Razones para votar el domingo

Por Juan Bolívar Díaz

Todos los dominicanos y dominicanas están convocados para elegir las autoridades municipales este domingo 16 de mayo, por primera vez en más de medio siglo separadas de las elecciones  presidenciales y congresuales en virtud de la reforma constitucional del 2010, y hay razones de sobra para hacerlo con responsabilidad y entusiasmo.

En primer lugar, porque urge reivindicar el municipio como la puerta que da entrada a la participación democrática, el estamento del Estado más cercano a la población, concebido por los fundadores de la República como uno de los poderes fundamentales.

Acudir a las urnas este domingo es imperativo como rechazo al nefasto presidencialismo y al centralismo que ha caracterizo la aún incipiente y tambaleante democracia dominicana. Es una forma de condenar el desprecio de nuestros gobernantes por la Ley General de Municipios y del Distrito Nacional 176-07, que destina el 10 por ciento de los ingresos nacionales a la administración municipal.

Vale recordar que ya una ley anterior, la 166-03 del 2003, dispuso que a partir del año siguiente se destinaba el 8 por ciento de los ingresos nacionales a los ayuntamientos, y desde el 2005 el 10 por ciento. Quince años después la proporción que se les entrega no llega al 3 por ciento, menos de la tercera parte, viniendo en retroceso desde que el primer año se les diera el el 6 por ciento. Sólo el gobierno del presidente Danilo Medina, entre el 2013 y 2018, despojó a los municipios de 184 mil 622 millones de pesos, que con otros 45 mil el año pasado, sobrepasan los 230 mil millones.

Hay otra poderosa razón para acudir a las urnas el domingo, y es la necesidad de iniciar un cambio político institucional de profundidad, que desmonte el entramado de dominio político impuesto con ventajismo y sin el menor escrúpulo por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El cambio que se preconiza y adelantan las encuestas, debe comenzar desde abajo.

Por lo menos la Coalición Democrática por el Cambio, que encabeza el Partido Revolucionario Moderno junto a otros 5 partidos políticos y numerosos grupos sociales, el partido Alianza País y otras entidades partidarias emergentes, proponen formas diferentes de hacer política y de gestionar la cosa pública, condenando la corrupción y proscribiendo la nefasta impunidad que la auspicia. También restablecer la independencia de los poderes del Estado, y de sus órganos de control, liberándolos del secuestro en que han  devenido.   

Nadie puede exhibir un certificado de garantía de que tales promesas serán estrictamente cumplidas, eso sólo será posible con la participación militante de la ciudadanía, con el mismo vigor que exhibió durante dos años en la Marcha Verde.

La responsabilidad es particularmente relevante para las nuevas generaciones, esos jóvenes que casi a la cuarta parte carecen hoy de oportunidades de estudiar y de trabajar, que hasta en 60 por ciento manifiestan deseos de emigrar, algo que cada vez será más difícil, pues las puertas e la inmigración se están cerrando por todas partes del mundo. Y los dominicanos no podremos enviar otros 2 millones fuera como hicimos en las últimas seis décadas, para  que ahora se hayan convertido en una de las principales fuentes de ingresos nacionales, con un estimado preliminar de 7 mil 50 millones de dólares en el 2019, es decir más de 373 mil millones de pesos, que superaron el 50 por ciento de los ingresos fiscales.

Acudir a las urnas es un imperativo vistas la irrupción del gobierno en la campaña electoral, y la recurrencia en abusar, sin el menor pudor, del patrimonio público para comprar la conciencia y el voto precisamente de las mayores víctimas de la malversación y la corrupción, que se reproduce en delincuencia e inseguridad.

Las urnas nos ofrecen la oportunidad de sancionar la despampanante corrupción, negando el voto a los que han prostituido los organismos de justicia, de control y fiscalización de la cosa pública. Sobre todo cuando se quieren ratificar con métodos antidemocráticos, que niegan las más elementales condiciones de libertad, equidad, transparencia y objetividad que preconizan la Constitución de la República y numerosas normativas legales.

