La sociedad civil decide impulsar un proceso electoral transparente

la lucha contra la corrupción realizo una marcha por la Zona Colonial comenzado de la Plaza España donde agrupo cientos de gentes de diferente clases sociales la marcha termino en la Puerta del Conde. Santo Domingo Republica Dominicana. 29 de Septiembre de 2007.
Foto Pedro Sosa.

Uno de los acontecimientos más positivos tras el inicio de la campaña electoral para las elecciones municipales de febrero ha sido el surgimiento de una concertación de organizaciones y personalidades de los ámbitos religiosos, académicos y sociales para  promover un proceso electoral transparente que fortalezca la institucionalidad democrática,

En una reunión con partidos políticos, los propulsores comenzaron el miércoles a presentar los lineamientos de su “Manifiesto Ciudadano por un Sistema Electoral Transparente, y ya tienen cita para entregarlo la próxima semana a la Junta Central Electoral (JCE), mientras tratan de incorporar las organizaciones empresariales.

Una iniciativa ciudadana

El Manifiesto es una iniciativa de la Mesa de Justicia y Transparencia del Foro Ciudadano, constituido por cientos de organizaciones y redes sociales, ahora bajo coordinación del Centro Juan XXIII, que es un agrupamiento de intelectuales, académicos y profesionales católicos. Fue dado a conocer en rueda de prensa el 4 de diciembre en el local de esta entidad, que en la parroquia Santísima Trinidad.

El primer encuentro del núcleo tuvo efecto el pasado miércoles 11 con dirigentes de partidos políticos en un salón de la Universidad Católica Madre y Maestra, cuyo rector, reverendo Alfredo de la Cruz Balderas, es parte de los promotores, al igual que el rector de la Universidad Católica Santo Domingo, monseñor Jesús Castro, quien además es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Aunque fueron invitados formalmente todos los partidos, no asistieron los del bloque que encabezan el Partido de la liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, que postulan a Gonzalo Castillo para la presidencia. Si estuvieron representados los principales de la oposición, los del bloque  que encabeza el Partido Revolucionario Moderno, postulando a Luis Abinader, y el bloque que lidera el nuevo partido La Fuerza del Pueblo y el Reformista Social Cristiano, que impulsan la candidatura presidencial de Leonel Fernández. También la Coalición Democrática por la Regeneración Nacional. Se informó que predominó un pleno respaldo a la iniciativa.

Una Comisión de Seguimiento ya tiene cita para entregar el Manifiesto el miércoles a la JCE, y con la meta de hacer lo mismo con el Tribunal Superior Electoral y las autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público. Esperan lograr la firma de un compromiso  entre los partidos para alcanzar un proceso electoral transparente y competitivo en enero, antes de las elecciones municipales del 16 de febrero.           

Objetivos del Manifiesto

El Manifiesto Ciudadano comienza planteando que “La democracia es la obra de todos. El derecho ciudadano a elegir y alternar sus autoridades a través del voto libre, personal, directo y secreto en un estado de derecho es el principal mecanismo de legitimación popular de los gobernantes”. Plantean que, no obstante, los procesos electorales dominicanos se caracterizan por “prácticas ilícitas y antidemocráticas que procuran distorsionar y manipular la expresión soberana de la voluntad popular”.

Es por eso que han decidido “convocar a todas y todos los dominicanos sin excepción, a no escatimar esfuerzos y sacrificios para rescatar la credibilidad de las elecciones nacionales previstas en el año 2020 y así salvaguardar nuestra democracia y la indispensable legitimización de sus instituciones y representantes”. Dicen estar conscientes de que la manipulación de las elecciones “facilita esa misma corrupción que impunemente roba y malversa el erario y el patrimonio público”.

La convocatoria señala las responsabilidades que corresponden a la JCE, el TSE, al Poder Ejecutivo y en particular al Ministerio Público, a los partidos y movimientos políticos, a los medios y redes de comunicación, así como a la sociedad civil. A la JCE le pide hacer cumplir los planteamientos constitucionales y legales para la transparencia y equidad de los procesos electorales, con una serie de disposiciones específicas.

Al Poder Ejecutivo se le llama a no comprometer las finanzas públicas en beneficio de candidaturas, que los funcionarios se abstengan a la Ley de Función Pública, y que pongan en funcionamiento la Procuraduría para perseguir los delitos electorales. A los partidos “comprometerse públicamente con la transparencia y la equidad el proceso electoral venidero, por medio de la firma y respeto de un acuerdo” a ser consensuado.        

Principales propulsores

Además de, Foro Ciudadano y los rectores de las dos universidades católicas capitalinas, entre los propulsores aparece también el Obispo de Baní-San Cristóbal, Víctor Masalles, el obispo emérito episcopal Julio César Holguín, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, el Observatorio de Políticas Públicas de la UASD, la Asociación Dominicana de Profesores, el Comité Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Metropolitano de Mujeres, Participación Ciudadana, el Centro Montalvo, Centro de Investigación y Promoción Social, Consejo de Desarrollo Cívico Social, Ciudad Alternativa, Santiago Somos Todos y las fundaciones Masada, Solidaridad, Testimonio y Trópico. Así mismo entidades de bases como Acción Comunitaria para el Progreso, Articulación Nacional Campesina, Cooperativa de  Producción Social del Habita y la Vivienda, Comité para Defensa de los Derechos Barriales, Movimiento de Mujeres Trabajadoras y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales.

Un vocero del movimiento indicó que sua Comisión de Seguimiento está constituida por  el rector Alfredo de la Cruz Baldera, el reverendo Fidel Lorenzo, el empresario Franklin Báez Brugal, los académicos Rafael Toribio,  Fernando Ferrán y Fernando Peña, Jaime González, del Centro Juan XXIII, los comunicadores María Asela Alvarez y Huchi Lora, Mario Fernández, de Santiago Somos Todos,  la sindicalista Eulogia Familia y Ricardo González, del Foro Ciudadano.  

