Por el rescate de la justicia

 10_01_2019 HOY_JUEVES_100119_ Opinión8 A

Por Juan Bolívar Díaz

Si algo quedó claro a propósito de la celebración el 7 de enero del “Día del Poder Judicial”, fue el generalizado clamor porque sean desatados definitivamente los nudos que postergan y envilecen el tercer poder del Estado, con graves repercusiones sobre la institucionalidad democrática, más contundente por encontrarnos en vísperas de una renovación de las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

La responsabilidad de elegir a 12 nuevos titulares de la Suprema Corte recae en particular sobre el presidente Danilo Medina quien, además de presidir también el Consejo Nacional de la Magistratura, dispone de los votos de seis de sus ocho integrantes, por lo que los reclamos le aluden directamente, con la esperanza de que se coloque sobre el interés partidista y contribuya a rescatar el órgano superior del Poder Judicial del secuestro político en que lo sumió su antecesor.

La expectativa se nutre del reconocimiento de que las decisiones del Consejo de la Magistratura bajo la presidencia de Medina mejoraron la composición de los órganos concernidos, como en la renovación parcial de la Suprema Corte, posteriormente del Tribunal Superior Electoral y recientemente de una parte del Tribunal Constitucional.

Sin duda que el clamor de la sociedad civil, en sus múltiples expresiones, ha sido fundamental para que comenzara a reducirse el secuestro político de las altas cortes, lo que se renovó el pasado lunes por parte de la Fundación Institucionalidad y Justicia, del Colegio de Abogados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los arzobispos de Santo Domingo y Santiago en sus respectivas homilías, e innumerables articulistas y comentaristas. Lo reclamaron también recientemente otras instituciones especializadas como Participación Ciudadana, y entidades empresariales como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Industrias y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera.

Hay suficientes indicadores de generalización de la percepción de que la justicia dominicana no se corresponde con las luchas de las últimas décadas por elevar la institucionalidad democrática. Las encuestas nacionales y hasta las internacionales, como la reciente Latinobarómetro, establecen que la credibilidad de la justicia dominicana apenas alcanza el 21 por ciento. En los últimos dos índices de competitividad global del Foro Económico Mundial, la independencia judicial ha quedado relegada a las posiciones 130 y 125 entre 137 y 140 países.

La escasa independencia e integridad del poder judicial está determinado no sólo por la politización de los organismos superiores, al servicio de la impunidad, sino también por su postergación económica, pues apenas se le entrega la mitad de l que establece la ley. En contraste con lo que se le atribuye al Poder Ejecutivo y al Legislativo, a quienes les sobren los recursos para repartir a discreción y para malversar.

Al referirse a la coyuntura, la FINJUS ha reclamado que “el proceso de evaluación de 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia que manda la Constitución y la Ley se realice asumiendo todas las garantías y profesionalidad requeridas”, y que “a la luz de las necesidades de un mejor servicio de justicia, más imparcial, eficiente  e independiente, la ciudadanía debe unirse para reclamar al Consejo Nacional de la Magistratura que tome sus decisiones con un sentido de Nación, cerrando toda posibilidad de beneficiar intereses particulares de cualquier tipo”.

Por su parte el arzobispo Francisco Ozoria enarboló el desafío de rescatar la credibilidad de la justicia, mientras el arzobispo Freddy Bretón especificaba que el fortalecimiento de las instituciones, entre ellas la justicia, juega un rol determinante para garantizar la paz, la confianza y la estabilidad.

El rescate de la justicia es fundamental para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Ahí está la responsabilidad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente del ciudadano presidente Danilo Medina.-

 

 

Crecimiento económico con esteroides y pobreza institucional y democrática

29_12_2018 HOY_SABADO_291218_ El País11 AAunque fundamentado en un ya alarmante endeudamiento público, el crecimiento económico con estabilidad salva la gestión gubernamental de un año signado por la crisis del partido oficial con el continuismo amenazando la precaria institucionalidad democrática

                                                Por Juan Bolívar Díaz

El crecimiento económico otra vez sobre el 6 por ciento, con estabilidad cambiaria y muy baja inflación es el aspecto más positivo del 2018 en la República Dominicana, aunque una vez más se fundamenta en un alarmante incremento de la deuda pública, que ya llega a ser estimada sobre el 60 por ciento del producto bruto interno.

En términos democráticos e institucionales el año marca una deriva determinada por una profunda confrontación en el partido gobernante y una vez más los pujos continuistas que condicionan la gestión gubernamental, sin el menor avance en la lucha contra el flagelo de la corrupción y la impunidad generalizada y con deterioro de la salubridad y la seguridad social.

Los elementos positivos

El crecimiento económico, que este año repuntó sobre el 6 por ciento, tras un  2017 en que se había reducido por debajo de 5, sigue siendo lo más positivo de la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, con estabilidad cambiaria y de precios, con una inflación alrededor del 2 por ciento.

Hay consenso entre los economistas en que el crecimiento sigue impulsado por la demanda interna y por la locomotora norteamericana, con incremento en el turismo y las remesas, que aportan más de 12 mil millones de dólares, para compensar parcialmente los fuertes déficits comerciales. Este “año de las exportaciones” registra un modesto crecimiento de estas estimado en 9 por ciento, pero se cree que las importaciones ascenderán en mayor proporción, por el  incremento de la factura petrolera que al tercer trimestre alcanzó los 700 millones de dólares.

Otro elemento positivo del año lo constituyó la expansión del sistema de vigilancia y asistencia 911 a una treintena de comunidades, como la mayor inversión para contener la delincuencia que en dos ocasiones obligó a las autoridades a reforzar la policía con efectivos militares. Se hicieron esfuerzos también por controlar el flujo de inmigrantes haitianos, aunque viciado por la prevalencia de un discurso de odio y estigmatización de una mano de obra que sigue sosteniendo dos renglones fundamentales, la agricultura y la construcción, pública y privada.

El gobierno se anotó dos reconocimientos, primero al sacar el país de la veintena de naciones que durante décadas persistieron en desconocer diplomáticamente la realidad de la República Popular China y por haber auspiciado una renovación de cuatro miembros del Tribunal Constitucional con un 75 por ciento de consenso, mejorando el comportamiento de las anteriores decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura y reduciendo la politización de las altas cortes.

Crecimiento con esteroides

Lo malo del crecimiento económico nacional es que siguió fundado en un galopante endeudamiento externo e interno por el déficit fiscal de toda una década. Es significativo que el 2018 comenzó con una colocación de bonos internacionales por 1,800 millones de dólares y termina con una aprobación congresual por más del doble, autorizando bonos por 190 mil millones de pesos, equivalentes a 3,800 millones de dólares.

El economista Pavel Isa Contreras acuñó la frase de crecimiento económico con esteroides en agosto, cuando junto a sus colegas Apolinar Veloz y Ernesto Selman convino en señalar como insostenible el ritmo de incremento de la deuda estatal. Veloz, hasta hace meses funcionario del  Fondo Monetario Internacional, cuantifica la deuda consolidada de todo el Estado en casi 50 mil millones de dólares al término del año.

Como se puede ver en el cuadro anexo, Apolinar Veloz, quien también ha sido gerente general del Banco Central, además de sumar la deuda del sector público no financiero de 33.6 millones de dólares y la del sector bancario público de 12.8 millones, para totalizar 46.4. millones de dólares, le agrega las del sector eléctrico público, de los ayuntamientos, de fideicomisos, de red viales y los 708 millones de dólares que reclama la Odebrecht por las plantas de Punta Catalina, para totalizar 49 mil 927 millones de dólares, equivalentes al 64.92 por ciento del producto bruto.

Eso implica que cada dominicano (10.5 millones) enfrenta  una factura por 4 mil 755 millones de dólares,  237 mil pesos. El monto total de la deuda estatal se incrementa sobre los 3 mil millones de dólares anuales, sin que el gobierno se haya acogido a las recomendaciones nacionales y de organismos internacionales sobre lo inaplazable de un pacto fiscal que, por demás, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo del 2012.

El fantasma continuista

Como es constante en la historia nacional, el fantasma de la reelección presidencial planeó a lo largo del año sobre la institucionalidad democrática, lo que junto a la prematura lucha por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) marcó el debate nacional, distrayendo la opinión pública y condicionando las actuaciones y programas gubernamentales.

Cuando se esperaba que el presidente Danilo Medina reconociera que la Constitución que ya él modificó tres años antes para viabilizar su reelección le prohíbe volver a ser candidato, el mandatario remitió para marzo o junio próximo fijar su posición al respecto. El miércoles dijo en un agasajo a periodistas digitales que podría ser en junio y no en marzo como la generalidad esperaba. Ya este año el Tribunal Constitucional rechazó un recurso que pretendía una declaración de inconstitucionalidad de la disposición transitoria que le impide a Medina volver a postularse a la presidencia. El dictamen indica que no se puede asumir que la Constitución sea inconstitucional.

