El PLD va a su Congreso sin claro liderazgo y acosado por la fuerte atracción de Leonel

El mayor partido opositor enfrenta el desafío de renovar sus anquilosados organismos sin hacer una catarsis sobre su corrupción y dependiendo de la eficacia de las autoridades para documentarla y obtener las condenas demandadas por la sociedad.

Por Juan Bolívar Díaz

La incertidumbre es el signo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que enfrentaría por primera vez un congreso renovador de sus dirigentes sin un líder que lo unifique, y sin haber hecho una catarsis sobre su desguañangue en un ejercicio gubernamental que llegó a controlar casi absolutamente el Estado y gran parte de los organismos sociales.

El ahora principal partido de oposición está amenazado por el polo de atracción que representa su exlíder Leonel Fernández, mientras se teme que pasen factura los dirigentes relegados por el expresidente Danilo Medina cuando impuso la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo, quien no pudo levantar vuelo ni para competir por el liderazgo del partido.

El desafío de su Congreso

La reunión del Comité Político del PLD del pasado domingo ratificó la convocatoria de su IX Congreso con el propósito de renovar sus dirigentes, tanto del Comité Ejecutivo Nacional como del Comité Político y los organismos intermedios, anquilosados durante los últimos 16 años que estuvo en el gobierno, con un poder tan absoluto que para muchos era insuperable hasta las aplastantes derrotas tanto en las elecciones municipales de marzo como en las presidenciales de julio.

El desafío no es poco para una organización que durante casi dos décadas mantuvo los mismos dirigentes nacionales, incluyendo presidente y secretario general, y que apenas realizó ampliaciones de la matrícula de sus organismos superiores, constituido en refugio de una casta de dirigentes que se llegaron a sentir por encima de la sociedad y proclamaban que el poder era para utilizarlo, que no se cedía y que se imponía por encima de todo.

La otra maquinaria disciplinada por el genio del profesor Juan Bosch devino en una corporación con dirigencia inamovible y la ambición de poder terminó por dividirla profundamente, con la partida en octubre, tras una traumática convención electiva, de Leonel Fernández, quien encarnó el mayor liderazgo tras el final del fundador, y que condujo a los peledeístas al disfrute del poder durante sus primeros tres períodos de gobierno.

El congreso que está programado para iniciarse con el próximo mes de octubre y culminar con el año, enfrenta el desafío de la renovación, sin el liderazgo y el arbitraje que encarnó Bosch y sin la fuerza de moderación que se derivaba del poder ejercido por tres períodos presidenciales de Leonel  y los últimos dos de Danilo Medina, en virtud de la “repartición de los cobrecitos” y un presidencialismo cada vez más pronunciado, pero que no pudo evitar la división.

¿Podrá Danilo sobrevivir?

La primera interrogante sobre el próximo congreso peledeísta gira en torno a si el expresidente Medina podrá retener el poder que ejerció casi omnímodamente en la organización durante sus ocho años de gobierno, tras sus fracasos políticos del último cuatrienio, al intentar una segunda reelección consecutiva, al haber impuesto un candidato presidencial sacado del bolsillo a costa de la división del partido y por el fracaso en las elecciones generales, tras asumir que él las ganaría, aún sin ser candidato.

El principal hándicap de Medina es que ha quedado con una prohibición constitucional de volver a ser candidato presidencial, tras agotar los dos períodos de orden constitucional, y no se vislumbra posibilidad de que pueda cambiarlo para el próximo torneo electoral, dado que necesitaría dos terceras partes del actual Congreso Nacional.

Medina es  un gran trabajador de la política, armador de juegos, pero carece del carisma necesario para entusiasmar a sus partidarios. Su liderazgo de los últimos años estaba fundamentado en el poder del Presidente de la República, repartidor de favores que llevó a extremos el clientelismo y la corrupción de sus partidarios, perfeccionando los mecanismos de cooptación del liderazgo social iniciado en los períodos de su antecesor Fernández.

El infortunio de Medina fue tan grande que su delfín Gonzalo Castillo, fue incapaz de levantar vuelo para ser una real opción presidencial, pero ni siquiera para quedar con posibilidad de disputar ahora el liderazgo del PLD, pues ha quedado con más enemigos dentro del partido, donde lo consideran un impostor, que en el resto de la sociedad, donde se le percibe con piedad, al considerarse que “fue un invento de Danilo”.    .         

Varias facturas pendientes

Danilo Medina tiene varias facturas pendientes de quienes dentro de su partido se sintieron “traicionados” o por lo menos relegados en la carrera por la candidatura presidencial, a quienes había incentivado a buscarla sobre la base de que él no aspiraría a un tercer período consecutivo. Varios de ellos corrieron durante par de años con las riendas tensas, dándose cuenta del doble juego del mandatario, que siguió pretendiendo continuar.

Pero fue peor cuando en julio del 2019 a Medina se le cerraron las posibilidades de la segunda reforma constitucional y entonces se sacó de la manga la precandidatura de Gonzalo Castillo, y la impuso por encima de los que llevaban años persiguiéndola, para lo cual utilizó todo el poder del Estado, nombrando promotores a los ministros y altos funcionarios y forzando el retiro de varios aspirantes con viejos méritos partidistas. Luego selló la división del PLD y su salida del poder, al extender la votación por varias horas, cuando los cómputos de la elección primaria otorgaban la candidatura presidencial al expresidente Fernández.

Por lo menos el secretario general Reinaldo Pared Pérez, con influyentes hermanos, y otros dos precandidatos, Carlos Amarante Baret, y Manuel Crespo expresaron públicamente su indignación por el abuso del Estado en la campaña interna. Pared dejó por escrito que “se han violado todas las normas de equidad y justicia”. Amarante: “se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar”. Otro de los influyentes, Temístocles Montás, que con Leonel y Danilo constituía una trilogía de herederos de Bosch, se conformó con que le dieran la presidencia del PLD, mientras Francisco Domínguez Brito guardaba discreto silencio. Ninguno de ellos puso entusiasmo por la candidatura de Gonzalo y se cree que no apostarán por el liderazgo de un Danilo Medina, a no ser que esperen heredarlo de dedo.        

El polo de Leonel Fernández

El futuro del PLD está signado por el polo de atracción que representa en sus militantes medios y de bases el expresidente Fernández, que los llevó al poder por los primeros tres períodos y los prolongó por otros dos al imponer en el 2012 a Danilo Medina utilizando todo el poder del Estado, con un déficit fiscal de todo el Estado ese año del 8% , y más de 150 mil millones de pesos sólo del gobierno central.

Leonel con su nuevo partido Fuerza del Pueblo (FP) sigue atrayendo dirigentes medios y de las bases del PLD, y casi todas las semanas recibe desertores, en la última juramentó a 20 presidentes de comité intermedios capitalinos, y al recuperar dos de los senadores del PLD electos, desplazó a este como segunda fuerza senatorial. Con la ventaja de que no tiene impedimento para optar por la candidatura presidencial en el 2024 y podría incubar una posibilidad de relevar al debutante Partido Revolucionario Moderno.

