La amenaza del huracán Trump

Por Juan Bolívar Díaz

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Pero ahora, y muy probablemente por varias temporadas, nos amenaza un huracán de otra naturaleza que podría afectar severamente el curso del desarrollo económico-social de los dominicanos, tal como documentó el experto en derecho y política internacional y ex embajador ante la OEA Roberto Álvarez en una serie de ocho extensos artículos que acaba de publicar en el periódico digital Acento.

La lectura de esos bien fundamentados artículos deja la interrogante de si estará el país preparándose para afrontar la situación, como ya están haciendo México y otras naciones de la región que, como la República Dominicana, han dependido excesivamente de la migración hacia Estados Unidos y de las remesas de los nacionales.

Sabemos que alrededor de 2 millones de dominicanos emigraron en el último medio siglo, quitando presión demográfica y al desempleo y la desesperanza generadores de inseguridad. Y que esa población ya remesa formalmente alrededor de 5 mil millones de dólares anuales, 8 por ciento del producto interno bruto, el doble del 4 que con tanto orgullo estamos recién dedicando a educación.

Según las estadísticas oficiales recabadas por Roberto Álvarez, sólo entre 1970 y el 2015, Estados Unidos otorgó un millón 304 mil 989 residencias permanentes a ciudadanos dominicanos, a los que habría que adicionar los indocumentados, que diversas fuentes estiman entre 114 y 148 mil. Estos últimos están entre los amenazados por los vientos anti inmigrantes del presidente Donald Trump y auxiliares como el fiscal general Jef Sessions, que ya en el 2006 se expresó denigrantemente contra los de origen dominicano.

Ante el escenario norteamericano y las crecientes restricciones europeas, lo primero que tenemos que considerar es que se nos está cerrando la puerta de escape a las presiones sociales que ha representado la migración. Segundo que una parte de nuestros indocumentados podría ser deportados y no parecemos preparados para recibirlos adecuadamente. Y tercero, que se reducirán o al menos congelarán las remesas.

Como los demás países de la región, y como lo hicieron voceros de la Asociación de Estados del Caribe reunidos esta semana en Cuba, deberíamos rechazar las políticas excluyentes y discriminatorias del equipo de Trump, y poner en práctica mecanismos de defensa de los nuestros. Por ejemplo, poniendo a trabajar a nuestros centenares de cónsules, vicecónsules, ayudantes consulares y diplomáticos que pagamos en el exterior.

No es que declaremos la guerra al tronante gobierno de Trump, sino que nos asociemos al resto de la región para tratar de influir y moderar las embestidas que según los medios comunicativos norteamericanos están sembrando pánico. A los inmigrantes indocumentados en EU, unos 12 millones, y hasta a los residentes con infracciones menores, se les está recomendando que no anden por las calles más de lo necesario, que si llegan los agentes de inmigración no digan ni firmen nada, y hasta que nombren un tutor legal para sus hijos ante la posibilidad, ya anunciada oficialmente, de ser separados de ellos.

Hace una semana que la salvadoreña Sara Beltrán fue sacada esposada de un hospital de Dallas donde recibía atenciones por un tumor cerebral. Y el mexicano Rómulo  González, con 25 años viviendo indocumentado en Los Angeles, fue detenido para ser deportado tras llevar sus cuatro hijas a la escuela. Ellas son ciudadanas americanas  por nacimiento. Ojalá que a un tribunal  no se le ocurra reinterpretar la constitución  para determinar retroactivamente que a los hijos de indocumentados no les corresponde la nacionalidad. Tal vez el huracán Trump no llegue a esa aberración e impida la separación de esa familia. Pero debemos estar preparados.-

Sin callos en el alma

Por Juan Bolívar Díaz
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¡Ahora o nunca, dominicanos!

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Por Juan Bolívar Díaz

En amplios sectores de la sociedad dominicana existe hoy la convicción de que los niveles de anomia social, con burla sistemática de la Constitución y las leyes, de corrupción y descarada impunidad han tocado fondo, agrietando gravemente el funcionamiento institucional de la nación y reproduciéndose en la delincuencia general que amenaza la seguridad de la inmensa mayoría honrada y trabajadora.

A ese despertar de la por tanto tiempo adormecida conciencia ciudadana se atribuye el éxito del espontáneo movimiento social que proclama el fin de la impunidad, que reúne multitudes y logró en tres semanas el aval de más de 312 mil dominicanos, con muy limitados recursos financieros, sin pagar un peso ni prometer empleos o subsidios.

