Hay que evadir una crisis institucional en medio de la pandemia y la parálisis

La prioridad nacional tiene que ser  incrementar los esfuerzos por contener la expansión del coronavirus y planificar la reactivación económica, pero también hay que elegir un nuevo gobierno antes del 16 de agosto para ahorrarnos una crisis institucional 

                                               Por Juan Bolívar Díaz

AME7989. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 25/03/2020.- Agentes de la Policía Nacional dominicana controlan a vehículos en un retén durante el toque de queda este martes en Santo Domingo (República Dominicana). El número de fallecidos en la República Dominicana a causa del coronavirus aumentó de 6 a 10, mientras que los contagiados subieron de 312 a 392, informó hoy el ministro de Salud Pública. Dominicana se encuentra en estado de emergencia desde el pasado jueves, el Gobierno ha decretado el cierre de fronteras y ha impuesto un toque de queda de 8.00 de la noche a 6.00 de la mañana desde el pasado viernes. EFE/Orlando Barría

Hace lo correcto la Junta Central Electoral (JCE) al iniciar el proceso organizativo de las elecciones presidenciales y congresuales, ahora convocadas para el 5 de julio y toda la sociedad debe entender que la pandemia del coronavirus y sus graves repercusiones económicas y sociales no aguanta una ruptura de la institucionalidad democrática.

Aunque predomina la incertidumbre, hay que trabajar para hacer posible una concurrencia a las urnas que legitime un nuevo gobierno el 16 de agosto, partiendo de la convicción de que en otros dos meses habrá que controlar la crisis de salubridad para evitar la insostenibilidad del país, y hasta aprender a convivir con el virus.

El gran empeño nacional

 Es más que deplorable que el gobierno no haya respondido a la demanda de concertación formulada no sólo por los partidos opositores, sino también por una considerable parte de la sociedad que pide desplegar todas las energías para emprender unidos la batida a la crisis del coronavirus que sigue expandiéndose, con su secuela de muertes y la deriva de parálisis económica y social.      

Esa concertación era más imperativa por las circunstancias de que el país se encuentra en el final de un proceso electoral y todas las acciones gubernamentales rebasarán el límite de los ya menos de cuatro meses que le resta al gobierno. Incluso, no se puede vislumbrar que las nuevas autoridades a ser investidas el 16 de agosto puedan emprender la enorme tarea de reparación sanitaria, económica y social, sin precedente por su carácter universal, sin  desatar una gran sinergia nacional, apelando a todos los sectores organizados.

 Aunque el planteamiento de la concertación fue enarbolado originalmente por los candidatos presidenciales de oposición Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno, ha encontrado eco en dirigentes empresariales, religiosos y sociales. Esta semana la apoyó la comisión permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano en un comunicado, y antes dirigentes evangélicos, de asociaciones empresariales, gremios profesionales, medios de comunicación y el Foro Ciudadano, que agrupa más de 200 organizaciones y redes sociales. El gobierno no se ha preocupado de incorporar a la comisión creada para dar seguimiento a la crisis, ni siquiera al Colegio Médico o a la Asociación Dominicana por el Derecho a la Salud, que reúne a más de 50 entidades vinculadas a ese sector.

Sin salida a la vista

 Tras el optimista discurso del presidente Danilo Medina el 17 de abril, donde consideró que el país se acercaba a “la meseta”, o aplanamiento de la curva ascendente de los contaminados y fallecidos, se produjo un relajamiento de la emergencia y miles salieron a las calles tratando de reanudar sus actividades productivas, lo que también fue demandado por sectores económicos, pero la realidad obligó a frenar, mientras los expertos nacionales y los organismos internacionales advertían de los riesgos de precipitar decisiones que pudieran empeorar la expansión del virus.

 Hasta en el gobierno se advirtió una divergencia, pero al final predominó la decisión de esperar, al menos hasta el fin del mes cuando terminaba la emergencia aprobada por el Congreso, según anunció el presidente Medina a mitad de semana, pero ayer viernes pidió una segunda extensión del período, ahora hasta el 25 de mayo. En tanto se reanudaba el esfuerzo por mantener a la población en la reclusión.

 La tardanza con que el gobierno respondió a los requerimientos, con repetidos fracasos en proporcionar las pruebas requeridas para detectar la enfermedad a tiempo y aislar a los portadores, y en el suministro de equipos, medicamentos y materiales tan elementales como mascarillas y guantes, que todavía el miércoles las enfermeras reclamaban, más las debilidades de los servicios que arrastra la salud pública, determinaron que se perdiera una parte del tiempo consumido en una reclusión de poca rentabilidad. Ayer las estadísticas nacionales marcaban 5 mil 749 contaminados y 267 fallecidos, con una ligera tendencia a la moderación, pues la tasa de muertes cayó por primera vez por debajo de 4% , mientras la de sanados subía hasta 13%, casi la mitad de la internacional que estaba en 27%. Con todo sol se vislumbra aún el horizonte de la enfermedad.

El hambre no resistirá

 El país está urgido de resultados positivos a corto tiempo, o tendrá que correr los riesgos y comenzar a reanudad las actividades productivas, porque la estructura socioeconómica nacional no resiste una parálisis mucho más extensa, aunque el gobierno haya puesto bastante empeño en socorrer a los desempleados suspendidos y a una parte de los trabajadores informales. Los primeros pasaron de 800 mil y los informales son  estimados alrededor de 2.3 millones, las mayoría de los cuales no han sido alcanzados por los subsidios de emergencia. Y la asistencia de 5 a 8 mil 500 pesos, queda lejos del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, situado en 14 mil 200 pesos.

Aunque todavía hay quienes insisten en creer que el problema es la violación del toque de queda nocturno, lo que es falso acorde al informe de que 45 mil habían sido detenidos por violarlo, en el primer mes, pues esos apenas representan el 0.4% de la población. La ruptura del aislamiento se produce en el día cuando los trabajadores informales tratan de reemprender actividades que les permitan sobrevivir. Cada d+ioa será m´s difícil mantenerlos  encerrados, como han documentado las fotografrías y videos de los medios informativos. Ya el predicador evangélico Ezequiel Molina advirti´´o la posibilidad de estallidos sociales, simplemente por hambre.

Los daños a la economía nacional serán dramáticos, con el turismo sin perspectivas por lo menos para este año, con fuerte reducción de las remesas, por el desempleo en los principales refugios de la diáspora dominicana. En Estados Unidos hay ya 26 millones de trabajadores que han solicitado subsidio de desempleo. Turismo y remesas aportaron más de 15 mil millones de dólares al país en el 2019. El centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles vaticina un aumento del desempleo en el país de entre 407 y 667 mil personas.  

Organizar las elecciones

 “Si somos capaces de hacer filas en los bancos y aglomerarnos en los mercados y supermercados, hacer tertulias en cualquier lugar, pues adóptense las medidas sanitarias de lugar para que en julio se celebren elecciones. Su no celebración hará más daño al país que el covid-19”, escribió en las redes sociales esta semana el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero, consciente del peligro de arriesgar la institucionalidad democrática.  e.

