Reivindicación de la Navidad

Por Juan Bolívar Díaz

Cada vez parece más difícil encontrar en las festividades navideñas el espíritu que las originó,  su significado determinado esencialmente por el nacimiento de Jesús de Galilea, el enviado de Dios o el mesías, o el líder más exitoso de la historia, que llegó al mundo para proscribir el ojo por ojo y diente por diente y predicar el amor y la solidaridad entre los seres humanos, como fundamento de la paz.

Tal vez se deba a que la enorme concentración de la riqueza está rompiendo todos los parámetros de la convivencia y determinando que la existencia social sea hoy una lucha cuesta arriba por la supervivencia, en medio de profundos resentimientos que cada vez con más frecuencia estallan en el mundo. La explosión social en Chile, por ejemplo, hizo añicos en algunas semanas un progreso y orden social edificado en décadas, basado en la exclusión y la concentración, con abismos cada vez más profundos. 

O a lo mejor esté determinado por la violencia institucional y el fracaso de las instancias internacionales de paz que han creado un estado de desazón tan grande que nos vamos acostumbrando a las matanzas. Ahí está, como ejemplo, la que se realiza sistemáticamente contra los palestinos, justo en las tierras donde Jesús dejó sembrado su evangelio de conciliación entre los pueblos y seres humanos.

 Más probablemente porque muchos pueblos, líderes y hasta pastores han prostituido el evangelio adoptando modelos de vida y existencia que depredan la condición humana, practican un genocidio ecológico y siembran un consumismo hedonista que no respeta lo más elemental de la supervivencia del planeta que heredamos.

Por encima de todo eso, de las fiestas cada vez más paganizadas, los que creemos en las esencias del cristianismo tenemos que salir a reivindicar el espíritu y significado de la Navidad, deteniéndonos a mirar a nuestro alrededor, no para dar limosnas ni falsos abrazos de paz, sino para solidarizarnos con los que siguen sufriendo hambre y sed de justicia.

No tiene sentido que nos llamemos cristianos si sólo vamos a los templos a darnos golpes de pecho y abrir los brazos, ignorando la advertencia de Jesús, registrada por San Mateo 7,21.24-27, de que no basta gritar ¡señor señor! para entrar al reino de los cielos, sino el que hacer la voluntad del padre. “Que todo el que oye mis palabras y no hace caso a lo que digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos, y la casa se derrumbó. ¡Fue un completo desastre!”. Pero los peores de todos son esos abundantes pastores que predican un evangelio de resignación ante la pobreza, la exclusión y la opresión. Los que piden a sus fieles que cierren los ojos y se arrodillen a esperar el reino de los cielos, en vez de luchar por el amor y la solidaridad aquí en la tierra que predicó Jesús. Fue a esos a quienes se refirió Carlos Marx cuando teorizó sobre la religión como opio del pueblo.

Pero los peores de todos son esos abundantes pastores que predican un evangelio de resignación ante la pobreza, la exclusión y la opresión. Los que piden a sus fieles que cierren los ojos y se arrodillen a esperar el reino de los cielos, en vez de luchar por el amor y la solidaridad aquí en la tierra que predicó Jesús. Fue a esos a quienes se refirió Carlos Marx cuando teorizó sobre la religión como opio del pueblo.

Reivindicar la Navidad no es una teoría incierta ni ilusionista, sino recuperar la solidaridad, lo que nos obliga a rechazar con fuerzas todo género de opresión, de engaño, de manipulación política, social y hasta religiosa, a militar entre los que luchan por el reinado de la fraternidad humana aquí y ahora, para que se vaya materializando aunque sea de a poquito.  

Es también un sistemático viaje introspectivo a la profundidad de la condición humana para espantar los demonios del egoísmo, de la justificación de la corrupción cuando se trata de intereses personales. Es una firme mirada llena de respeto a los que nos rodean, una invitación a compartir lágrimas, alegrías, el pan y los plátanos de cada día.             Debemos defender las fiestas navideñas, pero acompañadas de profunda y auténtica  religiosidad, que es expandir el yo individual para descubrir el nosotros, pasajeros de una nave colectiva donde predomine el grito de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, como a nosotros mismos. Sin tregua, sin hipocresía, con pasión desterrando el sectarismo y el fundamentalismo, adscribiéndonos al augurio de paz para todos los hombres y mujeres de buena voluntad.-  

La sociedad civil decide impulsar un proceso electoral transparente

la lucha contra la corrupción realizo una marcha por la Zona Colonial comenzado de la Plaza España donde agrupo cientos de gentes de diferente clases sociales la marcha termino en la Puerta del Conde. Santo Domingo Republica Dominicana. 29 de Septiembre de 2007.
Foto Pedro Sosa.

Uno de los acontecimientos más positivos tras el inicio de la campaña electoral para las elecciones municipales de febrero ha sido el surgimiento de una concertación de organizaciones y personalidades de los ámbitos religiosos, académicos y sociales para  promover un proceso electoral transparente que fortalezca la institucionalidad democrática,

En una reunión con partidos políticos, los propulsores comenzaron el miércoles a presentar los lineamientos de su “Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, y ya tienen cita para entregarlo la próxima semana a la Junta Central Electoral (JCE), mientras tratan de incorporar las organizaciones empresariales.

Una iniciativa ciudadana

El Manifiesto es una iniciativa de la Mesa de Justicia y Transparencia del Foro Ciudadano, constituido por cientos de organizaciones y redes sociales, ahora bajo coordinación del Centro Juan XXIII, que es un agrupamiento de intelectuales, académicos y profesionales católicos. Fue dado a conocer en rueda de prensa el 4 de diciembre en el local de esta entidad, que en la parroquia Santísima Trinidad.

El primer encuentro del núcleo tuvo efecto el pasado miércoles 11 con dirigentes de partidos políticos en un salón de la Universidad Católica Madre y Maestra, cuyo rector, reverendo Alfredo de la Cruz Balderas, es parte de los promotores, al igual que el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, monseñor Jesús Castro, quien además es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Aunque fueron invitados formalmente todos los partidos, no asistieron los del bloque que encabezan el Partido de la liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, que postulan a Gonzalo Castillo para la presidencia. Si estuvieron representados los principales de la oposición, los del bloque  que encabeza el Partido Revolucionario Moderno, postulando a Luis Abinader, y el bloque que lidera el nuevo partido La Fuerza del Pueblo y el Reformista Social Cristiano, que impulsan la candidatura presidencial de Leonel Fernández. También la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Se informó que predominó un pleno respaldo a la iniciativa.

Una Comisión de Seguimiento ya tiene cita para entregar el Manifiesto el miércoles a la JCE, y con la meta de hacer lo mismo con el Tribunal Superior Electoral y las autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público. Esperan lograr la firma de un compromiso  entre los partidos para alcanzar un proceso electoral transparente y competitivo en enero, antes de las elecciones municipales del 16 de febrero.           

Objetivos del Manifiesto

El Manifiesto Ciudadano comienza planteando que “La democracia es la obra de todos. El derecho ciudadano a elegir y alternar sus autoridades a través del voto libre, personal, directo y secreto en un estado de derecho es el principal mecanismo de legitimación popular de los gobernantes”. Plantean que, no obstante, los procesos electorales dominicanos se caracterizan por “prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.

Es por eso que han decidido “convocar a todas y todos los dominicanos sin excepción, a no escatimar esfuerzos y sacrificios para rescatar la credibilidad de las elecciones nacionales previstas en el año 2020 y así salvaguardar nuestra democracia y la indispensable legitimización de sus instituciones y representantes”. Dicen estar conscientes de que la manipulación de las elecciones “facilita esa misma corrupción que impunemente roba y malversa el erario y el patrimonio público”.

La convocatoria señala las responsabilidades que corresponden a la JCE, el TSE, al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio Público, a los partidos y movimientos políticos, a los medios y redes de comunicación, así como a la sociedad civil. A la JCE le pide hacer cumplir los planteamientos constitucionales y legales para la transparencia y equidad de los procesos electorales, con una serie de disposiciones específicas.

Al Poder Ejecutivo se le llama a no comprometer las finanzas públicas en beneficio de candidaturas, que los funcionarios se abstengan a la Ley de Función Pública, y que pongan en funcionamiento la Procuraduría para perseguir los delitos electorales. A los partidos “comprometerse públicamente con la transparencia y la equidad el proceso electoral venidero, por medio de la firma y respeto de un acuerdo” a ser consensuado.        

Principales propulsores

Además de, Foro Ciudadano y los rectores de las dos universidades católicas capitalinas, entre los propulsores aparece también el Obispo de Baní-San Cristóbal, Víctor Masalles, el obispo emérito episcopal Julio César Holguín, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, la Asociación Dominicana de Profesores, el Comité Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Metropolitano de Mujeres, Participación Ciudadana, el Centro Montalvo, Centro de Investigación y Promoción Social, Consejo de Desarrollo Cívico Social, Ciudad Alternativa, Santiago Somos Todos y las fundaciones Masada, Solidaridad, Testimonio y Trópico. Así mismo entidades de bases como Acción Comunitaria para el Progreso, Articulación Nacional Campesina, Cooperativa de  Producción Social del Habita y la Vivienda, Comité para Defensa de los Derechos Barriales, Movimiento de Mujeres Trabajadoras y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales.

