Signos indiscutibles de pobreza

Por Juan Bolívar Díaz

            En la medida en que el país comienza a controlar la terrible expansión del coronavirus y la población se acostumbra a convivir con la pandemia, vamos volviendo lentamente a la normalidad, tratando de enfrentar epidemias como el matrimonio infantil, el embarazo de adolescentes, los feminicidios y los accidentes de tránsito, renglones en que aparecemos en  los más altos niveles mundiales, y hasta en el liderazgo, como es la proporción de fallecimientos por accidentes automovilísticos.

            Son signos indiscutibles de la pobreza y el atraso social e institucional, que hace tiempo debimos haber combatido con sólidas y sostenidas campañas preventivas, poniendo por delante la educación en todas sus expresiones. Pero en estos días también se nos revela otro terrible indicador, la miseria de los trabajadores públicos y privados, patente en la docena de salarios mínimos y el costo de la canasta básica, más difíciles de enfrentar en la actual crisis de salubridad, económica y social.

            Es una buena decisión la prohibición legal del matrimonio infantil o adolescente que se discute en el Congreso Nacional, con la aprobación de las instituciones gubernamentales, sociales e internacionales relacionadas con la protección de los derechos y la dignidad de esos segmentos poblacionales. Pero será necesario mucho más que una ley, efectivas medidas de prevención y sobre todo educación para combatir el apareamiento temprano, y aplicar las sanciones a los adultos que utilicen sexualmente a niñas y adolescentes, con o sin que medie la voluntad de la víctima, tal como prescriben nuestros códigos.

            Hay que celebrar la iniciativa legislativa del joven y nuevo diputado José Horacio Rodríguez y la acogida que tuvo en el gobierno y diversos sectores políticos, para prohibir el matrimonio infantil, que sólo es permitido en una veintena de casi 200 países del mundo, entre ellos República Dominicana. Pero hay que ir mucho más lejos porque también tenemos una de las más altas tasas mundiales de embarazos de adolescentes, que condena a la pobreza cada año a millares de niñas y sus tempranos descendientes, con alto costo económico para la salubridad pública y familiar.

            Constituye un enorme bochorno que llevemos años diagnosticando que más del 20 por ciento de las dominicanas quedan embarazadas antes de los 18 años, muchas desde los 10 y 12. Un recién publicado estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas indica que al 2017 la RD registraba una de las más altas tasas de embarazo de adolescentes en el hemisferio occidental, con 94 por cada mil habitantes.  

            Pero la peor noticia de estos días es que el costo de la canasta familiar del quintil más pobre, ahora 17 mil 458 pesos, está casi a la par del mínimo de las grandes empresas, 17 mil 600, y muy por encima de otra decena de salarios mínimos, que incluye los de las medianas y pequeñas empresas, de 12 mil 107 y 10 mil 729 pesos, respectivamente. Muy por encima del mínimo del sector público, situado en 10 mil pesos y promediando 6 mil en los ayuntamientos, y de los emblemáticas sectores de zonas francas, 11,500, y de  hoteles, bares y restaurantes, que oscilan entre 11 mil 600 y 7 mil 490 pesos. 

            Los cálculos indican que más de la mitad de los empleados formales e informales tienen ingresos inferiores al salario mínimo más alto. Ni hablar de los costos promedios, el de la canasta familiar está en 36 mil 584, mientras en los registros de la Tesorería de la seguridad social el sueldo promedio era antes de la pandemia de 23 mil pesos, pero el 80 por ciento de los empleados ganaba menos de esa suma. 

Los informes indican que cientos de miles de trabajadores han perdido sus empleos por el coronavirus y otros tantos reintegrados ahora ganarán menos, lo cual se traducirá en mayores niveles de pobreza, evidenciando la repetida y engañosa ilusión de que ya somos un país de clases medias, casi sin pobreza. 

El Banco Central acaba de “sincerar” su índice de precios al consumidor. Ojalá podamos sincerar también el debate público sobre cómo enfrentar la triste realidad económico social, lo que será difícil cuando ya sectores políticos que gobernaron 16 años consecutivos adelantan que al cumplirse la próxima semana los 100 días del nuevo gobierno, saldrán a las calles a “defender a los pobres”. ¡Que Dios y las 11 mil vírgenes nos amparen!                   

Aún no podemos bajar la guardia

Por Juan Bolívar Díaz

            Los boletines del Ministerio de Salud Pública y los reportes de los medios de comunicación muestran un avance significativo en el control del coronavirus en el país, pero la experiencia a nivel internacional indica que aún no es tiempo de bajar la guardia, y que, por el contrario. debemos incrementar las previsiones para llegar al 2021 en mejores perspectivas, no sólo de salud, sino también económicas y sociales.

            Gran parte de la población nacional no está plenamente consciente de la gravedad de las repercusiones económico-sociales de la pandemia que asola el mundo, y pone patas arriba hasta las economías dominantes. El loable esfuerzo de las autoridades por insuflar optimismo conlleva la debilidad de que muchos no alcanzan a captar las dimensiones de la crisis y su daño en el cuerpo social dominicano.

