Razones para votar el domingo

Por Juan Bolívar Díaz

Todos los dominicanos y dominicanas están convocados para elegir las autoridades municipales este domingo 16 de mayo, por primera vez en más de medio siglo separadas de las elecciones  presidenciales y congresuales en virtud de la reforma constitucional del 2010, y hay razones de sobra para hacerlo con responsabilidad y entusiasmo.

En primer lugar, porque urge reivindicar el municipio como la puerta que da entrada a la participación democrática, el estamento del Estado más cercano a la población, concebido por los fundadores de la República como uno de los poderes fundamentales.

Acudir a las urnas este domingo es imperativo como rechazo al nefasto presidencialismo y al centralismo que ha caracterizo la aún incipiente y tambaleante democracia dominicana. Es una forma de condenar el desprecio de nuestros gobernantes por la Ley General de Municipios y del Distrito Nacional 176-07, que destina el 10 por ciento de los ingresos nacionales a la administración municipal.

Vale recordar que ya una ley anterior, la 166-03 del 2003, dispuso que a partir del año siguiente se destinaba el 8 por ciento de los ingresos nacionales a los ayuntamientos, y desde el 2005 el 10 por ciento. Quince años después la proporción que se les entrega no llega al 3 por ciento, menos de la tercera parte, viniendo en retroceso desde que el primer año se les diera el el 6 por ciento. Sólo el gobierno del presidente Danilo Medina, entre el 2013 y 2018, despojó a los municipios de 184 mil 622 millones de pesos, que con otros 45 mil el año pasado, sobrepasan los 230 mil millones.

Hay otra poderosa razón para acudir a las urnas el domingo, y es la necesidad de iniciar un cambio político institucional de profundidad, que desmonte el entramado de dominio político impuesto con ventajismo y sin el menor escrúpulo por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El cambio que se preconiza y adelantan las encuestas, debe comenzar desde abajo.

Por lo menos la Coalición Democrática por el Cambio, que encabeza el Partido Revolucionario Moderno junto a otros 5 partidos políticos y numerosos grupos sociales, el partido Alianza País y otras entidades partidarias emergentes, proponen formas diferentes de hacer política y de gestionar la cosa pública, condenando la corrupción y proscribiendo la nefasta impunidad que la auspicia. También restablecer la independencia de los poderes del Estado, y de sus órganos de control, liberándolos del secuestro en que han  devenido.   

Nadie puede exhibir un certificado de garantía de que tales promesas serán estrictamente cumplidas, eso sólo será posible con la participación militante de la ciudadanía, con el mismo vigor que exhibió durante dos años en la Marcha Verde.

La responsabilidad es particularmente relevante para las nuevas generaciones, esos jóvenes que casi a la cuarta parte carecen hoy de oportunidades de estudiar y de trabajar, que hasta en 60 por ciento manifiestan deseos de emigrar, algo que cada vez será más difícil, pues las puertas e la inmigración se están cerrando por todas partes del mundo. Y los dominicanos no podremos enviar otros 2 millones fuera como hicimos en las últimas seis décadas, para  que ahora se hayan convertido en una de las principales fuentes de ingresos nacionales, con un estimado preliminar de 7 mil 50 millones de dólares en el 2019, es decir más de 373 mil millones de pesos, que superaron el 50 por ciento de los ingresos fiscales.

Acudir a las urnas es un imperativo vistas la irrupción del gobierno en la campaña electoral, y la recurrencia en abusar, sin el menor pudor, del patrimonio público para comprar la conciencia y el voto precisamente de las mayores víctimas de la malversación y la corrupción, que se reproduce en delincuencia e inseguridad.

Las urnas nos ofrecen la oportunidad de sancionar la despampanante corrupción, negando el voto a los que han prostituido los organismos de justicia, de control y fiscalización de la cosa pública. Sobre todo cuando se quieren ratificar con métodos antidemocráticos, que niegan las más elementales condiciones de libertad, equidad, transparencia y objetividad que preconizan la Constitución de la República y numerosas normativas legales.