Un vocero del movimiento indicó que sua Comisión de Seguimiento está constituida por  el rector Alfredo de la Cruz Baldera, el reverendo Fidel Lorenzo, el empresario Franklin Báez Brugal, los académicos Rafael Toribio,  Fernando Ferrán y Fernando Peña, Jaime González, del Centro Juan XXIII, los comunicadores María Asela Alvarez y Huchi Lora, Mario Fernández, de Santiago Somos Todos,  la sindicalista Eulogia Familia y Ricardo González, del Foro Ciudadano.  

Entre las tareas inmediatas de los comisionados está la ampliación de las instituciones sociales en el movimiento, incluyendo las organizaciones empresariales, algunas de las cuales también expresan preocupación porque el proceso electoral en marcha no devenga en confrontaciones y pérdida de legitimidad que pongan en peligro no solo la institucionalidad democrática, sino también la estabilidad económica y social.

Volver a la concertación

A los propulsores del Manifiesto Ciudadano les mueve el objetivo de fortalecer la credibilidad de los partidos y la ciudadanía en los órganos rectores del proceso electoral, en especial la JCE, partiendo de que la misma necesita un fuerte apoyo para organizar un proceso electoral como dispone la Constitución y las leyes del Régimen Electoral y de Partidos Políticos.

 Partieron de los conflictos en que devino el proceso de la elección primaria hasta el punto de haber provocado la división del partido gobernante y dejando incertidumbres sobre el voto automatizado y la credibilidad en los resultados electorales. Sólo el mercado de compra y venta de votos que operó públicamente en las primarias, ha sido señalado como suficiente para motivar la presencia activa de la sociedad civil en el seguimiento al proceso electoral de febrero y mayo, más allá del trabajo de observación electoral que hace 25 años realiza el movimiento cívico Participación Ciudadana.

Estarían procurando levantar una participación como el proyecto de Iniciativas Democráticas que movilizaron a la sociedad civil por la limpieza de las elecciones de 1996, 2000 y hasta el 2004, y que apoyaron firmemente a la JCE y contribuyeron al mejoramiento de esos procesos después del traumático fraude electoral de 1994 que llevó al Pacto por la Democracia, reduciendo a dos años el período gubernamental.

“Pacto por una campaña decente”  

 Aunque el Partido de la Liberación Dominicana no asistió a la convocatoria del “Manifiesto Ciudadano” el miércoles en la PUCMM, al día siguiente el coordinador de su Comisión de Estrategia de Campaña Electoral”, Francisco Javier, emplazó al PRM y su candidato Luis Abinader “a que diga que él está dispuesto a firmar un pacto por una campaña decente. Eso tras denunciar que en enero se pondría en práctica una “campaña negativa” contra su candidato Gonzalo Castillo.

La demanda peledeista podría canalizarse en el marco de la iniciativa ciudadana, donde podrían precisarse los términos de campaña negativa y de campaña sucia, porque negativo puede ser todo lo que denuncie hasta errores, limitaciones y actitudes de un partido o candidato. Campaña sucia es la que se fundamenta en mentiras, inventos o manipulaciones o distorsiones.

Abinader y los también candidatos presidenciales Leonel Fernández y Guillermo Moreno, así como dirigentes opositores han dicho que no están dispuestos a permitir inequidades y abusos del poder del Estado, como los denunciados en las últimas elecciones generales, cuando incluso la oposición no reconoció la legitimidad de la reelección del presidente Danilo medina, y en las primarias de octubre pasado.-

A los amigos de Danilo Medina

Por Juan Bolívar Díaz

Puede ser que incurra en un par de indiscreciones que sólo podrían perdonarse en las memorias de un periodista con más de medio siglo de arraigo en la vida pública, muy cerca del poder, aunque sin caer en sus tentaciones. Pero el interés nacional me obliga a formular un pedido público a los verdaderos amigos del presidente Danilo Medina.

Ahí va la primera indiscreción: Me encontré con el expresidente Hipólito Mejía en el funeral del honorable e inolvidable Hugo Tolentino, justo a la mitad de julio, y en un aparte me atreví a preguntarle si creía que el presidente Medina persistiría en su prolongado esfuerzo de buscarse otra reforma de la Constitución para seguir en el poder por tercer período consecutivo.

Hipólito me miró fijamente y en un tono medio triste me dijo que sí, que proseguiría, “porque cuando uno está en ese cargo, ignora la realidad de la calle, ya que los más cercanos son los que primeros en engañarte”. habló con la franqueza y espontaneidad que le caracteriza, pero reflexivamente, y lo interpreté como una reiteración de su reconocimiento de que erró al persistir en buscar la reelección en el 2004, en medio del enorme daño que las quiebras bancarias habían ocasionado a su gobierno y al país.

Una semana después, en dramático discurso, el presidente Medina recapacitó y pudo leer los signos del tiempo y declinar el intento continuista en el que había invertido tanto tiempo, energías y recursos. Amortiguó en parte el tropiezo político al reconocer que las circunstancias nacionales e internacionales no favorecían que fuera el primer presidente dominicano en reformar dos veces consecutivas la Constitución en aras del continuismo.

Aquí va la segunda: Yo no puedo decir que haya sido particularmente amigo de Danilo, como lo fui de los expresidentes Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. De todos disentí cuando estaban en la cumbre del poder, sobre todo del que fuera más amigo personal, Leonel, compañero de batallas como abogado honorífico en los dos años que me tocó presidir el Colegio de Periodistas.

Pero con Danilo Medina sostuve numerosos encuentros cuando buscaba la presidencia, uno en mi propia casa, otros en la del querido colega Rafael Ovalles y en la residencia y la oficina de un apreciado empresario que lo apoyó durante años. Los tres nos encontramos  muy poco después que Leonel y el Estado le cerraran el paso a la candidatura presidencial de Danilo para el 2008, cuando muchos planteaban que como cuestión de honor él debería mandarlo todo a la porra.

Cuando pidió mi opinión le dije, con la franqueza que me caracteriza, que asimilara el golpe y no se metiera  en una aventura sin muchas perspectivas, dadas las circunstancias; que si se mantenía en el PLD, para el 2012 ni Leonel ni ningún otro le iban a poder quitar la candidatura, aunque heredaría un mayor desgaste de su partido. Me agradeció el consejo.

Después que Danilo llego al poder no hemos tenido oportunidad de intercambiar con franqueza, tal vez porque mi ejercicio periodístico es demasiado crítico. Si encontrara esa oportunidad, le diría lo que más de una vez expresé a Hipólito, que es un error persistir en un proyecto tan cuesta arriba, casi imposible de materializar, que su afirmación de que con lo que queda del PLD él ganará las elecciones del 2020, aunque sin ser candidato, es una amenaza a la institucionalidad democrática.

Si los vientos soplaron contra su tercera elección, ahora lo que se advierte es un huracán de grado 5 contra su proyecto de imponer un candidato improvisado, sin experiencia, liderazgo ni aval político, lo que reconocen y lamentan hasta muchos de los que lo apoyan.

Nada personal contra Gonzalo Castillo, pero no luce que pueda ganar la presidencia montado en los hombros de Danilo, quien todavía mantiene aprobación sobre el 40 por ciento, pero en obvia desventaja política por fatiga del electorado con el PLD, por la profunda división que no pudieron evadir, porque la sociedad pide un cambio de mando.

Apelo a los verdaderos amigos de Danilo, que pueden percibir el sonido del viento, y deben advertirle, aunque cueste, para que no se embarque en meter un elefante embravecido en una cristalería. Pondría en serio riesgo la adolescente institucionalidad democrática, con repercusiones graves en la estabilidad económica, social y política, en un año que se pinta cargado de incertidumbres, con expansión de la cólera social en el continente.

¡Ayuden a Danilo, no lo mareen reiterándole que el poder lo puede todo, porque ya en julio pasado se demostró lo contrario! No puede buscarse una derrota como la que le espera si persiste en meterse con todo el gobierno en la campaña electoral. Todavía está a tiempo de dejar un legado democrático, con algunas realizaciones positivas.-

El Abusador y las pruebas PISA dos heridas en el alma nacional

El caso del narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, El Abusador, protegido durante años por autoridades nacionales, y el resultado de las pruebas PISA vuelven a evidenciar la urgencia de restaurar la credibilidad en las instituciones y la eficiencia

Por Juan Bolívar Díaz

La captura esta semana en Colombia del narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias El Abusador, tras haber escapado del país, pone sobre el tapete el alto grado de complicidad de las autoridades nacionales con esa actividad criminal y el nivel de la corrupción que socaba las instituciones.

Otro acontecimiento abrumador de la semana ha sido el resultado de las pruebas PISA que colocaron a los estudiantes dominicanos de 15 años en el último lugar, entre 79 países, en comprensión de la lectura, matemáticas y ciencias, revelador del fracaso de las políticas educativas de las últimas décadas y la incapacidad para superarlas.

