Por Juan Bolívar Díaz

Es justo celebrar que el gobierno decidiera escuchar el clamor de los campesinos de El Seibo que marcharon a pie hasta Santo Domingo hace dos semanas buscando la  justicia que les ha sido negada sistemáticamente en los últimos años, al punto de haber sido desalojados de predios que cultivaban hace décadas, aunque nunca tuvieran en sus manos un título de propiedad.

Celebremos que alguien se conmovió en el Palacio Nacional y el ministro administrativo de la Presidencia inició un diálogo con representantes de toda una comunidad de cientos de  familias de San Francisco Vicentillo y La Culebra, municipio de El Seibo que disputan unas 20 mil tareas con un terrateniente de la zona, con poderes tan altos que el año pasado auspició la destrucción de las casas, sembradíos y bienes de tantos agricultores.

Un informe oficial indica que el ministro José Ramón Peralta dedicó el martes más de una hora a escuchar los reclamos “creando las bases para una posible solución a la problemática” y que el gobierno tratará de hacerlo en el marco de la ley y de la dignidad de las personas involucradas.

Fue lo que debieron hacer las autoridades antes que decenas de esos campesinos vinieran a acampar en las inmediaciones del Palacio Nacional, clamando porque el presidente Danilo Medina cumpliera la promesa que les habría hecho el 10 de junio del año pasado, cuando visitó la zona, de que una comisión trabajaría para la titulación definitiva de los predios en conflicto. El reclamo ha ganado amplio apoyo de la comunidad seibana, incluyendo a sacerdotes y pastores.

La negligencia frente a un problema social que motiva amplia solidaridad humana permitió el desalojo  ejecutado el 6 de septiembre del 2018, que ha dejado en brutal desamparo a tantas familias que no tienen otro medio de sustento.

Pero abriguemos ahora optimismo de que se hará justicia a estas familias, que enarbolan el decreto 486 emitido en 1975 por el presidente Joaquín Balaguer, donde declara de utilidad pública al menos una parte de los terrenos donde ellos se habían asentado, que según su parecer eran comuneros, pero que reclama el cubanoamericano Pedro Guillermo Varona, quien aduce títulos de propiedad sobre gran parte del área, lo que avala la Asociación de Hacendados. .  

Es inconcebible que las autoridades del Instituto Agrario Dominicano no hayan precisado públicamente la situación legal y social de los terrenos, guardando silencio durante tanto tiempo, al igual que el  presunto propietario.   

Es lamentable que esperaran que los campesinos peregrinos de El Seibo ganaran tanta solidaridad y simpatías en la opinión pública para buscar una solución humana y digna, que en cualquier caso tiene que implicar el amparo público. Alguien tiene que verificar el origen de la presencia de los campesinos en los terrenos y de los reclamos del terrateniente. Y si éste tiene razón sobre parte de esos terrenos, como se ha alegado, que el Estado le ofrezca la compensación que corresponda, dando siempre prioridad a los campesinos. Seguramente el costo será menor que lo que cobran en un solo día la corrupción y la malversación de los fondos públicos, tan ampliamente documentado por el reciente informe de Oxfam.

El Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria ha implorado por una solución justa y humana al conflicto, en este año en que se conmemora medio siglo de una carta pastoral de Monseñor Juan Félix Pepén, quien fuera un ilustre y sensible primer obispo de Higuey, donde abogaba por los derechos de los agricultores de la región, víctimas de la voracidad de los más poderosos.

Basado en la doctrina social de la Iglesia Católica, monseñor Pepén ratificaba la preocupación por la suerte de los campesinos, “porque quien carece de lo necesario para una vida digna, no está en condiciones de ser un buen cristiano”. Exhortaba a los campesinos a unirse para defender sus derechos, mientras pedía a los gobernantes, legisladores y personas de buena voluntad que se apresuraran al estudio del problema rural dominicano para encontrar soluciones que aseguren el bienestar de las presentes y futuras generaciones.

Esperemos que el presidente Danilo Medina haga ese esfuerzo, sería una forma de honrar la memoria de su recién fallecido padre, Juan Pablo Medina, a quien èl mismo definió como gran trabajador, de profundas convicciones cristianas, que lo llevó a conocer las necesidades de los campesinos dominicanos.-  

Por Juan Bolívar Díaz

            Ya es habitual que funcionarios y propagandistas gubernamentales se rasguen las vestiduras ante cualquier informe internacional que presente nuestra persistente pobreza, ya sea monetaria, social o de la institucionalidad democrática, como acaba de ocurrir con el de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), que sitúa el país entre cinco de América Latina y el Caribe donde las profundas brechas urbanos-rurales y desigualdades arrojan pobreza y hambre.

