¿Es cierto que “To e to y na e na”?

Por Juan Bolívar Díaz

Al escribir este artículo, miércoles 19, estamos en el quinto día desde que los técnicos de la Junta Central Electoral (JCE) descubrieron el sábado que los equipos electrónicos que se emplearían al día siguiente en las elecciones municipales estaban registrando serias dificultades. Fueron tantas que durante todo el día y parte de la noche no se pudieron solucionar, con las muy graves consecuencias del aborto de los comicios al día siguiente.

Las primeras alarmas públicas la dieron la misma noche  dirigentes de la oposición política, que supieron de las incursiones de los técnicos en cientos de computadora ya entregadas a los colegios electorales, sin que la JCE observara la procedencia de notificarlo a los delegados técnicos de los partidos y a los observadores nacionales e internacionales. Un grave fallo.

Otro fallo más grave aún es que la JCE haya dejado pasar tanto tiempo sin decir a la sociedad dominicana siquiera el origen del fracaso electrónico, si fue por factores internos, de programación o ejecución, o si como casi todos los partidos han denunciado se produjo un sabotaje o expresa alteración con fines fraudulentos.

Es inconcebible  que a estas alturas los técnicos no hayan podido establecer, por lo menos, qué impidió el funcionamiento de la tecnología, a reservas de la auditoría  de una institución de credibilidad para establecer todos los alcances del fallo, lo que se anunció ayer que se había solicitado a la OEA y el IFES.

Da la impresión de que en la JCE y en el gobierno no se han enterado de la gravedad de la situación, que ha sumido al país en una crisis política e institucional de repercusiones dañinas en el exterior y que amerita una urgente reparación, renovando vigencia al terrible predicamento de que en este país “to e to y na e na”.

Para comenzar hay que despejar interrogantes. Si el daño fue programático o de ejecución técnica, no conllevaría responsabilidades criminales. Pero si fue por sabotaje o fraudulento, estaríamos ante el peor escenario,

Al no haberse admitido  responsabilidad interna,  que es más fácil de establecer, se ha incentivado la desconfianza y validado las denuncias de fraude  que iniciaron dirigentes opositores la misma noche del sábado. El propio partido de gobierno y sus aliados en comunicado del domingo, proclamaron  “lo que ha ocurrido hoy es un sabotaje”, relacionándolo a “diferentes sectores de la oposición”, que han trabajado para “hacer fracasar estas elecciones, como así ha sido”.

En tales circunstancias es iluso pretender que basta con volver a convocar las elecciones. Todos los sectores aceptan la nueva fecha del 15 de marzo, pero para rescatar su credibilidad,  la JCE tiene que decir lo que ocurrió, aunque no conozca los responsables en caso del sabotaje. Si fue interno, implicaría por lo menos alguna renuncia o sustitución.

En cualquier caso, la confianza está severamente dañada y la ciudadanía justamente indignada, coincidiendo con los reclamos de garantías de los opositores, para que el proceso culmine con equidad, transparencia y libertad de elección.

Al presidente Danilo Medina le corresponde una responsabilidad mayor, por ser el Jefe del Estado, aunque en los últimos tiempos haya subordinado esa condición a la de dirigente de campaña electoral. Al nivel de la crisis, y con la presión del tiempo, no basta su exhortación a la cordura y a una investigación de largo alcance. Es necesario un diálogo directo y fructífero, del que salgan unos comisionados para proponer garantías y reforzar la JCE, zarandeada por todos los sectores y la ciudadanía.

No está de más hoy terminar renovando el llamado que hiciéramos el 12 de diciembre pasado en este mismo espacio bajo el título “A los amigos de Danilo Medina”, a los verdaderos y que  pueden percibir el sonido del viento, que concluía así: Ayuden a Danilo, no lo mareen reiterándole que el poder lo puede todo, porque ya en julio pasado se demostró lo contrario! No puede buscarse una derrota como la que le espera si persiste en meterse con todo el gobierno en la campaña electoral. Todavía está a tiempo de dejar un legado democrático, con algunas realizaciones positivas.

