Hay que evadir una crisis institucional en medio de la pandemia y la parálisis

La prioridad nacional tiene que ser  incrementar los esfuerzos por contener la expansión del coronavirus y planificar la reactivación económica, pero también hay que elegir un nuevo gobierno antes del 16 de agosto para ahorrarnos una crisis institucional 

                                               Por Juan Bolívar Díaz

AME7989. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 25/03/2020.- Agentes de la Policía Nacional dominicana controlan a vehículos en un retén durante el toque de queda este martes en Santo Domingo (República Dominicana). El número de fallecidos en la República Dominicana a causa del coronavirus aumentó de 6 a 10, mientras que los contagiados subieron de 312 a 392, informó hoy el ministro de Salud Pública. Dominicana se encuentra en estado de emergencia desde el pasado jueves, el Gobierno ha decretado el cierre de fronteras y ha impuesto un toque de queda de 8.00 de la noche a 6.00 de la mañana desde el pasado viernes. EFE/Orlando Barría

Hace lo correcto la Junta Central Electoral (JCE) al iniciar el proceso organizativo de las elecciones presidenciales y congresuales, ahora convocadas para el 5 de julio y toda la sociedad debe entender que la pandemia del coronavirus y sus graves repercusiones económicas y sociales no aguanta una ruptura de la institucionalidad democrática.

Aunque predomina la incertidumbre, hay que trabajar para hacer posible una concurrencia a las urnas que legitime un nuevo gobierno el 16 de agosto, partiendo de la convicción de que en otros dos meses habrá que controlar la crisis de salubridad para evitar la insostenibilidad del país, y hasta aprender a convivir con el virus.

El gran empeño nacional

 Es más que deplorable que el gobierno no haya respondido a la demanda de concertación formulada no sólo por los partidos opositores, sino también por una considerable parte de la sociedad que pide desplegar todas las energías para emprender unidos la batida a la crisis del coronavirus que sigue expandiéndose, con su secuela de muertes y la deriva de parálisis económica y social.      

Esa concertación era más imperativa por las circunstancias de que el país se encuentra en el final de un proceso electoral y todas las acciones gubernamentales rebasarán el límite de los ya menos de cuatro meses que le resta al gobierno. Incluso, no se puede vislumbrar que las nuevas autoridades a ser investidas el 16 de agosto puedan emprender la enorme tarea de reparación sanitaria, económica y social, sin precedente por su carácter universal, sin  desatar una gran sinergia nacional, apelando a todos los sectores organizados.

 Aunque el planteamiento de la concertación fue enarbolado originalmente por los candidatos presidenciales de oposición Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno, ha encontrado eco en dirigentes empresariales, religiosos y sociales. Esta semana la apoyó la comisión permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano en un comunicado, y antes dirigentes evangélicos, de asociaciones empresariales, gremios profesionales, medios de comunicación y el Foro Ciudadano, que agrupa más de 200 organizaciones y redes sociales. El gobierno no se ha preocupado de incorporar a la comisión creada para dar seguimiento a la crisis, ni siquiera al Colegio Médico o a la Asociación Dominicana por el Derecho a la Salud, que reúne a más de 50 entidades vinculadas a ese sector.

Sin salida a la vista

 Tras el optimista discurso del presidente Danilo Medina el 17 de abril, donde consideró que el país se acercaba a “la meseta”, o aplanamiento de la curva ascendente de los contaminados y fallecidos, se produjo un relajamiento de la emergencia y miles salieron a las calles tratando de reanudar sus actividades productivas, lo que también fue demandado por sectores económicos, pero la realidad obligó a frenar, mientras los expertos nacionales y los organismos internacionales advertían de los riesgos de precipitar decisiones que pudieran empeorar la expansión del virus.

 Hasta en el gobierno se advirtió una divergencia, pero al final predominó la decisión de esperar, al menos hasta el fin del mes cuando terminaba la emergencia aprobada por el Congreso, según anunció el presidente Medina a mitad de semana, pero ayer viernes pidió una segunda extensión del período, ahora hasta el 25 de mayo. En tanto se reanudaba el esfuerzo por mantener a la población en la reclusión.