Entre las tareas inmediatas de los comisionados está la ampliación de las instituciones sociales en el movimiento, incluyendo las organizaciones empresariales, algunas de las cuales también expresan preocupación porque el proceso electoral en marcha no devenga en confrontaciones y pérdida de legitimidad que pongan en peligro no solo la institucionalidad democrática, sino también la estabilidad económica y social.

Volver a la concertación

A los propulsores del Manifiesto Ciudadano les mueve el objetivo de fortalecer la credibilidad de los partidos y la ciudadanía en los órganos rectores del proceso electoral, en especial la JCE, partiendo de que la misma necesita un fuerte apoyo para organizar un proceso electoral como dispone la Constitución y las leyes del Régimen Electoral y de Partidos Políticos.

 Partieron de los conflictos en que devino el proceso de la elección primaria hasta el punto de haber provocado la división del partido gobernante y dejando incertidumbres sobre el voto automatizado y la credibilidad en los resultados electorales. Sólo el mercado de compra y venta de votos que operó públicamente en las primarias, ha sido señalado como suficiente para motivar la presencia activa de la sociedad civil en el seguimiento al proceso electoral de febrero y mayo, más allá del trabajo de observación electoral que hace 25 años realiza el movimiento cívico Participación Ciudadana.

Estarían procurando levantar una participación como el proyecto de Iniciativas Democráticas que movilizaron a la sociedad civil por la limpieza de las elecciones de 1996, 2000 y hasta el 2004, y que apoyaron firmemente a la JCE y contribuyeron al mejoramiento de esos procesos después del traumático fraude electoral de 1994 que llevó al Pacto por la Democracia, reduciendo a dos años el período gubernamental.

“Pacto por una campaña decente”  

 Aunque el Partido de la Liberación Dominicana no asistió a la convocatoria del “Manifiesto Ciudadano” el miércoles en la PUCMM, al día siguiente el coordinador de su Comisión de Estrategia de Campaña Electoral”, Francisco Javier, emplazó al PRM y su candidato Luis Abinader “a que diga que él está dispuesto a firmar un pacto por una campaña decente. Eso tras denunciar que en enero se pondría en práctica una “campaña negativa” contra su candidato Gonzalo Castillo.

La demanda peledeista podría canalizarse en el marco de la iniciativa ciudadana, donde podrían precisarse los términos de campaña negativa y de campaña sucia, porque negativo puede ser todo lo que denuncie hasta errores, limitaciones y actitudes de un partido o candidato. Campaña sucia es la que se fundamenta en mentiras, inventos o manipulaciones o distorsiones.

Abinader y los también candidatos presidenciales Leonel Fernández y Guillermo Moreno, así como dirigentes opositores han dicho que no están dispuestos a permitir inequidades y abusos del poder del Estado, como los denunciados en las últimas elecciones generales, cuando incluso la oposición no reconoció la legitimidad de la reelección del presidente Danilo medina, y en las primarias de octubre pasado.-

A los amigos de Danilo Medina

Por Juan Bolívar Díaz

Puede ser que incurra en un par de indiscreciones que sólo podrían perdonarse en las memorias de un periodista con más de medio siglo de arraigo en la vida pública, muy cerca del poder, aunque sin caer en sus tentaciones. Pero el interés nacional me obliga a formular un pedido público a los verdaderos amigos del presidente Danilo Medina.

Ahí va la primera indiscreción: Me encontré con el expresidente Hipólito Mejía en el funeral del honorable e inolvidable Hugo Tolentino, justo a la mitad de julio, y en un aparte me atreví a preguntarle si creía que el presidente Medina persistiría en su prolongado esfuerzo de buscarse otra reforma de la Constitución para seguir en el poder por tercer período consecutivo.

Hipólito me miró fijamente y en un tono medio triste me dijo que sí, que proseguiría, “porque cuando uno está en ese cargo, ignora la realidad de la calle, ya que los más cercanos son los que primeros en engañarte”. habló con la franqueza y espontaneidad que le caracteriza, pero reflexivamente, y lo interpreté como una reiteración de su reconocimiento de que erró al persistir en buscar la reelección en el 2004, en medio del enorme daño que las quiebras bancarias habían ocasionado a su gobierno y al país.

Una semana después, en dramático discurso, el presidente Medina recapacitó y pudo leer los signos del tiempo y declinar el intento continuista en el que había invertido tanto tiempo, energías y recursos. Amortiguó en parte el tropiezo político al reconocer que las circunstancias nacionales e internacionales no favorecían que fuera el primer presidente dominicano en reformar dos veces consecutivas la Constitución en aras del continuismo.

Aquí va la segunda: Yo no puedo decir que haya sido particularmente amigo de Danilo, como lo fui de los expresidentes Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. De todos disentí cuando estaban en la cumbre del poder, sobre todo del que fuera más amigo personal, Leonel, compañero de batallas como abogado honorífico en los dos años que me tocó presidir el Colegio de Periodistas.

Pero con Danilo Medina sostuve numerosos encuentros cuando buscaba la presidencia, uno en mi propia casa, otros en la del querido colega Rafael Ovalles y en la residencia y la oficina de un apreciado empresario que lo apoyó durante años. Los tres nos encontramos  muy poco después que Leonel y el Estado le cerraran el paso a la candidatura presidencial de Danilo para el 2008, cuando muchos planteaban que como cuestión de honor él debería mandarlo todo a la porra.

Cuando pidió mi opinión le dije, con la franqueza que me caracteriza, que asimilara el golpe y no se metiera  en una aventura sin muchas perspectivas, dadas las circunstancias; que si se mantenía en el PLD, para el 2012 ni Leonel ni ningún otro le iban a poder quitar la candidatura, aunque heredaría un mayor desgaste de su partido. Me agradeció el consejo.

Después que Danilo llego al poder no hemos tenido oportunidad de intercambiar con franqueza, tal vez porque mi ejercicio periodístico es demasiado crítico. Si encontrara esa oportunidad, le diría lo que más de una vez expresé a Hipólito, que es un error persistir en un proyecto tan cuesta arriba, casi imposible de materializar, que su afirmación de que con lo que queda del PLD él ganará las elecciones del 2020, aunque sin ser candidato, es una amenaza a la institucionalidad democrática.

