La puntería de la Cámara de Cuentas

Juan Bolívar Díaz. Fuente externa.

Por Juan Bolívar Díaz

Con un comunicado publicado el lunes 4, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha pretendido desmeritar una evaluación de su pobre trabajo publicada el 30 de enero último por el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), apelando a los clásicos calificativos de “erróneas y malintencionadas”, alegando que las informaciones que contiene están “distorsionadas y alejadas de la realidad”.

Sólo en el reinado de la impunidad y del analfabetismo interpretativo puede un órgano de esa categoría manipular datos y evadir cuestionamientos tan contundentes como los presentados en el informe de PC, extraídos de la página web de la institución oficial, después que ésta respondió una petición escrita sobre sus auditorías, remitiendo a ese medio de comunicación. La respuesta evade casi todos los cuestionamientos derivados del análisis de sus informes, como veremos a continuación.

Primero lo que la CCRD rebate parcialmente del informe de PC el cual precisa que en el período 2006-18, realizó 798 auditorías, con promedio anual de 66, apenas el 4 por ciento de las 1,500 instituciones estatales, que en los últimos cuatro años cayó notablemente; 18 en el 2015, 22 en el 2016, sólo 4 en el 2017 y ninguna fue terminada en el 2018. La respuesta fue que en el 2018 trabajó 283 auditorías en sus distintas etapas, correspondientes a diferentes períodos, iniciándose en el mismo año 51 auditorías. Se encuentran concluidas y publicadas en la página web 34 informes correspondientes a auditorías e investigaciones especiales realizadas.

No se especifica cuántas son auditorías y cuántas corresponden a “investigaciones especiales”, y PC argumenta que en su plan de trabajo la CCRD se comprometió para el 2018 a realizar auditorías a 196 instituciones que en el 2017 y 18 gastaron la suma de mil 124 mil millones de pesos. Pero hasta ahí es parcialmente aceptable la labor del año pasado.

PC se quejó de que la Cámara guarda silencio sobre las auditorías que debió hacer a las obras de Odebrecht, y la respuesta es que “ya concluyeron los trabajos de campo y se encuentran en la fase de preparación de los informes provisionales”, que tendrán que pasar por un largo proceso que incluye someterlas a consideración de las entidades ejecutoras. A más de dos años del estallido del escándalo Odebrecht y con un proceso judicial en marcha es obvio que la CCRD debió priorizar hace tiempo esas auditorías, sobre todo porque los ejecutivos de la constructora brasileña confesaron un patrón de 22 por ciento de sobrevaluaciones en sus cotizaciones para los sobornos. ¿Terminarán las auditorías después que concluya el burlesco juicio en marcha?

En otros aspectos el informe de PC deja al desnudo la ineficiencia, parcialidad e insustancialidad de las auditorías en aspectos fundamentales que el comunicado de la CCRD pasa por alto. Es cierto que sus actuales titulares no tienen responsabilidad de las deficiencias de los anteriores, pero debieron contestarlos. Por ejemplo, que de las 798 auditorías de 12 años apenas 270, el 33 por ciento, correspondieron a instituciones del gobierno central que manejan el 90 por ciento del gasto. Mientras a los gobiernos locales, con un gasto menor del 5 por ciento nacional, le hicieron 242 auditorías, el 30 por ciento.

Llama la atención que a las distribuidoras de energía, Edenorte y Edesur, sólo les hicieran una auditoría a cada una en esos 12 años, al igual que a Bienes Nacionales, entidades que manejan miles de millones de pesos, y que los cuantiosos recursos provenientes del 4% del PIB entregados al Ministerio de Educación desde el 2013, nunca hayan sido auditados.

Hay más en el informe de PC: que en 12 años sólo se han hecho 54 auditorías a los partidos, 4.5 por año, aunque 32 han recibido subsidio estatal. La discriminación política es evidente, pues al PLD sólo una en ese apso, al PRD cinco, y al PRM cuatro, a razón de una por año. Sólo auditaron 8 organizaciones no gubernamentales, aunque pasan de 900 las que reciben fondos públicos.

