El PRM ganó el 52% de las alcaldías y en 26 de los 38 mayores municipios

El PLD obtuvo el 41% de las alcaldías y sólo pudo ganar en 10 de los 38 mayores municipios, mientras la abstención alcanzó el 51% pero en 56 pequeños municipios votó entre el 60 y el 81%, la proporción del voto total fue de 43% el PRM y 40% el PLD

Por Juan Bolívar Díaz

Al concluir el cómputo preliminar de las elecciones municipales del domingo, el Partido Revolucionario moderno (PRM) quedó como la principal fuerza política del país, ganando 82 alcaldías, 52% del total, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quedó desplazado de la primacía que ostentaba desde las elecciones generales del 2004, quedando con el control de 64 alcaldías, el 41%.

 El PRM y sus aliados fueron ganadores en la mayoría de los centros urbanos del país, consiguiendo la victoria en 26 de los 38 mayores municipios, el 68%, y contribuyendo a la victoria de sus aliados en San Juan de la Maguana e Higüey para completar 28, equivalentes al 74% de los mismos, mientras el PLD  se imponía en mayor proporción en los pequeños y medianos.

43 a 40% en el voto total

Anoche la JCE, a petición de HOY, entregó un cuadro con la votación total por partidos, en la s elecciones municipales del domingo 15,donde el PRM y sus aliados aparecen encabezando con 43%, y el PLD 40%, con 1,503 mil 076 votos para el primero, y 1,415 mil 860 para el segundo. El PRSC y aliados aparecen con 210 mil 472, para un 6%. El PRD solo acumuló 55 mil 900 votos y con aliados 5,178. Fuerza del Pueblo no encabezó muchas alianzas, por las circunstancias de tiempo en que se forjó. 

Según el informe, la votación general alcanzó a 3 millones 497 mil 193, un 49.12 del total de empadronados que era 7 millones 487 mil 40. Los votos nulos sumaron 179 mil 261, equivalentes a l 5.13%. Pero el cómputo final arroja una victoria del PRM y sus aliados, en 82 de los 158 municipios, para un 52%, mientras el PLD salía adelante en 64 para un 41% del total. Los partidos Revolucionario Social Cristiano y Revolucionario Dominicano, que dominaron el escenario político de la segunda mitad del siglo pasado, quedaron relegados, logrando ganar sólo en 7 y 3 de los municipios, respectivamente, por sus alianzas. El Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y el Partido Popular Cristiano (PPC)  obtuvieron los dos restantes.

El cómputo concluyó la noche del jueves, cuando pudieron procesar la totalidad de los colegios de San Pedro de Macorís y San Cristóbal, donde los resultados fueron estrechos en favor del PRM y aliados. En el primero arrojó una diferencia de 512 sufragios, y menos del 1%, con 29.91 a 29.09, y allí se generaron tensiones que llevaron el miércoles a una renuncia del presidente de la Junta Electoral Municipal, que luego retiró. En San Cristóbal la diferencia fue de 1,042 votos, con porcentajes de 43.34 a 41.83%, de 1.51%.

En relación a los 106 alcaldes ganados en el 2016, el PLD retrocedió en 42, equivalentes al 42%, en tanto el PRM avanzó de 30 a 82, con ganancia neta de 52, que representan un incremento de 173%,

En los grandes municipios

La victoria del PRM y sus aliados fue contundente en la mayoría de los grandes centros urbanos del país, incluyendo el Distrito Nacional y las  cabeceras de las 31 provincias. De los 38 municipios más poblados, se impuso en 26 para un 68%, que alcanza a 28 y al 74% cuando se le agregan los de San Juan de la Maguana e Higüey, donde contribuyó a las candidaturas del PRSC y al BIS, que personificaron alianzas locales. El PLD sólo pudo ganar en 10 de los grandes municipios, y en sus tres mayores, Santiago, Santo Domingo Norte y Moca, habría contado con el voto total de los peledeístas antes de la división que originó el Partido Fuerza del Pueblo, liderado por Leonel Fernández, que no postuló a nadie en los mismos. Los tres alcaldes electos allí son señalados como leonelistas.

