Ese Procurador debería irse

07_03_2019 HOY_JUEVES_070319_ Opinión8 APor Juan Bolívar Díaz

            El desaguisado, desacierto y agravio a toda la sociedad en que incurrió el lunes el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, en sesión televisada del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), fue de tal magnitud que generó un rechazo instantáneo y casi unánime y debería provocar su renuncia o ser destituido para reparar la ofensa, no sólo a la magistrada Miriam Germán Brito, sino a toda la sociedad dominicana.

La dimisión o la cancelación sería la consecuencia del enorme desvarío de un funcionario de su categoría en cualquier democracia de siquiera mediana intensidad, pero como aquí no prevalece el menor respeto por las normativos, las leyes, y hasta la Constitución de la República, no hay razones para esperar que ocurra a menos que la indignación se traduzca en un clamor general, siguiendo el curso marcado por 16 organizaciones de mujeres y diversas personalidades.

El Procurador Rodríguez se descalificó por el ensañamiento con que trató a la magistrada Germán Brito, presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, uno de los más acreditados símbolos de la honorabilidad judicial, pero también por las siguientes razones:

1.- Violó el  Reglamento 1-19, para la aplicación de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura que este órgano adoptó apenas el 4 de febrero último para la evaluación de las candidaturas a integrar la Suprema Corte de Justicia, cuyo artículo 26 indica el   plazo en que pueden presentarse objeciones y  especifica que “cuando el Consejo le atribuya mérito, en principio, a una objeción o reparo, comunicará la misma al aspirante de que se trate para que en un plazo de 24 horas se pronuncie sobre el particular”.

2.- Jean Alain se comió el Párrafo I del mismo artículo, donde se establece que las objeciones “nunca podrán ser anónimas y deben contener los datos de quienes las formulan”. También el Párrafo II, donde se dispone que las objeciones “deberán ser decididas antes de iniciar la etapa de vistas públicas”. Y el Párrafo III que ordena su presentación “bajo los mayores niveles de confidencialidad”.

2.- Como miembro del CNM, Alain Rodríguez fue de los firmantes del reglamento, y su comportamiento indica que lo burló, o ni siquiera conocía sus postulados, algo imperdonable en un Procurador General de la República.

3.- Comprometió al presidente de la República y del CNM, Danilo Medina, tanto que muy pocos creen que no fuera enterado por anticipado sobre los cargos denigrantes que él formularía contra una honorabilidad judicial. Y si no le anticipó, lo ha dejado como cómplice ridículo del desaguisado, al no haber impugnado tales violaciones al reglamento y al derecho constitucional a la legítima defensa, como le correspondía. Contrastó la actitud del presidente Medina con la que adoptó en la misma sesión al defender al magistrado Moscoso Segarra ante una objeción no moral, sino política.

4.- Jean Alain incurrió en un delito al difundir  evidencias de que la magistrada Germán Brito estaba sometida a espionaje ilegal, y demostró escasa capacidad investigativa, quedando en ridículo por las respuestas de la cuestionada, quien explicó que la “villa de lujo” que le atribuía era una herencia, en gran parte paterna, a un hijo con cierto grado de discapacidad, y no un testaferro. Y por  posteriores aclaraciones como la del reputado jurista Cristóbal Rodríguez, de que era a su oficina y no a la de un abogado del imputado Diaz Rúa, a quien Germán Brito enviaba paquetes de libros y discos.

Vale reconocer los gestos de dos destacadas mujeres. Primero la diputada Josefa Castillo, miembro del CNM, quien sin ser abogada, salió en defensa de los principios, y de la jueza Katia Miguelina Jiménez, quien retiró su candidatura a la Suprema Corte, indignada por el trato “vejatorio y humillante” a la magistrada Germán Brito. Ojalá se levanten miles para rechazar que Jean Alain generalice la discapacidad moral del ámbito en que ejerce su poder.