            Una comparación de los boletines cada 30 días entre julio y noviembre, no deja duda de los avances que ha logrado el pueblo dominicano en el control del Covid-19, desmintiendo la persistente difusión pesimista de que somos lo peor del mundo, los más indisciplinados, especialmente cargando contra los sectores populares, que en un 99 por ciento han observado los rigores del toque de queda, como también demuestran las estadísticas. Es cierto que en algunos barrios se han verificado fiestas y francachelas, pero lo mismo en los segmentos de clases medias y altas, sólo que en estas últimas se realizan en sus amplios espacios interiores. 

Junio y Julio registraron una situación extremadamente crítica. El boletín 115, del 11 de julio mostró 1,418 contagios, pasando estos de 44,332 a 81,094, un mes después,  en el boletín 145 del 10 de agosto, con un incremento promedio diario de 1,218. Entre el 8 de octubre, boletín 205, y el 9 de noviembre, boletín 235, los contagios crecieron en 12,589, con una reducción promedio diario a la tercera parte, 420.

Por igual entre julio y agosto los decesos pasaron de 897 a 1,346, incremento de 449, con promedio diario de 15. Entre octubre y noviembre, los fallecimientos se incrementaron en 100, de 2,167 a 2,267 promediando diariamente sólo 3.3.

Cuando se verifica la tasa de positividad, es decir la proporción de contagiados por pruebas realizadas, en julio registró de 26.11 por ciento, que subió en agosto alarmantemente a 33.5, para caer en septiembre a 18.21, en octubre a 12.07, y descendiendo a 9.97% el 10 de noviembre. Por igual ha caído la tasa de letalidad, es decir la proporción de fallecidos en relación al número de contagiados, de 2.01 en julio a 1.66 en agosto, volvió a 1.89 en septiembre, a 1.84 en octubre y registró 1.74 por ciento en noviembre.

En otras palabras que la curva ascendente de contagios y fallecimientos se ha  inclinado hacia abajo. Pero eso no permite cantar victoria, porque todavía falta mucho para hablar de control y porque en otros países se llegó a progresar mucho más que aquí, y al relajarse las previsiones, hizo aparición una segunda ola, en algunos casos tan masiva y letal como la primera.

Es comprensible que gran parte de la población esté cansada de las restricciones y aspire a recuperar la libertad, pues si algo ha quedado absolutamente claro en este pandémico y terrible 2020, es que los seres humanos no están programados para el aislamiento ni el enclaustramiento. No es cuestión de educación, sino de naturaleza humana. Porque lo mismo se ha visto en Londres que en París, Madrid, Roma, Nueva York o Miami. Al menor descenso de las restricciones, las personas se lanzan a las calles desafiando el peligro persistente. En los regímenes más autoritarios el control es más eficaz.

El gobierno dominicano acaba de extender el toque de queda hasta comienzo de diciembre, y la prudencia recomendaría no  levantarlo ni para las festividades navideñas, porque es demasiado lo que arriesgaremos de cara a la recuperación de la salud, de la economía y de sus repercusiones en el empleo formal como informal. Sobre todo por la importante fuente que es el turismo. Un ingenioso joven sugirió que como compensación, declaren no laborables el 24 y el 31 de diciembre para facilitar el desplazamiento de personas en el día, reduciendo las aglomeraciones, pero manteniendo las restricciones nocturnas para reducir los riesgos de masificación y contagios durante las celebraciones de Nochebuena y Año Nuevo. 

Aquí cabe más que nunca la máxima popular de que es preferible precaver a tener que remediar. Más vale en la recta final, cuando estamos dejando atrás el tramo más penoso. Aún no estamos para bajar la guardia.-   

De cultura democrática y coherencia

Por Juan Bolívar Díaz

            Cuando se produjo la caída del muro de Berlín, que inició el final del bloque socialista y de la confrontación que encabezó la Unión Soviética con los países capitalistas liderados por Estados Unidos, gran parte de la humanidad lo celebró como reivindicación de la libertad y se creyó que también marcaría un hito en el fortalecimiento de la democracia en todos los continentes.

            Se temió que la etapa unipolar que se iniciaba conllevaría dificultades, como el fortalecimiento de lo que hasta los papas habían denominado como capitalismo salvaje. Es evidente que  ese capitalismo tuvo que hacer múltiples concesiones en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, primero al interior de los países más desarrollados, y luego frente a un tercer mundo que se había constituido en campo de la batalla ideológica de  la Guerra Fría. 

            El fortalecimiento de la social democracia y de la democracia cristiana como doctrinas o ideologías políticas alternativas al socialismo comunista, fue paralelo al desarrollo de un movimiento sindical que arrancaba reivindicaciones, y de emergencias estudiantiles que en los años sesenta y setenta llegaron a poner en jaque a sistemas políticos tan afianzados como el de Francia, Alemania o México. Fueron los años en que se consolidó el Estado de bienestar social, y el viejo proletariado escaló estamentos de clases medias para hacer el mundo un poco menos desigual. 

            Pero la alegría duró poco y en las últimas tres décadas el mundo va a la deriva, con un proceso de concentración de la riqueza que espanta, el gran sindicalismo y las ideologías se fueron a pique, y las universidades dejaron de ser campos de debate ideológico para convertirse en fábricas de emprendedores que reman frenéticamente montados en salvavidas individuales. La socialdemocracia y el socialcristianismo parecen sólo recuerdos, arrasados por el pragmatismo político del mundo unipolar que impuso la ley del mercado y el neoliberalismo económico. 