La victoria del PMR fue arrolladora en el gran Santo Domingo, donde ganó en el DN y en 5 de los 7 municipios de la provincia más poblada, los de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Guerra. En los dos mayores, DN y SDE con votación de 60 y 58%. El PLD sólo ganó Santo Domingo Norte, con 54% y Boca Chica, por 31 a 28% del PRM. Ahí el Partido Cívico Renovador alcanzó 18% y el PRD 12%, único caso en todo el país que hubo 4 partidos con más del 10%.

Fue notorio que el PLD ganó las alcaldías de una gran proporción de los pequeños y medianos municipios, especialmente en la franja fronteriza y en el sur profundo. Pero en esta región perdió en todos los grandes municipios, al igual que en la región oriental,  ambas en las que dominó absolutamente el PRM.

La abstención fue el 51%   

La JCE informó que los concurrentes a los comicios municipales fueron 3 millones 496 mil 882 ciudadanos, de los 7 millones 487 mil 040 empadronados, para un porcentaje del 49%, ligeramente por encima del 47% que promedió el voto en las cuatro elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales entre los años 1998 y 2010. Pero se quedó muy lejos del 70% que se dijo en actitud de votar en varias de las encuestas publicadas en este año. Se cree que el anuncio del aislamiento del país, por el coronavirus, apenas 12 horas antes de abrirse las urnas, incrementó los temores a contraer la enfermedad y redujo la participación.

Siempre ha sido mayor la participación en los pequeños y medianos municipios, pero esta vez se acentuaron las diferencias. En el DN sólo votó el 43%, y en los 3 grandes municipios de  la provincia Santo Domingo apenas entre 37 y 39%. En Santiago 38, La Vega, Puerto Plata, Moca, San Cristóbal, por debajo del promedio. En cambio hubo pequeños como Cristóbal donde votó 81%, Jaquimeyes y la Ciénega 79%, Fundación 78% y El Peñón y Los Cacos 76%. En otros 55 municipios la votación osciló entre 60 y 70%.       

Esas diferencias se reflejaron en que la distancia de votación total no fuera mayor entre el PLD y el PRM con sus aliados. Promedio de votación alta en los pequeños del PLD, y muy baja en los grandes que dominó el perremeísmo. Los peledeístas ganaron poco más de la mitad de los distritos municipales, muchos de ellos con entre 5 y 20 colegios electorales.

 Hubo un factor adicional que contribuyó a reducir la diferencia entre los dos mayores bloques de partidos: En la mayoría de los grandes centros urbanos los votos nulos pasaron del 5% y en muchos del 7 y hasta 8%, mientras en la mayoría de los pequeños y medianos oscilaban entre 1 y 3%. Se puede atribuir al tamaño de las boletas y a que en las grandes ciudades las disputas logran anular más votos que en las pequeñas, donde la gente se conoce y hay menor tendencia a pedir anulación del voto. Aunque puede presumirse mayor nivel educativo en las urbes.

La proyección para mayo

La interpretación de los resultados, consonantes con las encuestas independientes de enero y febrero, no permiten una proyección firme para la elección presidencial, aunque mantienen la posibilidad de un triunfo en primera vuelta del candidato presidencial del PRM Luis Abinader, como ya indicó la Greenberg-Diario libre. Más aún si aumenta la participación de los empadronados del 49% alcanzado ahora, al promedio del 70% en las presidenciales de las últimas cuatro décadas. Eso tomando en cuenta los altos porcentajes registrados por el PRM en los grandes municipios, donde ahora fue menor la proporción de concurrentes.

Es obvio que las elecciones de mayo estarán dependiendo del nivel que alcance el coronavirus en el país y el efecto disuasorio del voto que pueda provocar. Pero también podría acentuar el bipartidismo por cansancio de votaciones y deseo de la población de salir de la incertidumbre. Más aún cuando todas las encuestas independientes proyectan una victoria sobre el 60% para Luis Abinader en una eventual segunda  vuelta.