Una historia repetida

La captura de El Abusador en Colombia, tras escapar de la República Dominicana es una historia repetida, esta vez después de un espectacular como ineficiente operativo nacional, pues ocurrió anteriormente con otros grandes narcotraficantes, como Figueroa Agosto, Toño Leña y Arturo del Tiempo. Otros relevantes, como Ernesto Quirino, fueron arrestados en el país, pero virtualmente por agentes del Departamento contra Narcóticos de los Estados Unidos (DEA).

En todos esos casos ha quedado de manifiesto la complicidad de autoridades dominicanas, a menudo de tan alto nivel, que ni los estadounidenses se atreven a identificar porque han sido financiadores de gobernantes, políticos y legisladores activos. La DEA y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) a menudo se conforman con el desmantelamiento de las bandas. En pocas ocasiones los organismos nacionales de inteligencia, policiales, militares  y antidrogas han sido eficientes, y han dilatado los requerimientos de las agencias norteamericanas, como ocurrió durante varios meses en el caso de El Abusador.

 El involucramiento de altos oficiales militares y policiales ha quedado evidente en casos como el de la matanza de Paya, Baní, en el 2008, cuando 7 narcotraficantes colombianos fueron ejecutados por altos oficiales de la Marina de Guerra para quedarse con el dinero que acumulaban. En el 2013 el general Francisco Hiraldo Guerrero, quien era nada menos que el director de operaciones de la DNCD, fue extraditado a Estados Unidos y allí condenado tras ser delatado como protector de narcotraficantes. En el 2017 fue capturado en Puerto Rico el coronel del Ejército Nacional Rafael Collado con un cargamento de 860 paquetes de cocaína. En septiembre pasado, el periódico Acento desplegó, sin ser desmentido, un informe confidencial de que 6 generales y 28 coroneles militares y policiales, incluyendo a tres ex presidentes de la DNCD, estaban bajo observación de la DEA.

Un reinado público

El caso más evidente de enriquecimiento sospechoso y de fácil seguimiento puede haber sido el de El Abusador, quien salió de la nada para acumular una gran cantidad de empresas, vinculadas al espectáculo, el entretenimiento y mobiliarias, que exhibía en las redes yates, autos de lujo y hasta joyas, y quien dejaba las propinas en maletines por donde pasaba. Se le vinculó a altas autoridades militares y policiales, así como a ministros y políticos, lo que explica que ni siquiera atendiera unos 50 requerimientos impositivos que le fueron formulados, pero no les intervenían sus empresas.

En el comunicado del departamento del Tesoro de Estados Unidos, tras su arresto, se llegó a afirmar que Peralta pudo operar mucho tiempo una red criminal que envió toneladas de drogas a ese país gracias a la corrupción y la complicidad de autoridades que predomina en la República Dominicana.

En la madrugada del domingo 18 de agosto El Abusador estaba en un espectáculo artístico en el hotel Hard Rock de Punta Cana, donde fue saludado por un popular bachatero, y se le vio salir del establecimiento a media tarde de ese día, escoltado por dos vehículos, uno de los cuales ocupado por oficiales policiales. Unas 36 horas después, al amanecer del lunes 20, fue montado el espectáculo de 50 allanamientos, con decenas de fiscales y cientos de agentes que intervinieron sus propiedades, y detuvieron a algunos de sus colaboradores, pero no pudieron atrapar al hombre de vida pública. Y las autoridades dijeron que el operativo había sido minuciosamente preparado durante algún tiempo.

Autoridades en ridículo

 Si las máximas autoridades de persecución del crimen quedaron mal paradas por el ineficiente operativo de agosto, cuando fue evidente que El Abusador fue alertado, ahora tras su captura en Colombia, han quedado en ridículo, al haber pretendido atribuirse el mérito. La Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD se disputaron una rueda de prensa la tarde del lunes 2, tras la captura, que se realizó alrededor de las 6 en el local de la primera, aunque había sido convocada a las 4 para la sede de la segunda.

Un comunicado escrito de la PGR dice que el arresto “fue posible gracias a un proceso de coordinación entre la PGR, la DNCD, y con el apoyo de alguaciles federales de los Estados Unidos liderados por los marshalls de Colombia”. Luego dice que a través de una labor de inteligencia llevada a cabo por la DNCD, se determinó el paradero del Abusador y que de inmediato se efectuó su apresamiento.

O las autoridades colombianas son mezquinos, o las locales fantasiosas, porque en las abundantes declaraciones ofrecidas por el general Henry Sanabria, comandante de la Policía Metropolitana de Colombia, en Cartagena, donde fue apresado el narcotraficante, no aparece la menor referencia a la contribución de las autoridades nacionales. Más bien se ha encargado de contradecir la versión nacional de que El Abusador salió del país una semana antes. Sanabria dice que estaba en Colombia desde fines de agosto o principio de septiembre. En realidad hasta fines de noviembre aquí se hicieron numerosos operativos masivos supuestamente “orientados por labores de inteligencia”, supuestamente para capturarlo. La percepción es que se buscaba atenuar la ineficiencia y complicidad en el caso. Mientras se han difundido por radio grabaciones de conversaciones telefónicas, donde el perseguido ofrecía entregarse si le dejaban en libertad a su esposa y para que atendiera sus hijos.

El pisoteo de las PISA       

El otro caso de consternación de la semana fue la revelación de los resultados de las pruebas PISA donde los estudiantes dominicanos de 15 años quedaron en el último lugar, entre 79 países en capacidad para asimilar la lectura y en matemáticas y ciencias. Con una muestra de 5 mil 674 alumnos de 234 escuelas públicas y privadas.

El resultado fue parcialmente sorprendente, al repetir los niveles del 2015, cuando han pasado 7 años desde que las autoridades gubernamentales decidieron acatar la ley de 1997 que disponía invertir el4% del PIB en educación, pero no del todo, si se toma en cuenta que en los índices de competitividad global del Foro Económico Mundial la educación dominicana ha seguido apareciendo en los últimos cinco o seis lugares de 142 y 144 países.

Sería mezquino atribuir la mayor responsabilidad al actual gobierno, que ha destinado unos 900 mil millones de pesos a la educación, por la acumulación de atrasos en los estudiantes,  o a la Asociación de Profesores, aunque ambos tengan su cuota. Es indiscutible que con la inversión del 4% el gobierno de Danilo Medina ha hecho esfuerzos, ha logrado  mejorías de aulas, alimento a los estudiantes, y tanda extendida, aunque ha privilegiado mucho el cemento y el empleo administrativo, con ministros que no eran técnicos en educación ni maestros, dos de los cuales fueron luego precandidatos presidenciales, uno de ellos con un gasto de decenas de millones de pesos en más de un año de campaña política.

 La ADP tiene una cuota en el “luchismo” que la ha caracterizado, aunque fue empujada a ello por los años de salarios miserables y falta de materiales didácticos. Tiempos hubo con presidentes intelectuales en que no había ni tiza ni borradores en las escuelas. La mayor  responsabilidad ha sido de las políticas sostenidas por décadas, por gobiernos que centran el desarrollo en las construcciones visibles, en vez de la educación. También las universidades, que convertidas en simples fábricas de profesionales, forjaron maestros con enormes deficiencias. Esos que Educa estima que tomará 25 años renovarlos. El clientelismo, la politiquería y el triunfalismo de la “revolución educativa” pregonada con enorme gasto publicitario, han quedado en cuestionamiento, mientras el actual ministro de Educación  acaba de ser designado para encabezar la campaña electoral oficialista en Santiago.

Fortaleza institucional

Los dos acontecimientos lacerantes de la semana vuelven a remitirnos a la necesidad que tiene esta sociedad de hacer un alto y recuperar los cauces institucionales, proscribir la corrupción, reducir el clientelismo y la politiquería y privilegiar la planificación y la inversión reproductiva. Se escuchó el miércoles al ministro Antonio Isa Conde proclamar que parece necesario un sacudimiento telúrico para que esta sociedad comience a superar tantos atavismos. Y ayer en un artículo en HOY, Isdidoro Santana, hasta hace poco ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Isidoro Santana, tras denunciar la corrupción, la delincuencia, el mal funcionamiento de los servicios públicos, la evasión de impuestos, que permiten generalizar la conducta delictiva y criminal, escribió que “tendría que pasar algo muy grande” para superarlos.

Todos los diagnósticos y estudios indican que el crecimiento económico de las últimas 6 décadas no ha generado proporcional desarrollo humano, y que las precariedades institucionales, el desconocimiento de la Constitución y las leyes, el clientelismo y el rentismo, corroen y castran las energías sociales.