Tal vez por eso, a pesar de la crisis internacional, la representación de la Unión Europea informó que el 6 de junio llegará al país una Misión Electoral de Expertos para asesorar a la JCE en la preparación de las elecciones, mientras expertos de la OEA anuncian que entregarán próximamente un instructivo para votar con el Covid-19. La Comisión de Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero se reunió esta semana con el pleno del organismo, alentando el nuevo calendario anunciado.

Desde la sociedad civil, el Manifiesto por Elecciones Transparente, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana y el Foro Ciudadano  también alientan las expectativas de que se puedan organizar las elecciones y evitar una crisis política mayor. El empresario Celso Marranzini, dirigente de la Finjus, dijo esta semana por Teleantillas que hay que buscar los mecanismos para celebrar las elecciones, y en víspera del 55 aniversario de la revolución constitucionalista, recordó que la última vez que se desconoció unas elecciones en el país, nos costó 5 mil muertos.

No faltan quienes entienden que no hay condiciones para elecciones y plantean una prolongación del mandato constitucional, aunque el artículo 274 de la Constitución establece que concluye el día 16 de agosto de cada cuatro años”. Ese principio lo sostienen 13 partidos opositores, integrados en dos bloques electorales encabezados por el Partido Revolucionario Moderno y el partido Fuerza del Pueblo, que esta semana llevaron una instancia conjunta a la JXE urgiendo reactivar el calendario electoral, mientras el gobernante Partido de la Liberación Dominicana dejaba pasar dos semanas sin la menor referencia a la nueva convocatoria electoral.        

Protocolo para votar con el Covid-19

El Foro Permanente de Partidos Políticos, el PRM, el Partido Revolucionario Social Demócrata, articulistas y ciudadanos, ya han estado planteando disposiciones protocolares para votar en julio, asumiendo que todavía no se habrá superado por completo la pandemia:

  • Eliminación del entintado de dedos y la colocación de la huellas dactilares de los electores en  la lista de asistentes.
  • Que cada elector lleve su propio marcador, bolígrafo o lápiz o se les proporcione para uso único.
  • Dividir los colegios electorales y trasladar a espacios más abiertos, como estadios
  • Requerir el uso de mascarillas y guantes, y proporcionárselos a quienes no los lleven, igual que a todos los operadores de los colegios electorales y delegados.
  • Desinfectar los locales de votación antes del inicio y al medio día
  • Establecer horarios de votación por género y privilegiando a los mayores de 60 años.
  • Un rígido control de las filas para guardar la distancia requerida.
  • Pruebas rápidas con anticipación a los operadores de colegios y delegados de los partidos.
  • Prohibir las aglomeraciones de activistas en los accesos a los colegios electorales.
  • Buscar consenso para un mecanismo que  permita el voto de los dominicanos en el exterior, 8% del padrón, quienes además eligen representantes al Congreso.

¿Y dónde quedó la eficiencia?

Por Juan Bolívar Díaz

No cabe la mezquindad, todo sentido de nobleza obliga a reconocer que en el gobierno hay quienes están haciendo esfuerzos para combatir la pandemia que amenaza seriamente la salud de la población dominicana, como también la estabilidad económico-social del país. Pero más allá de eso y de la honorabilidad, las estadísticas y la realidad obligan a preguntar dónde ha quedado la eficiencia y la capacidad para poner límites al tráfico de influencia y la corrupción en medio de la desolación.

Ayer la República Dominicana competía con Ecuador en el liderazgo latinoamericano en la tasa de letalidad, o fallecidos por cantidad de contaminados por el coronavirus, 4.7 y 4.9 por ciento, respectivamente, y tenemos una de las más bajas tasas de recuperación, de apenas 1.8 por ciento, cuando en el mundo promedia 21 por ciento. Y sólo hemos realizado unas 7 mil pruebas para la detección del virus, cantidad que se practica cada día en muchas naciones.

Registramos un escándalo cuando trascendió el tráfico de influencia, que es una forma de corrupción, en las licitaciones para las compras de equipos y materiales de urgente necesidad en el sistema de salud, siquiera para proteger a médicos y enfermeras. Cuando parecieron irrebatibles las irregularidades o si se quiere imprevisiones e ineficiencias, el ministro de la Presidencia nos consuela informando que habían quedado anuladas adjudicaciones de comprar por 2,725 millones de pesos, de las que hizo el Servicio Nacional de Salud a 16 empresas, y que sólo han prevalecido adquisiciones por 143 millones de pesos.

Eso implica que los beneficiarios de las licitaciones apenas pudieron cumplir con el 5 por ciento de las adjudicaciones en el plazo de 5 días que tenían, y que después de una semana de la convocatoria, el Estado se ha quedado sin los desinfectantes, las mascarillas, batas, gorros, botas, espejuelos de protección, y termómetros digitales que hace más de un mes se reclama a gritos en los hospitales.

No se ha cuestionado la reconocida honorabilidad y la dedicación del director del Sistema Nacional de Salud, Chanel Rosa Chuppani, ni la del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, pero estos como el también honorable Gustavo Montalvo, en vez de atribuir malas intenciones a quienes velan por la transparencia, deberían dar explicaciones, o reconocer que alguien metió la mano, o al menos que sus licitaciones no fueron eficientes.

Lo primero que deben responder es por qué se otorgó el 65 por ciento del monto de la primera adjudicación de compras a dos empresas que ni estaban registradas ante la dirección de Compras y Contrataciones del Estado para esos renglones, que no tenían el menor aval, ni de representación de productores o importadores, ni de almacenamiento de esos productos.

La parte de la sociedad que reclama transparencia quisiera que le explicaran bajo qué criterios se adjudicó el 53 por ciento de esas compras a la empresa constructora Tools & Resources Enterprises Toreen SRL, que apenas el mismo día que se  declaró la emergencia que flexibiliza las normativas de contrataciones públicas, el 19 de marzo, registró ante la Cámara de Comercio y Producción un cambio estatutario para dedicarse a la comercialización de insumos y materiales hospitalarios. ¿Quién consideró que esa empresa, con un capital de apenas 100 mil pesos, registrada como propiedad de un empleado privado y un chofer, podía entregar en cinco días productos demandados por la emergencia nacional, sin el menor antecedente en esos renglones, en la primera licitación, por 1,515 millones de pesos, y luego hasta un total sobre 2 mil 100 millones con las de otras dos?

¿No se advirtió que entre las mismas ofertantes habían diferencias de precios hasta superiores al 100 por ciento, y que procedía escoger las menores, y bajo qué eficiencia se dieron apenas horas para presentar  ofertas, por qué no fueron directamente a empresas de zonas francas que producen algunos de los productos que se quería adquirir, y por qué el Estado mismo no importó directamente?

Aún nuestro  sistema de salud no dispone de suficientes pruebas para la detección temprana del virus. Pero Perú compró a China 1 millón 400 mil pruebas, por 29 millones de dólares, hace tres semanas, cuando sólo contaba 263 contagiados y 4 fallecimientos. Brasil adquirió también de China 200 millones de equipos de protección. Pero aquí es el candidato presidencial oficialista quien importa desde China en sus pequeños aviones. Que Dios y la virgencita de La Altagracia nos cojan confesados!  