Por demás, la dispersión del voto en las municipales es muy grande, porque las alianzas fueron múltiples y parciales, apenas en el 20% de las candidaturas, y lo mismo ocurrirá en las elecciones congresuales, pero en la presidencial los partidos aliados llevan un mismo candidato.

RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2020

CABECERAS DE PROVINCIAS Y PRINCIPALES CENTROS URBANOS

% % Votos Resultados  % Resultados %
Municipios Electores Votantes Nulos PRM y A PLD y A
Azua 50,317 56.30 3.54 53.31 44.83
Baní 81,879 41.14 7.55 57.81 34.05
Barahona 47,039 50.90 4.34 44.17 42.56
Bonao 56,742 39.48 7.01 46.32 25.86
Comendador 11,653 64.38 3.95 38.85 36.98
Cotui 43,660 61.33 2.57 54.26 43.37
Dajabón 20,959 64.44 2.69 50.80 46.66
Distrito Nacional 858,890 43.21 4.88 57.46 32.27
El Seibo 32,596 58.85 5.32 50.93 37.90
Hato Mayor 37,398 57.07 4.42 48.49 23.69
Jimaní 4,692 76.96 1.30 39.87 60.13
La Romana 127,524 37.43 4.29 20.04 32.38
La Vega 169,359 45.36 7.39 57.96 30.05
Mao 31,803 49.01 4.34 54.36 35.61
Moca 86,090 43.09 4.91 41.12 52.94
Monte Planta 20,293 67.58 3.81 41.80 35.75
Montecristi 18,932 64.27 2.23 43.64 46.76
Nagua 37,764 48.27 3.34 44.06 30.98
Neyba 21,394 66.32 2.59 42.50 53.66
Pedernales 10,486 60.52 3.58 48.10 35.61
Puerto Plata 113,979 45.69 4.56 54.50 40.09
Salcedo 34,781 54.71 4.39 41.14 43.10
Samaná 27,258 50.64 5.70 45.28 32.73
San Cristóbal 153,154 48.78 7.83 43.36 41.80
San Francisco de Macorís 136,312 36.85 7.68 51.53 37.69
San Ignacio de Sabaneta 30,576 61.13 2.65 48.01 36.17
San José de Ocoa 25,029 56.06 2.87 40.69 55.28
San Pedro de Macorís 159,251 42.58 8.85 29.91 29.09
Santiago de los Caballeros 464,126 34.33 6.70 38.38 49.62
Santo Domingo Este 676,540 37.04 6.26 59.83 34.70
Santo Domingo Norte 315,491 39.44 7.86 38.42 53.53
Santo Domingo Oeste 271,943 38.67 6.60 52.23 29.22
Los Alcarrizos 129,757 41.40 8.77 41.27 37.23
Bajos de Haina 61,755 48.00 5.80 49.97 39.22
Boca Chica 54,476 51.41 5.25 28.04 30.80
Pedro Brand 25,429 56.06 4.31 40.30 35.99
Resultados  % Resultados %
PRSC y A PLD y A
San Juan de la
Maguana
66,325 55.88 6.49 52.23 44.9
Resultados  % Resultados %
BIS y A PLD y A
Higüey  118,865 42.83 4.7 54.38 41.88

Pesan la corrupción y la impunidad

                                               Por Juan Bolívar Díaz

Durante los años 2017 y 2018, a raíz de la explosión del escándalo Odebrecht que embarró hasta el tuétano los gobiernos de los últimos 16 años del Partido de la Liberación Dominicana, se desarrolló en el país la mayor manifestación social de nuestra historia. La Marcha Verde fue un primer grito multitudinario contra la corrupción y la impunidad, que no fue escuchado en las alturas del poder.

