Gran desafío para el PRM

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 Por Juan Bolívar Díaz

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene a partir del próximo domingo un gran desafío, interno y nacional, de cuyo éxito puede depender su afianzamiento como alternativa de oposición o su adscripción al descrédito de donde viene la mayoría de su dirección y militancia, y que afecta a todos los partidos que han dominado el escenario nacional en el último medio siglo.

La primera prueba será para el padrón de miembros que ha elaborado desde mediados del año pasado, registrado esta semana ante la Junta Central Electoral con una matrícula de 524 mil 675 ciudadanos, que será puesto a prueba con el voto de todos sus integrantes para elegir sus dirigentes nacionales, municipales, distritales y zonales,  lo que hace muchos años no realiza ninguno de los partidos tradicionales.

Los dirigentes y organizadores de la convención electiva del PRM se han empeñado en corregir los errores naturales en una labor tan compleja, como el empadronamiento dc más de medio millón de ciudadanos, una suma superior a los militantes de partidos de naciones de mucho mayor población. Por ejemplo, el Partido Socialista Obrero Español, que data de 1879, tiene un registro de 190 mil militantes en una población española de 46.5 millones.

El desafío organizativo es mayor  por cuanto implica la elección de 7 mil 680 dirigentes, en tres boletas separadas, algunas de las cuales con excesivo número de  cargos, por ejemplo los 21 vicepresidentes e igual número de subsecretarios generales nacionales, con una cantidad todavía más desproporcionada de candidatos, que según se ha informado supera los 85 mil.

Los organizadores esperan informar la misma noche del domingo 18 sobre la elección de los dirigentes nacionales, lo que ya es otro reto, y seguro que pasarán varios días para lograr computar los votos de todos los demás candidatos. Podrían tener éxito si concluyen en cuestión de una semana, la mitad del tiempo que tomó el partido  gobernante en el 2015 cuando escogió a cerca de 4 mil candidatos a cargos municipales y diputados.

El primer impacto positivo para el PRM sería demostrar que los partidos pueden hacer un padrón de miembros sin mayores errores ni exclusiones y lograr que una alta proporción acuda a votar. Por lo menos el promedio del 50 por ciento que sufragó en los cuatro comicios nacionales congresuales y municipales que se realizaron entre 1998 y 2010, separados de los presidenciales, yn cosecharían un gran éxito si participa el promedio del 70 por ciento que registran las elecciones presidenciales.

Como es tradición en el país, la ciudadanía responde con civismo a las convocatorias democráticas. El mayor desafío radica en que entre los dirigentes, delegados y candidatos primen los valores democráticos, sin ningún género de marrullería, en el escrutinio y proclama de los ganadores, y que quienes no resulten electos  acaten sin mayores ruidos el dictamen democrático.

La convocatoria democrática del domingo puede significar el entierro definitivo de los intentos por imponer el padrón electoral universal a todos los partidos bajo el pretexto de que no tienen capacidad para organizar su propio padrón de miembros, algo que retrata de cuerpo entero las dramáticas adolescencias y miserias del sistema partidista nacional, y deja desnudos a los que pretenden organizar y desarrollar la sociedad dominicana.

Los perremeistas podrían estarse jugando en este desafío su futuro como partido, especialmente sus posibilidades para las elecciones del 2020 cuando tendrán que enfrentar a una maquinaria política curtida en el ejercicio y abuso del poder  en los procesos electorales,  lo que le ha permitido imponer  una estructura de dominación que conspira contra la institucionalidad democrática de la nación.

Hasta por saneamiento emocional y por mantener la esperanza de los dominicanos  en que se puede renovar el partidarismo político, el PRM tiene el gran desafío de salir adelante en su proceso convencional. –

 

El cinismo del ministro Fadul

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Por Juan Bolívar Díaz

            Como en este caso no se le puede atribuir ignorancia habría que convenir en que el Ministro de Trabajo, José Ramón Fadul, ha roto los parámetros del cinismo al anunciar que enviará al Congreso Nacional una propuesta para endurecer las sanciones a las empresas que violen el código laboral en la limitación al 20 por ciento en el empleo de extranjeros.

Hay tres razones fundamentales para estimar como cínica tal propuesta: que todavía no han aplicado las sanciones que él considera benignas, que habría que comenzar por su mismo gobierno y que hace tiempo que se hizo tarde para conseguir que los dominicanos integren siquiera el cincuenta por ciento de la mano de obra en la agropecuaria y la industria de la construcción, dos de los mayores empleadores.

El planteamiento del también miembro del Comité Político del partido gobernante es otra expresión de la hipocresía y la ineficiencia con que se afronta el desorden inmigratorio, responsabilidad de quienes han gestionado el Estado durante el último siglo, y en especial en lo que va de este cuando alcanzó dimensiones irritantes y conflictivas.

Para fundamentar su proyecto, Fadul debió informarle al país cuántos empresarios, grandes, medianos o pequeños, han sido procesados y condenados por violar el límite del 20 por ciento en la contratación de extranjeros, y si alguno ha pagado sanción económica. Si hubo algún caso, se trató de una discriminación, porque hace muchos años que los productores agropecuarios reconocen que dependen en más de un 70 por ciento del trabajo de los haitianos, y los de la Construcción en más de un 60 por ciento. En muchos renglones y casos la proporción es inversa: 80 por ciento extranjeros y 20 dominicanos.

Fadul sabe que el primero y uno de los mayores empleadores de haitianos, sin ningún límite, ha sido y sigue siendo el Estado. No sólo cuando concentraba la mayor parte de la producción de azúcar, sino para todas las obras públicas, fueren tan grandes como el acueducto y el metro capitalino, o los proyectos modelos de viviendas de La Nueva Barquita y Boca de Cachón, este último construido por el gobierno de Danilo Medina  con 90 por ciento de mano de obra haitiana.

La presidenta de la Asociación Dominicana de Promotores y Constructores de Vivienda, Susi Gatón, ha dicho responsablemente que si se pone en vigencia la amenaza de Fadul se paralizará la industria de la construcción, porque depende de la mano de obra haitiana. Y precisó que no sólo la privada, sino también la pública y la mixta, poniendo de ejemplo la tan manoseada “Ciudad Juan Bosch” en construcción.

En el gobierno del presidente Leonel Fernández fue igual y cuando se publicó que eran haitianos los que ampliaban las edificaciones de la cancillería de la República,  Diandino Peña dijo que si la querían concluir no había alternativa. En otra ocasión declaró con admirable sinceridad que sin el trabajo de los haitianos no habría metro.

Antes que Fadul pierda su tiempo apelando al Congreso, como es el ministro de Trabajo, lo que debe hacer es una prueba aplicando las actuales sanciones benignas, sometiendo a la justicia a todos los violadores del límite del 20  por ciento. Pero sin discriminación, lo que implica a las obras públicas o donde haya incentivos estatales.

Pero él sólo trata de calmar  las tribunas alarmadas por la incontrolada inmigración haitiana. Y sabe que el problema es complejo, porque miles de pequeños, medianos y grandes productores agrícolas, constructores, y operadores de redes de vendedores ambulantes y ciudadanos prefieren, hasta en el trabajo doméstico, una mano de obra excedentaria, sin capacidad para reclamar, generalmente con menores salarios, sin pagársele la seguridad social ni dejarle  acumular prestaciones, sin límites de horarios ni días laborables.

Hace muchos años que ya debimos controlar la inmigración, pero sin hipocresía ni engaños, comenzando por el negociazo del tráfico humano en la frontera y aplicando sin algarabía, sin odio ni abusos, todo el régimen legal que nos hemos dado.-

Un discurso con algunos aciertos, muchas omisiones y manipulaciones

A1El discurso del presidente Danilo Medina del 27 de febrero y el escenario de propaganda y manifestantes muestran un tufo continuista, repitiendo promesas y evadiendo los problemas básicos como la sostenibilidad financiera y la corrupción   

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            El tono y las promesas del discurso del presidente Danilo Medina ante la Asamblea Nacional el martes 27, tienen el tradicional tufo continuista de la historia nacional,  acentuado por la propaganda que lo precedió y que prosigue siguió para venderlo como otro mandatario imprescindible, un nuevo predestinado para desarrollar la nación.

El mandatario se erigió como un habilidoso manipulador de datos, experto en evadir asuntos tan fundamentales como la sostenibilidad fiscal, la corrupción e impunidad y en repetir promesas anteriores, llegando al extremo de sostener que  la nacional es una sociedad de clase media con progresiva reducción de la pobreza.

Los aciertos notables

            No es posible desconocer los aciertos del gobierno del presidente Danilo Medina sin caer en la mezquindad, relevantemente por haber cumplido la ley y reclamo ciudadano de elevar la inversión en educación, que ha adelantado en la construcción de aulas y comienza la estancias infantiles, en la formación de maestros, becas, desayuno y almuerzo escolar.

También tiene derecho el mandatario a exhibir sus obras viales, continuidad de una política de su antecesor y muchas otras construcciones físicas, aunque la inversión se haya estancado en un 16 % del presupuesto nacional, porque se mantiene el incremento desbordante del gasto corriente. Pero no hay dudas que también ha destinado más recursos a crédito para pequeñas y mediana empresas y productores agropecuarios.

