Austeridad y nada de malversación

     Por Juan Bolívar Díaz

La penosa triple crisis por la que atraviesa el país, de salud, económica y social, obliga al nuevo gobierno a llevar hasta las últimas consecuencias la austeridad y la reducción de la malversación y el festín de los escasos recursos de una nación que más allá de los eufemismos sigue siendo pobre. Si era irritante el nivel de dispendio, corrupción y reparto clientelista cuando la economía crecía hasta 6 y 7 por ciento anual, ahora es bochornoso, inmoral e inaceptable.  

Como muchos políticos y legisladores no acaban de entender que cientos de miles de dominicanos han perdido sus empleos y otros tantos los tienen suspendidos por los efectos de la pandemia del coronavirus, será necesario que la población se lo estruje entre boca y nariz para que comprendan que tenemos que economizar cada peso, suprimiendo botellas, peluches, barrilitos, cofrecitos, mafias empresariales, subsidios absurdos y reducir el inmenso costo de la política.

El gobierno viene dando muestras de austeridad y ya ha suprimido varios miles de botellones, de subdirectores, subadministradores, vicecónsules, presuntos diplomáticos y simple activistas políticos, también ha encarado mafias como las que monopolizaban las ventas de asfalto, con sobreprecios estimados hasta 60 millones de dólares anuales. 

Se anuncia el despido de 7 mil botellas y “peluches”, denominación de  los hijos de políticos y funcionarios que no hacen vida  militar y han abultado en términos alarmantes las nóminas de las fuerzas armadas, que dicho sea de paso, ya es tiempo de que sea transparentada por completo. Por ejemplo ya debería informarse cuántos generales y coroneles sin mando cobran en los institutos castrenses, están asignados a empresarios y políticos y los que se aprovechan de esos cargos para hacer todo género de negocios, lícitos e ilícitos. 

Los niveles de abuso de lo público llegaron a proporciones irritantes. Ya el gobierno dispuso la reducción y unificación de los consejos del sector eléctrico que durante décadas ha consumido hasta mil millones de dólares anuales en subsidios. Al unificar media docena de consejos directivos, han quedado sólo 9 consejeros  pagados, disminuyendo su costo de  103 a 37 millones de pesos mensuales. 

Gerentes de las deficitarias distribuidoras de energía disfrutaban de tarjetas de crédito para gastos personales de hasta 250 mil pesos y 10 mil dólares. El nuevo director de la Autoridad Aeroportuaria, Jean Luis Rodríguez,  se dio el lujo de anunciar que le basta con un salario sobre los 500 mil pesos mensuales y renuncia a cobrar 50 mil pesos por asistencia a cada reunión administrativa del mismo organismo, así como a una tarjeta de gastos personales de hasta 150 mil pesos y 10 mil dólares.

En ese escenario merece total apoyo la propuesta del presidente Abinader de reducir a la mitad el subsidio a los partidos políticos el próximo año, lo que implicaría un ahorro de 630 millones de pesos. No puede despacharse esa propuesta calificándola de populista,  cuando afectaría al propio partido gobernante, el Revolucionario Moderno, que junto al Partido de la Liberación Dominicana, únicos que obtuvieron sobre el 5% de los votos en las elecciones de este año, estaría llamado a recibir el 80 por ciento de ese subsidio. A cada uno le quitarían 252 millones de pesos.

La reducción a los partidos es más justificada,  porque a consecuencia de las fallidas  elecciones municipales de febrero, celebradas luego en marzo y las presidenciales y congresuales de julio, el subsidio a la actividad política, que en principio fue pautada para 3 mil 13 millones de pesos, terminó sobre los 4 mil. Con el financiamiento a la Junta Central Electoral el costo de la política en este desventurado año sobrepasó los 7 mil millones de pesos. Es indignante el chantaje de que la reducción del financiamiento político dejaría a los partidos a merced de los narcotraficantes. 

El gobierno tiene que avanzar todavía mucho más en la austeridad, en la supresión de  botellones, de barrilitos y cofrecitos, en el control de la corrupción y de la malversación, en la fusión de organismos redundantes, prohibiendo las tarjetas de crédito y los gastos de representación, como los regalos, canastas navideñas, la repartición de hasta 15 y 16 salarios anuales en  numerosas instituciones estatales, autónomas o no, en la contratación de seguros internacionales privilegiados, y en muchos otros capítulos ahora mismo bajo revisión.

