la Junta Central Electoral posteriormente avalada por la histórica sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

Si posteriormente adoptamos la Ley 169-14 que ha rescatado a gran parte de los decenas de miles de desnacionalizados se le debe en buena gran medida a la firmeza con que la CIDH defendió sus derechos, denunciando el despojo retroactivo de quienes habían recibido un estatus de ciudadanos dominicanos. Esa fue la decisión consensuada por el presiente Danilo Medina y adoptada por el Congreso Nacional ante un problema que superaba a mera condición de legalidad para inscribirse en un drama humano de magnitud.

Si fuimos obligados a adoptar esa legislación por el papel preponderante de la CIDH y otros organismos internacionales, deberíamos reconocer que su prestigio y fuerza internacional están por encima de las arbitrariedades, miserias y mezquindades.

Comisiones de ese organismo vinieron varias veces al país reclamando derechos fundamentales, desde la caída de la tiranía trujillista en 1961, tras el golpe de estado del 1963 y durante la guerra civil y la ocupación militar norteamericana de 1965. También en 1991, en 1997 y finalmente en el 2013 tras la crisis de los desnacionalizados.

No es cierto que la CIDH se ensañara contra la República Dominicana como algunos han pretendido, simplemente cumplió su misión, como lo ha hecho en múltiples naciones  por violaciones a derechos humanos, políticos y sociales, especialmente de lo que han dejado de los pueblos originarios del continente. Y sus denuncias y reclamos han chocado con miembros tan poderosos como Estados Unidos, México, Brasil o Argentina, durante tiranías y dictaduras y bajo nuestras precarias democracias.

En el caso particular de Estados Unidos sólo habría que leer el informe de la CIDH de junio del 2015 que denuncia graves violaciones a los derechos humanos en la prisión norteamericana de Guantánamo, pide liberación de detenidos sin acusaciones ni juicios, cese, investigación y sanción de torturas, traslado de prisioneros y reparación a las víctimas de abusos, concluyendo con la demanda del cierre de ese establecimiento.

La CIDH ha tenido muchos enemigos y la desidia de países miembros, salvándose  por donaciones de naciones europeas y entidades internacionales. Hace sólo dos años Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Panamá ayudaron a superar su peor crisis financiera. Aunque algunos de ellos habían sido objeto de sus denuncias y reclamos.

En un mundo de tantas ignominias, siempre serán necesarias instituciones independientes que promuevan y defiendan los derechos humanos. ¡Que viva la CIDH!

 

 

 

                       

 

Las primarias abiertas sacuden el Congreso, el PLD y el PRM

2222Lo montado en la Cámara de Diputados en torno al proyecto de Ley de Partidos con elección primaria abierta fue un espectáculo indicativo de la resquebrajadura del partido de gobierno, cuyos vientos siembran incertidumbres en el principal opositor 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El boicoteo de la sesión de la Cámara de Diputados que el jueves conocería el proyecto de Ley de Partidos Políticos por la mayoría peledeísta seguidora del presidente Danilo Medina ratifica la decisión de imponer el padrón nacional en la elección de todos los candidatos, aún al costo de desguañangar el sistema partidista.

El empeño gubernamental, que divide al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se reflejó ya sobre el principal partido de oposición, cuando ocho de sus 49 diputados se sumaron al boicot oficialista, y fueron determinantes para impedir la sesión, sembrando incertidumbres sobre la unidad de su organización opuesta al proyecto.

Nudismo en la Cámara Baja

            Lo del jueves en la Cámara de Diputados fue un espectáculo de nudismo y miserias políticas e institucionales, con una mayoría de los legisladores del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) boicoteando una sesión, estando presentes en el mismo edificio congresual, presidida por uno de los propios, el diputado Rubén Maldonado, pero adscrito a la corriente del expresidente Leonel Fernández, enfrentado al presidente Danlo Medina. Alegaron que no participaban de la sesión para evitar “un desorden orquestado”.

            Maldonado presidía solitario, pues los demás directivos de la cámara estaban en el boicot, mientras el vocero de los diputados peledeistas, Gustavo Sánchez, aún dentro del salón de sesiones, escondía la cabeza cuando se pasaba lista para darse por ausente. En tanto  ocho diputados del principal partido opositor, fuera del salón se sumaban a los oficialistas desatendiendo los llamados de su propio vocero, Alfredo Pacheco, para que respetaran la decisión del máximo organismo partidario que junto a casi todos los opositores y gran parte de la sociedad civil ha mantenido rechazo a los intentos de imponer el padrón abierto en la elección de candidaturas.

Seis de los ocho disidentes del PRM son señalados como seguidores de Hipólito Mejía, cuyo vocero Eddy Olivares persiste en coincidir con los oficialistas en la defensa del padrón abierto, mientras la hija del expresidente, la recién electa secretaria general del partido, Carolina Mejía, se manifestaba indignada porque los peledeístas han reducido la ley de partidos a un asunto de padrón abierto o cerrado. Los danilistas no tenían votos para ratificar el proyecto y con múltiples ausencias y el presidente de la Cámara opuesto, temían que pudieran rechazarlo o enviarlo a la comisión propia de la Cámara de Diputados donde pasaría mucho tiempo.

Agudizada la confrontación

            La ocurrenciadel jueves eleva a su máximo nivel la confrontación en el seno del PLD por la candidatura presidencial del 2020, con el presidente Medina impedido por la Constitución de optar por la reelección y el expresidente Fernández lanzado a las calles en búsqueda de la nominación. Cada día crecen los enconos  grupales y la decisión de los danilistas de impedir a cualquier precio  la candidatura “de un Leonel vengativo”.

La situación está fuera de control, ya que la división se incuba en los órganos directivos, después de un año de diferencias sobre la inclusión de las primarias abiertas en la Ley de Partidos. El 2 de Octubre el Comité Político del PLD, máximo organismo ejecutivo, decidió integrar una comisión de juristas para que dictaminaran sobre la constitucionalidad de las primarias abiertas como método único de elección de candidatos, objetada por Fernández en base a que la Suprema Corte declaró inconstitucional una ley que la instituyó en el 2004.

Cuatro meses después, el 5 de febrero, el mismo organismo dejó sin efecto la resolución, y autorizó a sus legisladores a decidir individualmente. Para el 8 de marzo se anunció una nueva sesión del Comité Político, suspendida en la víspera, sin que hayan podido reunirlo nuevamente. Fue ese Comité Político el que saldó la anterior confrontación Danilo-Leonel en mayo  del 2015 por la candidatura presidencial del 2016, votando por  reformar la Constitución para que Medina pudiera optar por la reelección, pero con un transitorio que le impide volver a postularse en el 2020, lo que ahora favorece a Fernández.