Ahora en diciembre se conoció otro recurso que pretende habilitar la repostulación de Medina, a través del Tribunal Superior Electoral, bajo el mismo argumento de que la prohibición le viola sus derechos constitucionales, implementada por uno de los partidos minoritarios de menor vigencia, el Partido Demócrata Popular. Una benevolente sonrisa fue la respuesta de un versado especialista ante la remota posibilidad de que este tribunal pretenda pasar por encima del encargado de juzgar la constitucionalidad de los actos públicos.

Presidencialismo infinito

El presidente ha mantenido silencio, aunque en su presencia altos funcionarios y dirigentes políticos aprovechan los actos públicos para formular reclamos continuistas y se difundieron en las redes sociales y medios electrónicos media docena de spots promocionales de la reelección, con idéntica manufactura y línea gráfica profesional.

El activismo auto promocional del gobierno implicaba hasta octubre una inversión publicitaria diaria de unos 10 millones de pesos, de acuerdo con un monitoreo profesional privado de la publicidad. Mientras el mandatario acentuaba sus “visitas sorpresas”, donde distribuye los recursos que le niega a los ayuntamientos, a la justicia, y a la salubridad pública, que este año registró un inconcebible incremento de las muertes neo-natales, a ritmo 9.4 por día y crecimiento del 30 por ciento en relación al mismo período del 2017. Los municipios recibieron el 3 por ciento de los ingresos fiscales, aunque su ley orgánica les destina el 10.

Con una docena de duplicaciones, bajo dependencia directa de la presidencia, que incluyen programas sociales y hasta municipales, el resultado es el debilitamiento institucional y el fortalecimiento del acendrado presidencialismo nacional. Por todo eso se mantiene la incertidumbre sobre si el presidente Medina logrará “por algún medio”, imponer su continuidad en el poder en el 2020.

Pobre Ley de Partidos

La tendencia del presidente Medina en el PLD procuró a toda costa imponer en la ley de partidos el padrón abierto como mecanismo para elegir candidaturas y sus senadores llegaron a aprobarlo como obligatorio y de ejecución simultánea para todos los partidos, lo que no pasó en la Cámara de Diputados, aunque posteriormente se le encontró “un bajadero” para que su mayoría en el órgano superior de su partido pudiera hacerlo propio.

Tras 20 años de debates se terminó aprobando una Ley de Partidos que incorpora importantes demandas como la transparencia del financiamiento, mayor equidad de género, y límites a los tiempos y gastos de campaña. Pero quedó también con débil régimen de sanciones que la hace vulnerable y con planteamientos de dudosa constitucionalidad, como prohibir la postulación a cargos electivos de quienes no estén inscritos en un partido, penalizar (esa si severa) con cárcel a quien “difunda informaciones que afecten la imagen de algún candidato”, y prohibir las alianzas a nuevos partidos, mientras mantuvo un régimen muy desigual de distribución del financiamiento público.

El debate sobre la Ley de Partidos expuso todo el año la encarnizada lucha interna en el PLD y terminó disolviendo la concertación que durante más de dos años habían mantenido una docena de partidos políticos, encabezados por el mayor de la oposición, el Revolucionario Moderno, que a principios de año logró estrenar con éxito su nuevo padrón de miembros, con el cual renovó sus dirigentes en todos los niveles nacionales. Esa fractura fue contradictoria con los planteamientos dentro del mismo PRM y desde múltiples instancias partidistas y sociales, de la necesidad de una gran coalición para rescatar la devaluada institucionalidad democrática.

Los interminables debates partidistas habrían contribuido al incremento de la desconfianza en los partidos y en las instituciones democráticas, que por primera vez caen por debajo del 50 por ciento en encuestas y al manifiesto deseo de irse del país expresado por la mitad de los dominicanos, y hasta el 60 por ciento de los jóvenes de 18 a 25 años.-

 

 

Somos hermanos en humanidad

27_12_2018 HOY_JUEVES_271218_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Para quienes asumimos con profundidad las esencias fraternales del cristianismo, la Navidad es siempre un período de introspección, de examen de conciencia siguiendo la metodología de ver, juzgar y actuar, para revisar la coherencia y corregir el rumbo cuando detectamos que nos hemos desviado de la senda.

Esta fiesta es mucho más que el consumismo de comer y beber, de comprar, regalar y recibir cosas materiales, porque todos los caminos nos conducen siempre a las esencias del mensaje del Jesús de Galilea, que nació en Belén, hijo de muy humildes y anónimos trabajadores, signados por el destino de migrantes y refugiados que ha correspondido a una inmensa mayoría de los seres humanos, desde los remotos orígenes de la vida.

La Navidad nos invita siempre a la fraternidad, a la solidaridad, al acercamiento al mandato cristiano de amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a uno mismo. Eso es muchísimo más que la confesión religiosa, que levantar los brazos en un templo y darse golpes de pecho. Tampoco tiene que ver  con dar limosnas o dejar caer migajas de las mesas de la abundancia, tratando de acallar nuestras conciencias, rodeados de carencias, privaciones y exclusiones permanentes.

En su mensaje de este 25 de diciembre, el Papa Francisco, cultor de la humildad y la sencillez del divino maestro, nos ha recordado que “el mensaje de la Navidad es que Dios es Padre bueno y nosotros somos hermanos”. También que “la salvación pasa a través del amor, la acogida y el respeto de nuestra pobre humanidad, que todos compartimos en una gran variedad de etnias, de lenguas, de culturas, pero todos somos hermanos en humanidad. Entonces nuestras diferencias no son un daño o un peligro, son una riqueza”.

El Pontífice nos invita a redescubrir los nexos de fraternidad que nos unen como seres humanos y vinculan a todos los pueblos, advirtiéndonos que sin esa visión cristiana “nuestros esfuerzos por un mundo más justo no llegarían muy lejos, e incluso los mejores proyectos corren el riesgo de convertirse en estructuras sin espíritu”.

En estos tiempos en que se riega tanto odio y se proclama confrontación en nuestro país y nuestra isla, cobra mayor fuerza y justeza el reclamo papal de “fraternidad entre personas de toda nación y cultura”, como también “entre personas con ideas diferentes, capaces de respetarse y de escuchar al otro”, así como también entre personas de diversas religiones.

Francisco no predica la exclusión de nadie, ni reclama exclusividades, ni siquiera en el ámbito de las religiones, donde también vislumbra el encuentro y el diálogo ecuménico, en un mundo profundamente conturbado, cada vez de mayores desigualdades, violencias y estigmatizaciones, donde se acentúa una distribución de las riquezas  concentrada en el uno por ciento de la humanidad, generando una inseguridad generalizada.

En estos días de Navidad debemos sentir rechazo por este mundo de pocos estadistas y reducción de paradigmas, y reafirmar los anhelos de nuevos liderazgos con reivindicación del respeto a la diversidad, de la ética, de las prácticas democráticas, de los organismos intermedios, de la sociedad civil y de la participación, de nueva reformulación de la política, como ciencia del bien común y no para la apropiación del poder y las riquezas.

Que la fuerza de la Navidad se expanda en profundidad espiritual y nos impacte, impulsándonos a trabajar más arduamente todos los días del próximo año por constituir una sociedad donde quepan todos los sueños y nuestros hermanos no tengan que seguir ahogándose en el Canal de la Mona en intento desesperado por encontrar hálitos de vida y progreso. Y porque no sigamos acumulando tasas tan elevadas de muertes maternas e infantiles, de embarazos de adolescentes, de pobreza y exclusión, y que el agua potable y la electricidad sean definitivamente  patrimonio de todos. Amén.-

 

 

           

A dos años del escándalo Odebrecht prevalece una burlesca impunidad

22_12_2018 HOY_SABADO_221218_ El País11 A

Cumplidos ayer dos años del destape del mayor escándalo transnacional de corrupción, en el país no se han investigado las sobrevaluaciones en obras por casi 6 mil millones de dólares, ni el financiamiento electoral y el proceso judicial luce revestido de burlesca impunidad

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Dos años después del estallido del escándalo de corrupción en contratación de obras con la constructora Odebrecht en una docena de países, el 21 de diciembre del 2016 tras investigaciones judiciales en Estados Unidos, en la República Dominicana prevalece la impunidad a pesar de haber liderado proporcionalmente los sobornos confesados por la empresa.

Ni siquiera se ha realizado la auditoría de costos sobre 17 obras contratadas por el Estado dominicano, mucho menos se han investigado las admisiones de ejecutivos de la constructora sobre financiamiento de las dos campañas electorales del presidente Danilo Medina y de que sus operaciones mafiosas transnacionales fueron trasladadas al país evadiendo la justicia brasileña.