Ojalá que no perdamos la oportunidad de este domingo, y que esta nación inicie una nueva etapa para exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes resulten electos, lo mismo que en los comicios presidenciales y congresuales de mayo próximo. Que abandonemos la pasividad y proclamemos la revolución cultural del imperio de la ley.-         

Valioso apoyo a la democracia

Por Juan Bolívar Díaz

Por ahí ruedan voceros oficiales y oficiosos   ofendidos por la posición sostenida por la Conferencia del Episcopado Dominicano y el gobierno de Estados Unidos respaldando los reclamos nacionales para que el proceso electoral en marcha se realice con las garantías de  “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, que consagran los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República.

En particular los que pretenden ganar las elecciones a cualquier precio y por encima de todo, se sienten ofendidos con esta “nueva expresión de la injerencia norteamericana” y tratam de evadir la Carta Pastoral de los obispos reviviendo  la complicidad que tuvo la Iglesia Católica con la tiranía de Trujillo y con el golpe de Estado al gobierno democrático de Juan Bosch, como si no hubiese pasado más de medio siglo.

En ninguno de los dos casos tienen razón quienes pretenden mantenerse en el poder a cualquier costo. Nadie debe preferir que ningún estado extranjero, ni tampoco  los pastores religiosos tengan que mediar para que funcionen las instituciones democráticas. Tampoco   que haya que apelar a un gobierno extranjero para financiar y realizar una auditoría a los equipos para la elección de las autoridades nacionales. Como tampoco deberíamos tener necesidad de que la sociedad civil se ponga en pie para garantizar el derecho a elegir y el respeto a la voluntad popular.     

Ese nacionalismo es insostenible en un mundo tan interrelacionado, donde los conceptos de soberanía han quedado  relativizados por principios jurídicos y tratados internacionales, que incluyen sanciones para aquellos países que los violenten, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima el 11 de septiembre del 2001 por el conglomerado de naciones del continente.

Se trata de posiciones hipócritas: justifican  que el gobierno de Danilo Medina se haya  asociado con Estados Unidos para aislar y sancionar a la Venezuela de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo se ofenden porque el comunicado de la embajada norteamericana donde se anunció el financiamiento de la auditoría al sistema informático electoral, precisa que Estados Unidos apoya “la realización de elecciones libres, justas y transparentes”.

La diplomacia norteamericana ha reiterado su decisión  de contribuir para que la institucionalidad democrática salga fortalecida del proceso electoral, como cuestión básica para mantener la estabilidad política y económica de la nación. Es del interés nacional, aunque también de Estados Unidos. Para la isla es más que suficiente la penosa y terrible situación de ingobernabilidad de Haití, y los conflictos que proliferan por el continente, especialmente en la subregión, que incluyen a Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y más allá a Colombia y Ecuador, Bolivia y Chile.

Sin el menor rubor hay que celebrar que la posición de Estados Unidos coincida con el interés nacional y hasta agradecerla, lo que en realidad viene ocurriendo desde la transición democrática de 1978. La mayoría de las reformas políticas, y socioeconómicas  realizadas en el país en las últimas décadas han contado con el apoyo financiero de instituciones norteamericanas. La promoción de la institucionalidad no ha sido excepción desde el proyecto de Iniciativas Democráticas auspiciado por la AID en la década de los noventa.

En cuanto a las iglesias, particularmente a la jerarquía católica, hay que agradecerle también su defensa de los derechos sociales y políticos, en lo que se han distinguido muchos pastores. En su Carta Pastoral de la semana pasada, los obispos fueron bien clareos al rememorar su pronunciamiento de hace justo 60 años que rompió un largo silencio  y contribuyó a la liquidación de la tiranía de Trujillo.

Plantean que “en esta hora decisiva para el futuro de nuestro país, quieren llegar a las conciencias con el mismo espíritu de 1962, “dentro de un “contexto social y político diferente, pero frente a un proceso con muchas demandas similares,  y fundamentalmente la necesidad de elecciones libres. Tras advertir sobre la ola de convulsiones sociales que sacuden el continente, dicen que “la política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad”.       Los dos planteamientos de la semana pasada contienen un mensaje bien claro para todo el que tenga capacidad para leer y escuchar.-