Recurrente hipocresía nacionalista

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

            En medio de un sórdido debate provocado por la desmesura de grupos corporativistas que se quieren mantener en el poder por encima de la Constitución y la ambición de retornar de otros que pretenden retenerlo hasta el bicentenario de la República, es decir por 25 años más, asistimos a un nuevo capítulo de la eterna recurrencia al nacionalismo hipócrita y de circunstancias.

Ahora las huestes del presidente Danilo Medina reaccionan indignadas rechazando la “injerencia” del senador norteamericano Bob Meléndez, por haber dirigido una carta a su secretario de Estado solicitándole poner en juego los mecanismos diplomáticos para evitar que el actual mandatario vuelva a reformar su propia Constitución para mantenerse en el poder.

La extrema reacción nacionalista ya le ganó el respaldo del congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, quien además se adscribió a la defensa de la democracia, diciendo que la Constitución “es un documento sagrado donde quedan plasmadas no sólo las leyes de la nación, sino también las aspiraciones de un pueblo, por lo que siempre debe ser respetada”.

Pero resulta que la iniciativa de Meléndez, rechazada por los nacionalistas de ahora, es defendida por  los líderes de la Fuerza Nacional Progresista, persistentes protagonistas del más acendrado nacionalismo, que han alegado soberanía hasta para despojar de la nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos dominicanos.

Los soberanistas nacionalistas de ayer, como los de hoy están equivocados, porque hace muchos años que la tradicional concepción de soberanía quedó subordinada a la defensa y vigencia de los derechos humanos fundamentales y a los preceptos democráticos. Ahí están los numerosos tratados y convenciones internacionales que han relativizado los viejos conceptos de soberanía defendidos a conveniencia desde  las extremas izquierdas a las extremas derechas.

Además de los tratados internacionales, en este continente tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos y más recientemente la Carta Democrática Interamericana, y de ambas la República Dominicana es suscriptora. Estamos obligados con la defensa de los derechos humanos y democráticos por encima de todas las fronteras, lo que no incluye el uso de la fuerza en que tantas veces ha incurrido Estados Unidos. Pero es hipócrita alegar nacionalismo ante cualquier pronunciamiento en defensa de principios democráticos.

En nuestra historia contemporánea abundan las gestiones de apoyo y solidaridad internacional en defensa de la libertad y la democracia, desde posiciones de izquierda, centro y derecha, desde 1961 cuando se aplaudieron las sanciones impuestas por la Organización de Estados Americanos bajo hegemonía norteamericana al régimen de Trujillo. Y 6 meses después de ajusticiado el tirano, una delegación política viajo a Washington para pedir a Estados Unidos que mantuviera las sanciones y retuviera el pago de la cuota azucarera dominicana hasta que se garantizara la democracia. La encabezaron los líderes de la conservadora Unión Cívica y del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio Viriato Fiallo y Manolo Tavarez Justo, éste último consagrado antiimperialista. Eso nada tiene de parecido a la actitud vergonzante de los que en 1965 pidieron la invasión militar norteamericana, la defendieron o la toleraron.

Después de eso sobran los ejemplos: José Francisco Peña Gómez y Milagros Ortiz Bosch, a nombre del PRD, fueron a Washington y a los cenáculos de la Internacional Socialista en los años 70, reclamando y obteniendo solidaridad con las luchas democráticas. En 1978 el entonces primer ministro de Portugal, Mario Soares, desfiló en una manifestación perredeísta en la campaña electoral, y la “injerencia” de Estados Unidos, Venezuela  y la Internacional Socialista impidió que Balaguer desconociera la voluntad popular en ese año.

Leonel Fernández, a nombre del PLD, buscó solidaridad en Estados Unidos en ocasión de los fraudulentos comicios de 1990, y lo repitieron los perredeístas en el curso del trauma electoral de 1994. Ambos partidos han solicitado reiteradas veces activos observadores internacionales para las elecciones. En la noche  del 16 de mayo del 2004 el PLD llevó al cuerpo diplomático a la Junta Central Electoral bajo la falsa versión de que el coronel Pepe Goico se estaba robando las urnas y que había un golpe de Estado en marcha. Y para colmo el expresidente Lula de Silva vino al país para apoyar la reelección de Danilo Medina en el 2016, y este utilizó el respaldo de la entonces presidenta del Brasil Dilma Rousseff.