Muy escasas expectativas

            Han transcurrido 19 meses desde que la Procuraduría General de la República (PGR) imputó a 14 personas, doce de ellas exfuncionarios y legisladores, por los sobornos que Odebrecht confesó en el país por 92 millones de dólares, de un total internacional de 788 millones, y seis meses de que decidió procesar sólo a 7, sin que el caso haya pasado de la fase de instrucción, sin que alguno guarde prisión.

La impunidad prevaleciente determinó una deficiente investigación nacional, contrastando con las de Brasil, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador y El Salvador donde una decena de presidentes, expresidentes y vicepresidentes han sido investigados, procesados y arrestados tras diligentes indagatorias, las cuales en varios casos demostraron que los sobornos fueron hasta el triple de lo admitido por la constructora.

En el caso dominicano las imputaciones se han basado sólo en lo que Odebrecht ha confesado ante la justicia de Estados Unidos y Brasil, con escasas especificaciones o pruebas fehacientes de sus sobornos en el país para que los jueces puedan dictar sentencias y sólo en dos o tres casos se han reunido evidencias suficientes de enriquecimiento ilícito.

El escándalo desató las mayores movilizaciones ciudadanas de la historia nacional, expresadas en la Marcha Verde, que pusieron presión al gobierno y sus fiscales, a lo que se atribuyó las imputaciones originales al cabildero de Odebrech y su abogado, y a 12 funcionarios y legisladores en mayo del 2017, pero de esta docena, 8 quedaron liberados 13 meses después, en junio pasado, 3 de ellos miembros del mayor órgano directivo del partido gobernante, mientras se incluyó a un tercero de la oposición política. La percepción generalizada es que se juega al paso del tiempo y la reducción de la demanda de castigo.

El liderazgo dominicano

            La República Dominicana fue el tercer país en los niveles de los sobornos admitidos por Odebrecht, detrás de Brasil y Venezuela, pero el primero en términos proporcionales, de población, territorio y tamaño de la economía. Fue también después de Brasil, el lugar escogido por la constructora para establecer su “Departamento de Operaciones Estructuradas”, que manejaba sobornos y financiamientos de campaña, según confesiones de sus ejecutivos Fernando Miglaccio, Hilberto Mascarenhas da Silva y Luis Eduardo La Rocha.

Otra implicación particular del país fue que aquí estaban en plena asesoría de la segunda campaña electoral del presidente Danilo Medina Joao Santana y Mónica Moura, identificados múltiples veces como los expertos de Odebrecht en asistencia política, tras sus éxitos en los procesos que llevaron al poder a Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil. Despachaban en el Palacio Nacional (único caso conocido) hasta el 22 de febrero del 2016 cuando fueron requeridos por la justicia brasileña para ser apresados y procesados.

El ministerio público y los organismos de control se han negado sistemáticamente a investigar los pagos recibidos por Joao y Mónica en el país: entidades sociales documentaron ante la PGR que en los años 2013-14 empresas peruanas de Odebrecht hicieron 16 transferencias por un total de 4 millones 396 mil dólares a la compañía Cine&Art 2013 constituida por los asesores electorales en Santo Domingo. En julio pasado la diputada Faride Raful presentó una certificación de la Contraloría General de la República de que esa empresa y otra de los mismos asesores, Polis Caribe, recibieron contratos del gobierno dominicano por más de mil 300 millones de pesos.

Serias inconsistencias

            El expediente judicial armado por la PGR está cargado de inconsistencias, desde las primeras imputaciones, cuando el procurador Jean Alain Rodríguez  dijo que “están todos los que son y son todos los que están”. A los 13 meses ya no estaban 8 de los 14 imputados, y se agregó un séptimo nuevo, Jesús Vásquez, quien había sido el secretario general del principal partido opositor, uniéndolo a su expresidente Andrés Bautista. Junto al exdirector del INAPA Roberto Rodríguez, y del agente de Odebretch Angel Rondón y su abogado Conrado Pittaluga.

Al final, en el expediente que tramita el juez Francisco Ortega hay 3 procesados por sobornos del período de gobierno de Hipólito Mejía 2000-04, incluyendo a 2 que presidieron el Senado cuando se aprobaron apenas 2 de los 17 contratos de Odebrecht, por un 5% de los US$5,957 millones involucrados en las obras. Del período 2004-16, cuando contrataron el 95% con múltiples escalamientos de costos, sólo quedan procesados el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa y el senador Tommy Galán.

Es inconsistente que ostentando el partido gobernante casi todos los senadores y mayoría absoluta de los diputados, tuvieran que sobornar a un solo legislador para aprobar, casi siempre al vapor y unanimidad oficialista, sus mayores contratos, incluyendo el de las plantas de carbón que involucran el 40% del total contratado. De esos años no se imputa soborno a ningún presidente de las cámaras legislativas. Los miembros del Comité Político del PLD, senador Julio César Valentín, Rhadamés Segura, exadministador de la CDEEE, y el exministro Temístocles Montás, imputados en el 2016, quedaron liberados en junio pasado.

Si se quiere otra grave inconsistencia, vale verificar que el centenar de transferencias a cuentas de Rondón, en que se fundamentan las acusaciones de sobornos, fueron realizadas entre el 2007 y enero del 2015, todas durante los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina y cuando tenían total control de ambas cámaras legislativas.

Sistema de impunidad      

Una demostración de que el caso Odebrecht cabalga sobre el sistema de impunidad prevaleciente en el país, es que a 2 años del escándalo no se hayan realizado las correspondientes auditorías forenses de las obras contratadas, y que la empresa transgresora haya seguido construyendo, amparada en un acuerdo con la PGR homologado por un juez el 19 de abril del 2007, el cual obligaba a la constructora a entregar toda la información que permitiría procesar a los beneficiarios de sus sobornos. Nunca se le ha exigido, por lo que el acuerdo fue bautizado como de silencio e impunidad.

Se creía que la auditoría era fundamental para determinar si hubo sobrevaluaciones que justificaran unos sobornos que la empresa ni la PGR han documentado de forma convincente. En realidad en casi todas las obras hubo escalamientos de precios con adendas a los contratos originales, en algunos casos hasta superiores al 100%, como en las hidroeléctricas de Pinalito y Palomino y en la circunvalación de La Romana, todas ejecutadas en los gobiernos de Fernández y Medina. Las plantas de carbón no se sabe aún en cuánto terminarán sobre el contrato original de US$ 2 mil 40 millones, pues la constructora reclama otros US$708 millones.

Los ejecutivos de Odebrecht dieron testimonio judicial de que para obtener contratos mediante sobornos y financiamientos de campañas electorales, tenían un patrón de incremento de costos de alrededor del 22 por ciento, lo que en las contrataciones dominicanas implicarían unos US$ mil 119 millones.

Por más vueltas que se le dé al escándalo Odebrecht, lo que asoma es una burlesca impunidad sustentada en el control político de la justicia, en el paso del tiempo y el olvido, y sobre todo en que baje la marea de la Marcha Verde que obligó a las primeras 14 imputaciones, ya luego revocadas en su mayoría.              

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Omisiones y contrastes en la justicia de RD

  • La empresa Odebrecht siguió construyendo
  • La PGR no ha exigido el cumplimiento de su acuerdo con la constructora
  • No se han realizado las auditorías para determinar sobrevaluaciones denunciadas
  • No investigan los admitidos financiamientos de campañas electorales
  • Ignoran testimonios de que Odebrecht operó aquí su departamento de sobornos
  • No se investigan los pagos a los asesores del presidente Medina Joao y Mónica
  • En RD no hay un solo preso, aunque RD lideró el escándalo después de Brasil
  • Hay 3 procesados por el 5% del total contratado, y sólo 2 del 95%
  • Los 2 presidentes del Senado que aprobó el 5% están procesados, ninguno del 95%
  • De 14 originalmente imputados, liberaron 8, tres altos dirigentes del PLD
  • Todas las transferencias a Rondón fueron en los gobiernos del PLD, 2007-15
  • Un solo legislador responsabilizado de los sobornos del 95% contratado
  • Un expediente judicial, cargado de vaguedades y a paso de hicotea

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Pobreza dominicana al desnudo

20_12_2018 HOY_JUEVES_201218_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Los resultados de la Encuesta Enhogar entregada la semana pasada por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) dejan al desnudo los altos niveles de pobreza de la sociedad dominicana, casi finalizando la segunda década del siglo 21, y los fracasos de los gobernantes, frecuentemente   proclamados redentores, en proporcionarle los servicios fundamentales y de calidad que son distintivos del progreso universal.

No se trata de una encuesta cualquiera de opinión entre un millar de personas, sino de una investigación que abarcó una muestra científica de 37 mil 811 hogares, cuyo trabajo de campo concluyó en febrero pasado y que da continuidad a una serie que lleva ya dos décadas. Con el rigor y ponderación que cracterizan las investigaciones de ese organismo estatal.