¿Un prueba de fuego?

            Dl boicot de los danilistas a la sesión de la Cámara de Diputados, reenviada para el próximo miércoles, pudo haber sido decidido para ganar tiempo en la búsqueda de votos opositores al proyecto de las primarias abiertas en que cifran su preponderancia electoral, pero también para probar cuántos diputados leonelistas y de la oposición habían logrado atraerse, especialmente del PRM que ha advertido su decisión de sancionar a quiénes se vayan contra la línea partidaria.

Con los leonelistas esta vez no avanzaron, porque no desertó ninguno de los 34 diputados que el 18 de abril se comprometieron a rechazar las primarias abiertas. Se cree que ganaron un voto adicional para acumular 3 de los 10 reformistas. Su éxito estuvo en la ausencia probada de los 8 perremeistas, una de los cuales, Jacqueline Montero, adujo que tenía su esposo enfermo. Seis son señalados como hipolitistas; Edelis Olivares (hermana del vocero de Mejía), Cuqui Morel, Lía Díaz, Edward Jorge, Nelson de la Rosa y Andrés Templar, El octavo, Sergio Goris Moya fue la mayor sorpresa, pues se le señala como seguidor de Luis Abinader, como Mejía precandidato presidencial, pero persistente opositor a la imposición de las primarias abiertas.

La actitud de esos diputados estaba en cuestionamiento ayer en los predios del PRM, cuyo Directorio Ejecutivo fue convocado para el lunes a fin de ponderar la situación. El vocero del bloque de diputados, Pacheco, se inclinaba por un llamado a reunión de los 8 para que expliquen su actitud, mientras otros abogaban por una sanción verbal y advertencia de suspensión y expulsión si repiten la coincidencia con los oficialistas.

Alto costo institucional

            Si los promotores de la imposición del padrón abierto a todos los partidos avanzaron con 9 opositores, todavía le faltaría conquistar otra veintena para estar en capacidad de pasar el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, lo que no paree tan fácil, dado el nivel de oposición política y social al proyecto y sin dañar severamente la institucionalidad de los partidos. Esta misma semana 18 de los 26 partidos llegaron hasta la Cámara de Diputados para manifestar su oposición al proyecto.

También esta semana Participación Ciudadana y la Fundación institucionalidad y Justicia, mostraban las incoherencias y contradicciones del proyecto aprobado en el Senado, y el presidente de la Asociación de Industrias, Campos de Moya, reiteró ayer  por televisión la posición de las entidades empresariales de que se deje a cada partido escoger cualquier método democrático para elegir sus candidatos.

Seguía impactando el costo sobre 5 mil 600 millones de pesos en que la Junta Central Electoral ha estimado unas complicadas elecciones primarias de 26 partidos a la vez, con el padrón universal, lo que podría implicar hasta 320 mil precandidaturas, con un promedio de tres por cada uno de los 4 mil 106 cargos a elegir. Saltó al debate que no podrían ser entregando a cada elector la boleta por el partido que prefiera, porque violaría el principio del secreto del voto, y obligaría a entregarle las 26 enormes boletas.

La dicotomía de Hipólito

El proyecto comienza a cobrar su costo institucional ya no sólo en el PLD, sino también en el PRM, que no esperaba tan alto número de deserciones, en medio de versiones de que los gobiernistas se muestran dispuestos a utilizar recursos estatales para conquistar opositores y con ya inocultables inquietudes sobre la real posición de Hipólito Mejía, quien todavía la semana anterior declaraba por escrito que aunque favorecía las primarias abiertas, respetaba la decisión de su partido, que ue adoptada el año pasado tras varias reuniones de su Dirección Ejecutiva, se dice que por una “mayoría holgada”.

Pero llama la atención que todavía en la víspera de la sesión de los diputados, el vocero oficial de Mejía, Eddy Olivares, volviera a defender lo que prefiere el grupo del presidente Medina y rechazan casi todos los partidos y la sociedad civil. Se cree que Mejía envió una señal errónea cuando hace dos semanas en Santiago se enganchó al presidente Medina, éste de brazos cruzados, en una foto que difundieron ampliamente los medios oficialistas.

Defensores del gobierno en todos los medios cuentan con que los legisladores que siguen a Hipólito votarán finalmente por las primarias abiertas, aún desafiando al partido. Y no faltan quienes alientan la idea de que el mandatario peledeísta, imposibilitado de buscar la reelección, pudiera respaldar a Mejía en una fórmula que envolvería al Partido Revolucionario Dominicano, para evitar un eventual triunfo de Leonel.

Mejía tiene gran desventaja en las encuestas para la candidatura del PRM. Gallup-HOY de marzo arrojó 67 a 9% de preferencias a favor de Luis Abinader entre los que se dijeron perremeistas. En Octubre pasado fue 69 a 14%. Abinader le ganó la  candidatura para el 2016 por 70 a 29%, casi el 69 a 28% que arrojó la Gallup-HOY un mes antes. Por eso los hipolitistas creen que les conviene el padrón abierto, aunque también en el universo de los electores las preferencias por Abinader superan con mucho las de Mejia: 49 a 1l% en la Gallup-HOY de marzo pasado.-

 

Cuestión de dignidad nacional

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Por Juan Bolívar Díaz

Hay que darle crédito al presidente Danilo Medina por la decisión de reconocer la realidad de la República Popular China, (RPCH) evadida por los gobiernos dominicanos  durante casi medio siglo, desde que en 1971 la mayoría  de los Estados integrantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptaron la Resolución 2758 que restituyó a esa nación el reconocimiento que, como fruto de la guerra fría, ostentaba la República de China en Taiwán.

Desde los años setenta la mayoría de las naciones del mundo se adhirieron a la resolución reconociendo la realidad de que Taiwán es apenas el 0.4 por ciento del territorio chino y el 2 por ciento de su población. República Dominicana evadía la realidad junto a 21 naciones,  el 11 por ciento de los Estados miembros de la ONU,  en una compañía que para nada nos acreditaba, 5 centroamericanas, Paraguay, Belice, Haití, tres islas del Caribe y 6 del Pacífico y Oceanía, así como dos países africanos y el Vaticano.

Durante años se ha dado la paradoja de que hemos querido formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU sin reconocer la nación de mayor población, 1,380 millones,  el quinto de mayor extensión, 200 veces el territorio dominicano,  segunda potencia mundial disputando el primer lugar, y por todo ello con influjo en el concierto diplomático internacional. Se podía explicar la posición dominicana por la dependencia de los Estados Unidos, pero este país reconoció la RPCH en 1979.