Ojalá que los dirigentes políticos, todos los funcionarios, los empresarios sin escrúpulos y toda la ciudadanía registren que la hora demanda austeridad y sacrificios. Antes de que la población desesperada y los más conscientes se los hagan entender.-      

No más borrón y cuenta nueva

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

            La peor decisión que pudiera adoptar el gobierno a instalarse el próximo 16 de agosto sería decretar un nuevo borrón y cuenta nueva, como ya sugieren, hasta en tono de chantaje, los defensores de la depredación nacional, porque lo llevaría a un rápido divorcio de los anhelos nacionales expresados contundentemente en los últimos años por la Marcha Verde, los jóvenes de las plazas y casi todas las encuestas, las que registran la corrupción y la impunidad entre las tres mayores preocupaciones sociales.

            La política de borrón y cuenta nueva ha sido nefasta en la historia nacional, incentivadora de crímenes y del latrocinio, bajo la generalizada convicción de que nunca el brazo de la justicia alcanzará a los depredadores o a los asesinos. Todo ha sido impunidad, y esta sociedad nunca ha tenido una comisión de la verdad que esclareciera siquiera medianamente los millares de crímenes de la Era de Trujillo, ni los de los 12 años del balaguerismo. 

Nadie pagó nunca por las torturas inmundas y los asesinatos de dos centenares de heroicos jóvenes que en 1959 desafiaron la tiranía. Tampoco ha habido una condena formal para los asesinos de los héroes del 30 de mayo, ni para los responsables del fusilamiento de Manolo Tavárez y sus compañeros después que entregaron las armas con las que pretendieron combatir el ignominioso golpe de Estado del 1963, ni a los genocidas de San Isidro que bombardearon la población civil dos años después. Tampoco se formalizó siquiera una acusación judicial contra quienes fusilaron al héroe nacional Francisco Caamaño Deñó, defensor supremo de la soberanía nacional y la Constitución de la República.

Todos esos crímenes se ejecutaron acompañados por las más vulgares expropiaciones del patrimonio nacional, desde aquel jefe que convirtió el país en una hacienda particular, a los militares y políticos sin escrúpulos que se han hecho multimillonarios a la vista de todos, amparados siempre en su poder de chantaje cuando aparece un nuevo gobierno con pretensiones de justicia.

El presidente elector Luis Abinader está consciente de la pendiente enjabonada del borrón y cuenta nueva. Y ha comenzado por advertir a los que con él llegan al poder, de que no se permitirá la continuidad del latrocinio. Su primera designación  de funcionarios, con advertencia incluida,  recayó sobre ese símbolo nacional que es la doctora Milagros Ortiz Bosch, como directora del Consejo Nacional de Etica, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Y casi de inmediato solicitó la colaboración de un profesional de la transparencia y la lucha contra la corrupción, como lo es Carlos Pimentel, hasta ahora director ejecutivo de Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, para encabezar la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado.

            Contra la depredación de los bienes públicos apuntan también los anuncios de disolución del Despacho de la Primera Dama, convertido en agencia de promoción política depredadora  de casi mil millones de pesos anuales, y del antro de la corrupción en que fue convertido el Consejo Estatal del Azúcar, y la fundición de organismos clientelares, redundantes y deficientes como la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Mientras se contemplan muchas otras.

            Como siempre, a nombre de la gobernabilidad se empieza a advertir sobre un supuesto  circo, y sobre el derechol al trabajo de decenas de miles de botellas, cuando se habla de justicia, de  austeridad y de defender el patrimonio común mediante un Ministerio Público constituido por juristas independientes, que no serán dirigentes del bloque de partidos por asumir el gobierno. Y no faltan quienes quieren apropiarse del proyecto de unidad nacional para combatir el Covid-19 y sus graves consecuencias económicas y sociales. 