El presidente Medina se ha empeñado en acercarse más a la población, aunque lo hace distribuyendo el dinero que corresponde a los ayuntamientos, a los cuales les ha reducido la asignación por debajo del 3%, en vez del 10 que establece la ley de municipios. El crecimiento, aún ralentizado el año pasado, del 4.6% y la inflación del 4% son también logros de la gestión. Pero no hay ninguna revolución ni educativa, ni del transporte, ni del campo, como ha indicado, que lo proyecte como un nuevo ser providencial que debe continuar en el poder sin medir costo institucional y moral por encima de lo dispuesto en la Constitución que él mismo promovió para reelegirse hace apenas dos años.

Mientras manifestantes transportados pedían  “cuatro años más”, Danilo Medina los alentaba con la conocida proclama de que “aún nos queda mucho por hacer”, prometiendo que después de más de cinco años de trabajo intenso “no vamos a parar, No vamos a bajar el ritmo. Especialmente ahora, después de todas las batallas que hemos ganado juntos”.

Omisiones fundamentales

            Como advirtió el reconocido sociólogo César Pérez lo más desconcertante no fue lo que el presidente dijo, sino lo que omitió, comenzando por los recurrentes déficits de toda una década, que conducen el país hacia la insostenibilidad fiscal, y la consiguiente carrera de endeudamiento estatal que el año pasado pasó de 40 mil millones de dólares, creciendo a un ritmo de 12 millones de dólares, más de 580 millones de pesos,  por día, que ya sobrepasan el50% del PIB y cuyos intereses ya comprometen el 24% de los ingresos.

Pasó por alto el informe que acaba de emitir una misión del FMI advirtiendo la necesidad de contener el ya crónico déficit fiscal, las advertencias sobre insostenibilidad formuladas a fin del 2017 por las escuelas de economía de la Universidad Autónoma, de la Universidad Madre y Maestra y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, así como por múltiples economistas y centros de estudios económicos.

El informe presidencial ignoró que el año pasado el país fue sacudido por multitudes que reclamaron en las calles límites a la corrupción y la impunidad, a partir del escándalo Odebrecht y los que se sucedieron cada mes. No mencionó la palabra Odebrecht ni siquiera para explicar cómo esa empresa va a concluir las plantas de carbón sin que se le pague los 708 millones de dólares adicionales que reclama.

Tampoco se refirió el presidente a los factores que han impedido la conclusión del Pacto Eléctrico, ni mucho menos a las razones por las que no ha iniciado las gestiones del Pacto Fiscal, mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, con plazos vencidos, y a los que él mismo se había comprometido desde su discurso de juramentación del 2012.

Manipulación de datos

            Hubo en el discurso de Danilo Medina manipulaciones de datos, por ejemplo en el presupuesto de salud y de la justicia, comparando la asignación total del 2012-18, en vez de hacerlo como porcentaje del gasto total. En salud hace tiempo que está estancado, por debajo del 2% del PIB cuando los organismos internacionales sugieren el 5, y es de los más bajos de la región.

En cuanto al Poder Judicial es peor, porque la ley194-04 le asigna el 2.66% de los gastos, y en el período 2012-18 apenas le otorgan un promedio del 1.1%, y el 46.5% de lo que les correspondía. Si bien los $6,872 millones del año pasado, superaron en más de 66% los 4,007 del 2012, eso sólo fue superior en 0.2% y el 48% de lo que le correspondía por ley. Por igual a la Procuraduría General de la República la ley le dispone el 1.4% y se le entrega el 0.8% que representa el 66% de lo correspondiente en los cinco años, según cuadro del experto fiscal José Rijo.

Igual es manipulación anunciar que las exportaciones dominicanas alcanzan por primera vez los US$10 mil millones, Según el Barómetro del Comercio del Programa para Estudios del Desarrollo Dominicano, de la Universidad Madre y Maestra, en 2017 fueron por US$8,831millones, pero sólo US$3,236 de los exportadores nacionales, y la mayoría de las zonas francas. Pero Medina ignora que hubo un desbalance o déficit comercial de US$9,184 millones, ya que las importaciones totalizaron US$18,015 millones.

Por igual el presidente se encontró con una evaluación positiva a la transparencia de su gobierno de la Oficina de Presupuesto Abierto Internacional para defenderse, pero ignoró que las más reconocidas del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional lo colocan entre los más opacos y de mayor corrupción en el mundo.

El país de clase media        

            Pero lo que más burla ha levantado del discurso de Medina es su afirmaicón de que la RD es ya un país de clase media, gracias a la redención de la pobreza en sus cinco años de gobierno. El destacado sociólogo Cándido Mercedes cita el parámetro del Banco Interamericano  de Desarrollo de un ingreso entre US$10 y US$50 diarios para ser considerado clase media que él redondea entre $15,000 y $75,000 mensuales.

El promedio de los salarios formales dominicanos estimado en $21.000, queda lejos de esa meta, mientras el costo promedio de la canasta familiar es situado por el Banco Central en $30,000. El 80% de los asalariados formales ganan menos de $25,000, y el ingreso de los informales es un tercio menor. El salario mínimo en zonas francas es $9,000  y sus 165,796 empleados ganan un promedio de apenas $11,000. En turismo es un poco mejor, con 330 mil empleados, pero el salario mínimo está aún en $10,300. Cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre está en $14,000.

Medina segura que se crearon 120,237 empleos el año pasado y hasta que en mayoría formales, pero el Centro Regional de Estudios Estratégicos Sostenibles (CREES) asegura que la mayoría fueron informales, y amprado en estadísticas del Banco Central publica un cuadro donde consigna que apenas en el gobierno creció el empleo formal, en 2017, con 44,004, y que en el sector privado se redujo en 6,092. Afirma que el año pasado la informalidad creció al 58.7% del total de los empleados.

Pese a ser este un país de clase media, contrasta que el 48% de los jóvenes hayan dicho que planean irse del país, según el Barómetro de las Américas. Y el mismo 27 de febrero 20 dominicanos eran detenidos tratando de ingresar por yola al devastado Puerto Rico.

Repetición de promesas

            En el discurso abundaron repeticiones de promesas de obras, como la de la Presa de Monte Grande y muchas viales, sin explicar cuáles están incluidas en el presupuesto nacional. Parece haber olvidado  los 7 grandes obras para el desarrollo sostenible de las cuencas hidrográficas del sur, prometidos el año pasado.

Olvidados están también los compromisos anteriores de revisar el modelo económico nacional,  pero se repiten promesas de fortalecer la frontera, de revolucionar el t4ransporte urbano, de viviendas, agua potable y electricidad, cuyas carencias no son compatibles con países de clase media.

Otro vacío fue el de la institucionalidad democrática. El presidente expresó su esperanza de que se aprueben ls reformas electorales, pero sin asumir mayor compromiso, ni tratar de  desbloquearla, ni mucho menos responder los cuestionamientos de la sociedad civil o de los partidos de oposición, que para él no existen, como tampoco los gobiernos municipales.

En resumen, el discurso tuvo sus aspectos positivos, pero el presidente Medina no trató de disipar las mayores incertidumbres económicas ni políticas.-

Ofensivo sofisma de Reinaldo Pared

A1Por Juan Bolívar Díaz

El discurso del presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, ante la Asamblea Nacional el pasado 27 de febrero, sirvió para demostrar que lo que le interesa al sector políticamente dominante del poder, en la discutida Ley de Partidos Políticos, es imponer el padrón electoral universal, o abierto,  como único método para elegir los candidatos a cargos electivos de todos los partidos.

No importa que ese método no haya podido ser aprobado durante más de dos años de discusión ni siquiera en el seno del mismo partido de gobierno, y que cuente con el rechazo de casi todos los partidos, y de las instituciones sociales que dan seguimiento a los asuntos políticos e institucionales, por alguna razón hay que mantener el empeño. Se cree que se persigue un mecanismo que permita la compra masiva de votos y el influjo del poder estatal en la elección de las candidaturas del partido oficial y hasta de los opositores.

Pared Pérez, también secretario general del Partido de la Liberación Dominicana,  abusó del escenario en que formuló su alegato, con amplísima retransmisión,  y pecó de irreflexivo al confrontar hasta el criterio del presidente de su propio partido que se cuenta entre quienes sostienen que sería inconstitucional imponer que los candidatos de todos los partidos tengan que ser electos por ciudadanos que no sean miembros de los mismos. Con ventajismo llevó a la Asamblea Nacional la lucha interna que sacude a su partido.

Peor aún, el declarado aspirante a la candidatura presidencial, ofendió la inteligencia  de todos con el sofisma de que siempre ha existido un único método de elección de candidatos, que es la asamblea de delegados instituida en la ley electoral, cuando en la práctica generalizada esa sólo ha sido la última instancia de aprobación de las candidaturas.

.          Desde 1981 el Partido Revolucionario Dominicano estableció un mecanismo de elección de candidaturas con votación de todos sus comités de base, los cuales  remitían el resultado  a la Convención Nacional establecida por ley. Después se impusieron varios métodos más directos de votación universal de los inscritos en padrones partidarios, o en el universal, cuyos resultados siempre fueron avalados por la asamblea de delegados.