Consideraron que era cuestión de tiempo para que los ciudadanos y ciudadanas se cansaran de marchar, y así ocurrió en efecto, aunque algunos advertimos que la coyuntura electoral del 2020 iba a propiciar el resurgimiento de esas protestas, y de ahí que surgieran iniciativas buscando capitalizar ese descontento, por ejemplo la Coalición Democrática para la Regeneración Nacional, emprendida por profesionales y activistas sociales, que ha promovido la integración de una coalición de siete partidos políticos y grupos cívicos en base a una veintena de objetivos para el rescate de la institucionalidad democrática, el combate a la corrupción, el fin de la impunidad y las reformas económicas sociales que demanda la nación.

Gran parte de los jóvenes que en las últimas semanas han protagonizado las protestas por el asalto electoral del 16 de febrero, fueron protagonistas de la Marcha Verde. Y están dando el segundo aviso, ya no sólo a los actuales gobernantes, sino que, conscientes de que es un inminente un cambio de gobierno, están adelantando una advertencia  a los que pueden llegar en agosto próximo, que ya no habrá  indiferencia ni adormecimiento de la juventud dominicana, que ellos van a tomar en sus manos el destino de la nación y van a imponer orden sobre una clase política demasiada enfocada en el aprovechamiento del poder para el enriquecimiento personal, envileciendo a diestra y siniestra para justificarse y prolongarse.

La corrupción y la impunidad ya aparecen entre las mayores preocupación de la sociedad dominicana. En la encuesta Greenberg-Diario Libre de la semana pasada alcanzó 45 por ciento, casi duplicando al desempleo y la inseguridad ciudadana. Es que la corrupción de arriba y la impunidad repercuten en la delincuencia abajo y por tanto no sólo sustraen los recursos de toda la sociedad, sino que además incentivan la inseguridad ciudadana.

En el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2017-18, cuando estaba en su apogeo la Marcha Verde, el país quedó sub-campeón en los indicadores de corrupción, sólo superado por Brasil entre 137 evaluados. Nos dejaron en el escalón 136 en favoritismo de los funcionarios públicos, 135 en desvío de los fondos públicos, 133 en políticas antimonopólicas, 132 en ética empresarial, y 131 en eficiencia del gasto público.

Cualquiera tiene la tentación de creer que nos lo hicieron de maldad. Y otros que eso quedó atrás. Pero el retroceso se manifiesta también en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional publicado en enero pasado. Sacamos 28 de 100 puntos,  quedando en el escalón 137, entre 182 evaluados, peor que el 78 por ciento de los países del continente, y en América Latina sólo mejor que Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, todos sumidos en la pobreza, que para muchos se relaciona con la corrupción.

En esta evaluación, en el 2006 el país ocupaba la posición 99, y para el 2012, al concluir el gobierno de Leonel Fernández, había descendido 19 escalones, a la 118, pero en los dos periodos de Danilo Medina prosiguió cayendo justo en otras 19 posiciones, para completar 38 en 14 años.

La corrupción y la impunidad tienen un peso grande en el descalabro político que se advierte para el partido gobernante. Es que si la malversación, el robo y el despilfarro representan el 3.5% del PIB como estimó un estudio del BID, fueron unos 165 mil millones de pesos el año pasado, 20 veces los 7 mil millones de pesos invertidos por año en las publicitadas “visitas sorpresas” del presidente Medina. Con esa suma se hubiesen hecho en un año 40 proyectos de viviendas como el de la Nueva Barquita.

La prioridad número uno del próximo gobierno será reducir drásticamente la malversación y rescatar la independencia y credibilidad de la justicia, del ministerio público y la policía, así como de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General para poner un dique a la impunidad. y que el Congreso asuma su responsabilidad de fiscalizar en vez del reparto clientelista. En pocas palabras, rescatar la institucionalidad democrática.   

Razones para votar el domingo

Por Juan Bolívar Díaz

Todos los dominicanos y dominicanas están convocados para elegir las autoridades municipales este domingo 16 de mayo, por primera vez en más de medio siglo separadas de las elecciones  presidenciales y congresuales en virtud de la reforma constitucional del 2010, y hay razones de sobra para hacerlo con responsabilidad y entusiasmo.