Ah, y si el Procurador trató de vengarse porque Miriam Germán opinó que las imputaciones originales a 14 personas, con las que él encubrió el escándalo Odebrecht, necesitaban investigación para rebasar sus vaguedades, también falló, porque un año después él mismo le dio la razón cuando ocho de aquellos fueron liberados del proceso judicial.-

 

 

 

 

Pobreza, corrupción e inseguridad

21_02_2019 HOY_JUEVES_210219_ Opinión9 A

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque los funcionarios públicos lo niegan sistemáticamente y aún con la reducción de la tasa de homicidios que indican las estadísticas oficiales, la percepción de que se incrementa la delincuencia y la inseguridad en el país es ya generalizada, constituyéndose en una de las mayores preocupaciones nacionales y trasciende al ámbito internacional, como quedó manifiesto en la reciente advertencia del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Así como es un craso error ignorar la creciente inseguridad, lo es también pretender que el problema se resuelve con simple “mano dura”, que en sentido general quiere decir matar delincuentes pobres en los barrios. Más engañoso aún es la propensión de los segmentos de mayor edad a soñar con los tiempos del jefe, cuando la población rondaba la tercera parte de la actual, con dos tercios en las zonas rurales y cuando en los barrios urbanos todos se conocían.

No es por casualidad que la criminalidad en general y la correlativa inseguridad son mayores en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, Jamaica, Haiti y República Dominicana. Es que está asociada a la pobreza, a las extremas desigualdades, debilidades institucionales, corrupción e impunidad. También a la promoción de falsas ilusiones, como por ejemplo las 30 mil bancas legales de apuestas y loterías y más del doble que se estima operan ilegalmente, en detrimento de los más pobres y menos educados.

Hay una propensión a atribuir los altos niveles de delincuencia a los dominicanos deportados desde Estados Unidos, es una forma de esconder la cabeza, como el avestruz, buscando una falsa explicación y rehuyendo la realidad de que esta sociedad es una gran fábrica de delincuentes. Debería bastar con las estadísticas para advertir que la inmensa mayoría de quienes cometen asaltos y robos, a menudo con crueles asesinatos, son menores de 30 años, que no han salido del país. No se trata de delitos de alta tecnología, sino de vulgares asaltos, a punta de cuchillos y pistolas que proliferan cada vez más, a nivel individual o en bandas que se la buscan a cualquier precio.

Hasta que no cambiemos la actual estructuración social no recuperaremos la seguridad, aunque volvamos a llevar a más de 400 anuales las brutales ejecuciones de reales o sospechosos delincuentes, que a menudo derivan en asesinatos vulgares, incluso de inocentes, y que terminan embruteciendo y pervirtiendo las fuerzas del orden público y la seguridad, frecuentemente vinculadas a la criminalidad.

No habrá seguridad para nadie en esta sociedad, mientras el 22.5 por ciento de los jóvenes, ahora mismo unos 600 mil, no tengan oportunidad de estudiar ni de alcanzar un empleo y ellos perciban que los privilegiados no respetamos las normas sociales y que una proporción significativa de los que administran la cosa pública se aprovechan y se apropian lo que debería permitir mayores oportunidades sociales. Habrán desertado de la escuela en el nivel secundario, pero no serán ciegos ni sordos para no ver ni escuchar sobre las extremas injusticias del ordenamiento social. Para muchos de ellos el narcotráfico y el asalto serán su oportunidad.

La criminalidad seguirá en incremento mientras cantemos que somos la sociedad de mayor crecimiento económico, pero al mismo tiempo una de las más desiguales del continente, donde las capas privilegiadas exhiben impúdicamente sus riquezas y dan riendas sueltas al consumismo. Los signos exteriores de la acumulación de riquezas generan efectos de frustración, resentimiento, odio, venganza y violencia.

Así mismo, la impunidad ante la enorme corrupción, manda el mensaje de que cada quien tiene derecho a buscársela como se le ocurra, sin respeto a ninguna norma y sin temor a las consecuencias de sus actos. La enorme acumulación de expedientes de saqueos y de crímenes atribuidos a grupos de poder político, económico, militar o policial es un estímulo a la descomposición general.

La criminalidad y la inseguridad persistirán hasta que no hagamos conciencia de que urge empezar a reparar las tantas ventanas rotas de nuestro edificio social para reivindicar el orden y el respeto a las normas éticas, sociales y legales que permiten la convivencia armónica de los seres humanos.-

 

 

La puntería de la Cámara de Cuentas

Juan Bolívar Díaz. Fuente externa.

Por Juan Bolívar Díaz

Con un comunicado publicado el lunes 4, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) ha pretendido desmeritar una evaluación de su pobre trabajo publicada el 30 de enero último por el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC), apelando a los clásicos calificativos de “erróneas y malintencionadas”, alegando que las informaciones que contiene están “distorsionadas y alejadas de la realidad”.