Resulta verdaderamente dramático que todavía el 47.5 por ciento de los hogares dominicanos no dispongan de agua potable dentro de sus viviendas; que del 76 por ciento que recibe agua de los acueductos, sólo una tercera parte la obtenga de forma permanente; que cerca de la mitad (46 por ciento) apenas disponga del líquido vital dos o tres días semanales; mientras otro 9 por ciento sólo un día.

En el suministro de energía eléctrica los resultados de Enhogar no son más alentadores porque, aunque 95 por ciento de las viviendas tiene acceso a las redes públicas, más de la mitad (52.3 por ciento) sufre apagones de más de 4 horas diarias, la cuarta parte (25.6 por ciento) entre 10 y 14 horas y el 13 por ciento no dispone del servicio entre 15 y 23 horas al día.

La encuesta muestra otros datos reveladores del atraso nacional: todavía el 14 por ciento de la población usa letrinas y otro 2 por ciento ni siquiera ese primitivo dispositivo; y sólo el 13 por ciento de los hogares tienen una computadora. En lo que sí nos modernizamos es en la posesión de teléfonos celulares, 69 por ciento. Pero ni hablar de los vertederos al aire libre y del 80 por ciento de las viviendas de la gran urbe capitalina sin conexión a un alcantarillado sanitario, ni de las altas tasas de muertes materno-infantiles.

En el 8 por ciento de los hogares algún miembro estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el último año, una muy alta proporción que guarda coherencia con los informes de la Organización Mundial de la Salud, que sitúan al país como segundo líder mundial en tasa de muertes por accidentes automovilísticos (41.7 por 100 mil), después de la pequeña isla Niue del pacífico sur, de apenas mil 700 habitantes.

Los resultados de la ONE también ratifican las últimas encuestas de opinión pública que muestran una creciente alarma por la inseguridad, ya que el 76.6 por ciento situó la delincuencia como principal problema nacional, seguido del desempleo, 45, el costo de la vida 29, y la corrupción, que registra 25 por ciento.

A esos diagnósticos sociales se atribuye el que casi la mitad de los dominicanos manifieste deseo de marcharse del país, como acaba de ratificar una encuesta mundial de la Gallup que arrojó 49 por ciento, apenas superado por un puñado de naciones, que forman parte del club universal de la pobreza: Haití, Albania, Liberia, Sierra Leona y El Salvador. Más desolador aún que esa tasa se eleve hasta 60 por ciento entre los jóvenes

Son muchos los que ocultan la cabeza ante estas revelaciones y prefieren “hablar de cosas positivas”, a menudo para acallar sus conciencias, para evadir responsabilidades, para seguir viviendo en la burbuja y en la convicción de las capas privilegiadas de que casi somos una nación desarrollada.

Estos datos hay que divulgarlos por todos los medios, una y otra vez, para sacudir conciencias y generar cambios fundamentales para la inclusión social, la equidad y el desarrollo integral.-

 

López Obrador sin derecho a fallar: rechaza gobierno rico con pueblo pobre

15_12_2018 HOY_SABADO_151218_ El País11 A

El nuevo presidente de México proclama la cuarta transformación del país a partir del fin de la corrupción y la impunidad, con austeridad desde arriba, para rescatar a 50 millones de la pobreza y la extrema desigualdad y generar un nuevo Estado que supere la inseguridad 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Con el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) México se mueve entre la esperanza y el escepticismo, aquejado por extrema desigualdad con más de 50 millones de pobres lo que genera alta migración grave delincuencia, inseguridad y violencia, con un costo superior a las 150 mil vidas en el último sexenio de gobierno.

López Obrador inicia su gestión gubernamental convencido de que combatiendo la inmensa corrupción y la impunidad y bajo un programa de austeridad logrará generar una dinámica que reduzca la delincuencia, el narcotráfico y la violencia y permita al país aprovechar sus riquezas y crear un nuevo modelo de desarrollo más justo y equitativo.

Esperanza y escepticismo

“Por fin, el poder: Entre la esperanza y el escepticismo”, titulaba la reconocida revista Proceso el 2 de diciembre, al día siguiente de la juramentación de Andrés Manuel López Obrador, (AMLO), investido presidente de México con una histórica votación del 53 por ciento compitiendo contra los poderes fácticos y tres partidos de 90, 80 y 40 años, en su tercer intento después de haber perdido en el 2006 por el 0.5 por ciento con flagrantes abusos del Estado.

Aunque pretende redimir los sectores sociales más pobres y excluidos, su impulso electoral  fundamental no fue de estos, victimas tradicionales de la manipulación política y la ignorancia, sino de las clases medias, activistas sociales y la intelectualidad, hastiados de la descomposición social y económica que hundió a México al compás de las políticas neoliberales y la gestión de la tecnocracia que predominó en los últimos seis sexenios de gobierno, a partir de Miguel de la Madrid en 1988, fruto de cuestionados comicios donde cerraron el paso a Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del histórico Lázaro Cárdenas que gobernó en pleno período post revolución, 1934-40.

Contrario a lo que sus contradictores pregonan, López Obrador no es un izquierdista radical ni un improvisado en la política, pues acumula casi cuatro décadas de militancia en el Partido Revolucionario Independiente (PRI), luego en el Partido de la Revolución Democrática (PRD y hace 6 años en su propia organización, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Fue el éxito de su gestión al frente de la capital (2000-05) que ya implicaba a 20 millones de mexicanos y con presupuesto superior al de República Dominicana, lo que le catapultó al liderazgo nacional que le ha permitido finalmente alcanzar la presidencia de México, con 123 millones de habitantes en un inmenso territorio de casi 2 millones de kilómetros cuadrados,41 veces el dominicano, la segunda economía latinoamericana y la décimo quinta del mundo.

No tengo derecho a fallar

En su discurso de juramentación, AMLO contó que un ciclista que se apareó a su automóvil cuando se dirigía al Congreso, lo que se vio por televisión, le señaló con el dedo y le advirtió “tu no tienes derecho a fallarnos”. Consciente de la esperanza que representa, dijo a continuación que efectivamente “no tengo derecho a fallarle al pueblo de México”, donde la pobreza alcanza tasa de 43 por ciento, afectando a más de 50 millones, con una de las mayores corrupciones del mundo y a la vez enorme desigualdad y estancamiento económico, acosado por el narcotráfico y la violencia que en el 2017 cobró entre 26 y 30 mil vidas, y que a mitad de este año llevaba un ritmo de 93 por día, con decenas de tumbas colectivas clandestinas y hasta furgones de cadáveres arrojados en carreteras.

La magnitud de los problemas mexicanos es lo que mantiene escepticismo sobre las posibilidades de ver materializadas las promesas de AMLO, pero al mismo tiempo obliga a gran proporción a aferrarse a esa tabla de salvación, convencidos de que “ya el país tocó fondo y no tenemos más alternativa que reflotar a cualquier precio”, como aprecia un veterano analista que no esconde algunos cuestionamientos al proyecto.

López Obrador alcanzó el poder enfrentando la hostilidad de los grandes intereses económicos, y gran parte de sus medios de comunicación, pero con habilidad suficiente para reducirla designando jefe de su gabinete a Alfonso Romo Garza, figura importante de familias del gran capital norteño y creando un consejo asesor empresarial, aunque proclama la separación de los poderes políticos y económicos. Poco después de su elección dirigió una carta al presidente Donald Trump, agradeciendo su congratulación, donde ratificó sus facultades políticas. En la segunda semana de gobierno ya ha logrado una promesa del gobierno de Trump de inversión conjunta para reducir las migraciones mexicanas y centroamericanas hacia Estados Unidos.

La guerra a la corrupción

            El carismático AMLO dijo en su discurso inaugural que “si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad”, convencido de que “nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes y de la pequeña minoría que ha lucrado en el influyentismo”. Que “el neoliberalismo, la corrupción y la deshonestidad fueron causantes de la desigualdad económica y social, de la inseguridad y la violencia que padece México, impulsando la economía informal, la migración y la delincuencia”.

López Obrador rechaza “un gobierno rico con pueblo pobre”, y está convencido de que dando ejemplo de austeridad y honestidad, como hizo en el gobierno capitalino, del que salió con lo mismo que entró y sin ningún familiar que se hiciera próspero empresario, tendrá moral para combatir la corrupción desde arriba hacia abajo, proscribiendo la impunidad, así como para crear una dinámica que reduzca la delincuencia, el narcotráfico y la criminalidad que se han expandido al ritmo de la descomposición social.