Ojalá que no perdamos la oportunidad de este domingo, y que esta nación inicie una nueva etapa para exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes resulten electos, lo mismo que en los comicios presidenciales y congresuales de mayo próximo. Que abandonemos la pasividad y proclamemos la revolución cultural del imperio de la ley.-         

La Carta Pastoral y el apoyo de EU fortalecen el proceso democrático

A un mes de las elecciones municipales y  a cuatro de las presidenciales y congresuales, la Pastoral del Episcopado Dominicano y el apoyo político-financiero de EU respaldan los reclamos de la sociedad dominicana de elecciones libres, justas y transparentes

Por Juan Bolívar Díaz

El Obispo de de Santo Domingo Francisco Ozoria, ofrecio una misa en la catedral con motivo del día de los Santos Reyes,6 de enero 2020/foto cortecia del Episcopado Dominicano

Todos los interesados en la institucionalidad democrática y la estabilidad política y económica de la nación deberían acoger la propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) de un pacto nacional sobre las propuestas prioritarias de la sociedad con “el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia”.

La pastoral católica y el apoyo de Estados Unidos a la auditoría previa a los equipos y programas a utilizarse en las próximas elecciones, constituyen un claro compromiso de esos poderes con los reclamos de múltiples sectores de un proceso electoral justo, equitativo y libre de marrullerías e injerencias antidemocráticas.

Una contundente advertencia

La carta pastoral de los obispos católicos, comienza con una advertencia contundente sobre los grandes movimientos contestatarios en Latinoamérica y una proclama sobre la necesidad de hacer prevalecer los principios fundamentales que deben normar la política y la convivencia, lo que a lo largo del documento se sustentan firme y reiteradas veces.

El primer párrafo explica la preocupación del Episcopado por los próximos comicios  nacionales, comenzando por los municipales de febrero, “para obtener garantía de éxitos en los segundos”. Y en el siguiente se considera oportuno “retomar el espíritu de nuestra Carta Pastoral de enero de 1960, cuya fuerza y aliento, sesenta años después, palpita en nosotros, fieles al ejercicio de nuestro ministerio episcopal”. Entonces recuerdan que aquel “emblemático e histórico documento trató de irradiar luz en un momento crítico”, impuesto por la tiranía de Trujillo. Señala que aunque vivimos en una época distinta gracias al sacrificio de muchos dominicanos, “aún restan muchos obstáculos por superar”.

El tercer párrafo contiene una clara advertencia cuando dice: Una visión panorámica al acontecer latinoamericano en este último año, marcada por convulsiones sociales y políticas, nos debe llamar a reflexión en torno a las causas que han suscitado esas situaciones. La política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad. Consideramos que en estos momentos es necesario recordar principios esenciales de la ética que no pueden ser ignorados, especialmente por aquellos que aspiran a cargos ejecutivos.”

Refieren mensajes anteriores que exhortan a vivir en valores, tomando como referencia los propuestos por el preámbulo de la Constitución Dominicana, y luego se plantea   la urgencia de “un comportamiento ético en nuestra sociedad”, invitando a reflexionar acerca del acontecer nacional, con sus complejas realidades y sus enormes desafíos.

Un ejercicio democrático

El punto 11 de la carta reclama a todo gobernante “sabiduría y carácter, garantías de unidad e identidad nacional basadas en nuestra idiosincrasia y valores, seguridad interna, régimen de justicia, administración eficaz, dinamismo cultural, libertad religiosa, relaciones internacionales provechosas y una gran capacidad de servicio a favor de los intereses de nuestra Nación”. El 15 advierte que “Un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine el imperio de la Ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias”.

Más adelante plantea que “El aniquilamiento de la ética marca el paso hacia el uso degradante del poder, a la explotación y a los abusos por parte de quienes ocupan los primeros puestos, y al arrinconamiento de una clase desposeída a la que solo le asiste el derecho a consentir. Esa masa sufrida y condenada injustamente a vivir en la periferia solo es tomada en cuenta, en no pocas ocasiones por los líderes políticos, únicamente como instrumento para acceder y mantenerse en el poder”. Reclama “a quienes pretenden dirigir los destinos del país reconocer la dignidad de toda persona humana, como sujeto de derechos, que nadie puede violar ni como grupos de poder ni como salvaguardas del orden público”.

El punto 17 indica que, como máximo responsable de la organización de los comicios, “la Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos, sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral transparente, tanto al momento del sufragio como al del conteo de los votos”, y que “No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome acción”. Llama a cooperar para que desempeñen con profesionalidad y decoro sus delicadas funciones, de singular trascendencia en el inacabado proceso de preservar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática.

Agenda política episcopal

El documento contiene exhortaciones a los candidatos, a los medios de comunicación, a los actores políticos y a los electores, y aboga por los derechos de la juventud, de las mujeres, expresando preocupación por la violencia “que sacude a nuestra sociedad”, a la corrupción “cáncer que arrastra la RD”, y claman por que se promuevan las condiciones para establecer un Poder Judicial imparcial, sujeto al imperio de la ley, capaz de administrar justicia y dirimir los conflictos sin inclinar la balanza hacia ningún lado”.