Lo ideal es que nunca fuera necesaria esa “injerencia” internacional.-

Penosa línea blanda en la JCE

09_05_2019 HOY_JUEVES_090519_ Opinión10 A

¡Qué pena, Alan, qué pena!

25_04_2019 HOY_JUEVES_250419_ Opinión10 A

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

A Alan García lo traté recién llegado a Lima en 1984 como embajador dominicano, cuando empezaba a deslumbrar como candidato presidencial de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) que Víctor Raúl Haya de la Torre fundó en 1930. A mediados de 1985, con tan solo 36 años, reivindicó a su padrino y líder a quien nunca se le permitió acceder a la presidencia del Perú, cuando su principal oponente fue el brillante alcalde de Lima Alfonso Barrantes, sustentado por un frente mezcla de marxismo y cristianismo.

Frente a la Izquierda Unida, el APRA se convirtió en mal menor, con la Alianza Popular de Belaúnde Terry en desbandada y los democristianos de Luis Bedoya degradados. El verbo se encarnó en aquellos comicios con los potentes discursos de Alan García y Barrantes que prometían redimir al Perú de sus males ancestrales. Al primero le faltaron pocos puntos para la mayoría absoluta, pero al segundo le sobraba nobleza y se negó a someter a su país a una segunda vuelta, consciente de que no tenía posibilidad de conseguir los votos de la derecha.

En la transición tuve el privilegio de estar par de veces con Alan, que tuvo empatía conmigo y con Mauricio Cuadra, embajador del triunfante sandinismo, por visiones políticas y porque ninguno de los tres acabábamos de anclar en los cuarenta. También porque él había sido compañero de apartamento de Hatuey de Camps en Francia, y era un fervoroso admirador de José Francisco Peña Gómez, por cuya suerte siempre indagaba.

Orador impetuoso como Peña Gómez, Alan sacudió la región desde su discurso inaugural, desafiando las políticas fondomonetaristas que en aquella “década perdida latinoamericana” imponía condiciones asfixiantes a los intentos democráticos y populares. Sus primeros dos años del quinquenio 85-90 fueron bastante buenos en términos generales, incluyendo una cierta recuperación de la crisis económica que había heredado de Belaúnde. Pero se derrumbó al tercero para terminar pagando el desafío al FMI con el desastre de la insostenibilidad, por caída de los precios de las materias primas, tasas de intereses hasta el 18 por ciento, altísima inflación y devaluación. Le cobró también la barbarie de Sendero Luminoso que trasladó el terrorismo más irracional desde la sierra andina hasta la Lima imperial.

Su legado no pudo ser peor, permitiendo que el autoritarismo de Ernesto Fujimori restaurara una vez más la dictadura, pero lo peor fue que junto a los suyos transitara el viejo camino de la corrupción y la descomposición en el poder. La inconclusa primera línea del tren aéreo, mostraba las huellas y Alan voló a Europa para evadir la justicia. Volvería para una segunda oportunidad (2006-11) cuando Perú registró alto crecimiento económico, favorecido por muy buenos precios de sus metales.

Esta vez su gestión fue aceptable, pero manchada por la corrupción. Convertido en caudillo, fracasó en fraguar sucesión y al terminar su gobierno el APRA ni siquiera pudo presentar candidatura presidencial. Tras la caída del fujimorismo los fiscales y los jueces  se habían empoderado en Perú, con miles de sentencias por corrupción, de la que no pudieron escapar Fujimori, ministros de las fuerzas armadas, jueces de altas cortes, legisladores, periodistas y grandes empresarios, incluyendo magnates de periódicos y la televisión dominante.

La justicia peruana ha operado como ninguna en la región, y el escándalo Odebrecht la encontró en todo su esplendor. De ahí las prisiones de los expresidentes Ollanta y Kuczynski, de Keiko Fujimori, la orden de arresto contra el huidizo Toledo y la que disparó la semana pasada el dramático suicidio de Alan García, quien no se redime con una pretensiosa carta de inocencia.

