Recurrente hipocresía nacionalista

                                                            Por Juan Bolívar Díaz

            En medio de un sórdido debate provocado por la desmesura de grupos corporativistas que se quieren mantener en el poder por encima de la Constitución y la ambición de retornar de otros que pretenden retenerlo hasta el bicentenario de la República, es decir por 25 años más, asistimos a un nuevo capítulo de la eterna recurrencia al nacionalismo hipócrita y de circunstancias.

Ahora las huestes del presidente Danilo Medina reaccionan indignadas rechazando la “injerencia” del senador norteamericano Bob Meléndez, por haber dirigido una carta a su secretario de Estado solicitándole poner en juego los mecanismos diplomáticos para evitar que el actual mandatario vuelva a reformar su propia Constitución para mantenerse en el poder.

La extrema reacción nacionalista ya le ganó el respaldo del congresista de origen dominicano Adriano Espaillat, quien además se adscribió a la defensa de la democracia, diciendo que la Constitución “es un documento sagrado donde quedan plasmadas no sólo las leyes de la nación, sino también las aspiraciones de un pueblo, por lo que siempre debe ser respetada”.

Pero resulta que la iniciativa de Meléndez, rechazada por los nacionalistas de ahora, es defendida por  los líderes de la Fuerza Nacional Progresista, persistentes protagonistas del más acendrado nacionalismo, que han alegado soberanía hasta para despojar de la nacionalidad a decenas de miles de ciudadanos dominicanos.

Los soberanistas nacionalistas de ayer, como los de hoy están equivocados, porque hace muchos años que la tradicional concepción de soberanía quedó subordinada a la defensa y vigencia de los derechos humanos fundamentales y a los preceptos democráticos. Ahí están los numerosos tratados y convenciones internacionales que han relativizado los viejos conceptos de soberanía defendidos a conveniencia desde  las extremas izquierdas a las extremas derechas.

Además de los tratados internacionales, en este continente tenemos la Convención Americana de los Derechos Humanos y más recientemente la Carta Democrática Interamericana, y de ambas la República Dominicana es suscriptora. Estamos obligados con la defensa de los derechos humanos y democráticos por encima de todas las fronteras, lo que no incluye el uso de la fuerza en que tantas veces ha incurrido Estados Unidos. Pero es hipócrita alegar nacionalismo ante cualquier pronunciamiento en defensa de principios democráticos.

En nuestra historia contemporánea abundan las gestiones de apoyo y solidaridad internacional en defensa de la libertad y la democracia, desde posiciones de izquierda, centro y derecha, desde 1961 cuando se aplaudieron las sanciones impuestas por la Organización de Estados Americanos bajo hegemonía norteamericana al régimen de Trujillo. Y 6 meses después de ajusticiado el tirano, una delegación política viajo a Washington para pedir a Estados Unidos que mantuviera las sanciones y retuviera el pago de la cuota azucarera dominicana hasta que se garantizara la democracia. La encabezaron los líderes de la conservadora Unión Cívica y del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio Viriato Fiallo y Manolo Tavarez Justo, éste último consagrado antiimperialista. Eso nada tiene de parecido a la actitud vergonzante de los que en 1965 pidieron la invasión militar norteamericana, la defendieron o la toleraron.

Después de eso sobran los ejemplos: José Francisco Peña Gómez y Milagros Ortiz Bosch, a nombre del PRD, fueron a Washington y a los cenáculos de la Internacional Socialista en los años 70, reclamando y obteniendo solidaridad con las luchas democráticas. En 1978 el entonces primer ministro de Portugal, Mario Soares, desfiló en una manifestación perredeísta en la campaña electoral, y la “injerencia” de Estados Unidos, Venezuela  y la Internacional Socialista impidió que Balaguer desconociera la voluntad popular en ese año.

Leonel Fernández, a nombre del PLD, buscó solidaridad en Estados Unidos en ocasión de los fraudulentos comicios de 1990, y lo repitieron los perredeístas en el curso del trauma electoral de 1994. Ambos partidos han solicitado reiteradas veces activos observadores internacionales para las elecciones. En la noche  del 16 de mayo del 2004 el PLD llevó al cuerpo diplomático a la Junta Central Electoral bajo la falsa versión de que el coronel Pepe Goico se estaba robando las urnas y que había un golpe de Estado en marcha. Y para colmo el expresidente Lula de Silva vino al país para apoyar la reelección de Danilo Medina en el 2016, y este utilizó el respaldo de la entonces presidenta del Brasil Dilma Rousseff.