Llegan a asumir que los organismos internacionales tienen prejuicio contra esta próspera nación y optan por ignorar los diagnósticos y recomendaciones, y pasan consignas de no referirse a los mismos, como ocurrió muy recientemente con el informe sobre Calidad Democrática en la República Dominicana, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde el país queda entre los últimos cinco de 24 de la región evaluados. La reacción en altos niveles del gobierno fue de incredulidad y hasta indignación, según ha trascendido.

En materia de pobreza la hipersensibilidad gubernamental es mucho mayor, porque el presidente Danilo Medina y sus más cercanos funcionarios están convencidos de que  casi barrieron la pobreza y que ya somos un país de clase media, como acaba de ratificar el mandatario hace unos días. Eso es cierto  en el polígono central capitalino.

Baste recordar el Mapa de Desarrollo Humano del PNUD, donde sólo el Distrito Nacional aparece como la jurisdicción de alto desarrollo, y las provincias Duarte, Nouel, Mirabal y Ocoa con desarrollo medio alto, mientras 22 provincias que concentran el 80 por ciento de la población nacional, registran desarrollo medio bajo. Cinco provincias quedaron en simple bajo desarrollo humano. Ellas son Elías Piña, Bahoruco, Independencia, Pedernales y El Seibo, donde la población bajo nivel de pobreza supera el 70 por ciento.

Pero amparados en nuevas metodologías que evalúan generosamente los avances sociales, en los círculos de poder crece la convicción de que estamos ganando la batalla a la pobreza, aunque los indicadores objetivos lo desmienten de forma hasta dramática. El mapa del PNUD diagnostica que hemos reducido significativamente la pobreza, sobre todo cuando se compara con el desastre generado por los fraudes bancarios del 2003, pero al mismo tiempo indica que la población en situación vulnerable creció desde entonces 18 por ciento, afectando a 80 mil familias. Es decir que muchos pasaron de pobres a la nueva categoría de vulnerables.

Tiene que haber bajado la pobreza con un crecimiento del 5 por ciento en la última década, denunciado como concentrado  y generador de mayor desigualdad. Todavía la Encuesta Enhogar 2018, un amplio y acreditado estudio de la Oficina Nacional de Estadística, con una muestra científica de 37 mil 800 hogares, nos echa en cara la gran pobreza nacional.

Llámenle vulnerable, no de clase media, a una sociedad donde el 47.5 por ciento de las viviendas no disponen de agua dentro, que del 76 por ciento que la reciben de acueductos, sólo la tercera parte la obtenga permanentemente y que el 55  por ciento del total la recibe tres o menos días por semana. Que el 52 por ciento sufre apagones eléctricos por más de cuatro horas diarias, el 26 por ciento entre 10 y 14 horas y 13 por ciento entre 15 y 23 horas por día, según Enhogar.

Una población con esos indicadores y sin alcantarillados pluviales ni sanitarios, no cataloga como de clase media en el siglo 21. Menos cuando más de la mitad de los empleados formales reciben salarios menores al costo de la canasta familiar del quintil más pobre. Y si tienen que trabajar 12 y hasta 16 horas diarias para sobrevivir, son muy pobres seres humanos. Aún estamos entre los 10 países de más bajo desarrollo humano entre los 35 del continente.

La enorme inversión en propaganda de un gobierno que se ha constituido en el mayor anunciante, con gasto diario de 11.6 millones de pesos y con miles de comentaristas, periodistas y bocinas en la nómina pública trata de convencernos de que ascendimos a país de clase media gracias a unas “visitas sorpresas” y subsidios sociales, que en conjunto apenas  alcanzan el 10 por ciento del monto de las remesas de los dominicanos emigrantes, que el año pasado totalizaron 6 mil 500 millones de dólares, es decir 325 mil millones de pesos. Eso sí creció en los últimos 8 años, un 77 por ciento, según las cifras oficiales, y ahí es que radica el mejoramiento del ingreso familiar, pero los propagandistas gubernamentales se roban el mérito.-

Por Juan Bolívar Díaz

            Siempre presente hermano Regino: reservé para mis lecturas de semana santa los tres sublimes reportajes que al inicio de abril publicó en HOY la querida compañera Minerva Isa sobre tu vida enterita en la frontera, compartiendo el jengibre, el plátano, el cazabe y la esperanza con los preferidos de Jesús: los más pobres, olvidados y desamparados.