Si los vientos soplaron contra su tercera elección, ahora lo que se advierte es un huracán de grado 5 contra su proyecto de imponer un candidato improvisado, sin experiencia, liderazgo ni aval político, lo que reconocen y lamentan hasta muchos de los que lo apoyan.

Nada personal contra Gonzalo Castillo, pero no luce que pueda ganar la presidencia montado en los hombros de Danilo, quien todavía mantiene aprobación sobre el 40 por ciento, pero en obvia desventaja política por fatiga del electorado con el PLD, por la profunda división que no pudieron evadir, porque la sociedad pide un cambio de mando.

Apelo a los verdaderos amigos de Danilo, que pueden percibir el sonido del viento, y deben advertirle, aunque cueste, para que no se embarque en meter un elefante embravecido en una cristalería. Pondría en serio riesgo la adolescente institucionalidad democrática, con repercusiones graves en la estabilidad económica, social y política, en un año que se pinta cargado de incertidumbres, con expansión de la cólera social en el continente.

¡Ayuden a Danilo, no lo mareen reiterándole que el poder lo puede todo, porque ya en julio pasado se demostró lo contrario! No puede buscarse una derrota como la que le espera si persiste en meterse con todo el gobierno en la campaña electoral. Todavía está a tiempo de dejar un legado democrático, con algunas realizaciones positivas.-

El enorme desafío en educación

Por Juan Bolívar Díaz

Que los estudiantes dominicanos hayan quedado en el último lugar en las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) constituye un duro golpe emocional, pero sobre todo un manifiesto indiscutible del enorme desafío que sigue representando la calidad de la educación para el futuro de nuestra sociedad.

El pobre resultado de los dominicanos, entre alumnos de 79 países de todos los continentes, sin avance respeto a la evaluación anterior, del 2015, obliga a cuestionar la eficiencia de la inversión en educación del 4 por ciento del producto interno bruto que se ejecuta desde el 2013, más allá de la costosa propaganda que pregona una revolución educativa. Conlleva también cuestionamientos a la capacidad de nuestra sociedad para superar sus lastres históricos y a la irresponsabilidad de los gobernantes de las últimas décadas, cuando se degradó el nivel de la educación pública y privada.

Los datos son demoledores, ya que en dos de las tres pruebas, matemáticas y ciencia, quedamos en último lugar, y en comprensión de lectura sólo por encima de Filipinas, porque en esa nación asiática se da el absurdo de que una alta proporción de los estudiantes reciben clases en un idioma distinto al que hablan en su familia. Nada menos que el 80 por ciento de los  5 mil 674 estudiantes de 234 escuelas y colegios dominicanos no alcanza el nivel mínimo de competencia que se espera para la lectura.

En matemáticas el 90 por ciento no llega al nivel mínimo esperado, que es 2 sobre 6, y peor aún, el 78 por ciento quedó por debajo del 1. En el nivel de excelencia no alcanzamos a colocar ni siquiera uno por cada mil evaluados, cuando el promedio de los estudiantes de los países de la OCDE es de 157 por mil, y en Chile 36 y en Uruguay 24 por mil.

 Será interesante que los calificados técnicos del Ministerio de Educación, que seguro harán un análisis pormenorizado de estas pruebas, nos informen la diferencia de rendimiento entre las escuelas públicas y las privadas y por niveles económicos y sociales, y urbano- rural. Ya la Acción  Empresarial para la Educación (EDUCA) apunta que las niñas registran un mejor desempeño que los varones en todas las evaluaciones, algo que se advierte hace años en las calificaciones y cuadros de honor de escuelas y colegios, y desde el nivel inicial hasta el universitario, donde el género femenino supera también en proporción al masculino.

 Se podrían esperar mejores resultados por la inversión de los últimos 6 años en educación, pero EDUCA ratifica que por sí sola no garantiza superar viejos problemas estructurales que alcanzan a todos los niveles socio-económicos y culturales. El bajísimo rendimiento de excelencia de los estudiantes dominicanos en las pruebas es indicativo de que no se salva la educación privada, que representaría alrededor del 25 por ciento del total.

La baja calidad de la educación dominicana es consecuencia de muchos años de miseria política que privilegió las edificaciones y negó la inversión en el sector, lo cual degradó a todos los profesionales, incluyendo  al magisterio, que debió concentrar excesivas energías en pelear por un nivel de ingreso para vivir con dignidad, y quedó reproduciendo las limitaciones del conocimiento. Las carencias educativas de la generación de los ochenta y noventa se siguen reproduciendo en las dos décadas de este siglo.

Si alguna lección corresponde a las actuales autoridades es que si bien los problemas estructurales y culturales no se resuelven en corto tiempo, la propaganda política triunfalista hace perder la brújula y confundir los objetivos y conduce a la malversación de los recursos. A esto ha contribuido el exceso de personal administrativo, clientelismo político diagnosticado por las evaluaciones sobre la inversión del 4% del PIB.

A toda la sociedad corresponde asimilar definitivamente la urgencia de superar nuestros niveles educativos, fundamental para la promoción del desarrollo humano integral, en la escuela, en los hogares y en los medios de comunicación, los tradicionales y los aportados por las nuevas tecnologías.-                      

Hay que salvar el proceso electoral

Por Juan Bolívar Díaz

Con una Junta Central Electoral (JCE) sobrecargada de tareas, con un gobierno que irrumpe en las actividades de promoción de candidaturas  y una creciente desconfianza y confrontación entre los actores políticos, cada día aparece como más imperativa la búsqueda de acuerdos para salvar el proceso electoral en marcha, con sus citas del 16 de febrero para elecciones municipales y del 17 de mayo para congresuales y presidenciales.