Lo ideal es que nunca fuera necesaria esa “injerencia” internacional.-

Penosa línea blanda en la JCE

09_05_2019 HOY_JUEVES_090519_ Opinión10 A

En juego el Estado de Derecho

 

                                                       Por Juan Bolívar Díaz

            Alienta la seriedad con que voces del episcopado católico y las iglesias evangélicas, así como de importantes sectores sociales y políticos y de los medios de comunicación han tomado las recientes presiones, calumnias, hechos agresivos y amenazas contra la independencia de las altas cortes judiciales provenientes de quienes controlan el poder y parecen empeñados en socavar la institucionalidad democrática, probablemente alentados por la constante histórica de “la maldita reelección” por encima del orden constitucional.

             El arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, marcó la pauta al deplorar  la embestida contra el Poder Judicial por parte de quienes controlan el Estado, advirtiendo que si no despertamos terminaremos en una dictadura. Mientras el Obispo de Baní, Víctor Masalles, alertaba que cuando la democracia se agrieta, por sus intersticios “puede colarse una odiosa dictadura”. Y el Obispo de San Francisco de Macorís, Fausto Mejía Vallejo, deploró la falta de independencia de la justicia y “el apabullamiento de los políticos que quieren controlarlo todo”.

             Es significativa la relevancia que han dado los periódicos nacionales a la reciente ofensiva contra la independencia del Tribunal Superior Electoral, y que los principales, HOY y Listín Diario, hayan publicado dos editoriales cada uno, rechazando la presión gubernamental sobre el tribunal encargado de dirimir conflictos electorales y políticos. El primero lo deploró el sábado “En la inminencia de un proceso electoral ya crispado por premoniciones de súbitas reformas a las reglas del juego para extraer de sepultura la históricamente perjudicial reelección.” estallen presiones sobre ese órgano fundamental, como editorializó el primero el sábado. Y El lunes se refirió a los “riesgos para la democracia” que implican “los actos y líneas de propósito que enrarecen el panorama”.

            El Listín ya había advertido el jueves “el inadmisible abuso de poder”, contra el TSE, y este martes se asoció al pronunciamiento del Arzobispo Ozoria con el título editorial “La Dictadura no puede pasar”, invitando a toda la sociedad a rechazar intentos que debiliten cualquiera de los poderes del Estado. El Día y Diario Libre también han manifestado seria preocupación.

             Toda la sociedad, incluidos los que aún guardan silencio, tiene que rechazar esta desmesura, más significativa por ser muy reciente la ejecutada en el Consejo Nacional de la Magistratura, donde se violentaron principios constitucionales, legales y reglamentarios  para sustituir a jueces de la Suprema Corte sin la correspondiente evaluación, y se montó un paredón moral contra el mayor símbolo de la independencia y la transparencia judicial. Hay que dar especial seguimiento a la integridad del presidente del TSE y su esposa, la doctora Karina Concepción, fiscal  subordinada de uno de los que se atrevieron a presionar al TSE.    

             Lo que está en juego es el Estado Democrático de Derecho que proclama la Constitución, pues el gobierno ni siquiera se ha molestado en explicar o desmentir las versiones de que cuatro ministros, incluido el Administrativo de la Presidencia, y el Procurador General llamaron al presidente del TSE, doctor Román Jáquez Liranzo, para reclamarle la anulación de una sentencia antes de ser publicada, que le quitaron la escolta militar durante tres días, que cambiaron al jefe de seguridad del edificio del tribunal, y que lo amenazaron en términos groseros.

          Y todavía el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante llegó al extremo de pedir una investigación para iniciar un juicio político y destituir a los tres jueces responsables de la sentencia que anuló una convención de un partido aliado del gobierno.   