Te reviví en Dajabón y Loma de Cabrera, en El Manguito y Sanché, compartiendo el rudo trabajo y sus privaciones, el calvario de los pobres, hasta hacerte uno de ellos, durmiendo en una listera, y arañando la tierra desde las madrugadas para exprimirle el mínimo sustento cotidiano. Tu un hijo de clase media pueblerina, orgulloso de seguir “lo enseñado por Jesús, que en la práctica se torna espinoso y subversivo, el que se hace solidario y sufre con los desposeídos”, y denuncia con voz profética los abusos fronterizos.

Regino Martínez, cultor de tierras y de almas, promotor de dignidad, del respeto a la madre tierra y el medio ambiente, de justicia y equidad, a través de juntas de vecinos, comanditas para la micro producción, de centros de madres y clubes juveniles, como los mejores surcos para la catequesis, que parte de los seres humanos y termina siempre en ellos. Te ví en Solidaridad Fronteriza, tratando de mitigar la indigencia de los inmigrantes, pero también denunciando el tráfico humano que enriquece autoridades civiles y militares y a políticos hipócritas que después te quieren responsabilizar de “la invasión haitiana”.

En las trazas de Minerva te he vuelto a descubrir como el muchacho siempre alegre y fraternal que remedaba al padre Tejedor cuando en las clases de latín, con su susurro de voz de ocho décadas me animaba al grito de ¡Bolivita, Bolivita, que te duermes! Porque mientras ustedes venían de la espléndida siesta de 45 minutos yo estaba escuchando las charlas radiofónicas de Juan Bosch, lo que se difundiría como un baldón en aquellos meses de 1962 por todo el seminario Santo Tomás, hasta ganarme un cerco profiláctico por boschista.

Compartíamos aulas y ensoñación religiosa en aquel grupo de “vocaciones tardías”, porque llegamos al seminario cuando terminábamos el bachillerato, y no éramos ni del seminario menor ni del mayor, teníendo que movernos en ambas riberas, pero viviendo con los filósofos y teólogos.

Me habitan aquellos sueños de misioneros, que se potenciaban en las misas cantadas, las vísperas y laudes gregorianos, marchitados por mi vocación contestataria. Recuerdo tu estentórea risa cuando te advertía mi aversión por el rezo del rosario, convencido de que la Virgen no podía ser tan sorda para que tuviéramos que repetirle 50 avemarías de un solo tirón. Hasta que el protector espiritual, el padre Roque, me persuadió de que no podía seguir sufriendo las exclusiones y acosos de muchos convencidos de que yo allí era un peligroso infiltrado del comunismo internacional, traidor, ateo y disociador.

Ahora, en este domingo de la resurrección, que según San Pablo es lo que da fundamento a nuestra fé cristiana, te evoco Regino y quisiera estar cerca para decirte que tú si fuiste persistente devoto de Jesús, un discípulo testamentario del amor y la solidaridad entre los seres humanos. Y recuerdo cuando estuve más cerca del paraíso en aquella semana santa en que compartí con una comunidad de monjes en la diócesis de Cuernavaca de Sergio Méndez Arceo.

Aquí, extendido en el entorno de una piscina, cenicienta en mano, leyendo a Minerva Isa te evoco Regino y me pregunto si yo no debería estar junto a ti, con más de cuatro décadas viviendo y trabajando  junto a los relegados, desafiando a los que profanan el templo de Dios, reivindicando que somos  simples piedras del camino, que al polvo hemos de volver, sin apelación ni casación.

Por lo menos quisiera invitarte a acompañarme un fin de semana profano, en una pausa de tus votos de pobreza y solidaridad, para recordar a tantos que nos precedieron ante el Señor y nos enseñaron la coherencia y la autenticidad. Aunque sea para amortiguar mi carga de conciencia por no estar cerca de ti y estar aquí en “la buena vida”, aunque habitante de distancias y caminos.-

Por Juan Bolívar Díaz

            Como cada dos años asistimos en estos meses a un miserable debate sobre los salarios mínimos, donde predomina la irracionalidad y mezquindad entre dirigentes empresariales y sindicales, con un arbitraje estatal atado al oportunismo político, sin voluntad de promover algo que provoque disgusto a cualquiera de los dos sectores.