Postula un programa que le permitiría ahorros de hasta 26 mil millones de dólares anuales, suficientes para asistir a los más desposeídos, cortando privilegios y reduciendo altos salarios arriba, de hasta 600 mil pesos (30 mil dólares) para mejorar los salarios y las pensiones abajo, entre los más precarios de la región. Comenzó reduciéndose al 40 por ciento su propio salario, vendiendo tres aviones presidenciales, 58 jets y 112 helicópteros al servicio de funcionarios, suprimiendo una guardia presidencial de 8 mil 500 miembros, convirtiendo en museo y centro cultural la inmensa residencia del presidente y suprimiendo enormes pensiones de los expresidentes y de más de un centenar de servidores públicos al servicio de cada uno de ellos..

Metas muy ambiciosas

Son muchos los que dudan que su programa de reducción de gastos alcance las metas, y ya el poder judicial le congeló una ley que reduciría los sueldos del Poder Judicial, pero creen que tendría un gran efecto si lo logra siquiera en cincuenta por ciento. Sobre todo en la gran  corrupción en las contrataciones de obras y servicios, en el tráfico de influencia y en el soborno, o la mordida, que en México tiene tradición y traspasa todos los niveles del servicio público.

Pero AMLO proclama que controlar la corrupción es fundamental para recuperar la seguridad y regenerar el conjunto de la sociedad, y por demás entiende que le permitiría impulsar el desarrollo sin tener que elevar los impuestos ni continuar la carrera de endeudamiento de sus antecesores. En el discurso inaugural planteó que Vicente Fox dejó la deuda estatal en 1.7 billones de pesos en el 2006, que al 2012 Felipe calderón la triplicó a 5.2 billones, y que la recibe ahora de Peña Nieto en 10 billones de pesos.

Con el agravante de que el crecimiento, que en las décadas de los 50 a los 80 se situaba entre 5 y 6 por ciento del producto bruto, se ha reducido a menos de la mitad, y el aparato productivo estatal fue vendido o traspasado al sector privado, bajo promesas de inversión que no se materializaron.

Enfrenta a los neoliberales

El programa que enarbola AMLO es cuestionado por los mayores devotos del libre mercado, que lo consideran restaurador del estatismo y populista, pero él responde que “no es lícito ni jugar limpio defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras, y considerar una carga el bienestar de los más necesitados”.

Se queja de que el poder político y el económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus vivendi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación, refiriéndose a la privatización del ejido, las playas, ferrocarriles, telecomunicaciones, minas, industria eléctrica y la petrolera.

“Hoy somos la nación que más importa maíz, grano originario de México, el salario se ha deteriorado en 60 por ciento, para ser de los más bajos del planeta, y durante el período neoliberal nos convirtió en el segundo país con mayor migración, 24 millones de mexicanos viven en Estados Unidos”, sostuvo López Obrador.

No hay la menor duda que el nuevo gobierno implica cambios trascendentes en México, hasta en el orden político, donde propone reformas para que los presidentes puedan ser procesados judicialmente y someterse a la posibilidad de revocación del mandato, con consulta a mitad de período. López Obrador proclama que México vivirá su cuarta gran transformación, después de la independencia, la reforma juarista y la revolución de la primera década del siglo pasado. Hay razones de sobra para desearle buena suerte, dado el nivel de sus dolencias de los últimos años.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predomina la irracionalidad frente al Pacto Mundial sobre Migración

Members of a U.S.-bound migrant caravan stand on a road after federal police briefly blocked their way outside the town of Arriaga, Mexico, on Oct. 27, 2018. (AP Photo/Rodrigo Abd)

La RD debuta en el Consejo de Seguridad de la ONU, rechazando un pacto ponderado y aprobado por el 93% de las naciones, sólo coincidiendo con Estados Unidos en toda América e ignorando que hay más de 2 millones de dominicanos emigrados, muchos en vulnerabilidad

                                                Por Juan Bolívar Díaz

           Sólo el creciente sentimiento anti haitiano, que en muchos llega a la irracionalidad, puede explicar que la República Dominicana rechace de plano el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular ponderado durante dos años y aprobado por el 93 por ciento de los Estados que integran las Naciones Unidas, incluyendo a todos los de América Latina y el Caribe.

Los efectos serán contraproducentes, ya que el pacto busca la solidaridad internacional con un “enfoque integral del fenómeno de las migraciones” partiendo de que “ningún país puede encarar los retos de este fenómeno mundial y aprovechar sus oportunidades en solitario”, sobre todo porque RD es tres veces más una nación de emigrantes que de inmigrantes.

Declaración de Nueva York

Tal como reconoce el gobierno dominicano en el comunicado que rechaza el pacto y hasta asistir a la conferencia intergubernamental del 10 y 11 de diciembre en Marruecos, su origen está en la “Declaración de Nueva York” sobre refugiados y migrantes adoptada por la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2016, “como respuesta a los grandes desplazamientos de migrantes y refugiados que se estaba produciendo en diferentes partes del mundo”.

Sólo en ese año llegaron a Europa millón y medio de personas buscando refugiarse de la inseguridad y el hambre, cientos de miles fueron rescatados de naufragios, y 4 mil murieron en la travesía, cifra que se aproxima a los 15 mil hasta el 2018, convirtiendo el Mar Mediterráneo en un inmenso cementerio. Más de dos millones se han convertido en una enorme carga para Turquía, un millón 200 mil para El Líbano, otro millón para Egipto y 700 mil para Jordania. Recientemente se ha producido la marcha de miles de centroamericanos que atraviesan México intentado a toda costa llegar a Estados Unidos, y más de 100 mil haitianos se han desplazado a lugares tan lejanos como Brasil y Chile, todo lo cual configura una calamidad humana deplorada por el Papa Francisco y otras personalidades y entidades humanitarias que piden misericordiosa solidaridad.

Con soberanía nacional  

El pacto fue elaborado y discutido dos años por numerosos foros y consultas regionales atendiendo al mandato de un abordaje integral de los movimientos humanos y de la necesidad de fortalecer la cooperación global con énfasis en mecanismos para proteger las poblaciones migrantes. Si bien el instrumento se centra en las personas, partiendo de la universalidad y antigüedad de las migraciones, proclama que “los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional”.

Especifica que “Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional”. En su preámbulo deja claro que es “un marco de cooperación no vinculante jurídicamente”, buscando la cooperación global para “mitigar los factores adversos y estructurales que impiden que las personas puedan labrarse y mantener medios de vida sostenibles en sus países de origen”. Pretende reducir los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan los migrantes.

Un resumen de sus 23 objetivos se encuentra en la página 7 del Pacto par la Migración Segura, Ordenada y Regular, detallados luego hasta la página 36 de las 39 que lo integran, sin que se encuentre ningún precepto que ate a los Estados, a no ser los tratados internacionales ya suscritos que garantizan los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a migrantes y refugiados.

Ambiente muy contaminado

Los desbordamientos migratorios, en muchos casos derivados de legados históricos de explotación y depredación colonialista, de guerras y catástrofes, han contaminado las relaciones internacionales y generado nacionalismos y xenofobia en múltiples países. La República Dominicana no ha escapado de la emergencia de grupos ultranacionalistas que exacerban el rechazo a las migraciones, con desprecio, racismo  y odios, que han sido rechazados no sólo por el Papa Francisco, sino también por estadistas de la Unión Europea y entidades universales.

En el país el sentimiento antihaitiano está alcanzando niveles preocupantes, y se manifiesta hasta en amenazas de muerte, o en irrupciones como la de la noche del miércoles cuando un grupo vociferante impidió la celebración en la Biblioteca Nacional de un panel que abordaría con múltiples voces los problemas de las migraciones.

Los ultranacionalistas son pequeños grupos, pero han logrado inocular el desprecio a los migrantes en amplios segmentos nacionales, incluyendo a gran proporción de los funcionarios, legisladores, políticos y comunicadores que rechazaron el Pacto Mundial sobre Migración sin siquiera conocerlo, algunos convirtiéndolo en una amenaza contra la soberanía nacional y un advenimiento de su temida “fusión de la nación dominicana con la haitiana”, y repitiendo la utilización histórica del anti haitianismo como recurso político.

Aunque la cancillería dominicana participó del proceso de discusión del pacto, la algarabía que produjo el anuncio de su inminente aprobación, llevó al gobierno a decidir que no lo ratificará ni asistirá a la conferencia de la ONU la próxima semana, tras fallar al no haber informado con anticipación de sus objetivos y de su condición no vinculante.

En el ridículo internacional

            Serán contraproducentes los efectos de Adherir el país a los Estados Unidos de Donald Trump, como los únicos de todo el continente americano en rechazar el Pacto Mundial, junto a otras doce naciones no emisoras de emigrantes: Austria, Australia, Italia, Israel, Suiza,  República Checa,  Eslovaquia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia y Eslovenia.