El grito generalizado es ¡ahora o nunca dominicanos!: nos levantamos de la indiferencia, la tibieza y la complicidad pasiva o nos sorprenderá una grave crisis de insostenibilidad financiera y el imperio de las bandas de traficantes de todo género, de delincuentes trajeados y barriales que impondrán un estado en el que no habrá seguridad para nadie.

Debemos empoderarnos definitivamente y romper los silencios de las academias, de los intelectuales, de los militantes políticos responsables, del liderazgo empresarial y religioso, convencidos de que este es el único lugar donde no somos extranjeros y de que las puertas de la migración se están cerrando. Que no podremos enviar otros casi dos millones de dominicanos hacia el exterior, como en el último medio siglo para que nos sostengan sus remesas.

¡Ahora o nunca! detener el robo público para financiar campañas millonarias de años hasta para ser regidor y que entrega parcelas del Estado a los grupos de traficantes políticos, y para que las decisiones gubernamentales dejen de estar determinadas por el rentismo empresarial y el clientelismo populista. Para que las leyes dejen de ser simples sugerencias, para que establecer la separación de poderes.

¡Ahora o Nunca! para que no tengamos decenas de vicecónsules en cada país, 12 embajadores en la ONU o 36 subdirectores en Bienes Nacionales, ni cuatro mil botellas en el CEA y dos mil en algo llamado INESPRE.

¡Ahora o nunca! para que las auditorías de la Cámara de Cuentas, la mayoría con documentación de la corrupción, se traduzcan en acciones judiciales. Para que los terrenos estatales no se repartan o vendan a precio de vaca muerta. Para que ningún funcionario pueda auto multiplicarse sus ingresos ni gastar más de lo que se presupuesta.

¡Ahora o nunca! para que obliguemos a aprobar una ley de partidos que llevamos 25 años discutiendo, no “la posible” que se nos quiere imponer, sino la que garantice la democracia interna y transparente el origen y el uso de los recursos, con sanciones operativas para el latrocinio y el abuso de lo público.

¡Ahora o nunca! para que sanciones la sobrevaluación, que ya llega hasta el 100% en las compras y contrataciones, para que no haya que pagar comisiones por obtener contratos y luego para cobrar, para que no vendan por cheles los terrenos, los parques ni los barrios ni las minas, y para que los políticos no se puedan convertir de la noche a la mañana en grandes empresarios que nos estrujan impúdicamente el fruto del robo público.

¡Ahora o nunca! para que no se roben la electricidad, ni los cables eléctricos y telefónicos, ni las barandillas de puentes y verjas, ni los féretros recién sepultados, ni vendan las áreas protegidas. Y para que el dinero no logre absoluciones ni determine decenas de reenvíos judiciales o lleve grandes delincuentes a vivir en las clínicas.

¿Ahora o nunca! para que la anomia y la corrupción generalizada no sigan incentivando la delincuencia que mata a una niña para robarle u celular, o a un platanero para quitarle el beneficio de la jornada. Para que podamos restablecer la seguridad.

¡Ahora o nunca! no para deponer a ninguna autoridad, sino para que cumplan su responsabilidad o se vayan si no pueden. Es ahora o nunca, dominicanos!

Tres víctimas de la impunidad

Por Juan Bolívar Díaz
19_02_2017 HOY_DOMINGO_190217_ Opinión9 A

El asesinato de dos acreditados periodistas comentaristas en pleno ejercicio en una estación radiofónica en una plaza comercial de San Pedro de Macorís, a media mañana del día de San Valentín, se ha constituido en una inmensa tragedia que conmociona a la sociedad dominicana y afecta el ejercicio del periodismo en el país, con repercusión internacional.

Más trágica aún es la versión de que la irracional y arbitraria muerte de los comunicadores Leo Martínez y Luis Manuel Medina tuvo origen en otro escándalo de corrupción estatal y de la ya intolerable impunidad que campea en la sociedad dominicana, porque habría sido la impotencia ante una vulgar estafa lo que disparó el arrebato del victimario José Rodríguez, quien a su vez también ha perdido la vida.