En los últimos dramas todo comienza igual, los sindicalistas demandando un incremento del salario mínimo del 30 por ciento y los empresarios la reclasificación de las empresas para estos fines, mientras funcionarios públicos y algunas voces patronales proclaman  la necesidad de un mejoramiento importante de los salarios mínimos, que luego arrastrarían al resto. Al final todo queda en un incremento alrededor del 10 o 15 por ciento y con apenas una pequeña nivelación hacia arriba en la mayoría de las empresas.

Las estadísticas oficiales indican que el poder adquisitivo de los asalariados dominicanos se mantiene a niveles de los años 90, es decir con más de 20 años de retraso, en grave contraste con el alto crecimiento de la economía nacional, excepto en los dos años de la crisis bancaria. De ahí que todos los estudios indican que se incrementa la brecha entre la minoría privilegiada y la gran masa de los trabajadores, con cerca del 60 por ciento en actividades informales. Por eso muchos plantean que el pregonado crecimiento económico se queda en pocas manos.

La experiencia indica que la discusión sobre los salarios se inicia en enero y viene a ejecutarse a la mitad del año, y esta vez ya vamos transitando el cuarto mes, sin que se haya avanzado. Los sindicalistas tienen su cuota de responsabilidad por no sacar de la mesa el asunto de la reclasificación de las empresas atendiendo al capital invertido, lo que no se ha hecho durante una década.

El árbitro, el Estado, a través del Comité Nacional de Salarios y el Ministerio de Trabajo, debe tomar la iniciativa, con toda responsabilidad, de reclasificar las empresas, en las categorías de grandes, medianas y pequeñas, como dispone la Ley 187-17, que modificó la 488-04. Nadie puede discutir que una década de devaluación ha impactado no sólo los salarios, sino también el valor de la inversión empresarial.

Hasta tácticamente los sindicalistas deberían aceptar que se reclasifiquen las empresas de inmediato, con criterios de racionalidad y equidad, sincerando el hecho de que lo que antes era una inversión de gran empresa, puede estar hoy en la tercera categoría, la de pequeña, dejando atrás inclusive la segunda, que es la mediana.

Eso daría mayor fuerza moral a los representantes laborales para exigir justicia salarial, enrostrando a los empresarios que muchos están pagando salarios miserables, con promedio mínimo de 10 mil pesos, cuando la canasta familiar básica del quintil más pobre demanda 13 mil 800 pesos. Es dramático que el 48 por ciento de los asalariados reciba menos del salario mínimo mayor que es de 15 mil 448 pesos; que 40 de cada cien no obtengan lo necesario para cubrir el costo de la canasta familiar más baja y que apenas la tercera parte tengan ingresos sobre el promedio de las canastas familiares que era al 31 de diciembre pasado de 30 mil 334, según las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social y del Banco Central.

Así como es irracional negar la procedencia de la reclasificación del capital de las empresas, lo es también que todavía en las zonas francas se mantenga un salario mínimo de 9 mil pesos, similar al de las pequeñas empresas, y de 10 mil 355 pesos en los grandes hoteles y restaurantes, dos de los mayores empleadores, con nivel de las medianas empresas.

Ahora que el gobierno decidió un incremento del 98 por ciento al salario mínimo de 5 mil 117 pesos que había mantenido indolentemente durante dos décadas, el  empresariado está obligado a una revaluación salarial importante. Y que funcionarios, políticos y líderes empresariales dejen de hablar de reducción de la pobreza, mientras alrededor del 60 por ciento de todos los trabajadores no puedan cubrir el costo de la canasta familiar básica. A esa proporción se llega cuando se incluye a los empleados informales, que son la mayoría y con promedios de ingresos estimados en 25 por ciento menores. Así de dramático.-

Por Juan Bolívar Díaz

Una de las imágenes que más recuerdo de mi infancia, más de casi siete décadas atrás, es la de mi padre Juan Díaz Hernández, casi encerrado en su habitación, sin presentarse en la bodega del batey Alejandro Bass, haciendo correr la voz de que estaba enfermo. Era su recurso para no atender la “cordial invitación” al mítin en el ingenio Consuelo donde se pediría una vez más al padre de la patria nueva que siguiera a caballo salvando y reconstruyendo la nación.