El líder de la FP tiene otra ventaja: que aunque fue impulsor de la degeneración del peledeísmo histórico, que Temístocles Montás documentó el 19 de enero del 2019 en crisis orgánica, moral e ideológica, quedó superado por los escándalos de la gestión de Danilo Medina, ahora primera opción para pagar las desproporciones del poder y sancionar la corrupción. Hasta tácticamente habría que concentrarse en los últimos dos períodos.  

Necesidad de una catarsis

Para cualquier analista es obvio que el PLD necesitaría una profunda catarsis primero para regenerarse internamente y escoger nuevo liderazgo, dejando atrás una legión de momias políticas, y segundo para recuperar crédito ante la sociedad. Ninguna de las dos resultarán fáciles después que durante años fue aniquilada toda criticidad y dependerá en gran medida de la capacidad de las nuevas autoridades para documentar  y sancionar la enorme corrupción denunciada.

Podría ser contraproducente el desafío del presidente del PLD, Temístocles Montás, para que las nuevas autoridades procesen sus denuncias de corrupción,  por lo que ya el líder de Alianza País, Guillermo Moreno, le recordó que él fue el único de los vinculados a los sobornos de Odebrecht que admitió, y por escrito, que había recibido financiamiento del agente de la constructora brasileña, Angel Rondón, para tres campañas electorales.

El desafío o la arrogancia son contraproducentes cuando hay tantos escándalos que pueden ser fácilmente documentados, por ejemplo el que ya fue tramitado el jueves al Ministerio Público, de los 1os 11 mil 500 millones de pesos en contratos para comprar asfalto repartidos nada menos que por Gonzalo Castillo, meses antes de asumir la candidatura presidencial peledeísta. Más imprudente porque la periodista Alicia Ortega  pudo documentar que violó la ley de Compras y Contrataciones, y José Rijo que se saltó la ley de presupuesto gastando diez veces lo establecido, y porque no resulta difícil rastrear los beneficiarios para encontrar vinculados. Tampoco será difícil demandar a Odebrecht que identifique los 28 seudónimos de los que, según documentó el consorcio internacional de periodistas de investigación, recibieron sobornos por 39 millones de dólares para la contratación de las plantas de Punta Catalina y otras obras del gobierno de Medina. La transnacional está obligada a identificarlos, por el acuerdo de lenidad de que fue beneficiaria. Y hay muchos casos más que originarían procesos judiciales con bastante fundamento.

Las nuevas autoridades no deberán inventar persecuciones ni apresurarse para caer en el vacío, pero están compelidas por la inmensa y sostenida demanda nacional, en gran medida generadora del cambio político de este año, de sanción a los que colocaron al país entre los líderes mundiales en corrupción y malversación, con decenas de denuncias públicas y según informes tan autorizados como los del Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y los de Transparencia Internacional.-     

Cambio político en las circunstancias más adversas de la historia nacional

Ascienden por primera vez a la presidencia y vicepresidencia dos hijos de la etapa democrática de la República, y se produce una gran renovación del Congreso Nacional, con mayor participación de los jóvenes, aunque con retroceso en las mujeres

Por Juan Bolívar Díaz

El Gobierno que se instalará mañana bajo la presidencia del economista Luis Abinader, enfrenta las circunstancias más adversas para el inicio de una gestión en la historia de la República, con un horizonte incierto por el avance del coronavirus, cuyas consecuencias económicas y sociales aún no pueden cuantificarse.

 Como siempre prevalece la ilusión del cambio para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y una mayor equidad económico-social para reducir la desigualdad y la pobreza,  lo que obligaría a las nuevas autoridades a una gran reingeniería del Estado para mantener la confianza de la población, mientras se supera la crisis de salud.

Indicadores de cambio 

Luis Abinader y la coalición de partidos y grupos sociales encabezada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganaron mayoría en las elecciones municipales y luego en las presidenciales y congresuales, bajo la consigna de que “ha llegado la hora del cambio verdadero”, aludiendo a las ocasiones anteriores en que las promesas reivindicativas quedaron en el olvido. Despojándose de la desconfianza en el sistema político que diagnostican las encuestas, gran parte de .la ciudadanía se acogió a la ilusión del cambio.

Esta vez la renovación no será sólo del Poder Ejecutivo, sino también del legislativo, ya que la matrícula total del Congreso Nacional, de 222 miembros, 32 senadores y 190 diputados, se renueva en 60%, con la salida de 134. Un estudio comparativo del Observatorio Político Dominicano, de Funglode, establece que 131 de ellos han tenido entre 10 y 38 años como legisladores. De los senadores 29 serán debutantes,  equivalentes al 91%,  y 105 de los 190 diputados, para un 55%.

 Por rangos de edad, la matrícula legislativa se rejuvenece, ahora con promedio de 51 años, 3 menos que en la legislatura que concluye. La participación juvenil alcanza mayor proporción en la Cámara de Diputados, donde habrá 19 legisladores entre 25 años, la edad mínima para esa representación, y 30 años. Y 35 tendrán menos de 40 años. Es relevante que la más joven, Olfanny Méndez, de 26 años, ha sido nominada para vicepresidente de la cámara baja, representando la provincia de Bahoruco, del suroeste, una de las más pobres.

La representación juvenil queda muy por encima del 10%,  la cuota mínima de ley, pero no así la de las mujeres, que aunque pasan de 3 a 4 en el Senado, retroceden de 56 a 52 curules en la Cámara de Diputados, 25 % del total de legisladores,  cuando la ley establece una cuota mínima de postulaciones del 40%.

Luis Abinader y Raquel Peña

El presidente Luis Abinader y la Vicepresidenta Raquel Peña, son los primeros nacidos en la etapa democrática iniciada con la decapitación de la tiranía de Trujillo que acceden a esas posiciones en el país, e incluso ambos después de la Revolución Constitucionalista de 1965. El nació en julio de 1967 y ella le antecedió 10 meses, en septiembre del 1966. El en Santo Domingo y ella en Santiago, pero ambos de ancestros cibaeños, y él además de libaneses. Será apenas el octavo presidente fruto de elecciones tras los 32 años del trujillismo. En promedio los 7 anteriores han gobernado por más de 8 años, Balaguer 22, Leonel 12 y Danilo 8, los tres perredeístas, Guzmán, Jorge blanco e Hipólito Mejía, sólo 4 años.    

 Los dos son destacados profesionales, él de la economía y ella de administración, empresarios y con experiencia gerencial en el sector privado, pero ninguno ha desempeñado cargos en el Estado. El se graduó de economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y realizó estudios de postgrado en tres universidades de Estados Unidos, incluyendo la de Harvard. Ella con licenciatura en Administración de Empresas, de la Universidad Católica Madre y Maestra, donde era vicerrectora administrativa al ser escogida para la candidatura. Tiene un máster en Administración de la Universidad de Quebec.

 A diferencia de la vicepresidenta, que no había tenido experiencia política, Luis Abinader la ejerció junto a su padre, y dirigió su campaña electoral cuando ganó la senaduría de Santiago en 1998. Rafael Abinader no sólo fue senador, sino también ministro de Finanzas en los gobiernos de Guzmán y de Hipólito, del Partido Revolucionario Dominicano. Luis Abinader fue candidato vicepresidencial en la boleta que encabezó Hipólito para el 2012, cuando quedaron en 47%. Hace 4 años debutó con la candidatura presidencial del entonces nuevo PRM, alcanzando el 35% del sufragio.