En muchos lugares del mundo se reirán de la RD que ha enviado al exterior más de dos millones de nacionales en el último medio siglo, gran parte de ellos inmigrantes irregulares y cientos de miles en condición de vulnerabilidad por políticas anti-inmigrantes, como las promovidas por el presidente Trump, que de alcanzar sus metas, implicaría la deportación de decenas de miles de dominicanos. Es por demás injusto que no se piense en esa diáspora dominicana que envía al país más de 6 mil millones de dólares anuales, que se distribuyen en las capas pobres y medias bajas, y son sustento de la estabilidad y el crecimiento económico del país.

El Dominican Center for Social Justice, con sede en Nueva York, acaba de publicar un informe basado en datos censales de Estados Unidos, de la Oficina de Estadística de las Comunidades Europeas, de España, Chile y Argentina, así como de estimados del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU que cuantifican sobre 2 millones y medio los emigrantes dominicanos y sus descendientes, en decenas de países.

Con un crecimiento anual de 8.8 por ciento en los últimos años, los emigrantes dominicanos y sus descendientes serían hoy 2 millones 503 mil 851, el 84 por ciento, 2 millones 93 mil en América del Norte, 11 por ciento, 267 mil en Europa, 91 mil en el Caribe, con países como Curazao y Dominica, donde los dominicanos han llegado al 20 por ciento de sus habitantes.

Como la Encuesta Nacional de Inmigrantes del Estado Dominicano del 2017 estableció en 750 mil los extranjeros y sus descendientes radicados en el país, 497, mil 825 inmigrantes haitianos, hay que convenir que República Dominicana es por lo menos tres veces más emisor que receptor de migrantes. No le corresponde ubicarse en el 7 por ciento de los 194 Estados de la ONU que han rechazado el pacto a proclamarse la próxima semana.

 

Objetivos para la migración segura, ordenada y regular

 

1.   Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica

2.   Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen

3.   Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración

4.   Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada

5.   Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular

6.   Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente

7.   Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración

8.   Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes desaparecidos

9.   Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes

10.  Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración internacional

11.  Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada

12.  Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación

13.  Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas

14.  Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio

15.  Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos

16.  Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión social

17.  Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración

18.  Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes, cualificaciones y competencias

19.  Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir plenamente al desarrollo sostenible en todos los países

20.  Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la inclusión financiera de los migrantes

21.  Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad, así como la reintegración sostenible

22.  Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones adquiridas

23.  Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura, ordenada y regular

Página 7 del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular

                    

 

 

 

 

Deben limitar la corrupción e impunidad para recuperar la confianza en la política

24_11_2018 HOY_SABADO_241118_ El País11 A

El Latinobarómetro 2018 acaba de ratificar la progresiva caída de la confianza de los dominicanos en los partidos, el Estado y la democracia, así como en su futuro inmediato, ya que más de la mitad confiesan que quieren irse del país, empatados con los venezolanos

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Los expertos en ciencias sociales deberán centrar su atención en la vertiginosa caída que registra la confianza de los dominicanos en las instituciones políticas y estatales, mayor que en la región, y en el futuro del país, pues ya pasan de la mitad los que confiesan que quisieran emigrar, con el agravante de que las fronteras de la migración se están cerrando progresivamente.

Hay quienes apuntan a la alta tasa de percepción de la corrupción, de la impunidad y la inseguridad, así como a la desigualdad, como causas eficientes de la cada vez menor credibilidad en las instituciones estatales y la actividad política, demasiado concentrada en agrias disputas que corroen los partidos y relegan las soluciones de los problemas fundamentales.

El último Latinobarómetro

La opinión pública nacional parece haber preferido ignorar los resultados del último estudio de opinión pública Latinobarómetro, publicado hace dos semanas, que muestra una caída alarmante de la confianza de los dominicanos en las instituciones estatales y especialmente en los partidos políticos y la democracia, así como también la acentuada tendencia a tratar de huir de la realidad del país.

La acreditada encuesta, basada en 20 mil entrevistas en 18 países latinoamericanos, viene evidenciando la crisis de credibilidad en la política en toda la región, en los últimos años, pero en el caso dominicano se ha acentuado alarmantemente, para registrar la peor puntuación con apenas 14 por ciento de confianza, con caída de 7 puntos en relación al año anterior. La última Gallup-HOY, publicada en octubre ya había marcado un muy bajo 23 por ciento.

El apoyo de los dominicanos a su democracia cayó de 60 a 44 por ciento entre el Latinobarómetro del 2016 y el del 2018, y diez puntos en el último año, siendo la primera vez que se sitúa por debajo del 50 por ciento, cuando en el 2004 estaba en 65 por ciento. Aunque todavía el 62 por ciento cree que la democracia es el mejor sistema de gobierno, con un 18 por ciento que prefiere la autocracia, un preocupante 29 por ciento dice que le da lo mismo cualquier modelo.

La Gallup-HOY de octubre ya había mostrado una alta incertidumbre en relación a las preferencias para las elecciones del 2020. En el Latinobarómetro el 35 por ciento de los dominicanos no identifica por qué partido votaría si lo pusieran a escoger ahora mismo. Más de la mitad, 55 por ciento, estima que la democracia dominicana tiene “grandes problemas”, con otro 20 por ciento que le atribuye “pequeños problemas”.

Poca confianza al futuro

Un resultado que debería disparar la preocupación del liderazgo nacional es que en este Latinobarómetro los dominicanos empatan con los venezolanos en proporción de los que se quieren marchar del país, con un 53 por ciento de la población total, 11 puntos más que en el 2017, liderando los 18 países del estudio. Otra investigación regional del año pasado, el Barómetro de las Américas, arrojó 42 por ciento, y cuatro años atrás, en el 2014, sólo 29 por ciento, 23 puntos menos que ahora. Y lo peor es que en la franja juvenil los que no confían en el país para vivir alcanzan tasas de hasta 60 por ciento. Esa baja expectativa es coherente con la cada vez más diagnosticada ausencia de los jóvenes de las actividades políticas.

Es más relevante el creciente incremento de los que quisieran huir por dos razones fundamentales, la primera es la persistente información de que  RD es de los países de mayor crecimiento económico del mundo, y porque la preferencia por la migración se produce en medio de un clima universal de rechazo a los inmigrantes, incluyendo la abrumadora denuncia sobre ingreso de los haitianos, y las crecientes barreras en Estados Unidos y Europa, destino de la mayor parte de cerca de dos millones de dominicanos que emigraron en las últimas seis décadas.

La situación se complica cuando se advierte que la escasa confianza no es sólo en los partidos, sino también en las principales instituciones del Estado, con 20 por ciento en el poder legislativo, 21 en el judicial y 22 por ciento en el gobierno. Y con un abrumador 84 por ciento que manifiesta su convicción de que se gobierna para beneficio de pocos, 9 puntos por encima del promedio regional. Son peores resultados que en la Gallup-HOY donde la confianza en el gobierno alcanzaba el 38 por ciento, en la justicia el 31 y el 28 por ciento en el Congreso.

Inseguridad e impunidad

            No es tan difícil encontrar explicaciones en la desconfianza manifiesta en las instituciones del Estado y en el futuro del país, pues sólo hay que verificar en las encuestas las preocupaciones que expresa la población dominicana, dominando el empleo, con 32 por ciento de los jóvenes desempleados, además del costo de la vida,  inseguridad ciudadana, corrupción y la impunidad.

Para recuperar la confianza en los órganos del Estado y los partidos será fundamental desmontar el andamiaje de malversación, corrupción, clientelismo y rentismo en que se fundamenta el accionar partidista y especialmente de los que alcanzan el gobierno para prolongarse en el mismo. Lo advierten todas las investigaciones, los estudios y pronunciamientos de los organismos internacionales y hasta los diplomáticos de las naciones desarrolladas.

Esta misma semana la recién llegada embajadora de Estados Unidos, Robin Bernstein, siguió los pasos de sus antecesores planteando en un discurso escrito que “el imperio de la ley y tolerancia cero hacia la corrupción son esenciales para seguir atrayendo la inversión norteamericana”. Llegó a decir que su gobierno trabaja con el dominicano para desarrollar procedimientos de compras y contrataciones.

En el Latinobarómetro el 77 por ciento de los dominicanos consideró que la corrupción está en aumento, en encuestas nacionales pasa del 80, mientras se generaliza la percepción de que es incentivada por todo un andamiaje de impunidad, montado sobre el control partidista de la justicia y del ministerio público. Con el agravante de que la generalización de la impunidad arriba incentiva la corrupción abajo que se expresa en asaltos, robos e inseguridad ciudadana.

Nada tiene solución

Con registros tan altos de malversación, como los que contiene el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, entre los 10 mayores de 140 países, el país desaprovecha la oportunidad de traducir su crecimiento económico nominal en desarrollo humano, como han diagnosticado persistentemente los organismos internacionales, y las limitadas contribuciones de la minoría más afortunada para las que se gobierna, según la percepción del 84 por ciento, no permiten solucionar las graves carencias nacionales.