Don Nico no había completado el sexto grado, que en los bateyes de los cincuenta era sobresaliente, sin embargo tenía un doctorado en dignidad y no le gustaba que lo cogieran de mojiganga. Ni siquiera el Jefe, y creo que por eso todos sus hijos hemos militado siempre en la escuela de la rebeldía. Doña Juanita tampoco llegó muy lejos en la escolaridad, pero a ellos agradecemos que a los 13 años ya andábamos panfleteando contra la baba del tirano.

Antes de que clareara la primavera libertaria, merodeamos por la Duarte casi esquina Mella tentados de unirnos al MPD de Máximo López Molina, quien proclamaba el 1961 como “año de la libertad o de la muerte”, y a la primera convocatoria perredeísta del 16 de julio bajamos desde María Auxiliadora pancarta en mano, por la avenida Julia Molina, rumbo al Conde.

Como gran parte de la generación de los sesenta, acurrucamos todos los anhelos de un país libre y democrático, con el poeta Ayuso “abriendo surcos claros para que el sueño quepa”. Los caminos resultaron bien abruptos y cargados de repetidas encerronas, tantas que un día nos encontramos de frente con aquellas inmensas bestias de acero y fuego que los yanquis cruzaron en las calles por donde había corrido tanto sudor de  libertad.

Lo que entonces no previmos fue que 60 años después la historia sería la misma, acarreando empleados públicos y explotando la miseria y la ignorancia para la continuidad sin límites del coyuntural nuevo salvador de la patria. Pueblo por pueblo repitiendo las mismas alabanzas, que sin ti se hunde este país, que para que no se detenga el progreso, que no desperdiciemos el nuevo mesías… Y  casi todos los senadores y los alcaldes proclaman al nuevo benefactor, y uno sentenció en Monte Plata que “pasarán otros 500 años para que la República vuelva a tener un gobernante como Danilo”, aunque falte un cuarto de siglo para el bicentenario.

Es relevante que más de cien alcaldes estén a la cabeza de la procesión, cuando el nuevo santísimo ha reducido a menos de la tercera parte la asignación que la Ley de Municipios les acuerda de los ingresos  nacionales, convirtiéndolos en mendigos de la benevolencia patriarcal. Fueron 184 mil 622 millones de pesos que Danilo Medina dejó de entregar a los ayuntamientos  entre el 2013 y 18, del 10 por ciento asignado en la Ley. Para él repartirlo personalmente en visitas sorpresas y prebendas de todo género. Como se ha quedado también con más de 4 mil millones de pesos del 5 por ciento de los beneficios netos de la explotación del oro de Pueblo Viejo, establecidos por ley, mientras unas 300 familias de los alrededores llevan más de un año en un campamento reclamando ecológica reubicación.

Son las mismas babas, los eternos engaños y manipulaciones brutales de conciencias sobre los que se han montado todos los imprescindibles de nuestra historia, desde Pedro Santana, Buenventura Báez, Lilís Hereaux, Horacio Vásquez, Rafael Trujillo, Joaquín Balaguer, Leonel Fernández, y ahora Danilo Medina. Todos salvadores de la nación, en dos tercios de su historia, aunque 175 años después todavía la mitad de los dominicanos sueñan con energía eléctrica y agua potable permanentes, con viviendas decorosas, alcantarillados pluviales y sanitarios, y que no lideremos las tasas de muertes neonatales y maternas. También que no nos quemen en todas las pruebas de educación, que no encabecemos las tablas mundiales  de la corrupción y la impunidad, que tenga vigencia la separación e independencia de los poderes del Estado, que los presidentes sean los primeros en respetar la Constitución y las leyes.

¡Qué pena León Felipe, qué pena! Que este camino tuviera que ser tan abrupto “y siempre se repitieran las mismas cuestas,/las mismas praderas,/ los mismos rebaños,/ las mismas ventas” Poeta cómo soportar “ver las mismas cosas siempre/ con distintas fechas,/ los mismos hombres,/ las mismas guerras,/ los mismos tiranos,/ las mismas cadenas,/ los mismos esclavos,/las mismas protestas,/ los mismos farsantes,/ las mismas sectas/ y los mismos poetas! Qué pena que sea así todo siempre/ siempre de la misma manera!”