            Ese pragmatismo, que se nutre del salvajismo capitalista en muchos países, incluido el nuestro, ha derivado en el fortalecimiento de la cultura de lo mio, en la concepción de la política como escalera al ascenso personal y la incorporación a los negocios y las prácticas mercantilistas. La cuestión es más grave en naciones como la Dominicana, donde nunca se llegó a desarrollar una cultura auténticamente democrática, y los proyectos que más lo intentaron naufragaron una y otra vez desde sus orígenes. Los políticos y los empresarios se convierten en aliados, frecuentemente sin el menor escrúpulo. 

            Por eso con cada cambio de gobierno emerge una inmensa camada de gente que entiende llegado su momento, su oportunidad de tomar el ascensor económico. No sólo exhiben su precaria cultura democrática, sino también una enorme incoherencia que los lleva a negar rápidamente lo que antes se predicaba como fundamental. Dan la espalda no sólo a los principios, sino también a los que persisten en defenderlos. Y para no correr riesgos, dejan de responder llamadas o mensajes, cambian número de teléfono, de amigos y hasta de cónyuges. Se excusan en la infinita cantidad de personas que anan detrás de ellos buscando un pedazo del pastel estatal.

Una meteórica e infinita metamorfosis sobre la base de que ellos se fajaron para alcanzar esos peldaños. Se olvidan que la democracia es participación y representación, que los funcionarios están para servir y los legisladores para representar a la ciudadanía, que ésta es el centro de todo el quehacer político y que a ella se deben. Ahora reclaman que son absolutamente soberanos y, es más, que no permitirán que los presionen.

Algunos llegan tan lejos que   ni siquiera quieren poner atención a las decisiones coyunturales  de sus partidos y sus programas y son capaces de desafiar a sus líderes y hasta al mismo Presidente, buscando que la rueda gire una vez más al autoritarismo presidencialista, porque su pobre cultura democrática no da para más.

Ojalá que ese pragmatismo político no sacrifique una vez más, el proyecto de cambio democrático que se ofreció a la ciudadanía dominicana que este año votó ansiosa de dejar atrás el desorden, la corrupción, la impunidad y el continuismo que atropella los parámetros democráticos.-                        

Austeridad y nada de malversación

     Por Juan Bolívar Díaz

La penosa triple crisis por la que atraviesa el país, de salud, económica y social, obliga al nuevo gobierno a llevar hasta las últimas consecuencias la austeridad y la reducción de la malversación y el festín de los escasos recursos de una nación que más allá de los eufemismos sigue siendo pobre. Si era irritante el nivel de dispendio, corrupción y reparto clientelista cuando la economía crecía hasta 6 y 7 por ciento anual, ahora es bochornoso, inmoral e inaceptable.  

Como muchos políticos y legisladores no acaban de entender que cientos de miles de dominicanos han perdido sus empleos y otros tantos los tienen suspendidos por los efectos de la pandemia del coronavirus, será necesario que la población se lo estruje entre boca y nariz para que comprendan que tenemos que economizar cada peso, suprimiendo botellas, peluches, barrilitos, cofrecitos, mafias empresariales, subsidios absurdos y reducir el inmenso costo de la política.

El gobierno viene dando muestras de austeridad y ya ha suprimido varios miles de botellones, de subdirectores, subadministradores, vicecónsules, presuntos diplomáticos y simple activistas políticos, también ha encarado mafias como las que monopolizaban las ventas de asfalto, con sobreprecios estimados hasta 60 millones de dólares anuales. 

Se anuncia el despido de 7 mil botellas y “peluches”, denominación de  los hijos de políticos y funcionarios que no hacen vida  militar y han abultado en términos alarmantes las nóminas de las fuerzas armadas, que dicho sea de paso, ya es tiempo de que sea transparentada por completo. Por ejemplo ya debería informarse cuántos generales y coroneles sin mando cobran en los institutos castrenses, están asignados a empresarios y políticos y los que se aprovechan de esos cargos para hacer todo género de negocios, lícitos e ilícitos. 

Los niveles de abuso de lo público llegaron a proporciones irritantes. Ya el gobierno dispuso la reducción y unificación de los consejos del sector eléctrico que durante décadas ha consumido hasta mil millones de dólares anuales en subsidios. Al unificar media docena de consejos directivos, han quedado sólo 9 consejeros  pagados, disminuyendo su costo de  103 a 37 millones de pesos mensuales. 

Gerentes de las deficitarias distribuidoras de energía disfrutaban de tarjetas de crédito para gastos personales de hasta 250 mil pesos y 10 mil dólares. El nuevo director de la Autoridad Aeroportuaria, Jean Luis Rodríguez,  se dio el lujo de anunciar que le basta con un salario sobre los 500 mil pesos mensuales y renuncia a cobrar 50 mil pesos por asistencia a cada reunión administrativa del mismo organismo, así como a una tarjeta de gastos personales de hasta 150 mil pesos y 10 mil dólares.

En ese escenario merece total apoyo la propuesta del presidente Abinader de reducir a la mitad el subsidio a los partidos políticos el próximo año, lo que implicaría un ahorro de 630 millones de pesos. No puede despacharse esa propuesta calificándola de populista,  cuando afectaría al propio partido gobernante, el Revolucionario Moderno, que junto al Partido de la Liberación Dominicana, únicos que obtuvieron sobre el 5% de los votos en las elecciones de este año, estaría llamado a recibir el 80 por ciento de ese subsidio. A cada uno le quitarían 252 millones de pesos.