Sólo los esfuerzos de Taiwán invirtiendo una apreciable cantidad de dinero para mantener el reconocimiento de una veintena de países, podía explicar que los gobernantes dominicanos persistieran en el absurdo aunque el intercambio comercial, muy favorable para la RPCH alcanzara los 2 mil millones de dólares anuales. Pero nadie debería fundar nuestra decisión  en que nos va a proporcionar mayor asistencia técnica o financiera. Porque eso rebaja la dignidad nacional y nos proyecta como una nación mercantilista. Ya el senador norteamericano Marco Rubio, ignorando la realidad universal,  nos acusó de dejarnos sobornar por China, cuando sólo hicimos lo que su país decidió hace 39 años.

Nos ha costado mucho esta decisión de soberanía y dignidad nacional, adoptada desde mediados del año pasado, (cuando la publicamos), tras lo cual Taiwán desarrolló una ofensiva desesperada buscando revocarla. En julio envió al país a su canciller, que no fue recibido por su homólogo Miguel Vargas ni por el presidente Medina. En agosto vino el ministro de Defensa, y en noviembre el vice canciller. En Octubre la presidenta de Taiwán cursaba invitación al presidente Medina para una visita oficial, y hace apenas semanas tres buques de las fuerzas navales taiwanenses visitaron el país.

No dejaba de ser penosa la decisión de desconocer a Taiwán, después de décadas de cooperación, pero era cuestión de dignidad. En el comunicado en que anuncia su retiro total del país se expresa que “condenamos enérgicamente  la decisión de China Popular de utilizar la diplomacia del dólar para comprar los aliados diplomáticos de Taiwán”. Eso implica una acusación de que nos vendimos y una desproporcionada reacción, tal vez motivada porque todavía en febrero estábamos firmando un acuerdo de cooperación, y recibimos una contribución de 3 millones de dólares para microempresas, y cientos de ambulancias y motocicletas, cuando ya habíamos decidido un divorcio que debió ser más conciliado.

Más allá del agradecimiento por la asistencia técnica y la amplia ayuda financiera de Taiwán durante décadas, hay que reconocer la tremenda laboriosidad de ese pueblo de 23 millones de seres humanos, que levantó un emporio económico en una isla un tercio menor que el territorio dominicano, favorecido por haber sido convertida en frontera de contención del comunismo chino. Fue un error estratégico no haberse declarado independiente en plena guerra fría cuando habrían conseguido reconocimiento, en vez de seguir proclamándose como la nación china. Con todo, merecen la mejor de la suerte, que la peor sea un estatus semejante al de Hong Kong, que ha mantenido relativa autonomía y su gran prosperidad económica.-

Las costosas primarias de Danilo con entre 110-327 mil precandidatos

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El presidente de la JCE puso en jaque el proyecto de ley con primarias abiertas aprobado por el Senado, por su elevado costo económico, que además resultaría impracticable al involucrar por lo menos 110 mil precandidatos en 26 boletas   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

La declaración del presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños, de que la elección obligatoria de los candidatos de todos los partidos para las elecciones del 2020 con padrón abierto costarían 5 mil 628 millones de pesos, sacudió los ámbitos políticos esta semana, mientras seguían las objeciones al proyecto de ley.

Lo que no ha hecho la JCE es un estimado del número de precandidatos a los que habría que contarle votos individuales, los que en boletas separadas de al menos 26 partidos oscilarían entre 110 mil y 327 mil, un descomunal desafío organizativo  con un cómputo  imposible en el plazo de tres días que establece el proyecto aprobado por el Senado.

Imposible de materializar

El proyecto original sometido por la JCE desde el 2011 establecía la obligatoriedad de elecciones primarias sólo para los partidos “mayoritarios”, es decir los que reciben más del 5 por ciento de la votación, que actualmente serían cuatro, el de la Liberación
Dominicana (PLD) el Revolucionario Moderno (PRM), Revolucionario Dominicano (PRD) y Reformista Social Cristiano (PRSC). Podrían escoger el padrón abierto o cerrado y en la fecha de su conveniencia dentro de un plazo; organizadas por ellos mismos, o por el órgano electoral, pero costeado del subsidio estatal.

Pero el proyecto aprobado por el Senado y remitido esta semana a la Cámara de Diputados  establece en su artículo 42 que “Todos los partidos políticos, agrupaciones y movimientos políticos procederán en forma obligatoria a seleccionar sus candidatos a cargos de elección popular, mediante elecciones primarias abiertas, y simultáneas, en todo el territorio nacional, en un solo acto electivo, con voto secreto”.

El proyecto no hace excepción ni siquiera en los casos de alianzas o coaliciones políticas, lo que implicaría a los 26 partidos actualmente reconocidos, que junto a nuevos y agrupaciones locales podrían llegar a la treintena. Debe asumirse que cada organización tendrá que tener al menos una extensa boleta con sus precandidatos a nivel presidencial, congresual y municipal, que para el 2016 totalizaban 4,106. Si se depositan en urnas comunes, habría que separarlas para iniciar el escrutinio.

Podrían llegar a 320 mil   

Se ignora si los promotores del proyecto calcularon la cantidad de precandidaturas que implicarían esas primarias, lo que no es tan difícil partiendo de tres aspirantes por partido a cada uno de los 4,106 cargos electivos, límite que establecía el proyecto de la JCE, pero que desapareció en el del Senado. Asumiendo que promedien tres, el total por partido serían 12 mil 318, que por 26 partidos totalizarían 320 mil 268 precandidatos.

Si se quiere un cálculo conservador, asumiendo que los cuatro partidos mayoritarios mantengan el promedio de 3 precandidatos por cargo, sumarían cada uno 12 mil 318, que  totalizarían 49 mil 272. Con otros 6 partidos que lleven dos candidatos a cada cargo, los aspirantes se duplicarían a 98 mil 544. Asumiendo que sólo 13 agrupaciones postulen, y los otros 3 con sólo un precandidato por cargo, habría que agregar otros 12 mil 318 y entonces el gran total sería de 110 mil 862 precandidaturas.

Con cualquiera de los dos cálculos, la JCE tendría serias dificultades para computarles sus votos individuales al mismo tiempo, y ni hablar de que pueda concluirlo en el plazo de 72 horas, ni proclamar los ganadores en la primera semana de diciembre, cuando las primarias serían en el tercer domingo de noviembre, según el proyecto aprobado. El artículo 40 indica que la precampaña se iniciaría el tercer domingo de agosto del año anterior a las elecciones, y que la escogencia de candidatos sería tres meses después. En febrero se celebrarían las elecciones municipales y en mayo las presidenciales y congresuales, con la eventual segunda vuelta en julio, lo que podría implicar cuatro procesos electivos en 8 meses.