 Una vez más deberíamos echarle una ojeada al Reporte Harvard de, 2012, y al Informe de la Comisión Internacional para el Desarrollo Estratégico de la RD, 2010-20, conocida como “Comisión Attalí”  Este último privilegia la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que entonces se discutía y fue promulgada en el 2012, quedando pendiente gran parte de sus mandatos. Atrás quedaron los 7 lineamientos, con 77 propuestas de Jacques Attalí, el primero de los cuales pregona la necesidad de restaurar la confianza en las instituciones, con múltiples recomendaciones que duermen el sueño eterno.-  

MINI RESUMEN DEL INFORME ATTALI (2010-20)

  • Del 1970 al 2008, crecimiento económico  anual sobre 5.5%, debido en parte a estabilidad política a partir de la segunda mitad década del setenta.
  • Economía vulnerable, orientada al consumo, poca innovación, no anticipa  la educación a largo plazo. Sociedad poco educada, aún no preparada para el futuro.
  • Estado endeudado sin gran margen de maniobra fiscal.
  • El país se arriesga a no tener una segunda oportunidad, más aún cuando el cuerpo social no ha aprovechado el impulso económico.
  • El pueblo tiene un sentimiento de abandono que lo lleva al individualismo  y a desconfiar de las instituciones con desempleo endémico, mercado informal considerable, política de salud  poco eficaz, y criminalidad en aumento.
  • La Estrategia Nacional de Desarrollo debe ser desplegada a partir del 2011 con eficacia y rapidez.
  • Es fundamental la restauración de la credibilidad del Estado y de la confianza de los ciudadanos.
  • El país debe reformar su modelo de desarrollo económico y social para asegurar un crecimiento a largo plazo, con un verdadero contrato social.
  • La confianza entre la población, las instituciones y el sector privado será determinante para reformar el país.

El enorme desafío en educación

Por Juan Bolívar Díaz

Que los estudiantes dominicanos hayan quedado en el último lugar en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constituye un duro golpe emocional, pero sobre todo un manifiesto indiscutible del enorme desafío que sigue representando la calidad de la educación para el futuro de nuestra sociedad.

El pobre resultado de los dominicanos, entre alumnos de 79 países de todos los continentes, sin avance respeto a la evaluación anterior, del 2015, obliga a cuestionar la eficiencia de la inversión en educación del 4 por ciento del producto interno bruto que se ejecuta desde el 2013, más allá de la costosa propaganda que pregona una revolución educativa. Conlleva también cuestionamientos a la capacidad de nuestra sociedad para superar sus lastres históricos y a la irresponsabilidad de los gobernantes de las últimas décadas, cuando se degradó el nivel de la educación pública y privada.

Los datos son demoledores, ya que en dos de las tres pruebas, matemáticas y ciencia, quedamos en último lugar, y en comprensión de lectura sólo por encima de Filipinas, porque en esa nación asiática se da el absurdo de que una alta proporción de los estudiantes reciben clases en un idioma distinto al que hablan en su familia. Nada menos que el 80 por ciento de los  5 mil 674 estudiantes de 234 escuelas y colegios dominicanos no alcanza el nivel mínimo de competencia que se espera para la lectura.

En matemáticas el 90 por ciento no llega al nivel mínimo esperado, que es 2 sobre 6, y peor aún, el 78 por ciento quedó por debajo del 1. En el nivel de excelencia no alcanzamos a colocar ni siquiera uno por cada mil evaluados, cuando el promedio de los estudiantes de los países de la OCDE es de 157 por mil, y en Chile 36 y en Uruguay 24 por mil.

 Será interesante que los calificados técnicos del Ministerio de Educación, que seguro harán un análisis pormenorizado de estas pruebas, nos informen la diferencia de rendimiento entre las escuelas públicas y las privadas y por niveles económicos y sociales, y urbano- rural. Ya la Acción  Empresarial para la Educación (EDUCA) apunta que las niñas registran un mejor desempeño que los varones en todas las evaluaciones, algo que se advierte hace años en las calificaciones y cuadros de honor de escuelas y colegios, y desde el nivel inicial hasta el universitario, donde el género femenino supera también en proporción al masculino.

 Se podrían esperar mejores resultados por la inversión de los últimos 6 años en educación, pero EDUCA ratifica que por sí sola no garantiza superar viejos problemas estructurales que alcanzan a todos los niveles socio-económicos y culturales. El bajísimo rendimiento de excelencia de los estudiantes dominicanos en las pruebas es indicativo de que no se salva la educación privada, que representaría alrededor del 25 por ciento del total.

La baja calidad de la educación dominicana es consecuencia de muchos años de miseria política que privilegió las edificaciones y negó la inversión en el sector, lo cual degradó a todos los profesionales, incluyendo  al magisterio, que debió concentrar excesivas energías en pelear por un nivel de ingreso para vivir con dignidad, y quedó reproduciendo las limitaciones del conocimiento. Las carencias educativas de la generación de los ochenta y noventa se siguen reproduciendo en las dos décadas de este siglo.

Si alguna lección corresponde a las actuales autoridades es que si bien los problemas estructurales y culturales no se resuelven en corto tiempo, la propaganda política triunfalista hace perder la brújula y confundir los objetivos y conduce a la malversación de los recursos. A esto ha contribuido el exceso de personal administrativo, clientelismo político diagnosticado por las evaluaciones sobre la inversión del 4% del PIB.

A toda la sociedad corresponde asimilar definitivamente la urgencia de superar nuestros niveles educativos, fundamental para la promoción del desarrollo humano integral, en la escuela, en los hogares y en los medios de comunicación, los tradicionales y los aportados por las nuevas tecnologías.-                      

Urge otro pacto por la democracia para superar la desconfianza política

Con el presidente de la República envuelto en el proceso electoral, la Junta Central Electoral debería buscarse un nuevo pacto por la democracia para superar las desconfianzas e incertidumbres y garantizar la estabilidad nacional        

Por Juan Bolívar Díaz

La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de combinar la automatización de la votación municipal de febrero con el conteo manual de los votos y un nuevo intento de auditar los equipos y programas informáticos debería ser respaldada por todos los partidos para comenzar a disipar las incertidumbres predominantes sobre las elecciones del 2020.

Pero al mismo tiempo luce imperativo que el organismo rector de las elecciones asuma un liderazgo conciliatorio que conllevaría la firma de un nuevo “Pacto por la Democracia”, donde se ratifiquen normativas que garanticen un proceso electoral limpio y equitativo para que el próximo año predomine la voluntad popular.                                                                          

Otra salida salomónica

La resolución anunciada el jueves por la JCE de implementar el voto electrónico en el 60 por ciento de las mesas de votación y conteo manual en la totalidad, con un nuevo intento para la previa auditoría de los equipos y programas, debería ser aceptada por todos los partidos, con algunas otras garantías para superar la desconfianza predominante.

Hay que esperar que esta propuesta salomónica tenga mejor suerte que la de mayo pasado cuando la JCE dictaminó que se mantendría el arrastre de los senadores en el voto congresual en el Distrito Nacional y las seis mayores provincias y se eliminaría en las restantes, lo que anuló el Tribunal Constitucional al hacer prevalecer el voto senatorial separado en todas las jurisdicciones.

La nueva resolución no parece chocar con ningún precepto constitucional o legal y recoge los reclamos de los más renuentes y desconfiados. El voto automático sería en los 17 municipios más grandes, que concentran el 60 por ciento de los colegios de votación, con 61 por ciento de los electores. Son los que tienen más de 13 regidores y suplentes, y donde sería muy complejo computar el voto preferencial por miles de candidatos a regidores y vocales.

Como la JCE convocó a los partidos para una reunión hoy sábado para “crear un equipo técnico especializado que permita examinar y hacer recomendaciones” para el uso del voto automatizado y conteo manual”, todavía hay posibilidad de garantías adicionales, en especial para la demandada auditoría de los equipos y programas informáticos. Ha propuesto la firma de auditores PKF Guzmán Tapia, y deberá precisar esta oferta y si queda alguna alternativa. Esa auditoría no es un capricho, sino una recomendación fundamentada a nivel internacional, donde la automatización de las elecciones ha sido limitada a unos pocos países.

El conteo de los alcaldes

De la resolución de la JCE debe asumirse y precisarse que el conteo de los votos para los alcaldes y directores de los distritos municipales se haría manualmente, determinando el partido ganador en cada jurisdicción y la proporción de los regidores y vocales, con sus respectivos suplentes. Eso sería transmitido y publicado de inmediato, si no hay diferencia con lo arrojado por la computadora en los municipios donde se utilice la automatización.

Para un segundo momento quedaría la verificación de los votos preferenciales por los regidores y vocales, para lo cual se aceptaría el resultado de la automatización, asumiendo que no habría interés de hacer fraude entre los competidores de un mismo partido, ni posibilidad de una programa que altere en ese nivel la voluntad de los electores, por la misma razón que hace difícil el cómputo manual, es decir, por la multiplicidad de candidaturas.

En el 40 por ciento de las mesas, donde no habrá automatización del voto, todo el proceso será manual, y por igual se computaría y transmitiría primero el resultado en las candidaturas a alcalde y director municipal, y luego se determinaría cuáles fueron los electos de cada partido para regidores y vocales.    