La reducción a los partidos es más justificada,  porque a consecuencia de las fallidas  elecciones municipales de febrero, celebradas luego en marzo y las presidenciales y congresuales de julio, el subsidio a la actividad política, que en principio fue pautada para 3 mil 13 millones de pesos, terminó sobre los 4 mil. Con el financiamiento a la Junta Central Electoral el costo de la política en este desventurado año sobrepasó los 7 mil millones de pesos. Es indignante el chantaje de que la reducción del financiamiento político dejaría a los partidos a merced de los narcotraficantes. 

El gobierno tiene que avanzar todavía mucho más en la austeridad, en la supresión de  botellones, de barrilitos y cofrecitos, en el control de la corrupción y de la malversación, en la fusión de organismos redundantes, prohibiendo las tarjetas de crédito y los gastos de representación, como los regalos, canastas navideñas, la repartición de hasta 15 y 16 salarios anuales en  numerosas instituciones estatales, autónomas o no, en la contratación de seguros internacionales privilegiados, y en muchos otros capítulos ahora mismo bajo revisión.

Ojalá que los dirigentes políticos, todos los funcionarios, los empresarios sin escrúpulos y toda la ciudadanía registren que la hora demanda austeridad y sacrificios. Antes de que la población desesperada y los más conscientes se los hagan entender.-      

Con Ivelisse Prats en el corazón


Por Juan Bolivar Díaz

En estos días en que la nación demanda de políticos enteros de cuerpo y alma, capaces de subordinar sus ambiciones para actuar con integridad y honradez en medio de las peores penalidades de nuestra época, la memoria nos remite a la figura de la profesora Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, ejemplo de coherencia, de tenacidad y de grandilocuencia ideológica que cultivó la nobleza política.

A punto de entrar en la novena década, nuestra querida profesora libra una difícil y penosa batalla contra las adversidades físicas a las que ha sabido sobreponerse desde joven. Ella, de estructura física endeble, con escoliosis y asmática de siempre, ha sufrido incremento de sus antiguas dificultades visuales, demasiado gravoso para quien se ha leído bibliotecas enteras. Su indeclinable magisterio también le fue consumiendo las cuerdas vocales y hace algún tiempo casi queda sin la voz.

El indomable espíritu de Ivelisse ha logrado vencer todas las limitaciones físicas, pero hace unos tres meses, alrededor de su 89 cumpleaños, una caída le rompió un fémur y desde entonces ha quedado postrada y adolorida, más espiritual que físicamente.

Desde aquí, en la distancia que imponen las circunstancias, hay que expresar solidaridad y los mejores augurios para la maestra, ideóloga, articulista, dirigente política, gremialista, legisladora, funcionaria, forjadora de líderes, madre y esposa.

Una mujer tan extraordinaria, un dechado de virtudes sociales, una maestra como Ivelisse no merece una larga postración ni sufrimiento, por lo que debemos encomendarla al Dios de los justos para que le haga leve la etapa de transición en que se encuentra.

Y para que compense sus penalidades con la firme conciencia de los sembradores e iluminadores colocados mucho más allá de las infinitas limitaciones de la condición humana.
Ojalá que muchos de los compañeros de partido y de los alumnos que ella forjó en el Instituto de Formación Política que lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez se detengan en estos días a reivindicar la vida de doña Ivelisse Prats, para rendirle el tributo que merece, poniendo en primer plano sus enseñanzas de la política como servicio y entrega al ideal colectivo y al engrandecimiento de la patria.

Vale reproducir la salutación que le ofrecimos en el 2001 cuando celebrábamos su medio siglo de entrega al magisterio: Salve profesora; los alumnos de los primeros años te saludamos. Y te deseamos aún larga vida y mayores realizaciones, en la libertad y para la libertad, como en aquellos tiempos (1959-60) en que anhelábamos encontrar voces de aliento que nos ayudaran a levantarnos sobre las tinieblas y a encender antorchas definitivas.

Las tuyas no se apagan ni con los vientos huracanados que tanto soplan en estas latitudes, sin embargo colocadas en el mismo trayecto del sol, como nos dijo entonces el inolvidable poeta don Pedro Mir.
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Tras el artículo de la semana pasada en el que agradecimos la sensibilidad del presidente Luis Abinader, por haber terminado el calvario de los ancianos trabajadores cañeros que por dos décadas demandaron la pensión por la que cotizaron, la querida compañera Altagracia Salazar nos recordó que hay otro grupo, mucho más pequeño, que también espera y merece un tributo.

Se trata de los 28 contralores aéreos cancelados por el político que dirigía el Instituto de Aviación Civil por haber cometido la osadía de denunciar sistemáticas violaciones de las normativas internacionales de seguridad en el espacio aéreo nacional.

Durante muchos meses mantuvieron su demanda de reposición ante la sede del gobierno, y hasta tuvieron ganancia de causa en el tribunal administrativo, sin que le hicieran el menor caso. Se les ignoró hasta convencerlos de que no cabían rectificaciones ni sensibilidades humanas.

Eran los mejores técnicos en su oficio, forjados en instituciones internacionales especializadas. Su pecado fue hacer públicas las preocupaciones profesionales por la seguridad aeroportuaria.