Los obispos han pedido a los candidatos agenda de acciones concretas “para enfrentar los graves problemas del país”, sin que falten “temas como la corrupción administrativa y los caminos para combatirla; la defensa de las dos vidas, tanto de la madre como del hijo por nacer; la violencia ciudadana generalizada”. Y luego se extienden al cambio climático, políticas energéticas, respeto al orden jurídico y constitucional y a las políticas sociales y combate a la pobreza, relevando la educación.

Proponen “un pacto nacional entre nuestros líderes políticos, en el cual suscriban un compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad dominicana, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de toda la nación. Dicho pacto debe incluir el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia que garanticen los derechos de todos y una especial dedicación a los sectores menos pudientes de la sociedad”. En la exhortación final los obispos vuelven a recordar la pastoral de 1960, ahora “dentro de un  contexto social y político diferente, pero con un proceso con muchas demandas similares, y fundamentalmente la necesidad de unas elecciones libres”.

Contexto de la pastoral

La pastoral episcopal llega en un contexto político donde se advierten serios conflictos por el poder, ya que el presidente Danilo Medina, sin ser candidato, proclamó en discurso público el 21 de julio que “yo voy a ganar las elecciones”, tras unas primarias donde irrumpió el gobierno se generaron graves conflictos. En una reunión el lunes con los candidatos de su partido, el mandatario proclamó que a cada uno le dará asistencia financiera.

La generalidad de los partidos opositores, que conforman dos de tres  polos electorales configurados, con el partido oficial, han formulado severas advertencias de que no permitirán la irrupción del gobierno en el proceso electoral, con los abusos fiscales y la desigualdad que caracterizaron los comicios anteriores. Ya esta semana trascendió que en el Ministerio de Educación han designado 8 mil empleados temporeros, que no son otra cosa que activistas electorales. En el 2016 Participación Ciudadana certificó que hubo 33 mil en ese y otros ministerios y organismos estatales.

La preocupación se han expandido por los medios de comunicación y las entidades sociales, que en diciembre lanzaron un “Manifiesto por la Transparencia Electoral”, abogando por elecciones libres y equitativas en consonancia con los principios constitucionales y las leyes electorales y de la Función Pública. Llamó la atención que entre los firmantes aparecen dos de los obispos y los rectores de las dos universidades católicas,  un obispo emérito episcopal, y dirigentes de la Confederación de Unidad Evangélica, junto a destacados empresarios, comunicadores y dirigentes de decenas de entidades sociales.

El pacto propuesto fue aceptado de inmediato por los candidatos Luis Abinader y Gonzalo Castillo, del principal partido opositor y del gobernante, mientras el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, uno de los propulsores del Manifiesto por la Transparencia Electoral, dijo que trabajan en el protocolo para el acuerdo. Han sostenido dos reuniones con la JCE y otra con el Tribunal Superior Electoral.         

Apoyo financiero y político de EU     

La semana concluyó con el anuncio de que Estados Unidos va a financiar la auditoría previa de los equipos y programas a utilizare en el voto automatizado para las elecciones generales de febrero y mayo, que ha sido una condición reclamada por los partidos de oposición. Se hará bajo responsabilidad del Instituto Federal para Sistemas Electorales (IFES) de los Estados Unidos, que ya en 1994 fue clave en la documentación de las irregularidades que viciaron las elecciones y generaron una grave crisis política.

Pero el anuncio del respaldo, formulado por la embajada de Estados Unidos en el país no se queda lo técnico-financiero, y expresa que “apoya la realización de elecciones libres, justas y transparentes en la República Dominicana y en todo el mundo”. Porque una RD “democrática, próspera y segura es del interés de ambos países”.

Con tales planteamientos EU sintoniza plenamente con los reclamos políticos y sociales, y constituyen reiteración de otros formulados por la embajadora Robin Bernstein y por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien el 11 de julio pasado llamó por teléfono al presidente Medina para recordarle su compromiso con la legitimidad democrática y las elecciones libres, y el respeto a la Constitución, lo que contribuyó a frenar el proyecto de reforma constitucional que pretendía su prolongación para un tercer período de gobierno.

En sectores políticos y sociales se celebra el nuevo apoyo norteamericano a las elecciones libres, justas y transparentes que se reclama, y se espera que el presidente de la nación vuelva a interpretarlo en toda su significación.-