El PRM ganó el 52% de las alcaldías y en 26 de los 38 mayores municipios

El PLD obtuvo el 41% de las alcaldías y sólo pudo ganar en 10 de los 38 mayores municipios, mientras la abstención alcanzó el 51% pero en 56 pequeños municipios votó entre el 60 y el 81%, la proporción del voto total fue de 43% el PRM y 40% el PLD

Por Juan Bolívar Díaz

Al concluir el cómputo preliminar de las elecciones municipales del domingo, el Partido Revolucionario moderno (PRM) quedó como la principal fuerza política del país, ganando 82 alcaldías, 52% del total, mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) quedó desplazado de la primacía que ostentaba desde las elecciones generales del 2004, quedando con el control de 64 alcaldías, el 41%.

 El PRM y sus aliados fueron ganadores en la mayoría de los centros urbanos del país, consiguiendo la victoria en 26 de los 38 mayores municipios, el 68%, y contribuyendo a la victoria de sus aliados en San Juan de la Maguana e Higüey para completar 28, equivalentes al 74% de los mismos, mientras el PLD  se imponía en mayor proporción en los pequeños y medianos.

43 a 40% en el voto total

Anoche la JCE, a petición de HOY, entregó un cuadro con la votación total por partidos, en la s elecciones municipales del domingo 15,donde el PRM y sus aliados aparecen encabezando con 43%, y el PLD 40%, con 1,503 mil 076 votos para el primero, y 1,415 mil 860 para el segundo. El PRSC y aliados aparecen con 210 mil 472, para un 6%. El PRD solo acumuló 55 mil 900 votos y con aliados 5,178. Fuerza del Pueblo no encabezó muchas alianzas, por las circunstancias de tiempo en que se forjó. 

Según el informe, la votación general alcanzó a 3 millones 497 mil 193, un 49.12 del total de empadronados que era 7 millones 487 mil 40. Los votos nulos sumaron 179 mil 261, equivalentes a l 5.13%. Pero el cómputo final arroja una victoria del PRM y sus aliados, en 82 de los 158 municipios, para un 52%, mientras el PLD salía adelante en 64 para un 41% del total. Los partidos Revolucionario Social Cristiano y Revolucionario Dominicano, que dominaron el escenario político de la segunda mitad del siglo pasado, quedaron relegados, logrando ganar sólo en 7 y 3 de los municipios, respectivamente, por sus alianzas. El Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS) y el Partido Popular Cristiano (PPC)  obtuvieron los dos restantes.

El cómputo concluyó la noche del jueves, cuando pudieron procesar la totalidad de los colegios de San Pedro de Macorís y San Cristóbal, donde los resultados fueron estrechos en favor del PRM y aliados. En el primero arrojó una diferencia de 512 sufragios, y menos del 1%, con 29.91 a 29.09, y allí se generaron tensiones que llevaron el miércoles a una renuncia del presidente de la Junta Electoral Municipal, que luego retiró. En San Cristóbal la diferencia fue de 1,042 votos, con porcentajes de 43.34 a 41.83%, de 1.51%.

En relación a los 106 alcaldes ganados en el 2016, el PLD retrocedió en 42, equivalentes al 42%, en tanto el PRM avanzó de 30 a 82, con ganancia neta de 52, que representan un incremento de 173%,

En los grandes municipios

La victoria del PRM y sus aliados fue contundente en la mayoría de los grandes centros urbanos del país, incluyendo el Distrito Nacional y las  cabeceras de las 31 provincias. De los 38 municipios más poblados, se impuso en 26 para un 68%, que alcanza a 28 y al 74% cuando se le agregan los de San Juan de la Maguana e Higüey, donde contribuyó a las candidaturas del PRSC y al BIS, que personificaron alianzas locales. El PLD sólo pudo ganar en 10 de los grandes municipios, y en sus tres mayores, Santiago, Santo Domingo Norte y Moca, habría contado con el voto total de los peledeístas antes de la división que originó el Partido Fuerza del Pueblo, liderado por Leonel Fernández, que no postuló a nadie en los mismos. Los tres alcaldes electos allí son señalados como leonelistas.

La victoria del PMR fue arrolladora en el gran Santo Domingo, donde ganó en el DN y en 5 de los 7 municipios de la provincia más poblada, los de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Guerra. En los dos mayores, DN y SDE con votación de 60 y 58%. El PLD sólo ganó Santo Domingo Norte, con 54% y Boca Chica, por 31 a 28% del PRM. Ahí el Partido Cívico Renovador alcanzó 18% y el PRD 12%, único caso en todo el país que hubo 4 partidos con más del 10%.

Fue notorio que el PLD ganó las alcaldías de una gran proporción de los pequeños y medianos municipios, especialmente en la franja fronteriza y en el sur profundo. Pero en esta región perdió en todos los grandes municipios, al igual que en la región oriental,  ambas en las que dominó absolutamente el PRM.

La abstención fue el 51%   

La JCE informó que los concurrentes a los comicios municipales fueron 3 millones 496 mil 882 ciudadanos, de los 7 millones 487 mil 040 empadronados, para un porcentaje del 49%, ligeramente por encima del 47% que promedió el voto en las cuatro elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales entre los años 1998 y 2010. Pero se quedó muy lejos del 70% que se dijo en actitud de votar en varias de las encuestas publicadas en este año. Se cree que el anuncio del aislamiento del país, por el coronavirus, apenas 12 horas antes de abrirse las urnas, incrementó los temores a contraer la enfermedad y redujo la participación.

Siempre ha sido mayor la participación en los pequeños y medianos municipios, pero esta vez se acentuaron las diferencias. En el DN sólo votó el 43%, y en los 3 grandes municipios de  la provincia Santo Domingo apenas entre 37 y 39%. En Santiago 38, La Vega, Puerto Plata, Moca, San Cristóbal, por debajo del promedio. En cambio hubo pequeños como Cristóbal donde votó 81%, Jaquimeyes y la Ciénega 79%, Fundación 78% y El Peñón y Los Cacos 76%. En otros 55 municipios la votación osciló entre 60 y 70%.       

Esas diferencias se reflejaron en que la distancia de votación total no fuera mayor entre el PLD y el PRM con sus aliados. Promedio de votación alta en los pequeños del PLD, y muy baja en los grandes que dominó el perremeísmo. Los peledeístas ganaron poco más de la mitad de los distritos municipales, muchos de ellos con entre 5 y 20 colegios electorales.

 Hubo un factor adicional que contribuyó a reducir la diferencia entre los dos mayores bloques de partidos: En la mayoría de los grandes centros urbanos los votos nulos pasaron del 5% y en muchos del 7 y hasta 8%, mientras en la mayoría de los pequeños y medianos oscilaban entre 1 y 3%. Se puede atribuir al tamaño de las boletas y a que en las grandes ciudades las disputas logran anular más votos que en las pequeñas, donde la gente se conoce y hay menor tendencia a pedir anulación del voto. Aunque puede presumirse mayor nivel educativo en las urbes.