            La alarma por la ofensiva contra el TSE está más que justificada porque las innumerables bocinas gubernamentales, sin molestarse en leer  han persistido en denostar a los jueces, la gran mayoría sin molestarse en leer la sentencia. De haberlo revisado, no estarían difundiendo que desafía un dictamen del Tribunal Constitucional sobre el mismo conflicto Porque expresamente se consigna y justifica su acatamiento, y porque la nueva anulación de la convención fue determinada por otra falencia democrática: la documentada falta de más de un centenar de asistentes para completar el quorum reglamentario en el organismo correspondiente. En última instancia, los que por encima de toda racionalidad entiendan que el dictamen anulatorio fue inconstitucional o infundado, que recurran otra vez por los canales de rigor.

              Mientras tanto, hay que contener el socavamiento de la institucionalidad democrática.-

 

Sin arrastre de los senadores

28_03_2019 HOY_JUEVES_280319_ Opinión10 A

Por Juan Bolívar Díaz

Es una buena iniciativa del Partido Revolucionario Moderno (PRM) su solicitud a la Junta Central Electoral (JCE) para que haga prevalecer el derecho a elegir de los ciudadanos en los comicios del año próximo respecto a los senadores, una demanda democrática de hace varias décadas, fundamentada en el principio constitucional del derecho a la elección directa, pero regateada cada vez que se planteaba alguna reforma al sistema electoral dominicano.

Me cuento entre quienes entendimos que el arrastre de los senadores por el voto a los diputados había prevalecido en la nueva Ley Orgánica del Régimen Electoral 15-19, en base al enunciado de su artículo 104, que en su párrafo IV autoriza a computar “en beneficio de los senadores todos los votos obtenidos por su partido en la provincia”, aunque refiriéndose a las circunscripciones electorales.

Sin embargo juristas y políticos habían advertido que la Ley 15-19 es contradictoria, fruto de la prisa con que fue sancochada aunque su modificación había quedado impelida por la Constitución del 2010, porque la nueva legislación establece sin ninguna duda que la elección del senador constituye un nivel diferente a la de los diputados, como figura claramente dos veces en el artículo 92 y se ratifica en el 130.

El numeral 5 del artículo 92, define el nivel de elecciones como “el que contiene candidaturas individuales indivisibles o no fraccionables en sí mismas, para en los numerales siguientes precisar cuatro niveles separados, primero el presidencial, luego el senatorial, después el de los diputados y finalmente el municipal.

La separación de las boletas para elegir los senadores y los diputados queda de nuevo ratificada en el párrafo I del mismo artículo 92, al instituirse que “En el caso de la elección de representantes ante parlamentos internacionales, serán escogidos en las mismas boletas utilizadas para la escogencia de los senadores”.

En el artículo 130 de la misma ley, referido a las modalidades de alianzas, vuelve a quedar manifiesta la intención del legislador de separar la elección del senador y los diputados. El texto reza que “Las alianzas o coaliciones de partidos pueden producirse sólo dentro de las modalidades siguientes, sin que se permita en ningún caso el fraccionamiento del voto para candidaturas de un mismo nivel”, señalando a continuación “para las candidaturas del nivel presidencial, para las candidaturas del nivel senatorial, para las candidaturas del nivel de diputados y para las candidaturas del nivel municipal”.

Dado que el nivel de senadores aparece tres veces en la ley, y tomando en cuenta el derecho a la elección directa, la JCE tendrá que decantarse por la prevalencia del principio constitucional, que a nadie ofende. En cambio irse por la excepción de contar todos los votos provinciales al candidato a senador, desconoce un derecho básico y resulta impracticable con la división de niveles de elección.

Será el reglamento de la ley que deberá dictaminar la JCE el instrumento para dilucidar el elemento contradictorio, evitando que los defensores del derecho a elegir puedan recurrirlo ante el Tribunal Superior Electoral y eventualmente ante el Tribunal Constitucional. En cambio, no se advierte quién pueda tener derecho a mantener que los senadores no deban ser electos por méritos propios, independientemente del diputado preferido. Es una contradicción flagrante que el elector pueda escoger el diputado preferido y no el senador. Algo indiscutible es que la ley 15-19 derogó la ley 157-13 sobre voto preferencial para los diputados, que establecía el arrastre de los senadores, al instituir el nivel de elección senatorial.