En los comicios del 2016 la JCE sólo computó individualmente los votos para elegir 190 diputados nacionales, que con un promedio de 12 aspirantes, incluidas las alianzas, habrían sido sólo 2,280, y en cientos de colegios no se hizo este cómputo y terminaron anuladas los preferenciales. El resultado final tomó dos semanas. Tanto la JCE como muchos dirigentes políticos han considerado casi imposible cumplir la ley que instituye el voto preferencial para los cargos municipales desde el 2020, que sólo serían unos 3 mil 900 que por 12 aspirantes (incluidas alianzas) totalizarían 46 mil 800.

Un costo muy elevado

            Al hablar el miércoles ante la Cámara Americana de Comercio, el doctor Castaños Guzmán informó que un estimado realizado por la Dirección General de Elecciones de la JCE sitúa el costo que tendría organizar las primarias de todos los partidos simultáneamente en 5 mil 628 millones de pesos.

Aunque los defensores del proyecto de ley aprobado por el Senado consideraron exagerado ese monto, no lo parece si se compara con los 4 mil 980.4 millones de la ejecución presupuestaria de la JCE para las elecciones del 2016, cuando sólo se manejó una boleta por cada nivel de elección. En las prima4rias podrían ser 26 boletas con los tres niveles de candidaturas juntos, ó 78 si se separan por presidencial, congresual y municipal.

El costo estimado sería equivalente al 42 por ciento de los 13 mil 480.4 millones de pesos que el Estado ha gastado en subsidio a los partidos en los 20 años de instituido a partir del 1998. Superaría en 4 mil 18 millones de pesos, el subsidio entregado a todos los partidos para las elecciones del 2016.

El proyecto aprobado por el Senado establece, en su artículo 54, que los costos de las primarias “serían deducidos” del aporte que daría el Estado a los partidos, pero el estimado de la JCE, supera en 250  por ciento el subsidio de los comicios pasados, y sería más del doble del monto del 2020. Aparte estaría la inversión de los por lo menos 110 mil precandidatos buscando votos en el universo de los electores.

En la Cámara de diputados

            Cada vez es más generalizada la convicción de que no habrá ley de partidos ni una nueva ley del Régimen electoral para los comicios del 2020 y que la JCE tendrá que cumplir su promesa de  establecer los reglamentos para garantizar la equidad y transparencia, como le faculta el artículo 212 de la Constitución. Por eso esta semana el partido Alianza País, que lidera Guillermo Moreno, intimó al organismo para que proceda en consecuencia.

El proyecto de Ley de Partidos llegó el jueves a la Cámara de Diputados, presidida por un declarado opositor a las primarias abiertas, Rubén Maldonado, un  seguidor del expresidente Leonel Fernández, quien ha reiterado que no habrá imposición y se decidirá democráticamente, sin ninguna prisa, tras el estudio de la comisión correspondiente. Los diputados realizan su propio estudio de los dos proyectos introducidos por la JCE.

El jueves la dirigente peledeista Alejandrina Germán se quejó de que el Comité Político de su partido evadió la responsabilidad de decidir si las primarias deben ser abiertas o cerradas, olvidando que en el 2014 había optado por dejar en libertad a cada partido de escoger el método, como establece el proyecto de la JCE. Y según los acuerdos que el PLD adoptó en el 2015 para pactar a reforma constitucional, ahora ese organismo tendría que decidir por consenso y si no con al menos 75 por ciento de sus votos. Mientras el expresidente Fernández decía en Nueva York que si imponen lss primarias  de manera forzada “habrán vencido, pero no convencido”.

Intrigas contra oposición

            Los once partidos de oposición que sostienen posición común ante la Ley de Partidos, fueron esta semana a la Cámara de Diputados para reiterar su rechazo al padrón abierto y reclamar que se priorice la Ley del Régimen Electoral, lo que podría ser también una opción para ese órgano legislativo. Coincidieron  con ellos allí los dirigentes de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica, que agrupa a miles de iglesias protestantes.  .   

            Mientras crece el rechazo político y social al intento de imponer un único método de elección de candidatura, comienzan las denuncias de intentos de sobornos para lograr unos 30 votos de diputados, o ausencias, que faltarían para poder aprobar las primarias abiertas. El vice-vocero del PRSC en la cámara, Pedro Botello, denuncio ofrecimientos de personeros para conseguir votos.

La ofensiva incluyó la puesta en difusión de una vieja entrevista televisiva al expresidente Hipólito Mejía donde él defendía el padrón abierto, determinando que su vocero aclarara que eso fue el 7 de enero y que “luego el propio presidente (Mejía) ha reiterado que aunque está de acuerdo con primarias abiertas, respeta y apoya la decisión del PRM, su partido, que aprobó que sean primarias cerradas”. Pese a ello la entrevista ganó primeras páginas en varios diarios.

Una fotografía de Mejía con el presidente Dahilo Medina el lunes, durante la inauguración de un centro de convenciones privado en Santiago, fue ampliamente difundida por órganos gubernamentales y sus voceros. Medina muy sonriente aparece de brazos cruzados, mientras Hipólito se le engancha con un brazo. La gráfica también de primera página en diarios generó intrigas y especulaciones.-

Los pobres partidos opositores

Por Juan Bolívar Díaz

A1

Con mucha frecuencia y en todos los sectores de la sociedad dominicana se escucha el lamento sobre la pobreza, la incapacidad y falta de propuestas de los partidos dominicanos de oposición. En unos por interesada conveniencia, en otros por complicidad y también por ignorancia. Muchos porque quisieran otro resultado de la actividad política.

La frustración es tan extendida que los partidos figuran entre las instituciones públicas de menor credibilidad en el país, con aprobación fluctuante entre 15 y 20 por ciento en las encuestas nacionales de las firmas Gallup, Penn o Asisa, o en las internacionales como Barómetro de las Américas o Latinobarómetro.

En realidad la crisis de los partidos es hoy universal, incluyendo a los viejos templos políticos europeos, socialistas, socialdemócratas, democristiano, y comunistas, tan malparados que muchos creen que las ideologías desaparecieron para siempre, un craso error, demostrado por el resurgimiento de los nazi fascistas. La crisis de los dos grandes partidos norteamericanos no hay que demostrarla, que para eso está ahí Donald Trump.