Como entonces, el ahora presidente Luis Abinader los visitó en el 2015, durante aquel calvario y conoció de sus razones, puede esperarse una justa reparación. Vale el recordatorio.-

Los cañeros: Final de un calvario

Una de las mayores penas que me llevaba al retirarme de la televisión tras 33 años y medio de presencia diaria en Uno+Uno de Teleantillas, era no haber podido ganar la batalla por las pensiones que durante casi dos décadas demandaron humildes trabajadores que ofrendaron sus vidas en los cañaverales del Consejo Estatal del Azúcar. Tenía pendiente ocupar este espacio para formular una apelación al nuevo gobierno, como hice numerosas veces a los de los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.

La noche del viernes me telefoneó el presidente Luis Abinader, adelantándome una buena noticia. Y sin que le preguntara cuál, me comunicó que al día siguiente visitaría el ingenio Porvenir y recibiría a una comisión de la Unión de Trabajadores Cañeros para anunciarles la concesión de las pensiones que hace años demandaban. Le agradecí el acto de justicia y habérmelo participado personalmente. 

He hablado decenas de veces con el ahora presidente pero no recuerdo que antes tratáramos el caso, pero de alguna forma estaba enterado de que esos trabajadores me designaron padrino protector hace años tras mi artículo “Réquiem por Andrés Charles”, que publiqué en este mismo espacio de HOY el 9 de agosto del 2009, a raíz de la muerte de ese “perdido enamorado de la caña, aristócrata del sudor bajo el ardiente sol de los cañaverales”, que cortó caña en los bateyes de casi todos los ingenios azucareros hasta que un accidente laboral lo sembró para siempre en el Lechería, del Central Río Haina, donde  recibió el pasaporte eterno sin haber podido cobrar la pensión para la que cotizó durante décadas.

Quise acompañar al presidente Abinader reciprocando su acto de justicia y sensibilidad, y el sábado reviví los años de la infancia en los bateyes petromacorisanos, especialmente en Alejandro Bass, que pertenecía al mismo ingenio Porvenir y me dejé invadir por las emociones, recordando aquella tropa brava de la caña, que algunas veces llegué a acompañar con sus hijos, ayudándolos a cargar el fruto hasta la carreta. 

Desfilaron por mi memoria los ingenios Las Pajas, Angelina, Consuelo, Santa Fé, Porvenir, y hasta Romana y Cristóbal Colón, y sus hermosos campos sembrados de caña, con toda la pobreza en los bateyes, y los pesos arreglados para robarle el sudor a los trabajadores en los tiempos en que los millones de la caña eran la gran industria y riqueza nacional.

Cuando llegó la privatización en el primer gobierno de Leonel Fernández, que llamaron “capitalización de las empresas públicas”, todo aquel andamiaje se vino abajo como si lo hubiese atacado un terremoto. Bueno, lo que quedaba, porque ya hacía más de tres décadas que a la caída de Trujillo se había creado la Corporación Azucarera Dominicana, luego rebautizada Consejo Estatal del Azúcar. Y casi siempre aquello fue una sola zafra para administradores, políticos, legisladores, militares, empresarios.

Se lo robaron casi todo. Inmensas fortunas salieron de los cañaverales. Y tras la privatización se repartieron no sólo gran parte de  los terrenos que quedaban, 4 millones de tareas, sino también las reses, y las carretas y desmontaron hasta los rieles que fueron a parar a China exportados como metal. Se supuso que los beneficios serían utilizados para rehabilitar los bateyes y sustituir cultivos en asentamientos de los trabajadores. Pero no, hace poco supimos que el Fonper fue otra madriguera donde se repartía el patrimonio y más de 250 personas cobraban por años, muchos con salarios de lujo. 

En principio eran unos 8 mil los cañeros que demandaban pensiones por haber cotizado durante décadas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Pero no les hacían caso y se fueron muriendo sumidos en la más profunda  miseria. A partir del 2009 bajo el liderazgo de Jesús Núñez, un consagrado gremialista, salieron a las calles en innumerables plantones ante el Palacio Nacional. Leonel pensionó a 2,185 y Danilo a 1,028, mientras  muchos morían en el camino, o poco después de recibirlas, a tan avanzada edad que apenas vieron  los 5 mil 117 pesos mensuales. Vivos quedan 1,610 a los que Abinader anunció que pensionará de inmediato y los incorporarán al Senasa. Todos pasaron de 60 años, muchos sobre 70 y 80. 

Puede decirse que la alegría de sus pensiones será de corta duración. Ojalá que la otra vida, si es que existe, les resulte más dulce que nuestra caña.-       

Más y mejor Sociedad Civil

Por Juan Bolívar Díaz

            En estos días de renovación del alto funcionariado del Estado ha vuelto a escucharse la queja de dirigentes políticos, secundada absurdamente por algunos comunicadores, sobre la supuesta puja de la sociedad civil por apoderarse de cargos en el gobierno central, sobre todo  en los organismos de control, que en muchos casos tienen el imperativo constitucional o legal  de ser dirigidos por personas sin militancia política. 

            Es fruto de una cultura política que ha concebido al Estado como un botín, para el reparto de cargos y canonjías, aprovechamiento de oportunidad de enriquecerse a cualquier precio, especialmente por parte de quienes “se fajan” a hacer campañas electorales. El “dame lo mío” se ha expandido de arriba hacia abajo, creando una situación que deviene en espantosos reclamos y hasta chantajes que se formulan públicamente sin el menor escrúpulo.