No se ha podido lograr consenso para utilizar algún nivel de automatización en la votación y el consiguiente procesamiento para las municipales, en gran medida por las desconfianzas que generaron los incidentes que rodearon la elección de la candidatura presidencial del partido gobernante, que provocaron su división, tras la votación primaria de octubre, que la ley de partidos puso bajo responsabilidad de la JCE.

El pleno del organismo ejecutivo de las elecciones ha anunciado para hoy su decisión sobre la tecnología a utilizarse en las elecciones de febrero, que se anticipa no implicará la automatización, ya que uno de los tres polos en que se alinean casi todos los partidos, el que postula a la presidencia al expresidente Leonel Fernández, se ha opuesto firmemente a la misma, y el que postula a Luis Abinader, la ha condicionado a una auditoría de equipos y programas, sobre la cual no se ha podido avanzar, y ya se afirma que será imposible encontrar quien la ejecute a tiempo para la elección municipal.

Tras asumir la escasez de tiempo, Leonel Fernández expresó anteanoche, en una alocución a nombre de los partidos que lo postulan, “nuestra total, absoluta y completa oposición al uso del sistema de voto automatizado en las próximas elecciones municipales”. Y como èl mismo recordó una declaración del presidente de la JCE, Julio César Castaños, que condicionó la automatización “al consenso unánime de todos los partidos políticos reconocidos”, debe asumirse que se volverá a la metodología manual.

Es lamentable que no se haya aceptado la última propuesta de la JCE de que se combinara la automatización con el conteo manual, porque al implicar el voto preferencial, por tanto individual, para miles de candidatos a regidores y vocales municipales y sus suplentes, será una tarea muy difícil de cumplir con éxito y en tiempo razonable. La experiencia del 2016 en las elecciones con voto preferencial para diputados, con sólo cientos de aspirantes, no permite abrigar buenas expectativas.

La JCE debe exponer con toda claridad las dificultades que implicará el escrutinio de febrero, y advertir a todos los actores políticos y a la sociedad en general, que no se podrán esperarse  resultados en poco tiempo. El conteo de votos tendría que hacerse en dos tiempos, el primero para determinar los ganadores de las alcaldías de los municipios y distritos municipales, y luego los regidores, vocales  y suplentes.

Ya no se gana nada con recriminaciones ni prejuicios, pues las responsabilidades pueden ser repartidas entre los partidos, los legisladores  y la propia JCE: Los partidos porque no han demostrado suficiente s fortalezas democráticas y apertura; los legisladores porque dilataron la aprobación de las leyes de partidos y del régimen electoral, y luego improvisaron con tan pobre puntería que esas normativas llevan récord de declaraciones de inconstitucionalidad, y poniendo sobre la JCE una excesiva carga de tareas. Y el organismo electoral porque no cumplió su propia resolución de febrero de realizar la auditoría técnica de los equipos y programas de automatización que utilizaría en la elección primaria de octubre.

Es muy lamentable que el sistema político electoral tropiece con la misma piedra  en los intentos por establecer la automatización, ya que desde el proceso del 2016 se advirtió sobre la necesidad de auditar los equipos y programas como forma de generar confianza en un sistema que ha sido rechazado y hasta revocado en la mayoría de los países desarrollados. Desde que se planteó en el 2015, el movimiento Participación Ciudadana insistió en la auditoría, sin que la  JCE hiciera el menor caso. Su entonces presidente, Roberto Rosario, ahora alineado con Leonel Fernández, es de los que esta vez clama por la auditoría.

Vale recordar que en febrero pasado, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreras, invitada al país por Participación Ciudadana, insistió en advertir los riesgos y las desconfianzas sobre los sistemas de automatización y en recomendar una rigurosa auditoría previa.

Como nadie está libre de pecados, lo que corresponde es bajar las banderas, las recriminaciones y tensiones y buscar acuerdos globales para salvar el próximo proceso electoral, lo que implica mucho más que la automatizaciòn.-  

Coalición Democrática por el Cambio

Por Juan Bolívar Díaz

Este sábado 23 de noviembre será proclamada la Coalición Democrática por el Cambio por parte de seis partidos políticos y representantes de diversos agrupamientos sociales que suscribirán los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico-Social, durante un acto programado para las 10 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Debo advertir a mis lectores, como ya lo he hecho con mis televidentes, que me encuentro entre los profesionales, dirigentes y activistas sociales que han promovido la conformación de esa coalición, en base a unos lineamientos programáticos fundamentales, que procuran la recuperación de la independencia de los poderes del Estado, una reforma política e institucional, la proscripción de la corrupción y políticas para saldar las deudas acumuladas con gran parte de la sociedad dominicana.

 Procede la advertencia porque  he sido designado coordinador nacional del movimiento que impulsa la coalición, y ello implica que tengo una posición política definida. He tomado licencia en el movimiento cívico Participación Ciudadana, desde el que he promovido reformas políticas e institucionales durante sus 26 años de existencia. Entrando en el tercer cuarto de siglo de existencia, no me parece justo seguir de observador certificando los resultados de las inequidades e iniquidades electorales, como el abuso de recursos estatales y la compra de votos.

En los pocos años de utilidad que me quedan, pretendo los cambios políticos e institucionales, impulsando un nuevo tipo de gobierno. No pasaré a formar parte de ningún partido, en lo que no he tenido experiencia, entre otras razones porque prefiero mantener mi  independencia y desde ella exigir coherencia con los cambios políticos, sociales y económicos que se pregonan.

No me mueve la persecución de cargos electivos o ejecutivos, lo que he declinado numerosas veces a lo largo de mi vida, porque he preferido ser periodista más que político. Tuve un “desliz” entre 1984-86, cuando acepté ser embajador de la República en Perú y Bolivia. Pero ya al año empecé a gestionar el retorno a la profesión del periodismo.

Aunque haga ahora una incursión en la política activa, mis lectores y televidentes pueden tener la confianza de que mantendré los principios de la ética profesional, que me obligan al respeto a los receptores de mis mensajes, a evadir las manipulaciones y a mantener el culto a la diversidad y a la multiplicidad de voces, intereses y aspiraciones.