Si eso ocurre en las naciones donde más de desarrolló la cultura democrática, con instituciones centenarias, mayor explicación en las incipientes del tercer mundo. El caso dominicano es de los que acumula mayores tropiezos históricos en la creación de la cultura democrática, por el arraigo de la imposición, el exterminio, la exclusión y el caudillismo como forma de dominación política, desde la brutal colonización y el régimen esclavista, al reparto de la isla y el reinado de piratas, corsarios y filibusteros.

En ninguna otra nación latinoamericana los fundadores quedaron tan inmediatamente excluidos, aislados, exiliados y hasta fusilados, como en esta,  y la dominación prolongada y sistemática, al margen de todo derecho, apenas ha dado treguas signadas por la anarquía derivada de la falta de cultura democrática y participativa.

El actual dominio de todas las instituciones del Estado, con los poderes legislativo, judicial y municipal, con los organismos de control, incluyendo una alta proporción de los medios de comunicación, de las organizaciones sociales de todo género, en especial las sindicales, es la nueva forma de expresión de la gobernanza antidemocrática. Parece la “dictadura con apoyo popular” que una vez postuló erráticamente el profesor Juan Bosch, pero sin las virtudes que él propugnaba en la actividad política.

Ello ha sido posible por el auto debilitamiento de los partidos que debieron encarnar la alternativa, por su incapacidad para la renovación, además de la crisis de propuestas ideológicas y programáticas. Pero también por el uso y abuso público del Estado para corromper y pervertir el liderazgo y destruir las posibilidades de alternativa, además de la manipulación de los órganos electorales y judiciales en manos de dirigentes partidistas.

Claro que no todos los partidos son exactamente iguales, y que incluso los hay donde predomina un discurso más democrático, con visión y propuestas. Pero son tan pobres de recursos y medios de comunicación que no pueden competir con los dominantes.

Todos debemos reconocer que la corrupción y la cooptación no es sólo del liderazgo político, sino que abarca fuertes estamentos del sindical, profesional, académico, empresarial, comunicacional, comunitario  y hasta religioso. Si las debilidades fueran sólo de los partidos, hace tiempo que la sociedad los hubiese sustituido.

Como no hay posibilidad de democracia sin partidos, hay urgencia de salir al rescate de la política. Para ello hay que comprender los procesos sociales y hacer conciencia de que la disolución de los partidos afianza la dominación y conduce a crisis sistémicas que la experiencia reciente ha demostrado que resultan remedios tan malos como la enfermedad.

Hay que abandonar el discursito de “los pobres partidos opositores” o alternativos. Son pobres todos, aunque los que están en el poder han acumulado una enorme riqueza a costa de toda la sociedad para afianzar la dominación comprando todo lo posible, y con gran indulgencia social. Ellos son los que merecen mayor atención y desaprobación.-

La Encuesta Nacional de Inmigrantes destroza el discurso ultra nacionalista

Programa Nacional de Regularización de ExtranjerosLa ENI-2017 vuelve a romper el mito de la invasión, al situar la inmigración haitiana en casi 500 mil personas, el 5 por ciento de la población nacional, aunque creciendo,  y evidencia que decenas de miles de sus descendientes nacidos aquí están en apátridia 

                                                Juan Bolívar Díaz

            La Segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), cuyos resultados fueron publicados esta semana, guarda proporción con la primera del 2012, rompiendo el mito de la invasión haitiana que sustenta el discurso xenófobo de los ultra nacionalistas, que ahora tratan de restar méritos a una  investigación científica.

            El estudio de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), avalado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, evidencia también que decenas de miles de descendientes de inmigrantes nacidos en el país, han quedado en la apatridia, a pesar de la Ley 169-14 que amortigua los efectos de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.    

Son menos de medio millón

            Los primeros resultados de la ENI-2017 guardan bastante coherencia con la primera, efectuada en el 2012, volviendo a destrozar el discurso ultranacionalista que ha fijado en el imaginario de gran proporción de los dominicanos la idea de que “estamos siendo invadidos por los haitianos”, con exageraciones de hasta dos millones.

            Según la investigación, el total de los inmigrantes en el país al año pasado sería de 570 mil 933 personas, equivalentes al 5.6% de la población nacional, de los cuales 497 mil 825 provienen de Haití, representando el 4.89 por ciento de 10 millones 189 mil 895  residentes en el país. En relación a la ENI-2012, cuando representaban 4.72%, se registra un crecimiento absoluto de 48 mil 301 haitianos, equivalente al 9.20% en cinco años. 

            Pero contrario a la creencia generalizada, el incremento de los últimos cinco años es menor al que se registró en el quinquenio anterior a la primera ENI del 2012. El 62% de los inmigrantes registrados entonces había llegado al país en el período 2006-12, y el 80.7 desde el 2000. Resalta que 176, 875, el 38.6 %,  ingresaron ó entre el 2010 y 2012. Mientras en los dos años anteriores a la última encuesta, 2015-17,  el incremento fue de 131,594 inmigrantes, ahora sólo el 26.4% del total, con reducción de 45 mil 281, ó 26%. 

            Al igual que en la encuesta anterior, la ENI-2017 muestra que la inmigración haitiana tiene una gran movilidad, porque aún cuando sigue en incremento, también una parte de los anteriores se van se regreso o son deportados, lo que ocurrió con decenas de miles en el 2014, al vencer el plazo para acogerse al Programa Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).El mayor incremento histórico tuvo efecto en los dos años que siguieron al terremoto que devastó a Haití en el 2010.

Con pocas variaciones

            Cuando se comparan los resultados de la ENI-2017 con la del 2012 se comprueba que hay pocas variaciones, no sólo en los totales, sino también en la distribución geográfica y por actividades económicas. Los haitianos eran 87.3 % y ahora el 87.2% de los inmigrantes. El 77.9% se dedicaba a tres actividades: agropecuaria 35.7%, construcción 25.9 y comercio el 16.3%.Cinco años después la variación del total es sólo de 1.5%, totalizando 76.4%, con mínima reducción de los dedicados al agro, ahora 33.8%, y casi igual en la construcción, 26.3% y sin variación en el comercio.

            Como es normal en todos los movimientos migratorios, en los provenientes de Haití dominan los jóvenes, en 76%. y los hombres en 61.6%. La mayor concentración está en el gran Santo Domingo, con 35.7%, Casi lo mismo, 35%, se ubica en la gran región del Cibao, dividida en norte, sur, nordeste y noroeste. 