            A consecuencia de esa cultura cada año el Estado abulta más, con nóminas y nominillas que, para colmo, ningún organismo público se atreve a certificar, por la falta de transparencia y el desorden. Un estudio del BID cuantificó los empleados en la nómina pública en 486 mil 732, a comienzos del 2019, con un incremento de 114 mil 783 en los últimos cinco años, equivalente al 31%. A ese ritmo hoy sobrepasan los 525 mil, que si les suman 152 mil pensionados, al 2017, más de 100 mil de las nóminas municipales y miles en nominillas hasta en los distritos municipales, es seguro que rondamos los 800 mil.

            Un estudio de Oxfam indica que el empleo público crece 5.2% por año, 2.8 veces más que el privado, con 61 mil 911 empleos por cada millón de habitantes, tercero más grande en la región latinoamericana, y que al 2018 el empleo público por millón de habitantes es 38.6% mayor que el promedio regional,  y 43.6% más que cinco países de América Central. 

Por cierto que en los últimos 24 años, no sólo se triplicó la nómina pública, sino que se acentuó una enorme disparidad, con salarios superiores a los del sector privado en los mandos altos y medios, sobre todo en los organismos autónomos y descentralizados donde reina un régimen de auto beneficios, que incluye espléndidas pensiones, dietas y representaciones. El Congreso, la justicia, órganos electorales, banca estatal y superintendencias tienen regímenes especiales de salubridad, en algunos casos con seguros internacionales, y pensiones que alcanzan hasta más de 100 veces el monto de lo que reciben la mayoría de los pensionados del Estado, subido el año pasado de 5 mil 117 a 8 mil pesos.               

            Por esas razones es que con cada cambio de gobierno se desata un huracán de persecuciones de los cargos públicos, sobre todo de los dotados de mayores privilegios. No se puede ignorar que hasta en las naciones desarrolladas y bien organizadas la alternabilidad de gobernantes implica cambios de millares de funcionarios, no sólo del más nivel, sino también sus asistentes y personal de confianza. Pero aquí la persecución de cargos supera los límites razonables, vinculado con la pobreza y la congelación de los salarios del sector privado y con ese 55% de los empleados que están en la informalidad. 

            Pero con tantos empleos, es ridículo que algunos pretendan que se despoja a los dirigentes políticos de sus derechos si no los ponen también a dirigir la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y las altas cortes, lo que implica un centenar de cargos. Como si los que militan en la sociedad civil no fueran también ciudadanos y ciudadanas y como tales llamados a dirigir los órganos de control sobre  el universo de los cientos de miles de políticos y relacionados que constituyen el funcionariado público.

            Lo lamentable es que haya tan pocas instituciones y dirigentes sociales empeñados en garantizar la independencia de los órganos de control frente a un estado tan corrompido y dilapidador. Ahora que el presidente Luis Abinader se empeña en cumplir su promesa de no llevar dirigentes políticos a los órganos de control, sosteniendo que el Estado no es un botín partidista, deberíamos ver una lluvia de comunicados de respaldo. Que hablen al respecto las organizaciones empresariales y sindicales, que las iglesias se ocupen de algo más que de las tres excepciones a la penalización del aborto, que las universidades y los intelectuales se pronuncien por la reforma del Estado.

Necesitamos más y mejor sociedad civil para empezar a cambiar la cultura de aprovechamiento del Estado. Si lo dejamos solo a los políticos, todo seguirá igual.-   

Ayuda al periodismo profesional

Por Juan Bolívar Díaz

Una de las industrias más severamente afectadas por la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus que ha desatado la mayor crisis sanitaria de la época moderna es, después del turismo, la de los medios de comunicación social, especialmente de los periódicos que ya venían tambaleándose en todo el mundo por la irrupción de nuevas tecnologías de la comunicación.

La preocupación se extiende por toda Europa y América porque la pandemia está erosionando el sustento de los medios de comunicación, lo que tendrá repercusión sobre la libertad y la calidad de la información, dejando sin base el ejercicio profesional del periodismo, cuyo valor no podrá ser sustituido por la inmediatez y la accesibilidad a las redes, caracterizadas excesivamente por la superficialidad y muy expuestas a la falsedad y la manipulación.

Una “Nota Temática” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) acaba de advertir que la peor crisis económica del siglo pone en riesgo también la salud de los medios de comunicación y los empuja a la extinción. Recoge informes internacionales de que la recesión económica, ha reducido hasta en 70 por ciento su principal sustento, que es la publicidad.

La reconocida organización “Reporteros sin Fronteras” ha llamado a la Unión Europea a defender la seguridad de los periodistas, a combatir la erosión del estado de derechos y a apoyar a los medios de comunicación gravemente afectados por la pandemia. El Foro Mundial sobre el Desarrollo de Medios sostiene que la crisis impacta sobre el acceso a la información y la libertad de prensa.

La crisis de los medios es mayúscula en el país, y está amenazando seriamente la supervivencia de los periódicos y del periodismo radiofónico y televisivo, que por los recursos humanos que requieren, constituyen una alta proporción de sus costos operativos, aunque predomina un espeso silencio sobre el particular.