Con el voto de los empadronados en el PLD fue electo candidato presidencial el doctor Leonel Fernández para los comicios de 1996, Danilo Medina para el 2000, y para el los comicios sucesivos, tanto presidenciales como  congresuales y municipales, se generalizó en los partidos mayoritarios la votación de sus miembros, con padrón partidario o universal. Y nunca chocó con la asamblea de delgados, que es la instancia validadora.

Pared Pérez desconoció la sentencia de la Suprema Corte del 2005, que   declaró inconstitucional la Ley 286-04 que instituyó las primarias simultáneas con padrón universal para la escogencia de los candidatos, e ignoró también el artículo 216 de la Constitución  del 2010 que él mismo aprobó, el cual declara que “La organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre”, y que “su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto de la democracia interna”, o lo que es lo  mismo en lo que establezcan sus normas o estatutos democráticamente aprobados.

Llama la atención que el único aspecto del debatido proyecto de ley de partidos reivindicado por el presidente del Senado haya sido el de la imposición del padrón abierto para elegir candidatos, cuando el proyecto pretende cuestiones más fundamentales como  garantizar la democracia interna, la transparencia del financiamiento y rendición de cuentas, la igualdad de género,  los límites del gasto y de las campañas internas, la sanción del financiamiento ilícito y del abuso de los recursos del Estado.

Tampoco se refirió al otro proyecto que viene siendo discutido hace dos años en una comisión bicameral, y más trascendente, que es el del Régimen Electoral, llamado a garantizar elecciones generales equitativas, democráticas y justas. Y ahora plantea una nueva comisión exclusivamente de senadores, para afrontar sólo el proyecto de la Ley de Partidos. La burla no pudo ser más descarada, aunque ya en el 2014 y en el mismo escenario Pared había dicho que no había razón para que no hubiese sido aprobada esa ley.

 

 

¿Por qué nos evalúan tan mal?

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Por Juan Bolívar Díaz

Hemos lanzado la pregunta una y otra vez en distintos escenarios, ¿por qué nos evalúan internacionalmente tan mal?, cosechando muy diversas respuestas e interpretaciones, desde la más simple, “porque andamos mal”; la interpretativa, “porque nos empeñamos en cerrar los ojos a la realidad y no resolver los problemas que tenemos”; o las radicales que ven una conspiración internacional contra el país, “al que no le reconocen nada bueno”.
Dos evaluaciones publicadas esta semana colocan a la República Dominicana en posiciones críticas y hasta de retroceso, en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional (TI) y en el informe de la Agencia de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) sobre mortalidad de recién nacidos.

En el índice de TI, entregado ayer miércoles por su capítulo Nacional, Participación Ciudadana, RD descendió en puntuación de 31 a 29 sobre 100, colocada en la posición 135 de 180 naciones evaluadas; en el tercio de los más corruptos, que quedaron por debajo de los 50 puntos, y lejos del promedio de estos que fue de 43.

Cuando se verifica la tabla continental, la tristeza es mayor, por cuanto el país sólo registra mejor puntuación que Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela, que oscilan entre 28 y 18 puntos. Eso significa que en corrupción superamos a todas las naciones de la región caribeña y a casi una treintena de América. Participación Ciudadana atribuye el declive en este índice al escándalo Odebrecht, incluyendo el hecho de que los principales ejecutivos de esa trama mudaron sus operaciones al país cuando los cercó la justicia brasileña, considerando que era el lugar ideal para continuar sus “operaciones estructuradas”.

El informe de UNICEF no es menos lacerante, al colocar la RD en el lugar 51 en mayor proporción de muertes en el primer mes de nacimiento, entre 184 países analizados, con una tasa de 21.8 por cada mil nacidos, el cuarto peor entre 51 considerados de “ingresos medianos altos”, por debajo de otros 16 latinoamericanos y caribeños incluidos en el grupo.

Nadie puede explicar cómo es posible que mantengamos esa tasa de muertes de recién nacidos, tan alta como también la de muertes maternas, con un crecimiento económico líder en la región en los últimos cincuenta años, según los mismos diagnósticos internacionales. Y cuando hemos invertido tanto en infraestructuras hospitalarias.

Algunos aducen que se debe a que cargamos con una parte del peso de los haitianos inmigrantes, lo que es parcialmente cierto, pero sigue sin justificar una tasa de mortalidad infantil nueve veces superior a la de 2.4 que registra Cuba, pero son tantas las evaluaciones negativas que recibe el país de los organismos e instituciones internacionales que acaban cuestionando las más positivas, como las que reconocen el crecimiento económico y el mejoramiento de las infraestructuras urbanas, demostrativas de que no es cierto que haya interés en perjudicarnos, como algunos creen.

Una de las conclusiones obligadas es que nuestro desarrollo es un tremendo fiasco por la concentración de la riqueza, por una perversa distribución del ingreso que genera más pobreza de la que reconocen los estándares internacionales. Y desde luego, por los escandalosos niveles de corrupción que distraen con toda impunidad lo que debería invertirse en bienestar social.

El discurso del 27 en el Congreso podría definir el rumbo de Danilo

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Precedido de una cadena de infortunios políticos  nacionales e internacionales, y presiones partidarias, el discurso del presidente Medina podría marcar su rumbo político al aproximarse, con múltiples problemas, a la mitad del período de gobierno

 Por Juan Bolívar Díaz

Tras un año de reducción del crecimiento económico, y con acusado desgaste del segundo periodo de gobierno, el sexto informe al Congreso del presidente Danilo Medina debería despejar dudas sobre su rumbo político, enfocándose en las reformas electorales e institucionales que requiere el país.

No menos urgentes, pero más difíciles para una segunda mitad, sería afrontar los problemas más acuciantes como el de la sostenibilidad fiscal y la inequidad social, la productividad y competitividad nacional, la galopante corrupción e impunidad y la ineficiencia del gasto público muy condicionado por el clientelismo político.

Precedido de infortunios

            Como es tradicional en los segundos períodos de gobierno, el presidente Danilo Medina comparece el martes ante la Asamblea Nacional con señales de desgaste político, cada vez con mayores conflictos en su propio partido, y cuestionamientos en los ámbitos nacionales e internacionales. Consciente del proceso, el mandatario adelantó los cambios de funcionarios que se esperan en la ocasión, con tanto infortunio que en vez de marcar una pretendida renovación y escandalizó por escasos escrúpulos en la selección y ratificó el reparto patrimonialista del Estado entre seguidores y aliados políticos.

Medio centenar de designaciones no tocaron los ministros y sólo tres podrían ser consideradas de importancia, los directores  del Servicio Nacional de Salud, del Seguro Nacional de Salud y del Instituto de las Telecomunicaciones, y la mayoría fueron del servicio consular, directores y subdirectores de organismos medios del Estado y de consejos directivos de empresas públicas.

En horas el presidente Medina tuvo que rectificar la designación de un viceministro de la juventud que está preso por violencia de género, por generalizado rechazo, a lo que se sumó el nombramiento como asesor en “desarrollo territorial” de un exdirector del Consejo Estatal del Azúcar cuya gestión de los terrenos de esa entidad generó acusaciones e investigaciones judiciales, y como cónsul en Haití a otro que había sido destituido dos veces de cargos consulares por haber emitido visas clandestinas y tráfico de inmigrantes.

El clientelismo quedó ratificado cuando el presidente ejecutó el relevo del director del Instituto de Seguros Sociales, César Mella, que había pedido públicamente el presidente del PRD y canciller Miguel Vargas, por considerar que no estaba dando suficientes empleos a los militantes de ese partido al que “correspondía el cargo”. En tanto el doctor Nelson Rodríguez Monegro rechazó su designación como asesor, denunciando que salió de la dirección del Servicio Nacional de Salud por no haberse doblado ante el clientelismo.

Llueven informes negativos

La semana pasada marcó un récord en informes negativos para el país, indicativos de insatisfacciones con la gestión pública nacional, abarcando uno de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), otros  de Transparencia Internacional, de , Amnistía Internacional,  y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) así como un mensaje pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano.

El informe de UNICEF colocó el país en el lugar 51 en muertes de recién nacidos entre 184 naciones, y entre los peores de América Latina y el Caribe, con una tasa de 21.8 por mil nacidos vivos, nueve veces superior a la más baja de la región, que es el 2.4 por mil de Cuba. La muerte antes del mes de uno de cada 48 nacidos en RD choca con las tasas de crecimiento económico que registra la nación hace décadas, especialmente en la última.

En un reporte sobre Retos y Oportunidades para Centroamérica y República Dominicana, el BID señala que la región “tuvo una tendencia positiva en el 2017, con una expansión económica del 3.8%, pero esta dinámica no se ha traducido en cambios significativos en la reducción de la pobreza o en una mejoría de la distribución del ingreso”. Y aludiendo a incertidumbres recomienda que las autoridades de la región “adopten acciones y políticas para potenciar su crecimiento e incrementar la inclusividad del mismo”.

El índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado el miércoles redujo en dos puntos la evaluación de RD, con puntuación de 29 sobre 100, y en el escalón 135 entre 180 países evaluados, sólo mejor que otros cuatro países y peor que unos 30 del continente americano. Refiere, entre otros factores, que Odebrecht prefirió el país para operar su departamento de sobornos, cuando le apretó la justicia brasileña.

El Episcopado y Amnistía

            El mensaje pastoral del Episcopado por la celebración de la independencia nacional, reconoce avances en varios aspectos, especialmente en la inversión en educación, pero indica que persisten males como la corrupción y la impunidad, la inseguridad ciudadana, la violencia contra la mujer, la irresponsabilidad de los cuerpos de seguridad, carencias en el sistema de salud, el ineficiente servicio energético, y la renuencia a aprobar la ley de partidos que garantice transparencia y control de los recursos estatales.

Las mayores críticas de los obispos católicos fueron dirigidas al funcionamiento de la justicia, aludiendo al “clamor de nuestro pueblo por una administración sana de la justicia, lejos de la corrupción de las instituciones que la aplican, sea porque los procesos están viciados desde su raíz o porque algunos jueces se han quitado la venda de los ojos para ver según su conveniencia a quien la aplican”.

Amnistía Internacional volvió a situar el país entre los que registran mayor número de apátridas, por la desnacionalización de miles de descendientes de haitianos, y la lentitud en poner en vigencia la ley 159-14 aprobada para redimirlos y para otorgar una posibilidad de alcanzar la ciudadanía dominicana a otros miles que nacieron en el país antes de la Constitución del 2010 pero que nunca pudieron ser registrados.

Amnistía también denuncia  más de un centenar de muertes a manos de la policía, aumento en 21% de homicidios, incremento de los crímenes de odio contra los LGTB y persistencia en no reconocer derechos sexuales y reproductivos generalizados en el mundo, como el aborto cuando peligra la vida de la madre, el feto es inviable o fruto de violación.

Desafío más trascendente

            De todos los desafíos internacionales que le han caído al gobierno de Medina, el más trascendente es el de la misión del Fondo Monetario Internacional que recién visitó el país y volvió a advertir sobre el camino de insostenibilidad fiscal, la cual, tras reconocer el crecimiento y avances de gestión, plantea que “se requieren medidas de consolidación más significativas para abordar las debilidades fiscales estructuradas. Las medidas recientes para fortalecer la administración tributaria y aduanera están ayudando a aumentar los ingresos fiscales, sin embargo, estas resultarían insuficientes para revertir la dinámica alcista de la deuda frente al endurecimiento en las condiciones financieras mundiales, precios del petróleo en aumento y una mayor carga del servicio de la deuda”.

A continuación plantearon que “se requerirán mayores esfuerzos para reconstruir la capacidad de las finanzas públicas, para amortiguar choques, tomando en cuenta el impacto social y sobre el crecimiento en la composición del proceso de consolidación fiscal. Esto significaría centrar el ajuste sobre la ampliación de la base impositiva, incluyendo la focalización de exenciones e incentivos fiscales, y la simplificación del sistema tributario a la vez que se protege a los más vulnerables”.

Reformas institucionales

            Lo más probable es que el presidente Medina se quede, como otras veces, en los elogios a la estabilidad macroeconómica, pues ha evadido pagar el costo del pacto fiscal dispuesto por la ley de Estrategia de Desarrollo, que tendría que tocar la corrupción, el clientelismo, el rentismo, las ineficiencias y duplicidades de organismos para el reparto político. Aunque los sectores conscientes esperan que explique hasta cuándo el Estado seguirá endeudándose a ritmo de 200 mil millones de pesos por año, unos 12 millones de dólares por día en el 2017, Debería transparentar su obra cumbre de las plantas Catalina y sobre el reclamo por Odebrecht de 708 millones de dólares adicionales para concluirlas.

Ya el año pasado Medina anunció un rosario de obras que no pudo ejecutar, incluyendo “la revolución del transporte urbano”, con la eliminación de 19 mil carros conchos, 7 grandes proyectos para el desarrollo sostenible de la cuenca hidrográfica del sur, el rescate de La Ciénega y Los Guandules y otras que no han podido arrancar. O la Ciudad Juan Bosch de Santo Domingo y Santiago y la conclusión de la renovación de 57 hospitales y del metro de Santo Domingo, aún pendientes.

Esas y otras realizaciones requieren recursos financieros inexistentes, pero podría haber ejercido su liderazgo y poder para concertar el pacto eléctrico y la aprobación de las leyes de Partido, del Régimen Electoral, y de responsabilidad fiscal, para lo que sólo se requiere voluntad política. El discurso del martes podría definir el rumbo del presidente Medina de cara al 2020.-

Es difícil sustituir los carro-conchos con mayoría del pasaje, y el metro 6%

A1El drama del transporte de la gran urbe de Santo Domingo es cada año peor, a pesar de la enorme inversión en un metro que a 9 años de operación apenas moviliza el 6% de los pasajeros, mientras el 90% sigue dependiendo de carros, minibuses y motores

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Causó gran sorpresa el anuncio de la directora del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Claudia Franchesca de los Santos, de que sacarán los “carro-conchos” de las nueve avenidas principales del Gran Santo Domingo, cuando ese medio suple gran parte de la demanda de una población de 3 millones 775 mil 455 al 2017.

Otra información reciente evidencia que la inversión en el metro de Santo Domingo sigue siendo un fiasco, cuando a 9 años del inicio de sus operaciones y cinco de su segunda línea, sólo cubre el 6% de la demanda de transporte público en la capital, sin concluir la línea 2-B a casi 2 años que “la puso en operación” el presidente Danilo Medina.

Un persistente fracaso

            Ya en los años cincuenta, cuando la capital dominicana llegaba a los 500 mil pobladores, el transporte público se realizaba mayoritariamente en los llamados “carros de concho”. El estudio en que se fundamentó la nueva Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  63-17, titulado Diagnóstico del Transporte Urbano de la Ciudad de Santo Domingo 2012, estableció que los conchos, microbuses, minibuses y motocicletas  movían más del 91% de los pasajeros capitalinos.

Las estadísticas se ese diagnóstico parece que siguen siendo la referencia, pues fueron avaladas en un foro sobre seguridad vial el año pasado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hace 6 años los conchos fueron estimados en 16 mil 500 (ahora más de 20 mil) y junto con 2 mil 800 micro y minibuses, movilizaban el 80.5% de los pasajeros de la gran urbe que abarca el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Le seguía el peligroso “moto-concho”, en motocicletas, que cubría el 10.6%, los 160 autobuses de la OMSA el 3.6%, el metro estaba en 3.3%, y 90 autobuses privados el 2%. No se precisaba el porcentaje que se movía en conchos, pero los expertos aseguran que alrededor de la mitad. Desde entonces lo que más ha crecido es el moto-concho, tanto que la directora del INTRANT los cuantificó el mes pasado en la mitad de más de 2 millones de motocicletas.

Hace más de cinco décadas que se viene anunciando la sustitución de los carro-conchos, lo que requiere una gran inversión en vehículos de transporte colectivo, como autobuses, y nada se ha avanzado, registrándose un persistente fracaso en las inversiones públicas al efecto, incluyendo la del metro, y el sector privado ha preferido concentrarse en las rutas interurbanas, donde no hay control del costo de los pasajes.

Un anuncio precipitado

            Lo mínimo que se puede estimar del anuncio de la exclusión de los conchos de nueve principales avenidas es que fue precipitado, porque primero tendrían que invertir en muchos cientos de autobuses, y luego ver cómo controlar a una masa de 20 mil operadores que defenderán su medio de vida. El marco regulatorio y su cumplimiento son tan débiles que no se ha podido evitar que esos mismos operadores ocupen un carril en cuadras enteras de alto tráfico en las principales avenidas, aún del polígono central.

Pero si por ineficiencia fuera, la mayor ofensiva debería hacerse contra el moto-concho que tiene un costo escandaloso en muertes y lesionados y que contribuye en gran medida a que el país sea el segundo en el mundo en tasa de mortalidad por accidentes  vehiculares. La directora de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), Alexandra Izquierdo,  informó en octubre que 18  mil 800 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito entre el 2007 y 2016, y todas las estadísticas  indican que casi dos terceras partes en motocicletas. El presidente de la Fundación Red de la Dignidad, ingeniero Mario Holguín sostuvo en el foro sobre seguridad vial que el país gasta anualmente por los accidentes de tránsito tanto como el 4% del PIB que se destina a educación.

El moto-concho es una de las más claras expresiones de la pobre calidad del empleo en el país, de la informalidad en que el 59 por ciento se gana la vida. Tal vez sea exagerado estimarlos en el 50% de las motocicletas, pero es seguro que son más de medio millón y que resultará de alto costo social desplazarlos para juntarlo al otro medio millón en que se calculan los que no tienen oportunidad de estudiar ni trabajar.