Las sombras que proyecta esta tragedia son tan ominosas que el Poder Ejecutivo designó el viernes una comisión, para que en el plazo de una semana rinda un informe sobre la venta y compra de terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que la habrían originado, de acuerdo a testimonios que circulan en San Pedro desde el mismo día de la ocurrencia. Los comisionados son los mismos que hicieron un trabajo honesto en el escándalo de Los Tres Brazos, por lo que debe esperarse un informe sin contemplaciones. Aunque en ese caso se adoptaron algunas recomendaciones, aún prevalece la impunidad.

El CEA ya confirmó que vendió una parcela a José Rodríguez, en agosto del 2015, con un adelanto de 119, 500 pesos, el 35 por ciento, y que le devolvió esa suma el mes pasado, tras su reclamo de meses, porque no le habían entregado el terreno contratado. Pero Rodríguez quería que le devolvieran “todos sus cuartos”, lo que implica que habría pagado el peaje que hace años, es secreto a voces, engrosa fortunas por la venta a precio de vaca muerta de las tierras de lo que fuera la próspera industria azucarera estatal, la cual llegó a disponer de 2,200 kilómetros cuadrados, el 4.5 por ciento del territorio nacional.

Según los testimonios, Rodríguez había llegado a amenazar con hacerse justicia violentamente si no le devolvían todos sus cuartos, lo que originó una intervención mediadora de los dos periodistas victimados. Cuando el día 14 Leo Martínez le habría dicho que ya no podía hacer más para que le devolvieran todo su dinero, Rodríguez, definido como un caso de bipolaridad, con tendencia a la violencia y drogadicto, tuvo el arrebato contra los mediadores y de paso contra la secretaria Dayanina García, gravemente herida. Requiere explicación la versión de que el mismo terreno había sido vendido o asignado a un hijo de Martínez, lo que sería otro ingrediente de la tragedia.

Todos los indicios son de que esta es una de las centenares o miles de operaciones mafiosas que se han realizado con los terrenos del CEA, algunas tan monumentales como la venta en el 2010 a “Cleopatra Caro Cruz”! de un millón 593,257 metros cuadrados por 10 millones 134 mil pesos, es decir a 6 pesos el metro. O el arrendamiento de grandes extensiones del ingenio Porvenir a una empresa española en el 2011, que también fueron asignadas a dominicanos, lo que llegó a originar incidentes, dos muertes violentas y protestas de la embajada de España.

La masacre de San Valentín en Macorís debe abonar la decisión de luchar contra la corrupción y la impunidad. Es un nuevo grave desafío para el Gobierno, que no solo deberá poner punto final a estas operaciones mafiosas y disolver ya el CEA, como hizo con la CORDE por Los Tres Brazos, sino también las consiguientes acciones judiciales. Tal vez tras este escándalo la comisión creada por el decreto 268-16 de septiembre pasado, agilice su encomienda de inventariar y auditar todas las operaciones con los terrenos del CEA, desde el 2000, aunque hay mínimas expectativas de que no se incline ante la impunidad.

Hay que deplorar que José Rodríguez se suicidara o lo suicidaran, como es creencia generalizada, abonada porque la Policía no dejó que sus familiares abrieran su ataúd ni que los periodistas se acercaran al mismo. Si solo tenía un disparo suicida, debieron mostrarlo para no dejar las dudas acostumbradas. Su testimonio en estos momentos hubiese sido muy importante. De todas formas recuerda el suicidio del arquitecto David Rodríguez, víctima de la mafia de la OISOE hace 17 meses, aún en la impunidad.

Comprensibles demandas salariales

Por Juan Bolívar Díaz

12_02_2017 HOY_DOMINGO_120217_ Opinión9 A

Han hecho muy bien tanto el ministro de Educación, Andrés Navarro, como la ministra de Educación Superior, Alejandrina Germán, en llamar a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y a la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (FEPROUASD) a sendos diálogos sobre sus demandas salariales y laborales.

El diálogo debe ser siempre la respuesta a todos los diferendos, más aún si tocan los deprimidos salarios de los trabajadores dominicanos, y especialmente si afectan las labores educativas en un país tan retrasado en esa materia fundamental del desarrollo humano y por tanto social y económico.

En el caso de la ADP la demanda tiene menos justificación porque el magisterio ha sido el sector que más ha visto revaluados sus ingresos en los últimos años y en el gobierno del presidente Danilo Medina, gracias a que éste acató el postergado mandato legal de invertir el 4 por ciento del producto interno en educación básica. Pero aún así, con esos maestros hay que dialogar y poner datos sobre la mesa, porque todavía no alcanzan lo justo para vivir con decoro, a lo que siguen teniendo derecho.