La JCE no puede irse por lo más fácil, de evitar colocar una boleta separada adicional, después de la institución de las elecciones primarias simultáneas y del voto preferencial por los regidores y vocales municipales, cuestiones mucho más complejas y que anteceden la elección presidencial y congresual.

Por demás son varias las objeciones pendientes de dictámenes del Tribunal Constitucional, declaradas en enero de urgencia, y que según fuentes bien informadas son de inminente publicación, algunas de gazapos aparatosos, como el condicionar la postulación a cargos públicos a una previa militancia en un partido, o la sanción hasta con dos años de cárcel a quien “empañe la imagen de un candidato”, para dejarlo en las más grotescas.-

Ese Procurador debería irse

07_03_2019 HOY_JUEVES_070319_ Opinión8 APor Juan Bolívar Díaz

            El desaguisado, desacierto y agravio a toda la sociedad en que incurrió el lunes el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en sesión televisada del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), fue de tal magnitud que generó un rechazo instantáneo y casi unánime y debería provocar su renuncia o ser destituido para reparar la ofensa, no sólo a la magistrada Miriam Germán Brito, sino a toda la sociedad dominicana.

La dimisión o la cancelación sería la consecuencia del enorme desvarío de un funcionario de su categoría en cualquier democracia de siquiera mediana intensidad, pero como aquí no prevalece el menor respeto por las normativos, las leyes, y hasta la Constitución de la República, no hay razones para esperar que ocurra a menos que la indignación se traduzca en un clamor general, siguiendo el curso marcado por 16 organizaciones de mujeres y diversas personalidades.

El Procurador Rodríguez se descalificó por el ensañamiento con que trató a la magistrada Germán Brito, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, uno de los más acreditados símbolos de la honorabilidad judicial, pero también por las siguientes razones:

1.- Violó el  Reglamento 1-19, para la aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura que este órgano adoptó apenas el 4 de febrero último para la evaluación de las candidaturas a integrar la Suprema Corte de Justicia, cuyo artículo 26 indica el   plazo en que pueden presentarse objeciones y  especifica que “cuando el Consejo le atribuya mérito, en principio, a una objeción o reparo, comunicará la misma al aspirante de que se trate para que en un plazo de 24 horas se pronuncie sobre el particular”.

2.- Jean Alain se comió el Párrafo I del mismo artículo, donde se establece que las objeciones “nunca podrán ser anónimas y deben contener los datos de quienes las formulan”. También el Párrafo II, donde se dispone que las objeciones “deberán ser decididas antes de iniciar la etapa de vistas públicas”. Y el Párrafo III que ordena su presentación “bajo los mayores niveles de confidencialidad”.

2.- Como miembro del CNM, Alain Rodríguez fue de los firmantes del reglamento, y su comportamiento indica que lo burló, o ni siquiera conocía sus postulados, algo imperdonable en un Procurador General de la República.

3.- Comprometió al presidente de la República y del CNM, Danilo Medina, tanto que muy pocos creen que no fuera enterado por anticipado sobre los cargos denigrantes que él formularía contra una honorabilidad judicial. Y si no le anticipó, lo ha dejado como cómplice ridículo del desaguisado, al no haber impugnado tales violaciones al reglamento y al derecho constitucional a la legítima defensa, como le correspondía. Contrastó la actitud del presidente Medina con la que adoptó en la misma sesión al defender al magistrado Moscoso Segarra ante una objeción no moral, sino política.

4.- Jean Alain incurrió en un delito al difundir  evidencias de que la magistrada Germán Brito estaba sometida a espionaje ilegal, y demostró escasa capacidad investigativa, quedando en ridículo por las respuestas de la cuestionada, quien explicó que la “villa de lujo” que le atribuía era una herencia, en gran parte paterna, a un hijo con cierto grado de discapacidad, y no un testaferro. Y por  posteriores aclaraciones como la del reputado jurista Cristóbal Rodríguez, de que era a su oficina y no a la de un abogado del imputado Diaz Rúa, a quien Germán Brito enviaba paquetes de libros y discos.

Vale reconocer los gestos de dos destacadas mujeres. Primero la diputada Josefa Castillo, miembro del CNM, quien sin ser abogada, salió en defensa de los principios, y de la jueza Katia Miguelina Jiménez, quien retiró su candidatura a la Suprema Corte, indignada por el trato “vejatorio y humillante” a la magistrada Germán Brito. Ojalá se levanten miles para rechazar que Jean Alain generalice la discapacidad moral del ámbito en que ejerce su poder.