El pobre metro capitalino

            Hace dos semanas muchos ponderaron como gran éxito que el metro de Santo Domingo transportara 75.6 millones de pasajeros en el 2017, pero resulta que esa cifra apenas representa el 6.4 por ciento de la demanda del Gran Santo Domingo, que dividida entre 360 días promedia 212 mil 500 pasajeros diariamente.  Cuando el diagnóstico del 2012 la población era de 3 millones 339 mil, y se estimó una demanda de 3 millones de pasajes, que ahora serían 3 millones 300 mil, guardando proporción al incremento poblacional. La ONE proyecta la población al 2017 en 3 millones 775 mil 455.

Es dramático que tras una inversión que se estima en más de 2 mil millones de dólares, en las dos líneas del metro y la extensión en curso de la segunda, ese vehículo apenas transporte poco más de la mitad de los que mueve el moto-concho. Asumiendo que sus 212 mil 500 pasajeros diarios son en ida y vuelta, entonces los beneficiarios del metro serían sólo 106 mil 250 personas, el 2.81% de la población de la urbe que se divide en 2 millones 753 mil 219 en la provincia Santo Domingo y 1 millón 22 mil 236 en el DN.

Para esos 106 mil que se benefician, a un precio promedio subsidiado de 20 pesos, el metro es una bendición caída del cielo. Pero con lo que ha costado se habría podido colectivizar el transporte y renovado los autobuses en una solución de carriles exclusivos y trenes aéreos, abaratando para todos un transporte público que consume entre 15 y 20% de los salarios del 67% de los empleados, trabajadores formales o informales.

Un tren demasiado lento

            No puede haber duda de que el metro de Santo Domingo ha sido un tren demasiado lento como solución del transporte capitalino. Se inició al comenzar el 2005 y su primera línea arrancó en enero del 2009, sirviendo al 3% de los pasajeros. Con la segunda línea, abierta en abril del 2013, los duplicó al 6.l % en el 2015, ínfimo en relación a las expectativas creadas y la inversión, y en dos años sólo avanzó hasta el 6.4% actual, ahora con mayor población.

La ineficiencia ha sido fruto de la improvisación, comenzando por la primera línea que se trazó de norte a sur, de mucho menos tráfico humano que de este-oeste que se ha pretendido cubrir con la segunda, pero ésta no penetró a ninguno de los barrios de gran población del este y oeste capitalino. Eso se alcanzaría con la línea 2-B, o tercera, que uniría a Los Alcarrizos con Los Minas. Se debe esperar que entonces los usuarios del metro superen al moto-concho.

La utilidad ya sería mucho mayor si hubiesen implementado las “rutas alimentadoras” del metro, con un sistema de relevo que abarataría el costo para los usuarios, muchos de los cuales siguen utilizando el sistema obsoleto porque no pueden pagar dos o tres veces. El informe sobre la utilidad del metro el año pasado muestra claramente que está concentrada entre 7 y 10 de la mañana y entre 5 y 9 de la noche, llegando a transportar hasta 15 mil pasajeros a primera hora de la mañana, cuando incluso los vagones ya son insuficientes, pero se cae a una cuarta  parte el resto del tiempo.

El metro de Santo Domingo se inscribió entre los sueños del “Nueva York Chiquito” del presidente Leonel Fernández. Cuando lo anunció por primera vez en el 2004, al inicio de su segundo período de gobierno, la mayor parte de los expertos lo consideraron una solución muy costosa y recomendaron otras de menor costo y más rápidas. El Consejo Económico y Social que él mismo había creado, recomendó seguir los criterios de los expertos, lo que el mandatario pareció acoger, pero en enero del 2005 lo inició sin más discusiones.

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La línea 2-B que “manejó” Danilo

Cuando Leonel Fernández salió del poder en el 2012 dejó por la mitad la prolongación de la línea 2 de su metro, denominada 2-B, pero su sucesor Danilo Medina la ha conducido lentamente y cinco años y medio después no la ha terminado, aunque hace 21 meses, en mayo del 2016 durante su campaña electoral reeleccionista él mismo, con gran comitiva y mucha propaganda, “manejó” un tren prestado de la línea 2 y se anunció su próxima puesta en servicio.

El ingeniero Diandino Peña, hasta mayo del año pasado, director de la OPREP y de la construcción del metro, reclamó varias veces los recursos para concluir la obra. Dijo que ya habían invertido en la línea 2-B unos 385 millones de dólares, pero que el Congreso no había aprobado un préstamo por otros 60 millones para la compra de los vehículos, que tan pronto llegaran podrían completar y operar la ruta complementaria. Pero advirtió que no sabía cuánto tiempo tomaría la entrega, después que los contrataran.

Mientras tanto, la enorme inversión del metro todavía no se justifica y nadie precisa cuál ha sido su costo, incluyendo el pago de los intereses del financiamiento y el tiempo perdido mientras el tránsito y el transporte urbano capitalinos son cada día más caóticos.-

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Sigue un cuadro

                                             Metro de Santo Domingo      

2015                            2016                            2017

Total  de pasajeros                   66.2 millones               74.1 millones               76.5 millones

Pasajeros  por mes                  5,5 millones                  6.1 millones                 6.3 millones

Pasajeros por día                     183,989                       205,833                       212,500

Beneficiarios (ida y vuelta)     91,995                         102,916                       106,250

Porcentaje del pasaje                    6.1%                           6.3%                            6.4%

Porcentaje de la población            2.6%                           2.7%                           2.8%

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Hay que extirpar el continuismo

A1Por Juan Bolívar Díaz

Que un reformista balaguerista de la vieja guardia escriba un artículo proclamando que todo el que llegue a la presidencia de la República debe aferrarse al cargo hasta la muerte a cualquier precio, no puede ocasionar sorpresa, pues él mismo se encargó de recordar que su líder histórico ocupó el cargo durante siete ocasiones y persiguió una octava a los 94 años, ciego y sin poder caminar.

No le importa cómo Balaguer logró ser tantas veces  presidente, desde la primera vez ganada por haber sido uno de los más fieles y dedicados cortesanos de la más férrea tiranía de la historia continental. Tampoco que volviera al poder en hombros de los 42 mil soldados norteamericanos que invadieron el país en 1965 para evitar el imperio de la Constitución. Mucho menos importa que se reeligiera en 1970 y 1974 en un clima de persecución e intolerancia que imposibilitara la competencia democrática. Ni siquiera importa que sus “triunfos electorales”, como los de 1990 y 1994, tuvieran que ser entrecomillados aún por alguno de sus serviles.

Lo que no puede pasar desapercibido es que alguien pagara cientos de miles de pesos para reproducir en páginas de periódicos  un artículo donde se proclama que si a un presidente, como Rafael Correa en Ecuador, después de agotar dos períodos constitucionales se le impide volver a ser postulado,  “simplemente no existe, no vive, no respira, técnicamente es un cadáver”.

El articulista llega al extremo de reivindicar la obsesión por el poder de los sultanes del imperio Otomano, y su “ley del fratricidio” que daba facultad al gobernante para asesinar a hermanos y parientes que pudieran disputarle el trono, citando a Mehmet III que en el siglo XV hizo estrangular preventivamente a 19 hermanos, a 20 hermanas y hasta a las concubinas que pudieran quedar embarazadas.

Y no se queda en el caso de Correa, sino que se extiende a los de mandatarios regionales que han sido objeto de persecución por vinculárseles a la corrupción, citando a Lula da Silva, Cristina Kirchner, Ollanta Humala, Alan García, Alejandro Toledo, Ricardo Martinelli y hasta Alvaro Uribe.

El mensaje del articulista y quienes pagan su reproducción va dirigido, obviamente, al presidente Danilo Medina, en momentos en que hay grupos empeñados en encontrarle un “bajadero” para que pueda optar otra vez por la presidencia en el 2020, aunque se lo prohíbe su propia Constitución, la que resultó de una estigmatizada reforma que le permitió la reelección en el 2016.

No es cierto que todos los que llegan al poder utilizan los recursos estatales  para prolongarse indefinidamente, al menos en la etapa de la actual civilización política, y en el intento de construcción democrática. Por el contrario, el 90 por ciento de los presidentes electos no han pasado de dos periodos y una gran proporción de uno solo. Y algunos son tan paradigmáticos como Nelson Mandela.

En Estados Unidos, donde la democracia ha alcanzado mayor estabilidad, sólo un presidente llegó a tres períodos, en circunstancias de una guerra mundial.  En Europa grandes estadistas demócratas como Charles de Gaulle, Willy Brandt y Konrad Adenauer, se retiraron a tiempo y en plenitud de facultades y hoy son leyendas democráticas. En España lo hicieron Felipe González y José Aznar. Más cerca de nosotros, Luis Muñoz Marín, Rómulo Bethancourt y Oscar Arias.

Pretendieron permanecer eternamente en el poder, en el país no sólo Balaguer, sino también Trujillo, Horacio, Lilís, Báez, Santana y más recientemente Leonel. En América Latina sobran los eternos amantes del poder, que han frenado el desarrollo democrático y muchas veces sembrado tragedias.