            La gran variante registrada por la ENI-2017 se refiere a los llegados de Venezuela, que desplazaron a Estados Unidos que con 13 mil 514, constituía la segunda fuente de inmigrantes al país. Los venezolanos pasaron de 3 mil 434 a 25 mil 872, para un incremento de 653% en los últimos cinco años. Los procedentes de Estados Unidos se redujeron ahora en 3 mil 498, un 25.9%.

            En lo referente a los descendientes de haitianos nacidos en el país resalta que sólo 6.6% carece de alguna instrucción, con 48.3% en el nivel primario o násico, 35.7% en el secundario y 7.6% con el universitario, y 951 alcanzaron postgrado, maestría o doctorado. 

 Documenta la apatridia 

            Aunque las autoridades nacionales niegan sistemáticamente que en el país haya apátridas, como sostienen organismos internacionales y entidades nacionales que defienden derechos humanos, la ENI-2017 indica que más de cien mil personas han quedado en un limbo, equivalente a la apatridia, a pesar de la Ley 169-14 que trató de enmendar la desnacionalización masiva producida por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.

            Esta investigación documenta que en el país residen 253 mil 255 hijos de haitianos, o por lo menos de uno de los dos progenitores, nacidos en territorio nacional, con un incremento de 43 mil 343, un 8.6% en relación a la del 2012. Si estos últimos nacieron desde el 2012 de inmigrantes indocumentados, ya no tienen apelación para que los documenten como dominicanos, ya que la Constitución del 2010 los excluyó.

            La inmensa mayoría de los 209 mil 912 restantes nacieron antes de la prohibición constitucional y deben ser considerados entre los excluidos por la sentencia 168-13, retrospectivamente hasta 1929, y que luego la ley 169-14 trata devolverle la ciudadanía a los que ya habían sido registrados, y daba oportunidad de acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), a los que nunca fueron inscritos.

            Tras la promulgación de la Ley 169-14, hace cuatro años, la Junta Central Electoral publicó en dos diarios un listado con más de 55 mil personas, indicándoles que podían pasar por las oficialías civiles para recuperar sus actas de nacimiento y cédulas de identidad. Pero hasta enero pasado, sólo 21 mil 850 lo habían logrado, y los que  pudieron inscribirse en el PNRE fueron sólo 8 mil 755. Ambos suman 30 mil 645, faltando 179 mil 267, cuyo estatus queda indefinido, pero que seguirán en el país, serían apátridas y, peor aún, transmitirán esa condición a sus descendientes que nazcan aquí, pues no podrán declararlos como dominicanos. Eso seguirá pesando contra la nación en los organismos internacionales y constituye un desafío para el gobierno que auspició la ENI.  

También cuestiona el PNRE

            La ENI-2017 también cuestiona el programa de regularización de extranjeros, que da tumbos desde hace 4 años, y aunque 250 mil 241 fueron aceptados con el estatus provisional de inmigrantes, hasta julio pasado sólo 230 mil 65 habían recibido el carnet provisional. Un ínfimo 3%, 7 mil 834, habían podido llenar todos los requisitos para obtener el estatus definitivo de inmigrante regularizado.

            Al comenzar este año la Dirección General de Migración suavizó los  requerimientos, para facilitar la regularización, que todavía aún genera tumultos en las oficinas habilitadas. La realidad es que funcionarios, políticos y ciudadanos no acaban de entender el objetivo de la regularización y en gran proporción no colaboran y niegan a los inmigrantes las certificaciones de empleo, de vivienda, de arraigo  y otros. 

            En cualquier caso, si los inmigrantes haitianos son ahora 497 mil 825, según la ENI-2017, quiere decir que hay un excedente de 267 mil 760, un 116 por ciento por encima de los habilitados provisionalmente para ser regularizados.    

El grito de los nacionalistas    

            Frente a l desmitificación que contiene la ENI-2017, los ultranacionalistas han procedido a restarle validez, llegando a configurar una “conspiración” del gobierno, que la auspició y la presentó, a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, ejecutada por la Oficina Nacional de Estadística, al igual que la ENI-2012 realizada durante la gestión presidencial de Leonel Fetrnández. Entonces los ultranacionlistas controlaban la Dirección General de Migración y el Consejo Nacional de Fronteras. Y en ese período ingresó el 62% de los inmigrantes haitianos que registró la encuesta.     

            El ex director de Migración, José RicardoTaveras,  reaccionó esta semana diciendo que sólo en Santiago hay 500 mil haitianos, aunque la población del municipio es de un millón de habitantes y millón y medio en toda la provincia, lo que implica que habría un haitiano por cada dos o tres santiaguenses, un absurdo. 

            Pero es que durante años, y aún después de la ENI-2012, se ha insistido en que los haitianos en el país pasan del millón y hasta de dos millones. El mismo presidente Danilo Medina dijo en una cumbre de la CELAC en Jamaica, en el 2014,0 que el país acogía a más de un millón de haitianos. Y el juez constitucional Víctor J. Castellanos dijo en marzo durante una conferencia en Montecristi que pasan del millón y medio. 

            La ficha técnicas de la encuesta indica que abarcó 73 mil viviendas, distribuidas en 912 unidades primarias de muestreo científico, con 223 mil 528 personas entrevistadas por técnicos de la ONE, de las cuales 24 mil 547 eran inmigrantes. Tuvo la asistencia técnica del Programa de Población de las Naciones Unidas y el patrocinio económico de la Unión Europea. Si con todo eso no merece crédito, entonces hay que descalificar todas las encuestas de opinión que abarcan de mil a 2 mil personas aquí y en todo el mundo.-   

Comparación de los resultados ENI-2012 y ENI-2017

 

ENI-2012

ENI-2017

Variación  Absoluta

Porcentaje %

Población total 

9,716,940

10,189,895

472,955

4.87%

Población nativa 

9,192,308

9,618,962

426,654

4.64%

Población de inmigrantes 

524,632

570,933

48,301

9.20%

Nacidos en Haití

458,233

497,825

39,592

8.64%

Descendientes de haitianos nacidos en RD 

209,912

253,255

43,343

20.64%

Población de inmigrantes más sus descendientes 

768,783

847,979

79,196

10.30%

Llegados  desde Haití en los dos años anteriores 

176,878

131,594

-45,284

-25.60%

Inmigrantes Venezolanos 

3,424

25,872

22,438

653.40%

      Elaborado por JBD en base a los datos oficiales  de las ENI-2012 y ENI-2017

 

Otro desafío a la Procuraduría

A1

Los danilistas se lanzan contra todos en una inexplicada locura política

A1Al aprobar el proyecto de ley de partidos con padrón abierto el Senado danilista escoge la confrontación con casi todo el sistema político y las entidades sociales, con riesgo de profundizar la división del PLD y dificultar la gobernabilidad nacional

Por Juan Bolívar Díaz

            Aunque era una guerra anunciada, no dejó de impactar que el Senado aprobara en primera lectura el proyecto de Ley de Partidos con obligación de voto universal para escoger las candidaturas a cargos electivos, rechazando la oposición de casi todo el sistema partidista y de las instituciones sociales interesadas en la institucionalidad democrática.