En la peores circunstancias

Luis Abinader asume la Presidencia en las circunstancias más difíciles en que haya iniciado gobierno algunoen la historia de la República. Sólo es le puede comparar con el inicio del presidente Joaquín Balaguer en 1966, tras la revolución constitucionalista de 1965 que se extendió a guerra civil por la invasión militar de Estados Unidos. El ideólogo trujillista se juramentó todavía con el país ocupado por tropas de Estados Unidos y otros países.

Balaguer asumió con el país dividido y tratando de recuperarse del trauma de la guerra, pero en el resto del mundo no había crisis, y por su misma intervención y por razones de la guerra fría y la influencia de Cuba, Estados Unidos destinó amplia ayuda al gobierno dominicano, lo mismo que  otros países y los organismos internacionales. Ahora la pandemia sacude a esos mismos países y los gritos de auxilio son generalizados.  

Otro inicio difícil, pero tampoco comparable al escenario actual, fue el del segundo gobierno de Leonel Fernández en el 2004, tras la crisis originada por las quiebras bancarias que incrementaron la pobreza en más de un millón de personas. Pero lo peor ya había pasado, y las reformas financieras y ajustes orientados por el Fondo Monetario Internacional se habían iniciado casi un año antes. Por ejemplo, la devaluación del peso que había sobrepasado 56 por dólar, se había reducido a 42.   

Lo peor de la actualidad es que el gobierno hereda una triple crisis, la de la pandemia que sigue en incremento a 5 meses y medio, con el contagio de 85 mil personas y casi 1,400 fallecidos, con una gestión desastrosa, al extremo de que en ambos renglones el país casi duplica la totalidad de los afectados de las demás naciones de las Antillas Mayores, es decir, más que Cuba, Jamaica y Puerto Rico y Haití juntos. Con el agravante de que la persistente  expansión del Covid-19 no permite evaluar todavía la magnitud de la crisis económica que ya sufre el país, y mucho menos sus repercusiones sociales.

El compromiso del cambio

Es generalizada la preocupación de que en tan adversas circunstancias el nuevo gobierno no podrá satisfacer muchas  expectativas de cambio, temiéndose que le tomará por lo menos el primer año la tarea de recuperar la salud y restablecer los niveles de empleo y productividad, con decenas de miles de pequeñas y medianas empresas quebradas y las estimaciones de desempleo y pobreza superando cualquier  coyuntura anterior.

El presidente Abinader ha reconocido que vendrá a “administrar una crisis”, por lo que ha comenzado a avanzar una serie de disposiciones tendentes a regenerar el Estado, que incluirán la supresión de organismos inoperantes, fusión de muchos que representan duplicidades, y una batida a la malversación, la corrupción y la impunidad.

Se espera que en su discurso inaugural, el nuevo mandatario anunciará un ambicioso programa de reformas para sus primeros meses, privilegiando el combate a la pandemia y la plena reanudación de las actividades económicas. Con precariedades y la capacidad de financiamiento limitada por la paralización que ha reducido drásticamente los ingresos fiscales, el gobierno tendría que apelar a la máxima austeridad y reducción de gastos superfluos para invertir mejor los escasos recursos.

No podrá prescindir del financiamiento, pero con las limitaciones advertidas desde un  par de años antes de la pandemia, incluso por el FMI, de que la nación entraba en la antesala de la insostenibilidad fiscal. Esta semana el economista dominicano Apolinar veloz, hasta hace dos años funcionario del FMI y con sólida experiencia en evaluaciones de economías de otros países, sostuvo en el digital Acento que sería necesario buscarse el auxilio de ese organismo para una renegociación de la deuda, que entre externa e interna ya sumaría 52,635 millones de dólares, el 59% del PIB.

Recomendaciones del BID      

El nuevo gobierno podrá ampararse en recomendaciones como la formulada esta semana en un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado Retos y Oportunidades Post Covid-19, del que dio cuenta HOY este viernes. Coincide con muchas de las formulaciones que ha presentado el nuevo presidente y su equipo económico.

 Se resume en políticas públicas para mayor eficiencia y reestructuración del gasto, para aumentar la inversión productiva, la reducción de pérdidas en el sector eléctrico y de “filtraciones” en los programas sociales, una reforma fiscal integral, que mejore la eficiencia, rediseñe impuestos, elimine exoneraciones y amplíe la base impositiva. Políticas públicas para reducir la desigualdad y la pobreza. Racionalización de la contratación y de la política salarial, fortalecimiento de la administración tributaria y aduanera y rescatar el proyecto de  Ley de Responsabilidad Fiscal que lleva años en el Congreso.

Por lo que planteó en numerosas ocasiones el candidato Abinader,  su estrategia sería ganar confianza con la reforma del Estado y el fortalecimiento de la institucionalidad, con el control de la corrupción y la proscripción de la impunidad, para acumular fuerza moral que le permita afrontar las demandas de fondo, como una reforma fiscal integral que reclame mayores contribuciones a los sectores sociales privilegiados.

La etapa a iniciarse este 16 de  agosto, debería marcar la reformulación definitiva del Estado dominicano, y su concepción de botín político, dejando atrás el caudillismo y .las viejas prácticas trujillistas de autoritarismo, presidencialismo a ultranza, providencialismo, clientelismo político, y gobernanza para mantener satisfechos o tranquilos a los poderes fácticos. Los que salen del poder tras 20 años de gobierno, comenzaron planteando la “liberación nacional” y terminaron ratificando las peores tradiciones trujillistas-balagueristas.

Con fundadas expectativas

 Por Juan Bolívar Díaz

Es una pena que las circunstancias por las que atraviesa el país y gran parte del mundo no sean propicias para la gran celebración que merece el cambio de gobierno que tendrá lugar el próximo domingo, cuando se instalará un nuevo Congreso Nacional y los ciudadanos Luis Abinader y Raquel Peña sean juramentados como presidente y vicepresidenta de la nación.

Hay muchas razones para celebrar, porque se trata de una gran renovación, no sólo del Poder Ejecutivo, con un gran equipo ministerial ya anunciado, sino también del Legislativo, en este último como hace muchos años no se producía, por ejemplo en el Senado donde apenas repiten 3 de sus 32 miembros, y es relevante que más de la mitad de los diputados serán debutantes y la mayoría jóvenes menores de 35 años, algo sin precedente. Positivo también que la primera mayoría ya ha nominada a la legisladora más joven, Olfanny Méndez de 26 años, como candidata a vicepresidenta de la Cámara de Diputados.

Hay que lamentar que el avance no haya incluido a las mujeres, que por el contrario tienen una ligera reducción en la Cámara de diputados, con apenas un 27 por ciento, y en el Senado una más pero sólo 12.5 por ciento de la matrícula. En ambos casos lejos de la cuota mínima de candidaturas que es 40 por ciento, lo que obliga a minuciosa revisión.

Muchas expectativas se han tejido tras las victorias electorales de marzo y julio, especialmente por  haberse producido superando un inmenso abuso del poder estatal, de la manipulación de los programas sociales y un gasto desmedido de dinero público. Debe ser aleccionador que casi todos los senadores perdieran con todo y sus barrilitos, algunos casi con dos décadas enquistados en el Congreso, reeligiéndose a base de privilegios.