Los profesores de la UASD están en peor circunstancia, porque para alcanzar niveles de dignidad salarial tienen que asumir una carga hasta más del doble de las horas semanales de docencia consideradas razonables para su rendimiento, que hace unos años el estatuto orgánico las limitaba a 16 horas.

Con 225 mil estudiantes, gran parte de las aulas de la UASD son desproporcionados hacinamientos, insuficientes, con promedios de alumnos que no permiten el menor seguimiento académico, y la degradación es cada vez mayor por la precariedad de laboratorios, asientos, equipos tecnológicos y materiales docentes.

Se discute con cierta razón que la FEPROUASD haya impedido iniciar el primer semestre del año con la paralización de la docencia; lo que debe ser el primer elemento a dilucidar en el diálogo convocado, y lo lógico es que den una oportunidad a ponderar sus demandas.

El problema de la UASD rebasa con mucho el asunto salarial, y debe ser objeto del diálogo con las autoridades: es si el Estado le dará los recursos imprescindibles para mantener una matrícula tan alta con una razonable calidad educativa, pues es secreto a voces que gran parte de sus egresados arrojan graves deficiencias. La tentación inmediata es limitar el ingreso, pero al mismo tiempo debemos preguntarnos qué hacer con los que queden excluidos, cuándo tendremos suficientes alternativas en educación técnica, y si el mejor subsidio no es a la educación, cuando contamos unos 400 mil jóvenes que ni estudian ni trabajan, constituyéndose en una potencial bomba social.

Nadie debe alarmarse ni condenar a priori los reclamos salariales de los grupos organizados, cuando la mayor parte de los trabajadores dominicanos carecen de capacidad de presión para mejorar sus ingresos y muchos de ven obligados a in- humanas jornadas de hasta 16 horas laborales para poder sobrevivir. Y con un promedio salarial de 9 mil pesos cuando el costo de la canasta familiar del quintil más pobre es de 13 mil pesos mensuales. Sobre todo con tan alta desigualdad salarial, especialmente en la desmesurada burocracia política estatal.

Suenan tambores reivindicativos. El viernes hubo una marcha en Santiago reclamando mejores condiciones laborales para los policías, los pensionados del Estado claman por algo más de los 5 mil 117 pesos que reciben por mes, miles de cañeros aspiran a esa miserable pensión, agrónomos, enfermeras, laboratoristas y militares también reclaman. Y la respuesta no puede ser las humillaciones y abusos que ha sufrido el teniente Raymundo Cabrera, por haber denunciado las precarias condiciones salariales y laborales del “glorioso Ejército Nacional”.

Necesitamos un acto de contrición

Por Juan Bolívar Díaz
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Si alguna vez negué a alguien el derecho a la libre expresión o condené a alguna persona por sostener convicciones fruto de su honrada concepción de la vida, tengo que hacer un acto de contrición. Durante ya más de medio siglo, desde que era un dirigente laico católico, he escrito artículos y he disertado con absoluta libertad, y he militado en la pluralidad y la diversidad como esencia de la comunicación y la condición humana.

Por esas y otras razones defiendo el derecho a la expresión de los que por convicción religiosa consideran abominable y pecado mortal toda interrupción de un embarazo, sin importar circunstancias, sin la menor concesión a los derechos y la dignidad de la mujer, a la que se le obliga a ofrendar su propia vida y generar orfandades y viudez en aras de un proyecto de vida muchas veces iniciado con violencia sobre su alma y cuerpo.

Respeto la convicción de quienes sostienen que desde que un espermatozoide y una célula madre se unen, ese accidente adquiere supremacía sobre la portadora, aunque la gestación tenga lugar fuera del útero, deviniendo en lo que se denomina embarazo ectópico. Más aún cuando se trata de pastores con responsabilidad religiosa sobre millares de fieles. Les reconozco derecho a predicar hasta que es pecaminoso utilizar recursos creados por la ciencia para evitar un embarazo no deseado, como todavía ocurre por lo menos en la Iglesia Católica. Y si sus fieles así lo aceptan en acto de libre albedrío o por convicción religiosa, ni el Estado, ni las leyes ni nadie lo pueden disputar.