Promuevo la Coalición Democrática convencido de que esta nación está urgida de cambios profundos que rescaten el imperio de la Constitución, las leyes y las normativas reglamentarias. Porque es urgente poner límites a la corrupción que carcome el alma nacional y a la correlativa impunidad que alienta la delincuencia arriba, al medio y abajo, generando una inseguridad generalizada.

Aliento la Coalición convencido de que este país no puede seguir endeudándose irresponsablemente al ritmo de 600 millones de pesos cada día, que no es justo hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos para seguir sustentando el enorme enriquecimiento de unos cuantos, amparados en el más descarado robo del patrimonio público, en rampante rentismo para mantener el apoyo de los poderes económicos, y del clientelismo para comprar la conciencia de los más vulnerables.

 Promuevo la Coalición Democrática porque la suerte de la nación no debemos dejarla sólo en manos de los políticos, que estos necesitan fuerzas que impulsen su renovación, y porque en última instancia ellos no son responsables exclusivos de nuestras carencias. Si fueran sólo los políticos, la sociedad ya hubiese resuelto cambiándolos. Los atavismos, la corrupción y la descomposición tienen raíces en todos los ámbitos de la sociedad.

Estoy en la Coalición abandonando la zona de confort en que me desenvuelvo, invitando a todos los dominicanos sensibles a aunar esfuerzos por cambiar el curso de la nación, abandonando la indiferencia, el conformismo, el pesimismo y hasta el cinismo que amenaza vencernos.-

Penosa caída de Evo Morales

Por Juan Bolívar Díaz

La abrupta caída del gobierno de Evo Morales, el primer indígena presidente, tras una serie de desaciertos políticos que incluyeron un auténtico fraude electoral, es un capítulo penoso del macondismo latinoamericano, que sume a Bolivia en profunda crisis institucional,  y deja una lección para políticos y gobernantes.

Es justo deplorar este final de un gobernante que había reivindicado la raza originaria, preterida durante los cinco siglos, aunque constituye más de la mitad de la población boliviana, y sobre el 90  por ciento sumado el mestizaje, que rescató también  la riqueza de hidrocarburos, multiplicando siete veces sus ingresos, y auspició políticas de inclusión social, y redistribución que redujeron la pobreza a menos de la mitad. Sus 14 años de gobierno constituyen el mayor  período de estabilidad político-social, crecimiento económico y prosperidad de Bolivia. No se le vinculó a la rampante corrupción latinoamericana ni fue un dictador ni persecutor de opositores.

Pero para ser rigurosos, lo ocurrido el domingo no fue un clásico golpe de estado, aunque con algunos de sus componentes, porque también hubo algo de autogolpe, derivado del abuso  con que Evo quiso mantenerse a toda costa en el poder, manipulando la institucionalidad democrática, hasta incurrir en un escandaloso fraude electoral, minuciosamente documentado por una amplia y muy diversa misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Evo fue víctima del mesianismo y el caudillismo latinoamericano que constituye en insustituibles a líderes y gobernantes. Tras 14 años de gobierno, se buscaba a cualquier precio un cuarto período. Fue incapaz de promover sucesores, aunque tuvo colaboradores de alta categoría como su mismo vicepresidente Alvaro García.

Electo por primera vez en el 2005, con el 54 por ciento de la votación, auspició una nueva Constitución que le permitió reelegirse en el 2009; una cláusula transitoria establecía que sólo sería posible esa vez, pero luego se buscó una complaciente interpretación constitucional que le permitió una tercera elección en el 2013. No conforme, ya para el 2015 andaba en búsqueda de otra reforma constitucional, decidiendo someterla a un plebiscito, contando con la mayoría sobre el 60 por ciento de sus dos elecciones anteriores.  Pero el electorado ya dio muestras de fatiga ante el relajo constitucional y el 51.3 por ciento le dijo que no. Apeló de nuevo a la interpretación y encontró jueces complacientes que dictaminaron que su derecho a la reelección estaba por encima de su Constitución. Candidato para la elección del 20 de octubre, buscando el cuarto período, Evo era consciente de la merma de su apoyo, marcado por el resultado del plebiscito y las encuestas. Tenía que ganar en primera vuelta, lo que era posible superando por 10 puntos al segundo, si lograba pasar del 40 por ciento. Al computarse  el 81 por ciento, cuando  sólo registraba 7 puntos de ventaja, se dejó de transmitir resultados por 16 horas, y al reanudarse quedó a centímetros de la meta, que alcanzó en el último 5 por ciento del escrutinio.

Tras dos semanas de protestas y violencia, a la defensiva ante la opinión pública nacional e internacional, Morales accedió a que una misión de la OEA realizara una auditoría técnica al proceso electoral, cuyo informe preliminar presentado el domingo es minucioso en detalles que configuran un fraude electoral. Se comprobó alteración y falsificación de actas, que parte del procesamiento se hizo fuera de los locales electorales, que resultados fueron redirigidos a un servidor no oficial, y graves fallos y abusos tecnológicos, en la cadena de custodia de los  documentos electorales, en la integridad de las actas y en las proyecciones estadísticas. El 38 por ciento de 178 actas de la votación en Argentina presentaron inconsistencias, como mayor número de votos que de votantes.

El mismo domingo, cuando la OEA recomendó repetir la elección, Evo lo aceptó, lo que implícitamente era una aceptación del fraude electoral. Se multiplicaron las protestas y los actos de violencia y ahí llegó la recomendación militar de que renunciara. Lo hizo sin estar obligado, lo que hubiese podido evadir de haber mantenido el apoyo mayoritario.