Sólo en el reinado de la impunidad y del analfabetismo interpretativo puede un órgano de esa categoría manipular datos y evadir cuestionamientos tan contundentes como los presentados en el informe de PC, extraídos de la página web de la institución oficial, después que ésta respondió una petición escrita sobre sus auditorías, remitiendo a ese medio de comunicación. La respuesta evade casi todos los cuestionamientos derivados del análisis de sus informes, como veremos a continuación.

Primero lo que la CCRD rebate parcialmente del informe de PC el cual precisa que en el período 2006-18, realizó 798 auditorías, con promedio anual de 66, apenas el 4 por ciento de las 1,500 instituciones estatales, que en los últimos cuatro años cayó notablemente; 18 en el 2015, 22 en el 2016, sólo 4 en el 2017 y ninguna fue terminada en el 2018. La respuesta fue que en el 2018 trabajó 283 auditorías en sus distintas etapas, correspondientes a diferentes períodos, iniciándose en el mismo año 51 auditorías. Se encuentran concluidas y publicadas en la página web 34 informes correspondientes a auditorías e investigaciones especiales realizadas.

No se especifica cuántas son auditorías y cuántas corresponden a “investigaciones especiales”, y PC argumenta que en su plan de trabajo la CCRD se comprometió para el 2018 a realizar auditorías a 196 instituciones que en el 2017 y 18 gastaron la suma de mil 124 mil millones de pesos. Pero hasta ahí es parcialmente aceptable la labor del año pasado.

PC se quejó de que la Cámara guarda silencio sobre las auditorías que debió hacer a las obras de Odebrecht, y la respuesta es que “ya concluyeron los trabajos de campo y se encuentran en la fase de preparación de los informes provisionales”, que tendrán que pasar por un largo proceso que incluye someterlas a consideración de las entidades ejecutoras. A más de dos años del estallido del escándalo Odebrecht y con un proceso judicial en marcha es obvio que la CCRD debió priorizar hace tiempo esas auditorías, sobre todo porque los ejecutivos de la constructora brasileña confesaron un patrón de 22 por ciento de sobrevaluaciones en sus cotizaciones para los sobornos. ¿Terminarán las auditorías después que concluya el burlesco juicio en marcha?

En otros aspectos el informe de PC deja al desnudo la ineficiencia, parcialidad e insustancialidad de las auditorías en aspectos fundamentales que el comunicado de la CCRD pasa por alto. Es cierto que sus actuales titulares no tienen responsabilidad de las deficiencias de los anteriores, pero debieron contestarlos. Por ejemplo, que de las 798 auditorías de 12 años apenas 270, el 33 por ciento, correspondieron a instituciones del gobierno central que manejan el 90 por ciento del gasto. Mientras a los gobiernos locales, con un gasto menor del 5 por ciento nacional, le hicieron 242 auditorías, el 30 por ciento.

Llama la atención que a las distribuidoras de energía, Edenorte y Edesur, sólo les hicieran una auditoría a cada una en esos 12 años, al igual que a Bienes Nacionales, entidades que manejan miles de millones de pesos, y que los cuantiosos recursos provenientes del 4% del PIB entregados al Ministerio de Educación desde el 2013, nunca hayan sido auditados.

Hay más en el informe de PC: que en 12 años sólo se han hecho 54 auditorías a los partidos, 4.5 por año, aunque 32 han recibido subsidio estatal. La discriminación política es evidente, pues al PLD sólo una en ese apso, al PRD cinco, y al PRM cuatro, a razón de una por año. Sólo auditaron 8 organizaciones no gubernamentales, aunque pasan de 900 las que reciben fondos públicos.

Es una pena que los actuales titulares de la CCRD, que pueden aducir que no son responsables de las gestiones anteriores, descalificaran el informe y las peticiones de PC de que las instituciones que manejan la mayor parte del presupuesto, apenas unas decenas, sean auditadas cada año para una eficiente rendición de cuentas. Podrían contribuir de esa manera a uno de los objetivos fundamentales del movimiento cívico, la transparencia y el combate a la corrupción y la impunidad.-

Responsabilidad del Gobierno

17_01_2019 HOY_JUEVES_170119_ Opinión10 APor Juan Bolívar Díaz

El presidente Danilo Medina tiene tanta suerte que todavía los partidos de oposición no le han exigido que explique al país su política de combate al narcotráfico y los esfuerzos que hace su gobierno para esclarecer acontecimientos tan graves como el asesinato del coronel Daniel Ramos Alvarez, comandante de la policía preventiva en Bani a manos de un grupo pandillero y el silencio que rodea la incautación de mil kilogramos de cocaína hace dos meses en el puerto de Haina.