  ——————————————————————————————————                           Garantías adicionales de la JCE  

Para fortalecer la propuesta de voto automatizado y conteo manual, la JCE podría añadir algunas garantías adicionales que infundan confianza, como las siguientes:

  • Que la JCE asumirá plenamente su responsabilidad constitucional de garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones
  • Una campaña contra la compra y venta de votos, con decisión de perseguirla y sancionarla
  • Disposición de hacer cumplir los límites de tiempo y lugar de todo género de propaganda partidista, con énfasis en los centros de votación
  • Mantenimiento inflexible del horario de votación, sólo prorrogable por una hora en las mesas donde se decida a unanimidad, si hubo retraso en su apertura
  • Que el voto asistido para personas con discapacidades sólo se autorice a cónyuges, padres o hijos para evitar sustituciones interesadas y engaños
  • Que la publicación de cómputos sólo pueda iniciarse una hora después del cierre oficial de la votación, que incluiría la eventual prórroga por retraso
  • Límites para impedir que los partidos más pudientes monopolicen las estaciones de radio y televisión en los días finales de la campaña    

Razones para desconfiar

La JCE tiene que sobreponerse a toda sospecha y hasta a los excesos en que incurren dirigentes políticos, y reconocer que hay razones tradicionales y coyunturales para que predomine la desconfianza y la incertidumbre, incluyendo las malas prácticas registradas durante el proceso de las recientes elecciones primarias.

El signo más ominoso que amenaza el proceso electoral fue la enfática afirmación en el discurso público del presidente Danilo Medina el 21 de octubre, tras la renuncia de Leonel Fernández al PLD, donde le ofreció “una pela en mayo” y añadió que  “con estos hombres y mujeres que están aquí, yo particularmente les digo que yo gano las próximas elecciones”. Algo probablemente inédito en un jefe de Estado sin ser candidato.

Con ese discurso Medina se comprometió a repetir la irrupción del gobierno, con  en la campaña electoral, como ocurrió en las elecciones del 2012 y 2016, en esta última con 33 mil activistas pagados como empleados temporeros, enormes déficits fiscales, multiplicación de la publicidad pagada por el Estado y designación de 39 ministros y altos funcionarios como jefes locales de campaña, con alto incremento del gasto en vehículos, combustible, dietas, empleados públicos y otros medios.

Grave denuncia pendiente

Muchos de esos abusos del Estado ya se vieron en la campaña de las recientes primarias y son de los factores que contribuyeron a la división del partido gobernante. Para más desconfianza ahí está la documentada denuncia de 39 contratos por 11 mil 500 millones de pesos para comprar asfalto caliente, otorgados por Gonzalo Castillo, como ministro de Obras Públicas, en los meses antes de lanzarse tras la candidatura presidencial del PLD, incluyendo a nueve empresas que habían importado ese material.

Como no podía ser de repente que se advirtiera la necesidad de asfaltar 2 mil 730 kilómetros de carreteras y calles, y sin previa apropiación presupuestal por tan alta suma, tienen bases las afirmaciones de que violó la Ley de Compras y Contrataciones y la de Presupuesto, por obvio interés de promoción política o de obtener comisiones o contribuciones para campaña electoral.

Aunque todo eso lo expuso por televisión, con enorme audiencia nacional, la periodista Alicia Ortega, y partidos opositores e instituciones sociales han demandado una investigación y las sanciones correspondientes, el silencio de las autoridades y del candidato del PLD, aparece también como ominoso. A pesar de que la denuncia se convirtió en escándalo, ni siquiera se han molestado en poner en duda los datos concretos imputados.

Un pacto por la democracia 

Más allá del acuerdo sobre automatización parcial del voto, las autoridades electorales tienen que reconocer que hay razones suficientes para la desconfianza en el sistema electoral y en la prevalencia de las normas constitucionales, legales y hasta de la mínima decencia política. En toda la oposición política existe la resolución de resistir los abusos del Estado que se adelantaron en las primarias. Eso lo repiten los líderes del bloque de partidos que postula a Leonel Fernández y los que conforman la Coalición Democrática que encabeza el PRM, que postula a Luis Abinader. Por  igual el candidato de Alianza País, Guillermo Moreno, quien ha repetido que no aceptará un “matadero electoral”. Eso se dimensiona por la fatiga que registran las encuestas y se advierte sobre la prolongada gestión peledeísta.  

La JCE ha prometido una resolución sobre los límites gubernamentales en la campaña electoral, pero hay quienes temen que no tenga suficiente fuerza para garantizar la equidad, para lo cual debería recibir un claro apoyo de la sociedad civil organizada, sobre todo del empresariado, las iglesias y las academias. Y de todos los interesados en la preservación de la estabilidad política, económica y social, para evitar estallidos político-sociales como los que sacuden la región.

El presidente Danilo Medina debería ser el primero y más interesado en dejar un legado de armonía y prevalencia democrática e institucional. Pero, al estar muy involucrado, habrá que ayudarlo con una salida suave, como sería un nuevo pacto por la democracia, como el del 1994 que, por cierto, permitió el ascenso de su partido al poder por primera vez. Ojalá lo entienda la JCE y tome la iniciativa para disipar incertidumbres y ganar confiabilidad.-

Hay que salvar el proceso electoral

Por Juan Bolívar Díaz

Con una Junta Central Electoral (JCE) sobrecargada de tareas, con un gobierno que irrumpe en las actividades de promoción de candidaturas  y una creciente desconfianza y confrontación entre los actores políticos, cada día aparece como más imperativa la búsqueda de acuerdos para salvar el proceso electoral en marcha, con sus citas del 16 de febrero para elecciones municipales y del 17 de mayo para congresuales y presidenciales.

No se ha podido lograr consenso para utilizar algún nivel de automatización en la votación y el consiguiente procesamiento para las municipales, en gran medida por las desconfianzas que generaron los incidentes que rodearon la elección de la candidatura presidencial del partido gobernante, que provocaron su división, tras la votación primaria de octubre, que la ley de partidos puso bajo responsabilidad de la JCE.

El pleno del organismo ejecutivo de las elecciones ha anunciado para hoy su decisión sobre la tecnología a utilizarse en las elecciones de febrero, que se anticipa no implicará la automatización, ya que uno de los tres polos en que se alinean casi todos los partidos, el que postula a la presidencia al expresidente Leonel Fernández, se ha opuesto firmemente a la misma, y el que postula a Luis Abinader, la ha condicionado a una auditoría de equipos y programas, sobre la cual no se ha podido avanzar, y ya se afirma que será imposible encontrar quien la ejecute a tiempo para la elección municipal.

Tras asumir la escasez de tiempo, Leonel Fernández expresó anteanoche, en una alocución a nombre de los partidos que lo postulan, “nuestra total, absoluta y completa oposición al uso del sistema de voto automatizado en las próximas elecciones municipales”. Y como èl mismo recordó una declaración del presidente de la JCE, Julio César Castaños, que condicionó la automatización “al consenso unánime de todos los partidos políticos reconocidos”, debe asumirse que se volverá a la metodología manual.

Es lamentable que no se haya aceptado la última propuesta de la JCE de que se combinara la automatización con el conteo manual, porque al implicar el voto preferencial, por tanto individual, para miles de candidatos a regidores y vocales municipales y sus suplentes, será una tarea muy difícil de cumplir con éxito y en tiempo razonable. La experiencia del 2016 en las elecciones con voto preferencial para diputados, con sólo cientos de aspirantes, no permite abrigar buenas expectativas.

La JCE debe exponer con toda claridad las dificultades que implicará el escrutinio de febrero, y advertir a todos los actores políticos y a la sociedad en general, que no se podrán esperarse  resultados en poco tiempo. El conteo de votos tendría que hacerse en dos tiempos, el primero para determinar los ganadores de las alcaldías de los municipios y distritos municipales, y luego los regidores, vocales  y suplentes.

Ya no se gana nada con recriminaciones ni prejuicios, pues las responsabilidades pueden ser repartidas entre los partidos, los legisladores  y la propia JCE: Los partidos porque no han demostrado suficiente s fortalezas democráticas y apertura; los legisladores porque dilataron la aprobación de las leyes de partidos y del régimen electoral, y luego improvisaron con tan pobre puntería que esas normativas llevan récord de declaraciones de inconstitucionalidad, y poniendo sobre la JCE una excesiva carga de tareas. Y el organismo electoral porque no cumplió su propia resolución de febrero de realizar la auditoría técnica de los equipos y programas de automatización que utilizaría en la elección primaria de octubre.

Es muy lamentable que el sistema político electoral tropiece con la misma piedra  en los intentos por establecer la automatización, ya que desde el proceso del 2016 se advirtió sobre la necesidad de auditar los equipos y programas como forma de generar confianza en un sistema que ha sido rechazado y hasta revocado en la mayoría de los países desarrollados. Desde que se planteó en el 2015, el movimiento Participación Ciudadana insistió en la auditoría, sin que la  JCE hiciera el menor caso. Su entonces presidente, Roberto Rosario, ahora alineado con Leonel Fernández, es de los que esta vez clama por la auditoría.

Vale recordar que en febrero pasado, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreras, invitada al país por Participación Ciudadana, insistió en advertir los riesgos y las desconfianzas sobre los sistemas de automatización y en recomendar una rigurosa auditoría previa.