La proyección para mayo

La interpretación de los resultados, consonantes con las encuestas independientes de enero y febrero, no permiten una proyección firme para la elección presidencial, aunque mantienen la posibilidad de un triunfo en primera vuelta del candidato presidencial del PRM Luis Abinader, como ya indicó la Greenberg-Diario libre. Más aún si aumenta la participación de los empadronados del 49% alcanzado ahora, al promedio del 70% en las presidenciales de las últimas cuatro décadas. Eso tomando en cuenta los altos porcentajes registrados por el PRM en los grandes municipios, donde ahora fue menor la proporción de concurrentes.

Es obvio que las elecciones de mayo estarán dependiendo del nivel que alcance el coronavirus en el país y el efecto disuasorio del voto que pueda provocar. Pero también podría acentuar el bipartidismo por cansancio de votaciones y deseo de la población de salir de la incertidumbre. Más aún cuando todas las encuestas independientes proyectan una victoria sobre el 60% para Luis Abinader en una eventual segunda  vuelta.

Por demás, la dispersión del voto en las municipales es muy grande, porque las alianzas fueron múltiples y parciales, apenas en el 20% de las candidaturas, y lo mismo ocurrirá en las elecciones congresuales, pero en la presidencial los partidos aliados llevan un mismo candidato.

RESULTADOS ELECCIONES MUNICIPALES 2020

CABECERAS DE PROVINCIAS Y PRINCIPALES CENTROS URBANOS

% % Votos Resultados  % Resultados %
Municipios Electores Votantes Nulos PRM y A PLD y A
Azua 50,317 56.30 3.54 53.31 44.83
Baní 81,879 41.14 7.55 57.81 34.05
Barahona 47,039 50.90 4.34 44.17 42.56
Bonao 56,742 39.48 7.01 46.32 25.86
Comendador 11,653 64.38 3.95 38.85 36.98
Cotui 43,660 61.33 2.57 54.26 43.37
Dajabón 20,959 64.44 2.69 50.80 46.66
Distrito Nacional 858,890 43.21 4.88 57.46 32.27
El Seibo 32,596 58.85 5.32 50.93 37.90
Hato Mayor 37,398 57.07 4.42 48.49 23.69
Jimaní 4,692 76.96 1.30 39.87 60.13
La Romana 127,524 37.43 4.29 20.04 32.38
La Vega 169,359 45.36 7.39 57.96 30.05
Mao 31,803 49.01 4.34 54.36 35.61
Moca 86,090 43.09 4.91 41.12 52.94
Monte Planta 20,293 67.58 3.81 41.80 35.75
Montecristi 18,932 64.27 2.23 43.64 46.76
Nagua 37,764 48.27 3.34 44.06 30.98
Neyba 21,394 66.32 2.59 42.50 53.66
Pedernales 10,486 60.52 3.58 48.10 35.61
Puerto Plata 113,979 45.69 4.56 54.50 40.09
Salcedo 34,781 54.71 4.39 41.14 43.10
Samaná 27,258 50.64 5.70 45.28 32.73
San Cristóbal 153,154 48.78 7.83 43.36 41.80
San Francisco de Macorís 136,312 36.85 7.68 51.53 37.69
San Ignacio de Sabaneta 30,576 61.13 2.65 48.01 36.17
San José de Ocoa 25,029 56.06 2.87 40.69 55.28
San Pedro de Macorís 159,251 42.58 8.85 29.91 29.09
Santiago de los Caballeros 464,126 34.33 6.70 38.38 49.62
Santo Domingo Este 676,540 37.04 6.26 59.83 34.70
Santo Domingo Norte 315,491 39.44 7.86 38.42 53.53
Santo Domingo Oeste 271,943 38.67 6.60 52.23 29.22
Los Alcarrizos 129,757 41.40 8.77 41.27 37.23
Bajos de Haina 61,755 48.00 5.80 49.97 39.22
Boca Chica 54,476 51.41 5.25 28.04 30.80
Pedro Brand 25,429 56.06 4.31 40.30 35.99
Resultados  % Resultados %
PRSC y A PLD y A
San Juan de la
Maguana
66,325 55.88 6.49 52.23 44.9
Resultados  % Resultados %
BIS y A PLD y A
Higüey  118,865 42.83 4.7 54.38 41.88

Un reto a la conciencia nacional

Por Juan Bolívar Díaz

El conjunto de disposiciones gubernamentales para tratar de preservar la salud de la población dominicana, al amparo de un estrado de excepción o de emergencia nacional determinado por el peligroso coronavirus constituye uno de los más grandes retos a la conciencia y la disciplina de toda la ciudadanía, sin excepción.

Sólo con el compromiso de todas y todos los habitantes del país será posible que estas disposiciones alcancen el éxito y logren detener la expansión del virus que ha disparado las alarmas en gran parte del mundo y que no hace distinción de clases sociales, razas, género ni credo religioso o ideológico.

No se le puede regatear el máximo apoyo a las disposiciones adoptadas por el gobierno por 15 días a partir de este jueves, que cierra el país por aire, mar y tierra, prohíbe todas las actividades comerciales que no sean sobre alimentos, productos farmacéuticos, combustibles y servicios de salud. Cierra bares y restaurantes, suspende todas las actividades docentes, estas por casi un mes, todo tipo de concentraciones sociales y políticas, los espectáculos y actividades deportivas.

Es obvio que el gobierno optó por una línea de acciones duras ante el grave peligro de expansión de la pandemia, con todos los costos de salud y vida que implica y debe asumirse que con plena conciencia del riesgo de que las medidas, de gran costo humano y económico,  no sean suficientes y obliguen a una prolongación que pudiera devenir catastrófica.

Están a la vista las consecuencias económicas de la pandemia, para el turismo, las exportaciones, las zonas francas, la industria y hasta la agropecuaria.  La paralización de casi todas las actividades por dos semanas implica pérdidas inmensas, desempleo y calamidades para una importante proporción de la población. Si se le suma una previsible reducción de las remesas, el panorama de corto y mediano plazo es muy preocupante.

Nuestras vulnerabilidades son inmensas, gran parte de la población no puede  almacenar alimentos por muchos días. Con 57 por ciento del empleo informal, son demasiado los que dependen del chiripeo diario y tendrán la tentación o la necesidad de seguir la vida normal desde que pasen los primeros días. Ahí comienza el gran desafío, porque podrían arruinar el esfuerzo colectivo y hacer inútil el costo económico que conlleva.

Todos los pudientes, especialmente los empresarios, deberían aportar los máximos sacrificios para mitigar las calamidades de los más vulnerables, de la masa de empleados de subsistencia, carentes de ahorros para enfrentar las contingencias. Nadie debería ser privado del salario durante las dos semanas de la emergencia.