La obligada austeridad y moderación en la celebración del cambio es propicia para una profunda reflexión sobre el devenir de la nación, y para fundamentar las expectativas a la luz de la crisis de salubridad, con derivaciones económicas y sociales que aún no pueden documentarse en su magnitud, ya que todavía no se vislumbra el horizonte en la contención del coronavirus.

Con una realidad tan compleja y desfavorable, los cambios estructurales se hacen más difíciles porque la mayor parte de las energías gubernamentales se consumirán en reparar techos,  puertas y ventanas del edificio social, por lo menos en el primer año. Eso obligará a la indulgencia con las nuevas autoridades. Pero estas tendrán que revalidarse sostenidamente atendiendo a las demandas y compromisos que no requieren muchos recursos y que,  por el contrario, implicarán economía.

Tal es el caso de la supresión o fundición de  órganos inoperantes o redundantes, la reducción de una buena cantidad de botellas y botellones, la proscripción de la malversación, de todo género de corrupción, y de la impunidad. Hay casos relevantes pendientes de acción judicial, e imprescindibles auditorías que podrían terminar en expedientes del Ministerio Público. No se trata de montar un circo ni de saltarse los procedimientos, por lo que deberán prevalecer la documentación y la objetividad, dejando atrás la aparatosidad de los allanamientos para producir detenciones.

La agudización del desempleo y la pobreza deberían propiciar la aplicación de los límites establecidos en la ley de salarios del Estado, para eliminar enormes distorsiones, como esa de que muchos funcionarios ganan dos y tres veces lo que reciben el presidente de la República y sus ministros.

El presidente electo ha presentado unas credenciales muy bien recibidas por la opinión pública, incluyendo su compromiso de un Ministerio Público independiente, sendero por donde debe transitar toda la justicia, incluyendo organismos como la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo de inmediata renovación, o el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas para el año próximo.

El economista y empresario Luis Abinader ha prometido la revolución del imperio de la ley y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. También un nuevo modelo de desarrollo económico-social, con disposiciones para reducir la desigualdad, pero sobre todo una regeneración moral y ética de la sociedad, y ahí estarán las más fundadas expectativas.- .                   

El informe de la OEA ratifica las criticas al sistema electoral e insiste en reformas

La misión de Observación Electoral de la OEA coincidió con persistentes críticas a las campañas electorales, incluyendo el abuso del poder del Estado, la compra de votos y la inequidad y ratifica la necesidad de reformas para una mayor legitimidad democrática  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            Las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio no constituyeron un modelo democrático por los múltiples abusos del Estado y ausencia de reales regulaciones para garantizar la equidad, como se interpreta del informe preliminar de la misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA).

            El documento es el más crítico de las observaciones electorales de la OEA en las elecciones dominicanas de las últimas décadas, pero ha pasado casi desapercibido en medio de las preocupaciones por el coronavirus, aunque merece atención si se quiere mejorar el sistema electoral, incluyendo, las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.     

El abuso del Estado

            El informe recoge muchas de las denuncias que  se formularon durante el recién pasado proceso electoral sobre inequidad y excesos gubernamentales para favorecer las candidaturas del partido oficialista, especialmente las derivadas de las medidas de emergencia y los subsidios sociales originados por el Covid-19, especificando que en la entrega de dádivas y ayudas sociales “pudo comprobar el activismo político de funcionarios públicos desde la figura presidencial hasta los cargos de rango municipal”. También observaron múltiples ejemplos de propaganda y comunicaciones políticas alusivas a los programas sociales de emergencia, por parte de la campaña del partido de gobierno”, y formulan recomendaciones que dejan atrás el lenguaje excesivamente diplomático de otras ocasiones.

            Indica que las medidas de distanciamiento social y toque de queda impuestas por la pandemia impactaron la campaña electoral y que la misión recibió reclamos de distintos actores políticos sobre discriminación en su aplicación. “A lo anterior, se sumó la protesta generalizada por parte de la oposición en torno a las asistencias sociales distribuidas por el gobierno en el marco de la pandemia, que en opinión de muchos actores políticos y sociales fueron instrumentalizadas con fines electorales por el binomio oficialista.

            La MOE/OEA critica también la ocurrencia de amenaza o promesas de empleos como método de campaña electoral, calificándola de atentatoria contra la dignidad de las personas. Reconoce la importancia de que las autoridades públicas atiendan las necesidades de la población ante las devastadoras consecuencias económicas que la pandemia genera en la mayoría de los países, pero “advierte que la institucionalidad democrática demanda una rigurosa separación entre el Estado y las organizaciones políticas, de forma que la ciudadanía pueda tener certeza de que su acceso a servicios públicos y a una red de bienestar no estará condicionado a lealtades partidarias”.

La eterna compra de votos

            Como en anteriores procesos electorales, la misión de la OEA concide con el movimiento cívico Partiipación Ciudadana y otros sectores en la denuncia de la compra de votos y de la propaganda en los recintos electorales en la jornada de votación. Dice que sus observadores “constataron compra de voto en las inmediaciones de los recintos electorales por parte de diversas fuerzas políticas. La Misión reitera de manera enfática que esta ha sido una práctica constante en los procesos electorales dominicanos, que no ha sido suficientemente combatida”. 

Agrega que la compra de votos y cédulas “no solo constituye un delito electoral bajo la legislación dominicana, sino que socava el Artículo 282 inciso 6, Artículo 283 inciso 10 y Artículo 285 inciso 4 de la Ley 15-19 Orgánica de Régimen Electoral. el libre ejercicio del sufragio y mina la confianza de los votantes en todo el sistema electoral”.  insiste en la importancia de que se adopten medidas contundentes para erradicar esta práctica, lo que es una responsabilidad compartida de las autoridades administrativas, policiales y judiciales, así como de los propios actores políticos y partidarios, y de la ciudadanía en general. 

La compra de votos y cédulas es práctica muy vieja en el sistema electoral. Fue comprobada por la observación de Participación Ciudadana en 30 % de los recintos de votación en las primarias de octubre, con registros menores hasta el 17% en las municipales y en las presidenciales y congresuales de este mes. Esta baja podría atribuirse a una campaña en las redes sociales y por parte de la Junta Central Electoral, aunque para nada ha mediado la policía electoral, ni la fiscalía especializada  para perseguir los delitos electorales. El delito ha sido ejecutado por diversos partidos pero también por candidatos a cargos congresuales y municipales, a veces en perjuicio de propios compañeros para buscar beneficios del voto preferencial por los diputados y ahora también para regidores.       

Sobre legislación electoral

            La MOE/OEA saluda la aprobación de la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y la Ley Orgánica de Régimen Electoral, en los dos últimos años, pero indica que los recientes procesos electorales han puesto en evidencia la necesidad de realizar ajustes a la legislación, para suplir vacíos legales y clarificar algunas disposiciones. Insta a las autoridades, actores políticos y sociedad dominicana a no abandonar las tareas de reforma, a fin de continuar perfeccionando el sistema electoral y erradicar prácticas perniciosas que han persistido durante muchos años en el país.