 La tardanza con que el gobierno respondió a los requerimientos, con repetidos fracasos en proporcionar las pruebas requeridas para detectar la enfermedad a tiempo y aislar a los portadores, y en el suministro de equipos, medicamentos y materiales tan elementales como mascarillas y guantes, que todavía el miércoles las enfermeras reclamaban, más las debilidades de los servicios que arrastra la salud pública, determinaron que se perdiera una parte del tiempo consumido en una reclusión de poca rentabilidad. Ayer las estadísticas nacionales marcaban 5 mil 749 contaminados y 267 fallecidos, con una ligera tendencia a la moderación, pues la tasa de muertes cayó por primera vez por debajo de 4% , mientras la de sanados subía hasta 13%, casi la mitad de la internacional que estaba en 27%. Con todo sol se vislumbra aún el horizonte de la enfermedad.

El hambre no resistirá

 El país está urgido de resultados positivos a corto tiempo, o tendrá que correr los riesgos y comenzar a reanudad las actividades productivas, porque la estructura socioeconómica nacional no resiste una parálisis mucho más extensa, aunque el gobierno haya puesto bastante empeño en socorrer a los desempleados suspendidos y a una parte de los trabajadores informales. Los primeros pasaron de 800 mil y los informales son  estimados alrededor de 2.3 millones, las mayoría de los cuales no han sido alcanzados por los subsidios de emergencia. Y la asistencia de 5 a 8 mil 500 pesos, queda lejos del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, situado en 14 mil 200 pesos.

Aunque todavía hay quienes insisten en creer que el problema es la violación del toque de queda nocturno, lo que es falso acorde al informe de que 45 mil habían sido detenidos por violarlo, en el primer mes, pues esos apenas representan el 0.4% de la población. La ruptura del aislamiento se produce en el día cuando los trabajadores informales tratan de reemprender actividades que les permitan sobrevivir. Cada d+ioa será m´s difícil mantenerlos  encerrados, como han documentado las fotografrías y videos de los medios informativos. Ya el predicador evangélico Ezequiel Molina advirti´´o la posibilidad de estallidos sociales, simplemente por hambre.

Los daños a la economía nacional serán dramáticos, con el turismo sin perspectivas por lo menos para este año, con fuerte reducción de las remesas, por el desempleo en los principales refugios de la diáspora dominicana. En Estados Unidos hay ya 26 millones de trabajadores que han solicitado subsidio de desempleo. Turismo y remesas aportaron más de 15 mil millones de dólares al país en el 2019. El centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles vaticina un aumento del desempleo en el país de entre 407 y 667 mil personas.  

Organizar las elecciones

 “Si somos capaces de hacer filas en los bancos y aglomerarnos en los mercados y supermercados, hacer tertulias en cualquier lugar, pues adóptense las medidas sanitarias de lugar para que en julio se celebren elecciones. Su no celebración hará más daño al país que el covid-19”, escribió en las redes sociales esta semana el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero, consciente del peligro de arriesgar la institucionalidad democrática.  e.

Tal vez por eso, a pesar de la crisis internacional, la representación de la Unión Europea informó que el 6 de junio llegará al país una Misión Electoral de Expertos para asesorar a la JCE en la preparación de las elecciones, mientras expertos de la OEA anuncian que entregarán próximamente un instructivo para votar con el Covid-19. La Comisión de Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero se reunió esta semana con el pleno del organismo, alentando el nuevo calendario anunciado.

Desde la sociedad civil, el Manifiesto por Elecciones Transparente, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana y el Foro Ciudadano  también alientan las expectativas de que se puedan organizar las elecciones y evitar una crisis política mayor. El empresario Celso Marranzini, dirigente de la Finjus, dijo esta semana por Teleantillas que hay que buscar los mecanismos para celebrar las elecciones, y en víspera del 55 aniversario de la revolución constitucionalista, recordó que la última vez que se desconoció unas elecciones en el país, nos costó 5 mil muertos.