Tremenda pena que Alan García no haya tenido el valor de defenderse, pretendiendo que una “cárcel política” fuera humillante, cuando sus antecesores del APRA conocieron hasta la saciedad de prisiones, asesinatos, exilios y clandestinidades. La realidad es que, como tantos que alcanzan el arrogante solio presidencial latinoamericano, se creyó por encima de las instituciones. La corrupción lo ha podrido casi todo en nuestra región, alentada por la impunidad, que por fortuna no está prevaleciendo en Perú.

Alan García se suma a las profundas penas que ha dejado la descomposición de Lula, de los Ortega, los Maduro, de Leonel y los Danilo. Llegaron abominando del pasado y prometiendo regenerar nuestra sociedad, y se han hundido en el pantano de lo indefendible. Y Alan pagó su vergüenza de manera dramática. ¡Qué Pena Alan, qué pena!

 

 

 

En juego el Estado de Derecho

 

                                                       Por Juan Bolívar Díaz

            Alienta la seriedad con que voces del episcopado católico y las iglesias evangélicas, así como de importantes sectores sociales y políticos y de los medios de comunicación han tomado las recientes presiones, calumnias, hechos agresivos y amenazas contra la independencia de las altas cortes judiciales provenientes de quienes controlan el poder y parecen empeñados en socavar la institucionalidad democrática, probablemente alentados por la constante histórica de “la maldita reelección” por encima del orden constitucional.

             El arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, marcó la pauta al deplorar  la embestida contra el Poder Judicial por parte de quienes controlan el Estado, advirtiendo que si no despertamos terminaremos en una dictadura. Mientras el Obispo de Baní, Víctor Masalles, alertaba que cuando la democracia se agrieta, por sus intersticios “puede colarse una odiosa dictadura”. Y el Obispo de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, deploró la falta de independencia de la justicia y “el apabullamiento de los políticos que quieren controlarlo todo”.

             Es significativa la relevancia que han dado los periódicos nacionales a la reciente ofensiva contra la independencia del Tribunal Superior Electoral, y que los principales, HOY y Listín Diario, hayan publicado dos editoriales cada uno, rechazando la presión gubernamental sobre el tribunal encargado de dirimir conflictos electorales y políticos. El primero lo deploró el sábado “En la inminencia de un proceso electoral ya crispado por premoniciones de súbitas reformas a las reglas del juego para extraer de sepultura la históricamente perjudicial reelección.” estallen presiones sobre ese órgano fundamental, como editorializó el primero el sábado. Y El lunes se refirió a los “riesgos para la democracia” que implican “los actos y líneas de propósito que enrarecen el panorama”.

            El Listín ya había advertido el jueves “el inadmisible abuso de poder”, contra el TSE, y este martes se asoció al pronunciamiento del Arzobispo Ozoria con el título editorial “La Dictadura no puede pasar”, invitando a toda la sociedad a rechazar intentos que debiliten cualquiera de los poderes del Estado. El Día y Diario Libre también han manifestado seria preocupación.

             Toda la sociedad, incluidos los que aún guardan silencio, tiene que rechazar esta desmesura, más significativa por ser muy reciente la ejecutada en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se violentaron principios constitucionales, legales y reglamentarios  para sustituir a jueces de la Suprema Corte sin la correspondiente evaluación, y se montó un paredón moral contra el mayor símbolo de la independencia y la transparencia judicial. Hay que dar especial seguimiento a la integridad del presidente del TSE y su esposa, la doctora Karina Concepción, fiscal  subordinada de uno de los que se atrevieron a presionar al TSE.    

             Lo que está en juego es el Estado Democrático de Derecho que proclama la Constitución, pues el gobierno ni siquiera se ha molestado en explicar o desmentir las versiones de que cuatro ministros, incluido el Administrativo de la Presidencia, y el Procurador General llamaron al presidente del TSE, doctor Román Jáquez Liranzo, para reclamarle la anulación de una sentencia antes de ser publicada, que le quitaron la escolta militar durante tres días, que cambiaron al jefe de seguridad del edificio del tribunal, y que lo amenazaron en términos groseros.