Deploran que la legislación electoral no fue cumplida en aspectos fundamentales, desde el inicio de la campaña electoral antes del período legal, a la transparencia del gasto, que estuvo por completo ausente, indicando que incluso las ayudas sociales de partidos y candidatos deben ser consideradas como gasto de campaña electoral. Sostienen que no hubo una verdadera fiscalización del gasto de los partidos, que no identificaron los contribuyentes como manda la ley, denunciando la desigual disposición del subsidio estatal, concentrado excesivamente en grandes partidos y en los candidatos presidenciales.

Sobre la recién creada Procuraduría Especializada para persecución de los Delitos Electorales, el informe  sostiene que todos los actores entrevistados, incluida la propia fiscal electoral, señalaron que carece de los medios materiales, logísticos y de independencia organizacional para llevar adelante sus funciones.

El documento de la OEA no deja dudas de las limitaciones de las dos nuevas leyes que rigen el sistema electoral, de sus vaguedades  y de su falta de cumplimiento, lo que resalta una vez más la descomposición del sistema político nacional y la recurrencia a desconocer las leyes y normativas. Pocos insistieron en el cumplimiento de reformas que se discutieron durante dos décadas.  

Múltiples recomendaciones

            La MOE/OEA reconoce el esfuerzo de la Junta Central Electoral para organizar cuatro procesos electorales en menos de un año, incluyendo el fallido municipal de febrero, y le acredita algunos avances, pero también formula críticas a la tecnología, a los procesos organizativos y a la preparación del personal operativo de los colegios electorales, con las recomendaciones pertinentes.. 

“Subraya la vital importancia de otorgar estabilidad y previsibilidad al proceso, realizando un ejercicio de planificación rigurosa que contemple márgenes suficientes para emprender las campañas políticas bajo reglas definidas y claras. Preocupó especialmente que elementos fundamentales como el número de delegados acreditables ante cada colegio electoral y las condiciones para la votación de las personas que se encontraban en fila al cierre de la jornada, fueran objeto de controversia días antes de la elección. En cuestiones de democracia e institucionalidad electoral, los cambios de último momento no son buenos”, indica dl informe.

Propone garantizar una distribución más equitativa de la contribución económica estatal entre las organizaciones políticas, tanto entre partidos mayoritarios y minoritarios, como entre candidaturas presidenciales, congresuales y municipales, y entre hombres y mujeres. Hacer cumplir el inicio y término de la campaña electoral, utilizando el régimen de consecuencias establecido en la legislación vigente. Fortalecer la unidad de Control Financiero de la JCE e implementar un sistema de monitoreo de cuñas publicitarias en medios públicos y privados, con capacidad de documentar las tarifas aplicadas para hacer cumplir las disposiciones legales en la materia. 

Proponen una revisión de la legislación electoral “para suplir vacíos y clarificar disposiciones”, mayores esfuerzos para garantizar la participación y representación de las mujeres, indicando que fueron apenas el 12 por ciento de las candidaturas al Senado. 

Así mismo, dotar de mayores recursos al Tribunal Superior Electoral y establecerlo como única competencia para conocer de los conflictos electorales. La recurrencia al Tribunal Superior Administrativo para buscar amparo en materia electoral ha sido recurrente  desde la creación del TSE en la reforma constitucional del 2010, chocando frecuentemente con las facultades de este. 

Para ser tomadas en cuenta

El informe contiene muchas otras recomendaciones que deben ser tomadas en cuenta, siendo lamentable que la gravedad de la crisis desatada por el Covid-19 no haya permitido que se le otorgue la atención debida. Ello podría determinar que como en otros procesos electorales, lo mismo que las recomendaciones formuladas por la observación electoral nacional de Participación Ciudadana, queden de nuevo en los archivos. Pero deberá ser aliento para cuantos abogan por una firme institucionalidad democrática.

Esta misión de la OEA fue presidida por el expresidente de Chile Eduardo Frei Ruiz-Tagle y estuvo constituida por 73 expertos de 18 nacionalidades. Por la pandemia sólo 57 estuvieron en el país, y 6 observaron las elecciones en Miami, Nueva York y Madrid. Por cierto que recogieron las quejas por las dificultades para votar en el exterior y la realidad de que muchos no pudieron votar por mo haber aparecido en los padrones.-     

¿Es cierto que “To e to y na e na”?

Por Juan Bolívar Díaz

Al escribir este artículo, miércoles 19, estamos en el quinto día desde que los técnicos de la Junta Central Electoral (JCE) descubrieron el sábado que los equipos electrónicos que se emplearían al día siguiente en las elecciones municipales estaban registrando serias dificultades. Fueron tantas que durante todo el día y parte de la noche no se pudieron solucionar, con las muy graves consecuencias del aborto de los comicios al día siguiente.

Las primeras alarmas públicas la dieron la misma noche  dirigentes de la oposición política, que supieron de las incursiones de los técnicos en cientos de computadora ya entregadas a los colegios electorales, sin que la JCE observara la procedencia de notificarlo a los delegados técnicos de los partidos y a los observadores nacionales e internacionales. Un grave fallo.

Otro fallo más grave aún es que la JCE haya dejado pasar tanto tiempo sin decir a la sociedad dominicana siquiera el origen del fracaso electrónico, si fue por factores internos, de programación o ejecución, o si como casi todos los partidos han denunciado se produjo un sabotaje o expresa alteración con fines fraudulentos.

Es inconcebible  que a estas alturas los técnicos no hayan podido establecer, por lo menos, qué impidió el funcionamiento de la tecnología, a reservas de la auditoría  de una institución de credibilidad para establecer todos los alcances del fallo, lo que se anunció ayer que se había solicitado a la OEA y el IFES.

Da la impresión de que en la JCE y en el gobierno no se han enterado de la gravedad de la situación, que ha sumido al país en una crisis política e institucional de repercusiones dañinas en el exterior y que amerita una urgente reparación, renovando vigencia al terrible predicamento de que en este país “to e to y na e na”.

Para comenzar hay que despejar interrogantes. Si el daño fue programático o de ejecución técnica, no conllevaría responsabilidades criminales. Pero si fue por sabotaje o fraudulento, estaríamos ante el peor escenario,

Al no haberse admitido  responsabilidad interna,  que es más fácil de establecer, se ha incentivado la desconfianza y validado las denuncias de fraude  que iniciaron dirigentes opositores la misma noche del sábado. El propio partido de gobierno y sus aliados en comunicado del domingo, proclamaron  “lo que ha ocurrido hoy es un sabotaje”, relacionándolo a “diferentes sectores de la oposición”, que han trabajado para “hacer fracasar estas elecciones, como así ha sido”.

En tales circunstancias es iluso pretender que basta con volver a convocar las elecciones. Todos los sectores aceptan la nueva fecha del 15 de marzo, pero para rescatar su credibilidad,  la JCE tiene que decir lo que ocurrió, aunque no conozca los responsables en caso del sabotaje. Si fue interno, implicaría por lo menos alguna renuncia o sustitución.

En cualquier caso, la confianza está severamente dañada y la ciudadanía justamente indignada, coincidiendo con los reclamos de garantías de los opositores, para que el proceso culmine con equidad, transparencia y libertad de elección.