Todos los periódicos han caído en la insostenibilidad económica, lo mismo que los programas periodísticos de radio y televisión, y los despidos y suspensiones de empleados ya alcanzan tasas cercanas a la tercera parte. A la crisis del covid-19 se ha unido el cambio de gobierno que ha implicado una drástica disminución de la publicidad gubernamental.

En medio de la crisis, el Gobierno se ha propuesto reducir todos los gastos desproporcionados, entre ellos la propaganda política gubernamental que alcanzó niveles casi únicos en el mundo democrático.

Pero al coincidir con la drástica caída de las actividades económicas y la publicidad comercial y empresarial, se convierte en un detonante contra la estabilidad de los medios.

Nadie puede ignorar el aporte del periodismo profesional a la institucionalidad democrática, a la transparencia y a la lucha contra la depredación del patrimonio público.

Por eso hace tiempo que en naciones como Francia e Italia se está subvencionando la supervivencia de los medios, especialmente de los periódicos, de forma transparente, igualitaria, sin privilegios ni gado a grado para que el salvataje estatal no se convierta en una nueva alienación de la libertad de informar y opinar.

El presidente Luis Abinader, que muestra vocación de diálogo y búsqueda de consenso, debería reunirse con directores y administradores de medios para determinar qué salvataje se puede implementar en lo inmediato.

Por ejemplo, que el gasto público propagandístico y de bocinas políticas se destine a campañas masivas de educación, para la circulación vial, la disposición de los residuos, la defensa de la integridad de la mujer y la niñez, del medio ambiente, para la prevención de enfermedades, del embarazo de adolescentes, entre otros. Seguro que los medios contribuirían con tarifas especiales.

Se deben contemplar incentivos fiscales temporales, que impliquen las importaciones de papel y otros insumos, suspensión de los pagos impositivos adelantados sobre renta o de propiedad inmobiliaria, y el pago de decenas de millones de pesos de facturas atrasadas.

Nada gana el gobierno con el cierre de medios de comunicación y pierde la libertad de información, sobre todo el ejercicio del periodismo profesional, lo que no debe ocurrir en un proyecto político gubernamental de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.-

Por la vida y dignidad de la mujer

Por Juan Bolívar Díaz

            El mismo día en que se inició la primera legislatura del Congreso Nacional inaugurado el 16 de agosto fue renovado el debate sobre el proyecto de Código Penal y la pretensión de ratificar la penalización absoluta del aborto, desconociendo la razón universal que ha consagrado excepciones, las llamadas tres causales, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de una mujer, si el ser en gestación se comprueba inviable, y cuando es fruto de una violación del sagrado cuerpo femenino. 

            La circunstancia de las graves crisis de salubridad, económica y social derivadas de la expansión del coronavirus no parecía la más propicia para traer al primer plano un tema que divide tan profundamente a la sociedad dominicana, pero en la Cámara de Diputados se insiste en privilegiarlo, y se envió a comisión de estudios tanto el proyecto de Código Penal como otro de “ley especial” sólo sobre las tres causales.

La separación parecería razonable, pero resulta engañosa, porque quitar del código las excepciones, reafirmaría la penalización absoluta, y en vez de ablandar a quienes imponen  dogmas religiosos a toda la sociedad, fortalecería su posición. Y si los legisladores se dejan chantajear ahora, no hay razón para creer que después recuperarán su libertad y el deber de acatar un sentimiento ciudadano que las encuestas han mostrado como absolutamente mayoritario.

Las tres causales para despenalizar la interrupción del embarazo, tal como fueron introducidas en el proyecto de Código Penal por el presidente Danilo Medina hace cuatro años,  se corresponden con criterios de casi absoluto dominio universal, sustentados en el derecho de la mujer a preservar su vida por encima de una gestación, cuando peligra por condiciones precarias de salud, o porque la concepción se ha realizado fuera del útero materno, lo que la condena a una peligrosa ruptura. 

La segunda causal es cuando los métodos de la ciencia demuestran que el ser en gestación está deformado o no tiene posibilidades de sobrevivir, resultando un atropello obligarla, bajo amenaza de prisión, a cargar esa frustración durante los largos meses del embarazo y posiblemente para el resto de su vida. Y la tercera es cuando el embarazo ha sido fruto de una violación, de violencia física y emocional. Estas dos causales atañen no sólo al derecho de la mujer a disponer y defender su cuerpo, sino también su dignidad humana. 

Se puede entender que numerosas confesiones religiosas  sustenten la prevalencia de la gestación como un dogma, como también que todavía la poderosa Iglesia Católica mantenga su oposición al uso de recursos del desarrollo científico para evitar el embarazo, y hasta que rechace el divorcio, como hace aún en Filipinas y en Chile hasta hace 16 años.

Lo que es inaceptable es que las iglesias quieran imponer sus dogmas a toda la sociedad, como hicieron durante siglos, desconociendo el inmenso desarrollo de los derechos y las libertades consagradas en las constituciones y los códigos internacionales. Hay que respetar los derechos de confesión religiosa, pero también los de los laicos. Como no se trata de imponer abortos, siempre podrán convencer a sus fieles de que no deben practicarlo.    