El presidente de la nación dijo que el gobierno no dejará a nadie desamparado, lo que puede ser un hermoso propósito difícil de cumplir cuando cientos de miles de personas se verán impedidas de producir el precario sustento cotidiano. Ojalá que pueda cumplir el buen propósito de hacer llegar la alimentación escolar a las casas de los estudiantes, con el desafío de que ese movimiento no rompa la cadena que trata de aislar la expansión del virus.

El plan de emergencia anunciado por el presidente Danilo Medina es integral y abarcador, y contempla excepciones y facilidades impositivas, medidas monetarias,  asistencia social y servicios de extraordinarios de salud, que demandan enormes recursos financieros.

El reto es para todos, desde los más encumbrados o los más desprotegidos, y tenemos que tomarlo con la mayor seriedad, aplazando las cherchas y la eterna vocación por burlar todas las disposiciones limitativas, comenzando por los mismos funcionarios, y por las clases altas y medio altas que no conocen sacrificios de vida. Los jóvenes tienen que permanecer en sus casas, sin abusar de su condición privilegiada, porque son los que mejor pueden sortear la pandemia, pero no dejan de ser difusores de la misma. Están obligados a proteger a los mayores, no sólo a sus padres y abuelos, sino también a los vecinos y a todos los pobladores.

Ojalá entendamos el reto. Si durante los 15 días de sacrificios, no controlamos la expansión del coronavirus, todo el esfuerzo habrá sido en vano. Y lo que es peor, tendremos menos aliento para otro período de sacrificios. El gobierno escogió ahora o nunca y de ninguna forma puede sobrepasarse en el estado de excepción, ni buscar capital político de la crisis, como tampoco deben hacerlo los opositores. Todos debemos sacrificarnos.

Pesan la corrupción y la impunidad

                                               Por Juan Bolívar Díaz

Durante los años 2017 y 2018, a raíz de la explosión del escándalo Odebrecht que embarró hasta el tuétano los gobiernos de los últimos 16 años del Partido de la Liberación Dominicana, se desarrolló en el país la mayor manifestación social de nuestra historia. La Marcha Verde fue un primer grito multitudinario contra la corrupción y la impunidad, que no fue escuchado en las alturas del poder.

Consideraron que era cuestión de tiempo para que los ciudadanos y ciudadanas se cansaran de marchar, y así ocurrió en efecto, aunque algunos advertimos que la coyuntura electoral del 2020 iba a propiciar el resurgimiento de esas protestas, y de ahí que surgieran iniciativas buscando capitalizar ese descontento, por ejemplo la Coalición Democrática para la Regeneración Nacional, emprendida por profesionales y activistas sociales, que ha promovido la integración de una coalición de siete partidos políticos y grupos cívicos en base a una veintena de objetivos para el rescate de la institucionalidad democrática, el combate a la corrupción, el fin de la impunidad y las reformas económicas sociales que demanda la nación.

Gran parte de los jóvenes que en las últimas semanas han protagonizado las protestas por el asalto electoral del 16 de febrero, fueron protagonistas de la Marcha Verde. Y están dando el segundo aviso, ya no sólo a los actuales gobernantes, sino que, conscientes de que es un inminente un cambio de gobierno, están adelantando una advertencia  a los que pueden llegar en agosto próximo, que ya no habrá  indiferencia ni adormecimiento de la juventud dominicana, que ellos van a tomar en sus manos el destino de la nación y van a imponer orden sobre una clase política demasiada enfocada en el aprovechamiento del poder para el enriquecimiento personal, envileciendo a diestra y siniestra para justificarse y prolongarse.

La corrupción y la impunidad ya aparecen entre las mayores preocupación de la sociedad dominicana. En la encuesta Greenberg-Diario Libre de la semana pasada alcanzó 45 por ciento, casi duplicando al desempleo y la inseguridad ciudadana. Es que la corrupción de arriba y la impunidad repercuten en la delincuencia abajo y por tanto no sólo sustraen los recursos de toda la sociedad, sino que además incentivan la inseguridad ciudadana.

En el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2017-18, cuando estaba en su apogeo la Marcha Verde, el país quedó sub-campeón en los indicadores de corrupción, sólo superado por Brasil entre 137 evaluados. Nos dejaron en el escalón 136 en favoritismo de los funcionarios públicos, 135 en desvío de los fondos públicos, 133 en políticas antimonopólicas, 132 en ética empresarial, y 131 en eficiencia del gasto público.

Cualquiera tiene la tentación de creer que nos lo hicieron de maldad. Y otros que eso quedó atrás. Pero el retroceso se manifiesta también en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional publicado en enero pasado. Sacamos 28 de 100 puntos,  quedando en el escalón 137, entre 182 evaluados, peor que el 78 por ciento de los países del continente, y en América Latina sólo mejor que Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, todos sumidos en la pobreza, que para muchos se relaciona con la corrupción.

En esta evaluación, en el 2006 el país ocupaba la posición 99, y para el 2012, al concluir el gobierno de Leonel Fernández, había descendido 19 escalones, a la 118, pero en los dos periodos de Danilo Medina prosiguió cayendo justo en otras 19 posiciones, para completar 38 en 14 años.

La corrupción y la impunidad tienen un peso grande en el descalabro político que se advierte para el partido gobernante. Es que si la malversación, el robo y el despilfarro representan el 3.5% del PIB como estimó un estudio del BID, fueron unos 165 mil millones de pesos el año pasado, 20 veces los 7 mil millones de pesos invertidos por año en las publicitadas “visitas sorpresas” del presidente Medina. Con esa suma se hubiesen hecho en un año 40 proyectos de viviendas como el de la Nueva Barquita.

La prioridad número uno del próximo gobierno será reducir drásticamente la malversación y rescatar la independencia y credibilidad de la justicia, del ministerio público y la policía, así como de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General para poner un dique a la impunidad. y que el Congreso asuma su responsabilidad de fiscalizar en vez del reparto clientelista. En pocas palabras, rescatar la institucionalidad democrática.   

Las estrellas de Ernesto Cardenal

Por Juan Bolívar Díaz

Al enterarme el lunes del final terrestre de Ernesto Cardenal tuve la tentación de escribirle una plegaria, rememorando uno de sus más celebrados poemas, su Oración por Marilyn Monroe, escrito poco después del suicidio de la renombrada actriz: “Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos/el de nuestros propias vidas/ Y era un script absurdo/ Perdónala Señor y perdónanos a nosotros/ Por esta colosal superproducción en la que todos hemos trabajado”…

No podía incurrir en el casi sacrilegio de intentar competir con el excelso poeta en oraciones fúnebres. Y además, Cardenal no necesita oraciones. Porque sus pecados fueron todos veniales y llegó al final de la ruta como siempre vivió, ligerísimo de equipaje, cubierto por su eterna boina, pregonándose poeta, sacerdote y revolucionario. Todo lo que intentó fue adelantar en la tierra el mundo fraterno que aprendió del auténtico cristianismo, por el que lo dejó todo después de graduarse de filosofía y letras en la Unam y del postgrado en Columbia.