Pero nunca he podido entender que algunos pastores no tengan el mismo respeto y consideración por la inmensa mayoría de la población humana que acepta los anticonceptivos y hasta la interrupción del embarazo por lo menos cuando ha sido impuesto a la fuerza, física, moral y espiritualmente traumático, cuando pone en peligro la vida de la madre o si el feto en gestación se demuestra inviable.

La prevención del embarazo, por cualquier medio, es ya más que universal y las excepciones para su interrupción están consagradas en más de 190 de los 200 países del mundo, aunque muchas iglesias siguen manteniendo objeciones que no comparten la inmensa mayoría de sus propios fieles, como han demostrado investigaciones científicas.
Aunque también hay que consignar que numerosas iglesias evangélicas, como la Anglicana o Episcopal, hace tiempo que aceptan todos los métodos de planificación familiar, y la interrupción del embarazo en las tres circunstancias en disputa en nuestro país. Igual la mayor parte de los religiosos auténticos que conozco, de ambos sexos.

Lo inaceptable es que quienes se aferran al pecado absoluto quieran imponer su concepción a toda la sociedad apelando al chantaje sobre políticos y legisladores y que estos se dobleguen en la mayoría de los casos sin ninguna convicción religiosa ni científica, por simple oportunismo político de buscar la gracia de los jerarcas obligados a defender dogmas. Todavía en Filipinas la Iglesia Católica obstruye la institución del divorcio y los políticos siguen discutiéndolo. En Chile los obispos católicos impidieron hasta el 2004 que se legislara para permitir el divorcio, que desde luego los ricos conseguían.

Creo que nadie pretende obligar a utilizar anticonceptivos ni a ningún género de aborto, aún con un embarazo peligroso, inviable o fruto de una violación. Pero tampoco se debe encarcelar a una madre que defienda su vida y su dignidad, ni obligarla al peligroso aborto clandestino, lo que solo sufren las mujeres pobres, que van a hospitales públicos, pues todos sabemos que las acomodadas y ricas lo hacen en las clínicas privadas o viajan a países vecinos donde el aborto es absolutamente libre.

El debate chantajista que ha predominado en el país sobre este asunto es indigno de los que tenemos firmes convicciones religiosas y filosóficas. Yo le daría todo mi apoyo, ternura y comprensión a una niña traumatizada que no acepte la criminal violación de su dignidad, y a la madre que no quiera jugarse la vida por un embarazo improcedente o inviable. Necesitamos un acto colectivo de contrición por este penoso debate.

El derrame del Gobernador

Por Juan Bolívar Díaz

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El gobernador del Banco Central (BC) entregó esta semana el informe de la economía nacional correspondiente al 2016, proclamando un robusto crecimiento del 6.6 por ciento del producto interno bruto (PBI), por tercer año consecutivo el más alto de toda América Latina y uno de los más altos del mundo.

El licenciado Héctor Valdez Albizu ha tenido la suerte de informar de alto crecimiento en todos los años que le ha tocado estar en la gobernación del BC, que ya suman casi dos décadas, con un intervalo de cuatro años, precisamente cuando se produjo la descomunal quiebra bancaria que contrajo el crecimiento durante un par de años.

Ese crecimiento ha sido constante durante casi seis décadas, ya que hace diez años el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sostuvo que la República Dominicana era el país de la región con mayor crecimiento en 50 años, aunque a la vez el que menos lo había aprovechado para traducirlo en desarrollo humano.

Según las estadísticas que maneja el BC, el crecimiento del año pasado repercutió en la creación de casi 150 mil nuevos empleos, y en una reducción del desempleo abierto del 7.3 al 7.1 por ciento en relación al año anterior, con una inflación menor al 2 por ciento. Son cifras que deberían motivar júbilo y despertar optimismo.

Pero el gobernador mismo es consciente de que son muchos los que mantienen escepticismo sobre el desarrollo económico dominicano, por los precarios niveles de vida de la mayoría de la población, que todavía sufre carencias de servicios elementales como agua potable, energía eléctrica, salubridad y seguridad, con un transporte desastroso, precariedad de viviendas, y todavía una educación de bajísima calidad.

No lo resaltaron los medios informativos, pero Valdez Albizu volvió a quejarse del absurdo de un alto crecimiento que no se derrama, lo que resulta incontrovertible por el bajísimo nivel del salario. Ya hace un par de años que el funcionario sostuvo que el poder adquisitivo de los asalariados se mantenía a nivel del 1991, es decir de un cuarto de siglo.