Al presidente Danilo Medina le corresponde una responsabilidad mayor, por ser el Jefe del Estado, aunque en los últimos tiempos haya subordinado esa condición a la de dirigente de campaña electoral. Al nivel de la crisis, y con la presión del tiempo, no basta su exhortación a la cordura y a una investigación de largo alcance. Es necesario un diálogo directo y fructífero, del que salgan unos comisionados para proponer garantías y reforzar la JCE, zarandeada por todos los sectores y la ciudadanía.

No está de más hoy terminar renovando el llamado que hiciéramos el 12 de diciembre pasado en este mismo espacio bajo el título “A los amigos de Danilo Medina”, a los verdaderos y que  pueden percibir el sonido del viento, que concluía así: Ayuden a Danilo, no lo mareen reiterándole que el poder lo puede todo, porque ya en julio pasado se demostró lo contrario! No puede buscarse una derrota como la que le espera si persiste en meterse con todo el gobierno en la campaña electoral. Todavía está a tiempo de dejar un legado democrático, con algunas realizaciones positivas.

El Gobierno luce atrapado entre déficit fiscal y deuda

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Por Juan Bolívar Díaz

El líder opositor Luis Abinader tuvo un acierto político esta semana al presentar proyecciones de cómo el país avanza hacia la insostenibilidad financiera, de mantenerse el actual ritmo de endeudamiento público, ya sobre 33 mil millones de dólares, que para el 2020 superaría los 45 mil millones, lo que también advierten economistas y empresarios.

El presidente Danilo Medina ha estado evadiendo pagar el costo del pacto fiscal, porque le obligaría a reducir algunos niveles del reparto, clientelismo y rentismo político, pero podría quedar limitado en sus inversiones durante su último periodo gubernamental y corriendo el riesgo de terminar como responsable de un descalabro financiero.

Hasta US$45 mil millones. El economista, empresario y dirigente político Luis Abinader sostuvo esta semana que la pista del endeudamiento se le está terminando al Gobierno después de casi una década de progresivo financiamiento de déficits fiscales y reasumió las demandas de correcciones del rumbo sostenidas por economistas, dirigentes empresariales y políticos planteando la concertación del pacto fiscal dispuesto por la Ley Orgánica 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, con abundantes propuestas de ajustes.
Enfatizando que sus cálculos son en base a datos de los organismos estatales, Abinader y su asesor económico Miguel Ceara Hatton cuantificaron la deuda consolidada del Estado al 16 de agosto en 33 mil 180 millones de dólares, más 3 mil 582 millones contratados entre agosto y noviembre, lo que totaliza 36 mil 762 millones de dólares.

En una presentación ante directores de medios de comunicación sostuvo que esa deuda representa el 46.4% del producto interno bruto (PIB), que de mantener la tendencia actual superaría los 45 mil millones de dólares en el 2020, al final del actual período gubernamental, para un 51.8% del PIB. Ya en agosto último cada dominicano debía 3 mil 263 dólares, equivalentes a 151 mil 757 pesos.

Mostró que ya este año los gastos del Gobierno y el pago de los intereses de la deuda acumulada, que totalizan 571 mil millones de pesos, superan en 81 mil millones los 490 mil millones de pesos a recaudar. Eso implica que todas las inversiones, incluyendo la amortización de capital, se cubren con préstamos. En sus primeros 4 años Medina se endeudó a ritmo de 206 millones de dólares mensuales, totalizando 9 mil 100 millones de dólares, casi duplicando los 112 millones por mes de su antecesor Leonel Fernández, quien en el doble de años buscó préstamos por 10 mil 700 millones de dólares.

Peor para el CREES y Rijo. Los cálculos sobre déficits y financiamiento público de Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y del experto fiscal José Rijo, arrojan balances más preocupantes aún, pues agregan renglones no registrados como deuda estatal. El primero la eleva a 39 mil millones de dólares, sumándole 2 mil 852 millones por recapitalización del Banco Central, 1,500 con el Banco de Reservas, y 778 millones pagados a los generadores con financiamiento a las distribuidoras de energía.

Selman sigue sosteniendo que el déficit fiscal del año que culmina alcanzará los 150 mil millones de pesos, y que las recaudaciones quedarán en 20 mil millones de pesos por debajo de lo presupuestado, a pesar de los esfuerzos recaudatorios de las últimas semanas tras la designación de Magín Díaz en la dirección de Impuestos Internos.

Por su parte José Rijo Presbot calcula la deuda del sector público no financiero en 26 mil 397.6 millones de dólares reportada a octubre, más mil 012 millones aún no incorporados, una “deuda flotante” de 898.6 millones, y compromisos de línea de crédito con el Banco de Reservas por 473.1 millones de dólares, para totalizar 28 mil 781 millones de dólares. Sumándole 6 mil 775 millones del Banco Central, consolida la deuda estatal en 35 mil 556 millones de dólares.

Rijo advierte que con el financiamiento de 778 millones para pagar a los generadores eléctricos y unos 425 millones del fideicomiso vial del Ministerio de Obras Públicas-Banreservas, la deuda estatal se consolidaría en 36 mil 759 millones de dólares, sin las de la JCE y los ayuntamientos, aún sin transparentar.

Preocupación empresarial. Desde el frente empresarial siguieron expresándose esta semana preocupaciones por el rumbo de las finanzas públicas y reclamos de un pacto fiscal, de una ley de responsabilidad fiscal, y sobre un modelo de desarrollo que el Ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás volvió a considerar ineficiente, por no generar suficientes empleos formales y de calidad.

El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo proclamó una vez más que el modelo de desarrollo productivo “luce agotado e incapaz para enfrentar los grandes desafíos de la economía global”, reclamando una reingeniería del Estado que elimine las políticas populistas y clientelares.

En una tertulia pública el miércoles, Antonio Taveras Guzmán proclamó la urgencia de una “revolución fiscal que permita financiar el desarrollo mediante el aumento de la presión tributaria, al tiempo que se ejecute una reforma institucional profunda que lleve a un manejo eficiente y racional del gasto”.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios sostuvo que el presupuesto para el 2017, aprobado esta semana por el Congreso Nacional, ratifica una década de déficits presupuestarios, con prácticas históricas de sobre estimación de los posibles ingresos y subestimación del gasto, que han implicado 620 mil millones de pesos.

Plantea que esa práctica “es insostenible en el tiempo y lesiona la actividad privada”, por lo que reclama revisar la complejidad y la desigualdad del sistema tributario, estimando “prudente y responsable que se inicien las discusiones del “Pacto Fiscal Integral que debió llevarse a cabo en el 2015, según la Estrategia Nacional de Desarrollo”.

Emergencia de las aguas. El Gobierno termina el año arañando para reunir más de 12 mil millones de pesos que implica el pago del salario adicional navideño, mientras a los ayuntamientos el Congreso tuvo que autorizarle un préstamo de mil 200 millones de pesos para el mismo fin. Se confía que esas erogaciones contribuyan a dinamizar las ventas y actividades económicas reducidas por el severo ajuste del último cuatrimestre, tras el desbordamiento del gasto en la campaña electoral. Los contratistas de obras y servicios denuncian reducción de los pagos, los hospitales y las organizaciones sin fines de lucro reportan atrasos de sus subvenciones de hasta cuatro meses.