Por Juan Bolívar Díaz

            El Centro de Investigación Económica y Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que honra el nombre del inolvidable sacerdote jesuita José Luis Alemán, acaba de dar un garrotazo al sostenido cuento propagandístico que busca fundamentar la eternización en el poder del presidente Danilo Medina, de que con sus llamadas visitas sorpresas ha reducido la pobreza rural a la mitad en apenas seis años, y que casi alcanzamos la autonomía alimentaria.

Las “Reflexiones sobre el impacto de las visitas sorpresas”, publicadas bajo la firma del economista Pedro Juan del Rosario, investigador asociado de ese centro, documentadas en estadísticas oficiales, liquidan los mayores elementos propagandísticos del régimen, sin llegar a cuestionar la validez de una práctica que, si bien implica un acercamiento del presidente Medina a los pequeños productores agropecuarios, ratifica el providencialismo y el paternalismo presidencialista que sostiene la pobreza institucional y la mascarada democrática nacional.

El análisis concluye en que es bajo el impacto positivo de las “visitas sorpresas” en la reducción de la pobreza y la desigualdad, debido a que el factor principal que la explica es el incremento del ingreso laboral, pero que éste está determinado principalmente por ingresos no agrícolas que se generan en actividades urbanas, que la creación neta de empleos en el área agropecuaria resulta negativa en el período 2012-18, y que la producción alimentaria queda lejos  del 85 por ciento de las demanda, como sostuvo Medina en su discurso del 27 de febrero pasado.

Basado en las encuestas nacionales de fuerza de trabajo del Banco Central, el estudio muestra que la desigualdad en la zona rural creció de 0.398 a 0.413 entre el 2012 y 2016, y se redujo de 0.399 a 0.387 entre 2016-17, por lo que no se puede sostener que las “visitas sorpresas” hayan tenido una causalidad positiva, “porque ha predominado un efecto distribución negativo respecto a la reducción de la pobreza”. Hay que recordar que el informe de la CEPAL de enero pasado se basa en los mismos datos para sostener que la República Dominicana fue el país de mayor incremento de la desigualdad entre 2012-16, entre 16 países analizados.

El estudio de la PUCAMAIMA evidencia que la desigualdad rural tuvo mayor incidencia que la urbana, que la mayoría de los ingresos de los residentes rurales se genera en actividades no agrícolas, que el sector agropecuario tiene el peor índice de productividad, que entre 2012 y 15, los agricultores residentes en zonas urbanas crecieron del 22 al 36 por ciento, que los datos oficiales no revelan un dinamismo extraordinario de la agropecuaria desde el 2012 que pueda asociarse a la reducción de la pobreza rural ni en términos de crecimiento ni de empleos.

Fundado en datos del Banco Central, de la Dirección de Aduanas, del BID y de la FAO, el estudio concluye que la autonomía alimenticia está lejos del 85 por ciento en que la cifró Danilo Medina, quedando en 60.6 por ciento ya que en el 2017 las importaciones  representaron el 39.4 por ciento del gasto en alimentos estimado en 281mil millones 878 mil pesos.

La propaganda de que las “visitas sorpresas” son la varita mágica de Medina pretende fundamentar “la necesidad” de su prolongación en el poder, con una inversión de 98 mil millones de pesos. Si con eso ha logrado reducir la pobreza rural a la mitad en sólo 6 años, bien vale que se le deje gobernar otros tantos para que acabe de una vez y para siempre con ese lastre nacional. Bastaría con sólo otros 2 mil millones de dólares en bonos.

Si algo ha reducido la pobreza en el país en la última década, son las remesas de los dominicanos que se fajan en el exterior, que en los últimos 8 años crecieron en 77 por ciento, y en 42 por ciento en los últimos 5, alcanzando 6 mil 500 millones de dólares en 2018. Entre el 2014 y 2018 las remesas registradas sumaron 27 mil 230 millones de dólares, que si les suman las informales, personales y por paquetes de bienes superan los 32 mil millones de dólares, es decir 16 veces la inversión de las visitas de Danilo.

El aporte de las remesas es una enorme contribución al ingreso monetario de las familias rurales y urbanas de clases bajas y medio bajas, sin el cual el país estaría en la prángana total. Los 6 mil quinientos millones de dólares del año pasado equivalen a 325 mil millones de pesos, más de la mitad de los ingresos nacionales y mucho más que los 262 mil 400 millones de pesos gastados en salarios del gobierno nacional y de los organismos autónomos y la seguridad social.-