No faltan quienes entienden que no hay condiciones para elecciones y plantean una prolongación del mandato constitucional, aunque el artículo 274 de la Constitución establece que concluye el día 16 de agosto de cada cuatro años”. Ese principio lo sostienen 13 partidos opositores, integrados en dos bloques electorales encabezados por el Partido Revolucionario Moderno y el partido Fuerza del Pueblo, que esta semana llevaron una instancia conjunta a la JXE urgiendo reactivar el calendario electoral, mientras el gobernante Partido de la Liberación Dominicana dejaba pasar dos semanas sin la menor referencia a la nueva convocatoria electoral.        

Protocolo para votar con el Covid-19

El Foro Permanente de Partidos Políticos, el PRM, el Partido Revolucionario Social Demócrata, articulistas y ciudadanos, ya han estado planteando disposiciones protocolares para votar en julio, asumiendo que todavía no se habrá superado por completo la pandemia:

  • Eliminación del entintado de dedos y la colocación de la huellas dactilares de los electores en  la lista de asistentes.
  • Que cada elector lleve su propio marcador, bolígrafo o lápiz o se les proporcione para uso único.
  • Dividir los colegios electorales y trasladar a espacios más abiertos, como estadios
  • Requerir el uso de mascarillas y guantes, y proporcionárselos a quienes no los lleven, igual que a todos los operadores de los colegios electorales y delegados.
  • Desinfectar los locales de votación antes del inicio y al medio día
  • Establecer horarios de votación por género y privilegiando a los mayores de 60 años.
  • Un rígido control de las filas para guardar la distancia requerida.
  • Pruebas rápidas con anticipación a los operadores de colegios y delegados de los partidos.
  • Prohibir las aglomeraciones de activistas en los accesos a los colegios electorales.
  • Buscar consenso para un mecanismo que  permita el voto de los dominicanos en el exterior, 8% del padrón, quienes además eligen representantes al Congreso.

¿Y qué dicen el PLD y su gobierno?

                                               Por Juan Bolívar Díaz

Por fortuna para esta nación agobiada, ya casi todos los sectores sociales han reaccionado vigorosamente ante la traumática interrupción de las elecciones municipales, siendo relevante  esta semana el comunicado de casi un centenar de entidades empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP),  y el de la Fundación Institucionalidad y Justicia al día siguiente condenando enérgicamente la interrupción de la votación y apoyando la investigación por organismos internacionales para determinar causas y responsabilidades.

Hace una semana nos quejábamos en este espacio de que se pretendía ignorar la profundidad  de la crisis al conjuro del “to e to y na e na”. Pero la multiplicación de las protestas de los jóvenes, los infinitos toques de cacerolas y de bocinas hasta en las urbanizaciones de clases medias altas  y la convocatoria de una marcha conjunta por 13 partidos opositores, que resultaría masiva, con sus respectivas demandas, terminaron por generalizar la convicción de que el país está sumido en una grave crisis política e institucional, signada por una desconfianza absoluta. Y se dieron pasos como solicitar la asistencia de la OEA y suspender el último sainete investigativo del Ministerio Público

Las movilizaciones en la Plaza de la Bandera, y en múltiples ciudades, incluyendo a muchas de los países donde encontraron refugio dos millones de emigrantes dominicanos, han logrado sacudirnos. Gran parte de los que protestan fueron participantes del movimiento Marcha Verde, y expresan la fatiga que han generado la enorme corrupción y la impunidad.

Por lo menos las protestas de ahora, no sólo de los jóvenes, son la  reactivación de las multitudinarias marchas verdes  frente a las cuales  las autoridades cuestionadas se sentaron a esperar el cansancio, sin dar respuesta. Ahora en una coyuntura electoral, están contra la pared y obligadas a responder para evitar que la indignación se convierta en ira explosiva.