Ah, y si el Procurador trató de vengarse porque Miriam Germán opinó que las imputaciones originales a 14 personas, con las que él encubrió el escándalo Odebrecht, necesitaban investigación para rebasar sus vaguedades, también falló, porque un año después él mismo le dio la razón cuando ocho de aquellos fueron liberados del proceso judicial.-

 

 

 

 

¿Por qué esperar al PRM?

28_02_2019 HOY_JUEVES_280219_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

Si fue un absurdo pretender que el principal partido de la oposición, el Revolucionario Moderno (PRM) corriera apresurado a firmar un pacto eléctrico del que no hizo consenso, en una apresurada convocatoria de 48 horas después de 15 meses archivado, más inexplicable es que ahora no se le ponga en vigencia. Si el pacto es tan útil para superar los 50 años de atraso energético del país, y si lo quieren los grandes intereses empresariales, que lo apliquen ya.

La realidad es que el Pacto Eléctrico, como el Fiscal y el Educativo, es un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, promulgada en enero del 2012, es decir hace más de siete años. El de Educación resultó relativamente fácil desde que el presidente Danilo Medina honró el compromiso contraído con la sociedad civil en la campaña electoral del 2012 y acató la Ley General de Educación que destina al sector el 4 por ciento del producto bruto interno.

Al comienzo de su primer gobierno, en agosto del 2012, el mandatario convocó a la discusión del Pacto Fiscal, pero tan pronto los sectores empresariales y sociales exigieron algo más que otra de las múltiples reformas tributarias, el gobierno recogió y por la puerta de atrás  negoció con los más complacientes empresarios otro incremento impositivo cargado al consumo. Más de seis años después el Pacto fiscal sigue como simple sugerencia en vez de un mandato legal, porque no están dispuestos a recortar el enorme dispendio clientelista y rentista y  la creación de enormes fortunas en que se fundamenta el dominio político y social.

En enero del 2015, ya diseñada la campaña reeleccionista, el gobierno de Medina inició con entusiasmo las discusiones del Pacto Eléctrico con la participación de los sectores empresarial, sindical, social y político, bajo la cobija del Consejo Económico y Social (CES).

Justo un año después, en enero del 2016, el PRM anunció que se retiraba del intento de concertación porque el gobierno persistía en ignorar los reclamos de información y transparencia y el abordaje de asuntos fundamentales, como las enormes pérdidas de las distribuidoras de energía, a causa del desbordamiento del empleo y el gasto superfluo. Sus dirigentes dijeron que bajo ninguna circunstancia se prestarían a blindar, ni legitimar los contratos grado a grado, la opacidad del financiamiento de Punta Catalina, la violación a la ley general de electricidad y otras maniobras ilegales parecidas.

Sin el PRM, las discusiones para el pacto prosiguieron todo el 2016 y el 2017, con el disenso de todo el sector social y aún de una parte del empresarial. Hasta que en noviembre de ese año se anunció que en diciembre sería firmado. Durante 15 meses se cuestionó al gobierno sobre el destino del Pacto Eléctrico, hasta que el 18 de febrero pasado el presidente del CES, Agripino Núñez, convocó a su firma el día 20 “con la presencia y participación del excelentísimo Señor Presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez.

La convocatoria fue tan intempestiva que su mismo texto señalaba que quien no pudiera asistir podría firmar el pacto durante el resto de la semana. Ni siquiera el sector social ni grupos empresariales inconformes estaban dispuestos a participar en ese montaje a la medida del interés  del presidente Medina de atribuirse un éxito energético en su inminente discurso político de “rendición de cuentas”.

La politiquería gubernamental es la norma en nuestro endeble armazón social e institucional, sobre todo si hay por medio un nuevo proyecto continuista, pero lo que no se puede entender es que el alto empresariado pretendiera responsabilizar a la oposición política por los infinitos yerros, tan elementales como no haber transparentado los costos de las plantas de carbón, que rondan los 3 mil millones de pesos, o que las empresas estatales del sector eléctrico tengan 6 años sin presentar estados financieros auditados, como manda la ley. O que todavía el presidente Medina esté dando poderes para comprar energía sin el concurso legal.