Empezó como poeta romántico en sus epigramas, que luego mutarían, como sus Salmos, en rotundos cánticos políticos: “Al perderte yo a ti/ Tú y yo hemos perdido/ Yo porque tú eras/ Lo que yo más amaba/ Y tú porque yo era/ El que te amaba más./Pero de nosotros dos/ Tú pierdes más que yo:/Porque yo podré amar a otros /Como te amaba a ti/ Pero a ti no te amarán/ Como te amaba yo”.

Nacido en enero de 1926, en el 54 ya estaba envuelto en un movimiento insurreccional contra la dictadura de los Somoza, para dos años después optar por el recogimiento espiritual en el monasterio de Gethsemaní, en Kentucky, Estados Unidos. Ordenado sacerdote en 1965, volvió para Nicaragua y quiso practicar la fraternidad cristiana creando una parroquia estelar en la mayor de las islitas del archipiélago de Solentiname, en el Lago de Nicaragua. Allí, en una pequeña comunidad humana casi virgen, de un centenar de familias, pero con millares de aves exóticas,  y bosques, montó el poeta su Evangelio y enseñó a escribir hasta poemas y a cultivar la artesanía de maderas, además de la tierra.

Todavía lamento no haber aceptado la invitación de Ernesto en 1971 para que fuera a comprobar su paraíso terrenal de Solentiname. Lo conocí ese año cuando trabajaba como periodista en el Buró Latinoamericano de la Conferencia Católica de Estados Unidos en Washington, que entonces daba apoyo a los religiosos que en Centro América y más al sur defendían los derechos humanos y promovían las comunidades eclesiales de base. En octubre organizamos un seminario en Costa Rica y allí estuvo vibrante el poeta y sacerdote. El afán por volver al país desde mi autoexilio, me dejó en deuda con aquel venerable.

A Ernesto le resultó imposible ignorar lo que ocurría en Nicaragua y la lucha contra la dictadura lo llevó a convertir aquel pequeño paraíso en un foco de resistencia y de allí a la revolución sandinista de 1979. Como ministro de cultura Ernesto Cardenal trató de levantar un círculo artístico en cada barrio. Jamás renegó de su condición de sacerdote, como su hermano jesuita Fernando, y Miguel Escotto, un religioso que fuera canciller y se paseó por el mundo defendiendo la revolución popular sandinista.

Los tres serían estigmatizados y suspendidos por el genio reaccionario del Papa Juan Pablo Segundo, quien llegó al extremo de amonestar públicamente al manso Cardenal arrodillado ante él al ser recibido por el gobierno nicaragüense en 1983. Ese reproche nunca tocó a cientos de sacerdotes y obispos que en esos mismos años servían a las dictaduras. Le tocaría al Papa Francisco reivindicarle, devolviéndole sus prerrogativas canónicas.

Como hombre que mantuvo en alto los principios en todas las circunstancias, Cardenal se enfrentó en los últimos años a los que degeneraron el sandinismo, encabezados por el nuevo dictador Daniel Ortega y apoyó abiertamente la insurrección popular que estalló en abril del 2018, gritando “que se levanten todos, hasta los muertos”.

A los 95 años don Ernesto Cardenal volverá este fin de semana a su Solentiname, hecho polvo, mientras su indómito espíritu ha emigrado a las galaxias que pregonó en su místico “Canto Cósmico” donde contó millones de millones de estrellas, una eterna fiesta de fuegos artificiales y un millón de planetas, viéndose a sí mismo en un planeta pequeño, montado en una estrella modesta, en las afueras de las galaxias, a los humanos dentro de un universo común, con la seguridad de no estar solos en el cosmos.

“¿Qué hay en una estrella? Nosotros mismos.
Todos los elementos de nuestro cuerpo y del planeta estuvieron en las entrañas de una estrella. Somos polvo de estrellas”.

¿Y qué dicen el PLD y su gobierno?

                                               Por Juan Bolívar Díaz

Por fortuna para esta nación agobiada, ya casi todos los sectores sociales han reaccionado vigorosamente ante la traumática interrupción de las elecciones municipales, siendo relevante  esta semana el comunicado de casi un centenar de entidades empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP),  y el de la Fundación Institucionalidad y Justicia al día siguiente condenando enérgicamente la interrupción de la votación y apoyando la investigación por organismos internacionales para determinar causas y responsabilidades.

Hace una semana nos quejábamos en este espacio de que se pretendía ignorar la profundidad  de la crisis al conjuro del “to e to y na e na”. Pero la multiplicación de las protestas de los jóvenes, los infinitos toques de cacerolas y de bocinas hasta en las urbanizaciones de clases medias altas  y la convocatoria de una marcha conjunta por 13 partidos opositores, que resultaría masiva, con sus respectivas demandas, terminaron por generalizar la convicción de que el país está sumido en una grave crisis política e institucional, signada por una desconfianza absoluta. Y se dieron pasos como solicitar la asistencia de la OEA y suspender el último sainete investigativo del Ministerio Público

Las movilizaciones en la Plaza de la Bandera, y en múltiples ciudades, incluyendo a muchas de los países donde encontraron refugio dos millones de emigrantes dominicanos, han logrado sacudirnos. Gran parte de los que protestan fueron participantes del movimiento Marcha Verde, y expresan la fatiga que han generado la enorme corrupción y la impunidad.

Por lo menos las protestas de ahora, no sólo de los jóvenes, son la  reactivación de las multitudinarias marchas verdes  frente a las cuales  las autoridades cuestionadas se sentaron a esperar el cansancio, sin dar respuesta. Ahora en una coyuntura electoral, están contra la pared y obligadas a responder para evitar que la indignación se convierta en ira explosiva.

Ese temor, y lo han expresado, está en la determinación con que el sector empresarial ha salido a reclamar contención del deterioro institucional que se configuró en los últimos dos años al conjuro de la eterna llama continuista que ha carbonizado la adolescente democracia dominicana. Entienden necesario un pacto político nacional. 

Ese deterioro ha sido sistemáticamente recogido en artículos y análisis de estos años, y motivó aquellas Iniciativas Democráticas (IDEM) propugnadas por muy diversas entidades y la anterior directiva del CONEP, para prevenir que el proceso continuista no sumiera la nación en una crisis como la que ahora afronta. Lamentablemente el gobierno tuvo éxito en debilitar aquel esfuerzo. Y aquí estamos unas vez más jugando con fuego, necesitando el auxilio internacional para mantener la estabilidad política, económica y social.

Un gran consenso nacional, que en enero incluyó a la Conferencia del Episcopado Dominicano, ha coincidido en reclamar transparencia democrática y decencia política. Participación Ciudadana y la FINJUS, al igual que las muy diversas organizaciones y personalidades religiosas, políticas y sociales, firmantes del Manifiesto por Elecciones Transparentes, han sido específicas en señalar las garantías necesarias para el ejercicio de la voluntad popular. Al igual que los periódicos y los comentaristas y analistas responsables que no se doblan ante el casi omnipotente y omnipresente poder gubernamental, reclaman juego democrático limpio, sin la irrupción del gobierno y cumplimiento de las normativas constitucionales de libertad, equidad, transparencia y objetividad.