Como nadie está libre de pecados, lo que corresponde es bajar las banderas, las recriminaciones y tensiones y buscar acuerdos globales para salvar el próximo proceso electoral, lo que implica mucho más que la automatizaciòn.-  

Discurso en la Proclamación de la Coalición Democrática por el Cambio

Juan Bolívar Díaz

Foto: Acento.com.do

Señor Luis Abinader, Candidato presidencial de la Coalición Democrática por el Cambio

Señor Hipólito Mejía, expresidente de la República

Doctora Milagros Ortiz Bosch, exvicepresidenta de la República

Señoras y señores dirigentes de los Partidos Revolucionario Moderno, Revolucionario Social Demócrata, Frente Amplio, Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio,  y Alianza por la Democracia

Señoras y señores dirigentes y militantes de las agrupaciones Movimiento Independiente por el Rescate Democrático, Congreso Cívico, Bien Común, Conciencia Nacional y muchos otros llegados desde todo el país.

Compañeras y compañeros:

 Agradezco sinceramente la encomienda de proclamar hoy aquí la Coalición Democrática por el Cambio.

Venimos de un largo proceso de concertación de lo que se configura como la mayor alianza político-social de carácter electoral de la historia política nacional.

Esta Coalición Democrática por el Cambio y la Regeneración Nacional que hoy proclamamos tiene la particularidad de ser fruto de la conjunción de  preocupaciones de dirigentes políticos y de agrupaciones sociales, de profesionales, académicos y activistas vinculados a las luchas por el 4% del PIB para la educación, por la protección del medio ambiente y rescate de riquezas mineras y a la inmensa movilización de la Marcha Verde contra la corrupción y por el fin de la impunidad.

Hace ya un año se elaboró el anteproyecto de Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico Social, concertadoen una decena de encuentros sociales celebrados en todas las regiones del país, y luego con los partidos políticos preocupados por cambiar el derrotero en que se encuentra la nación.

Aquí estamos hoy, líderes de 6 partidos políticos afines en planteamientos programáticos y prácticas democráticas y  dirigentes de otras agrupaciones políticas y sociales, en especial de las tres entidades que iniciaron el camino: el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, el Congreso Cívico y Bien Común. Así como personalidades de todos los ámbitos de la sociedad.

 Estamos aquí para comprometernos en el rescate de la política como la actividad digna de ocupar la atención de los seres humanos, que planteó el fundador Juan Pablo Duarte. Para recoger y recomponer  los pedacitos de institucionalidad democrática que nos va dejando la mayor corporación para la expoliación de la nación de nuestra historia. Venimos al rescate de la independencia de los poderes del Estado, en que se sustenta la democracia. Pero también de la independencia de  los sindicatos, de las academias, de las organizaciones gremiales y profesionales, comunitarias, y hasta políticas, subordinadas, cooptadas y divididas por la rapacidad gobernante. 

Estamos aquí para exorcizar los demonios de la corrupción y su secuela de impunidad que sustraen una alta proporción de los recursos que genera nuestro pueblo. Que según estudio del BID nuestra malversación representa el 3% del PIB, este año 165 mil millones de pesos. Estamos convencidos de que la corrupción generalizada desde arriba se reproduce en la delincuencia común, que ambas son responsables de la inseguridad ciudadana y que no habrá seguridad para nadie en el reinado de la impunidad.

Hemos llegado aquí para levantar la dignidad nacional ante las evaluaciones internacionales que sitúan nuestro país en el liderazgo en corrupción pública y en falta de ética empresarial, en poca transparencia, en  desconfianza en la justicia, en la policía, en la actividad política, en déficit democrático. Aparecemos también en los últimos escalones en calidad educativa, en inversión y calidad de la salud, en mortalidad materno-infantil, embarazos de adolescentes y matrimonio infantil, en cantidad de instituciones burocráticas, en proporción de empleados públicos por habitantes y hasta en feminicidios. Todas estas y muchas otras afrentas rebasan los niveles soportables de vergüenza.

Estamos aquí pretendiendo iniciar una gran revolución social. Sí, la revolución del imperio de la ley, de los preceptos fundamentales plasmados desde la primera Constitución de la República y ampliados al ritmo de nuestro tiempo. Es sobre el respeto a la institucionalidad democrática y a nuestros pactos y compromisos sociales que podremos abrir los surcos claros para que quepan todos los sueños, los de los padres fundadores, y de quienes durante  175 años han regado con sangre, sudor y lágrimas nuestros valles y montañas.

Ahí están los diagnósticos que, como diría el genial FreddyBerasGoico, nos dejan desnudos en medio de la calle y con las manos en los bolsillos, absurdamente desconcertados, cuando escuchamos que este es de los países de mayor crecimiento en casi seis décadas de incipiente democracia. Pero al mismo tiempo de los que más hemos desperdiciado las oportunidades de traducirlo en desarrollo humano, por los altos grados de corrupción,  malversación y concentración del ingreso que generan extrema desigualdad.

Nos deslumbramos con el auge de construcciones y de los vehículos, pero al completar la segunda década de este siglo, todavía el 45% de nuestras viviendas no tienen agua potable dentro, y dos tercios sufren apagones que van desde una a 16 horas diariamente. Nos hacen recordar la estrofa merenguera de comienzo del siglo pasado: “ya Santiago tiene lo que no tenía, una planta eléctrica y agua en tubería”. Pero Santiago, como el resto del país, tiene cientos de miles  de plantas eléctricas e inversores, y de cisternas para agenciarse esos servicios vitales, y comprar agua de botellones y por tanques.

Pregonamos un falso desarrollo y crecimiento económico, porque se fundamenta en el endeudamiento y en las remesas demás de dos millones de dominicanos que huyeron del país en 6 décadas, y que este año están enviando 7 mil millones de dólares, que hoy significan 364 mil millones de pesos, más de la mitad de todos los ingresos fiscales del año y 20% más que todo lo que paga el Estado en sueldos, pensiones y subsidios sociales.

¡Qué visitas sorpresas ni visitas sorpresas!, que han representado una inversión de 42 mil millones de pesos en 7 años, 6 mil millones anuales, apenas el 2% del monto de las remesas en este 2019. Pura propaganda política. 

El otro falso fundamento del crecimiento económico pregonado es el endeudamiento, especialmente por 11 años consecutivos de déficits fiscales, que sobrepasaron la deuda pública consolidada, incluyendo la flotante y la clandestina, de los 55 mil millones de dólares, más del60% del PIB. Eso significa que cada dominicano que nace ya no llega con un pan o un plátano bajo el brazo, sino con una factura por 5 mil dólares, o 260 mil pesos. Porque en los últimos 19 años la deuda pública consolidada creció en 968%.

Entre los grandes desafíos del gobierno de regeneración nacional que propugnamos están las reformas y ajustes necesarios para garantizar la sostenibilidad financiera de la nación, evitando que la bomba de la deuda nos explote en las manos y que empuje a cientos de miles de dominicanas y dominicanos a peores niveles de pobreza. El saneamiento no podrá implicar recesión, sino reorientación del gasto, supresión de la franja de corrupción y malversación, de las duplicidades, del rentismo y del clientelismo.

En nuestros lineamientos incluimos verdaderas políticas sociales que mejoren la calidad de vida en: agua potable, vivienda, transporte, salubridad, y medio ambiente, sin atar ni adormecer las conciencias de los más vulnerables, promoviéndolos para que liberensus fuerzas espirituales y para que se levanten y anden por sus propios medios.

El rescate que concebimos es integral, de todo el territorio, teniendo como base el municipio con su ayuntamiento, eje transversal del desarrollo y la institucionalidad democrática, haciendo más justa la inversión pública, privilegiando las zonas de más apremios. Ninguna nación ha podido lograr apreciables niveles de desarrollo e institucionalidad sin una efectiva política de descentralización, basada en sus recursos y atributos naturales, históricos y culturales.Esto implica una política de relacionamiento activo entre el gobierno central y los gobiernos locales bajo el compromiso de la ley, de la transparencia, la eficiencia y la participación social comunitaria.

Lo que nos proponemos es un nuevo tipo de alianza, una real coalición política que reivindique la autoestima de la ciudadanía e incorpore plenamente a los jóvenes, y a la mujer dominicana que supera cada vez más su histórica subordinación y alcanza mayor proporción que los hombres en la capacitación profesional. Ellas tienen que ser el centro de nuestras políticas, son nuestras madres, hermanas, hijas, esposas. Son las compañeras en la hora inicial y en la final de la existencia. Tenemos que liberarlas de toda esclavitud, de la discriminación, de la violencia machista.

Hace falta convencer a los jóvenes que ellos son la sal de la tierra y que tienen que sacarse el avión y la yola dela cabeza, porque las fronteras de la migración se están cerrando y aquí es donde tendremos que edificar un futuro auspicioso para todas y todos.

Tenemos que liberar a los que han sido subyugados por las tarjetas plásticas promovidas por la práctica clientelista,que nomejora la calidad de los servicios sanitarios de la mayoría y cuyas dotaciones son apenas boronas que se dejan caer de la mesa de quienes confiscan el futuro de los más pobres.

Hay que sacudir y convencer a los indiferentes, reanimar a los pesimistas y resignados, conmover a los que tienen un  medio de vida, pero  rodeados de pobreza, de frustraciones, de abandono y atropellos.