El Gobierno luce atrapado entre déficit fiscal y deuda

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Por Juan Bolívar Díaz

El líder opositor Luis Abinader tuvo un acierto político esta semana al presentar proyecciones de cómo el país avanza hacia la insostenibilidad financiera, de mantenerse el actual ritmo de endeudamiento público, ya sobre 33 mil millones de dólares, que para el 2020 superaría los 45 mil millones, lo que también advierten economistas y empresarios.

El presidente Danilo Medina ha estado evadiendo pagar el costo del pacto fiscal, porque le obligaría a reducir algunos niveles del reparto, clientelismo y rentismo político, pero podría quedar limitado en sus inversiones durante su último periodo gubernamental y corriendo el riesgo de terminar como responsable de un descalabro financiero.

Hasta US$45 mil millones. El economista, empresario y dirigente político Luis Abinader sostuvo esta semana que la pista del endeudamiento se le está terminando al Gobierno después de casi una década de progresivo financiamiento de déficits fiscales y reasumió las demandas de correcciones del rumbo sostenidas por economistas, dirigentes empresariales y políticos planteando la concertación del pacto fiscal dispuesto por la Ley Orgánica 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, con abundantes propuestas de ajustes.
Enfatizando que sus cálculos son en base a datos de los organismos estatales, Abinader y su asesor económico Miguel Ceara Hatton cuantificaron la deuda consolidada del Estado al 16 de agosto en 33 mil 180 millones de dólares, más 3 mil 582 millones contratados entre agosto y noviembre, lo que totaliza 36 mil 762 millones de dólares.

En una presentación ante directores de medios de comunicación sostuvo que esa deuda representa el 46.4% del producto interno bruto (PIB), que de mantener la tendencia actual superaría los 45 mil millones de dólares en el 2020, al final del actual período gubernamental, para un 51.8% del PIB. Ya en agosto último cada dominicano debía 3 mil 263 dólares, equivalentes a 151 mil 757 pesos.

Mostró que ya este año los gastos del Gobierno y el pago de los intereses de la deuda acumulada, que totalizan 571 mil millones de pesos, superan en 81 mil millones los 490 mil millones de pesos a recaudar. Eso implica que todas las inversiones, incluyendo la amortización de capital, se cubren con préstamos. En sus primeros 4 años Medina se endeudó a ritmo de 206 millones de dólares mensuales, totalizando 9 mil 100 millones de dólares, casi duplicando los 112 millones por mes de su antecesor Leonel Fernández, quien en el doble de años buscó préstamos por 10 mil 700 millones de dólares.

Peor para el CREES y Rijo. Los cálculos sobre déficits y financiamiento público de Ernesto Selman, director del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), y del experto fiscal José Rijo, arrojan balances más preocupantes aún, pues agregan renglones no registrados como deuda estatal. El primero la eleva a 39 mil millones de dólares, sumándole 2 mil 852 millones por recapitalización del Banco Central, 1,500 con el Banco de Reservas, y 778 millones pagados a los generadores con financiamiento a las distribuidoras de energía.

Selman sigue sosteniendo que el déficit fiscal del año que culmina alcanzará los 150 mil millones de pesos, y que las recaudaciones quedarán en 20 mil millones de pesos por debajo de lo presupuestado, a pesar de los esfuerzos recaudatorios de las últimas semanas tras la designación de Magín Díaz en la dirección de Impuestos Internos.

Por su parte José Rijo Presbot calcula la deuda del sector público no financiero en 26 mil 397.6 millones de dólares reportada a octubre, más mil 012 millones aún no incorporados, una “deuda flotante” de 898.6 millones, y compromisos de línea de crédito con el Banco de Reservas por 473.1 millones de dólares, para totalizar 28 mil 781 millones de dólares. Sumándole 6 mil 775 millones del Banco Central, consolida la deuda estatal en 35 mil 556 millones de dólares.

Rijo advierte que con el financiamiento de 778 millones para pagar a los generadores eléctricos y unos 425 millones del fideicomiso vial del Ministerio de Obras Públicas-Banreservas, la deuda estatal se consolidaría en 36 mil 759 millones de dólares, sin las de la JCE y los ayuntamientos, aún sin transparentar.

Preocupación empresarial. Desde el frente empresarial siguieron expresándose esta semana preocupaciones por el rumbo de las finanzas públicas y reclamos de un pacto fiscal, de una ley de responsabilidad fiscal, y sobre un modelo de desarrollo que el Ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás volvió a considerar ineficiente, por no generar suficientes empleos formales y de calidad.

El presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo proclamó una vez más que el modelo de desarrollo productivo “luce agotado e incapaz para enfrentar los grandes desafíos de la economía global”, reclamando una reingeniería del Estado que elimine las políticas populistas y clientelares.

En una tertulia pública el miércoles, Antonio Taveras Guzmán proclamó la urgencia de una “revolución fiscal que permita financiar el desarrollo mediante el aumento de la presión tributaria, al tiempo que se ejecute una reforma institucional profunda que lleve a un manejo eficiente y racional del gasto”.

La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios sostuvo que el presupuesto para el 2017, aprobado esta semana por el Congreso Nacional, ratifica una década de déficits presupuestarios, con prácticas históricas de sobre estimación de los posibles ingresos y subestimación del gasto, que han implicado 620 mil millones de pesos.

Plantea que esa práctica “es insostenible en el tiempo y lesiona la actividad privada”, por lo que reclama revisar la complejidad y la desigualdad del sistema tributario, estimando “prudente y responsable que se inicien las discusiones del “Pacto Fiscal Integral que debió llevarse a cabo en el 2015, según la Estrategia Nacional de Desarrollo”.

Emergencia de las aguas. El Gobierno termina el año arañando para reunir más de 12 mil millones de pesos que implica el pago del salario adicional navideño, mientras a los ayuntamientos el Congreso tuvo que autorizarle un préstamo de mil 200 millones de pesos para el mismo fin. Se confía que esas erogaciones contribuyan a dinamizar las ventas y actividades económicas reducidas por el severo ajuste del último cuatrimestre, tras el desbordamiento del gasto en la campaña electoral. Los contratistas de obras y servicios denuncian reducción de los pagos, los hospitales y las organizaciones sin fines de lucro reportan atrasos de sus subvenciones de hasta cuatro meses.

La estrechez económicas del Gobierno queda de manifiesto en la virtual paralización en que concluyen el año las dos mayores inversiones públicas de la historia nacional, las de las plantas de carbón de Punta Catalina, sin respuesta al llamado de inversión privada, y el Metro de Santo Domingo, este sin poderse concluir aunque su tercera línea fue “inaugurada” en medio de la campaña electoral.

Para colmo, los aguaceros de tres semanas dejan daños a las infraestructuras y necesidades de ayuda a miles de damnificados y de financiamiento y a los pequeños productores que ya el ministro de Obras Públicas elevó hasta 20 mil millones de pesos, que repercutirán sobre el déficit fiscal del año que concluye y del 2017, ante lo cual se tramita un estado de emergencia para que el Gobierno busque recursos como y donde pueda.

Atrapado pero con salida

Es obvio que los recursos fiscales ya no alcanzan ni para el gasto corriente y los intereses de la deuda, y con tendencia a la insostenibilidad de proseguir el nivel de financiamiento de la última década. Más aún ante las evidencias de un incremento de los intereses internacionales, mientras el 70 por ciento de la deuda nacional es en los ineludibles bonos soberanos.

Para mantener el precario equilibrio el Gobierno todavía puede encontrar financiamiento, pero cada vez más insuficiente para invertir en las obras fundamentales, y dar mantenimiento a las deterioradas, concluir remodelaciones y equipamiento de unos 50 hospitales, para agua potable, medio ambiente, seguridad ciudadana y superar los salarios y las pensiones públicas de 5 mil 117 pesos, y para atender los requerimientos del Poder Judicial y los ayuntamientos, estrangulados financieramente.