El PRM se anotó un punto con su negativa a prestarse de comparsa, como corresponde a una oposición política responsable. Y dejó plantados a quienes quisieron chantajearlo, los mismos que luego excusan sus incoherencias y complicidades bajo el alegato de que aquí no hay oposición. Lo justificó el comunicado de la Secretaría de Energía del PLD pidiendo una reanudación del diálogo para dilucidar los disensos, que consideró “muy importantes”.-

 

Por el rescate de la justicia

 10_01_2019 HOY_JUEVES_100119_ Opinión8 A

Por Juan Bolívar Díaz

Si algo quedó claro a propósito de la celebración el 7 de enero del “Día del Poder Judicial”, fue el generalizado clamor porque sean desatados definitivamente los nudos que postergan y envilecen el tercer poder del Estado, con graves repercusiones sobre la institucionalidad democrática, más contundente por encontrarnos en vísperas de una renovación de las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia.

La responsabilidad de elegir a 12 nuevos titulares de la Suprema Corte recae en particular sobre el presidente Danilo Medina quien, además de presidir también el Consejo Nacional de la Magistratura, dispone de los votos de seis de sus ocho integrantes, por lo que los reclamos le aluden directamente, con la esperanza de que se coloque sobre el interés partidista y contribuya a rescatar el órgano superior del Poder Judicial del secuestro político en que lo sumió su antecesor.

La expectativa se nutre del reconocimiento de que las decisiones del Consejo de la Magistratura bajo la presidencia de Medina mejoraron la composición de los órganos concernidos, como en la renovación parcial de la Suprema Corte, posteriormente del Tribunal Superior Electoral y recientemente de una parte del Tribunal Constitucional.

Sin duda que el clamor de la sociedad civil, en sus múltiples expresiones, ha sido fundamental para que comenzara a reducirse el secuestro político de las altas cortes, lo que se renovó el pasado lunes por parte de la Fundación Institucionalidad y Justicia, del Colegio de Abogados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los arzobispos de Santo Domingo y Santiago en sus respectivas homilías, e innumerables articulistas y comentaristas. Lo reclamaron también recientemente otras instituciones especializadas como Participación Ciudadana, y entidades empresariales como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Asociación de Industrias y la Asociación de Empresas Industriales de Herrera.

Hay suficientes indicadores de generalización de la percepción de que la justicia dominicana no se corresponde con las luchas de las últimas décadas por elevar la institucionalidad democrática. Las encuestas nacionales y hasta las internacionales, como la reciente Latinobarómetro, establecen que la credibilidad de la justicia dominicana apenas alcanza el 21 por ciento. En los últimos dos índices de competitividad global del Foro Económico Mundial, la independencia judicial ha quedado relegada a las posiciones 130 y 125 entre 137 y 140 países.

La escasa independencia e integridad del poder judicial está determinado no sólo por la politización de los organismos superiores, al servicio de la impunidad, sino también por su postergación económica, pues apenas se le entrega la mitad de l que establece la ley. En contraste con lo que se le atribuye al Poder Ejecutivo y al Legislativo, a quienes les sobren los recursos para repartir a discreción y para malversar.

Al referirse a la coyuntura, la FINJUS ha reclamado que “el proceso de evaluación de 12 miembros de la Suprema Corte de Justicia que manda la Constitución y la Ley se realice asumiendo todas las garantías y profesionalidad requeridas”, y que “a la luz de las necesidades de un mejor servicio de justicia, más imparcial, eficiente  e independiente, la ciudadanía debe unirse para reclamar al Consejo Nacional de la Magistratura que tome sus decisiones con un sentido de Nación, cerrando toda posibilidad de beneficiar intereses particulares de cualquier tipo”.

Por su parte el arzobispo Francisco Ozoria enarboló el desafío de rescatar la credibilidad de la justicia, mientras el arzobispo Freddy Bretón especificaba que el fortalecimiento de las instituciones, entre ellas la justicia, juega un rol determinante para garantizar la paz, la confianza y la estabilidad.

El rescate de la justicia es fundamental para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. Ahí está la responsabilidad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, especialmente del ciudadano presidente Danilo Medina.-