La mayoría senatorial del presidente Danilo Medina expone al país a quedarse una vez más sin las normativas electorales y hace temer mecanismos de corrosión y corrupción política para que pase en la Cámara de Diputados y aún así a un extenso y peligroso proceso de impugnaciones constitucionales ya anunciado.

El gobierno contra todos

            La decisión de los dos tercios de los senadores de imponer a todos los partidos el padrón universal abierto para la elección de candidaturas adoptada en primera lectura el miércoles, abre una guerra de quienes controlan el gobierno contra casi todo el sistema político y social, que de ser ratificada en segunda vuelta la próxima semana, dividiría hasta al propio partido gobernante, seis de cuyos senadores y los dos de oposición, se oponen firmemente a un método ya declarado inconstitucional en el 2005.

Han ignorado la oposición del sector del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que encabeza el actual presidente de la organización y presidente de la República en tres períodos, Leonel Fernández, del bloque de los 11 partidos de oposición y del Foro Permanente de Partidos Políticos donde participan casi todos los aliados electorales del peledeísmo. El único en respaldarlo ha sido el aliado Partido Revolucionario Dominicano.

Han despreciado también las opiniones de la mayoría de los politólogos y juristas y de las instituciones sociales más interesadas en el fortalecimiento institucional, como la Fundación Institucionalidad y Justicia y Participación Ciudadana,  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de  Industriales de Herrera y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que dos días antes, en reunión con el presidente de la Cámara de Diputados  había pedido concertación política para dejar que cada partido escoja el sistema de elección de candidatos que prefiera, como establecen sus estatutos.

Hasta el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños, ha advertido de las inconveniencias de esa imposición, por razones constitucionales y organizativas, y  tras la aprobación senatorial pidió que la fórmula que se apruebe “sea de paz y consenso”.

Sólo interés presidencial

            El camino de confrontación escogido es más grave por cuanto los observadores lo atribuyen al único interés del presidente de la República, tanto que muchos temen que sólo por esa razón terminará pasando en segunda lectura en el Senado y en la Cámara de Diputados y luego hasta en el Tribunal Constitucional. Se le asocia al proyecto  de abrir espacios, a otra reforma constitucional para la reelección, como advirtió el obispo Víctor Masalles, o para un delfín que impida el temido retorno al poder de Leonel Fernández.

Como Danilo Medina no responde cuestionamientos de la prensa ni políticos o sociales, se ignora cuál es su posición definitiva, pero se entiende que “tira la piedra y esconde la mano”, y podría estar interesado en dar un golpe de efecto con su control senatorial en momentos en que las encuestas lo han presentado a la deriva y con el ex presidente Fernández recuperando terreno perdido.

Más necesario aún cuando la OEA acaba de publicar una opinión consultiva de la Comisión Europea donde se niega  que los límites a los períodos gubernamentales violen derechos humanos y desaprueba las reformas constitucionales para permanecer en el poder. También cuando la Embajada de Estados Unidos ha reactualizado un artículo del 2016 donde se aboga por limitar los mandatos presidenciales para preservar la institucionalidad democrática.

Medina parece arriesgarlo todo, pues la persistencia en imponer el padrón abierto podría desatar resistencias más allá del asunto en juego y hacerlo perder el tiempo cuando entra en la segunda mitad del periodo, con inmensos límites fiscales que le impiden responder a los grandes desafíos sociales.

Fuerte reto a la oposición

Se da por hecho que la mayoría senatorial ratificará en segunda lectura su proyecto de Ley de Partidos, y que el desafío tendrá lugar en la Cámara de Diputados, donde la oposición deberá emplearse a fondo para evitar que una parte de sus miembros sean “conquistados” por el poder gubernamental.

Los dos tercios de los 190 diputados, necesarios para aprobar leyes orgánicas como lo es la de partidos, serían 127. Al danilismo se le atribuyen 76 de los 106 del PLD,  más 14 del PRD y 5 de otros aliados y 1 reformista para totalizar 96, lo que implica casi un empate con los 94 diputados restantes de partidos opuestos al padrón abierto, 50 de los cuales están en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), incluidos varios del PRD que emigraron.

Para aprobar su proyecto, al PLD-Danilo le faltarían  unos 31 votos, casi los mismos 30 que se le atribuyen a Leonel Fernández. Otros cálculos los reducen a 27, la tercera parte de los que “conquistaron” para la reforma constitucional del 2015, razón por la cual muchos creen que volverían a lograrlo, lo que constituye un desafío definitivo al leonelismo y a los partidos de oposición, especialmente al PRM y al Partido Reformista con sus 11 votos.

Los propagandistas del danilismo cuentan con un grupo de los diputados seguidores de Hipólito Mejía, porque este favorecía las primarias abiertas, aunque ha dicho que acata la decisión mayoritaria de su partido. Si no lo hacen declararían un cisma corrosivo en el mayor partido opositor.  El dinero, los contratos y otros favores del Estado pudieran “conquistar” la treintena de votos, pero a un costo moral alto, generador de más crispación que la que dejó la reforma constitucional del 2015, y mayor ingobernabilidad, ya que ahora no habría acuerdo interno en el PLD.

El problema constitucional

Las perspectivas apuntan a que la ley de partidos seguirá dando tumbos en el Congreso, 20 años después que se redactara el primer proyecto y a 15 años que llegara al poder legislativo. Porque si el gobierno logra imponer el padrón abierto, la oposición ya adelanta que apelaría al Tribunal Constitucional, buscando revalidar la declaratoria de inconstitucionalidad que liquidó ley del 2004 que estableció las primarias abiertas y simultáneas bajo responsabilidad de la Junta Central Electoral. Por más rápido que la  despachen, una instancia de esa categoría llevaría meses y elevaría la confrontación política con recelos de que el poder presidencial siga doblegando la institucionalidad democrática.