El Gobierno luce atrapado financieramente, pero tiene una salida que evade sistemáticamente, que no es otra que el pacto fiscal con la sociedad que manda la Ley de Estrategia de Desarrollo y todos reclaman. Pero sabe que conllevaría reducir altos niveles de malversación, corrupción, clientelismo, y repartos rentistas sobre los que se ha fundado el predominio político. Muchos no entienden que se corra el riesgo de la insostenibilidad fiscal advertida que en corto tiempo pudiera conllevar peores costos políticos que alguna rectificación del gasto y de la impunidad para generar una mayor disponibilidad a la contribución fiscal. No será fácil, pero todos los caminos lucen abruptos y empinados.-

 

Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana

Un cuarto de siglo de consultas y pactos político-sociales

 1992: Tras varios años de concertaciones con organizaciones empresariales y sindicales el Congreso Nacional aprueba un nuevo Código Laboral

1992: Con participación de decenas de organizaciones sociales y tras amplias consultas, hasta a nivel municipal, se aprueba el Primer Plan Decenal de Educación, seguido luego por otros dos

1993-94 Consultas a líderes sociales y concertación de la Fundación Siglo 21 que concluyen con los acuerdos de «Una Reforma Política para el Futuro Dominicano», firmados por representantes de los partidos, excepto el PRSC

1994: Pacto por la Democracia firmado por partidos y organizaciones sociales para la reforma de la Constitución y de la ley electoral y elegir una Junta Central Electoral «cuyos miembros no sean representantes de los partidos»

1995: Acuerdo de los Partidos Políticos para la Adecuación de la Ley Electoral, auspiciado, previas consultas, por la Fundación Siglo 21

1995-96: Con 26 eventos de consultas nacionales, regionales y provinciales queda formulado el Plan Nacional de Desarrollo Social

1996: Una amplia coalición de organizaciones sociales, encabezada por el movimiento Participación Ciudadana observa las dos vueltas para la elección presidencial. Realizan conteos rápidos con aceptación de la JCE y los partidos. Se repetiría en los siguientes procesos electorales nacionales.

1996-97: Se instituyen por decretos la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado y la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, ambas con representación del liderazgo social

1997: Activa participación de las organizaciones sociales en el proceso de elección de una nueva Suprema Corte de Justicia. 12 de 16 jueces fueron propuestos por decenas de organizaciones sociales y electos por el Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el Presidente Leonel Fernández

1997-98: El gobierno convoca un Diálogo Nacional integrando a los partidos y a cientos de organizaciones sociales en un extenso proceso de consultas y discusiones que terminan con la aprobación de unas 300 propuestas de reformas institucionales, políticas y sociales.

1998: Numerosos foros regionales, provinciales y sectoriales del DN, auspiciados por el gobierno presentan cientos de propuestas para la reforma   constitucional, predominando la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Están recogidas en el libro «El Pueblo Discute su Constitución»

1998-99: Delegados de los partidos reconocidos y de entidades sociales acuerdan un Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas en el marco de la Comisión Presidencial para Reforma y Modernización del Estado

1998-99: La elección de una nueva Junta Central Electoral unilateralmente por el Senado con mayoría del Partido Revolucionario Dominicano y la suspensión del presupuesto del  organismo por parte del gobierno, origina una crisis política. Con mediación de personalidades sociales se acuerda una ampliación de cinco a siete miembros para que los partidos de oposición presenten dos candidatos a jueces de la JCE

2000: Para disipar desconfianzas e incertidumbres, la JCE acoge la propuesta de Participación Ciudadana de realizar, junto a CAPEL-IIDH, una auditoría al nuevo padrón electoral con fotografía integrada. El padrón pasa la prueba.

2000: El presidente Hipólito Mejía instituye el Consejo Nacional para Reforma y Modernización del Estado, con representación del liderazgo social

2000-01: El Congreso Nacional auspicia un extenso proceso de consultas en foros provinciales y locales incluyendo ciudades de EU y negociaciones con decenas de instituciones empresariales, sindicales y profesionales para aprobar la Ley 87-01 que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social

2001: Tras años de demandas de las instituciones sociales, y mediante un programa de consultas, el Congreso Nacional aprueba la Ley 19-01 de Defensor del Pueblo, que tomaría 12 años para ser implementada

2001: El decreto presidencial 410-01 constituye una Comisión Especial para la Reforma Constitucional, integrada por delegados de los partidos reconocidos, de 15 instituciones sociales y 12 reconocidos juristas. Tras 6 meses de consultas y debates acuerdan un proyecto de Constitución para someterlo a una Asamblea Constituyente

2002-04: Con participación de dirigentes sociales opera una Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral que, entre otras cosas, promueve la Ley 02-03 que separa las funciones administrativas de las contenciosas de la Junta Central Electoral y amplía los integrantes del organismo, a solicitud de los partidos de oposición, encabezados por el de la Liberación Dominicana. Propone directores de Informática y del Registro Civil de la JCE

2002 al 2008: Los tres partidos dominantes solicitan a Participación Ciudadana la observación de sus elecciones primarias de candidatos

2004: El Congreso Nacional aprueba la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública, consensuada atendiendo a demandas de múltiples organizaciones sociales.