          Y todavía el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante llegó al extremo de pedir una investigación para iniciar un juicio político y destituir a los tres jueces responsables de la sentencia que anuló una convención de un partido aliado del gobierno.   

            La alarma por la ofensiva contra el TSE está más que justificada porque las innumerables bocinas gubernamentales, sin molestarse en leer  han persistido en denostar a los jueces, la gran mayoría sin molestarse en leer la sentencia. De haberlo revisado, no estarían difundiendo que desafía un dictamen del Tribunal Constitucional sobre el mismo conflicto Porque expresamente se consigna y justifica su acatamiento, y porque la nueva anulación de la convención fue determinada por otra falencia democrática: la documentada falta de más de un centenar de asistentes para completar el quorum reglamentario en el organismo correspondiente. En última instancia, los que por encima de toda racionalidad entiendan que el dictamen anulatorio fue inconstitucional o infundado, que recurran otra vez por los canales de rigor.

              Mientras tanto, hay que contener el socavamiento de la institucionalidad democrática.-

 

Sin arrastre de los senadores

28_03_2019 HOY_JUEVES_280319_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Es una buena iniciativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) su solicitud a la Junta Central Electoral (JCE) para que haga prevalecer el derecho a elegir de los ciudadanos en los comicios del año próximo respecto a los senadores, una demanda democrática de hace varias décadas, fundamentada en el principio constitucional del derecho a la elección directa, pero regateada cada vez que se planteaba alguna reforma al sistema electoral dominicano.

Me cuento entre quienes entendimos que el arrastre de los senadores por el voto a los diputados había prevalecido en la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19, en base al enunciado de su artículo 104, que en su párrafo IV autoriza a computar “en beneficio de los senadores todos los votos obtenidos por su partido en la provincia”, aunque refiriéndose a las circunscripciones electorales.

Sin embargo juristas y políticos habían advertido que la Ley 15-19 es contradictoria, fruto de la prisa con que fue sancochada aunque su modificación había quedado impelida por la Constitución del 2010, porque la nueva legislación establece sin ninguna duda que la elección del senador constituye un nivel diferente a la de los diputados, como figura claramente dos veces en el artículo 92 y se ratifica en el 130.

El numeral 5 del artículo 92, define el nivel de elecciones como “el que contiene candidaturas individuales indivisibles o no fraccionables en sí mismas, para en los numerales siguientes precisar cuatro niveles separados, primero el presidencial, luego el senatorial, después el de los diputados y finalmente el municipal.

La separación de las boletas para elegir los senadores y los diputados queda de nuevo ratificada en el párrafo I del mismo artículo 92, al instituirse que “En el caso de la elección de representantes ante parlamentos internacionales, serán escogidos en las mismas boletas utilizadas para la escogencia de los senadores”.

En el artículo 130 de la misma ley, referido a las modalidades de alianzas, vuelve a quedar manifiesta la intención del legislador de separar la elección del senador y los diputados. El texto reza que “Las alianzas o coaliciones de partidos pueden producirse sólo dentro de las modalidades siguientes, sin que se permita en ningún caso el fraccionamiento del voto para candidaturas de un mismo nivel”, señalando a continuación “para las candidaturas del nivel presidencial, para las candidaturas del nivel senatorial, para las candidaturas del nivel de diputados y para las candidaturas del nivel municipal”.

Dado que el nivel de senadores aparece tres veces en la ley, y tomando en cuenta el derecho a la elección directa, la JCE tendrá que decantarse por la prevalencia del principio constitucional, que a nadie ofende. En cambio irse por la excepción de contar todos los votos provinciales al candidato a senador, desconoce un derecho básico y resulta impracticable con la división de niveles de elección.