Las  reacciones a la primera aprobación senatorial han sido premonitorias, por el retiro de los 6 senadores que siguen a Leonel y los dos del PRM, mientras el pre-candidato de este partido a la candidatura presidencial Luis Abinader la catalogó como “una insensatez que provocaría niveles de crispación e inestabilidad innecesarios”. El  vicepresidente de la FINJUS, Servio Tulio Castaños, dijo por Teleantillas que si se impone el padrón abierto, sería una locura política que convertiría los partidos en corporaciones.

El tráfico de dinero en las campañas se incrementaría y generaría la disolución de los partidos por las luchas internas entre precandidatos que tendrían una cantera de votos a “conquistar” en más de la mitad de quienes no votarían para elegir candidatos. En las elecciones presidenciales la abstención histórica es del 29 por ciento, pero en las congresuales y municipales apenas el 50 por ciento. La riqueza de cualquier origen y el clientelismo estatal serían definitivos en las escogencias de candidatos, y la JCE tendría que montar al menos tres elecciones en medio año y cuatro si hay doble vuelta en la presidencial..

Las reformas en el limbo

Hay quienes creen que la ofensiva senatorial danilista es un elemento de distracción y que en última instancia se conformarían con que el proyecto quede empantanado, ya que la oposición tampoco reúne los dos tercios necesarios para aprobar esta ley orgánica. De esa forma evadirían la regulación de los partidos y sus elecciones primarias, lo que les permitiría seguir sirviéndose con la cuchara grande en todo el proceso electoral,

Se asume que la confrontación que bloquearía la ley de partidos impediría también las más importante y trascendente Ley del Régimen Electoral, especialmente en lo concerniente a las sanciones de los abusos del Estado en las campañas electorales que tanto han ayudado a los triunfos peledeístas, especialmente en las dos elecciones de Danilo Medina, a partir del 2012, cuando dispararon el déficit fiscal del gobierno central a los 150 mil millones de pesos.

Tanto el bloque de partidos de oposición, como las entidades de la sociedad civil han demandado que las dos leyes se aprobaran juntas,, o que se privilegiara la más importante, del Régimen Electoral, pero los peledeístas las han mantenido separadas, privilegiando la de partidos. Y de hecho, ya se está acabando el tiempo para que la ley  regule las campañas por las candidaturas del 2020, que ya están en marcha.-

¡Que pena Lula, que pena!

A1Por Juan Bolívar Díaz

Ya para muchos y para la historia quedará la sensación de que el carismático expresidente de Brasil Lula da Silva ha sido víctima de un linchamiento político, por las debilidades de las pruebas de corrupción por la que se le condenó, apenas el testimonio de un imputado que negoció una “delación premiada”. Incluso es posible que esta condena con mínimo fundamento reste mérito al histórico papel de los fiscales brasileños que han documentado la corrupción del empresariado y los políticos, extendida por el continente.

Es muy probable, que en el caso de Lula las motivaciones políticas, el interés de liquidar su posible retornase al poder hayan predominado sobre la justicia. Aún asumiendo el testimonio de que el apartamento de  Sao Paolo fuera comprado para Lula, han faltado elementos probatorios exigidos en toda buena justicia, aún en caso de los peores y reincidentes delincuentes. No ha aparecido un título de propiedad, ni prueba de que Lula o sus familiares lo hayan habitado.

El caso es más triste cuando se recuerda que la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, fue destituida en juicio político del Congreso en el 2016, año y medio después de ser reelecta,sin acusación . No la acusaron de corrupción, sino de haber maquillado cifras fiscales, cosa común en el mundo. En ambos casos parece haber predominado el interés de poderosos sectores que querían destruir el mito Lula y sus perspectivas. Fue sustituida por Michel Temer, sobre quien pesan graves indicios de corrupción, pero sigue en el poder.

Más amargo que comprobar los pujos de los grupos dominantes preocupados por la caída del gran crecimiento  de los esplendorosos años del poder de Lula, es saber que éste, como Dilma y gran parte del liderazgo de su partido, son responsables del desastre de corrupción en que devino Brasil, ampliamente documentado en el mensalao, em los contratos multimillonarios de Petrobras y en el entramado de Odebrecht exportado a  una docena de países, incluyendo la República Dominicana, su sede alternativa.

Ningún argumento político ni conmiseración ante los humildes orígenes de Lula y Dilma pueden convencernos de que ellos desconocían los niveles de corrupción que quedaron patentes desde que en noviembre del 2012 recibió una primera condena de 12 años de cárcel José Dirceu, quien fuera jefe del gabinete de Lula y presidente del Partido de los Trabajadores. En este caso abundaron las pruebas de que él dirigía el Mensalao de Petrobras, por lo que luego en el 2016 sus condenas se extendieron a 30 años de cárcel.

Hasta prueba en contrario, Lula ni Dilma se enriquecieron, pero es difícil creer que eran tan distraídos para no enterarse cómo se financiaba a los partidos, líderes políticos y congresistas de todos los colores, porque estúpidos no son. Al menos pecaron de corrupción pasiva, sin olvidar que ambos estuvieron vinculados a operaciones de Odebrecht y premiaron al presidente Danilo Medina con Joao Santana y Mónica Moura los asesores operadores del financiamiento político de la constructora, ampliamente documentado.

Lula vino al país promoviendo las contrataciones de Odebrecht y Dilma apoyó las plantas de Punta Catalina, adjudicadas bajo compromiso de financiamiento del Banco de Desarrollo del Brasil, que no pudo cumplir por los escándalos que la salpicaron.

Un informe de la comisión del congreso peruano que investigó las operaciones de Odebrecht documentó que tres empresas asociadas transfirieron 4.5 millones de dólares en 16 depósitos a la firma Cine&Art 2013, creada en Santo Domingo por los hijos de Joao y Mónica. Hace un año cuatro entidades sociales entregaron a la Procuraduría hasta el número de la cuenta bancaria de los depósitos, sin ninguna reacción.

Yo figuré entre tantos que ponderaron la gestión de Lula, que concluyó con aprobación del 80%, la substancia social que regeneró de la pobreza a unos 30 millones de brasileños. Lo aprecié personalmente cuando compartimos tres días como oradores invitados a un seminario en Berlín en 1997 y en Teleantillas donde lo entrevistamos por casi una hora. Pero no puedo tapar el sol con mis preferencias. Si no se corrompió personalmente, Lula patrocinó la corrupción en la política brasileña y más allá. Y eso merece por lo menos una sanción moral, si no se presentan pruebas contundentes.

Me quedo con la memoria de Nelson Mandela y José Mujica, a quienes el poder no logró obnubilar. ¡Que pena Lula, el limpiabotas, el obrero superado, que pena!