Nuestro objetivo es empeñar todas las fuerzas espirituales de nuestra sociedad para ganar las elecciones de febrero y mayo del próximo año. No será una tarea fácil porque la corporación gobernante ha roto todas las reglas de la competencia democrática y se prepara una vez más para utilizar todos los recursos del poder para mantenerse gobernando y saqueando impunemente. Porque han convertido en principio fundamental la aberración de que el poder es para usarlo y que no se cede. Desde ya toda la oposición y todas y todos los dominicanos preocupados por la convivencia y la decencia política tenemos que erguirnos para decirle al presidente Danilo Medina que él no puede ganar las elecciones, como proclamó, porque no es candidato, que no tiene derecho a retorcer las reglas para hacer campaña electoral. Que eso no se permite en ninguna democracia.

Sería una extrema irresponsabilidad permitir que se repitan las iniquidades e inequidades políticas del 2012 y del 2016, cuando todo el gobierno fue involucrado en las campañas electorales duplicando el gasto en publicidad, disparando los déficits fiscales con 33 mil empleados temporeros, y cuando 39 ministros y altos funcionarios fueron jefes locales de campaña, abusando de los recursos del Estado, yextorsionando a diestra y siniestra para gastar diez veces más que todas las opciones alternativas juntas.

También hay que hacer saber a los responsables de los órganos electorales que están obligados a cumplir los preceptos constitucionales que les responsabilizan de equidad, transparencia y libertad en las competencias electorales. ¡Que no podemos asistir a otra feria de compra y venta de votos, como la que vimos en las recientes elecciones primarias! ¡Que a nadie le queden dudas de que aquí esta vez jugamos limpio o se rompen las barajas!

Por todas partes el cuerpo social muestra fatiga por los desmanes del poder, con claros indicios de que llegó el final. ¡Porque el cambio va y el PLD se va!

¡El cambio va!Esas tres palabras nos resultan particularmente memorables. Porque fueron exactamente las tres palabras del título que encabezó la portada del diario El Sol, que yo dirigía, en la madrugada del 17 de mayo de 1978, cuando las juntas electorales habían sido ocupadas y el cómputo paralizado por las hordas que pretendían eternizarse en el poder.

De nuevo ¡el cambio va! Y no para arriar las banderas democráticas en aras del caudillismo que aplasta las instituciones. Va con un Congreso plural, que deberá cumplir su función de legislar y de fiscalizar al Poder Ejecutivo, con legisladores que no reproduzcan privilegios. El cambio va con un gobierno consultivo y participativo. Va para recuperar la independencia de la justicia, del ministerio público, de los órganos de control y para garantizar posibilidades de competencia democrática en los sucesivos procesos electorales.

En una docena de encuentros realizados por todo el país nos han preguntado una y otra vezqué garantía tenemos de que no pasaremos de un simple cambio de presidente y de partido. Y le hemos respondido que nadie nos va a firmar un certificado de garantía. Que la garantía la ponemos todosy todas con nuestra participación decidida. Que se sacudan y no sigan sentados en el quicio de la casa viendo pasar el funeral de la patria. Que la participación social, sin reclamar cargos electivos o ejecutivos,  nos dará energías y calidad moral para exigir a los políticos que cumplan los compromisos empeñados.

Estamos juntándonos con lo mejor de la política, y animamos a los que faltan en esta coalición a que salgan de la zona del puritanismo, de la auto-exclusión, y que arrimen sus hombros para el gran convite político-social al que estamos convocando.

Nos anima el hecho de que tenemos un candidato presidencial que no juega con cartas marcadas, ni pretende ser pitcher, cátcher y bateador al mismo tiempo. Que con un discurso firme y racional, fundado en valores y principios democráticos, viene pregonando un programa de gobierno y enarbolando preceptos éticos, con sensibilidad para promover la justicia y la inclusión.

A nuestro candidato algunos le encuentran un gran defecto, dicen que no le ven suficiente carisma, que la gente no se arrodilla ni inclina la cabeza a su paso. Es porque esperan un nuevo encantador de multitudes, como tantos que se han enseñoreado sobre nuestro pueblo, cuando en realidad este país lo que necesita es ser gobernado por ciudadanos racionales que no se crean sobre el bien y el mal, que no pretendan que ellos por sí solos son los arquitectos diseñadores, ingenieros constructores, albañiles, pintores y decoradores de la edificación nacional. Necesitamos gobernantes que sepan encarnar un proyecto colectivo y que no opten por gobernar en función de lo que convenga para prolongarse indefinidamente en el poder.

Hemos escuchado a nuestro candidato respondiendo a los que quieren otro imprescindible, diciéndoles que tienen razón, porque él no es ese predestinado, pero que mientras hace aparición ese iluminado, aquí está él, dispuesto a trabajar con todos por el plátano y la esperanza. Llega, como Mercedes Sosa, cantando con todas la voces, todas, con todas las manos, todas. Porque toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta hermano,¡libera tu esperanza, con un grito en la voz!

Aquí está nuestro candidato presidencial, Luis Abinader, armando un gran concierto, la coalición Democrática por el Cambio y la regeneración nacional.-

El PLD en desconcierto y a la defensiva mientras se afianzan Leonel y la oposición

La validación de la candidatura de Leonel Fernández, las concertaciones de la oposición,  las denuncias de las contrataciones del candidato Gonzalo Castillo, las encuestas y la desconfianza interna afectan el proyecto peledeista de continuidad en el poder   

Por Juan Bolívar Díaz

Por Juan Bolívar Díaz

El dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) que validó la candidatura presidencial de Leonel Fernández, aceptada de inmediato por la Junta Central Electoral (JCE), las denuncias de contrataciones irregulares del candidato presidencial Gonzalo Castillo y un brote de   desconfianza interna afectaron esta semana al Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

Las posibilidades de los gobiernistas se vieron reducidas al perder el control de la Cámara de Diputados y por decenas de acuerdos entre los partidos opositores para candidaturas comunes al Senado y alcaldías, mientras siguen trascendiendo encuestas que generalizan la percepción de que Luis Abinader se afianza como primer opción para las elecciones presidenciales.

 Leonel, primer candidato

La validación de la candidatura presidencial de Leonel Fernández  por el TSE se constituyó en el principal acontecimiento político de la semana y un revés para la estrategia del PLD, cuyos voceros y abogados, apostaban a que estaba inhabilitado por las leyes de Partidos y del Régimen Electoral. Irónicamente el expresidente y líder peledeísta, se constituyó en el primer candidato aceptado de inmediato por la JCE, en virtud del Reglamento Contencioso Electoral que establece como vinculantes para todos los órganos electorales las decisiones del TSE.

 El dispositivo de la sentencia, que sacudió los ámbitos políticos el lunes, se originó en una instancia que buscaba la nulidad de la decisión del Partido de los Trabajadores Dominicanos, de convertirse en “La Fuerzas del Pueblo” y postular a Fernández como candidato presidencial, lo que aprovecharon sus abogados de éste para formular un pedimento de validación. El texto completo de la sentencia de 5 jueces está pendiente de emisión con un voto disidente.

Todavía quedan quienes esperan que el Tribunal Constitucional (TC), con varias instancias relacionadas, haga prevalecer las leyes electorales que buscan evitar que un perdedor en primaria pueda ser postulado por otro partido en el mismo certamen. Pero parece difícil que reúnan los 9 votos votos necesarios, de 13, sobre todo tras el dictamen del TSE, y con precedentes de que el TC ha privilegiado la supremacía sobre esas leyes del precepto constitucional del derecho a elegir y ser elegido. En lo inmediato, el dictamen ha dejado a la ofensiva a los leonelistas para seguir cooptando dirigentes y militantes de su antiguo partido.

Brotes de incertidumbres

La división del PLD que generó un nuevo bloque de diputados, constituido por 27 leonelistas, mostró esta semana otra de sus consecuencias, que el gobierno ya no tiene el control del Congreso Nacional, como ocurría desde las elecciones del 2006, a través de las dos cámaras. En rueda de prensa se mostraron a la ofensiva como nuevos opositores, motivando su negativa a aprobar el presupuesto complementario del 2019 por 22 mil millones de pesos, sometido por el gobierno. Lo declararon inconstitucional.

El bloque leonelista hizo causa común con los diputados del mayor bloque opositor, el del PRM con 52 miembros, y con parte del bloque del Partido Reformista Social Cristiano, que postula a Leonel Fernández para presidente, también para bloquear un proyecto de préstamo por 90 millones de dólares para remodelaciones en la zona colonial de Santo Domingo. Eso genera incertidumbre sobre el Proyecto de Ley de Presupuesto para el 2020, bajo estudio del Congreso,  el cual contempla financiamiento para cubrir déficit sobre 110 mil millones de pesos.

En el Partido Revolucionario Moderno predomina la decisión de no aprobar ningún nuevo proyecto legislativo que aumente los compromisos de deuda del Estado antes de las próximas elecciones, y mucho menos si consideran que el gobierno pudiera derivar de ellos  recursos para gastar en la campaña electoral.