2004: El decreto 1082-04 crea e integra los Gabinetes de Política Institucional, de Política Económica, de Política Social y de Política Medioambiental y Desarrollo Físico con participación de 37 organizaciones sociales

2005: El decreto 13-05 instituye el “Consejo Económico, Social e Institucional”  como órgano consultivo del Gobierno, con  participación de diversas organizaciones de la sociedad civil y del Estado, que operaría como  órgano de consulta y concertación

2005: Después de 15 años de consultas, seminarios y consensos político-sociales se aprueba la ley 122-05 Sobre Asociaciones Sin Fines de Lucro, que crea el Centro Nacional de Fomento de Organizaciones sin Fines de Lucro, que integra representantes de ONG y del sector público

2006: Entra en vigencia el Plan Decenal de Salud 2006-15, promovido por la Secretaría de Salud Pública que partió de una versión preliminar del 2004, con base en un proceso de amplia participación de la sociedad en 32 consultas provinciales

2007: Tras un largo proceso de consultas político-sociales que duró varios años, el Congreso Nacional aprueba la Ley 176-07 sobre Municipios y el DN

2008: El gobierno auspicia un nuevo proceso de consultas y discusiones para  la reforma constitucional con decenas de foros regionales, provinciales y locales, que abarcan a ciudades de Estados Unidos, el cual arroja cientos de propuestas

2008: Se promulga la Ley de Función Pública 41-08, fruto de un extenso proceso de consultas y seminarios con participación de las organizaciones sociales y estatales

2008: El Congreso aprueba la Ley General de Defensa de  la Competencia 42-08, que crea la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, tras varios años de consultas con expertos nacionales e internacionales y organizaciones sociales

2009: Por convocatoria del presidente Leonel Fernández se realiza la Cumbre por la Unidad Nacional ante la Crisis Mundial, con la participación de la mayoría de los partidos políticos y de cientos de entidades sociales.  Alcanzan decenas de acuerdos

2009-10: El gobierno y organismos internacionales auspician un largo proceso de consultas con instituciones sociales y expertos que concluyen proclamando las Iniciativas Participativas Anti Corrupción (IPAC), para promover la transparencia y reducir la corrupción

2010: Se promulga la Constitución que más consultas y consensos previos ha tenido en la historia nacional, la que define a la República Dominicana como un «Estado Social y Democrático de Derecho»

2011: El Congreso Nacional aprueba las leyes orgánicas 30-11, del Consejo Superior del Ministerio Público, y 133-11 de Ley Orgánica del Ministerio Público, tras varios años de consultas sociales

2011: Diez candidatos presidenciales firman el «Compromiso Político Social por  la Educación» promovido por un conjunto de organizaciones sociales bajo la denominación de Coalición por una Educación Digna

2012: Con la aprobación de la Ley 1-12 el Congreso Nacional culmina un  proceso de consultas y concertaciones que durante varios años dieron origen a la Estrategia Nacional de Desarrollo

2012: Múltiples consultas sociales originadas en la Organización Nacional de Administración de Personal, convertida en Ministerio de Administración Pública, culminan con la promulgación de la Ley Orgánica 247-12 de Administración Pública

2012: Casi todos los candidatos presidenciales, incluyendo a los de los partidos mayoritarios, se comprometen con organizaciones sociales a aprobar la Ley de Partidos y del Régimen Electoral cuando concluya el proceso electoral

2012: Los candidatos presidenciales firman con Participación Ciudadana como capítulo nacional de Transparencia Internacional el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad

2012: El gobierno convoca a las organizaciones empresariales, sindicales y sociales a discutir el Pacto Fiscal que dispuso la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Fracasa el intento y se produce otra reforma tributaria.