Es una pena que los actuales titulares de la CCRD, que pueden aducir que no son responsables de las gestiones anteriores, descalificaran el informe y las peticiones de PC de que las instituciones que manejan la mayor parte del presupuesto, apenas unas decenas, sean auditadas cada año para una eficiente rendición de cuentas. Podrían contribuir de esa manera a uno de los objetivos fundamentales del movimiento cívico, la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad.-

Responsabilidad del Gobierno

17_01_2019 HOY_JUEVES_170119_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina tiene tanta suerte que todavía los partidos de oposición no le han exigido que explique al país su política de combate al narcotráfico y los esfuerzos que hace su gobierno para esclarecer acontecimientos tan graves como el asesinato del coronel Daniel Ramos Alvarez, comandante de la policía preventiva en Bani a manos de un grupo pandillero y el silencio que rodea la incautación de mil kilogramos de cocaína hace dos meses en el puerto de Haina.

Se generaliza la percepción de impune incremento del narcotráfico en el país, y una evidencia es que el año pasado las autoridades incautaron cerca de 6 mil kilogramos de cocaína, casi la mitad en el último trimestre. Para los entendido, el incremento de las incautaciones implica mayor tráfico, y se trafica más por las rutas donde se abren mejores facilidades para transportar una de las mercancías más lucrativas, que según la ONU genero US$320 mil millones en el 2017.

Expertos internacionales estiman que apenas entre 10 y 20 por ciento de las drogas ilegales caen en manos de las autoridades, y que la isla de Santo Domingo es uno de los puentes para su traslado, especialmente de cocaína, hacia los insaciables mercados de Estados Unidos y Europa.

El 16 de noviembre pasado fue incautado un cargamento de mil kilos de cocaína traídos a Haina Oriental por el buque San Amérigo, pero extrañamente se le permitió la partida ese mismo día con su capitán y sus 21 tripulantes libres, sin que hasta la fecha se haya informado quién era el destinatario de la mercancía, aunque desde el primer momento se dijo que había oficiales de la DNCD involucrados. Lo informó el 29 de noviembre el presidente de la DNCD, mayor general Eugenio Matos de la Cruz, quien lo reiteró el 5 de diciembre, precisando que había oficiales bajo arresto e investigación. Cumplidos dos meses, el caso es de misteriosa impunidad.

Lo ocurrido en el barrio Santa Cruz de Baní el 8 de enero no estremecerá tanto como aquella ejecución de siete narcotraficantes colombianos y la desaparición de un cargamento de cocaína, ocurrida en el 2008 en Paya, también Baní, que involucró a oficiales de la Marina de Guerra dominicana, pero también tiene ribetes escandalosos y desafía la capacidad, honestidad y credibilidad de los investigadores. HOY ha dado cuenta de contrariedad entre una comisión de alto nivel policial y el Procurador fiscal, que investigan el caso.

Son muchas las explicaciones que se necesitan para esclarecer este asesinato, por ejemplo: por qué el coronel Ramos, quien no era agente anticarcóticos, fue quien acudió al lugar donde operaba un negocio de drogas que ahora la DNCD dice que había sido intervenido 20 veces y su principal operador, Rafael Antonio Díaz, sometido en varias ocasiones a la justicia, pero permanecía en libertad. En vez de aligerar la carga de las autoridades, esa explicación la complica.

Hay que despejar la responsabilidad de los dos oficiales acompañantes de la víctima en el operativo, sin tropa de respaldo, que lo abandonaron herido, ahora que el senador por la provincia, Wilton Guerrero, denunciara que “el coronel Ramos fue llevado a una emboscada”. Como se le consideraba un oficial honesto, cabe preguntar si lo asesinaron por tratar de imponer autoridad.

El senador Guerrero, como su colega de Pedernales Dionis Sánchez, no sólo denunciaron la proliferación del narcotráfico en la región sur, sino la complicidad de las autoridades, hasta con detalles de sobornos por semana. La posibilidad de involucramiento de oficiales anticarcóticos, no sería ninguna novedad, pues ya en el 2013 se extraditó a Estados Unidos al ex contralmirante Francisco Hiraldo Guerrero, condenado allí por asociarse al narcotráfico siendo nada menos que jefe de operaciones de la DNCD.

Por cierto, los dos senadores denunciantes no son de la oposición, sino figuras relevantes del partido gobernante, lo que agrava el desafío de las autoridades judiciales y policiales, pero también del Gobierno, que debería enfrentar la proliferación del tráfico interno, por pagos en especies, y las matanzas de las bandas de narcotraficantes, antes que sea demasiado tarde. Hay varios casos de matanzas con signos del narcotráfico sin esclarecer, como la triple de anteayer en La Romana, una doble en julio también en Baní, y la cuádruple del 28 de diciembre en Guerra.-