Se generaliza la percepción de impune incremento del narcotráfico en el país, y una evidencia es que el año pasado las autoridades incautaron cerca de 6 mil kilogramos de cocaína, casi la mitad en el último trimestre. Para los entendido, el incremento de las incautaciones implica mayor tráfico, y se trafica más por las rutas donde se abren mejores facilidades para transportar una de las mercancías más lucrativas, que según la ONU genero US$320 mil millones en el 2017.

Expertos internacionales estiman que apenas entre 10 y 20 por ciento de las drogas ilegales caen en manos de las autoridades, y que la isla de Santo Domingo es uno de los puentes para su traslado, especialmente de cocaína, hacia los insaciables mercados de Estados Unidos y Europa.

El 16 de noviembre pasado fue incautado un cargamento de mil kilos de cocaína traídos a Haina Oriental por el buque San Amérigo, pero extrañamente se le permitió la partida ese mismo día con su capitán y sus 21 tripulantes libres, sin que hasta la fecha se haya informado quién era el destinatario de la mercancía, aunque desde el primer momento se dijo que había oficiales de la DNCD involucrados. Lo informó el 29 de noviembre el presidente de la DNCD, mayor general Eugenio Matos de la Cruz, quien lo reiteró el 5 de diciembre, precisando que había oficiales bajo arresto e investigación. Cumplidos dos meses, el caso es de misteriosa impunidad.

Lo ocurrido en el barrio Santa Cruz de Baní el 8 de enero no estremecerá tanto como aquella ejecución de siete narcotraficantes colombianos y la desaparición de un cargamento de cocaína, ocurrida en el 2008 en Paya, también Baní, que involucró a oficiales de la Marina de Guerra dominicana, pero también tiene ribetes escandalosos y desafía la capacidad, honestidad y credibilidad de los investigadores. HOY ha dado cuenta de contrariedad entre una comisión de alto nivel policial y el Procurador fiscal, que investigan el caso.

Son muchas las explicaciones que se necesitan para esclarecer este asesinato, por ejemplo: por qué el coronel Ramos, quien no era agente anticarcóticos, fue quien acudió al lugar donde operaba un negocio de drogas que ahora la DNCD dice que había sido intervenido 20 veces y su principal operador, Rafael Antonio Díaz, sometido en varias ocasiones a la justicia, pero permanecía en libertad. En vez de aligerar la carga de las autoridades, esa explicación la complica.

Hay que despejar la responsabilidad de los dos oficiales acompañantes de la víctima en el operativo, sin tropa de respaldo, que lo abandonaron herido, ahora que el senador por la provincia, Wilton Guerrero, denunciara que “el coronel Ramos fue llevado a una emboscada”. Como se le consideraba un oficial honesto, cabe preguntar si lo asesinaron por tratar de imponer autoridad.

El senador Guerrero, como su colega de Pedernales Dionis Sánchez, no sólo denunciaron la proliferación del narcotráfico en la región sur, sino la complicidad de las autoridades, hasta con detalles de sobornos por semana. La posibilidad de involucramiento de oficiales anticarcóticos, no sería ninguna novedad, pues ya en el 2013 se extraditó a Estados Unidos al ex contralmirante Francisco Hiraldo Guerrero, condenado allí por asociarse al narcotráfico siendo nada menos que jefe de operaciones de la DNCD.

Por cierto, los dos senadores denunciantes no son de la oposición, sino figuras relevantes del partido gobernante, lo que agrava el desafío de las autoridades judiciales y policiales, pero también del Gobierno, que debería enfrentar la proliferación del tráfico interno, por pagos en especies, y las matanzas de las bandas de narcotraficantes, antes que sea demasiado tarde. Hay varios casos de matanzas con signos del narcotráfico sin esclarecer, como la triple de anteayer en La Romana, una doble en julio también en Baní, y la cuádruple del 28 de diciembre en Guerra.-