 Tras la documentación del fraude, correspondía era que junto al anuncio de nuevas elecciones, Evo declinara repostularse, abriendo espacio a que otro de los suyos lo pudiera relevar, lo que pudo evitar su penoso final y el desastre institucional. Si no se puede justificar la petición militar, mucho menos el fraude electoral, pues ambas cosas quedan indisolublemente vinculadas. El relajo constitucional y la adicción al poder fueron las causas mediatas e inmediatas de este penoso final. Frente a Evo, como ante Maduro, Daniel Ortega o Danilo Medina, hay que sustentar los valores democráticos y el rechazo al abuso del Estado y el fraude electoral. Aunque duela.-

Justicia para esos campesinos

Por Juan Bolívar Díaz

Es justo celebrar que el gobierno decidiera escuchar el clamor de los campesinos de El Seibo que marcharon a pie hasta Santo Domingo hace dos semanas buscando la  justicia que les ha sido negada sistemáticamente en los últimos años, al punto de haber sido desalojados de predios que cultivaban hace décadas, aunque nunca tuvieran en sus manos un título de propiedad.

Celebremos que alguien se conmovió en el Palacio Nacional y el ministro administrativo de la Presidencia inició un diálogo con representantes de toda una comunidad de cientos de  familias de San Francisco Vicentillo y La Culebra, municipio de El Seibo que disputan unas 20 mil tareas con un terrateniente de la zona, con poderes tan altos que el año pasado auspició la destrucción de las casas, sembradíos y bienes de tantos agricultores.

Un informe oficial indica que el ministro José Ramón Peralta dedicó el martes más de una hora a escuchar los reclamos “creando las bases para una posible solución a la problemática” y que el gobierno tratará de hacerlo en el marco de la ley y de la dignidad de las personas involucradas.

Fue lo que debieron hacer las autoridades antes que decenas de esos campesinos vinieran a acampar en las inmediaciones del Palacio Nacional, clamando porque el presidente Danilo Medina cumpliera la promesa que les habría hecho el 10 de junio del año pasado, cuando visitó la zona, de que una comisión trabajaría para la titulación definitiva de los predios en conflicto. El reclamo ha ganado amplio apoyo de la comunidad seibana, incluyendo a sacerdotes y pastores.

La negligencia frente a un problema social que motiva amplia solidaridad humana permitió el desalojo  ejecutado el 6 de septiembre del 2018, que ha dejado en brutal desamparo a tantas familias que no tienen otro medio de sustento.

Pero abriguemos ahora optimismo de que se hará justicia a estas familias, que enarbolan el decreto 486 emitido en 1975 por el presidente Joaquín Balaguer, donde declara de utilidad pública al menos una parte de los terrenos donde ellos se habían asentado, que según su parecer eran comuneros, pero que reclama el cubanoamericano Pedro Guillermo Varona, quien aduce títulos de propiedad sobre gran parte del área, lo que avala la Asociación de Hacendados. .  

Es inconcebible que las autoridades del Instituto Agrario Dominicano no hayan precisado públicamente la situación legal y social de los terrenos, guardando silencio durante tanto tiempo, al igual que el  presunto propietario.   

Es lamentable que esperaran que los campesinos peregrinos de El Seibo ganaran tanta solidaridad y simpatías en la opinión pública para buscar una solución humana y digna, que en cualquier caso tiene que implicar el amparo público. Alguien tiene que verificar el origen de la presencia de los campesinos en los terrenos y de los reclamos del terrateniente. Y si éste tiene razón sobre parte de esos terrenos, como se ha alegado, que el Estado le ofrezca la compensación que corresponda, dando siempre prioridad a los campesinos. Seguramente el costo será menor que lo que cobran en un solo día la corrupción y la malversación de los fondos públicos, tan ampliamente documentado por el reciente informe de Oxfam.

El Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria ha implorado por una solución justa y humana al conflicto, en este año en que se conmemora medio siglo de una carta pastoral de Monseñor Juan Félix Pepén, quien fuera un ilustre y sensible primer obispo de Higuey, donde abogaba por los derechos de los agricultores de la región, víctimas de la voracidad de los más poderosos.

Basado en la doctrina social de la Iglesia Católica, monseñor Pepén ratificaba la preocupación por la suerte de los campesinos, “porque quien carece de lo necesario para una vida digna, no está en condiciones de ser un buen cristiano”. Exhortaba a los campesinos a unirse para defender sus derechos, mientras pedía a los gobernantes, legisladores y personas de buena voluntad que se apresuraran al estudio del problema rural dominicano para encontrar soluciones que aseguren el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

Esperemos que el presidente Danilo Medina haga ese esfuerzo, sería una forma de honrar la memoria de su recién fallecido padre, Juan Pablo Medina, a quien èl mismo definió como gran trabajador, de profundas convicciones cristianas, que lo llevó a conocer las necesidades de los campesinos dominicanos.-  

Descanse en paz José Michelén

Por Juan Bolívar Díaz

Acaba de morir en Miami José Michelén Stefan, ingeniero industrial egresado del Instituto Tecnológico de Georgia, Estados Unidos, empresario y político, uno de los más cercanos colaboradores del expresidente Salvador Jorge Blanco, creador de su “Avanzada Electoral”, ambos víctimas de la ignominia política del “genial estadista” Joaquín Balaguer, cuando retornó al poder en 1986, ciego y casi paralítico, y se sentó a destruir a su antecesor para erigirse nuevamente como insustituible en esta sociedad del más atrasado caudillismo.

 Para muchos, Michelén, como Jorge Blanco, es referente de la mayor corrupción en la historia nacional, lo que no deja de ser una terrible e irónica iniquidad, porque ellos, al igual que otro perseguido de la época, Fulgencio Espinal, nunca acumularon riqueza en el gobierno, ni la legaron a sus descendientes y vivieron hasta su muerte como profesionales de clase media.

Me apenó mucho leer en un chat de internet que Michelén había huido del país en 1987 en una avioneta de su propiedad y que había muerto en la pobreza tras fracasar en los negocios. Les pedí a los usuarios de ese medio que lo dejaran descansar en paz y les di mi testimonio personal de que tras salir del país él había vivido de la herencia paterna y después  de modestas consultorías. Nunca le formularon un expediente ante la justicia, pero arrastró la pena y la frustración hasta su reciente final, y en los últimos tiempos apenas se dejaba ver.