Y después que 13 partidos opositores integrantes de dos coaliciones electorales   presentaran un pliego conjunto de reclamos de garantías, con las que coincide la tercera opción presidencial alternativa, demandando el pacto político social, es lógico esperar una respuesta del partido gobernante y de su gobierno, si es que no son sordos.

Ha habido tiempo para que el Partido de la Liberación Dominicana responda al clamor nacional. Mientras el presidente Danilo Medina tendrá hoy mismo la mejor oportunidad para romper su silencio, cuando acuda ante el Congreso Nacional a presentar las memorias gubernamentales del 2019. Como será su octava y última comparecencia, de acuerdo al mandato constitucional,  deberíamos esperar que predomine el estadista, el jefe del Estado, el presidente de la nación, en vez del jefe de una facción partidista en que devino Danilo Medina en su segundo período de gobierno. Debe saber que predomina una absoluta desconfianza, por lo que tendrá que hacer un serio esfuerzo para convencer.-    

Razones para votar el domingo

Por Juan Bolívar Díaz

Todos los dominicanos y dominicanas están convocados para elegir las autoridades municipales este domingo 16 de mayo, por primera vez en más de medio siglo separadas de las elecciones  presidenciales y congresuales en virtud de la reforma constitucional del 2010, y hay razones de sobra para hacerlo con responsabilidad y entusiasmo.

En primer lugar, porque urge reivindicar el municipio como la puerta que da entrada a la participación democrática, el estamento del Estado más cercano a la población, concebido por los fundadores de la República como uno de los poderes fundamentales.

Acudir a las urnas este domingo es imperativo como rechazo al nefasto presidencialismo y al centralismo que ha caracterizo la aún incipiente y tambaleante democracia dominicana. Es una forma de condenar el desprecio de nuestros gobernantes por la Ley General de Municipios y del Distrito Nacional 176-07, que destina el 10 por ciento de los ingresos nacionales a la administración municipal.

Vale recordar que ya una ley anterior, la 166-03 del 2003, dispuso que a partir del año siguiente se destinaba el 8 por ciento de los ingresos nacionales a los ayuntamientos, y desde el 2005 el 10 por ciento. Quince años después la proporción que se les entrega no llega al 3 por ciento, menos de la tercera parte, viniendo en retroceso desde que el primer año se les diera el el 6 por ciento. Sólo el gobierno del presidente Danilo Medina, entre el 2013 y 2018, despojó a los municipios de 184 mil 622 millones de pesos, que con otros 45 mil el año pasado, sobrepasan los 230 mil millones.

Hay otra poderosa razón para acudir a las urnas el domingo, y es la necesidad de iniciar un cambio político institucional de profundidad, que desmonte el entramado de dominio político impuesto con ventajismo y sin el menor escrúpulo por los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El cambio que se preconiza y adelantan las encuestas, debe comenzar desde abajo.

Por lo menos la Coalición Democrática por el Cambio, que encabeza el Partido Revolucionario Moderno junto a otros 5 partidos políticos y numerosos grupos sociales, el partido Alianza País y otras entidades partidarias emergentes, proponen formas diferentes de hacer política y de gestionar la cosa pública, condenando la corrupción y proscribiendo la nefasta impunidad que la auspicia. También restablecer la independencia de los poderes del Estado, y de sus órganos de control, liberándolos del secuestro en que han  devenido.   

Nadie puede exhibir un certificado de garantía de que tales promesas serán estrictamente cumplidas, eso sólo será posible con la participación militante de la ciudadanía, con el mismo vigor que exhibió durante dos años en la Marcha Verde.

La responsabilidad es particularmente relevante para las nuevas generaciones, esos jóvenes que casi a la cuarta parte carecen hoy de oportunidades de estudiar y de trabajar, que hasta en 60 por ciento manifiestan deseos de emigrar, algo que cada vez será más difícil, pues las puertas e la inmigración se están cerrando por todas partes del mundo. Y los dominicanos no podremos enviar otros 2 millones fuera como hicimos en las últimas seis décadas, para  que ahora se hayan convertido en una de las principales fuentes de ingresos nacionales, con un estimado preliminar de 7 mil 50 millones de dólares en el 2019, es decir más de 373 mil millones de pesos, que superaron el 50 por ciento de los ingresos fiscales.

Acudir a las urnas es un imperativo vistas la irrupción del gobierno en la campaña electoral, y la recurrencia en abusar, sin el menor pudor, del patrimonio público para comprar la conciencia y el voto precisamente de las mayores víctimas de la malversación y la corrupción, que se reproduce en delincuencia e inseguridad.

Las urnas nos ofrecen la oportunidad de sancionar la despampanante corrupción, negando el voto a los que han prostituido los organismos de justicia, de control y fiscalización de la cosa pública. Sobre todo cuando se quieren ratificar con métodos antidemocráticos, que niegan las más elementales condiciones de libertad, equidad, transparencia y objetividad que preconizan la Constitución de la República y numerosas normativas legales.

Ojalá que no perdamos la oportunidad de este domingo, y que esta nación inicie una nueva etapa para exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes resulten electos, lo mismo que en los comicios presidenciales y congresuales de mayo próximo. Que abandonemos la pasividad y proclamemos la revolución cultural del imperio de la ley.-         

El juicio de las exclusiones

Por Juan Bolívar Díaz

Nadie sabe lo que va a ver y con lo que tropezará en este mundo nuestro tan absurdo. Llegamos el viernes al tribunal donde se juzga a Marino Zapete, bajo cargos de difamación e injuria sin pensar que seríamos tratados como revoltosos peligrosos. Un pelotón policial nos cerró el paso a la sala de audiencia. Temimos que estaría abarrotada por personeros. Pero al asomar la cabeza advertimos que los asientos estaban vacíos.

Los colegas seguían llegando y comenzó una ruidosa protesta. Nos remitieron a la secretara del tribunal, quien informó que el juez había decidido que sólo entrara un noticiario que con anticipación había solicitado instalar equipos de televisión. De nada valieron las explicaciones de que sólo portábamos cámaras, celulares o libretas y que nunca hubo que pedir permiso con anticipación. Estábamos excluidos. Los demandantes y el juez Franny González no querían periodistas donde se juzgaría precisamente un presunto delito de prensa.   

Cuando la protesta aumentaba, un oficial trajo lo que parecía un inicio de arreglo: que entraran Huchi Lora y Juan Bolívar, y luego sumaron a la presidenta del Colegio de Periodistas, Mercedes Castillo. Fue un momento de desconcierto, pues dudábamos si debíamos aceptar esa discriminación por notoriedad, pero como el juicio había empezado, preferimos ser testigos. Fuera siguió la protesta, con golpes tan fuertes a la puerta, que casi hacían imposible la audiencia, pero el magistrado no se daba por aludido. Al ver que no entraba más nadie, llamamos al oficial para  advertirle que fuera había colegas como el insigne Ramón de Luna, decano del periodismo nacional. Lo introdujo de inmediato.