En primer lugar, porque urge reivindicar el municipio como la puerta que da entrada a la participación democrática, el estamento del Estado más cercano a la población, concebido por los fundadores de la República como uno de los poderes fundamentales.

Acudir a las urnas este domingo es imperativo como rechazo al nefasto presidencialismo y al centralismo que ha caracterizo la aún incipiente y tambaleante democracia dominicana. Es una forma de condenar el desprecio de nuestros gobernantes por la Ley General de Municipios y del Distrito Nacional 176-07, que destina el 10 por ciento de los ingresos nacionales a la administración municipal.

Vale recordar que ya una ley anterior, la 166-03 del 2003, dispuso que a partir del año siguiente se destinaba el 8 por ciento de los ingresos nacionales a los ayuntamientos, y desde el 2005 el 10 por ciento. Quince años después la proporción que se les entrega no llega al 3 por ciento, menos de la tercera parte, viniendo en retroceso desde que el primer año se les diera el el 6 por ciento. Sólo el gobierno del presidente Danilo Medina, entre el 2013 y 2018, despojó a los municipios de 184 mil 622 millones de pesos, que con otros 45 mil el año pasado, sobrepasan los 230 mil millones.

Hay otra poderosa razón para acudir a las urnas el domingo, y es la necesidad de iniciar un cambio político institucional de profundidad, que desmonte el entramado de dominio político impuesto con ventajismo y sin el menor escrúpulo por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El cambio que se preconiza y adelantan las encuestas, debe comenzar desde abajo.

Por lo menos la Coalición Democrática por el Cambio, que encabeza el Partido Revolucionario Moderno junto a otros 5 partidos políticos y numerosos grupos sociales, el partido Alianza País y otras entidades partidarias emergentes, proponen formas diferentes de hacer política y de gestionar la cosa pública, condenando la corrupción y proscribiendo la nefasta impunidad que la auspicia. También restablecer la independencia de los poderes del Estado, y de sus órganos de control, liberándolos del secuestro en que han  devenido.   

Nadie puede exhibir un certificado de garantía de que tales promesas serán estrictamente cumplidas, eso sólo será posible con la participación militante de la ciudadanía, con el mismo vigor que exhibió durante dos años en la Marcha Verde.

La responsabilidad es particularmente relevante para las nuevas generaciones, esos jóvenes que casi a la cuarta parte carecen hoy de oportunidades de estudiar y de trabajar, que hasta en 60 por ciento manifiestan deseos de emigrar, algo que cada vez será más difícil, pues las puertas e la inmigración se están cerrando por todas partes del mundo. Y los dominicanos no podremos enviar otros 2 millones fuera como hicimos en las últimas seis décadas, para  que ahora se hayan convertido en una de las principales fuentes de ingresos nacionales, con un estimado preliminar de 7 mil 50 millones de dólares en el 2019, es decir más de 373 mil millones de pesos, que superaron el 50 por ciento de los ingresos fiscales.

Acudir a las urnas es un imperativo vistas la irrupción del gobierno en la campaña electoral, y la recurrencia en abusar, sin el menor pudor, del patrimonio público para comprar la conciencia y el voto precisamente de las mayores víctimas de la malversación y la corrupción, que se reproduce en delincuencia e inseguridad.

Las urnas nos ofrecen la oportunidad de sancionar la despampanante corrupción, negando el voto a los que han prostituido los organismos de justicia, de control y fiscalización de la cosa pública. Sobre todo cuando se quieren ratificar con métodos antidemocráticos, que niegan las más elementales condiciones de libertad, equidad, transparencia y objetividad que preconizan la Constitución de la República y numerosas normativas legales.