Quiero ampliar ese testimonio, porque yo quedé vinculado a Michelén Stefan al casarme en 1984 con Ada Wiscovitch Carlo, financista nacida en Puerto Rico, quien fuera su primera esposa y madre de sus tres primeros hijos José Yude, Jennifer (Pía) y Julio José. Eran niños de entre 13 y 10 años, a los que interioricé con tanto amor como a Adita, y de los que me siento orgulloso, especialmente cuando ellos y sus hijos me llaman Papa Juan, y porque se desarrollaron y son excelentes seres humanos, profesionales y empresarios emprendedores.

Debo advertir que las ignominias me alcanzaron cuando un negociante de la comunicación, vinculado a la quiebra de Banínter con 2 mil 765 millones de pesos, pasó años tratando de vincularme a la supuesta riqueza robada por José Michelén, aunque él sabía perfectamente que el divorcio de mi esposa y José había ocurrido en 1981, un año antes de que se iniciara el gobierno de Jorge Blanco y tres antes de nuestro matrimonio.

A los Michelén Stefen sólo les debo el respeto y la consideración que he recibido de ellos, que ha sido recíproco con la madre doña Clara y las hermanas. Pero por ellos y los tres hijos que he compartido debo testimoniar que José Michelén Stefan nunca tuvo avioneta, ni helicóptero, ni automóvil o vivienda de lujo y que vivió modestamente en Madrid y Miami.

Su hijo mayor financió sus estudios universitarios en Nueva York trabajando de noche como camarero en restaurantes y comenzó una exitosa carrera empresarial dejando jirones del pelo en una de las grandes empresas de Wall Street, donde llegó a manejar los mercados de Brasil y Argentina, y sobrevivió a los atentados del 11 de septiembre del 2001, porque aquel día estaba en Buenos Aires, ya que tenía oficina en una de las torres derribadas.

Julio José es también un gran emprendedor con una empresa de mercadeo, y Jennifer, a quien nunca le he querido llamar Pia, acompaña a su esposo peruano Jorge Miró Quesada en una muy exitosa propia empresa internacional de consultoría bancaria, viviendo en Miami desde que contrajo matrimonio. Los tres han forjado cada peso, dólar o euro con su esfuerzo, integridad y consistencia. Me siento orgulloso de su éxito y de que no se dejaran atrapar por las ignominias y el drama paterno.

Es posible que José Michelén incurriera en prácticas de clientelismo, rentismo o favoritismo que tanto han empañado la gestión gubernamental, pero nunca pude advertir que se llevara ni proporcionara a su familia algo del patrimonio público. Su pecado, como el de Jorge Blanco y Fulgencio, fue no haberse defendido cuando fue preciso. Por cierto que los tres murieron con nivel socio-económico menor al que tenían cuando llegaron a la política.

La vida de José Michelén Stefan fue un drama, profesional heredero de genes empresariales,  nunca superó los efectos de la ignominia de que fue víctima. En un país donde se cuentan por miles los que sí se enriquecen del patrimonio público y lo exhiben impunemente. Mi condolencia a toda la familia y a su viuda Janet García Godoy y al hijo de ambos, Juan José. –  

Pacto por la real democracia

Por Juan Bolívar Díaz

Las perspectivas políticas para el proceso electoral del venidero 2020 apuntan a una delicada situación que pondrá en juego no sólo la institucionalidad democrática, sino también la estabilidad económica y social, por lo que se impone un despertar de la sociedad civil que obligue a moderar los arrebatos, los abusos del Estado y las desmesuras políticas.

 Las perspectivas apuntan al traumático proceso electoral de 1994, cuando la sociedad mostraba fatiga por las imposiciones de Joaquín Balaguer, quien ciego y casi paralítico impuso una vez más su vieja maquinaria de manipulación de las instituciones estatales y fraudes para mantenerse en el poder. Su desaforad ambición causó un trauma electoral que desestabilizó la sociedad, generó una abierta participación de poderes internacionales y sacó del inmovilismo a importantes sectores sociales, temerosos entonces de las graves amenazas que sufría la nación. La crisis tuvo que ser saldada con un Pacto por la Democracia.

Amplios sectores sociales sumaron energías a los partidos y líderes políticos que, como José Francisco Peña Gómez, venían propugnando por cambios institucionales y sociales, varios de los cuales fueron incorporados a la Constitución de la República, y en los años siguientes se tradujeron en un mejoramiento de la justicia y concertaciones para cambios que incluirían la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y otras legislaciones para un nuevo sistema presupuestario y financiero y para la transparencia.

Con el  nuevo siglo, la política volvió a degenerar y se perdió el impulso concertador para devenir en un andamiaje de control casi total de todas las instituciones del Estado por un solo partido que auspició  el desmembramiento de la competencia partidista, la cooptación de muchos líderes y cuadros de todos los ámbitos sociales y un gran control de los comunicadores y medios de comunicación.

 El Partido de la Liberación Dominicana devino en una poderosa corporación que ahora acaba siendo víctima  de sus propias mañas, de las infinitas ambiciones de un caudillismo que sustituyó los organismos, sin el menor respeto por los procedimientos democráticos, los pactos, las leyes y hasta la Constitución de la República.

 En medio de los estertores de una profunda división, el presidente Danilo Medina ha pronunciado un discurso que se erige ominoso sobre el porvenir inmediato. Empeñado en confundir el Estado con su ambición personal, utilizando todos los recursos del poder, ha impuesto un candidato en su partido y anuncia que lo llevará a la presidencia de la nación.

 La desmesura es tanta que el mandatario consideró que su candidato no tenía que hablar a un asamblea de su partido convocada para dirimir las consecuencias de su imposición, y él se comprometió públicamente a llevarlo al poder. Con tanta confusión que al final proclamó que “con estos hombres y mujeres que están aquí, yo voy a ganar las elecciones”, como si él fuera candidato presidencial.