Con el agravante de que las jerarquías religiosas, casi absolutamente masculinas, además de discriminar a la mujer, desprecian su dignidad, sobre todo de la inmensa mayoría de limitados recursos económicos. Sabiendo que las pudientes abortan cuando lo desean, tanto en el país como en naciones vecinas donde está despenalizado, las sacrificadas son las que sólo pueden acceder a los servicios de los hospitales públicos donde el personal médico no corre el riesgo. Es decir que se trata de un dogma clasista.

No hay razón para que los legisladores dominicanos sigan bajo el chantaje o el oportunsmo de hacerse graciosos ante jerarquías religiosas, desconociendo las excepciones a la penalización del aborto consagradas en 133 países, además de otros 58 donde cualquier  aborto es libre. Sólo compartimos ese olor de santidad con Nicaragua y El Salvador y con los pequeñitos estados de Malta y El Vaticano.Hay que esperar que el Partido Revolucionario Moderno, con clara mayoría en ambas cámaras, cumpla la resolución de su Dirección Ejecutiva del 26 de julio del 2016, que apoyó las tres causales y concierte con otras fuerzas políticas que también la favorecen. Si quieren una justificación ante las jerarquías religiosas, que auspicien una amplia encuesta donde seguramente saldrá ratificada la prevalencia de la dignidad de la mujer.-                

Un reto a la conciencia nacional

Por Juan Bolívar Díaz

El conjunto de disposiciones gubernamentales para tratar de preservar la salud de la población dominicana, al amparo de un estrado de excepción o de emergencia nacional determinado por el peligroso coronavirus constituye uno de los más grandes retos a la conciencia y la disciplina de toda la ciudadanía, sin excepción.

Sólo con el compromiso de todas y todos los habitantes del país será posible que estas disposiciones alcancen el éxito y logren detener la expansión del virus que ha disparado las alarmas en gran parte del mundo y que no hace distinción de clases sociales, razas, género ni credo religioso o ideológico.

No se le puede regatear el máximo apoyo a las disposiciones adoptadas por el gobierno por 15 días a partir de este jueves, que cierra el país por aire, mar y tierra, prohíbe todas las actividades comerciales que no sean sobre alimentos, productos farmacéuticos, combustibles y servicios de salud. Cierra bares y restaurantes, suspende todas las actividades docentes, estas por casi un mes, todo tipo de concentraciones sociales y políticas, los espectáculos y actividades deportivas.

Es obvio que el gobierno optó por una línea de acciones duras ante el grave peligro de expansión de la pandemia, con todos los costos de salud y vida que implica y debe asumirse que con plena conciencia del riesgo de que las medidas, de gran costo humano y económico,  no sean suficientes y obliguen a una prolongación que pudiera devenir catastrófica.

Están a la vista las consecuencias económicas de la pandemia, para el turismo, las exportaciones, las zonas francas, la industria y hasta la agropecuaria.  La paralización de casi todas las actividades por dos semanas implica pérdidas inmensas, desempleo y calamidades para una importante proporción de la población. Si se le suma una previsible reducción de las remesas, el panorama de corto y mediano plazo es muy preocupante.

Nuestras vulnerabilidades son inmensas, gran parte de la población no puede  almacenar alimentos por muchos días. Con 57 por ciento del empleo informal, son demasiado los que dependen del chiripeo diario y tendrán la tentación o la necesidad de seguir la vida normal desde que pasen los primeros días. Ahí comienza el gran desafío, porque podrían arruinar el esfuerzo colectivo y hacer inútil el costo económico que conlleva.

Todos los pudientes, especialmente los empresarios, deberían aportar los máximos sacrificios para mitigar las calamidades de los más vulnerables, de la masa de empleados de subsistencia, carentes de ahorros para enfrentar las contingencias. Nadie debería ser privado del salario durante las dos semanas de la emergencia.

El presidente de la nación dijo que el gobierno no dejará a nadie desamparado, lo que puede ser un hermoso propósito difícil de cumplir cuando cientos de miles de personas se verán impedidas de producir el precario sustento cotidiano. Ojalá que pueda cumplir el buen propósito de hacer llegar la alimentación escolar a las casas de los estudiantes, con el desafío de que ese movimiento no rompa la cadena que trata de aislar la expansión del virus.

El plan de emergencia anunciado por el presidente Danilo Medina es integral y abarcador, y contempla excepciones y facilidades impositivas, medidas monetarias,  asistencia social y servicios de extraordinarios de salud, que demandan enormes recursos financieros.

El reto es para todos, desde los más encumbrados o los más desprotegidos, y tenemos que tomarlo con la mayor seriedad, aplazando las cherchas y la eterna vocación por burlar todas las disposiciones limitativas, comenzando por los mismos funcionarios, y por las clases altas y medio altas que no conocen sacrificios de vida. Los jóvenes tienen que permanecer en sus casas, sin abusar de su condición privilegiada, porque son los que mejor pueden sortear la pandemia, pero no dejan de ser difusores de la misma. Están obligados a proteger a los mayores, no sólo a sus padres y abuelos, sino también a los vecinos y a todos los pobladores.

Ojalá entendamos el reto. Si durante los 15 días de sacrificios, no controlamos la expansión del coronavirus, todo el esfuerzo habrá sido en vano. Y lo que es peor, tendremos menos aliento para otro período de sacrificios. El gobierno escogió ahora o nunca y de ninguna forma puede sobrepasarse en el estado de excepción, ni buscar capital político de la crisis, como tampoco deben hacerlo los opositores. Todos debemos sacrificarnos.