Los niveles de desigualdad son señalados entre los más altos de la región, con baja calidad del empleo, un 59 por ciento informal, RD se aproxima a la tercera década del segundo  milenio con la mitad de las viviendas sin agua potable dentro, con apagones todavía de hasta 8 horas diarias en la mitad del territorio, con elevadísimas tasas de mortalidad materno-infantil y de accidentes, y deplorable calidad de la educación y la salubridad general. Y el sistema de seguridad social en creciente incertidumbre.

El sistema político y los gobernantes se burlan persistentemente de las normativas constitucionales y legales e invierten más energías en discutir cómo lograr modificar una y otra vez la Constitución que en centrar su atención sobre los problemas que más preocupan a la población. Durante dos décadas se cifró esperanza de que una ley de partidos reduciría el tiempo y el costo de las campañas electorales, pero los límites establecidos en la Ley 33-18 de agosto pasado, ya están siendo violados sistemáticamente. Y pocos políticos reaccionan a las advertencias de las investigaciones sociales.

Oxfam: las democracias capturadas

La reconocida institución mundial Oxfam publicó la semana pasada su estudio “Democracias Capturadas”, donde se resalta que el 75 por ciento de la población latinoamericana tiene la convicción de que se gobierna para unos pocos grupos de privilegiados que han capturado el Estado y subordinado la democracia, y que el 65 por ciento muestra insatisfacción con el sistema democrático de la región más desigual del universo. Proclama que “sólo reduciendo la desigualdad tendremos más democracia”.

El estudio sostiene que el 1 por ciento de los latinoamericanos y caribeños concentra el 37 por ciento de la riqueza, cuatro puntos de incremento sobre el año 2000, y que el 20 por ciento más rico concentra el 45 por ciento de los ingresos, mientras el 20 por ciento más pobre apenas recibe el 6 por ciento de los ingresos.

Plantea también que las políticas fiscales en vez de reducir las desigualdades a menudo las incrementan, citando los casos de los países más pobres de la región, como RD, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Bolivia. Y que los grupos privilegiados dominantes han desarrollado una decena de mecanismos de control que les permiten “socializar los costos y privatizar las ganancias”.

Tenemos que afinar la puntería

22_11_2018 HOY_JUEVES_221118_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) celebró anteayer un interesante foro sobre el derecho ciudadano a la participación, concentrando la atención en el derecho a la iniciativa popular y el referendo aprobatorio, instituidos en la Constitución promulgada por el presidente Leonel Fernández en el 2010.

La recién electa directiva de la ANJE, presidida por Guillermo Julián, siguió una ya larga  contribución de la entidad al debate de los temas de interés, no sólo empresarial, sino integralmente social, que en muchas ocasiones ha pasado de lo retórico académico a la concertación y movilización junto a otras organizaciones de la sociedad civil para alcanzar avances significativos.

Junto a la Asociación de Empresas Industriales de Herrera, Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Bonó, Educa y otras organizaciones ha estado a la cabeza en la promoción de jornadas como la que originó en 1997 la Suprema Corte de Justicia más independiente de nuestra historia, la lucha por la sanción de los fraudes bancarios del 2003, por el cumplimiento de la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la Educación, y en la promoción de las reformas políticas e institucionales. Es justo consignar que en ocasiones han participado otras importantes instituciones empresariales.

Tal como argumenté, invitado al foro del martes, la preocupación por la vigencia de las iniciativas constitucionales de participación ciudadana es válida, pero tropieza con la escasa voluntad de aplicarlas por parte de quienes han ensamblado una estructura de dominación casi completa del Estado y muchas entidades sociales. Pareciera que las pusieron en la carta magna como adorno para bautizarla como la máxima expresión del Estado Democrático de Derecho, de la era de la Información y del conocimiento, de la postmodernidad y otros orgasmos discursivos.

De hecho, la iniciativa legislativa popular establecida en el artículo 97 de la Constitución, fue natimuerta al establecer el requisito del 2 por ciento del padrón electoral para una simple introducción al Congreso, sin ninguna garantía de que siquiera sería considerada. Con el padrón actual que la Junta Central Electoral proyecta sobre 8.1 millones para el 2020, habría que reunir unas 160 mil firmas, lo que desaliente hasta las mejores iniciativas.

Ahí están también el artículo 203, que establece el Referendo, Plebiscito e Iniciativa Normativa Municipal, “con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local”, el 210 sobre Referendos, o consultas populares, y el 272 que condiciona la reforma constitucional en aspectos fundamentales a un referendo aprobatorio. Todos tienen en común el no haber sido objeto de las leyes orgánicas o reglamentarias correspondientes, y nadie ha apelado a ellos, aunque se intentó con la reforma constitucional del 2015, para posibilitar la reelección de su promotor Danilo Medina, pero se sostuvo que no caía en la categoría. Aunque si algo debería ser dificultado en la Constitución dominicana es la reforma sobre la reelección presidencial por cuanto han motivado la mayoría de sus 139 modificaciones.

Como estamos viviendo los prolegómenos de la reforma 140, en vez de ocuparnos de unas iniciativas populares que precisarán leyes que las hagan viables, cuando haya voluntad política, la sociedad dominicana debe concentrar su atención en rechazar firme y decididamente una tercera reforma reeleccionista en 9 años, que sería realizada por casi todos los mismos legisladores, de la misma corporación político-empresarial dominante, lo que constituiría un récord mundial.

Con hasta 71 por ciento de los ciudadanos opuestos a otra reforma reeleccionista, con el 40 por ciento de los legisladores de su propio partido rechazándola, además de los de la oposición, sólo el abuso del poder del Estado, y la reedición de un impúdico mercado de compra y corrupción de legisladores y políticos podría hacerlo posible, como de hecho ocurrió en el 2015 cuando, según denuncias nunca investigadas, recibió hasta financiamiento de la Odebrecht.

El otro foco de atención que señalé en el foro de ANJE es la reforma del Régimen Electoral también imperativo por la Constitución del 2010. Nos encaminamos a unas cuartas elecciones consecutivas sin haber adaptado las normativas electorales a los mandatos de la “Constitución del siglo 21” cuyo artículo 208 consagra el voto “personal, libre, directo y secreto”, el 211 dispone “garantizar la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, y el 212 sujeta las campañas electorales “a los principios de libertad y equidad”.

Todo el esfuerzo de la sociedad debe encaminarse ahora a la reforma del régimen electoral,  antes que una crisis termine por reventar el anacrónico y vulnerable sistema donde los gobernantes hacen irrumpir todo el poder del Estado para prolongarse. Hay que afinar la puntería.

La Coalición Democrática reta la sociedad y los partidos a desplazar al PLD del poder

17_11_2018 HOY_SABADO_171118_ El País11 ADiversas agrupaciones de ciudadanos presentan sus “Lineamientos Básicos para un gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo”, procurando desplazar al PLD del poder o por lo menos reducir su total dominio del Estado  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Una amplia asamblea ciudadana formuló esta semana un reto a la sociedad y los partidos políticos de oposición para constituir una “Coalición Democrática” que para el 2020 desplace del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) o por lo menos reduzca su absoluto dominio de las instituciones del Estado.

Proclamaron la urgencia de una gran concertación para la “Regeneración Nacional” con una guerra total a la corrupción y la impunidad, rescatando la independencia de los poderes del Estado, planteando un nuevo modelo de desarrollo que garantice la sostenibilidad financiera y enfrente los graves problemas nacionales.

Coalición político-social

            La proclama realizada el domingo 11 en una asamblea constituida por unos 500 ciudadanos plantea la necesidad de sumar fuerzas políticas y sociales convencidos de que la nación “está sumida en una profunda crisis institucional y ética y que avanza hacia la insostenibilidad fiscal y el deterioro de nuestros débiles cimientos nacionales”.

La Coalición pretende crear una esperanza de regeneración nacional enfrentando “la excesiva concentración del poder en una corporación político-empresarial que ha generado un nivel de corrupción y descomposición sin precedente. “Nuestro objetivo es rescatar la institucionalidad democrática, fumigar el cuerpo social dominicano de la corrupción que lo carcome y proscribir la impunidad, así como ejecutar reformas que constituyan las bases de un nuevo modelo de desarrollo económico-social”, precisa el documento.

“Proclamamos la firme decisión de promover la conformación de una coalición para las elecciones del 2020, mediante una movilización social y política capaz de generar la sinergia suficiente para instaurar un gobierno de regeneración nacional y sembrar las bases de un nuevo modelo de desarrollo que garantice mayor equidad, participación, justicia e integridad”.