Ese temor, y lo han expresado, está en la determinación con que el sector empresarial ha salido a reclamar contención del deterioro institucional que se configuró en los últimos dos años al conjuro de la eterna llama continuista que ha carbonizado la adolescente democracia dominicana. Entienden necesario un pacto político nacional. 

Ese deterioro ha sido sistemáticamente recogido en artículos y análisis de estos años, y motivó aquellas Iniciativas Democráticas (IDEM) propugnadas por muy diversas entidades y la anterior directiva del CONEP, para prevenir que el proceso continuista no sumiera la nación en una crisis como la que ahora afronta. Lamentablemente el gobierno tuvo éxito en debilitar aquel esfuerzo. Y aquí estamos unas vez más jugando con fuego, necesitando el auxilio internacional para mantener la estabilidad política, económica y social.

Un gran consenso nacional, que en enero incluyó a la Conferencia del Episcopado Dominicano, ha coincidido en reclamar transparencia democrática y decencia política. Participación Ciudadana y la FINJUS, al igual que las muy diversas organizaciones y personalidades religiosas, políticas y sociales, firmantes del Manifiesto por Elecciones Transparentes, han sido específicas en señalar las garantías necesarias para el ejercicio de la voluntad popular. Al igual que los periódicos y los comentaristas y analistas responsables que no se doblan ante el casi omnipotente y omnipresente poder gubernamental, reclaman juego democrático limpio, sin la irrupción del gobierno y cumplimiento de las normativas constitucionales de libertad, equidad, transparencia y objetividad.

Y después que 13 partidos opositores integrantes de dos coaliciones electorales   presentaran un pliego conjunto de reclamos de garantías, con las que coincide la tercera opción presidencial alternativa, demandando el pacto político social, es lógico esperar una respuesta del partido gobernante y de su gobierno, si es que no son sordos.

Ha habido tiempo para que el Partido de la Liberación Dominicana responda al clamor nacional. Mientras el presidente Danilo Medina tendrá hoy mismo la mejor oportunidad para romper su silencio, cuando acuda ante el Congreso Nacional a presentar las memorias gubernamentales del 2019. Como será su octava y última comparecencia, de acuerdo al mandato constitucional,  deberíamos esperar que predomine el estadista, el jefe del Estado, el presidente de la nación, en vez del jefe de una facción partidista en que devino Danilo Medina en su segundo período de gobierno. Debe saber que predomina una absoluta desconfianza, por lo que tendrá que hacer un serio esfuerzo para convencer.-    

Razones para votar el domingo

Por Juan Bolívar Díaz

Todos los dominicanos y dominicanas están convocados para elegir las autoridades municipales este domingo 16 de mayo, por primera vez en más de medio siglo separadas de las elecciones  presidenciales y congresuales en virtud de la reforma constitucional del 2010, y hay razones de sobra para hacerlo con responsabilidad y entusiasmo.

En primer lugar, porque urge reivindicar el municipio como la puerta que da entrada a la participación democrática, el estamento del Estado más cercano a la población, concebido por los fundadores de la República como uno de los poderes fundamentales.

Acudir a las urnas este domingo es imperativo como rechazo al nefasto presidencialismo y al centralismo que ha caracterizo la aún incipiente y tambaleante democracia dominicana. Es una forma de condenar el desprecio de nuestros gobernantes por la Ley General de Municipios y del Distrito Nacional 176-07, que destina el 10 por ciento de los ingresos nacionales a la administración municipal.

Vale recordar que ya una ley anterior, la 166-03 del 2003, dispuso que a partir del año siguiente se destinaba el 8 por ciento de los ingresos nacionales a los ayuntamientos, y desde el 2005 el 10 por ciento. Quince años después la proporción que se les entrega no llega al 3 por ciento, menos de la tercera parte, viniendo en retroceso desde que el primer año se les diera el el 6 por ciento. Sólo el gobierno del presidente Danilo Medina, entre el 2013 y 2018, despojó a los municipios de 184 mil 622 millones de pesos, que con otros 45 mil el año pasado, sobrepasan los 230 mil millones.