La estrechez económicas del Gobierno queda de manifiesto en la virtual paralización en que concluyen el año las dos mayores inversiones públicas de la historia nacional, las de las plantas de carbón de Punta Catalina, sin respuesta al llamado de inversión privada, y el Metro de Santo Domingo, este sin poderse concluir aunque su tercera línea fue “inaugurada” en medio de la campaña electoral.

Para colmo, los aguaceros de tres semanas dejan daños a las infraestructuras y necesidades de ayuda a miles de damnificados y de financiamiento y a los pequeños productores que ya el ministro de Obras Públicas elevó hasta 20 mil millones de pesos, que repercutirán sobre el déficit fiscal del año que concluye y del 2017, ante lo cual se tramita un estado de emergencia para que el Gobierno busque recursos como y donde pueda.

Atrapado pero con salida

Es obvio que los recursos fiscales ya no alcanzan ni para el gasto corriente y los intereses de la deuda, y con tendencia a la insostenibilidad de proseguir el nivel de financiamiento de la última década. Más aún ante las evidencias de un incremento de los intereses internacionales, mientras el 70 por ciento de la deuda nacional es en los ineludibles bonos soberanos.

Para mantener el precario equilibrio el Gobierno todavía puede encontrar financiamiento, pero cada vez más insuficiente para invertir en las obras fundamentales, y dar mantenimiento a las deterioradas, concluir remodelaciones y equipamiento de unos 50 hospitales, para agua potable, medio ambiente, seguridad ciudadana y superar los salarios y las pensiones públicas de 5 mil 117 pesos, y para atender los requerimientos del Poder Judicial y los ayuntamientos, estrangulados financieramente.

El Gobierno luce atrapado financieramente, pero tiene una salida que evade sistemáticamente, que no es otra que el pacto fiscal con la sociedad que manda la Ley de Estrategia de Desarrollo y todos reclaman. Pero sabe que conllevaría reducir altos niveles de malversación, corrupción, clientelismo, y repartos rentistas sobre los que se ha fundado el predominio político. Muchos no entienden que se corra el riesgo de la insostenibilidad fiscal advertida que en corto tiempo pudiera conllevar peores costos políticos que alguna rectificación del gasto y de la impunidad para generar una mayor disponibilidad a la contribución fiscal. No será fácil, pero todos los caminos lucen abruptos y empinados.-

 

Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana

Un cuarto de siglo de consultas y pactos político-sociales

 1992: Tras varios años de concertaciones con organizaciones empresariales y sindicales el Congreso Nacional aprueba un nuevo Código Laboral

1992: Con participación de decenas de organizaciones sociales y tras amplias consultas, hasta a nivel municipal, se aprueba el Primer Plan Decenal de Educación, seguido luego por otros dos

1993-94 Consultas a líderes sociales y concertación de la Fundación Siglo 21 que concluyen con los acuerdos de «Una Reforma Política para el Futuro Dominicano», firmados por representantes de los partidos, excepto el PRSC

1994: Pacto por la Democracia firmado por partidos y organizaciones sociales para la reforma de la Constitución y de la ley electoral y elegir una Junta Central Electoral «cuyos miembros no sean representantes de los partidos»

1995: Acuerdo de los Partidos Políticos para la Adecuación de la Ley Electoral, auspiciado, previas consultas, por la Fundación Siglo 21

1995-96: Con 26 eventos de consultas nacionales, regionales y provinciales queda formulado el Plan Nacional de Desarrollo Social

1996: Una amplia coalición de organizaciones sociales, encabezada por el movimiento Participación Ciudadana observa las dos vueltas para la elección presidencial. Realizan conteos rápidos con aceptación de la JCE y los partidos. Se repetiría en los siguientes procesos electorales nacionales.

1996-97: Se instituyen por decretos la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado y la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, ambas con representación del liderazgo social

1997: Activa participación de las organizaciones sociales en el proceso de elección de una nueva Suprema Corte de Justicia. 12 de 16 jueces fueron propuestos por decenas de organizaciones sociales y electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el Presidente Leonel Fernández

1997-98: El gobierno convoca un Diálogo Nacional integrando a los partidos y a cientos de organizaciones sociales en un extenso proceso de consultas y discusiones que terminan con la aprobación de unas 300 propuestas de reformas institucionales, políticas y sociales.

1998: Numerosos foros regionales, provinciales y sectoriales del DN, auspiciados por el gobierno presentan cientos de propuestas para la reforma   constitucional, predominando la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Están recogidas en el libro «El Pueblo Discute su Constitución»

1998-99: Delegados de los partidos reconocidos y de entidades sociales acuerdan un Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en el marco de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado

1998-99: La elección de una nueva Junta Central Electoral unilateralmente por el Senado con mayoría del Partido Revolucionario Dominicano y la suspensión del presupuesto del  organismo por parte del gobierno, origina una crisis política. Con mediación de personalidades sociales se acuerda una ampliación de cinco a siete miembros para que los partidos de oposición presenten dos candidatos a jueces de la JCE

2000: Para disipar desconfianzas e incertidumbres, la JCE acoge la propuesta de Participación Ciudadana de realizar, junto a CAPEL-IIDH, una auditoría al nuevo padrón electoral con fotografía integrada. El padrón pasa la prueba.

2000: El presidente Hipólito Mejía instituye el Consejo Nacional para Reforma y Modernización del Estado, con representación del liderazgo social

2000-01: El Congreso Nacional auspicia un extenso proceso de consultas en foros provinciales y locales incluyendo ciudades de EU y negociaciones con decenas de instituciones empresariales, sindicales y profesionales para aprobar la Ley 87-01 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social

2001: Tras años de demandas de las instituciones sociales, y mediante un programa de consultas, el Congreso Nacional aprueba la Ley 19-01 de Defensor del Pueblo, que tomaría 12 años para ser implementada

2001: El decreto presidencial 410-01 constituye una Comisión Especial para la Reforma Constitucional, integrada por delegados de los partidos reconocidos, de 15 instituciones sociales y 12 reconocidos juristas. Tras 6 meses de consultas y debates acuerdan un proyecto de Constitución para someterlo a una Asamblea Constituyente

2002-04: Con participación de dirigentes sociales opera una Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral que, entre otras cosas, promueve la Ley 02-03 que separa las funciones administrativas de las contenciosas de la Junta Central Electoral y amplía los integrantes del organismo, a solicitud de los partidos de oposición, encabezados por el de la Liberación Dominicana. Propone directores de Informática y del Registro Civil de la JCE

2002 al 2008: Los tres partidos dominantes solicitan a Participación Ciudadana la observación de sus elecciones primarias de candidatos

2004: El Congreso Nacional aprueba la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, consensuada atendiendo a demandas de múltiples organizaciones sociales.