Tras recoger un amplio diagnóstico de la situación económico-social que coloca al país en los últimos escalones en todas las evaluaciones internacionales, con un crecimiento económico a base de endeudamiento, expresan la convicción de que “ningún partido político, por sí solo, puede producir los cambios que demanda la sociedad, ni vencer la inmensa maquinaria de dominio y manipulación del Estado que se nos ha impuesto, y que el cambio democrático sólo será posible con la confluencia y articulación de  amplios sectores políticos y sociales como los que se han expresado en el movimiento de la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad”.

Los Lineamientos Básicos

Los proponentes, que incluyen a decenas de ciudadanos, dirigentes y activistas de entidades sociales, y a tres grupos cívicos, el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, el Congreso Cívico y Concertación por el Bien Común, consultaron durante seis meses en múltiples escenarios y ciudades del país con cientos de personas de todos los sectores sociales, hasta acordar  lo que denominan “Lineamientos Básicos por un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo”.

Los lineamientos, resumidos en un cuadro anexo, contienen dos capítulos de 12 prioridades políticas e institucionales y 7 económicas y sociales, que seguirán abiertos a la discusión y al consenso con los más diversos sectores sociales y los partidos que han expresado interés en una concertación electoral. Advierten que “no se trata de un programa de gobierno, sino de lineamientos básicos concebidos con la mayor amplitud, para que puedan ser compartidos y canalicen una amplia y exitosa coalición política y social. No caben ahí más que los grandes propósitos, no las reivindicaciones grupales y puramente sectoriales”.

Al señalar una ruta de trabajo, indican que entre noviembre y enero tratarán de entregarlos a todas las instituciones de la sociedad civil y a ciudadanos relevantes, para llegar a los partidos políticos en febrero, cuando faltará un año para las elecciones municipales del 2020, que antecederán las congresuales y presidenciales.

No constituirán partido.

La proclama de la Coalición Democrática especifica que no son un movimiento antipartidos ni pretenden constituirse en uno más de los tantos registrados. “Con los bueyes existentes es que debemos tirar de la carreta nacional, con visión crítica para incentivarlos a fortalecer las prácticas democráticas y a recuperar la primacía de los fundamentos de la ciencia política”.

Dejan sentado que la Coalición no llega con partido ni precandidatos preferidos, pero tampoco excluye a ninguno que exprese voluntad de compartir sus planteamientos y demandas. “Renegamos del puritanismo, del sectarismo, de las exclusiones y de las ambiciones individuales, conscientes de que en todos los sectores políticos y sociales hay personas honorables y preocupadas por el devenir de la nación”, y todos quedan convocados a unir esfuerzos.

Especifican que no son portadores de un método predeterminado para elegir candidaturas para los comicios del 2020, conscientes de que ese puede ser uno de los escollos del proceso, por lo que se requerirá un gran despliegue de generosidad e integridad para alcanzar consensos o establecer mecanismos democráticos, con la selección de los mejores militantes partidarios, reforzados por cuadros de la sociedad civil y comunitaria.

Plantean que “Las candidaturas de dirigentes sociales y personalidades independientes serán necesarias para generar la sinergia que eleve infinitamente la Coalición Democrática y proyecten la convicción de que no está motorizada sólo por los intereses partidarios, sino de toda la sociedad, así como para amplificar la posibilidad de inserción y participación de segmentos sociales que desconfían de la política partidista”. Recuerdan que los estudios indican que una alta proporción de la población desconfía de los partidos y de la representación congresual, y a ellos tiene que dirigirse la convocatoria para poder vencer la corporación gobernante.

Reto al liderazgo político  

            Los lineamientos y la proclama, aprobados con entusiasmo por una selecta concurrencia de cientos de reconocidos dirigentes sociales, profesionales, empresarios, religiosos y comunitarios, constituyen un reto a los dirigentes de una oposición que se expresa en una docena de partidos reconocidos y otros tantos agrupamientos políticos, que en general reconocen la necesidad de candidaturas comunes para tratar de desplazar a los que han gobernado cinco de los últimos seis períodos, o por lo menos para reducir drásticamente su férreo control de todos los poderes del Estado, comenzando por el municipal y el congresual.

Relevan que el cambio que precisa la nación comienza por los gobiernos locales, y que la coyuntura del 2020 será propicia porque los funcionarios municipales serán electos primero. Tratarán de convencer al liderazgo político de que es mejor optar por un cargo municipal para establecer gestiones modelo que los impulsen, al igual ocupar una tribuna congresual para promover los cambios que requiere la nación y abrir posibilidades reales en los siguientes procesos electorales, y no seguir compitiendo con enormes desventajas contra partidos que abusan del poder estatal en las campañas electorales.

La Asamblea de proclama de la Coalición Democrática eligió una Coordinación Nacional, que a su vez se dará un Equipo Ejecutivo, la cual podrá ser ampliada en la medida en que se sumen otros sectores sociales. Entre ellos profesionales reconocidos como Fernando Henríquez, Luis Scheker Apolinar Veloz, José Rijo, María Fernanda López, Pedro Pablo Yermenos, Alba Reyes,  Rafael Toribio, César Pérez, Milly Pérez, Luis Eduardo Tonos, Natalia Mármol, Wilfredo Lozano, Manuel Robles, Radhamés García, Jhonatan Liriano, Altagracia Salazar, Alejandro Pichardo, Ramón Colombo, Víctor Castro y José Dunker. También Mario Fernández, Rafael Chaljub, Vielka Polanco, Yeicy Donastorg, Paula Disla, Franiel Genao, Francisco Torres, Brinella Fernández, Homero Figueroa, Henry Veras, Olaya Dotel, Pedro Figueroa, Gerardo Peralta, Tanca Valois, Aulio Collado, María Guzmán, Tonny Tavárez, Jimmy García Saviñón, Cuqui Torres, Fermín Alvarez y Juan Bolívar Díaz.

___________________________________________________________________________’   Lineamientos Básicos para un gobierno de Regeneración Nacional *

1.- Políticos e institucionales

1.1.- Reformas políticas e institucionales para restablecer la democracia y la independencia de los poderes del Estado, de los órganos de control, defensoría del pueblo y las superintendencias

1.2.- Declarar la guerra total a la corrupción y la impunidad, con revisión de las medidas preventivas y buscando crear una comisión internacional para combatirlas, como en Centroamérica

1.3.- Programa efectivo contra la delincuencia, la criminalidad y la violencia de género para garantizar la seguridad ciudadana, con participación de toda la sociedad

1.4.- Políticas efectivas de control de la inmigración, con estricto cumplimiento de las leyes, comenzando por sancionar y eliminar el tráfico humano en la frontera

1.5.- Fortalecer la descentralización y el carácter subsidiario de los ayuntamientos, cumpliendo la Ley de Municipios, con controles para eliminar el clientelismo y la hipertrofia administrativa

1.6.- Dar seguimiento a la reglamentación de Ley de Partidos, apoyando sus aportes y buscando modificar los aspectos que violen derechos constitucionales y democráticos

1.7.- Inmediata adecuación de la Ley Electoral al marco constitucional para garantizar los derechos a elegir y ser elegido libremente, con transparencia y competencia equitativa

1.8.- Aprobar la Ley de Participación Social para promover la organización de la ciudadanía en todos los sectores

1.9.- Garantizar la honorabilidad de la función pública, cumpliendo las leyes que la norman, reduciendo la hipertrofia administrativa, eliminando organismos inoperantes y redundantes

1.10.- Dar renovado impulso a la protección del medio ambiente con amplia participación social, aprobando la Ley de Ordenamiento Territorial y reduciendo las vulnerabilidades

1.11.- Eliminar todo tipo de discriminación, con especial promoción de todos los derechos de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas mayores y discapacitadas

1.12.- Proclamar el imperio de las leyes y poner en plena vigencia la de Estrategia Nacional de Desarrollo

2.- Prioridades Económicas y Sociales

2.1.- Concertar los pactos fiscal y eléctrico y la Ley de Responsabilidad Fiscal, aplicar las leyes de administración financiera por la calidad del gasto público y promover un sistema tributario justo

2.2.- Rescatar la salubridad del colapso, con mayor inversión para garantizar servicios de calidad y realizar las reformas que demanda el Sistema de Seguridad Social

2.3.- Orientar la inversión en educación al mejoramiento de la calidad, a lo técnico-profesional, promoviendo la cultura nacional y las capacidades artísticas y deportivas

2.4.- Promover nuevo modelo de crecimiento que potencie a los sectores productivos y auspicie la libre competencia y la productividad y para incrementar la seguridad alimenticia y  exportaciones

2.5.- Afrontar el caos y el elevado costo del transporte urbano e interurbano, potenciando su colectivización

2.6.- Mejora masiva de las viviendas y construcción de nuevas de carácter social, incentivando la concertación público-privada y con la comunidad

2.7.- Fortalecer las políticas sociales para eliminar la indigencia y reducir efectivamente la pobreza en que subsiste alrededor del 40% de la población                    

* Resumidos por JBD