Ojalá que no perdamos la oportunidad de este domingo, y que esta nación inicie una nueva etapa para exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes resulten electos, lo mismo que en los comicios presidenciales y congresuales de mayo próximo. Que abandonemos la pasividad y proclamemos la revolución cultural del imperio de la ley.-         

Valioso apoyo a la democracia

Por Juan Bolívar Díaz

Por ahí ruedan voceros oficiales y oficiosos   ofendidos por la posición sostenida por la Conferencia del Episcopado Dominicano y el gobierno de Estados Unidos respaldando los reclamos nacionales para que el proceso electoral en marcha se realice con las garantías de  “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, que consagran los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República.

En particular los que pretenden ganar las elecciones a cualquier precio y por encima de todo, se sienten ofendidos con esta “nueva expresión de la injerencia norteamericana” y tratam de evadir la Carta Pastoral de los obispos reviviendo  la complicidad que tuvo la Iglesia Católica con la tiranía de Trujillo y con el golpe de Estado al gobierno democrático de Juan Bosch, como si no hubiese pasado más de medio siglo.

En ninguno de los dos casos tienen razón quienes pretenden mantenerse en el poder a cualquier costo. Nadie debe preferir que ningún estado extranjero, ni tampoco  los pastores religiosos tengan que mediar para que funcionen las instituciones democráticas. Tampoco   que haya que apelar a un gobierno extranjero para financiar y realizar una auditoría a los equipos para la elección de las autoridades nacionales. Como tampoco deberíamos tener necesidad de que la sociedad civil se ponga en pie para garantizar el derecho a elegir y el respeto a la voluntad popular.     

Ese nacionalismo es insostenible en un mundo tan interrelacionado, donde los conceptos de soberanía han quedado  relativizados por principios jurídicos y tratados internacionales, que incluyen sanciones para aquellos países que los violenten, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima el 11 de septiembre del 2001 por el conglomerado de naciones del continente.

Se trata de posiciones hipócritas: justifican  que el gobierno de Danilo Medina se haya  asociado con Estados Unidos para aislar y sancionar a la Venezuela de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo se ofenden porque el comunicado de la embajada norteamericana donde se anunció el financiamiento de la auditoría al sistema informático electoral, precisa que Estados Unidos apoya “la realización de elecciones libres, justas y transparentes”.

La diplomacia norteamericana ha reiterado su decisión  de contribuir para que la institucionalidad democrática salga fortalecida del proceso electoral, como cuestión básica para mantener la estabilidad política y económica de la nación. Es del interés nacional, aunque también de Estados Unidos. Para la isla es más que suficiente la penosa y terrible situación de ingobernabilidad de Haití, y los conflictos que proliferan por el continente, especialmente en la subregión, que incluyen a Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y más allá a Colombia y Ecuador, Bolivia y Chile.

Sin el menor rubor hay que celebrar que la posición de Estados Unidos coincida con el interés nacional y hasta agradecerla, lo que en realidad viene ocurriendo desde la transición democrática de 1978. La mayoría de las reformas políticas, y socioeconómicas  realizadas en el país en las últimas décadas han contado con el apoyo financiero de instituciones norteamericanas. La promoción de la institucionalidad no ha sido excepción desde el proyecto de Iniciativas Democráticas auspiciado por la AID en la década de los noventa.

En cuanto a las iglesias, particularmente a la jerarquía católica, hay que agradecerle también su defensa de los derechos sociales y políticos, en lo que se han distinguido muchos pastores. En su Carta Pastoral de la semana pasada, los obispos fueron bien clareos al rememorar su pronunciamiento de hace justo 60 años que rompió un largo silencio  y contribuyó a la liquidación de la tiranía de Trujillo.

Plantean que “en esta hora decisiva para el futuro de nuestro país, quieren llegar a las conciencias con el mismo espíritu de 1962, “dentro de un “contexto social y político diferente, pero frente a un proceso con muchas demandas similares,  y fundamentalmente la necesidad de elecciones libres. Tras advertir sobre la ola de convulsiones sociales que sacuden el continente, dicen que “la política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad”.       Los dos planteamientos de la semana pasada contienen un mensaje bien claro para todo el que tenga capacidad para leer y escuchar.-