El jueves el funcionario se manifestó consternado porque el promedio de los salarios privados es de 9 mil pesos mensuales, mientras el costo de la canasta básica del quintil uno de la población, el más bajo, supera los 13 mil pesos. Es decir 31 por ciento por debajo del ingreso. Volvió a urgir a que se supere esa grave injusticia. Hace año y medio dijo que los gobernantes le habían recomendado que no hablara de eso.

Las estadísticas que registra el boletín trimestral de la Superintendencia de Pensiones son dramáticas. A septiembre pasado el salario general promedio era 9 mil 865 pesos. El 35.6 por ciento de los empleados formales, que son los que están en el sistema de seguridad social, tiene un salario menor del promedio, y otro 31 por ciento está entre uno y dos salarios promedios, es decir que recibe entre 9 mil 855 y 19 mil 710 pesos. Mientras 2.9 por ciento ganan más de 8 salarios promedio.

En otras palabras, que dos terceras partes de los asalariados formales reciben una paga que no alcanza los 20 mil pesos, cuando el promedio de las canastas familiares supera los 28 mil 773 pesos. Y la situación es peor para la gran mayoría de los trabajadores informales, que constituyen el 56 por ciento de la población laboral.

La injusticia no sólo apunta a la voracidad empresarial, sino a la grotesca desigualdad del salario del sector público, donde todavía el mínimo es de 5 mil 117 pesos, incluyendo a casi cien mil pensionados, y peor en los ayuntamientos, conviviendo con sueldos de cientos de miles de pesos y múltiples privilegios.

Si ese nivel de crecimiento es real, vale preguntarse a dónde se va, si tiene relación con nuestra extrema corrupción, y cuándo se producirá el derrame reclamado tan insistentemente por el gobernador Valdez Albizu.

Un peligroso llanero solitario

Por Juan Bolívar Díaz
22_01_2017 HOY_DOMINGO_220117_ Opinión9 A
No solo el contenido, sino también el lenguaje corporal, ese rostro adusto, casi sostenidamente enojado, demuestran por qué Trump no fue el candidato de las academias, de los científicos, de los grandes centros del pensamiento y de la comunicación, ni de las élites políticas y sociales que han hecho grande a su país, con sus aciertos y errores, y por qué llega a la presidencia con aprobación de apenas 40 por ciento y rechazo histórico del 55 por ciento de sus compatriotas. Su antecesor Barak Obama se juramentó por primera vez con 78 por ciento de aprobación y ha concluido con 60 por ciento.
El mundo y la conciencia civilista de Estados Unidos tienen razón para estar preocupados por el ascenso de este llanero solitario, que pretende cambiar de un plumazo el curso de la historia, despreciando hasta a sus aliados, y pretendiendo borrar la globalización en gran medida fruto de sus propios éxitos, para lo cual se ha comprometido a ignorar y deshacer tratados internacionales y por lo menos un siglo de la humanidad.
Contrario a lo que todo el mundo entiende, el discurso de Donald Trump presenta unos Estados Unidos al borde del colapso, víctima del resto del mundo, obligado a encerrarse en sus compras y contrataciones, como si su vasta industria pudiera sobrevivir dentro de sus fronteras, como si sus riquezas no estuvieran teñidas por el sudor y hasta la sangre de los trabajadores malpagados por los capitales transnacionales predominantemente norteamericanos. Lo ve perdido en el crimen cuando este disminuyó drásticamente en las últimas tres décadas.
Con una fortuna personal de 10 mil millones de dólares y un gabinete predominantemente de millonarios, blancos y casi todos hombres, pretende redimir el empleo que le ha arrebatado la globalización y la inmigración, ignorando los efectos de la automatización de un régimen que ha concentrado la riqueza en el uno por ciento de la humanidad, que posee lo mismo que el restante 99 por ciento, donde 8 hombres, seis de ellos estadunidenses controlan la mitad de la riqueza universal, como acaba de mostrar Oxfam Internacional, al compás de un capitalismo salvaje que ha hecho una crisis de la que los norteamericanos son los menos afectados. Promete reducir los impuestos a los más ricos y comienza revocando la ampliación de programas de salubridad de los más pobres.
El discurso es equívoco y peligroso también al plantearse el solitario exterminio del radicalismo islámico, sin la menor consideración de sus aliados históricos, como si su ejército estuviera depauperado, aunque el gasto militar norteamericano, sobre los 600 mil millones de dólares anuales, supera el del conjunto de los siguientes seis países, como plantea Eric Schmitt, en un análisis para The New York Times.
Donald Trump ha prometido demagógicamente restringir al máximo la inmigración y hasta deportar a 11 millones de inmigrantes, pero sin decir si los estadounidenses están dispuestos a sembrar y recoger la agricultura del sur y el oeste y asumir los duros trabajos mal pagados de la limpieza urbana, del transporte y los servicios domésticos y de los edificios.
Habrá que esperar para ver si el choque con la realidad de los grandes intereses norteamericanos en todo el mundo y de las élites y las urbes hacen despertar a Trump de sus sueños redentoristas-fundamentalistas. Recuérdese que al fin de cuenta no ganó en una sola ciudad de más de un millón de habitantes y que sacó casi tres millones de votos menos que su principal contrincante en la elección.
Mientras tanto, hay motivos para preocuparse por la llegada del huracán Trump a este mundo con pocos líderes extraordinarios. Cualquiera se refugia en el humanismo y la renovación espiritual que empuja, casi solo, el Papa Francisco.