 Dada la experiencia, lo menos que pueden hacer los opositores, ahora reforzados por la mitad del PLD, es exigir un juego democrático limpio, sin la irrupción del Estado, sin que el presidente confunda las instituciones estatales con su facción política, sin que utilice el presupuesto, ni el funcionariado para aplastar a los demás contendientes. 

 Hay claras señales de que la oposición política no está dispuesta a volver a los mataderos electorales. Ya el candidato presidencial  Luis Abinader advirtió el domingo que aquí tiene que haber una competencia equitativa y limpia, para que no se ponga en juego la paz social. Guillermo Moreno también reclama condiciones elementales para la competencia.

Si todos los opositores se unen desde temprano para exigir transparencia y equidad en la campaña electoral, encontrarán respaldo en gran parte de las organizaciones sociales, a las que corresponde levantarse del inmovilismo como en los años noventa y exigir un nuevo y real pacto por la democracia. Eso corresponde no sólo a Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Juan Montalvo o el Centro Social Juan 23, sino también a las instituciones empresariales, académicas, sociales y religiosas.

Tienen que demostrar ahora que creen en la democracia, para cuando llegue la tempestad que el presidente Medina anunció el lunes, no salir a pedir calma a los afectados. Hay que reforzar a la Junta Central Electoral para que cumpla su misión constitucional de garantizar la equidad, la justicia y la transparencia en la competencia electoral. Hay que pactar la integración de la Procuraduría Especializada para perseguir los delitos electorales y limitar la irrupción de los funcionarios en la campaña, el incremento de las nóminas y del déficit fiscal, y de la publicidad estatal. –         

La pobre democracia de los ricos

Por Juan Bolívar Díaz

Si algo ha quedado claro de la primera prueba de las elecciones primarias simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral, esta vez sólo para los dos partidos mayoritarios, al amparo del aborto de la Ley de Partidos 33-18, de agosto del año pasado, es el predominio de la pobre democracia de los ricos, no importa cuál sea el origen ni la naturaleza de la riqueza,

Con una cultura de la trampa, arrebato y mañosería, los aspectos positivos de la nueva legislación quedaron relegados y ha predominado el mayor gasto, desigualdad e ignominia que se pueda haber registrado anteriormente en la elección de los candidatos, por lo menos en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ha acaparado la atención nacional, hasta el punto de que pocos se refiere al mucho mejor nivel de competencia que se registró en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Por supuesto que el enorme asqueroso mercado de compra y venta de  votos registrado en el PLD tuvo que ver con la abundancia de recursos proveniente de sus años usufructuando el poder, de las enormes riquezas que han acumulado a costa de este pobre pueblo, y de los abusos del Estado metido hasta el fondo en la lucha de las facciones peledeístas por las candidaturas.

Un buen investigador podría en una cuantas horas cuantificar la publicidad pagada en los periódicos por la candidatura oficialista de Gonzalo Castillo y Danilo Medina, pero por lo observado en el período oficial de precampaña, se puede sostener que ésta gastó por lo menos veinte veces más que los restantes 10 precandidatos presidenciales de los dos partidos participantes. Fue apabullante también en la radio, televisión e internet y redes sociales.

Nadie puede ser tan ingenuo para ignorar que fue el poder del Estado que determinó esa extrema desigualdad, ya fuere por lo sustraído directamente, por el pago clandestino, cambiando publicidad de un género institucional al partidista, o por el tráfico de influencia y la extorsión sobre empresarios, contratistas, suplidores y hasta consultores estatales.

No es que la otra candidatura peledeísta careciera de recursos. Leonel Fernández los gastó en abundancia mucho antes que Danilo Castillo o Gonzalo Medina salieran a la palestra. La mejor prueba de que filo con filo no corta es que Félix Bautista, a quien las negociaciones de la “reelección por reelección” del 2016 le perdonaron un expediente de enriquecimiento por 26 mil millones de pesos, pudo ganarle la candidatura para la senaduría de Santiago nada menos que a Lucía Medina, la hermanísima del presidente de la República.

Esos dos personajes protagonizaron el mejor nudismo de la plutocracia del dinero ilegítimo, cuando durante meses compitieron a quien repartiera dinero, anillos de graduación, electrodomésticos, becas, empleos, cajas funerarias, y ofertas de redención.

Constriñe el espíritu el relato de Carlos Julio Féliz, el mejor reportero de la televisión dominicana, de cómo fue derrotado en sus aspiraciones de alcanzar la senaduría por su amada provincia de Pedernales, bajo el título “Un caso de clientelismo político dominicano sin precedentes”.  Da cuenta de la inversión de cientos de millones de pesos en una provincia de 20 mil votantes, de la llegada de 73 autobuses y minibuses, provenientes hasta del extremo oriental de la isla con miles de votantes.  

Los que conocen cómo Carlos Julio ha vivido para Pedernales, aún trabajando en Santo Domingo, promoviéndolo durante décadas, escribiendo libros y llevando cultura, animación y deportes, con  integridad a toda prueba, y proyectos colectivos de progreso, podían creer que era un sólido competidor. Pero el dinero de los contribuyentes lo relegó y cayó víctima de las dos facciones en competencia. Ni su hija escapó de una oferta de 5 mil pesos por su voto, a las 9 de la noche, cinco horas después del “cierre oficial”, cuando no había podido votar porque las facciones controlaban y rellenaban las filas con sus acarreados.

Lo que protagonizaron los peledeístas en las primarias del 6 de octubre es ominoso para la enclenque democracia dominicana. Sólo hay que considerar que Participación Ciudadana comprobó el mercado público de votos en el 32.73% de los centros de votación. Pero la mayor parte comenzó semanas antes e incluyó el traslado masivo de personas a largas distancias, en cómodos autobuses, con comidas, bebidas, ropas, y dinero de retribución.

Una democracia tan podrida está condenada a la implosión. Pero desde ya está ocasionando daños infinitos en el alma misma de esta sociedad, al estimular a los más pobres a venderse imponiendo el imperio del dinero robado al Estado, y de actividades criminales.-