En nuestro país lo que necesitamos es siquiera dos o tres décadas sin reelección, para ver si podemos extirpar el negativo continuismo histórico, fortalecer las instituciones democráticas y afrontar los graves problemas ancestrales que el afán continuista relega sistemáticamente.-

Pero Arias dijo que no, que nadie es indispensable en una democracia; que no puede pensar en los próximos cuatro años para su país, sino por lo menos en los 40 venideros; que “una de las principales obligaciones de un líder político es propiciar nuevos liderazgos”; que “hay que darle espacio a los que vienen”; que hay muchas formas de trabajar por el pueblo; porque “el que sólo sirve para Presidente, ni siquiera para Presidente sirve”.

Discurso de Juan Bolívar Díaz, al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Tecnológica de Santiago Santo Domingo, 10 de Febrero del 2018

Honorable doctor Príamo Rodríguez Castillo, Canciller del Sistema Corporativo Universidad Tecnológica de Santiago

Honorables miembros de las Juntas del Senado y Universitaria de la Universidad Tecnológica de Santiago

Honorable Rectora de los Recintos Santo Domingo, licenciada María Elena Cruz

Honorables integrantes del Claustro, académicos, docentes y administrativos,

Distinguidos graduandos, estudiantes y familiares

  

Con la venia de todas y todos quiero comenzar agradeciendo el honor que me confiere ésta acreditada casa de estudios al conferirme su doctorado honoris causa por los aportes realizados desde la comunicación y el periodismo. Más significativo porque coincide justamente con mi cincuenta aniversario de un ejercicio profesional comprometido con la esencia de la comunicación social, que es cultivar amplios huertos para que el pan, la cultura y la esperanza sean comunes a todos los seres humanos, promover la convivencia en libertad, con dignidad y justicia, confiriendo voz a los que no la tienen, para que puedan participar del patrimonio social.

Es otro privilegio poder dirigirme a esta nueva pléyade de profesionales de UTESA, en su gran mayoría provenientes de las clases medias y medias bajas, cuyo ascenso integral será fundamental para crear una sociedad menos desigual, más prospera y segura para todos y todas.

Yo emergí a la vida universitaria como miembro de la generación de los sesentas que enarbolaba las banderas de la libertad, tratando de rescatar la sociedad dominicana de la ignominia de 31 años de tiranía que sufrieron nuestros padres. Fueron años de convulsiones políticas y sociales cuando se liberaron las mayores energías de nuestra historia y el pueblo se hizo protagonista.

Los años sesenta y la década siguiente fueron esplendorosos para la libertad en todo el universo. Cayeron los últimos vestigios del colonialismo y decenas de países emergieron a la comunidad de naciones. En Estados Unidos Martin Luther King y la población afroamericana derribaban la segregación racial, mientras Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano emprendían el largo camino hacia la libertad, combatiendo el abominable apartheid.

Estábamos en plena guerra fría, cuando las promesas, luego fallidas, del comunismo y el socialismo contribuian a generar el Estado del Bienestar en toda Europa, y los trabajadores organizados obtenían resonantes victorias que se extendían a todos los continentes. Florecían los escenarios del multilateralismo, donde las grandes naciones del capitalismo pretendían humanizarse negociando solidaridad con el tercer mundo.

Fueron los años en que se expandió la libertad por todo el mundo y los jóvenes establecieron nuevos paradigmas, sacudiendo a naciones tan establecidas como Francia, Alemania, España y Estados Unidos, y produciendo grandes convulsiones en Cuba, en Venezuela, Argentina y México, que destrozaban dictaduras y creaban nuevas ilusiones. Los añejos muros de la iglesia Católica eran sacudidos al conjuro del Concilio Vaticano Segundo, con los mayores esfuerzos de aggiornamento desde las reformas protestantes del siglo 16.

El grito libertario que descendió de la sierra maestra en Cuba  se expandía por el continente imantando las aulas universitarias y los espacios laborales. Pero nos tocó a nosotros pagar los platos rotos por la revolución cubana, con la invasión norteamericana de 1965 que no sólo estranguló el protagonismo popular, sino que retrasó por mucho tiempo el desarrollo institucional democrático.

Pagamos nosotros el precio de la guerra fría como ningún otro país del continente, con una neo-dictadura de 12 años que no llegó a una reedición de la tiranía por la resistencia que interpuso la generación de los sesenta. Incluyendo la de los periodistas que logramos mantener la libertad de información y opinión, pese al asesinato político, centenares de presos y millares de exiliados, sin libertad de asociación política ni sindical, y con el control de todos los poderes del Estado en manos del heredero del trujillismo.

Las frustraciones de los ideales socialistas en todas sus tonalidades, patentizadas con la caída del Muro de Berlín, portaron nuevas promesas de libertad para los países donde el comunismo  impuso una férrea dominación político-social y se llegó a teorizar sobre el fin de las ideologías y el advenimiento de la felicidad universal. Pero en un par de décadas, lo que logró la humanidad fue un gran retroceso de la justicia y la equidad, al compás de la imposición de un neoliberalismo económico que comenzó a desmontar el Estado de Bienestar y relegó los escenarios del multilateralismo, con un mundo unipolar. La crisis del 2008 demostró las graves debilidades del sistema,  y tuvo que ser saldada provisionalmente a costa de las clases medias del mundo.

El universo al que ustedes llegan como profesionales, estimados graduandos, está plagado de graves contradicciones,  por los abusos de la unipolaridad y una enorme concentración de la riqueza. La destrucción de países y las muertes de cientos de miles sembrada por las bombas y las armas occidentales en el medio oriente y el norte de Africa, especialmente en Irak, Libia, Siria, Afganistán, Egipto, Pakistán, y Palestina, han desestabilizado naciones, generando un terrible terrorismo en esos países y movimientos migratorios de millones de personas, con cientos de miles tocando las puertas de Europa.

El mar mediterráneo se ha poblado de cadáveres, con más de 25 mil ahogados tratando de buscarse la vida, mientras cientos de miles han sido rescatados. La peor carga le ha tocado a Turquía, con más de 2 millones de refugiados, El Líbano, con un millón 200 mil y Jordania con 700 mil. Casi dos  millones han logrado llegar por mar a Europa entre el 2008 y 2017, creando  pánico y fortaleciendo la xenofobia y hasta reviviendo el nazismo, con resultados tan absurdos como la huida del Reino Unido de la Unión Europea.

A su vez el progresivo rechazo de los inmigrantes, promueve discriminación, guetos y resentimiento, caldos de cultivo de fanatismos  fundamentalistas y actos terroristas inconcebibles, demostrativos de que ya no hay seguridad para nadie. Nos conmueven los agresiones terroristas contra ciudades occidentales, pero en Siria, Palestina e Irak, son miles los niños y mujeres muertos por bombardeos rusos y norteamericanos. Son también víctimas del terror, 303 civiles muertos por los rusos y 1,180 por los norteamericanos, sólo entre enero y febrero del 2017.

La otra cara de la iniquidad es la enorme concentración de la riqueza en el mundo. El último informe de la acreditada organización internacional Oxfam, presentado mientras se reunía en Davos el mes pasado el Foro Económico Mundial, indica que el 82 por ciento de la riqueza generada en el mundo el año pasado, se quedó en el uno por ciento de la población. Mientras la mitad más pobre no se benefició en absoluto. La concentración es vertiginosa, tanto que desde el 2015 el uno por ciento de la población, unos 72 millones de personas, tenían la misma cantidad de riqueza que el 99 por ciento restante, es decir que 7 mil 128 millones de seres humanos. Y este año sólo 8 personas controlaban la mitad de la riqueza universal.  Y hay dos mil millones de personas, el 29 por ciento de la humanidad, que padecen hambre.

No vayan a creer que la desigualdad es sólo con relación al tercer mundo. El destacado economista Thomas Piketty revela que en Estados Unidos los ingresos del 50 por ciento más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los del 1por ciento más rico han aumentado un 300 por ciento en el mismo periodo.

En América Latina y el Caribe la concentración es por igual obscena, pues el 10 por ciento más rico concentra el 68 por ciento de la riqueza, mientras que el 50 por ciento más pobre solo accede al 3.5 por ciento. El 16 por ciento de los trabajadores asalariados y el 28 por ciento de los empleados por cuenta propia se encuentran en situación de pobreza.

Dice el informe de Oxfam que entre el 2016 y 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los mil millones de dólares, con un nuevo mil millonario cada dos días.

No se vayan a indigestar con estas cifras. Falta todavía el retrato social dominicano, con un 20 por ciento de la población controlando más de la mitad del ingreso. Y aquí la obscenidad es mayor porque desde el 2005 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo diagnosticó que este fue el país latinoamericano de mayor crecimiento económico en los últimos cincuenta años, pero a la vez el que más desaprovechó ese crecimiento para traducirlo en desarrollo humano.

Poco ha cambiado 13 años después, a no ser que se acentuó el Nueva York chiquito del polígono central de Santo Domingo, pero la pobreza campea por todo el resto del país. En el 2018, la mitad de la población todavía no tiene agua potable corriente dentro de sus viviendas, y la mitad de los que tienen la instalación, no la reciben permanentemente. Los apagones afectan a la mitad de la población, con duración entre 1 y 12 horas por día. Nuestras ciudades carecen de alcantarillados sanitarios y la mitad de las viviendas son indignas.