El choque de dos Félix

Otro brote de las incertidumbres en el PLD lo constituyó el choque frontal entre dos  Félix, compañeros durante años en su Comité Político, Félix (Felucho) Jiménez y Félix Bautista, cuando el primero dijo que este en vez de ser candidato a senador por San Juan debería estar preso, motivando una agria réplica. El incidente sacó a la luz pública la desconfianza que prevalece entre los peledeístas sobre senadores y alcaldes seguidores de Leonel Fernández, que aseguraron su repostulación en la elección  primaria y han permanecido en el partido.

Esa es la situación de los senadores Bautista, Dionis Sánchez, José Rafael Vargas y Amarlis Santana. Esta última dijo públicamente que Leonel les recomendó que se quedaran en el partido para no perder las candidaturas que ganaron. Es la misma situación del alcalde de Santiago, Abel Martínez y de otros de menor jerarquía, igual que algunos diputados. Ellos podrían beneficiarse de los votos de los danilistas como de los leonelistas, pero nada garantiza que no puedan inducir a sus seguidores a votar por Leonel en el nivel presidencial y por otros de los ahora opositores en otros niveles, ya que al suprimirse el arrastre de los senadores, son 4.

La incertidumbre y desconfianza, que afectarían la campaña electoral, incluye a la vicepresidenta Margarita Cedeño, que en la campaña para las primarias esperó a la última semana para apoyar la precandidatura de su esposo Leonel Fernández, con beso y abrazo público. Tras la división ha permanecido en el comité político del PLD, pero tan pronto se produjo la sentencia del TSE en favor de la candidatura de su esposo, dijo que las sentencias de los tribunales “son para cumplirlas”.  

En su discurso de confrontación, tras la división formal del PLD, el presidente Danilo Medina planteó que los leonelistas que quisieran podían seguir en el partido, pero advirtió que tendrían que actuar con lealtad, porque “tontos no somos”. La situación no es de fácil solución, ya que, según la Ley de Partidos, los electos en las primarias no pueden ser despojados de sus candidaturas. Mientras tanto, el danilismo no puede colocar los suyos en esas candidaturas.          

Gonzalo Castillo en apuros

Otro de los reveses recién registrados por el PLD es la situación en que ha quedado su candidato presidencial Gonzalo Castillo, tras el informe de  la periodista Alicia Ortega que documenta cómo otorgó contratos sin concursos, a 39 empresas, algunas vinculadas a él y 9 sin experiencia en el renglón, para la compara de asfalto caliente por 11 mil 500 millones de pesos, en los meses antes de lanzarse a la competencia electoral. Los declararon de urgencia y en convocatorias de un día para otro,  para la compra de asfalto caliente, superando muchas veces la suma que tenía destinada para eso, lo que violaría las Leyes de Presupuesto y de Compras y Contrataciones.

  En lo que se ha denominado como “festival del asfalto”, el entonces ministro de Obras Públicas parece haber descubierto de un día para otro que necesitaba asfaltar nada menos que 2 mil 730 kilómetros de calles y carreteras. El anunció su renuncia como ministro de Obras Públicas el 31 de julio, para buscar la candidatura presidencial, pero sus contratos siguieron firmándose en paquetes el 13 de agosto y el 4 de septiembre.

 En cualquier democracia de mediana intensidad, las escandalosas revelaciones habrían generado la renuncia del candidato, cuya aparente ingenuidad es tal, que tras decir que actuó apegado a la ley, pidió que lo investigue la Dirección de Etica Gubernamental, cuyo titular es nada menos que Lidio Cadet, compañero en el Comité Político del PLD y precisamente quien presidió la comisión electoral del partido que proclamó su victoria en su conflictiva elección primaria. Pudo haber pedido, como corresponde y ha sido demandado, una investigación de la Procuraduría Anticorrupción del Ministerio Público.

El auge de la  oposición

 Otras ocurrencias que han dejado al PLD a la defensiva fueron las decenas de pactos locales para candidaturas senatoriales y municipales registrados al caer el plazo el lunes, de cara a las elecciones del próximo año. La  JCE informó que se registraron 200 alianzas, las cuales involucran una madeja sin precedente de los 27 partidos reconocidos, incluidos los tres grandes bloques que postulan a Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández, así como a los partidos que llevan otros cuatro candidatos presidenciales.

El PRM hizo pactos locales para 24 senadurías que incluyó a los partidos que postulan a Fernández, y en 5-6 provincias con el partido Alianza País que postula para presidente a Guillermo Moreno. La sumatoria de votos locales busca hacer difícil la reelección de la mayoría de los senadores peledeístas que cuentan con muchas ventajas de financiamiento.

 Los opositores han aparecido a la ofensiva, mientras trascienden encuestas que ratifican la percepción de que la división del PLD dejó a Luis Abinader encabezando las preferencias presidenciales para el 2020, y al PRM en ascenso. Eso incluye encuestas auspiciadas por el gobierno y del ámbito perremeísta.

 Mientras tanto esta semana se publicó el reputado estudio sobre cultura democrática del Barómetro de las Américas, donde sigue cayendo la valoración del trabajo del  presidente Danilo Medina, quien registró un 41% como bueno y muy bueno, cuando en el 2016 había marcado 64% y 78% en el 2014. Hay que tomar en  cuenta que la encuesta base del estudio fue realizada entre abril y mayo pasado, antes que Medina tuviera que declinar su proyecto de reelección y cinco meses antes de la división de su partido, de la cual fue uno de los protagonistas, por lo que ahora podría ser todavía menor.-     

Coalición Democrática por el Cambio

Por Juan Bolívar Díaz

Este sábado 23 de noviembre será proclamada la Coalición Democrática por el Cambio por parte de seis partidos políticos y representantes de diversos agrupamientos sociales que suscribirán los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico-Social, durante un acto programado para las 10 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Debo advertir a mis lectores, como ya lo he hecho con mis televidentes, que me encuentro entre los profesionales, dirigentes y activistas sociales que han promovido la conformación de esa coalición, en base a unos lineamientos programáticos fundamentales, que procuran la recuperación de la independencia de los poderes del Estado, una reforma política e institucional, la proscripción de la corrupción y políticas para saldar las deudas acumuladas con gran parte de la sociedad dominicana.

 Procede la advertencia porque  he sido designado coordinador nacional del movimiento que impulsa la coalición, y ello implica que tengo una posición política definida. He tomado licencia en el movimiento cívico Participación Ciudadana, desde el que he promovido reformas políticas e institucionales durante sus 26 años de existencia. Entrando en el tercer cuarto de siglo de existencia, no me parece justo seguir de observador certificando los resultados de las inequidades e iniquidades electorales, como el abuso de recursos estatales y la compra de votos.

En los pocos años de utilidad que me quedan, pretendo los cambios políticos e institucionales, impulsando un nuevo tipo de gobierno. No pasaré a formar parte de ningún partido, en lo que no he tenido experiencia, entre otras razones porque prefiero mantener mi  independencia y desde ella exigir coherencia con los cambios políticos, sociales y económicos que se pregonan.

No me mueve la persecución de cargos electivos o ejecutivos, lo que he declinado numerosas veces a lo largo de mi vida, porque he preferido ser periodista más que político. Tuve un “desliz” entre 1984-86, cuando acepté ser embajador de la República en Perú y Bolivia. Pero ya al año empecé a gestionar el retorno a la profesión del periodismo.

Aunque haga ahora una incursión en la política activa, mis lectores y televidentes pueden tener la confianza de que mantendré los principios de la ética profesional, que me obligan al respeto a los receptores de mis mensajes, a evadir las manipulaciones y a mantener el culto a la diversidad y a la multiplicidad de voces, intereses y aspiraciones.

Promuevo la Coalición Democrática convencido de que esta nación está urgida de cambios profundos que rescaten el imperio de la Constitución, las leyes y las normativas reglamentarias. Porque es urgente poner límites a la corrupción que carcome el alma nacional y a la correlativa impunidad que alienta la delincuencia arriba, al medio y abajo, generando una inseguridad generalizada.

Aliento la Coalición convencido de que este país no puede seguir endeudándose irresponsablemente al ritmo de 600 millones de pesos cada día, que no es justo hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos para seguir sustentando el enorme enriquecimiento de unos cuantos, amparados en el más descarado robo del patrimonio público, en rampante rentismo para mantener el apoyo de los poderes económicos, y del clientelismo para comprar la conciencia de los más vulnerables.

 Promuevo la Coalición Democrática porque la suerte de la nación no debemos dejarla sólo en manos de los políticos, que estos necesitan fuerzas que impulsen su renovación, y porque en última instancia ellos no son responsables exclusivos de nuestras carencias. Si fueran sólo los políticos, la sociedad ya hubiese resuelto cambiándolos. Los atavismos, la corrupción y la descomposición tienen raíces en todos los ámbitos de la sociedad.

Estoy en la Coalición abandonando la zona de confort en que me desenvuelvo, invitando a todos los dominicanos sensibles a aunar esfuerzos por cambiar el curso de la nación, abandonando la indiferencia, el conformismo, el pesimismo y hasta el cinismo que amenaza vencernos.-