El regalo de Los Tres Brazos

Por Juan Bolívar Díaz
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La venta de todo un barrio de la parte oriental de Santo Domingo, en un tráfico de clara manufactura política, con unas 13 mil familias y población estimada sobre las 70 mil personas, a precio de vaca muerta, pasará a la historia dominicana como una de las mayores iniquidades, a menos que el Presidente de la República intervenga para anularla.

No fue aprobada por el Congreso ni respetó la Ley 141-97 de capitalización de las empresas públicas, ni el espíritu de decretos de los presidentes Antonio Guzmán y Leonel Fernández.

La venta del barrio Los Tres Brazos es tan despreciable como la estafa de Bahía de las Águilas que el presidente Danilo Medina logró detener, hace un par de años, porque involucra un voraz negocio con el habitáculo de decenas de miles de seres humanos, en gran proporción pobres, que merecen el amparo del Estado.

El asunto ha saltado a los medios de comunicación en las últimas semanas con las denuncias de un comité de lucha de Los Tres Brazos, respaldado por Ciudad Alternativa y el Comité para Defensa de los Derechos Barriales, que se han dirigido al presidente Danilo Medina para que impida que continúe la intimación a que son sometidas esas familias para que paguen por terrenos estatales donde se asentaron desde finales de los años setenta.

Fue una ignominia que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) comercializara un millón 213 mil 861 metros cuadrados por 80 millones de pesos, a una empresa creada ad hoc. Los primeros 188 mil 659 metros de la parcela 153-A1 fueron vendidos el 25 de febrero del 2010 por 4 millones de pesos, es decir apenas a 21 pesos por metro cuadrado. El regalo era tan descomunal que apenas mes y medio después, por los mismos 4 millones de pesos, le vendieron 115 mil 148, parcela 155, y el metro cuadrado subió a 34.7 pesos. Dos meses después se produjo la mayor venta, de 910 mil 54 metros cuadrados, por 72 millones de pesos, ya entonces a 79 pesos por metro cuadrado.

Fue así que la empresa Inversiones Fernández Parache y Asociados (INFEPA) adquirió todo un barrio a precio de vaca muerta. Y no tuvo que desembolsar de inmediato todo el costo. La mayor operación, la de 72 millones de pesos, se inició con un pago de sólo 3 millones 600 mil pesos, la misma suma 90 días después, 75 días más tarde pagaría 28 millones 800 mil pesos, y 120 días más para saldar con 36 millones de pesos, según reza el contrato. Los propietarios crearon la comercializadora Titulatec, que es la que ahora presiona a los habitantes de Los Tres Brazos a pagar por los terrenos a precios por encima de sus posibilidades, que arrojarían beneficios estimados entre 2 y 3 mil millones de pesos.

Como era de esperarse, tanta generosidad no era inocente, pues el principal ejecutivo de la comercializadora, José de Pool Dominici, es gerente financiero del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo titular Miguel Vargas Maldonado, es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, quien lo había llevado al mismo cargo cuando fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Hipólito Mejía. Por cierto que Vargas tiene un récord impresionante en negocios hipotecarios con el Estado, que han involucrado cuestionadas operaciones como la del hotel Hispaniola, la del edificio de Aduanas, una parcela excluida de un área protegida en Samaná y un financiamiento estatal de 15 millones de dólares, saldado mediante permuta de otra propiedad.