Será el reglamento de la ley que deberá dictaminar la JCE el instrumento para dilucidar el elemento contradictorio, evitando que los defensores del derecho a elegir puedan recurrirlo ante el Tribunal Superior Electoral y eventualmente ante el Tribunal Constitucional. En cambio, no se advierte quién pueda tener derecho a mantener que los senadores no deban ser electos por méritos propios, independientemente del diputado preferido. Es una contradicción flagrante que el elector pueda escoger el diputado preferido y no el senador. Algo indiscutible es que la ley 15-19 derogó la ley 157-13 sobre voto preferencial para los diputados, que establecía el arrastre de los senadores, al instituir el nivel de elección senatorial.

La JCE no puede irse por lo más fácil, de evitar colocar una boleta separada adicional, después de la institución de las elecciones primarias simultáneas y del voto preferencial por los regidores y vocales municipales, cuestiones mucho más complejas y que anteceden la elección presidencial y congresual.

Por demás son varias las objeciones pendientes de dictámenes del Tribunal Constitucional, declaradas en enero de urgencia, y que según fuentes bien informadas son de inminente publicación, algunas de gazapos aparatosos, como el condicionar la postulación a cargos públicos a una previa militancia en un partido, o la sanción hasta con dos años de cárcel a quien “empañe la imagen de un candidato”, para dejarlo en las más grotescas.-

Babel en la política dominicana

14_03_2019 HOY_JUEVES_140319_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

La maldición bíblica de la Torre de Babel parece signar la actividad política nacional contribuyendo a que cada vez sea mayor la proporción de dominicanos que desconfían de los partidos y sus líderes, especialmente los jóvenes que en alta proporción sólo sueñan con emigrar a otros lares en busca de mejores alientos de vida y esperanza.

Las encuestas han mostrado hasta la saciedad que más de dos tercios de la población desconfía de la política y que los partidos figuran entre las instituciones menos apreciadas, en porcentajes que oscilan entre 16 y 24 por ciento, pero nuestros políticos rehúsan darse por enterados y se confortan con que  todavía el 70 por ciento acude a las elecciones.

Están jugando con fuego, porque la experiencia regional indica un descalabro del partidismo político, con la desaparición o reducción de los que dominaron por décadas, como el PRI y el PAN en México, Adecos y copeyanos en Venezuela, el APRA y Acción Popular en Perú, el peronismo en Argentina, liberales y colorados en Colombia, Liberación Nacional en Costa Rica, y lo mismo en Panamá, Guatemala, El Salvador, Ecuador, y Bolivia. En muchos casos el declive de los partidos ha dado paso a inestabilidad y crisis política e institucional.

Es impresionante la algarabía que registra la política dominicana, por ejemplo que en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) estén discutiendo todavía si celebrarán sus elecciones primarias con padrón abierto, cerrado, semi abierto o semi cerrado, siete meses después que ellos mismos impusieron la Ley de Partidos 33-18 que estableció modalidades específicas, y cuatro meses después de decidir que se acogerían al padrón abierto, para que todo el que esté en el registro nacional de electores pueda votar en la elección de sus candidatos.

Hace 9 días los peledeístas sorprendieron anunciando la posibilidad de utilizar el padrón semi abierto o semi cerrado, resultado de la exclusión de los ciudadanos que estén inscritos en otros partidos, modalidad que no incluyeron en la ley, tras años de debates y algarabías, aunque había precedentes de su uso en el país. Pero entre ellos hay disparidad, unos dicen que sólo es una propuesta y otros que fue decidido. Pero ahora en el Comité Político, variando la opción adoptada en noviembre por su  Comité Central, que según la ley 33-18 es el órgano autorizado, por nombre y apellido, para decidir.

Los argumentos para renunciar al padrón abierto son ridículos, como ese de que los opositores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) podrían decidir las candidaturas del PLD. Asombra que no sepan que las instituidas primarias simultáneas, organizadas por la Junta Central Electoral, no permitirían doble voto. El PRM decidió padrón cerrado, es decir que sólo sus miembros elegirán sus candidatos. No podrán volver a su mesa o colegio para votar por las candidaturas del PLD. Sólo podrían hacerlo dejando de votar por los de su partido, y sería absurdo que quienes disputan sus candidaturas manden sus militantes a votar por otro partido.