Hay otra poderosa razón para acudir a las urnas el domingo, y es la necesidad de iniciar un cambio político institucional de profundidad, que desmonte el entramado de dominio político impuesto con ventajismo y sin el menor escrúpulo por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El cambio que se preconiza y adelantan las encuestas, debe comenzar desde abajo.

Por lo menos la Coalición Democrática por el Cambio, que encabeza el Partido Revolucionario Moderno junto a otros 5 partidos políticos y numerosos grupos sociales, el partido Alianza País y otras entidades partidarias emergentes, proponen formas diferentes de hacer política y de gestionar la cosa pública, condenando la corrupción y proscribiendo la nefasta impunidad que la auspicia. También restablecer la independencia de los poderes del Estado, y de sus órganos de control, liberándolos del secuestro en que han  devenido.   

Nadie puede exhibir un certificado de garantía de que tales promesas serán estrictamente cumplidas, eso sólo será posible con la participación militante de la ciudadanía, con el mismo vigor que exhibió durante dos años en la Marcha Verde.

La responsabilidad es particularmente relevante para las nuevas generaciones, esos jóvenes que casi a la cuarta parte carecen hoy de oportunidades de estudiar y de trabajar, que hasta en 60 por ciento manifiestan deseos de emigrar, algo que cada vez será más difícil, pues las puertas e la inmigración se están cerrando por todas partes del mundo. Y los dominicanos no podremos enviar otros 2 millones fuera como hicimos en las últimas seis décadas, para  que ahora se hayan convertido en una de las principales fuentes de ingresos nacionales, con un estimado preliminar de 7 mil 50 millones de dólares en el 2019, es decir más de 373 mil millones de pesos, que superaron el 50 por ciento de los ingresos fiscales.

Acudir a las urnas es un imperativo vistas la irrupción del gobierno en la campaña electoral, y la recurrencia en abusar, sin el menor pudor, del patrimonio público para comprar la conciencia y el voto precisamente de las mayores víctimas de la malversación y la corrupción, que se reproduce en delincuencia e inseguridad.

Las urnas nos ofrecen la oportunidad de sancionar la despampanante corrupción, negando el voto a los que han prostituido los organismos de justicia, de control y fiscalización de la cosa pública. Sobre todo cuando se quieren ratificar con métodos antidemocráticos, que niegan las más elementales condiciones de libertad, equidad, transparencia y objetividad que preconizan la Constitución de la República y numerosas normativas legales.

Ojalá que no perdamos la oportunidad de este domingo, y que esta nación inicie una nueva etapa para exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes resulten electos, lo mismo que en los comicios presidenciales y congresuales de mayo próximo. Que abandonemos la pasividad y proclamemos la revolución cultural del imperio de la ley.-         

La Carta Pastoral y el apoyo de EU fortalecen el proceso democrático

A un mes de las elecciones municipales y  a cuatro de las presidenciales y congresuales, la Pastoral del Episcopado Dominicano y el apoyo político-financiero de EU respaldan los reclamos de la sociedad dominicana de elecciones libres, justas y transparentes

Por Juan Bolívar Díaz

El Obispo de de Santo Domingo Francisco Ozoria, ofrecio una misa en la catedral con motivo del día de los Santos Reyes,6 de enero 2020/foto cortecia del Episcopado Dominicano

Todos los interesados en la institucionalidad democrática y la estabilidad política y económica de la nación deberían acoger la propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) de un pacto nacional sobre las propuestas prioritarias de la sociedad con “el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia”.

La pastoral católica y el apoyo de Estados Unidos a la auditoría previa a los equipos y programas a utilizarse en las próximas elecciones, constituyen un claro compromiso de esos poderes con los reclamos de múltiples sectores de un proceso electoral justo, equitativo y libre de marrullerías e injerencias antidemocráticas.