            La unidad nacional procede, pero también para combatir la corrupción y borrar la impunidad del “to e to y na e na”. Luis Abinader y la coalición socio-política que personificó el PRM, lograron una avalancha de votos el 5 de julio porque la sociedad dio crédito a sus propuestas de cambio, entre las cuales resalta la lucha contra la corrupción y la impunidad. En las actuales circunstancias, cuando necesitará un gran respaldo nacional para enfrentar la desgracia del coronavirus y sus derivaciones, es hasta imprudente pedirle otro borrón y cuenta nueva. Eso debe proscribirse para siempre como forma de impedir la continuidad de la apropiación del patrimonio nacional.-     

Preso en su propia trampa

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

            Desde el principio de la emergencia nacional impuesta por el coronavirus advertimos que el gobierno del presidente Danilo Medina tenía que aceptar las propuestas de los más diversos sectores de una concertación del liderazgo nacional para tener mayores posibilidades de éxito en la contención de la pandemia. Y que le convenía porque ante una amenaza tan grave era preferible compartir la responsabilidad, incluso con sus opositores políticos.

            Lamentablemente desde el gobierno la pandemia fue vista como una oportunidad para reposicionar la valoración del presidente e impulsar sus candidaturas para los pendientes comicios presidenciales y congresuales después del grave tropiezo sufrido en los municipales, que según adelantó el mismo mandatario marcarían el destino del próximo gobierno.

            Ni por cortesía el presidente Medina respondió los planteamientos de concertación provenientes de la oposición, de la Conferencia del Episcopado Dominicano, las iglesias   evangélicas, sectores empresariales, de las organizaciones sociales y los medios de comunicación. Ni siquiera fueron capaces de concertar con el Colegio Médico Dominicano, las asociaciones de enfermería,  ni con la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) que agrupa decenas de entidades vinculadas al sector. Y en grandes operativos barriales no auspiciaron la participación de los ayuntamientos ni de las organizaciones comunitarias.  

            El llanero solitario quiso convertir a su candidato presidencial en un Chapulín Colorado que en medio de la pandemia se desplazaba hasta a China para salvar a todos los dominicanos de la pandemia y rescatar a los varados. Le traspasó las responsabilidades que correspondía al Estado en procurar los primeros equipos, materiales y insumos para combatir el virus, con resultados pírricos iniciales que permitieron la expansión sin lograr en los primeros dos meses, los suministros necesarios. No respondió una oferta pública a principio de abril de la Cámara de Comercio Dominico China para apelar a acuerdos bilaterales y conseguir traer un avión carguero de insumos y equipos. 

            Creyeron haber encontrado una veta de oro político en la pandemia, manteniendo a la oposición en un corral sanitario, con un toque de queda que no regía para los suyos, repartiendo contratos de compras entre empresas vinculadas y cotizantes y confiando en la rentabilidad política del subsidio a cientos de miles de personas afectadas por la paralización.

            Pero ahora, después de tres meses de medidas de excepción y emergencia, con el cuerpo social fatigado e incapaz de sostener las privaciones por mucho tiempo, el gobierno se ve preciso a detener la reactivación que había iniciado, y se toma dos semanas para anunciar como nuevo esfuerzo, que multarán al que salga a las calles sin mascarillas, sin poder explicar el mecanismo de cobro, o si serán detenidos los infractores de la disposición.

            En realidad, el gobierno ha ido quedando preso de su propia trampa. Las encuestas más acreditadas indican que no han logrado la rentabilidad política esperada y que la fatigada sociedad sigue clamando por cambios políticos, económicos y sociales. 

            Y para completar la gravedad de su atrapamiento, a los tres meses ha comenzado a triplicar el número de las pruebas para detección del virus que se le reclamaron cuando la población soportaba el acuartelamiento. Como es lógico se incrementan alarmantemente los contagiados por efecto del mayor número de pruebas, sobre tres mil por día, cuando el promedio diario de los dos meses del cierre de actividades fue  903.

            Sin haber podido revertir su infortunio político, desde que faltaban dos semanas para las elecciones, sectores gubernamentales emprenden el camino de la intimidación, hasta con una línea de difusión  gráfica que incluye carabela  y tumba, lo que conspira contra el éxito de las elecciones. Aunque ello implique la confesión de fracaso en el solitario combate de la pandemia. Porque una vez más queda patente que lo fundamental es mantenerse en el poder, a cualquier costo. 

            Es bien penoso que las fuerzas sociales nacionales no tengan el valor suficiente para reclamar el predominio del interés general. Porque si se sigue difundiendo el miedo y no se contiene la expansión del virus, los daños a la salud y económicos y sociales se multiplicarán hasta lo infinito. El próximo primero de julio debería comenzar la fase 4 de la reactivación, con vuelos y turismo incluidos, pero hemos quedado congelados en la segunda. Las estadísticas no cuadran y el atrapamiento parece dramático.-