Tampoco podrían votar por las candidaturas del PLD los militantes de los otros partidos que han optado por las primarias simultáneas, es decir, el PRD, Alianza País y Opción Democrática, a menos que quieran reducirlos o liquidarlos. Los que sí podrían votar en las primarias peledeístas son los militantes de los partidos que no se acogieron a las primarias simultáneas, llamados a elegir mediante asambleas en fechas diversas. Como están en el padrón nacional, nadie les puede objetar si se presentan a votar por candidatos del PLD. Pero eso lo sabían quienes bregaron más de un año por imponer el padrón abierto.

Otra sinrazón es la afirmación de que los del PRM están inscribiendo sin su consentimiento, es decir fraudulentamente, a “cientos de miles de peledeístas”. La lucha interna impediría una maniobra tan absurda, que les traería graves consecuencias si sólo algunos cientos demuestran que los inscribieron sin su consentimiento. Pero además, para qué si no van a concurrir a votar y sólo serviría para reducir la proporción de sus propios militantes, lo que no podría ser ocultado al ser la JCE quien cuenta los votos y emite resultados.

Esos ruidos son una distracción absurda, cuando llega a la mitad el mes en que se espera que el presidente Danilo Medina cumpla el plazo que se dio para informar si buscará la reelección que le prohíbe su propia Constitución, o si la reformará de nuevo “pagando el precio que sea necesario”, desde luego con los recursos del Estado, para perpetuarse en el poder.-

 

¿Por qué esperar al PRM?

28_02_2019 HOY_JUEVES_280219_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

Si fue un absurdo pretender que el principal partido de la oposición, el Revolucionario Moderno (PRM) corriera apresurado a firmar un pacto eléctrico del que no hizo consenso, en una apresurada convocatoria de 48 horas después de 15 meses archivado, más inexplicable es que ahora no se le ponga en vigencia. Si el pacto es tan útil para superar los 50 años de atraso energético del país, y si lo quieren los grandes intereses empresariales, que lo apliquen ya.

La realidad es que el Pacto Eléctrico, como el Fiscal y el Educativo, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, promulgada en enero del 2012, es decir hace más de siete años. El de Educación resultó relativamente fácil desde que el presidente Danilo Medina honró el compromiso contraído con la sociedad civil en la campaña electoral del 2012 y acató la Ley General de Educación que destina al sector el 4 por ciento del producto bruto interno.

Al comienzo de su primer gobierno, en agosto del 2012, el mandatario convocó a la discusión del Pacto Fiscal, pero tan pronto los sectores empresariales y sociales exigieron algo más que otra de las múltiples reformas tributarias, el gobierno recogió y por la puerta de atrás  negoció con los más complacientes empresarios otro incremento impositivo cargado al consumo. Más de seis años después el Pacto fiscal sigue como simple sugerencia en vez de un mandato legal, porque no están dispuestos a recortar el enorme dispendio clientelista y rentista y  la creación de enormes fortunas en que se fundamenta el dominio político y social.

En enero del 2015, ya diseñada la campaña reeleccionista, el gobierno de Medina inició con entusiasmo las discusiones del Pacto Eléctrico con la participación de los sectores empresarial, sindical, social y político, bajo la cobija del Consejo Económico y Social (CES).

Justo un año después, en enero del 2016, el PRM anunció que se retiraba del intento de concertación porque el gobierno persistía en ignorar los reclamos de información y transparencia y el abordaje de asuntos fundamentales, como las enormes pérdidas de las distribuidoras de energía, a causa del desbordamiento del empleo y el gasto superfluo. Sus dirigentes dijeron que bajo ninguna circunstancia se prestarían a blindar, ni legitimar los contratos grado a grado, la opacidad del financiamiento de Punta Catalina, la violación a la ley general de electricidad y otras maniobras ilegales parecidas.

Sin el PRM, las discusiones para el pacto prosiguieron todo el 2016 y el 2017, con el disenso de todo el sector social y aún de una parte del empresarial. Hasta que en noviembre de ese año se anunció que en diciembre sería firmado. Durante 15 meses se cuestionó al gobierno sobre el destino del Pacto Eléctrico, hasta que el 18 de febrero pasado el presidente del CES, Agripino Núñez, convocó a su firma el día 20 “con la presencia y participación del excelentísimo Señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez.