Una contundente advertencia

La carta pastoral de los obispos católicos, comienza con una advertencia contundente sobre los grandes movimientos contestatarios en Latinoamérica y una proclama sobre la necesidad de hacer prevalecer los principios fundamentales que deben normar la política y la convivencia, lo que a lo largo del documento se sustentan firme y reiteradas veces.

El primer párrafo explica la preocupación del Episcopado por los próximos comicios  nacionales, comenzando por los municipales de febrero, “para obtener garantía de éxitos en los segundos”. Y en el siguiente se considera oportuno “retomar el espíritu de nuestra Carta Pastoral de enero de 1960, cuya fuerza y aliento, sesenta años después, palpita en nosotros, fieles al ejercicio de nuestro ministerio episcopal”. Entonces recuerdan que aquel “emblemático e histórico documento trató de irradiar luz en un momento crítico”, impuesto por la tiranía de Trujillo. Señala que aunque vivimos en una época distinta gracias al sacrificio de muchos dominicanos, “aún restan muchos obstáculos por superar”.

El tercer párrafo contiene una clara advertencia cuando dice: Una visión panorámica al acontecer latinoamericano en este último año, marcada por convulsiones sociales y políticas, nos debe llamar a reflexión en torno a las causas que han suscitado esas situaciones. La política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad. Consideramos que en estos momentos es necesario recordar principios esenciales de la ética que no pueden ser ignorados, especialmente por aquellos que aspiran a cargos ejecutivos.”

Refieren mensajes anteriores que exhortan a vivir en valores, tomando como referencia los propuestos por el preámbulo de la Constitución Dominicana, y luego se plantea   la urgencia de “un comportamiento ético en nuestra sociedad”, invitando a reflexionar acerca del acontecer nacional, con sus complejas realidades y sus enormes desafíos.

Un ejercicio democrático

El punto 11 de la carta reclama a todo gobernante “sabiduría y carácter, garantías de unidad e identidad nacional basadas en nuestra idiosincrasia y valores, seguridad interna, régimen de justicia, administración eficaz, dinamismo cultural, libertad religiosa, relaciones internacionales provechosas y una gran capacidad de servicio a favor de los intereses de nuestra Nación”. El 15 advierte que “Un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine el imperio de la Ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias”.

Más adelante plantea que “El aniquilamiento de la ética marca el paso hacia el uso degradante del poder, a la explotación y a los abusos por parte de quienes ocupan los primeros puestos, y al arrinconamiento de una clase desposeída a la que solo le asiste el derecho a consentir. Esa masa sufrida y condenada injustamente a vivir en la periferia solo es tomada en cuenta, en no pocas ocasiones por los líderes políticos, únicamente como instrumento para acceder y mantenerse en el poder”. Reclama “a quienes pretenden dirigir los destinos del país reconocer la dignidad de toda persona humana, como sujeto de derechos, que nadie puede violar ni como grupos de poder ni como salvaguardas del orden público”.

El punto 17 indica que, como máximo responsable de la organización de los comicios, “la Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos, sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral transparente, tanto al momento del sufragio como al del conteo de los votos”, y que “No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome acción”. Llama a cooperar para que desempeñen con profesionalidad y decoro sus delicadas funciones, de singular trascendencia en el inacabado proceso de preservar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática.

Agenda política episcopal

El documento contiene exhortaciones a los candidatos, a los medios de comunicación, a los actores políticos y a los electores, y aboga por los derechos de la juventud, de las mujeres, expresando preocupación por la violencia “que sacude a nuestra sociedad”, a la corrupción “cáncer que arrastra la RD”, y claman por que se promuevan las condiciones para establecer un Poder Judicial imparcial, sujeto al imperio de la ley, capaz de administrar justicia y dirimir los conflictos sin inclinar la balanza hacia ningún lado”.

Los obispos han pedido a los candidatos agenda de acciones concretas “para enfrentar los graves problemas del país”, sin que falten “temas como la corrupción administrativa y los caminos para combatirla; la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo por nacer; la violencia ciudadana generalizada”. Y luego se extienden al cambio climático, políticas energéticas, respeto al orden jurídico y constitucional y a las políticas sociales y combate a la pobreza, relevando la educación.