Tratando de evadir el remordimiento de conciencia nos concentramos en la audiencia, cuanto lo permitía el ruido exterior, para escuchar que la defensa recusaba al tremendo juez, porque no sólo dejaba fuera a los periodistas, sino que dos días antes también había excluido a casi todos los testigos y los elementos de prueba presentados por Zapete.

Este sería el juicio de las exclusiones, reviviendo aquel de 1996 cuando el teniente y juez Juan Severino me condenó a 6 meses de cárcel y a una multa de 2 millones de pesos, excluyéndonos del juicio, aberración y linchamiento político por la publicación del libro “Trauma Electoral” que documentó el dramático fraude de las elecciones de 1994. Me costó 2 años lograr, con eficientes abogados, que la Suprema Corte anulara aquel mamotreto. No es posible reeditar aquello. No se puede impedir que Marino presente los documentos que justifican su afirmación de que la señora Maybeth Rodríguez se benefició de contratos otorgados grado a grado por cientos de millones de pesos, por el entonces Ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo, precisamente uno de los testigos excluidos.

Los abogados defensores presentaron agravantes: que ya se habían cursado las citas judiciales, cuando la parte acusadora hizo oposición, y que el juez las revocó, sin notificarlo previamente a la parte interesada para que ejerciera el derecho a refutar.

No se entiende que  el juez considere irrelevante relevante que se pueda interrogar,  como testigo, a quien firmó los contratos. Es tan relevante como los contratos y el acta de la asamblea de la empresa Asimra del 22 de septiembre del 2015, certificados, cuya segunda resolución da potestad a la señora Rodríguez para firmar contratos y cheques y abrir cuentas bancarias, “en su condición de gerente y apoderada de la empresa”.

Copias legalizadas demuestran que ella firmó contratos con el ministro Castillo, violando la Ley de Compras y Contrataciones Públicas, basados en un decreto presidencial anterior. Que no aparezca como accionista, como se aduce, no le resta complicidad y responsabilidad en un acto ilegal.  

Con esa documentación no hay juez que pueda condenar a Zapete. Sólo el abuso de poder, y el deseo de escarmentar a los periodistas que defienden el patrimonio público, como mandan sus deberes profesionales y ampara la Constitución, pueden explicar esa farsa. Se ha convertido en un boomerang al evidenciar los excesos del ministro Castillo, quien en buen juicio debería explicar cómo pasó por  encima de la ley para beneficiar a empresas relacionadas. Ya Alicia Ortega documentó otro paquete más grande de contratos otorgados grado a grado, por 11 mil 500 millones de pesos, en los meses antes de convertirse en candidato presidencial oficialista.

Esa demanda es un absurdo, que terminará tan mal como comenzó y tendrá alto costo para el gobierno. Ahí ya tienen las condenas contundentes de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Comité Internacional  para Protección de los Periodistas. Si Marino es condenado, podrá contar con mi compañía en la prisión. Preparo maleta y espero, finalmente,  conocer por dentro La Victoria o a la inmunda cárcel de Azua.-            

Valioso apoyo a la democracia

Por Juan Bolívar Díaz

Por ahí ruedan voceros oficiales y oficiosos   ofendidos por la posición sostenida por la Conferencia del Episcopado Dominicano y el gobierno de Estados Unidos respaldando los reclamos nacionales para que el proceso electoral en marcha se realice con las garantías de  “libertad, transparencia, equidad y objetividad”, que consagran los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República.

En particular los que pretenden ganar las elecciones a cualquier precio y por encima de todo, se sienten ofendidos con esta “nueva expresión de la injerencia norteamericana” y tratam de evadir la Carta Pastoral de los obispos reviviendo  la complicidad que tuvo la Iglesia Católica con la tiranía de Trujillo y con el golpe de Estado al gobierno democrático de Juan Bosch, como si no hubiese pasado más de medio siglo.

En ninguno de los dos casos tienen razón quienes pretenden mantenerse en el poder a cualquier costo. Nadie debe preferir que ningún estado extranjero, ni tampoco  los pastores religiosos tengan que mediar para que funcionen las instituciones democráticas. Tampoco   que haya que apelar a un gobierno extranjero para financiar y realizar una auditoría a los equipos para la elección de las autoridades nacionales. Como tampoco deberíamos tener necesidad de que la sociedad civil se ponga en pie para garantizar el derecho a elegir y el respeto a la voluntad popular.     

Ese nacionalismo es insostenible en un mundo tan interrelacionado, donde los conceptos de soberanía han quedado  relativizados por principios jurídicos y tratados internacionales, que incluyen sanciones para aquellos países que los violenten, como es el caso de la Carta Democrática Interamericana, suscrita en Lima el 11 de septiembre del 2001 por el conglomerado de naciones del continente.

Se trata de posiciones hipócritas: justifican  que el gobierno de Danilo Medina se haya  asociado con Estados Unidos para aislar y sancionar a la Venezuela de Nicolás Maduro, pero al mismo tiempo se ofenden porque el comunicado de la embajada norteamericana donde se anunció el financiamiento de la auditoría al sistema informático electoral, precisa que Estados Unidos apoya “la realización de elecciones libres, justas y transparentes”.

La diplomacia norteamericana ha reiterado su decisión  de contribuir para que la institucionalidad democrática salga fortalecida del proceso electoral, como cuestión básica para mantener la estabilidad política y económica de la nación. Es del interés nacional, aunque también de Estados Unidos. Para la isla es más que suficiente la penosa y terrible situación de ingobernabilidad de Haití, y los conflictos que proliferan por el continente, especialmente en la subregión, que incluyen a Venezuela, Nicaragua, Honduras, El Salvador, y más allá a Colombia y Ecuador, Bolivia y Chile.

Sin el menor rubor hay que celebrar que la posición de Estados Unidos coincida con el interés nacional y hasta agradecerla, lo que en realidad viene ocurriendo desde la transición democrática de 1978. La mayoría de las reformas políticas, y socioeconómicas  realizadas en el país en las últimas décadas han contado con el apoyo financiero de instituciones norteamericanas. La promoción de la institucionalidad no ha sido excepción desde el proyecto de Iniciativas Democráticas auspiciado por la AID en la década de los noventa.

En cuanto a las iglesias, particularmente a la jerarquía católica, hay que agradecerle también su defensa de los derechos sociales y políticos, en lo que se han distinguido muchos pastores. En su Carta Pastoral de la semana pasada, los obispos fueron bien clareos al rememorar su pronunciamiento de hace justo 60 años que rompió un largo silencio  y contribuyó a la liquidación de la tiranía de Trujillo.

Plantean que “en esta hora decisiva para el futuro de nuestro país, quieren llegar a las conciencias con el mismo espíritu de 1962, “dentro de un “contexto social y político diferente, pero frente a un proceso con muchas demandas similares,  y fundamentalmente la necesidad de elecciones libres. Tras advertir sobre la ola de convulsiones sociales que sacuden el continente, dicen que “la política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad”.       Los dos planteamientos de la semana pasada contienen un mensaje bien claro para todo el que tenga capacidad para leer y escuchar.-