No se puede explicar que CORDE, bajo gestión del dirigente político Leoncio Almánzar, vendiera un barrio entero, urbanizado, con calles, sistemas eléctrico y de acueducto, escuela y centro de salud, por 80 millones de pesos, suma ínfima para el salto social que representaba incorporar a 13 mil familias a un plan de titulación del Estado. Pudieron haber ofertado los solares a los mismos ocupantes. Al promedio vendido, de 66 pesos por metro cuadrado, la mayoría hubiese podido comprar por cinco o seis mil pesos.

Ante el escándalo, se impone que el gobierno tome cartas en el asunto y en tanto ningún morador debe pagar para ver si es posible desalojar a miles de familias.

Alguien debería dar explicaciones

Por Juan Bolívar Díaz
11_12_2016 HOY_DOMINGO_111216_ Opinión9 A

De inmediato me saltó a la cabeza la inquietud por saber qué pasó con los aviones Súper Tucano que compramos en el 2010, objetos de un escándalo internacional de soborno confesado por los vendedores y de sobreprecio sospechado y denunciado persistentemente. Se sabe que una de esas naves sufrió graves daños irreversibles el año pasado al salirse de la pista de aterrizaje de la base aérea de San Isidro. Pero como eran ocho, todavía deberían quedarnos los otros siete.

Dadas las circunstancias escandalosas envueltas en la compra de los 8 Súper Tucano, las autoridades debieron explicar de inmediato la justificación de la compra de otro avión para la misma tarea, apenas 6 años después que invirtiéramos para eso 93 millones 697,887 dólares, y de que se hubiese dicho muchas veces que con eso se logró reducir en gran medida las operaciones aéreas de narcotráfico sobre el territorio nacional.

Resulta difícil entender qué puede hacerse en materia de patrullaje aéreo con un avión de 975 mil dólares, que no pudiera hacerse con siete que costaron 11 millones 712,235 dólares por unidad. Más aún si tomamos en cuenta que el nuevo avión, Tecnam P2006T, solo costaba 443,900 dólares, en 2011, meses después de la adquisición de los Tucano, según el catálogo de venta del fabricante, consultado por el periódico digital Acento. Y es notable que su precio subiera más de un cien por ciento en solo cinco años.

Una hipótesis es que el nuevo avión vuela bajito y es eficiente para detectar naves marítimas. Pero se cae ante las preguntas de qué se puede hacer con uno solo, si lo volarán las 24 horas, y si no tiene más sentido atenernos a la multiplicidad de aviones de que dispone Estados Unidos para el patrullaje de los mares circundantes. Y cabe entonces otra interrogante, ¿cuál es la prioridad de esa inversión en un país con tantos hospitales carentes de equipos elementales como tomógrafos o rayos equis?

Aunque ese no fuera el propósito, uno de los efectos de esta nueva compra ha sido resaltar la barbaridad histórica de haber invertido aquellos 93 millones de dólares, de haber pagado hace 6 años 12 veces más por avión Súper Tucano, en relación al Tecnam de ahora. Pero 26 veces más si se calcula en base al costo de este último en 2011.

Aunque la transparencia, la rendición de cuentas y las respuestas a las interrogantes de la prensa son cada vez más escasas en el país, alguien del Gobierno debería dar explicaciones y justificaciones de esta compra. Mientras tanto, parece que ha sido inoportuna y hasta ofensiva, cuando la sociedad espera que se esclarezcan y sancionen las responsabilidades por lo menos de la recepción de 3.5 millones de dólares a un “alto oficial dominicano” para que el Congreso Nacional aprobara la compra de los 9 Súper-Tucano.

El soborno fue admitido por la empresa brasileña Embraer, por lo cual ya acordó pagar una multa de 205 millones de dólares ante la justicia de Estados Unidos. Aquí no se ha podido llegar a los legisladores sobornados. Mucho más difícil será que podamos disipar la duda de cuánto fue la sobrevaluación y a quién benefició. Porque eso no se dilucidó en la justicia, que no sanciona el que alguien quiera pagar demás por cualquier producto.

Pero es lógico pensar que si hubo corrupción en la aprobación, mayor debió ser en la negociación. En el 2006 Colombia compró Súper-Tucano a 2.5 millones de dólares menos. Y por cierto, nadie desmintió la reiterada información de que en Estados Unidos nos ofrecían diez aviones patrulleros por solo 25 millones de dólares.