Proponen “un pacto nacional entre nuestros líderes políticos, en el cual suscriban un compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad dominicana, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de toda la nación. Dicho pacto debe incluir el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia que garanticen los derechos de todos y una especial dedicación a los sectores menos pudientes de la sociedad”. En la exhortación final los obispos vuelven a recordar la pastoral de 1960, ahora “dentro de un  contexto social y político diferente, pero con un proceso con muchas demandas similares, y fundamentalmente la necesidad de unas elecciones libres”.

Contexto de la pastoral

La pastoral episcopal llega en un contexto político donde se advierten serios conflictos por el poder, ya que el presidente Danilo Medina, sin ser candidato, proclamó en discurso público el 21 de julio que “yo voy a ganar las elecciones”, tras unas primarias donde irrumpió el gobierno se generaron graves conflictos. En una reunión el lunes con los candidatos de su partido, el mandatario proclamó que a cada uno le dará asistencia financiera.

La generalidad de los partidos opositores, que conforman dos de tres  polos electorales configurados, con el partido oficial, han formulado severas advertencias de que no permitirán la irrupción del gobierno en el proceso electoral, con los abusos fiscales y la desigualdad que caracterizaron los comicios anteriores. Ya esta semana trascendió que en el Ministerio de Educación han designado 8 mil empleados temporeros, que no son otra cosa que activistas electorales. En el 2016 Participación Ciudadana certificó que hubo 33 mil en ese y otros ministerios y organismos estatales.

La preocupación se han expandido por los medios de comunicación y las entidades sociales, que en diciembre lanzaron un “Manifiesto por la Transparencia Electoral”, abogando por elecciones libres y equitativas en consonancia con los principios constitucionales y las leyes electorales y de la Función Pública. Llamó la atención que entre los firmantes aparecen dos de los obispos y los rectores de las dos universidades católicas,  un obispo emérito episcopal, y dirigentes de la Confederación de Unidad Evangélica, junto a destacados empresarios, comunicadores y dirigentes de decenas de entidades sociales.

El pacto propuesto fue aceptado de inmediato por los candidatos Luis Abinader y Gonzalo Castillo, del principal partido opositor y del gobernante, mientras el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, uno de los propulsores del Manifiesto por la Transparencia Electoral, dijo que trabajan en el protocolo para el acuerdo. Han sostenido dos reuniones con la JCE y otra con el Tribunal Superior Electoral.         

Apoyo financiero y político de EU     

La semana concluyó con el anuncio de que Estados Unidos va a financiar la auditoría previa de los equipos y programas a utilizare en el voto automatizado para las elecciones generales de febrero y mayo, que ha sido una condición reclamada por los partidos de oposición. Se hará bajo responsabilidad del Instituto Federal para Sistemas Electorales (IFES) de los Estados Unidos, que ya en 1994 fue clave en la documentación de las irregularidades que viciaron las elecciones y generaron una grave crisis política.

Pero el anuncio del respaldo, formulado por la embajada de Estados Unidos en el país no se queda lo técnico-financiero, y expresa que “apoya la realización de elecciones libres, justas y transparentes en la República Dominicana y en todo el mundo”. Porque una RD “democrática, próspera y segura es del interés de ambos países”.

Con tales planteamientos EU sintoniza plenamente con los reclamos políticos y sociales, y constituyen reiteración de otros formulados por la embajadora Robin Bernstein y por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien el 11 de julio pasado llamó por teléfono al presidente Medina para recordarle su compromiso con la legitimidad democrática y las elecciones libres, y el respeto a la Constitución, lo que contribuyó a frenar el proyecto de reforma constitucional que pretendía su prolongación para un tercer período de gobierno.

En sectores políticos y sociales se celebra el nuevo apoyo norteamericano a las elecciones libres, justas y transparentes que se reclama, y se espera que el presidente de la nación vuelva a interpretarlo en toda su significación.-