Ustedes van a ejercer una profesión en un país verdaderamente pobre, donde el 59 por ciento de los que trabajan están en actividades informales. Ahí está ese millón 300  mil motoconchistas, que según una investigación que acaba de publicar el nuevo Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, se ganan la vida acarreando precariamente a la población más pobre. Se estimó que son el 51 por ciento de los 2,6 millones de motocicletas, y aportan el 63 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito.

La situación de los empleados formales es demostrativa de la pobreza generalizada,  pues casi tres cuartas partes recibe hasta el equivalente del doble del salario mínimo cotizable a la seguridad social, que en septiembre estaba en 11 mil 137 pesos, es decir que el 73.3 por ciento ganaba menos de 22 mil 275 pesos. Sólo el salario mínimo de las grandes empresas sobre pasa el costo de la canasta familiar, estimada en diciembre pasado por el Banco Central en 13 mil 725 pesos, mientras los de turismo y zonas francas (de 10 mil y 9 mil pesos) quedan en las dos terceras partes.

Es dramático que el costo promedio de las canastas familiares haya  alcanzado en diciembre pasado (según el Banco Central) los 30 mil pesos, pero el promedio de los salarios formales que cotizan a la seguridad social apenas llega a 21 mil 93 pesos, el 70 por ciento, (Boletín 57 de la Superintendencia de Pensiones, septiembre del 2017). Muchos trabajadores apelan al pluriempleo para solventar los gastos familiares, que sólo en transporte se llevan hasta el 20 por ciento. Hace un siglo los trabajadores del mundo conquistaban la jornada laboral de 8 horas. Hoy para muchos es de 12 y 14 horas, lo que contribuye a la desintegración familiar.

Ustedes llegan a profesionales con una deuda que ya sobrepasa los 4 mil dólares, es decir de unos 200 mil pesos per cápita, puesto que la deuda consolidada del Estado ya pasó de los 40 mil millones de dólares, y seguirá creciendo para sustentar un desarrollo ficticio, que tendrán que pagar las nuevas generaciones.

Encuentran un país de mucho potencial, pero mal administrado desde sus orígenes. Pese a que encabezamos el crecimiento económico latinoamericano desde hace muchos años, la generalidad de las evaluaciones internacionales nos colocan en las peores posiciones, en calidad de la educación, en inversión en salud, con alta mortalidad materno-infantil, en trabajo infantil, embarazo de adolescentes, donde somos líderes, al igual que en muertes por accidentes de tránsito, en corrupción, en desconfianza en los políticos, en la policía y la justicia, en mayor proporción de empleados públicos por habitantes, en gastos legislativo y en falta de ética empresarial.

Asumo que habrán leído sobre el reciente informe de Oxfam RD que estima en 96 mil 872 millones de pesos lo que se llevará la corrupción, el clientelismo, la malversación y la ineficiencia gubernamental este año 2018. Y lo peor de todo, el grado máximo de impunidad que sopla desde todos los puntos cardinales de la delincuencia y el abuso del patrimonio público.

Debo decirles, estimados graduandos, que ustedes son privilegiados, pues se cuentan entre el 50 por ciento de los jóvenes que lograron concluir el bachillerato y el 20 por ciento que alcanza una profesión universitaria. Sepan que uno de cada tres muchachos entre 15 y 35 años, carecen de empleo, y que el 22.5 por ciento de los jóvenes, unos 500 mil, no han tenido oportunidad de estudiar ni de trabajar, cuyo incremento en los próximos años complicará el grave problema de la inseguridad ciudadana.

Perdonen  si les he abrumado con estos diagnósticos de nuestro mundo y nuestro tiempo. Pero sepan que ignorar la realidad es la peor inversión. Si alguna vez van a contribuir a transformarla, tienen que partir de su conocimiento. El desafío que enfrentan las nuevas generaciones en esta media isla es indescriptible. La relativa estabilidad y el crecimiento económico que hemos registrado en las últimas décadas tienen relación con la cantidad de dominicanos y dominicanas que tuvieron que emigrar.

Entre 1970 y 2015, Estados Unidos otorgó un millón 304 mil 989 permisos de residencia a ciudadanos dominicanos, y los indocumentados se estimaban el año pasado entre 114 y 148 mil, lo que implica más del millón 400 mil. Agréguenles más de 150 mil en España, y los que están regados en otros cien países del mundo, que totalizarían alrededor de 2 millones. Esa migración redujo la presión por los limitados empleos que genera nuestra economía. Y por el otro lado, sin las remesas de la diáspora estaríamos en bancarrota. El Banco Central las estimó en el 2017 en 5 mil 911 millones de dólares.

Aunque el discurso general es dramáticamente anti inmigrante, la realidad es que las estadísticas indican que nuestra emigración triplica las cifras de la inmigración, y que ambas están vinculadas. Por ejemplo, mientras los haitianos dominan el trabajo agrícola y de la construcción en el país, los dominicanos han sido fundamentales en esos mismos sectores en Puerto Rico, lo que debe atribuirse a nuestros bajos salarios e inseguridad social y laboral.

¿Cuáles son sus desafíos? El primero es profundizar en el reconocimiento de la realidad y reconocer que los cambios tecnológicos y sociales les demandan una formación continua. Yo, como la mayoría de ustedes, vengo del mundo de la pobreza, de un batey azucarero, y por experiencia personal puedo testimoniarles que sólo estudiando seriamente, manteniéndonos actualizados, trabajando duramente, podemos vencer las desventajas de haber nacido en sectores de escasos recursos.

Es indescriptible la velocidad con que las tecnologías nos dejan atrás en todos los campos delo saber humano, desde la informática, la genética, la biología evolutiva y la neurociencia, construyendo enormes posibilidades de desarrollo, pero que al mismo tiempo se encaminan a desembocar en mayores desigualdades entre sectores sociales, pueblos y naciones. La robotización tiende a sustituir el trabajo humano, sembrando interrogantes sobre la sostenibilidad de nuestro mundo.

Las nuevas generaciones  tienen que cultivar las nuevas tecnologías, y aprovechar sus ventajas, pero sin caer en la adición a los teléfonos inteligentes, que si bien nos proporcionan acceso a las fuentes de información, tienden a aislar a los jóvenes, muchos de los cuales ya no interactúan con los suyos, con sus compañeros y compañeras, y se van convirtiendo en autómatas, listos para la rueda de la explotación y la miseria. Nada puede sustituir una caricia, el toque pluridimensional de una mirada electrificada por el amor. El  mundo virtual puede devenir en una huida de la realidad.

Tienen que hacer un esfuerzo por encontrarse con ustedes mismos, con su identidad cultural y racial y dejar de invertir tiempo y recursos tratando de esconder su condición de negros y mulatos, que eso somos en 85 por ciento. Pueblo que no se reconoce en sus raíces, será siempre dependiente y nunca alcanzará el desarrollo de todas sus potencialidades.

Deben saber que las puertas de la migración se están cerrando por todas partes, y que en los próximos 50 años no podremos exportar otros dos millones de dominicanos y dominicanas. Es grave que el 42 por ciento de la población, y hasta el 60 por ciento de los jóvenes entre 18 y 25 años, tenga intención de irse del país como estableció el Barómetro de las Américas 2017. Es aquí donde tendremos que fajarnos, aquí, el único lugar donde no somos extranjeros. Y eso implica que tenemos que marchar, muchas marchas para extirpar la corrupción y la impunidad y para superar la pobreza y las exclusiones y para edificar las instituciones que sobrelleven el peso del desarrollo integral y la sostenibilidad de la nación.

Tenemos que mantenernos en movimiento, marchar sin cansarnos, en profundo abrazo social, que no hay botes salvavidas individuales suficientes para la mayoría. El amor y la solidaridad siguen siendo el aliciente de la vida, aún de este mundo que apenas empieza  a entender que tiene que preservarse de los cambios climáticos y las devastaciones. Aunque tengamos a los Donald Trump y los Kin Jon-Un que apuestan a quién tiene el botón de mando más grande para iniciar la destrucción del planeta.

El mundo no se va a acabar como se predice desde hace tantos años. Se acaba para los que nos agotamos, por eso la única receta infalible es, como los peces en el agua, mantenernos en movimiento, que quien se estanca se muere. Como nos legó el poeta universal León Felipe: que no hagan callos las cosas ni en el alma ni en el cuerpo. Sensibles a todos los vientos y bajo todos los cielos, poetas nunca cantemos la vida de un solo pueblo, ni la flor de un solo huerto. Que sean todos los pueblos y todos los huertos nuestros”.-

El PLD seguiría evadiendo las reformas políticas básicas

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El dejar a los legisladores decidir sobre la ley de partidos refleja la división interna del Partido de la Liberación Dominicana, misma que seguiría impidiendo su aprobación, mientras evaden las reformas poítico-electorales discutidas durante dos décadas

 Por Juan Bolívar Díaz

            El fracaso del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en lograr consenso sobre el proyecto de Ley de Partidos, refleja la fuerte división que lo sacude, con un revés para el grupo dominante del presidente Danilo Medina que, aún teniendo mayoría absoluta  en ese organismo, no pudo imponer el padrón electoral abierto que ha pretendido.