La convocatoria fue tan intempestiva que su mismo texto señalaba que quien no pudiera asistir podría firmar el pacto durante el resto de la semana. Ni siquiera el sector social ni grupos empresariales inconformes estaban dispuestos a participar en ese montaje a la medida del interés  del presidente Medina de atribuirse un éxito energético en su inminente discurso político de “rendición de cuentas”.

La politiquería gubernamental es la norma en nuestro endeble armazón social e institucional, sobre todo si hay por medio un nuevo proyecto continuista, pero lo que no se puede entender es que el alto empresariado pretendiera responsabilizar a la oposición política por los infinitos yerros, tan elementales como no haber transparentado los costos de las plantas de carbón, que rondan los 3 mil millones de pesos, o que las empresas estatales del sector eléctrico tengan 6 años sin presentar estados financieros auditados, como manda la ley. O que todavía el presidente Medina esté dando poderes para comprar energía sin el concurso legal.

El PRM se anotó un punto con su negativa a prestarse de comparsa, como corresponde a una oposición política responsable. Y dejó plantados a quienes quisieron chantajearlo, los mismos que luego excusan sus incoherencias y complicidades bajo el alegato de que aquí no hay oposición. Lo justificó el comunicado de la Secretaría de Energía del PLD pidiendo una reanudación del diálogo para dilucidar los disensos, que consideró “muy importantes”.-

 

JCE convoca partidos por financiamiento primarias

Miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, convocan a partidos para el próximo lunes.

En medio de las críticas de diversos sectores que se oponen a que el Gobierno financie las primarias simultáneas de los partidos políticos, el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) decidió ayer convocar para el próximo lunes a los cincos partidos políticos que acogieron esa modalidad para tratar el tema.

En su reunión de ayer el Pleno de la JCE decidió convocar a los partidos políticos PLD, PRM, PRD, ALPAIS y OD, a los fines de analizar el presupuesto de Primarias Simultáneas, a la luz del artículo 47 de la Ley Número 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, referente a la apropiación de fondos de la contribución que los partidos políticos reciben del Estado.

Además, con el objetivo de consolidar los elementos de un acuerdo previo que debe ser suscrito entre las partes conforme a dicha ley.

Dicha reunión tendrá lugar el próximo lunes 11 de febrero, a las 10:00 horas de la mañana, en el Salón de Partidos Políticos de la sede de la JCE.

El artículo 47 de la Ley 33-18 dispone que “los recursos para organizar el proceso de las elecciones primarias de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para elegir los candidatos a los distintos cargos de elección popular en las elecciones ordinarias serán deducidos, previo acuerdo con las organizaciones políticas, del aporte económico que proporciona el Estado a los partidos, independientemente de los aportes de la Junta Central Electoral en naturaleza y logística”.

Por otro lado, los cinco partidos políticos que notificaron su decisión de acogerse al método de Primarias Simultáneas para la selección de sus candidatos a las elecciones del 2020, concluyeron ayer la firma del documento que corresponde al consenso sobre la plataforma de Voto Automatizado desarrollada por la Junta Central Electoral (JCE) y que será utilizada en el proceso de Primarias Simultáneas que tendrá lugar el próximo 6 de octubre de 2019.

Dicho documento fue suscrito por el equipo técnico de la JCE, encabezado por el Director Nacional de Informática, Miguel Ángel García, y el Director Nacional de Elecciones, Mario Núñez, así como por los delegados técnicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Alianza País (ALPAIS) y Opción Democrática (OD).

El documento recoge los acuerdos alcanzados en cuatro reuniones de trabajo con los delegados.

Responsabilidad del Gobierno

17_01_2019 HOY_JUEVES_170119_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina tiene tanta suerte que todavía los partidos de oposición no le han exigido que explique al país su política de combate al narcotráfico y los esfuerzos que hace su gobierno para esclarecer acontecimientos tan graves como el asesinato del coronel Daniel Ramos Alvarez, comandante de la policía preventiva en Bani a manos de un grupo pandillero y el silencio que rodea la incautación de mil kilogramos de cocaína hace dos meses en el puerto de Haina.