2004: El decreto 1082-04 crea e integra los Gabinetes de Política Institucional, de Política Económica, de Política Social y de Política Medioambiental y Desarrollo Físico con participación de 37 organizaciones sociales

2005: El decreto 13-05 instituye el “Consejo Económico, Social e Institucional”  como órgano consultivo del Gobierno, con  participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que operaría como  órgano de consulta y concertación

2005: Después de 15 años de consultas, seminarios y consensos político-sociales se aprueba la ley 122-05 Sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro, que crea el Centro Nacional de Fomento de Organizaciones sin Fines de Lucro, que integra representantes de ONG y del sector público

2006: Entra en vigencia el Plan Decenal de Salud 2006-15, promovido por la Secretaría de Salud Pública que partió de una versión preliminar del 2004, con base en un proceso de amplia participación de la sociedad en 32 consultas provinciales

2007: Tras un largo proceso de consultas político-sociales que duró varios años, el Congreso Nacional aprueba la Ley 176-07 sobre Municipios y el DN

2008: El gobierno auspicia un nuevo proceso de consultas y discusiones para  la reforma constitucional con decenas de foros regionales, provinciales y locales, que abarcan a ciudades de Estados Unidos, el cual arroja cientos de propuestas

2008: Se promulga la Ley de Función Pública 41-08, fruto de un extenso proceso de consultas y seminarios con participación de las organizaciones sociales y estatales

2008: El Congreso aprueba la Ley General de Defensa de  la Competencia 42-08, que crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tras varios años de consultas con expertos nacionales e internacionales y organizaciones sociales

2009: Por convocatoria del presidente Leonel Fernández se realiza la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Mundial, con la participación de la mayoría de los partidos políticos y de cientos de entidades sociales.  Alcanzan decenas de acuerdos

2009-10: El gobierno y organismos internacionales auspician un largo proceso de consultas con instituciones sociales y expertos que concluyen proclamando las Iniciativas Participativas Anti Corrupción (IPAC), para promover la transparencia y reducir la corrupción

2010: Se promulga la Constitución que más consultas y consensos previos ha tenido en la historia nacional, la que define a la República Dominicana como un «Estado Social y Democrático de Derecho»

2011: El Congreso Nacional aprueba las leyes orgánicas 30-11, del Consejo Superior del Ministerio Público, y 133-11 de Ley Orgánica del Ministerio Público, tras varios años de consultas sociales

2011: Diez candidatos presidenciales firman el «Compromiso Político Social por  la Educación» promovido por un conjunto de organizaciones sociales bajo la denominación de Coalición por una Educación Digna

2012: Con la aprobación de la Ley 1-12 el Congreso Nacional culmina un  proceso de consultas y concertaciones que durante varios años dieron origen a la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012: Múltiples consultas sociales originadas en la Organización Nacional de Administración de Personal, convertida en Ministerio de Administración Pública, culminan con la promulgación de la Ley Orgánica 247-12 de Administración Pública

2012: Casi todos los candidatos presidenciales, incluyendo a los de los partidos mayoritarios, se comprometen con organizaciones sociales a aprobar la Ley de Partidos y del Régimen Electoral cuando concluya el proceso electoral

2012: Los candidatos presidenciales firman con Participación Ciudadana como capítulo nacional de Transparencia Internacional el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad

2012: El gobierno convoca a las organizaciones empresariales, sindicales y sociales a discutir el Pacto Fiscal que dispuso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Fracasa el intento y se produce otra reforma tributaria.

2013: Tras varios años de consultas entre organismos públicos y sociales se promulga la Ley 105-13 Sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, aúin pendiente de reglamentación, más de tres años después

2014: Tras meses de consultas y con participación de la  Coalición por una Educación Digna que reúne a decenas de entidades sociales, el gobierno concluye el Pacto Educativo dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo

2015-16: Con participación de organizaciones empresariales, sindicales y sociales se discuten en el Consejo Económico Social las bases para el Pacto Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo

2016: Es promulgada la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, consensuada durante varios años entre  legisladores, funcionarios públicos y  representantes de entidades sociales

         Todas estas concertaciones han constituido una plataforma de avances institucionales,  de fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, auspiciadas por los gobiernos de los tres partidos que han dominado el Estado dominicano tras la dictadura de Trujillo.

         En todo lo que ha tenido relevancia en la sociedad dominicana del último cuarto de siglo ha participado activamente la sociedad civil, en sus múltiples expresiones de organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, académicas, sin fines de lucro, religiosas, populares y comunitarias.

         No ha habido una sola ley importante, sea orgánica o códigos, laboral, civil o penal, de seguridad social o seguridad ciudadana,  que no conllevara consultas y búsqueda de consensos La participación de la sociedad civil dominicana ha sido relevante en todos estos procesos, en unos más que en otros, pero por lo menos ha predominado la consulta.

         En un «Estado Social y Democrático de Derecho» es fundamental la participación de la ciudadanía, como la proclaman los  numerales 4 y 5 del artículo 22 de la Constitución de la República que establecen como derechos «Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las autoridades», y «denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos».

         Más aún, el artículo 75 constitucional dispone, como deber ciudadano fundamental, «Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública».  

         No hay la menor razón para que la  participación ya lograda no  prosiga con  las leyes de partido y del régimen electoral, que se vienen discutiendo desde hace más de dos décadas, y en la selección de los integrantes de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y las altas cortes, como ya ocurrió antes. Si en procesos anteriores la participación y los aportes de la sociedad civil fueron valorados positivamente, y ahora se reclama lo que anteriormente fue aceptado ¿por qué antes sí y ahora no?

                                                               Septiembre del 2016.-  

Carta enviada por Juan Bolívar Díaz al periódico HOY

                                                                                                                                    Abril 12 del 2016.-

Licenciado

Bienvenido Álvarez Vega

Director de HOY

Presente.-

Muy estimado Bienvenido:

            De ninguna manera voy a reclamar mucho espacio para responder los nuevos inventos del señor César Medina, a quien ya no le alcanzan sus columnas en el Listín Diario para injuriar. No se puede polemizar con un mentiroso tan patético y con delirio de grandeza, capaz de citar a personas vivas que está fabulando, como los compañeros de Ultima Hora, El Sol, El Nuevo Diario, HOY y Teleantillas.  Quiterio Cedeño no me sustituyó en El Sol, por el contrario se fue conmigo y Ramón Colombo y casi toda la redacción  a fundar El Nuevo Diario.

            Obviamente que se le olvidó que tu, Bienvenido, estuviste entre los iniciadores de Uno+Uno  en Teleantillas. Y llega al descaro de decir que él era el director de prensa, y que cuando pedí su despido, fui yo quien tuvo que irse de la empresa. ¡Oh Dios y llevo 29 años trabajando cada día en el canal a la vista de todos! Su locura lo lleva a inventar que me opuse a su noviazgo con Mirna Pichardo, porque ella trabajaba en otro canal.

            Con mi artículo del domingo pretendí ponerle un límite a las diatribas e infamias del embajador Medina y asociados. Pero veo que es imposible, pues su capacidad de fabular es inconmensurable. Y él ya está hablando del “campo del honor” y temo que me vuelva a desafiar a pelear,  a matarnos,  no sé ahora con qué armas. Y ahí yo perdería definitivamente.

            Me resigno a que los ejecutivos del Listín, cuyo espacio no pretendo ocupar,  le permitan seguir usando sus páginas para injuriar al “pobre”, “frustrado” y “envidioso” “Bolivita”. Decir más sería muy penoso.

            Con los afectos de siempre,

                                                                                    Juan Bolívar Díaz