Pero al mismo tiempo, luce casi imposible que las reformas políticas en discusión hace dos décadas  vayan a ser aprobadas por los peledeístas sin la voluntad expresa del presidente Danilo Medina, a no ser que éste reconozca las dificultades de su continuidad en el poder más allá del 2020 y se proponga legar al país el constitucional “Estado Social y Democrático de Derecho”.

Fracasa el Comité Político

Si algo deja claro la decisión del Comité Político (CP) del PLD  del lunes 5 de febrero, es que el máximo y poderoso organismo no ha podido superar el profundo antagonismo que sacude al partido gobernante y evadió el bulto transfiriendo a sus legisladores el empeño del grupo gobernante de imponer el padrón electoral universal en la elección de los candidatos de todos los partidos, que conlleva la búsqueda de mayores posibilidades de continuidad en el poder.

El CP reconoció el fracaso de su resolución del 2 de octubre de constituir una comisión de juristas para que dijeran si es constitucional impone r a todos los partidos un solo método de  elección de sus candidaturas, lo que ya en el 2005 la Suprema Corte de Justicia dictaminó inconstitucional sobre una ley al efecto del 2004. Dejaron pasar 4 meses sin constituir la comisión pero desde que se decidió se veía muy difícil de materializar, por la pugna de poderes entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández, por demás presidente del partido y ya lanzado en abierta campaña por la candidatura presidencial del 2020, lo  que los danilistas ven con aprehensión y abierto rechazo.

Que la casi dos tercereas partes del CP alineada con el presidente Medina no haya impuesto  su voluntad es, hasta cierto punto, un revés para ellos, indicativo de la profundidad de la lucha por el poder y la conciencia de que podrían poner en juego la unidad del partido en que han basado su dominio político de 18 años, con el interregno 2000-04.

Pero es también un reconocimiento de que  divididos ninguno de los dos grupos peledeistas  beligerantes tiene posibilidad de reunir los dos tercios de los votos necesarios para aprobar leyes orgánicas, como la de partidos y la del régimen electoral, Remitirlo a la decisión de los propios legisladores no cambiará la situación, porque los danilistas tropiezan con la negativa de casi todos los legisladores de oposición , y los leonelistas no se atreverán a concertar con los opositores a espaldas del primer mandatario, lo que  mantendrá las reformas en un limbo.

Es que el poder no se cede

No debería sorprender que la propuesta de dejar el tema de la elección  primaria a los legisladores proviniera de José Ramón Fadul, una de las cabezas del llamado “Grupo Otán”  integrado por prominentes dirigentes de la vieja guardia peledeísta, que hace años hacen profesión casi religiosa del fundamentalismo político de que “el poder no se cede”, Ese grupo no sólo se opone y alienta toda resistencia a la ley de partidos, sino también a la reforma del Régimen Electoral, imperante desde que ellos mismos aprobaran y promulgaran en el 2010 su propia Constitución.

Esa Constitución, en la que influyeron los vuelos internacionalistas y modernizantes  del expresidente Fernández, creó nuevos órganos electorales y proclamó un “Estado Social y Democrático de Derecho”, con nuevos ordenamientos políticos y electorales que obligan a una reforma legislativa que los aterrice. Pero no hubo voluntad para hacerlo, como correspondía, antes de las elecciones congresuales y municipales del 2010, ni de  las presidenciales del 2012 y 2016.

A dos años de los próximos comicios municipales y a 27 meses de los presidenciales, no hay la menor señal de que el peledeísmo vaya a cambiar las ventajas que otorga el desenfreno y la ausencia de regulaciones de la competencia por el poder de que adolece el país, considerado como el peor en la región en esa materia. De hecho instituir las primarias abiertas sería otro factor a favor de quienes ostenten el poder, porque disponen de más recursos para solventar una doble campaña de búsqueda de votos en el universo de los electores, primero para elegir los candidatos y luego para la elección del presidente, vicepresidente, legisladores y autoridades municipales.

Factor de distracción

            No faltan quienes sustentan que, al margen del interés presidencial por las primarias abiertas el intento de imponer el padrón abierto, mantenido más de un año, es una forma de obstruir los aspectos fundamentales de la ley de partidos y de las reformas al régimen electoral, que incluyen mecanismos democráticos para elegir dirigentes y candidatos, límites a la extensión  de las campañas interna y nacional, así como al gasto de precandidatos y candidatos, limitar y transparentar los ingresos y gastos de partidos y  candidatos, instituir mecanismos de control y sanción del abuso de los recursos estatales y del dinero lavado, con las sanciones disuasivas correspondientes.

De hecho, ya en los principales partidos hay precandidatos a la presidencia en actividades proselitistas y  gastando dinero con miras a las elecciones del 2020, como Hipólito Mejía y Luis Abinader en el Partido Revolucionario Moderno, abiertamente Leonel Fernández en el PLD, y  subrepticiamente el presidente Medina y varios de sus ministros, con abundante propaganda  política pagada con recursos públicos. Esta misma semana se publicaron tres páginas pagadas en los periódicos promoviendo la obra del mandatario, y el Ministerio de Obras Públicas pagó patrocinios en la transmisiones del beisbol y en el uniforme del equipo nacional que participó en la Serie del Caribe.

En otras palabras, que ya las campañas internas para definir candidaturas comenzaron otra vez sin que se haya aprobado la ley que las regularía. Aún aprobando la Ley de Partidos en la legislatura que comienza el 27 de febrero, en el mejor de los casos se llegaría a mitad del año y luego vendría la discusión y aprobación de los reglamentos, mientras seguirían corriendo las campañas internas. De ahí que hay quienes postulan que la distracción de la ley de partidos, obstruye la reforma más trascendente políticamente, que es la del Régimen Electoral, que normaría  la disputa por el poder estatal.

Enfocar al presidente DM

La mayoría de los partidos de oposición han venido reclamando en bloque la aprobación de las reformas electorales y oponiéndose al padrón abierto en las primarias, considerándolo como contra reforma que agravaría el tráfico de dinero en la lucha política interna y nacional, incentivando el lavado en la competencia por las candidaturas, y los intereses grupales y personales que han debilitado el sistema partidista. El pasado lunes la presidenta del partido Opción Democrática, Minou Tavaerez Mirabal, adelantó que el bloque opositor de 11 partidos prepara un nuevo comunicado y acciones para presionar por las reformas electorales.

Si bien es cierto que el presidente Medina no tiene una avenida abierta para el continuismo, por la prohibición constitucional y las dificultades internas y a nivel nacional de volver a reformar la Constitución, nadie cree que los legisladores de su partido se asociarán con la oposición para decidir algo que vaya en dirección contraria, sin provocar una grave confrontación política que pondría en juego la unidad del PLD.

De ahí que la presión por las reformas electorales, tanto de los partidos, como de las organizaciones sociales y de la opinión pública, debería dirigirse directamente al presidente Danilo Medina, sobre todo apelando a su condición de máximo responsable del Estado, quien debería reclamar el mérito de auspiciar las reformas políticas ampliamente demandadas por la sociedad.

La próxima comparecencia de Medina ante la Asamblea Nacional el 27 de este mes para rendir las memorias del 2017, sería una nueva oportunidad para hacer honor a la majestad de la primera magistratura del Estado y asumir un compromiso claro y definitivo con las reformas. Ese día estará obligado a romper el silencio que guarda sobre asuntos cardinales, tanto del orden político, como económico, social  e institucional.

En la cancha del PLD

La circunstancia de que tanto la Ley de Partidos como la del Régimen Electoral requieren dos tercios de los votos de cada cámara se ha constituido en una retranca para su aprobación, y obliga a un amplio acuerdo político, que es lo que han reclamado sin éxito instituciones como la Finjus y Participación Ciudadana y la mayoría del liderazgo político.

Tras veinte años desde que en 1998 se elaboró el primer anteproyecto de Ley de partidos, por amplio consenso en la Comisión para la Reforma y Modernización del Estado, creada por el presidente Leonel Fernández, retomado y ampliado en la Comisión Nacional para Reforma del Estado instituida por el presidente Hipólto Mejía, la pieza ha sido introducida al Congreso en más de una decena de legislaturas. La evasión ha sido la normativa aunque fue objeto del “Pacto de las Corbatas Azules” del 2009, entre Leonel Fernández y Miguel Vargas, y en la campaña electoral del 2012  los candidatos presidenciales se comprometieron a aprobarla “tan pronto pasaran las elecciones” de ese año.

Perimidos en la legislatura que concluyó el mes pasado, ya la Junta Central Electoral  anunció que reintroducirá sus proyectos de Ley de Partidos y del Régimen Electoral, que ha presentado sistemáticamente desde el 2011, tras ser elaborados por una misión técnica contratada con la Organización de Estados Americanos, en consulta con los partidos y tomando en cuenta los consensos anteriores.

Es significativo que se haya decidido introducir los proyectos por vía del Senado donde el PLD tiene 28 de los 32 votos. La pelota queda en su propia cancha y ahí se verá si hay alguna voluntad para aprobarlo, sin convertirlo en una mojiganga política como ya hizo la Cámara de Diputados en el 2015, considerado tan burlesco, que tuvieron que recogerlo.-