Se generaliza la percepción de impune incremento del narcotráfico en el país, y una evidencia es que el año pasado las autoridades incautaron cerca de 6 mil kilogramos de cocaína, casi la mitad en el último trimestre. Para los entendido, el incremento de las incautaciones implica mayor tráfico, y se trafica más por las rutas donde se abren mejores facilidades para transportar una de las mercancías más lucrativas, que según la ONU genero US$320 mil millones en el 2017.

Expertos internacionales estiman que apenas entre 10 y 20 por ciento de las drogas ilegales caen en manos de las autoridades, y que la isla de Santo Domingo es uno de los puentes para su traslado, especialmente de cocaína, hacia los insaciables mercados de Estados Unidos y Europa.

El 16 de noviembre pasado fue incautado un cargamento de mil kilos de cocaína traídos a Haina Oriental por el buque San Amérigo, pero extrañamente se le permitió la partida ese mismo día con su capitán y sus 21 tripulantes libres, sin que hasta la fecha se haya informado quién era el destinatario de la mercancía, aunque desde el primer momento se dijo que había oficiales de la DNCD involucrados. Lo informó el 29 de noviembre el presidente de la DNCD, mayor general Eugenio Matos de la Cruz, quien lo reiteró el 5 de diciembre, precisando que había oficiales bajo arresto e investigación. Cumplidos dos meses, el caso es de misteriosa impunidad.

Lo ocurrido en el barrio Santa Cruz de Baní el 8 de enero no estremecerá tanto como aquella ejecución de siete narcotraficantes colombianos y la desaparición de un cargamento de cocaína, ocurrida en el 2008 en Paya, también Baní, que involucró a oficiales de la Marina de Guerra dominicana, pero también tiene ribetes escandalosos y desafía la capacidad, honestidad y credibilidad de los investigadores. HOY ha dado cuenta de contrariedad entre una comisión de alto nivel policial y el Procurador fiscal, que investigan el caso.

Son muchas las explicaciones que se necesitan para esclarecer este asesinato, por ejemplo: por qué el coronel Ramos, quien no era agente anticarcóticos, fue quien acudió al lugar donde operaba un negocio de drogas que ahora la DNCD dice que había sido intervenido 20 veces y su principal operador, Rafael Antonio Díaz, sometido en varias ocasiones a la justicia, pero permanecía en libertad. En vez de aligerar la carga de las autoridades, esa explicación la complica.

Hay que despejar la responsabilidad de los dos oficiales acompañantes de la víctima en el operativo, sin tropa de respaldo, que lo abandonaron herido, ahora que el senador por la provincia, Wilton Guerrero, denunciara que “el coronel Ramos fue llevado a una emboscada”. Como se le consideraba un oficial honesto, cabe preguntar si lo asesinaron por tratar de imponer autoridad.

El senador Guerrero, como su colega de Pedernales Dionis Sánchez, no sólo denunciaron la proliferación del narcotráfico en la región sur, sino la complicidad de las autoridades, hasta con detalles de sobornos por semana. La posibilidad de involucramiento de oficiales anticarcóticos, no sería ninguna novedad, pues ya en el 2013 se extraditó a Estados Unidos al ex contralmirante Francisco Hiraldo Guerrero, condenado allí por asociarse al narcotráfico siendo nada menos que jefe de operaciones de la DNCD.

Por cierto, los dos senadores denunciantes no son de la oposición, sino figuras relevantes del partido gobernante, lo que agrava el desafío de las autoridades judiciales y policiales, pero también del Gobierno, que debería enfrentar la proliferación del tráfico interno, por pagos en especies, y las matanzas de las bandas de narcotraficantes, antes que sea demasiado tarde. Hay varios casos de matanzas con signos del narcotráfico sin esclarecer, como la triple de anteayer en La Romana, una doble en julio también en Baní, y la cuádruple del 28 de diciembre en Guerra.-