2013: Tras varios años de consultas entre organismos públicos y sociales se promulga la Ley 105-13 Sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, aúin pendiente de reglamentación, más de tres años después

2014: Tras meses de consultas y con participación de la  Coalición por una Educación Digna que reúne a decenas de entidades sociales, el gobierno concluye el Pacto Educativo dispuesto por la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo

2015-16: Con participación de organizaciones empresariales, sindicales y sociales se discuten en el Consejo Económico Social las bases para el Pacto Eléctrico que dispone la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo

2016: Es promulgada la Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16, consensuada durante varios años entre  legisladores, funcionarios públicos y  representantes de entidades sociales

         Todas estas concertaciones han constituido una plataforma de avances institucionales,  de fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad, auspiciadas por los gobiernos de los tres partidos que han dominado el Estado dominicano tras la dictadura de Trujillo.

         En todo lo que ha tenido relevancia en la sociedad dominicana del último cuarto de siglo ha participado activamente la sociedad civil, en sus múltiples expresiones de organizaciones empresariales, sindicales, profesionales, académicas, sin fines de lucro, religiosas, populares y comunitarias.

         No ha habido una sola ley importante, sea orgánica o códigos, laboral, civil o penal, de seguridad social o seguridad ciudadana,  que no conllevara consultas y búsqueda de consensos La participación de la sociedad civil dominicana ha sido relevante en todos estos procesos, en unos más que en otros, pero por lo menos ha predominado la consulta.

         En un «Estado Social y Democrático de Derecho» es fundamental la participación de la ciudadanía, como la proclaman los  numerales 4 y 5 del artículo 22 de la Constitución de la República que establecen como derechos «Formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuestas de las autoridades», y «denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos».

         Más aún, el artículo 75 constitucional dispone, como deber ciudadano fundamental, «Velar por el fortalecimiento y la calidad de la democracia, el respeto del patrimonio público y el ejercicio transparente de la función pública».  

         No hay la menor razón para que la  participación ya lograda no  prosiga con  las leyes de partido y del régimen electoral, que se vienen discutiendo desde hace más de dos décadas, y en la selección de los integrantes de la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y las altas cortes, como ya ocurrió antes. Si en procesos anteriores la participación y los aportes de la sociedad civil fueron valorados positivamente, y ahora se reclama lo que anteriormente fue aceptado ¿por qué antes sí y ahora no?

                                                               Septiembre del 2016.-  

Carta enviada por Juan Bolívar Díaz al periódico HOY

                                                                                                                                    Abril 12 del 2016.-

Licenciado

Bienvenido Álvarez Vega

Director de HOY

Presente.-

Muy estimado Bienvenido:

            De ninguna manera voy a reclamar mucho espacio para responder los nuevos inventos del señor César Medina, a quien ya no le alcanzan sus columnas en el Listín Diario para injuriar. No se puede polemizar con un mentiroso tan patético y con delirio de grandeza, capaz de citar a personas vivas que está fabulando, como los compañeros de Ultima Hora, El Sol, El Nuevo Diario, HOY y Teleantillas.  Quiterio Cedeño no me sustituyó en El Sol, por el contrario se fue conmigo y Ramón Colombo y casi toda la redacción  a fundar El Nuevo Diario.

            Obviamente que se le olvidó que tu, Bienvenido, estuviste entre los iniciadores de Uno+Uno  en Teleantillas. Y llega al descaro de decir que él era el director de prensa, y que cuando pedí su despido, fui yo quien tuvo que irse de la empresa. ¡Oh Dios y llevo 29 años trabajando cada día en el canal a la vista de todos! Su locura lo lleva a inventar que me opuse a su noviazgo con Mirna Pichardo, porque ella trabajaba en otro canal.

            Con mi artículo del domingo pretendí ponerle un límite a las diatribas e infamias del embajador Medina y asociados. Pero veo que es imposible, pues su capacidad de fabular es inconmensurable. Y él ya está hablando del “campo del honor” y temo que me vuelva a desafiar a pelear,  a matarnos,  no sé ahora con qué armas. Y ahí yo perdería definitivamente.

            Me resigno a que los ejecutivos del Listín, cuyo espacio no pretendo ocupar,  le permitan seguir usando sus páginas para injuriar al “pobre”, “frustrado” y “envidioso” “Bolivita”. Decir más sería muy penoso.

            Con los afectos de siempre,

                                                                                    Juan Bolívar Díaz